1.- Recibir a la Comunidad Colla Pai-Ote, con el propósito de que expongan sus preocupaciones, observaciones y propuestas en relación con el proceso de Consulta Indígena sobre los Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL) correspondientes a ENAMI y CODELCO.
A este punto se han invitado a la Presidenta de la Comunidad, señora Ercilla Araya y al asesor Ariel León.
2.- Analizar los impactos que ha generado en la pequeña y mediana minería la Ley N° 21.649, que modifica disposiciones del Código de Minería; la Ley N° 21.420, que reduce o elimina determinadas exenciones tributarias; y otras normas (Ley de Patentes Mineras).
A este punto fueron especialmente invitados:
El Ministro de Hacienda, señor Mario Marcel; la Ministra de Minería, señora Aurora Williams, y la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, señora Francisca Perales.
Vista pública limitada
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Quien, debido a compromisos impostergables contra ellos con anterioridad, no puede asistir a la sesión del día de hoy y manifiesta su disposición a venir en otra oportunidad, se ha excusado. Asimismo, se ha recibido a la señora Francisca Perales, Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, quien se ha excusado de asistir a la sesión del día de hoy en razón de no tener competencia en la materia. Eso es todo, señor presidente. Gracias.
Puntos varios, senador Castro. No podré estar presente durante toda la sesión, por lo que realizaré una pequeña intervención, la cual dejaré también por escrito al secretario. Me refiero, señor presidente, al alza tarifaria de la energía eléctrica. Se confirmó oficialmente esta semana lo que ya se había adelantado respecto a las cuentas de luz en el segundo semestre, en el que el informe técnico definitivo de la CNE ratificó un alza promedio del 7,1% para los clientes residenciales, principalmente debido al efecto del dólar. Aunque la cifra es levemente menor al 7,3% del informe preliminar de abril, sigue representando un golpe al bolsillo de la familia.
A esto se suma un tema pendiente que puede agravar la situación: la reliquidación del valor agregado de distribución (VAT). El retraso en la publicación del decreto VAT 2024, recientemente publicado en abril, generó una deuda acumulada que aún no se dimensiona del todo, pero que inevitablemente implicará una nueva alza. El proceso de recolección de antecedentes, por parte de la SEC, aún no se inicia formalmente, aunque las empresas han solicitado 60 días para entregar información. Luego seguirá la evaluación técnica, por lo que el impacto de las cuentas podría activarse recién a fin de año.
En paralelo, el subsidio eléctrico aún no despega. El plazo vence este viernes para la entrega de indicaciones a todas las partes –el Ejecutivo y el Parlamentario–. Se espera que las postulaciones partan en abril, pero esto se ha postergado y, hasta ahora, no se ha avanzado, corriendo el riesgo de una nueva dilación. El gobierno ha señalado que está ajustando el proyecto según la regla actual, pero la señal política es clara: los tiempos se están agotando.
Respecto a la reforma de la distribución, el ministro ha indicado que no se puede avanzar en una reforma integral, mas sí en realizar ajustes significativos que mejoren la calidad del servicio. El problema es que, mientras no se destrabe la discusión sobre los subsidios, tampoco existe espacio legislativo para otros proyectos, pero urge avanzar. Tras los apagones del invierno pasado y ante una red que acusa falta de inversión, no se puede seguir esperando. La brecha es real, la tecnología ha seguido avanzando sin una modernización de la infraestructura en forma de mayor abundamiento. Se destaca, por ejemplo, el gran apagón que se presentó en Rancagua y Oji el domingo, el cual se recuperó en aproximadamente una hora y media a dos horas, atribuyéndose a robo de cable. Aunque ya se despachó el proyecto ayer, mientras no se establezca una fiscalización adecuada, esa ley resultará difícil de implementar.
En resumen, señor presidente, enfrentamos una situación en la que el alza tarifaria resulta inevitable, el subsidio está atrasado y la reforma estructural del sistema de distribución continúa postergada. No podemos seguir parchando el sistema; es la hora de asumir un modelo distinto, con todas sus limitaciones, pero con una mirada más estratégica, firme y clara por parte del Ejecutivo. Me gustaría que este asunto se considere para las próximas sesiones, para que la autoridad correspondiente sea convocada. Quedamos ante la posibilidad de que, al vencerse el plazo de indicaciones y, al menos, contar con lo relativo al subsidio, podamos abordar también el tema de fondos, que será crucial durante este invierno con alza tarifaria.
Con respecto a la materia planteada, ofrezco la palabra a quien desee ahondar en el tema. Se podría acordar citar a todos los servicios competentes en esta materia para la próxima sesión y abordar lo expuesto. Si están de acuerdo, procedamos a definir cuáles servicios debemos citar.
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En los pequeños mineros. Así que, llegando a ella, estamos a la materia de fondo, que es si se ha recaudado, cuánto se ha recaudado y con respecto a años anteriores, porque la sensación que tenemos nosotros es que hay más pérdida de pertenencia minera en manos de los mineros artesanales y la mediana minería, y que la recaudación probablemente no es la que se esperaba por esa vía. Entonces, queremos chequear eso con el ministro y ver si, tal como está, esta ley sigue teniendo efectos para lo que se buscó (la PGU) o, inicialmente, está creando solamente problemas a los pequeños mineros y no se está recaudando lo que el Estado esperaba. Ese es el tema de fondo que vamos a hablar con la subsecretaria.
Mientras tanto, ministra, le doy a usted la palabra y le doy la bienvenida a la comisión, lo mismo que al director. Muchas gracias, presidente. Saludarlos y, por intermedio de usted, también a las senadoras y senadores de la comisión.
Efectivamente, hemos sido citados el día de hoy para poder ver los impactos que tanto la Ley N° 21.649 como la Ley N° 21.420 tienen en la pequeña y mediana minería. Nosotros, con el director internacional de SENAGIO MIN, que me acompaña, hemos preparado una presentación para dar cuenta, de alguna manera, de lo que ha sido, desde el inicio, la formulación de la Ley 21.420 hasta la implementación de ambas leyes durante este período.
Primeramente, yo voy a hacer un relato general, una exposición, una línea de tiempo en la que vamos a ir viendo los distintos hitos, para también terminar abordando un tema que nos parece muy relevante en relación a la pequeña minería: la reciente entrada en vigencia del Decreto Supremo 7, que amplía el plazo de postulación para el beneficio que fue creado para la pequeña minería en la Ley N° 21.649.
Luego, si usted lo tiene bien, el director nacional de SENAGIO MIN también tiene preparada una presentación para poder detallar este proceso, en parte los resultados de lo que fue este primer año de implementación y dar también mayor información respecto del proceso que está en curso de postulación.
Entonces, voy a partir con la línea de tiempo que se está cargando en este momento; pero, perfecto, creo que es un problema de la visualización. Parto señalando estos asuntos que ustedes sé que tienen presente: la Ley N° 21.420 fue formulada en el período de gobierno previo, donde, con el fin de financiar la EGU, se habilitaron fuentes adicionales de financiamiento y, en segundo trámite, se incorporó también una modificación o modernización al sistema de patentes mineras. En dicha ley se previsualizó un incremento de las patentes mineras sin establecer beneficios particulares para la pequeña minería, además de una serie de otras modificaciones que entraron en vigencia a fines del gobierno anterior.
Cuando asumimos en este gobierno, lo primero que hicimos fue revisar el contenido de esta ley y detectar algunas dificultades en su implementación, entre ellas, cómo esto afectaba a la pequeña minería, y también otros problemas técnicos relacionados con la implementación del sistema de Datum y otros elementos que incorporaba la ley. Por ello, lo primero que se hizo fue presentar un proyecto de ley que terminó siendo la Ley N° 21.536, cuyo único objetivo fue ampliar la vigencia de la norma previa hasta el 1 de enero de 2024, de forma que los efectos de la ley no se verificaran de inmediato, al mismo tiempo que se trabajaba en la formulación de un proyecto de ley que abordaba las materias sustantivas.
Esa ley es la Ley N° 21.649 y en ella contemplamos, en el artículo 142-TER, un beneficio especial para los pequeños mineros tenedores de 500 hectáreas o menos, de forma que este incremento de patente no les afecte. Esta ley fue publicada el 30 de diciembre de 2023. Se trabajó rápidamente para la implementación de su reglamento, que entró en vigencia el 30 de julio de 2024, abriendo el proceso de postulación para los beneficios que establece.
Es preciso señalar que son dos beneficios: el 142-TER, para aquellas concesiones que están siendo trabajadas y pueden acreditar trabajo por alguna de las causales establecidas en la ley, y el 142-VIS, que es el beneficio especial para la pequeña minería. Se inició el proceso de postulación el 2 de agosto y estuvo abierto hasta el 16 de septiembre.
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A solicitud de distintas asociaciones gremiales de pequeña minería, ampliamos el plazo hasta el 17 de octubre de forma tal de que hubiese una postulación integral y uso efectivo de este beneficio. Este período estuvo abierto hasta el 17 de octubre y, el día 2 de diciembre, Sernagio Min entregó resultados parciales de la postulación a estos beneficios para que se abriera un proceso de reclamación respecto de dichos procesos, el cual estuvo abierto durante los meses de diciembre y enero. El 15 de enero se entregaron los resultados de estos procesos de reclamación, de forma que Sernagio Min, como lo establece la ley, pudiese informar a la Tesorería General de la República quiénes eran los beneficiarios, tanto del 142-TER como del 142-VIS, permitiendo así proceder al cobro de las patentes y descuenta aquellos que obtuvieron el beneficio del 142-TER y bis.
Producto de la implementación de esta ley –y a pesar de que desde el Ejecutivo desplegamos todos los esfuerzos de difusión en terreno, redes sociales, nuestra seremía, los equipos regionales de Sernagio Min y las capacitaciones que, como va a detallar el director junto a Sonam y otras asociaciones de pequeños mineros de distintas regiones (tanto a través de las asociaciones gremiales como también mediante parlamentarios) nos hicieron llegar– se evidenció preocupación por el desconocimiento de este proceso de postulación en algunos casos y, en otros, por las dificultades que tuvieron para completarlo al 100%.
El director entrará en detalles sobre las principales problemáticas detectadas en los procesos de postulación, las cuales, en general, tenían que ver con problemas formales en los que no se lograron acreditar todos los antecedentes.
Ante lo que este fenómeno generó, como Ejecutivo nos dimos a la búsqueda de soluciones, tanto administrativas como legislativas, y trabajamos en un decreto –el Decreto Supremo 7– que precisamente amplía el plazo de postulación con efecto retroactivo. Con ello, hemos abierto una ventanilla, o más bien una ventanilla abierta, en la que los pequeños mineros pueden postular hasta el 31 de diciembre de este año. En caso de hacerlo y verificarse las condiciones, el beneficio se hará efectivo para efectos del pago a partir de este año.
Básicamente, esto implica que los pequeños mineros pueden postular durante todo el año y que el beneficio se hará efectivo a partir del año 2025, de modo de no afectar el incremento potencial de patentes que pudiera ocurrir. Este Decreto Supremo 7 fue publicado este martes, es decir, ayer, y el mismo día ya se encontraba operativa la plataforma de Sernagio Min para que los pequeños mineros postularan desde ese momento hasta el 31 de diciembre, como les acabo de comentar.
De alguna manera, hemos resguardado con mucho interés y compromiso a la pequeña minería –tal como lo establece la ley–, para que aquellos mineros tenedores de 500 hectáreas o menos no vean aumentadas sus patentes por medio del ejercicio de este beneficio, establecido en el artículo 142-TER.
Sé que esto lo abordaremos cuando esté presente la subsecretaria Berner, pero los objetivos detrás de ambas leyes están justamente en atender el desafío que nos impone, entre otras cosas, el alto grado de concentración de la propiedad minera, en particular en las regiones de la zona centro y norte del país. La propiedad minera se encuentra en un 75% utilizada, con escaso registro de que realmente sea trabajada. Esto motivó la formulación de la Ley 21.420 y la Ley 21.649, cuyo objetivo de política pública es promover el trabajo efectivo de estas concesiones y potenciar la exploración, siempre resguardando a la pequeña minería.
Este es el primer año en que entra en vigencia esta regulación, por lo que recién estamos empezando a observar sus efectos y, como en cualquier política, debemos evaluarlos a mediano plazo para determinar qué impactos se generan en materia de liberación de propiedad y en el incremento del pago de patentes en cuanto a recaudación fiscal.
Con esto, quisiera, si me lo permiten, darle el paso al director nacional de Sernagio Min, quien, en su presentación, ofrecerá mayores detalles respecto de lo que les he comentado, en particular sobre el proceso de postulación.
15:00
El beneficio está vigente. Muchas gracias, ministra. Le damos la palabra, entonces, al director nacional de CERN, Esquio Min. La exposición de él la tenemos aquí.
Muy buenos días, señor presidente, por su intermedio. La presentación es un poco más extensa, por lo que iré centrando lo más relevante de los temas que a ustedes les interesa. Aquí se aborda el beneficio relacionado con la Ley N°21.420, en la que se establece un calendario y se fijan determinados artículos, y a continuación se menciona el Decreto 10, que versa sobre la rebaja de patentes mineras. En este decreto se establece un régimen transitorio para el primer año y un régimen permanente para los años sucesivos; además, se definen ciertas hipótesis de trabajo, es decir, categorías para que los titulares de las concesiones postulen. Existe un grupo, como ha indicado la subsecretaria, destinado a quienes deben demostrar trabajo año a año, y otro grupo que postula una sola vez, el que aplica para los titulares de menos de 500 hectáreas, beneficiándose durante los primeros cinco años, correspondiente al 142 TER.
Ahí se encuentra el calendario. Se desarrolló una plataforma ad hoc para el sistema, como se explicó en enero o febrero de este año. La ley establecía que el servicio debía colocar una plataforma e informar, junto con una guía y un manual, para que el proceso de postulación al beneficio de patente rebajada fuera más expedito. Así se comportó durante el período de postulación 2024 para la rebaja de 2025. Como pueden observar, es una conducta típica en nuestro país dejar todo para última hora. Se registra que en los últimos días de septiembre, antes de Fiestas Patrias, se concentró una gran cantidad de solicitudes para diversos requerimientos, otorgándose un período especial para los titulares de menos de 500 hectáreas, tal como se evidencia en la tabla que acompaña este informe.
El 17 de octubre se concentró la totalidad de las postulaciones. Se recibieron 4.643 solicitudes, de las cuales 2.462 correspondían al 142 TER (titulares de menos de 500 hectáreas), y la diferencia se distribuyó en la otra hipótesis, relacionada con el trabajo, el título 15, la resolución de calificación ambiental y la unidad productiva. No obstante, me concentraré en el 142 TER.
La plataforma estuvo disponible y, en términos generales, funcionó correctamente; se realizaron varias pruebas antes y durante el proceso. No presentó problemas de usabilidad y permaneció accesible para que todos los titulares de concesiones pudieran postular. El material de apoyo se distribuyó en todo el país, en las regiones, a través de las direcciones regionales del servicio y en coordinación con las sesiones gremiales, la SONAMI y otros actores del sector.
Durante el período 2024 se llevaron a cabo diversas actividades de difusión. Se realizaron webinars junto a la SONAMI (dos webinars, según consta en las imágenes), cinco actividades en la región de Atacama (en Copiapó, Freirina, Alto del Carmen y Vallenar); 11 actividades presenciales en Coquimbo, en distintas comunas como Salamanca, Aperco y Barbalayo; tres actividades presenciales en la región de Antofagasta (en Antofagasta, Tartar y Tocopilla); y una actividad presencial en la región del Bío-Bío. Además, se efectuaron cerca de 50 publicaciones en redes sociales y en diversos medios de comunicación y sitios web, y se realizaron más de 20 presentaciones en prensa, tanto impresa como digital. Este amplio despliegue se efectuó en coordinación con el Ministerio, las sesiones gremiales y la SONAMI.
Quisiera solamente destacar y dejar constancia, señor presidente, que todo este proceso –el desarrollo de la plataforma, la gestión y revisión de las solicitudes y la difusión– fue llevado a cabo por los funcionarios del servicio, quienes lo hicieron sin recibir recursos adicionales. Solo para dejar constancia, pues esto...
20:00
Esto significó un compromiso extra de todos nuestros funcionarios que se vieron obligados a realizar una actividad no prevista y que no estuvo incorporada en el análisis financiero. Por lo tanto, se generó una carga adicional al servicio.
Resultados del proceso: aquí nos vamos a centrar en el tema de los que postularon. El 67% fueron aprobadas y el 33% fueron rechazadas. Si se fijan en la tabla de al lado, la primera tabla habla de las postulaciones y la segunda de las concesiones. Se observa que existen 25.000 concesiones aprobadas, lo que representa el 76%, y un 24% sin beneficio, es decir, casi 8.000 concesiones que no postularon.
En el caso particular del 142 TER – que es el caso que nos preocupa – 1.545 solicitudes fueron aprobadas y 927 fueron rechazadas. Ese fue el universo de solicitudes rechazadas del 142 TER de titulares menores de 500 hectáreas. Les pido que, por favor, tomen en cuenta esas cifras: son 927.
De esas 927, el 62% fue rechazado básicamente porque en la postulación no se acreditó la personería, algo que en muchas oficinas no se incluyó correctamente al no acompañar la representación del titular. Un porcentaje menor, del 15%, fue rechazado porque excedían las 500 hectáreas, es decir, no cumplían con la condición de ser titulares de concesiones de menos de 500 hectáreas; y un 12% corresponde a titulares que no tienen el tipo de empresa que la ley establece. Esta norma indica expresamente que pueden postular las personas naturales, cooperativas, EIRL y sociedades limitadas, aunque existe cierta interpretación sobre el tema.
La gran mayoría corresponde a personas que no postularon. Se observa que hubo 1.262 solicitudes aprobadas, y del universo de 6.000 solicitudes aproximadamente 4.500 correspondían a titulares que no postularon. Cuando comenzamos a recibir reclamos, quejas y solicitudes por parte tanto de los titulares como de las oficinas parlamentarias en el mes de marzo, la mayoría de los casos involucraba a titulares que no habían postulado.
Asimismo, se presenta el siguiente resumen: se revisaron 110 reclamaciones, de las cuales 20 corresponden a la pequeña minería (titulares de menos de 500 hectáreas) y se distribuyeron en las regiones. Adicionalmente, se registraron aproximadamente 140 casos en el servicio que ingresaron a las regiones. Es importante destacar que, en el caso de concesiones de menos de 100 hectáreas, identificamos que muchas de las solicitudes que no postularon podían optar a dicho beneficio, siempre y cuando cumplieran con la condición de estar trabajando. Por ello, se realizó una campaña junto con las direcciones regionales y la Ceremia para informar que aquellos titulares podían postular directamente a las concesiones de menos de 100 hectáreas. Durante este período, entre marzo y hoy, se han postulado varias solicitudes, las cuales estamos evaluando y esperamos tener el resultado del proceso en mayo.
Por último, se publicó en el Diario Oficial, el día martes, el Decreto 7, que permite resolver de manera fundamental los casos de aquellos titulares de concesiones de menos de 50 hectáreas que no postularon y también a aquellos que sí postularon pero fueron rechazados; en concreto, se identificaron 27 titulares rechazados por dichos motivos, y se espera que puedan retomar la postulación.
Yo acabo de llegar; vengo recién llegando de la tsunami. Tuvimos un taller que inició a las 10 de la mañana, con todas las asociaciones gremiales del país y con varios funcionarios del servicio y de la Seremia, en el que se realizó una comunicación.
25:00
Bien amplia, además de todo el despliegue que está haciendo la oficina de las direcciones regionales con su equipo y la Ceremia durante estos meses, esperamos que esto pueda subsanar la problemática que tuvieron algunas personas que se vieron afectadas por el aumento de la patente de un décimo a cuatro décimos. Finalizamos manifestando que esto está en proceso. Hemos insistido en que, mientras antes postulen mejor, en estos minutos hay una reunión con el Tesorero General de la República con nuestro equipo, en la cual estamos afinando detalles para ver qué pasa con los titulares que pagaron el cuatro décimo. Se está definiendo la modalidad operativa para que, a quienes postulen, se les otorgue beneficio y se les aplique la rebaja. Eso es, presidente, lo que puedo informar. Gracias.
Director, hay un tema, ministra, que nosotros planteamos en la comisión cuando se modificó la Ley N° 21.420, y es el problema de la consanguinidad. Este tema está afectando mucho a los pequeños mineros, ya que abarca un radio de acción muy grande y, de repente, familiares que pueden estar en distintos lugares se ven afectados por igual. Cuando firmamos el protocolo, creímos que íbamos a eliminar este inconveniente. Por ello, en diciembre del 2023 firmamos el acuerdo de modificación de dicha ley, en vista de que esto sigue afectando a los pequeños mineros. Yo no sé si nos vamos a quedar como estamos o si realmente vamos a eliminar este problema, porque me parece absurdo. Voy a poner el caso del doctor: si mañana aplicáramos la consanguinidad a los doctores, tendrían que compartir clientes, oficinas y demás, lo que resultaría en la única actividad productiva del país que enfrenta tal traba. Es algo que exigen a gritos, pidiendo que se cumpla el acuerdo que tuvimos oportunidad y que se elimine el problema. En ese momento, el asesor del ministerio, el señor Curia, estuvo presente y con él acordamos; además, estaba el senador Castro. Este asunto para nosotros sigue pendiente, pues la consejería se eliminaba, no era cuestión de SPA ni otros temas, sino que se terminaba, ya que es la única actividad económica en la que la seguridad se ve acotada. En eso vamos a seguir. No sé si la senadora desea argumentar algo más con respecto a este tema; le doy la palabra, ministro.
Gracias, presidente. Sí, respecto del punto que usted me consulta, efectivamente lo hemos conversado con la ministra que estuvo presente en la tramitación. Conocemos la discusión y la preocupación que usted ha manifestado. En aquel protocolo de acuerdo, lo que se comprometió fue buscar una solución al problema que usted señala. Esa búsqueda se discutió en el ámbito ejecutivo y se expresó en el proyecto de ley que se ingresó a fines del año pasado, el cual, aunque ha sido considerado insuficiente en la comisión, de alguna manera responde al acuerdo suscrito en el protocolo y expresa la posición del Ejecutivo sobre el tema. Yo sé que los protocolos no se consignan con todo detalle; se firman de buena intención y, aunque lo conversado en pasillo se refleja en palabras de buena crianza, no queda por escrito de manera exacta. Eso se lo he dicho siempre a la ministra. El tema era que la consanguinidad tenía que desaparecer, y en ello hemos estado trabajando hasta el día de hoy. Por eso lo enfatizo, ya que las asociaciones mineras, y en general todos, me dicen lo mismo: ustedes buscaron un camino intermedio, pero no era lo que originalmente se habló con el asesor del ministerio.
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