Senado - Agricultura - 14 de mayo de 2025

Bueno, muy buenos días a todos y todas. Saludo a los senadores, senadoras, a nuestra secretaría, al Ejecutivo y a los asesores que se encuentran en la biblioteca. Vamos a comenzar esta sesión con la cuenta; señora Secretaría, por favor. Gracias. Tenemos un informe en la Biblioteca del Congreso Nacional elaborado por el profesional señor Paco González, denominado Trampas Electrónicas Moca de la Fruta. También llegó la minuta del Ministerio de Salud sobre rotulación de huevos y modificación del Código Sanitario correspondiente al Boletín 14673 y 11. Además, ingresó un proyecto de ley que modifica el decreto con fuerza de ley número 458 de 1976 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el cual aprueba la nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones, con el objeto de facilitar la construcción de equipamiento de seguridad para la prevención y combate de incendios. Muy bien, ofrezco la palabra en relación a la cuenta. Si nadie desea dar la palabra... Senadora Aravena: Solo, bueno, no está hoy día el cliente del área CONASP, pero quizás en relación al proyecto que despachamos, el proyecto de ley de incendio, no me acuerdo si había un capítulo vinculado a la difusión a nivel comunal. No lo tengo acá, pero me han llegado varios WhatsApp preguntándose si está contemplado que se realicen jornadas de capacitación; yo no recuerdo si se trataba solo de la difusión de la ley o si se planificaba, por lo menos, una jornada regional que involucrara a las direcciones de obra y a los temas de emergencia. Sería importante solicitar que el gobierno destine, al menos, una jornada regional –no es algo tan costoso, ya que hay auditorios gratuitos–, dado que esta norma cambia significativamente las responsabilidades de los municipios y de la ciudadanía. Creo que lo que planteaba la senadora Aravena debería ser algo que, naturalmente, el Ministerio debería realizar. Sin embargo, dado que estamos recibiendo observaciones de distintos sectores, municipalidades y servicios públicos, sería prudente oficiar al Ministerio de Agricultura para ver si se va a realizar o no esta jornada de trabajo con los municipios y con los directores de servicio involucrados en el tema. Estoy pensando, por ejemplo, en que se coordine con el INDAP o el SAC, o incluso a través del Ceremi, para buscar la fórmula adecuada que permita sociabilizar la norma. Cabe destacar que el Ministerio dispone de FUCOA, la Fundación de Comunicaciones, que cuenta con programas informativos de radio. Por ello, es necesario utilizar todas las herramientas disponibles para plantear este asunto. Senadora, Presidenta, cuando tengan ese programa, por favor socialícenlo con nosotros, ya que, al menos por cada región, podríamos acompañar e incluso ayudar, considerando que han surgido muchas consultas. Esto es un tema de suma importancia, pues con la modificación de la norma se amplían las responsabilidades de la ciudadanía y de los gobiernos locales, y si no se entiende bien, podríamos enfrentarnos a una situación muy compleja en época de incendios. Diría, en relación a toda esta nueva institucionalidad –tanto en lo referido al CONASP como a la materia de incendios–, que se deben usar todas las herramientas de difusión y, además, organizar una charla informativa dirigida a los directores de obras y a los encargados de emergencia, en coordinación con entidades como el CENAPRED, entre otros. Esto se gestionará oficialmente, pero es importante que ustedes lo lleven adelante.

¿Cómo inquietud de la comisión? No creo, pero bueno, yo creo que no. A ver, en relación a la cuenta, es muy importante poder llevar esto al norte, ¿no? Cuando estemos allá, tener claros los tipos de trámites y lo que está planteando Biblioteca. Yo creo que sería bueno pedir el permiso correspondiente. Asimismo, es conveniente que se trate este tema de manera preventiva y se considere lo que nos pueda transmitir el SAC, de forma que podamos contar con un contrapunto. En cuanto al Ministerio de Salud y la rotulación de huevos, les pedí que enviaran el informe, ya que ya no era necesario que vinieran; sin embargo, ese informe es necesario adjuntarlo para la entrega del informe final a la sala. Respecto al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la construcción, se debe analizar cómo construir más rápidamente los lugares de sernafor —término que se mantiene en el texto original—, en conjunto con lo acordado para los bomberos, en línea con lo que se plantea en la ley complementaria a la ley de incendio. Propongo que revisemos estos temas: el lunes, en sesión conjunta, revisamos en dos partes (la mitad de lo pendiente con “huevos” y, posteriormente, la modificación a la 458); y el miércoles reservamos la discusión para el proyecto de suelo, que es mucho más estructural y complejo, mientras que los otros dos son temas de menor envergadura. ¿Lo ven bien? Senador Durán: Sólo quisiera definir bien la hora del lunes en la comisión, ya que estoy obligado a citar la seguridad. El lunes de 12:00 a 13:30. ¿De 12:00 a 13:30? Sí. ¿Está cerrado? Sí, cerrado. Muy bien, llegaré más temprano. Procedemos ahora a conocer, en el día de hoy, los avances del Ministerio en materia de fortalecimiento del proyecto de ley Marco de Suelo, boletín N° 14.714-01. Para ello, están invitados la Directora Nacional Subrogante de Odepa, señora Daniela Acuña; la Jefa de Gabinete y Coordinadora de Proyectos Estratégicos de Odepa, señora María José Pizarro; el abogado del departamento jurídico de Odepa, señor Felipe Valenzuela; y el asesor del ministro Fabián Luenco. Le ofrezco la palabra, señora Directora Subrogante. Señoras y señores: Canso en señalar que este proyecto se sometió a plazo de indicación en dos oportunidades. En el primer período se presentaron dos indicaciones parlamentarias y, en el segundo, una indicación sustitutiva del Ejecutivo. ¿Qué es lo que vamos a revisar hoy? Muy bien, ahora la ven. Quizás, en consideración de que tenemos un nuevo integrante en la comisión, me permito explicarles que este proyecto tiene una larga data, pues contó con el apoyo del candidato Presidente Boric en la época de su postulación, y de alguna manera viene a saldar una deuda que tiene Chile con la OCDE, siendo uno de los pocos países que aún no cuenta con una ley complementaria. Ha sido apoyado fundamentalmente por la Sociedad Nacional del Suelo, que tiene una vinculación directa con la Sociedad Internacional del Suelo, y respaldado por alrededor de 33 expertos —principalmente doctores de diversas universidades, tanto fiscales como privados— además del SAC y otras entidades que han colaborado en su elaboración. En la época de pandemia se analizó este proyecto y se presentó en una versión admisible, apoyada y trabajada voluntariamente por abogados de este Senado, quienes lo hicieron admisible porque muchas de las indicaciones que proponía el documento resultaban inadmisibles, al atribuir responsabilidades que correspondían al Ejecutivo. En ese contexto se creó una mesa técnica integrada por el Ministerio, que ha estado trabajando en lo ingresado, es decir, en la indicación sustitutiva. Asimismo, existe una Secretaría Técnica que espera el momento en que pueda contribuir desde el ámbito académico. Cabe mencionar que el proyecto fue firmado hace muchos años por los integrantes…

Desde esta comisión ha sido permanentemente apoyado su proceso por todos los que hoy estamos acá reunidos. Ha atravesado diferentes épocas en las que se ha manifestado la preocupación e interés de todos los integrantes de esta comisión. Existen capítulos y aspectos que, me imagino, serán explicados en detalle, aunque no los recuerdo de memoria; eso es otro tema. Procederemos a exponer todo esto en este espacio. Además, considero muy importante mencionar que la indicación sustitutiva se envió al Consejo Técnico, por lo que es fundamental contar con su opinión en relación a la corrupción. Después de ustedes, la próxima semana invitaremos al Consejo Técnico para que nos brinde su opinión. Directora Surrogante, le ofrecemos la palabra. Muchas gracias. Por intermedio suyo, saludo a los senadores y senadoras. Tenemos preparada una presentación para dar cuenta de las indicaciones trabajadas en esa mesa técnica, las cuales se presentaron también en abril del año pasado. Lo principal es que compartimos el interés y el espíritu del proyecto de ley; creemos que es muy relevante contar con esta ley marco, en coherencia con el trabajo legislativo que se ha venido desarrollando respecto del CIGES, el cual esperamos que también avance, siendo ambos esfuerzos complementarios. Asimismo, tenemos el detalle de las indicaciones realizadas y del informe financiero elaborado en este marco; por ello, le pido a María José que lo presente. Buenos días, y gracias por su intermedio, Presidenta, a todos los senadores y senadoras presentes. Hoy voy a presentar el contenido de la indicación que, si bien fue presentada en abril del año pasado, nos pareció oportuno refrescar en parte el contenido y el contexto, poniendo especial énfasis en el informe financiero en relación con la solicitud realizada el lunes durante la sesión que tuvo lugar en Santiago en la mañana. En primer lugar, es preciso recordar el origen del proyecto. La senadora Aravena lo mencionó acertadamente: surgió como iniciativa parlamentaria en noviembre de 2021, con la participación de varios senadores, entre ellos el senador Carvajal, y con la idea matriz de implementar un nuevo marco jurídico que regule la protección de las funciones del suelo, coordinando y armonizando los criterios de gobernanza. Es importante destacar, como complementó la senadora Aravena, que la normativa chilena en torno a los suelos se encuentra dividida en varios ministerios y se compone de diversos instrumentos normativos; no existe uno solo que integre de manera completa dicho marco. Por ejemplo, se encuentra la ley que establece las bases de medio ambiente (Ley 19.300), la normativa referente al ordenamiento territorial, y otras diversas disposiciones relacionadas con el suelo. El contenido original del proyecto, al no contar con el patrocinio del Ejecutivo, establecía el objeto de la ley, definía siete principios y 23 definiciones, e incluía un título dedicado a la participación ciudadana, excluyendo aquellas materias que correspondían a iniciativa del Ejecutivo. En el año 2022, con el compromiso del presidente Gabriel Boric y del ministro Valencia, comenzamos a trabajar desde el Ministerio en una nueva indicación que permitiera la integración del Ejecutivo al proyecto. Se adoptaron los principales aspectos del proyecto desarrollado —no solamente el ingresado inicialmente, sino el que fue elaborado por los científicos de ese momento mediante el Comité, que incluía principalmente una comisión interministerial de suelo encargada de coordinar estos asuntos entre todos los ministerios—, estableciendo una política nacional con vigencia de 50 años y la creación de un Instituto Nacional del Suelo como servicio nuevo.

De suelo, comisiones macrozonales para la participación, instrumentos de fomento, etc. Es importante destacar que para esta adaptación de las propuestas de la Mesa Técnica consideramos, por un lado, aquellas capacidades que ya estaban instaladas en el Estado, por ejemplo, dentro del mismo Ministerio de Agricultura, NODE, PANSAG, ENSIREN, y otras instancias existentes. Cabe resaltar que los ministros tienen muchas comisiones en torno a diversos temas, y hay temas afines, por lo que nos pareció oportuno generar esas sinergias. Además, considerando el estrecho escenario fiscal, queremos avanzar y apoyar este proyecto con un sentido de realidad en el momento actual, sin comprometer que en el futuro no se pueda fortalecer y seguir avanzando; se trata, en definitiva, de un primer paso para establecer esta normativa relacionada con el suelo. En ese sentido, el 31 de enero del año pasado el Ejecutivo ingresó una indicación sustitutiva que, a nuestro juicio, incorpora las propuestas de la Mesa Técnica en su espíritu. Esta indicación busca recoger los elementos esenciales del informe técnico, adecuado por técnica legislativa. Por ejemplo, se observó que existían muchas definiciones no utilizadas a lo largo del proyecto, que quizá constituyan materia de reglamento, de la estrategia o de otros instrumentos; lo que no implica que esos elementos sean descartados en el futuro, sino que se han ajustado a las capacidades y normativas existentes para conformar este cuerpo legal. Además, se adapta a la institucionalidad vigente y propone algunas alternativas de financiamiento para sentar las bases, considerando el escenario fiscal actual. Si comparamos las ideas matrices, el proyecto original tenía objeto, definiciones, principios y el elemento de participación ciudadana. La Mesa Técnica consideró lo mismo, pero añadió las comisiones macrozonales, la institucionalidad nueva, un catastro de suelo y los instrumentos de fomento. Nuestra indicación recoge también objeto, definiciones y principios, aunque no de manera idéntica a la Mesa Técnica; probablemente, al iniciar el trabajo, debatiremos uno a uno cuál es nuestra propuesta y cuál la de los científicos. Se incorporan nuevamente las comisiones macrozonales, que serán lideradas por ODEPA, con la cual tenemos experiencia liderando iniciativas público-privadas y mesas de trabajo. Asimismo, se integra la Política Nacional de Suelo, estableciendo un plazo de cinco años para su actualización, ya que, según nuestra experiencia desde ODEPA, es importante no extender las estrategias a 50 años, pues entre ese lapso pueden ocurrir situaciones que ameriten su revisión. También se incorpora el catastro de suelo, del cual detallaré más adelante el aspecto del financiamiento, ya que este establece un mecanismo para la colaboración con los gobiernos regionales y fija alineamientos para los instrumentos de fomento. Es importante destacar que el equipo que trabajó en este proyecto es el mismo que participó en el CIGES; ambos proyectos mantienen definiciones similares adaptadas a cada contexto, dado que el CIGES hace referencia exclusivamente a suelos agropecuarios y este abarca todos los suelos, coordinándose en espíritu y en definiciones. Las indicaciones presentadas por el Ejecutivo establecen que el objeto es la protección, conservación y recuperación de los suelos mediante su gestión sostenible, a través de la implementación de políticas, planes, programas y acciones que permitan su identificación, estudio, clasificación, conocimiento y divulgación. Se establece un Catastro Nacional de Suelo, cuyo objetivo es, valga la redundancia, cartografiar los suelos a una escala adecuada, describir sus componentes y caracterizarlos, entre otros aspectos. Además, se crea la formación de comisiones macrozonales, de acuerdo con las características homogéneas de los suelos. Se propone, asimismo, que la política se evalúe bajo el alero del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, conformado por los mismos ministerios que originalmente integraban el proyecto, participando activamente y vinculándose con dichos objetivos, lo que permitirá establecer esta política nacional para la gestión del suelo. Finalmente, se incorporan lineamientos para los instrumentos de fomento y sectoriales, indicando que se debe velar por el uso sostenible del territorio, vinculándolo con la política de ordenamiento territorial, en la que se deben considerar los elementos que se desprendan del catastro. Gracias.

Para el diseño de nuevos instrumentos que hoy en día no existen se establecen artículos transitorios, por ejemplo para la dictación de un reglamento, lo que tiene que ver particularmente con el funcionamiento de las comisiones macrozonales. Asimismo, se dicta un decreto supremo para el plan plurianual y anual para la elaboración de la política nacional y del catastro, dividiéndolo en años para hacerlo factible en el tiempo. En cuanto al informe financiero, este se compone de tres elementos principales. El primero corresponde a la incorporación de capacidades adicionales en ODEPA para asumir las nuevas funciones; se contempla la contratación de un profesional, sumado a que ya existen capacidades instaladas en ODEPA, a través del SAC, donde hay una unidad específica dedicada a los suelos. Además, en ODEPA se cuenta con profesionales en política sectorial, sustentabilidad e información agraria que pueden complementar esta labor, especialmente ante el aumento de trabajo que demandarán las comisiones macrozonales. El segundo componente se relaciona con el Catastro Nacional, en el que se establece que ODEPA podrá celebrar convenios de programación con gobiernos regionales y otros órganos de la administración del Estado. Inicialmente se priorizarán aquellos suelos con potencial agropecuario entre las regiones de Atacama y Los Lagos, luego de haber realizado múltiples ajustes con el SIREN para encontrar una fórmula que permitiera presentarla a la DIPRES, ya que cartografiar todo Chile en su totalidad era inalcanzable originalmente. Asimismo, este plan plurianual se fijará en el Decreto Supremo que se dicte, dependiendo en parte de los convenios que se lleguen a celebrar. El tercer componente está vinculado con la plataforma electrónica, pues la indicación recoge la solicitud de los científicos de que la información sea pública y esté disponible para todos. En ese sentido se establece el mayor gasto fiscal destinado al desarrollo de la plataforma y su mantención futura. Se consideró un costo de 140 millones de pesos en el primer año para su establecimiento, 70 millones de pesos en el segundo y tercer año, y 40 millones de pesos para su mantención posteriores, tomando en cuenta además la experiencia de ODEPA con otras plataformas de disponibilización de información y las capacidades ya instaladas, como licencias y equipos, para alcanzar el objetivo.

Sí, ahora les voy a contar un poco cómo se generó esta valorización del catastro, que, obviamente, podemos conversarlo en la discusión porque no está escrito explícitamente en la indicación. El ejercicio original no lo incorporé, pero sumaba 36.000 millones de pesos, representando un catastro completo de todos los suelos de Chile, es decir, aproximadamente 36.432 millones de pesos. Este es el ejercicio ya acotado, y a continuación les explico cómo se delimitó. Lo hicimos con SIREN, que contabilizó en qué lugares ya existen proyectos y qué información se tenía, identificando además otras fuentes, como la de áreas protegidas. Asimismo, se optimizaron los recursos al restar aquellas superficies donde ya se disponía de información, acotando el análisis a suelos con potencial agropecuario, lo que, obviamente, no es lo ideal del proyecto, pero sirvió para comenzar. Asimismo, se restaron las zonas donde existen proyectos vigentes, ya sea con recursos propios o con financiamiento de Corfo o incluso mediante el catastro, y se incluyó el cruce con la minería. La minería no cuenta con estudios que permitan sumar sus valores, ya que es un proceso carísimo en comparación con los niveles de agricultura que manejamos, aunque existen otros ministerios que sí deberían tener estudios de suelo. Este ejercicio se realizó en el segundo semestre de 2023, cuando SIREN identificó las fuentes de información que tenía y las que conocía. El año pasado, en junio, tuvimos la primera reunión con el comité científico, en la que recibimos sus impresiones sobre las indicaciones presentadas; de hecho, uno de los científicos mencionó que, incluso en Defensa, podrían contar con información. Esto fue lo que hizo SIREN para efectos de calcular el informe financiero, aunque todavía pueden existir más espacios de colaboración. El monto total quedó en 16.667 millones de pesos. Cabe destacar que, si se considerara únicamente el territorio desde Atacama hasta Los Lagos, es decir, solo las grandes superficies –como el desierto de Atacama o la zona de Magallanes, que actualmente no tienen un uso agropecuario intensivo–, se obtendrían 7.600 millones de pesos (o 7.633 millones de pesos, específicamente). Restándole lo adicional que ya consideró SIREN en otras capas, se obtiene un total de 6.900 millones de pesos, lo cual se distribuye en planes quinquenales; de ahí que el informe financiero sitúe la cifra en aproximadamente 1.000 a 1.200 millones de pesos por plan. Este ajuste se realizó optimizando al máximo los recursos, y, como se explica en el informe financiero, se establecieron convenios con los gobiernos regionales para monetizar la inversión, sin que necesariamente provenga de una única fuente. Senadora Lavena, primero quiero agradecer que la Presidenta haya puesto esto en tabla tan ágilmente, y por otro lado destacar nuevamente el trabajo de ustedes, del equipo de OEPA, extraordinario. Tengo que decir que, además, no es porque sea feminista, ...