En el nombre de Dios y la patria se inicia la sesión.
Muy buenas tardes.
Partimos de esta nueva comisión de Obras Públicas aquí en el SOS. Saludamos a los senadores que forman parte de esta comisión: senador Coloma, Raona, Dorresti y Walker; y también saludamos a los invitados, representantes del Ejecutivo, del Gobierno y del sector privado.
Antes de partir la tabla, la cuenta, por favor, secretaria. Presidenta, en esta oportunidad no hay cuenta, así que podemos comenzar. ¿Puntos varios que tengan los colegas? Bien, ya que nadie tiene puntos varios, yo tengo mis puntos varios. Permítame, senador Coloma, por favor... Muy breve.
El punto que expongo tiene que ver con pedir la autorización de esta comisión para poder oficiar a la ministra de Obras Públicas y a la Dirección Nacional de Obras Hidráulicas con dos situaciones puntuales. La primera se relaciona con el Comité de Agua Potable Rural de San Ignacio y la segunda con el Comité de Agua Potable Rural del sector de Pechuquín, comuna de Mariquina.
En el caso del APR de San Ignacio, se trata de un proyecto que recibió un mejoramiento hace un año para ampliar la red de agua potable, pero, lamentablemente, durante la marcha blanca que ha transcurrido ese año, se han presentado cortes en el suministro de agua de manera semanal. Hoy día, los habitantes han manifestado públicamente una queja respecto a este servicio. Dicho mejoramiento tuvo un costo de 450 millones de pesos, financiados por el Ministerio de Obras Públicas; y lo que se solicita es que se realice un nuevo mejoramiento. En este contexto, la petición es que se fiscalice desde la DOH cuál es la situación actual, ya que, pese a haberse realizado un mejoramiento reciente, continúan los problemas en la dotación de agua.
Por otro lado, se requiere atender la situación del Comité de Agua Potable de Pechuquín. Este caso está vinculado a las solicitudes de mejoramiento, en el marco del trabajo que lleva desarrollando un comité de vivienda para avanzar con la construcción de sus viviendas sociales. Como es conocido, uno de los desafíos que enfrentan estos comités, cuando se emplazan en zonas rurales, es obtener la factibilidad del agua, de la luz y del acceso. Hoy día, depende de la ampliación de la PR de Pechuquín para poder avanzar con su proyecto habitacional. Hace poco se concretó la compra del terreno del Comité de los Cisnes, de modo que el terreno ya está a nombre del Comité; sin embargo, se requiere avanzar con la factibilidad del agua, que a su vez dependerá de que el APR pueda contar con los recursos para poder ser licitado a un diseño.
Por ello, la solicitud es que se oficie a la Administradora Pública en conjunto con la Directora de Obras Hidráulicas Nacional. Tengo entendido que en estos momentos se estaría tramitando un convenio, con el Banco Interamericano, a fin de financiar un par de APR para una futura licitación de diseño de mejoramientos. Cabe destacar que estos dos APR benefician a muchas familias: el de San Ignacio atiende a cerca de 600 familias, y el Comité de Pechuquín impacta a todo el sector correspondiente.
Esa es la solicitud, si es que lo toma a bien esta mesa, poder oficiar. Muchas gracias.
Muchas gracias, colega. Partimos entonces con el primer punto de la tabla.
En considerar las indicaciones presentadas al proyecto de ley en segundo trámite constitucional, que modifica la legislación aplicable a los servicios públicos sanitarios en materia de servicios no regulados, de fijación tarifaria y de cumplimiento de planes de desarrollo por parte de los prestadores (Boletín Nº 10.795-33), se establece el siguiente procedimiento.
En este punto, desde el Ministerio de Obras Públicas se han invitado al Superintendente de Servicios Sanitarios, señor Jorge Rivas; al fiscal, señor Federico Ález; y al asesor ministerial en materias hídricas, señor Carlos Esteves. De parte de la Asociación Gremial de Empresas de Servicios Sanitarios se encuentran presentes la Presidenta Ejecutiva, señora Lorena Smith; el asesor legal, señor Juan Pablo Filiu; y el asesor, señor Francisco Donoso. Se solicita que, cada vez que intervengan, se haga la presentación correspondiente para dejarlo estipulado en la grabación.
Muchas gracias, señora presidenta. Saludo a los señores senadores y a las autoridades presentes. Quiero partir agradeciendo por esta oportunidad. Estoy convencida, y estamos convencidos desde la industria, de que esta invitación en este proyecto de ley constituye una oportunidad para mejorar el sector y, sobre todo, para mantener la continuidad y la calidad de los servicios que prestamos a 16 millones de personas.
La Asociación Gremial de Empresas de Servicios Sanitarios reúne a 24 empresas del sector, las cuales representan cerca del 95% de los habitantes de las ciudades. Como pueden observar en el mapa, ahí se encuentran todas las empresas que representamos. Es relevante señalar que, en todas estas localidades, el tamaño de los clientes varía notablemente: por un lado, existen localidades que atienden a más de dos millones de personas y, por otro, localidades que atienden a apenas 500 personas, como es el caso de La Leonera, Emapal, entre otras. Esta diversidad geográfica y en la escala de atención es un aspecto fundamental a tener en cuenta para esta indicación.
Tenemos un desafío importante: en estos 35 años de aniversario junto con la Superintendencia, como industria, sector y país enfrentamos el cambio climático, factor que impulsa esta indicación en particular. Durante los últimos 14 años de sequía, el sector ha logrado alejar el fantasma del "día cero" y ha continuado ofreciendo servicios de agua potable y saneamiento con la calidad y continuidad que aseguran el bienestar de la población. Cabe recordar que brindamos cuatro servicios distintos, a diferencia de otros sectores, lo que ha definido nuestro accionar.
Otro punto relevante es el reconocimiento a instrumentos como el Código de Agua, fundamental para el marco legal vigente, que ha permitido proyectar el futuro y generar acuerdos con las asociaciones de usuarios. En lo que respecta a esta indicación, valoramos la existencia de un sistema de sanciones, el cual es necesario para mantener los altos estándares de cobertura. Contamos además con una amplia representación de inversión extranjera, con participaciones de Canadá, Francia, Japón, Colombia y España, lo que hace hincapié en que tanto la Superintendencia como el Ejecutivo tienen un rol fundamental, y por ello, el desempeño debe ir estrechamente ligado al marco institucional.
que lo rigen. La siguiente, por lo mismo, es que lo que queremos hacer es presentar tres temas grandes para aprovechar este momento. Es que nosotros valoramos el ordenamiento del catálogo de multas y la mayor especificación de criterios para determinar sus montos. Creemos que eso es muy importante. La introducción de los elementos presentes de la normativa de sectores regulados, como por ejemplo el plan de cumplimiento, creemos que eso es vital para este sector también. Y, por cierto, la agilización del procedimiento de la ampliación de territorio operacional a las viviendas A y C. Eso sabemos que es muy importante, sabemos que es un dolor permanente y tenemos el convencimiento de que tenemos que avanzar.
Por lo tanto, las tres que voy a mencionar son: multas y disfunciones, facultades de la Superintendencia y la ampliación de los territorios operacionales, como coordinar esta discusión.
Con respecto a multas y sanciones, creemos que este régimen de sanciones propuesto requiere un análisis más en profundidad. Por un lado, consideramos que es necesario focalizar principalmente las sanciones en aquellas que generan alta afectación de clientes, principalmente porque todas las acciones tienen que ser sancionadas y multadas, pero creemos que el foco tiene que estar en las de alta afectación, especialmente. Y esta indicación, creemos, no lo logra. Es particularmente visible en la categoría de multas graves. Esta indicación tiene tres categorías de multas gravísimas, que estaban, digamos, de acuerdo con los puntos del PED, pero en las graves creemos que es donde tenemos algunos objetos de preocupación. Como ejemplo, lo que hoy nos está sucediendo con esta nueva indicación es que basta con que a un cliente se le interrumpa por más de seis horas el servicio para que esta acción califique como grave, lo que implica un tope de 5.000 lutas o 4.000 millones, sin establecer un piso para dicho monto.
El segundo punto es que vemos que la penalización es dispar con respecto a la regulación de otros servicios básicos. Por ejemplo, la ley de la SEC tiene un tope de 500 gutas en la multa leve, y en esta indicación el tope es de 1.000 gutas. Nos gustaría que eso fuera revisado para homologarlo con el resto de los instrumentos regulatorios que rigen a otras industrias. Dicho esto, es necesario considerar también la especificidad de la industria sanitaria, que es muy distinta a otras industrias, como por ejemplo la eléctrica. En la industria sanitaria, un proveedor provee de los cuatro servicios, mientras que en la industria eléctrica estos servicios están separados, lo que la hace muy distinta en su forma de operar.
En el siguiente punto sobre multas y sanciones, creemos que es muy necesario que esta indicación incorpore los contrapesos necesarios. Lo que estamos exponiendo es que la Superintendencia tiene y ejerce hoy amplias facultades, y la indicación las incrementa sin considerar los equilibrios, contrapesos y garantías mínimas para un debido proceso, sobre todo en lo que se refiere al procedimiento sancionatorio y los recursos judiciales. La indicación agiliza la revisión judicial de las causas, elevándola a la Corte de Apelaciones, lo cual valoramos; sin embargo, restringe el tipo de pronunciamientos de la CIS únicamente a resoluciones, cuando en nuestra experiencia la CIS también adopta otras decisiones a través de oficios o instrucciones. Creemos que ese es un punto que podría ser revisado en beneficio de todo el sector, y, por último, asegurar el acceso efectivo para rendir pruebas.
Siguiente, gracias Pablo. Aquí me gustaría poner el punto del criterio de proporcionalidad. En el mapa que pueden ver están, como dije al inicio, esta industria que presta servicios desde el altiplano hasta Puerto Williams. Con todo lo que la diversidad geográfica representa, lo que nosotros hacemos es generar soluciones que vayan a esos territorios. No es lo mismo.
No existen soluciones uniformes para las distintas regiones y, por lo tanto, creemos que debe aplicarse el criterio de proporcionalidad. Si ustedes ven el mapa, hay 73 localidades con menos de 1.500 clientes en todo el país, lo que representa el 20 % del total. Por ejemplo, hace poco estuve en la Araucanía, en una localidad que tiene aproximadamente 1.000 clientes, mientras que, a fin del año pasado, la Superintendencia caducó ese servicio que funcionaba en el Estado; dicho servicio pasó a Econza y, a su vez, a Aguas de Araucanía. Cabe destacar que esa localidad, con un máximo de 1.500 clientes, está contigua a Timuaco, la otra localidad que opera Aguas de Araucanía, y que cuenta con 100.000 clientes. Lo que quiero señalar es que el impacto no es el mismo: no se pueden comparar 300 clientes con la lógica de multas que, en otro caso, afectaría a 30.000. Por ello, creemos que debe definirse un criterio de proporcionalidad específico para esas pequeñas localidades.
Respecto a las facultades de la CIS, es importante destacar el rol indispensable que juega cada actor en la provisión del servicio, realizado en conjunto con el Estado. El Estado regula y fiscaliza, las empresas invierten y operan, y los clientes, fundamentalmente, financian con sus cuentas. Este modelo es de autofinanciamiento, por lo que todas las obras se incluyen dentro de ese mecanismo. Por ello, debe existir un equilibrio adecuado entre el incremento de las facultades de la CIS y el derecho a defensa y debido proceso. La indicación en cuestión faculta a la CIS y a la subintendencia para incorporar obras en el Plan de Desarrollo. Lo que proponemos es que dichas obras sean realmente necesarias. Sin embargo, surge el interrogante de la responsabilidad: cuando la Superintendencia instruye la realización de determinadas obras específicas, ¿qué ocurre si esa obra no cumple con su objetivo? Dado que son las empresas las que operan, debemos avanzar hacia que las obras cumplan efectivamente su propósito, sobre todo asegurando que se tarifiquen de la forma correspondiente, tal como establece el modelo y esta ley.
Por último, me gustaría abordar la propuesta de ampliación de territorio operacional, que consideramos de gran relevancia. En cada conversación surge la ampliación de territorio habitacional. Desde el punto de vista de las viviendas sociales, estas cuentan con un procedimiento propio reforzado por la ley del Plan de Emergencia Habitacional y el proyecto de ley de Autorizaciones Sectoriales. Asimismo, hemos implementado mesas de trabajo en todas las regiones a través del MIMBU, aprovechando los servicios para agilizar factibilidades y ampliaciones en las viviendas sociales. Dicho eso, es necesario resolver los problemas que enfrentan aquellas casas ubicadas al frente de la operación de las sanitarias. No puede ser que personas que viven justo enfrente de la operación no tengan acceso a una solución de agua potable, ya sea en cinco o diez viviendas. Por lo tanto, estamos en la misma línea respecto a la ampliación de territorio habitacional, y la propuesta que queremos presentar es buscar una solución para los vecinos contiguos al área de concesión.
Ese fue el resumen para poder disponer de tiempo de discurso. Muchas gracias, Presidenta, por estos minutos.
todas las preguntas que sean necesarias, todas las veces que sean necesarias a su disposición, porque junto al Estado creemos que hemos sido un aporte a la calidad de vida de las personas y al desarrollo y crecimiento del país, y estamos comprometidos a seguir siéndolo, con el desafío del cambio climático que tenemos como realidad. Muchas gracias, Presidenta.
¿Continuamos con Ejecutivo o tienen alguna consulta los senadores?
Senador Coloma. Muchas gracias, Presidenta. Es para ilustrar justamente al Ejecutivo, por lo menos, una inquietud que yo tengo. Quiero hacer primero una breve descripción —de un minuto, digamos— cuando nos tocó estudiar la reforma previsional, no hace mucho tiempo. Uno de los datos que más impactó fue que Chile es el país que tiene la tasa de longevidad más larga de América Latina, algo de suma importancia; y, a nivel continental, solo es precedido por Canadá. Si uno analiza la longevidad de los chilenos, esto es positivo, pero también nos genera problemas previsionales severos.
¿Por qué digo esto? Porque en la Comisión del Futuro pregunté a qué se debía que los chilenos mostraran tal longevidad. Entre varios datos, uno de los más relevantes es que contamos con el mejor sistema de agua potable y sanitario de Latinoamérica. No deja de ser relevante, ya que, aunque estamos en una industria que enfrenta problemas, también tenemos un activo muy importante que cuidar: el acceso al agua potable, que se abre la llave en casa y en todas partes de Chile. Esto representa un cambio sustancial respecto a cualquier otro país, y aunque dicho dato por sí solo no permite llegar a todas las conclusiones, lo valoro como instancia de mejora.
Creo que las modificaciones que ha propuesto el Ejecutivo son sustancialmente mejores que el proyecto original. No obstante, quería preguntarle a la Secretaría de Ejecutivo dos cosas. Primero, ¿por qué se innova respecto a las divisiones de sanciones? Por ejemplo, en la Comisión de Hacienda vimos que, en el caso de las desalinizadoras, la primera zona llega hasta 500 utas —o, según algunos, hasta mil utas—, y se ha establecido una graduación de multas que busca generar una lógica uniforme respecto a servicios públicos equivalentes, aunque no sean idénticos.
En segundo lugar, lo que plantean es entender, y eso quiero precisar un poco más, que en materia eléctrica uno tiende a decir que las empresas operan en redes, como lamentablemente se evidenció en la pagón; sin embargo, en este caso parece que no funciona tanto el tema de redes, ya que una empresa, más allá de su tamaño, puede atender tanto lugares de alta densidad como zonas con muy poca población. Comprendo, entonces, la preocupación respecto a que imponer multas muy elevadas por conductas no completamente tipificadas pueda generar un desincentivo a invertir en localidades más pequeñas. Es decir, una empresa podría decir: “Si me involucro en una localidad —por ejemplo, Curicó, Sarmiento u otra similar— y me imponen sanciones muy altas, quizá sea más atractivo concentrarme en las grandes”, lo que me gustaría entender mejor en función de este sistema.
Gracias, Presidente.
Senador Gaona.
Y, posteriormente, senador Alfonso Dorres. Tiendo a coincidir con algunas de las dudas planteadas por el senador Coloma. Quisiera preguntar, en la misma línea, ¿cuál es, según la Superintendencia, el criterio ordenador para fijar este catálogo de multas?
Claro, efectivamente, uno podría pensar que si las multas son iguales, independiente de la magnitud del daño, del problema o de la afectación –me cuesta un poquito entenderlo–, ¿por qué tan dispar con otros servicios que son igual de complejos, como el caso del servicio de distribución eléctrica o de energía eléctrica? Porque, fundamentalmente, a mí me gustaría saber cuál es el criterio ordenador, es decir, ¿qué es lo que fija y define estos montos? Uno podría decir: “voy a elevar las multas, puedo elevárselas hasta el infinito”, pero, ¿cuál es el criterio que permite fijarlas de esa manera? Esto es esencial para poder entender este importante aumento de las multas y cómo se organizan.
Gracias, Presidenta. Solamente eso. ¿Esperamos respuesta o la palabra? Sí, dale.
En primer lugar, lo que originó la pregunta es que en Andes, Empresas y Saneamientos surge la interrogante de por qué no se aplican las décimas. Tengo la representación del Arreón de los Ríos y la principal sanitaria es Aguadécima, que atiende la capital regional. Se trata de una empresa que continúa la labor de la antigua estatal Aguadécima en conjunto. En algún momento se precisó un tratamiento distinto, solo para la ciudad, ya que no se trata de una empresa privada, y me gustaría saber a qué se debe esta diferencia.
En segundo lugar, respecto a la labor de ustedes en el manejo de un conjunto de normas, me parece bien reconocer que, ante esta ley, no se cuenta con una defensa corporativa. Se valora la indicación de modernizar el sistema de sanciones y de organizar la operación en base a tres ejes: multas, sanciones y otros mecanismos. Sin embargo, surgen interrogantes, como qué pasó con ISAL o SON, ya que hace dos años enfrentamos situaciones brutales de contaminación y afectación al servicio. Se comenta que la empresa fue vendida y que cambió de proveedor, pero la situación no fue la adecuada. No queda claro si la pregunta va dirigida directamente a ustedes o a la Superintendencia en cuanto a en qué etapa se encuentra el proceso sancionatorio, considerando que la afectación se extendió por días, en una situación claramente poco previsora o muy chapucera, desde el punto de vista de cómo se produjo la contaminación que afectó a una capital provincial. También, a propósito de sal, ocurrió el vertimiento de fecas para la Unión, en el cruce del río, situación brutal para la que nunca tuvimos respuesta o información sobre su estado.
Por otro lado, en relación a los montos de las multas, es importante precisar que, a pesar de las objeciones—señalan que los algoritmos fijados son de tope—, es necesario establecer que el juez, en conjunto con la Superintendencia, tendrá el margen y el criterio, y que estos fallos son recurribles en la actual vía de apelación, un proceso que resulta mucho más efectivo que el antiguo juicio sumario.
Respecto del tema de reclamación establecido en el artículo 13, le pregunto al Ejecutivo: ¿qué opinan de que esta cuestión sea solo reclamable ante la Corte de Apelaciones de Santiago? Yo tiendo a pensar que, a pesar de que la Superintendencia no está descentralizada en todas sus funciones, prefiero que el corte de suministro o alguna multa aplicada en la Región de Los Ríos sea revisada en la jurisdicción de la Corte de Apelaciones donde se encuentra, pues en ello se respeta un principio de proximidad. La experiencia en Santiago, cuando se trata de montos por situaciones como contaminación, cese de servicio o alguna infracción, demuestra que esos jueces tienen un mayor conocimiento de la realidad de la afectación, considerando la prueba, la inspección y otros elementos probatorios. A mí, en ciertos temas, me gustan los tribunales que mantienen cercanía a donde se toman las decisiones; no estamos hablando de cuestiones conflictivas, pero sí de situaciones en las que, por ejemplo, un corte de agua prolongado en el Gran Santiago es muy distinto a uno en una ciudad pequeña.
Claro, por afectación, tuve la vez más grave, pero me tocó verlo de Osorno, era un escándalo. O bien, en una localidad pequeña, toda esa población queda afectada y lo siente. También es distinto un corte de suministro, alguna situación en lugares donde hay un normal suministro; estamos expuestos a una sequía, no sé.
Creo que me surge la duda de si es conveniente el proceso del artículo 13, que establece que sea una sola corte de apelaciones la competente para la reclamación. Para la reclamación a veces existe un principio de especialización, de cercanía, de conocimiento, y al final todas las sanitarias están sujetas a alguna jurisdicción de una corte de apelaciones que tenemos de Arica a Punta Arena. Prácticamente todas las regiones tienen una, y algunas regiones tienen dos. Entonces, considero importante ver esa situación.
Y, por último, la directora de Andes señala que las multas están subiendo. Yo lo que quiero reclamar –y esto es importante, porque se trata de un debate político que ha habido antes– es que ustedes gozan de un monopolio, una concesión, la concepción que les otorga el Estado, que tiene un carácter monopólico. Yo no puedo, pues vivo en Valdivia, decir si me conecto a Aguas Décimas, a Asturalis o a una cooperativa de agua; mi casa, mi oficina, están sujetas a esas condiciones. Entonces, ustedes también tienen un negocio que posee un monopolio de financiamiento, lo cual no es malo.
Valoro, y no quiero ser descortés con el senador Coloma por su intermedio –algo que es bueno valorar–, que hace unos días salió una publicación positiva sobre los índices de cobertura, de inversión y de tratamiento de agua. No voy a ser mezquino al decir que, aunque el negocio no es malo, cuando tenemos que Canadá, Japón, Colombia, España y Francia están participando en los capitales accionarios, esto no debe interpretarse como un acto de caridad.
No se trata, pues, de un servicio público, sino de un negocio expuesto a miles de variables y sujeto a un monopolio; el capital accionario hoy día está presente de tal manera que me gustaría preguntar: ¿qué capital chileno hay en esto? Además, surge el tema, en ocasiones, de la concentración de capitales extranjeros, por lo que creo que muchas de estas empresas deberían cumplir las mismas normas que se exigen en su país y aplicarlas acá, en un principio de reciprocidad, evaluando cómo está el capital accionario y cuál es la participación de Chile en los capitales accionarios de dichas empresas.
Y, por último, creo que lo más relevante se da en los territorios operacionales. Es preciso buscar una fórmula que hoy día ya no se condice –muy bien lo señalan–, ya que no puede ser que, en la vereda de un lado, estén conectados al agua potable porque el territorio operacional accede y hay una vía social, se quiere construir un paño que tiene servio y vivienda social, mientras que al otro lado, a solo 20 metros, se nos indica que no hay factibilidad. Nos pasamos largos años discutiendo, los comités peleando, convenciendo y negociando con las empresas para la ampliación del área del territorio operacional.
Yo creo que ahí hay un vacío, que hay que identificar una figura que justifique técnicamente lo que se requiere. Entiendo que a veces no les conviene, porque seguramente no está en su estructura de negocio, pero insisto, reitero, esto no es un negocio privado, es una concesión que debe cumplir ciertos objetivos. Principalmente, la voluntad de la política pública de construcción de vivienda social –que es una política de Estado– se está beneficiando a un privado en particular, y cuando eso está cubierto por un certificado, por la adjudicación de subsidios o por un reconocimiento por parte del Ministerio de Vivienda, particularmente el CEDMIO, se viene a tener un… un tratamiento distinto y no haberse enfrentado a la indignidad de, prácticamente, te lo voy a decir con derrogarle a la empresa que aumente el territorio operacional.
Poco digno, y no hace bien a las empresas, no le hace bien al sistema Concepciones, no le hace bien a nadie. Yo no sé quién gana en eso; nunca he logrado entender quién gana cuando vamos, y creo que a muchos senadores les ha tocado que hay un paño de servio que está en la vivienda, es decir, están los subsidios, la organización, el apoyo del Ministerio, y el certificado de la sanitaria resulta ser en la piel del que no. Demora años y años. Entonces, creo que debería haber un tratamiento distinto si se trata de negocio privado, si hay un desarrollo inmobiliario que va a tener una plusvalía para un negocio inmobiliario. Digo, bien aquellos proyectos para los cuales el radio operacional es para las viviendas sociales; la justificación de uno u otro debería ser diferente.
Gracias. Gracias, senador De Rosti. Senador Matías Huach. Muchas gracias, presidenta. Agradezco la presentación de Andes en representación de la empresa sanitaria, del superintendente, de Carlos Esteva, de todas las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y de la Superintendencia de Servicios Sanitarios que nos acompañan.
Yo coincido, y al menos para mí, presidenta, que lo más relevante de este proyecto es la agilización del procedimiento de actuación del territorio operacional para la construcción de viviendas sociales. Los que trabajamos con los comités de vivienda sabemos que es un desafío permanente, particularmente en regiones como la nuestra, que se encuentran en zonas de escasez hídrica o en situaciones de emergencia o declaradas zona de catástrofe.
Efectivamente, como dice el senador Durresti, nos toca acompañar frecuentemente a los dirigentes de los comités de vivienda y reunirnos con las empresas sanitarias, con el objeto de ampliar el territorio operacional y, en definitiva, poder dar cobertura a determinados sectores. La suerte de un comité de vivienda, muchas veces, no se juega por el monto del subsidio, ni por la organización o los ahorros de las familias, sino por la factibilidad de las actividades sanitarias. Entonces, todo lo relacionado con la simplificación de este procedimiento y la ampliación del territorio operacional me parece fundamental.
Me hace sentir acertada la precisión que se solicita respecto a que el destino de los inmuebles sean viviendas unifamiliares, con el objeto de que esto no se preste a abusos ni a especulación financiera; para ello están los instrumentos de planificación territorial y los mecanismos reguladores, precisamente para evitar esa especulación.
En general, yo creo que este es un sistema que funciona bien. Lo expresó muy bien el presidente Eduardo Freire-Tayler, quien tuvo a su cargo este proceso de modernización durante su gobierno. Hoy día contamos con una cobertura del 99% en agua potable, en materia sanitaria y en alcantarillado, lo cual es un éxito que debemos valorar como país. Sin embargo, también hemos enfrentado crisis. Se recuerda, por ejemplo, la crisis del norovirus que afrontamos en los valles, la cual afectó la salud de miles de personas en el radio urbano de Ovalle, además de los cortes prolongados. En su momento se inició un proceso de caducidad que finalmente derivó en otro tipo de sanciones.
Yo creo en la aplicación de sanciones intermedias. A veces la ley establece medidas muy extremas, como la caducidad, sanciones que a la ciudadanía le pueden parecer irrisorias. Considero que encontrar un equilibrio, una proporcionalidad y un escalamiento adecuado en la aplicación de las sanciones es un desafío para los legisladores, pues se trata de evitar abusos sin, al mismo tiempo, socavar la “gallina de los huevos de oro” que ha permitido mantener una cobertura sanitaria muy destacada.
Gracias, presidenta. Muchas gracias. Solicito, únicamente, que se proceda a contestar las consultas o planteamientos presentados por los senadores.
Lo más breve posible para que podamos seguir avanzando con los otros temas que tenemos que seguir viendo en la Comisión. Muchas gracias, Presidenta.
Bueno, voy a referirme a varias de las preguntas que han hecho ustedes. También le voy a pedir a Carlos Esteves que nos indique algunas respuestas que fueron consultadas. A ver, lo primero que tiene que ver es con el régimen de San Sigue, que han preguntado varios de ustedes. Yo lo primero que quiero decir es que hoy día el régimen que tenemos también tiene un límite alto para algún tipo de sanción. Son las sanciones del plan de desarrollo, que pueden llegar hasta 10.000 UTA, y la verdad es que quiero defender de alguna manera el criterio que ha tenido la Superintendencia hasta el día de hoy. Es un criterio de un regulador responsable, en el sentido de que tenemos claridad absoluta de que, si se aprieta demasiado a las empresas sanitarias, vamos a terminar perjudicando a la ciudadanía, porque esas empresas se irán, quebrarán o les será inviable sostener su trabajo. Pero tampoco podemos tener una mano tan relajada que permita a las empresas actuar sin límites para garantizar ciertos niveles de calidad de servicio.
Obviamente, nuestro trabajo es mantener un equilibrio entre ambos extremos, pues necesitamos que la gente reciba un buen servicio y, al mismo tiempo, que las empresas sanitarias sigan viendo el sector como atractivo para invertir. Hoy día ya tenemos algunos límites que son bastante altos, y la Superintendencia, pese a contar con techos elevados, pondera toda esta situación para tratar de mantener ese equilibrio, que no es fácil porque no existe una fórmula matemática para lograrlo, pero se constata en la medida en que siguen habiendo empresas dispuestas a invertir y a quedarse en Chile.
La motivación para modificar el esquema actual es, primero, que tenemos una situación algo desordenada en la administración de sanciones. Estamos atrás respecto a otras superintendencias y necesitamos un marco más fácil de entender y operar, con menos elementos discrecionales o de ponderación. Por ello, se plantea ordenar el sistema de manera que sea más sencillo para la Superintendencia, para las empresas y para la ciudadanía comprender la señal de cambio de comportamiento que buscamos transmitir con la sanción. En ese sentido, surgen distintos niveles de multa, los mismos que aplica otra superintendencia: 10.000, 5.000 y, en el caso de las infracciones leves, 1.000 UTA, mientras que en otros casos se manejan 500 UTA; hoy día nosotros manejamos 1.000 UTA.
En segundo lugar, lo que nos ha sucedido es que no contamos con rangos intermedios. Tenemos sanciones que alcanzan las 10.000 UTA para el plan de desarrollo y, luego, otras que llegan hasta 1.000 UTA, dejando un rango muy poco acotado. En algunos casos, ante fallas graves, imponer solo 1.000 UTA resulta insuficiente para una empresa muy grande, por lo que contar con la posibilidad de graduar las multas entre 10.000, 5.000 y 1.000 UTA nos da mayor juego de piernas para enviar una señal adecuada a las empresas sanitarias, ya que contamos tanto con empresas muy pequeñas como con otras de gran tamaño.
Respecto a por qué estos techos son más altos, vuelvo a insistir en que lo que nos permite es tener más margen de maniobra, pero no vamos a olvidar estos treinta años de historia en los que la Superintendencia ha mantenido una mano que creemos ha sido, en general, equilibrada. Esa mano, evidentemente, la vamos a seguir manteniendo, no porque cambien los techos y nos vayamos a volver locos y empezar a multar.