Presidenta, Presidente, Senadora y Senadores:
En primer lugar, se presenta la excusa de una de las invitadas a esta sesión, la directora ejecutiva de Escuela Abierta, María Teresa Romero, quien señala que no puede asistir y solicita ser convocada en una nueva audiencia.
Posteriormente, se destaca la urgencia, en carácter de suma importancia, del proyecto de ley sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales en cuanto al proceso de admisión escolar, proceso que se encuentra en la agenda del día.
A continuación, se informa que el director de la Red de Universidades Públicas No Estatales ha extendido una invitación para participar en la ceremonia de cambio del nuevo presidente de esta institución. Este evento se desarrolló el 9 de junio a las 11 horas en el Auditorio Belloto I del Campus Vitacura de la Universidad Federico Santa María, y ha sido invitada la senadora Proboste, quien compartirá una reflexión sobre el Sistema de Educación Superior Nacional.
Se reitera la mención del 9 de junio: falta todavía. Estamos representados. Eso es solamente la cuenta, Presidente.
Muy bien, señor Secretario.
Entonces, primero, hay algunas fechas en las cuales ciertos informes deben entregarse a la Comisión de Educación. Dentro de ello se incluye el artículo 22 de la Ley 21.545, que es la ley de inclusión, atención integral y protección de los derechos de las personas con trastornos del espectro autista en el ámbito social, de salud y de educación. Este fue un proyecto de ley en el que trabajamos con tres comisiones en conjunto, en paralelo, y finalmente se logró su aprobación. Corresponde ahora, en el mes de marzo, que se diera cumplimiento. Por lo tanto, voy a pedir el acuerdo para que oficiemos al secretario general del Senado, a fin de que coordine efectivamente con la Cámara de Diputados y se asigne una fecha, ya que se trata de la coordinación de tres comisiones; no es tarea fácil, pero la idea es que esto se pueda realizar cuanto antes y debemos impulsar que ocurra.
Señor Ministro. Sí, muy brevemente: primero, saludo al presidente, senadores y senadoras. Hace algunas semanas —como constará en acta— solicitamos en esta Comisión la posibilidad de coordinar esa presentación, señalando el retraso que ya existía. Asimismo, informamos a través de la Comisión que, en el caso de la Cámara de Diputados, al menos en la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, Educación ya presentó el avance en la implementación, producto de haber sido convocados por esa comisión para tal fin. Creo que eso debe coordinarse cuanto antes y, además, de manera intersectorial, ya que la implementación de la ley no es responsabilidad exclusiva de un ministerio. En esencia, el mandato requiere que se coordinen los dos secretarios de las corporaciones y las tres comisiones involucradas. Aprovechamos para saludar al ministro, a la directora de JUNAE, a los senadores Castro y a la senadora Proboste.
El segundo punto que quería plantear es que, de acuerdo con las exposiciones que hemos ido recibiendo, solamente tendremos una intervención en línea. También se ha acordado internamente establecer como fecha límite para las indicaciones al proyecto de sistema de admisión escolar el viernes 23, para que, en lo posible, el 28 ya se inicie la votación de acuerdo con lo presentado por el Ejecutivo y con lo que presentaremos nosotros.
Señor Secretario: Ya que se ha tocado el tema, quiero hacer un pequeño alcance. El plazo inicial se había establecido para el viernes pasado y, en ese plazo, el Ejecutivo presentó una indicación en la cual cambia formalmente la estructura del proyecto, de modo que deja de ser un proyecto de artículo único para convertirse en uno de varios artículos, formulando también todas sus modificaciones al proyecto de ley aprobado por la Secretaría en general en materia de admisión escolar. En consecuencia, lo que se está haciendo ahora es solicitar a la Comisión ampliar el plazo de indicaciones hasta el viernes 23 de mayo, es decir, hasta el último día de la próxima semana regional, de modo que tanto senadores como el Ejecutivo —al ser un plazo abierto a todos— puedan presentar sus indicaciones, y posteriormente la Secretaría se pronuncie sobre el tema. Cabe señalar que, por tratarse de una discusión general y particular en el trámite del primer informe, el plazo interno establecido se da con el motivo de ordenar el proceso y avanzar, sin impedir que se presenten indicaciones conforme a lo discutido por artículo.
Pasando a los puntos varios, presidente, se plantean dos temas. Uno, a raíz de los problemas y las movilizaciones que se han generado en el Servicio Local de Educación Pública de Puerto Cordillera, en la región de …
Quisiera solicitar que esta comisión pudiese recibir a las dirigentes que nos han solicitado, particularmente a la dirigente Anolbea Piñones, quien ha estado en contacto con nosotros, en el tiempo que ustedes lo definan, presidente.
Por otra parte, quisiera entregar los antecedentes. He recibido una carta de la comunidad de docentes del Colegio Medioambiental La Zamolana Viña del Mar. Se trata de un colegio que atraviesa una crisis profunda y, creo, no solo para esta comisión sino también para el país, es una grave situación cuando un colegio se ve obligado a cerrar sus puertas. Este establecimiento, ubicado en la comuna de Viña del Mar, específicamente en el sector de Santa Julia, presenta una situación administrativa y financiera muy compleja. Se ha registrado un grave deterioro en las condiciones laborales y vulneraciones de derechos tanto de trabajadores, docentes y asistentes de la educación, como de los propios estudiantes.
Además, este colegio se encuentra en una comunidad altamente vulnerable, donde el almuerzo que entrega la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca constituye, en muchos casos, el único alimento que reciben los estudiantes durante el día. Han recurrido a la Superintendencia de Educación, a la Inspección del Trabajo y a la seremía, pero no se han implementado soluciones concretas ni medidas urgentes. Los profesores han denunciado malos tratos por parte del sostenedor, que es una ONG, y, finalmente, el jueves 8 de mayo, los docentes y directivos que quedaban —cinco en total— dejaron de asistir al establecimiento, priorizando su integridad y dignidad profesional ante la carencia de condiciones básicas para desempeñar su labor.
Por ello, insisto en la solicitud, ya planteada hace algunas semanas, de designar un administrador provisional. Este funcionario garantizaría que los recursos aún presentes en el sistema se destinen, efectivamente, al pago de las remuneraciones de los docentes y asistentes de la educación, quienes no han recibido la totalidad de sus salarios desde noviembre y diciembre del año pasado. Asimismo, se requieren fiscalizaciones urgentes y una evaluación que podría incluir, de ser necesario, el retiro del reconocimiento oficial del establecimiento, o la imposición de sanciones al actual sostenedor, por mal uso de subvenciones, incumplimientos laborales y vulneración de derechos de los estudiantes.
Asimismo, quisiéramos conocer, presidente, cuál ha sido el destino de los estudiantes. Aunque la matrícula se ha reducido, es vital, considerando el contexto de vulnerabilidad, saber cómo se han reubicado y canalizar ayudas desde el Ministerio de Educación, desde la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca u otros programas para apoyarlos mediante convenios de emergencia, accesos prioritarios a programas de bienestar y, finalmente, entender por qué la Superintendencia ha demorado tanto, siendo que la solicitud de un administrador provisional se realizó hace aproximadamente un mes. Tal vez, de haberse actuado con mayor celeridad —dado que el incumplimiento de pagos se evidenció desde fines de 2024 y comienzos de 2025—, la intervención de un administrador habría evitado el destino que hoy afronta este establecimiento educacional.
Le dejo estos antecedentes al secretario. Gracias, senadora.
Ministro, ¿quiere decir algo?
Sí, gracias, presidente. Efectivamente, y adhiriéndome a la preocupación de la senadora, desde el Ministerio hemos estado siguiendo la situación a través de nuestros equipos regionales. De hecho, personalmente tuve una reunión de pasillo en la Cámara de Diputados con este mismo grupo de docentes hace una semana, y lo que puedo reportar es lo siguiente: Obviamente, vamos a responder todos los requerimientos que señala la senadora, agregando más también porque…
Creo que hay hartas aristas que tiene este caso, que abren una complejidad bien grande. El año pasado tuvimos el caso del establecimiento de Paso Hondo, no recuerdo exactamente el nombre, pero vinieron también para acá; vino su directora, donde había un problema de viabilidad financiera a causa de los incendios, que provocó la baja en la matrícula, ya que hubo un gran movimiento de población desde ese sector a otros lugares, pues se quemó todo lo alrededor, menos el colegio. Entonces, el colegio siguió funcionando, pero la gente se trasladó a vivir a otros lugares mientras se recuperaba el territorio. Durante varios meses estuvimos explorando alternativas hasta que dimos cuenta de que, en ese momento, había 500 millones de pesos en las cuentas de la ley CEP, que estaban en plazo, en fondo a plazo, lo que—por cierto—resistía a una ilegalidad. Esto nos permitió nombrar una administración provisional, ya que con esos recursos, que estaban en las cuentas del sostenedor (o la sostenedora, en este caso), era posible continuar con el servicio educativo y concluir el año escolar.
En el caso de este proyecto, lo que genera la inviabilidad financiera es, en primer lugar, la pérdida del 100% de los recursos de la ley CEP por falta de rendición y ejecución, es decir, los recursos se utilizaron para otros fines; eso está siendo investigado por la Superintendencia, y esos fines, además, no permitieron cumplir con la ejecución de la ley CEP al 100%. Por lo tanto, legalmente se incurre en la pérdida de esos recursos, quedándose solo con la subvención general y perdiéndose los ingresos de la Licep. Al mismo tiempo, la matrícula ha comenzado a disminuir radicalmente, llegando a 69 estudiantes, si no me equivoco, en el mes de marzo. Hoy día, los ingresos y egresos no coinciden, ya que los ingresos son sustancialmente inferiores a los egresos.
¿Qué dice la normativa en materia de administración provisional? Probablemente tendremos que revisar si efectivamente está adecuada a los tiempos actuales, ya que para nombrar una administración provisional es condición sine qua non que los recursos que percibe el sostenedor sean suficientes para garantizar la viabilidad financiera del establecimiento, al menos en lo que respecta al pago de remuneraciones, dado que la administración provisional no viene con recursos. Además, este acto de nombramiento debe ir acompañado de la toma de razón por parte de la Contraloría, para verificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones. Esto es algo que hemos pedido explorar a la Superintendencia en su minuto. Ese es el análisis y la conclusión, y por ello está en proceso, formando parte de la información que nos solicita la senadora respecto al proceso de reubicación de los estudiantes, el cual ha estado llevando adelante el Ceremi de Educación. Asimismo, hemos solicitado tanto a la Superintendencia como a los equipos del Ministerio que exploren todas las aristas, no solo las administrativas (aunque en este escenario, dadas las circunstancias, parecerían ser las menos relevantes), para determinar si existen otros hechos que puedan constituir delitos y, en ese caso, trasladar los resultados de esa investigación al Ministerio Público y a los entes pertinentes, hasta llegar a las últimas consecuencias.
Gracias a todos. Gracias a Medito. ¿Se acuerda, oficial?
Sí.
A la Subintendencia de Educación. A la subintendencia y al Ministerio.
Bien, vamos a dar inicio a la tabla.
En el punto uno del Colegio Sagrado Corazón, está don Tomás Aristía Villazum, a quien le agradecemos la disposición.
Presidente, disculpe, ¿los asesores pueden ingresar ya, verdad?
Sí, están en proceso.
Aprovechamos de saludar a don Tomás y le damos la palabra.
Hola, buenas tardes. Aprovecho de agradecer la invitación y empiezo sin más con la presentación. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve la presentación?
Sí, se ve.
Perfecto.
Entonces, me presento: soy Tomás Aristía Villazum.
Ingeniero civil, me he desempeñado toda mi carrera profesional en el desarrollo de colegios, en la administración de colegios, tanto municipales como particulares subvencionados, y activamente también en colegios particulares pagados, construyendo, administrando y desarrollando proyectos educativos. Mi aporte a esta reunión, más que pretender hacer un análisis exhaustivo de los aportes de la mesa técnica o de la propuesta del Ministerio de Educación de la Indicación Sustitutiva que se publicó ayer en el diario, es mostrar una perspectiva basada en lo que me ha tocado ver estos años en el sistema escolar.
Como aspectos previos en relación con las políticas de admisión, me gustaría tocar dos temas muy relevantes: uno es el déficit de vacantes y su relación con el SAE, y el otro es cómo se relaciona la admisión con la calidad de los colegios.
En el primer tema, la falta de vacantes, evidentemente, no es responsabilidad del SAE, ni es atribuible al déficit de cobertura que se está empezando a ver en el sistema, ni a la falta de vacantes de calidad que las familias echan de menos. Pero, independientemente de eso, la suerte del SAE está, de alguna manera, atada al hecho de que exista oferta de calidad suficiente. Según el informe de la mesa técnica, hoy un 54% de los que terminan el proceso le ponen una mala nota a la plataforma, y es una conclusión bien predecible: la mala nota está, en general, asignada por quienes no encuentran o no acceden a las alternativas de su preferencia. Es razonable que eso suceda y seguirá ocurriendo mientras no haya suficiente oferta de calidad en el sistema, situación que se agravará cuando exista un déficit de cobertura.
Ahora, creo que es importante abordar este tema, ya que, aunque no sea directamente responsabilidad del SAE, este se encuentra atado a la problemática. La que sí es responsable del problema de déficit de cobertura que estamos viendo hoy es la ley de inclusión, la cual terminó con los incentivos al desarrollo de colegios y, en la práctica, prohibió el desarrollo de nuevos colegios, con o sin lucro, a través del mecanismo de demanda insatisfecha. Esto, en el contexto de un sistema escolar deficiente —tanto en el sector particular subvencionado como en el estatal—, es probablemente lo más grave que ha sucedido en décadas. Se habla poco de ello, pero hoy en día ya estamos observando problemas de déficit de cobertura que no veíamos y que Chile había superado brillantemente en los años 90, y que ahora se están empezando a producir.
A modo de ilustración, traigo a colación un gráfico, aunque algo antiguo, que muestra dos aspectos. Primero, si se fijan, la línea superior, que representa la matrícula total del sistema escolar, evidencia que en los años 90 fuimos capaces de incorporar alrededor de 100.000 alumnos al año, aumentando e invirtiendo en el desarrollo de colegios particulares subvencionados para resolver la cobertura.
Sin embargo, hay un detalle relevante: si se observan las líneas, se marcan ciertos hitos. Cuando se inició el financiamiento compartido en el año 1994, de la mano del ministro Arrate, la subvención que el Estado podía aportar a los colegios era de 6.700 pesos; en el año 1996 y el año 2000 se situó en torno a 18.000 pesos; y para la Revolución Pingüina, en el año 2006, la subvención era de 23.000 pesos sin jornada escolar completa y de 33.000 pesos con jornada escolar completa. Y ese es el período en que se desarrolla nuestro sistema escolar. Si ustedes se fijan en la línea verde, todo el crecimiento, el gran crecimiento en el desarrollo de nuevos colegios, son colegios que, dicho...
En chileno digo, se hizo, se desarrolló con las patas y el buche, en tiempo récord, con muy pocos recursos, en general, matrimonios de profesores que emprendían y desarrollaban colectos.
Ahora, lo sorprendente es que ese sistema escolar que desarrollamos con escasez de recursos —porque hace 30 años este país era muy pobre— hoy día nos permite darnos el lujo de gastar 180 o 200 mil pesos por niño al mes, lo que implica haber multiplicado por 10 los recursos disponibles en la práctica. Pero, paradójicamente, los colegios que van a atender a esos niños y que actualmente lo hacen son los mismos; con los incentivos que quitó la Ley de Inclusión, hoy esos colegios están blindados. A ellos, los colegios que pueden parecer mediocres o precarios —y a quienes agradezco enormemente por el servicio prestado a Chile y a todos los profesores que los desarrollaron— se les exige seguir funcionando en condiciones que ya no se corresponden con la evolución económica actual.
En otra situación económica, uno esperaría que esos colegios precarios fueran reemplazados por colegios de otro estándar. Y eso era lo que estaba sucediendo; sin embargo, dicho proceso se detuvo de manera acelerada entre 2010 y 2015, cuando aparecieron redes de colegios bien organizadas, proceso que se congeló.
Esto me parece de la máxima gravedad, pues podría acontecer de forma absurda que, si el país sigue creciendo, lleguemos a gastar 400 o 500 mil pesos por niño al mes y, aun así, se siga enviando a los niños a las mismas escuelas precarias. Es 100% responsabilidad nuestra y del Estado generar las condiciones para que eso no suceda. En efecto, estos números están detrás de los problemas actuales de cobertura y de calidad.
Ahora, pasando de ese tema al siguiente, surge una pregunta importante: ¿es posible desarrollar un buen colegio o sistema escolar sin ninguna selección? Yo creo que, independiente de cómo definamos un buen colegio —ya que existen muchas maneras y perspectivas— la respuesta es definitivamente no. En algún punto, si no somos buenistas, cualquier proyecto de calidad se ve limitado en su capacidad para educar a todos. ¿Puede un colegio de calidad darse el lujo de recibir alumnos analfabetos en quinto básico, sin afectar a aquellos que desde pre-kínder o primero han trabajado junto a sus profesores para aprender a leer fluidamente? Para no mencionar que, aun cuando este colegio logró enseñar inglés a sus alumnos, pueden llegar en quinto básico grupos de niños que no dominan en absoluto dicho idioma. Es imposible recibir a todos los niños, independientemente de su situación y cantidad, sin afectar la calidad del colegio y el desarrollo de aquellos que se han formado desde niveles inferiores. Eso es pedirle magia a los colegios y a los profesores.
En el sistema en el que yo participo, los profesores tienen 45 niños en la sala, con un único docente al frente del curso. Pedirle a ese profesor que reciba cinco o seis niños adicionales al año, de un estándar completamente distinto a lo que ha logrado construir en la sala de clases, y decirle: “Oye, que no se afecte la calidad de lo que has hecho”, es prácticamente pedirle lo imposible. Eso es buenismo y está aniquilando la calidad de la educación pública, tanto en la educación particular subvencionada como en la estatal, provista con fondos públicos, la cual está siendo minada en su calidad.
Esto se hace quizá más evidente cuando lo observamos en los liceos emblemáticos; sin embargo, estos no son más que liceos que han construido un prestigio a lo largo del tiempo, y en la práctica no existe tal distinción, ya que lo que ocurre en ellos se replica en todos los colegios del sistema.
Otra pregunta importante es: ¿es independiente la selección de la convivencia escolar? La convivencia —de la cual todos estamos de acuerdo en que es parte sustantiva de la calidad de un colegio—, ¿es realmente independiente? Sea por políticas de entrada, de salida o por decisiones de los cuerpos directivos, ¿cuánto de la actual crisis de convivencia se debe a haberle quitado herramientas y autoridad a los directivos y a los profesores? La paradoja del derecho a la educación es que, a la falta de condiciones adecuadas, nos está dejando sin educación. La relación entre autoridades y autoridades.
La unidad docente y convivencia es muy fuerte e inseparable de la selección. El buenismo inclusivo, si se lleva a ultranza, está siendo inmanejable en los colegios y, de paso, está matando la vocación de directivos y profesores. Sin atraer talento al sistema, no hay mejora posible. Hoy día, y lo digo con conocimiento de causa, los mejores sostenedores, directores y profesores están saliendo del sistema.
¿Qué es un colegio emblemático o de excelencia? ¿Alguien determinó que este colegio será emblemático o selectivo? Por supuesto que no; no es así. En la clásica pregunta del huevo o la gallina, el orden es claro: primero se construye el prestigio del colegio y, una vez logrado con tiempo y esfuerzo, éste puede seleccionar alumnos. No es al revés: la calidad de los colegios emblemáticos no se basa en la selección, sino en el prestigio construido por sus directores, profesores y alumnos. Ningún colegio puede decidir ser selectivo por capricho o decreto.
Respecto a la modificación de los criterios del SAE, la mesa técnica y las indicaciones ingresadas por el Ministerio están sugiriendo permitir que estos colegios seleccionen hasta un 60%. Yo lo celebro, pero la verdad es que esa medida es letra muerta. Al leer el mismo proyecto, las recomendaciones de la mesa técnica y la indicación sustitutiva del gobierno, se establece que ni siquiera estos colegios cumplirían los requisitos exigidos a colegios o liceos de excelencia. Se propone exceptuarlos de cumplir con ese prestigio; es decir, pretendan funcionar como si fueran de excelencia, pese a haberlo perdido. La calidad y el prestigio deben construirse, no asignarse por ley.
¿Y qué pasa con el 99,9% de los colegios restantes, que no ostentan la etiqueta de emblemáticos o de excelencia? Lo que sucedió en el sistema emblemático se replica silenciosamente en el resto del sistema escolar mediante separaciones artificiales y engañosas. Se está destruyendo el prestigio de colegios que tomó años construir. Cuando a un colegio de séptimo básico ingresan cinco niños con un nivel completamente inadecuado para el curso, se está menoscabando la calidad educativa, ya que los padres perciben la situación y optan por un colegio particular pagado. Esto constituye un atentado a la educación pública, ya sea en establecimientos particulares subvencionados, estatales o municipales. Hoy, el único segmento creciente es el de los colegios particulares pagados, y mientras siga predominando el buenismo, esta situación persistirá por un buen rato.
En cuanto a los aportes de la mesa técnica y las propuestas de modificación al SAE, se evidencia un esfuerzo genuino por levantar un diagnóstico completo de las debilidades del sistema y de los problemas que afectan a sus usuarios. Se entrevistaron apoderados, usuarios, colegios, sostenedores, profesores, administrativos, fundaciones y organizaciones educativas. El informe resultante es claro y abarca casi todas las grandes deficiencias del SAE: problemas en los liceos, ausencia de consideración de méritos académicos en las prioridades, rigidez que excluye numerosos casos, falta de un proyecto educativo coherente y discontinuidades, entre otros.
Lo más preocupante, en mi opinión, es que el informe constata que, según se expresa, el SAE no ha tenido impacto en la reducción de la segregación socioeconómica del sistema escolar. La segregación sigue siendo muy alta, y la evidencia muestra que sus principales causantes son las diferencias en las preferencias familiares y la segregación residencial. Es decir, después de implementar un sistema de admisión escolar centralizado en todo el país, en función del diagnóstico inicial de una elevada segregación causada por la “crema masiva” de algunos colegios, y después de implementar este sistema con todos los costos que tiene para…
Llegamos a la conclusión, como muchos advertimos en su minuto, que este problema no se resuelve centralizando la admisión escolar. En ese escenario cuesta encontrar una justificación para todo el costo que está pagando el sistema escolar y la familia. De alguna manera, hemos inventado un tremendo sistema para resolver un problema que no se origina en ese ámbito.
El lema del SAE fue “elegirán la familia y no los colegios”. Sin embargo, sabemos que los colegios solo pueden elegir a la familia que previamente los haya escogido; por lo que dicho lema no pasó de ser una frase ingeniosa. La realidad es que, siempre, se elige a la familia. El verdadero problema consiste en asignar las vacantes escasas en aquellos colegios que presentan sobredemanda. Cuando las vacantes son suficientes, entran todos y el colegio pierde la posibilidad de elegir, pues si se queda sin alumnos, su viabilidad se ve afectada. Así, surge la pregunta: ¿cuáles son los colegios que realmente seleccionan o podrían seleccionar? Se trata, pues, de los que tienen sobredemanda, y aquí se intenta reemplazar unos criterios por otros, no es que la familia opte más que antes en la gran mayoría de los colegios, sino que la rigidez del sistema centralizado implica que el resultado teórico con o sin SAE debería ser el mismo, es decir, se buscan reemplazar las prioridades de asignación del colegio –esas vacantes escasas– por las prioridades establecidas por la burocracia o algunos académicos en una plataforma centralizada.
Pero, ¿qué nos decían los usuarios antes de la implementación de este sistema? Si consultamos la limitada información disponible –aunque no es comparable con la situación actual, ya que se basaba en encuestas frente a la realidad–, los pocos datos concretos que tenemos, obtenidos de las encuestas publicadas año a año por el Centro de Estudios Públicos, brindan una perspectiva. Por ejemplo, en la encuesta de junio-julio de 2006 y en las anteriores –cuando se hacía una pregunta que posteriormente, lamentablemente, se dejó de formular en la encuesta SEPI– se cuestionaba: “Cuando usted eligió por primera vez el colegio o escuela básica que más le gustaba para su hija, ¿fue aceptada y pudo matricularla en esa institución? ¿O su postulación fue rechazada en el colegio, obligándole a matricularla en otro?” A esa pregunta, el 93% respondió que su hija fue aceptada en el colegio o escuela de su preferencia, un 5% indicó que no fue aceptada y un 2% no contestó. Es decir, fuimos a resolver un problema que, en la práctica, no era masivo sino un asunto de detalles. Se trató de resolver, con un hacha, un problema que exigía la precisión de un bisturí: el caso de colegios que, atentando contra la ley que impedía la discriminación arbitraria, dejaban fuera, por ejemplo, a niños cuyos padres no estuvieran casados por la Iglesia o que no aceptaran a niñas embarazadas. Todo ello podía haberse solventado con mayor simplicidad, introduciendo indicaciones acotadas en las leyes que castigaran y prohibieran explícitamente tales conductas.
Siguiendo con los informes de la mesa, uno de ellos plantea como un avance que el SAE impide la existencia de prácticas discriminatorias arbitrarias que favorezcan o perjudiquen a determinados grupos. No obstante, la realidad que se observa es justamente la contraria. Antiguamente, se prohibía la discriminación arbitraria, y aunque se producía caso a caso, ahora, en base a lo que denominamos los criterios de prioridad del algoritmo del SAE, esa discriminación resulta legal y obligatoria.
Dentro de las propuestas de la mesa, en esta vuelta, la segunda propuesta es la ampliación de los criterios de priorización, lo cual equivale a intervenir en la asignación de manera más directa, mediante criterios aparentemente atendibles, pero que en la práctica significa 'meter la mano en la tómbola'. Por ejemplo, se plantea pasar de un 15% a un 50% del umbral de alumnos considerados prioritarios. ¿Qué se le dice a la familia respecto al 30% de alumnos no prioritarios que no logran ingresar a los colegios de su elección? ¿Se les comunica que sus hijos no son prioridad? ¿O se les dice que, en realidad, no eligen las familias, sino que es el algoritmo el que decide? Anteriormente eran los colegios; ahora es el algoritmo, pero la esencia no recae en la familia. ¿Qué se les va a decir? Se habla de revinculación: el SAE debiera funcionar como un mecanismo para fomentar la revinculación.
Dice el informe de la mesa. Es decir, un alumno expulsado que aceptó el sistema escolar, tema que es muy importante atender. Por cierto, pasa a tener prioridad sobre un alumno regular que se esfuerza a diario. ¿Es razonable eso? ¿No es meter la mano en la tómbola? ¿Es equidad? ¿No es establecer beneficios para ciertos grupos de manera arbitraria? Es exactamente eso. Así vemos cómo la equidad declarada se esfuma y siempre habrá unos iguales que otros, a los que se les otorgó privilegio.
Conclusiones: La centralización de la admisión de todo el sistema escolar no parecía encontrar justificación en la evidencia y la realidad, mientras que, por otro lado, los costos y dificultades que plantean las familias y los colegios son evidentes. La alta segregación escolar no tiene relación con el sistema de admisión; las familias no eligen el colegio más que antes, sino que todo indica lo contrario. Nunca hubo tanto descontento con el sistema de admisión como lo hay hoy. Nunca antes nos llegaron reclamos de papás pidiendo socorro para poder ser admitidos en los colegios. El prestigio y la calidad de la educación pública, particular y estatal, están en jaque, y el mérito ha quedado ausente.
Dos propuestas. No sé si me escuchan, yo hablo y hablo, y estamos escuchando, estamos atentos. Sigo entonces, y les expongo dos propuestas, tómenlas de género:
Propongo el uso de una plataforma única de admisión en la cual el proceso sea administrado por cada colegio de manera descentralizada, lo que permitiría cumplir varios objetivos. Una de las virtudes del SAE, que la mesa identifica en su informe, es que permite generar información agregada sobre la oferta educativa y las preferencias de la familia, lo cual es muy valioso para las políticas públicas, para el sistema y para la transparencia, pues dicha información se agrega y no se dispersa colegio por colegio. Además, los criterios de admisión de los colegios y su proceso de asignación en una plataforma de este tipo serían públicos, transparentes y auditable, cumpliendo con las leyes y no quedando solo en el papel, sino en un proceso online controlable. De esta forma se impondría la prohibición de una discriminación arbitraria o contraria a las normas legales, evitando la rigidez que ha introducido la centralización en una plataforma única administrada por el Estado, la cual ha generado enormes costos para las familias y para el sistema escolar. Por otro lado, esta medida empodera a los colegios para volver a hacerse cargo de la admisión, que es una parte central de su funcionamiento y de la cual, hoy en día, están desconectados. Actualmente, los colegios reciben una lista en enero, cuando están de vacaciones por ley, momento en el que ya se conocen cuáles serán los niños a educar, junto con sus condiciones y dificultades. El hecho de que los colegios asuman la responsabilidad del proceso y cuenten con información oportuna para gestionar sus recursos humanos y materiales es, a mi parecer, muy valioso. Si esto no se implementa por la vía que propongo —lo cual es poco probable—, al menos sería deseable que en el SAE se considerara, tal como recoge la mesa técnica, la importancia de brindar información oportuna a los colegios, que hoy se encuentran completamente a ciegas en este proceso.
La segunda propuesta, que va de la mano con la anterior, es permitir a los colegios admitir estudiantes en virtud de los criterios establecidos en la Ley General de Educación, reponiendo la posibilidad de procesos de selección que consideren mérito académico a partir del séptimo básico, como siempre fue. Esto es crucial si queremos avanzar hacia una educación pública de calidad. Si no se permite, no se nos pida construir, desarrollar y administrar colegios de calidad, pues sería pedirle un imposible a los profesores responsables de esa calidad. Este sistema funciona en prácticamente todos los países del mundo. Por ejemplo, en Alemania la selección es la base del sistema: es un embudo invertido en el que, a medida que los alumnos avanzan, acceden a mayores posibilidades en función de su desempeño, en lugar de esperar a que toda la selección se manifieste de golpe el día en que se ingresa a la universidad, donde, en ese contexto, la selección es bienvenida.
La prueba en que nos seleccionan es el acceso a la universidad. Antes de eso, nada. ¿Por qué, a esa edad, a los 18 años, nos parece justo y virtuoso, y a los 16 o 15 nos parece terrible? Es curioso esto. En la práctica, los colegios que pueden seleccionar alumnos son aquellos que tienen sobremanda. Se ha construido el prestigio que eso requiere. Es razonable que el país confíe en esos equipos en lugar de coartar sus herramientas para sostener en marcha su proyecto educativo y mantener el esfuerzo de profesores, familias y alumnos.
Esto permitiría que una de las demandas más frecuentes en las audiencias de la mesa técnica fuera, en realidad, la necesidad de reconocer el esfuerzo y talento de los estudiantes. No hay nada más frustrante para las familias que, al apoyar a alumnos con gran esfuerzo, vean que dicho esfuerzo no es recompensado ni reconocido por el sistema. Además, se respetarían los avances logrados por familias, alumnos y profesores, reponiendo el valor del esfuerzo en el centro del sistema escolar y generando incentivos adecuados.
Por último, yo mencioné dos propuestas, pero al final me tentéi y añadí una tercera, que no es menos importante: con o sin SAE, si no aseguramos que se desarrollen colegios de mejor calidad que los que tenemos, solo seguiremos administrando pobreza y vacantes precarias. ¿Cuándo se dejarán de presentar? Esa es la situación actual. En el norte ya renunciamos a la jornada escolar completa en muchos colegios, a pesar de recibir una alta cantidad de niños. Estamos en ese nivel. Es urgente superar el infantilismo en materia del costo de capital. No vamos a desarrollar nuevos colegios mientras sigamos con la discusión absurda del lucro con recursos públicos. El capital no es gratuito; o el capital lo pone el Estado para el desarrollo de nuevos colegios o lo pone en privado. ¿Qué se hizo con la reforma famosa del lucro en la educación? Se traspasó el lucro a los bancos. ¿A dónde se destinan hoy las subvenciones que reciben los colegios? A pagar créditos hipotecarios con tasas, digamos, exorbitantes; el triple de la tasa con la que, al menos, compro mi casa. El crédito hipotecario para la compra de mi casa, tres veces más alto, se utiliza para evitar el lucro en el sistema.
Hemos perdido una década en este tema. Mientras no asumamos en serio que el capital no es gratuito —que es una inmadurez— y reconozcamos que, si queremos que se inviertan recursos en el desarrollo de colegios, debemos buscar formas razonables de retribuir esos capitales a tasas adecuadas, las cosas no cambiarán. En vez de prohibir el lucro, se debió regular, porque el lucro sigue existiendo y continuará existiendo, y es mucho mejor que sea transparente que opaco. Hemos perdido una década en el desarrollo del sistema escolar y no podemos seguir esperando, porque la mayoría de los colegios son precarios.
Muchas gracias, nos dejo hasta acá.
Muchas gracias, don Tomás, por la exposición, la claridad y las propuestas que nos presenta para el sistema. Le ofrezco la palabra. Colegas, si hay alguna consulta, adelante.
En primer lugar, agradezco a Tomás por su presentación. Tomás Aristía tiene una larga experiencia, habiendo trabajado en colegios de Puente Alto desde hace mucho tiempo, y ha laborado tanto en sectores populares como en colegios particulares subvencionados, así como en sectores medios. Lo que más destaco de su propuesta es lo que dijo al principio. Aunque estoy de acuerdo en la mayoría de las conclusiones, quisiera hacer énfasis, en mi calidad de presidente de la comisión que está analizando este tema, en que el SAE es el centro de nuestra atención hoy, y el Ejecutivo ofrecerá las indicaciones pertinentes. Existe la discusión de dos proyectos de ley distintos —ya hemos conversado sobre la visión que tiene cada uno—, pero lo más relevante de lo que dijo Tomás Aristía es que partimos de un sistema en el que, con muy pocos recursos, se estableció una cobertura escolar en todo Chile. Fueron muchos emprendedores sociales, profesores y familias, quienes, con la mejor voluntad y el mayor esfuerzo, y a veces sin mucha preparación y con pocos recursos, crearon colegios y ofrecieron educación. El gráfico mostrado al principio ilustra claramente esa realidad.
Siempre he dicho que, si pudiera volver atrás, habría hecho algo distinto; habría asignado más recursos desde el inicio y también más exigencias, para que todos los colegios que se crearan tuvieran un estándar de calidad. Recuerdo que en una sesión pasada comentaba con un…