Senado - Transportes y Telecomunicaciones - 14 de mayo de 2025

El secretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y nuestro senador Walker se encuentran al inicio del comité. El secretario informa: “Secretario, la cuenta. Presidente, tenemos tres documentos en la cuenta. El primero es una solicitud de audiencia de la directora ejecutiva de la Cámara de Infraestructura Digital, IDICAM Chile, señora Corina Gómez, para que el presidente de dicha institución, señor Rodrigo Vergara, exponga sus planteamientos acerca del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para facultar el retiro del cableado aéreo por parte de las municipalidades. En segundo lugar, se recibe un correo electrónico, con fecha 12 de mayo, de la abogada Fernanda Irrazábal, en el que se solicita que el subsecretario de Telecomunicaciones precise aspectos interpretativos de la Resolución exenta número 1319 de 2024, relativos a las comunicaciones masivas, las comunicaciones automatizadas y las sanciones aplicables a las personas o empresas que efectúen dichas comunicaciones sin utilizar la numeración especial correspondiente. Por último, se integra un correo electrónico, de fecha 9 de mayo, del señor Domingo Jiménez, en el que se informa de graves problemas que afectan a la comuna de Hualqui, como consecuencia de la suspensión de ciertos recorridos de EF Laja – que permitían el traslado de los habitantes de dicha comuna hacia el Gran Concepción – y se solicita si es posible que la Comisión reciba a sus representantes.” Ante la cuenta, se pregunta: “¿Algún comentario respecto a la cuenta?” Un integrante responde: “Saludar al subsecretario, por supuesto. Cuando tengamos quórum podemos adoptar los acuerdos. Pero le pregunto a la secretaría si es el procedimiento adecuado que una abogada solicite, por medio de un correo electrónico, a esta Comisión de Transporte y Telecomunicaciones una suerte de oficio al subsecretario. No me parece que ese sea el procedimiento habitual; los particulares pueden pedir antecedentes por medio de la Ley de Transparencia, salvo que la Comisión determine que es de interés público y solicite dichos antecedentes. Me llama la atención el procedimiento, aunque yo me acabo de integrar. Muchas gracias.” Otro miembro comenta: “Presidente, la verdad es que normalmente no recibimos este tipo de solicitudes; sin embargo, se da cuenta al respecto, ya que se refiere justamente a uno de los puntos que expondrá el subsecretario, y ese es el motivo por el que se consideró en esta oportunidad.” A continuación, se presenta la tabla de la sesión de hoy, que consta de tres puntos: Primer punto – Recibir información por parte del subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, quien nos acompaña de manera presencial, respecto a las siguientes materias:  a) Modificación de la resolución exenta número 1319 de 2024 para implementar un sistema de numeración especial para la identificación de llamadas comerciales.  b) Ejecución de boletas de garantía por parte de la empresa WOM.  c) Estado de implementación del concurso de la concesión de servicios de telecomunicaciones para la instalación, operación y explotación de la red inalámbrica de alta velocidad en 366 localidades del país.  d) Información acerca de la conectividad digital en el país, indicando las localidades que aún presentan problemas en su implementación. Segundo punto – Continuar con el estudio del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para facultar el retiro del cableado aéreo en desuso por parte de las municipalidades, con urgencia calificada de “suma”. Tercer punto – Continuar con el estudio del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que modifica la Ley N° 18.290 de Tránsito, con el objeto de facultar al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para autorizar establecimientos o talleres que realicen la transformación de sistemas de propulsión de combustión interna a eléctricos y otras adaptaciones a vehículos motorizados en uso, con urgencia calificada de “suma”. En ese contexto, se confirma la agenda del día.

Participación de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de Chile, CHILE TELCOS, representada por su gerente general y la gerente general, señora Pupi Rojas, que está presente vía videoconferencia, y del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, el subsecretario Claudio Araya y su coordinador legislativo, don Felipe González, presentes a esta hora. Muy bien, pues, dicho lo anterior, partamos por el punto uno. Estimado subsecretario, te doy la palabra. —Sí, perfecto. Muchas gracias, presidente, por la invitación. Siempre es un gusto venir a contarles en qué estamos y atender las dudas que puedan tener. Vamos a partir en el orden que usted leyó los puntos. Primero, los prefijos para las llamadas. Comentaré que los llamados servicios complementarios son de larga data; hace más de 35 años que existen en nuestra regulación. Lo que hicimos fue una adecuación al Plan Técnico de Numeración Telefónica para normar la forma en la cual se realizan las llamadas masivas. Esto tiene como primer objeto separar lo que corresponde a llamadas ilícitas de llamadas lícitas. Una queja recurrente es que se realizan estafas telefónicas e incluso, se originan llamadas desde cárceles mediante líneas no identificadas. Esta misma comisión aprobó –y ya es ley– el registro de los usuarios de prepago. Entonces, hoy día no deberían existir líneas sin un usuario mayor de 18 años, responsable de la línea, pero aún persiste el problema de que se pueden ejecutar estafas con estas líneas telefónicas. El primer objetivo de esta regulación, que es una adecuación al Plan Técnico de Numeración Telefónica, es separar el tráfico lícito del ilícito. Y el mensaje a la población, a partir ya del mes de agosto –y espero que en el caso de las empresas de telecomunicaciones podamos hacerlo antes– es que cuando se reciba una llamada de oferta comercial desde una línea que no comience con estos prefijos, se trate de una estafa. Esto tiene un efecto colateral muy positivo para la población, pues permite identificar el spam, o sea, las llamadas de oferta y las llamadas no solicitadas, teniendo estas claramente identificadas para que se pueda tomar una decisión. Dicho eso, se establecieron dos tipos de llamadas masivas: las solicitadas y las no solicitadas. Estamos hablando esencialmente de las llamadas que se originan en call centers o en máquinas que son capaces de efectuar muchas llamadas por minuto. Por ejemplo, cuando una persona tiene una tarjeta con un retail y ese retail necesita contactarla para recordarle el pago de la cuenta, se trata de una llamada masiva, ya que involucra a todos los clientes en esa condición. Sin embargo, cuando existe una relación comercial entre la institución y la persona, se establece un prefijo que es el 600. Es decir, si se recibe una llamada de un número 600 para recordar el pago de una cuenta o para confirmar una hora médica en una clínica, es una llamada lícita. En contraposición, si se pide confirmar un enlace enviado por SMS desde un número desconocido y se solicitan datos personales, lo más probable es que se trate de una estafa. Para distinguir este otro caso, el de la televenta o venta masiva, se ha definido un prefijo distinto, que es el 809. Cuando se recibe una llamada que parte con 809, se trata de una institución que ha sido de alguna forma validada y que intentará vender algo, permitiendo al receptor decidir si contesta o no. Básicamente, es un cambio en el plan de numeración cuyo objetivo es ordenar las comunicaciones masivas para que la ciudadanía, al recibir este tipo de comunicaciones, sepa que se trata de instituciones válidas y pueda distinguir entre intentos legítimos y estafas. Eso respecto a los prefijos, creo que es una regulación bastante sencilla. Los regulados son las empresas de telecomunicaciones que realizan llamadas telefónicas, ya sean de telefonía fija, telefonía móvil o telefonía sobre IP. Esto no regula al retail, sino a las empresas de telecomunicaciones, y lo que buscamos, como le digo, es separar…

del tráfico lícito o del ilícito, con la posibilidad además de identificar las llamadas que son spam. Eso respecto al primer tema. No sé si pasamos al siguiente o si tienen alguna duda, la podemos resolver como ustedes prefieran. Termina la presentación. El tema de WOM trae más de una pregunta, entonces lo abordamos en su conjunto. Primero, un poco de contexto: es una empresa que llegó al país en 2015, por lo tanto, es la más nueva de las cuatro grandes móviles que son dueñas de red, con una política comercial agresiva, lo que se advierte en el gráfico. Es la que tuvo el crecimiento más rápido, pasando de ser casi insignificante a ser la segunda en nuestro mercado en participación de clientes. Esto lo hizo de manera comercialmente agresiva y, además, financieramente novedosa, con grandes niveles de apalancamiento. Lo que significó, por una parte, una disrupción en nuestro mercado; hoy día tenemos precios por los servicios que han sido, de alguna forma, modulados por las ofertas comerciales de WOM, y el resto de las operadoras han tenido que acercarse a esos niveles de precios. Por lo tanto, WOM ha dinamizado la industria móvil en la última década. Dentro de ese contexto, comenzó como un operador prácticamente sin red, con muy pocas antenas en Santiago y otras en Valparaíso, arrendando infraestructura a terceros, y en algún momento quiso desplegar su red propia, para lo cual participó en concursos de espectro durante la última década. Ya en el año 2020 se adjudicaron dos proyectos grandes: uno de ellos fue el proyecto Fibra Óptica Nacional, para construir infraestructuras de transmisión de datos propias, y el segundo fue para algunas de las bandas de 5G. Vamos a hablar primero de Fibra Óptica Nacional. Se trata de un proyecto cuyo objetivo es cubrir, mediante el despliegue de fibra óptica, las localidades más desconectadas. Chile tiene una buena penetración de servicios de telecomunicaciones y, normalmente, somos referentes en Latinoamérica; sin embargo, en aquellas localidades que, por su baja densidad poblacional y aislamiento geográfico, estaban atendidas de manera deficiente, se buscaba dar continuidad a una política pública iniciada también en 2015-2016 con el proyecto Fibra Óptica Austral, que permitió que la Región de Magallanes se uniera al continente mediante infraestructuras dentro del país. Antes de ese proyecto, las conexiones de Magallanes se realizaban a través de Argentina. Fibra Óptica Austral dio paso a Fibra Óptica Nacional, y hoy en día contamos además con el proyecto de Fibra Óptica de Tarapacá. En conjunto, son tres proyectos que buscan, esencialmente, conectar al resto del país a aquellas localidades relativamente aisladas mediante redes de alta capacidad. El proyecto Fibra Óptica Nacional dividió las 13 regiones objetivo en 6 macrozonas con sentido geográfico. De esas seis macrozonas, en el primer concurso, la compañía GONSA adjudicó cinco, en el momento en que se necesitaba desplegar infraestructura propia, es decir, estaban construyendo su propia red para dejar de depender de terceros en el transporte de datos. El subsidio total fue de 75.000 millones, de los cuales GONSA adjudicó 52.000 millones y algo. Estas cinco macrozonas comprenden 10 regiones, desde la Región de Icapa y Anacota hasta la Región del Bío Bío, exceptuando la Región de Tarapacá, que está en un proyecto distinto. Se muestran también los montos de los subsidios, la cantidad de kilómetros de fibra óptica comprometidos y las localidades beneficiadas, que suman un poco más de 200. En términos de despliegue de fibra, el compromiso de WOM fue construir 7.000 y pocos kilómetros, que, con adecuaciones de ingeniería, terminaron siendo aproximadamente 7.530 kilómetros. Por último, se puede abordar el tema de las garantías de las cinco macrozonas. La primera noticia que tengo que darles, y que me parece muy buena, es que están todas terminadas, es decir, el proyecto concluyó en cuanto a la construcción de la red. En la macrozona norte, que abarca las regiones de Antofagasta y Atacama, la recepción de obras se realizó con observaciones de tipo documental, es decir, falta que la empresa acredite ciertos aspectos, por ejemplo,...

Contratos con las empresas eléctricas o contratos de arrendamiento de algunos sitios, pero que no tienen que ver con la construcción, es decir, son cuestiones que deben fundamentarse de manera documental. Esto significa que no se ha pagado el subsidio, ya que éste se abona una vez que está todo concluido con la recepción de horas finales. La situación de las distintas macrozonas se puede ver en la última columna, en la macrozona centro-sur, donde, si bien se terminó de construir toda la infraestructura óptica, se concluyó extemporáneamente y, por ello, se ejecutó la boleta de garantía. Lo mismo ocurrió en la macrozona norte, en las regiones de Atacama y Antofagasta. ¿Puedo dar la palabra? Bien. ¿Suspendemos un minuto? Sí, por secretario, para que el presidente tome su lugar. Presidente: Buenos días a todos. En nombre de Dios y la práctica, abrimos la sesión. Diputado: Muchas gracias, presidente. Estábamos partiendo por el punto uno y está el subsecretario exponiendo; ya expuso respecto al primer punto, por el cual se le convocó, y está desarrollando el segundo. Perfecto. Adelante. Subsecretario (exposición): Estaba comentando que, de las cinco macrozonas, en dos de ellas se ejecutaron las boletas de garantía por el cumplimiento de los plazos. En otros dos casos en que los plazos se incumplieron, se presentaron recursos de reposición pendientes y, mientras se resolvían dichos recursos, la red quedó terminada; por lo tanto, ya no fue necesario ejecutar las garantías, aunque se formularon cargos por los atrasos incurridos por la empresa. Finalmente, en la macrozona centro —que comprende las regiones de Jiquín y Maule— la obra se concluyó a tiempo. Para mí, lo rescatable es que, efectivamente, hoy contamos con 205 localidades con una cabecera de fibra óptica que posibilita conexiones de alta velocidad hacia las capitales regionales respectivas y, de ahí, al mundo; localidades como Oyagüe, Bisbiri o Alto Bío Bío, que antes no disponían de este tipo de infraestructura, estarán muy bien conectadas. Esto representa, sin duda, una buena noticia para el país. Lo que buscamos ahora es que esta infraestructura se utilice adecuadamente y que se logre tener clientes que aprovechen dicha infraestructura, ya que, en la fibra óptica, no se presta un servicio directo al usuario. Por ello, se está impulsando que los clientes empiecen a conectarse. La empresa WOM está ya utilizando esta fibra para dar servicio a sus clientes y, además, recientemente firmó un acuerdo con Claro en algunas regiones para que esta también ofrezca sus servicios a través de dicha infraestructura, lo que significará, sin duda, una mejora en la calidad del servicio recibido por las personas. Respecto al proyecto 5G, el senador Castro indicó que este proyecto es mucho más amplio que lo que contempla la empresa WOM. Se adjudicó espectro radioeléctrico en cuatro bandas para el despliegue de redes 5G, entendiendo que estas redes constituyen una tecnología habilitante para lo que se denomina industria 4.0, es decir, una estructura que permite comunicaciones de baja latencia y gran capacidad, posibilitando, por ejemplo, la comunicación entre máquinas, sensorizar fábricas y campos. Estas tecnologías se implementan en una lógica de eficiencia productiva. De hecho, se están instalando laboratorios en más de 20 universidades para ir desarrollando los casos de uso, es decir, aplicaciones prácticas. Recientemente, la Universidad de O'Higgins mostró lo que estaba haciendo en la región de O'Higgins, en las plantaciones de Cerezo, aprovechando las capacidades de la conectividad digital. Por ello, se concursan distintos rangos de frecuencia, destacándose la frecuencia de 700 MHz a doble.

Esas son frecuencias un poco más bajas que tienen mejor propagación, pero permiten velocidades no tan altas. En el otro extremo está la frecuencia de 26 GHz, que se propaga muy mal, difícilmente sale de un edificio, pero permite velocidades de transferencia muy altas. Entonces se necesita un mix. De ese mix, lo más atractivo es la banda 3,5 GHz, que ofrece un equilibrio entre buena propagación y altas velocidades. El compromiso de WOM consiste en implementar frecuencias en las cuatro bandas. De hecho, en la banda de 700 MHz, WOM es el único adjudicatario, mientras que en la banda AWS, WOM en TEL y Movistar se adjudican las bandas de 3,5 GHz, y WOM en TEL y Claro se adjudican bandas de 26 GHz. Esto implica un compromiso por parte de la empresa de instalar algo más de 5.000 antenas. Sin embargo, como fue de conocimiento público, dicho compromiso no se cumplió. Además, en abril del año pasado se produjo un proceso de reorganización financiera bajo el capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos, lo que disparó alarmas por dos motivos: por una parte, se ponían en riesgo los compromisos con el Estado, y por otra, quedaban en riesgo 8 millones de clientes, puesto que ante la cesación de la operación de la red habría que definir qué hacer con esos usuarios. En cuanto a las localidades obligatorias, el concurso de la banda de 700 MHz incluía la obligación –dentro del concurso 5G– de generar conectividad en 366 localidades, exigiendo que en ellas se desplegara al menos 4G. Esto se consideró adecuado, dado que en dichas localidades, generalmente aisladas y vulnerables (como zonas agrícolas), la mayoría de los equipos son de gama media o baja. La empresa se comprometió a tener el despliegue inicial completado en 18 meses, contados desde la publicación del decreto en octubre de 2021. Así, en abril de 2023 se cumplían los 18 meses y la empresa contaba con solo 39 de las 366 localidades, es decir, menos del 10%. Posteriormente, se había comprometido a completar el proyecto en un lapso de dos años. En la segunda medición, realizada en octubre de 2023, la empresa había desplegado 60 localidades. Con el transcurso del plazo (18 meses iniciales más otros 24 meses), la realidad fue mejorando gradualmente, y hoy cuenta con 212 localidades, lo que representa un 58% de cumplimiento, con dos años de retraso. Como panorama global, al terminar la fecha límite comprometida para la implementación del proyecto, la cobertura global alcanzó un 69%, siendo la banda de 700 MHz la más deficitaria, puesto que no alcanzó ni el 50% del despliegue total. No solo no se cumplieron las localidades obligatorias, sino que tampoco se logró el proyecto completo. Es importante mencionar que, cada vez que se agotaba una etapa sin cumplir el objetivo, la subsecretaría iniciaba un proceso de acumulación de cargos para imponer multas a la empresa por sus incumplimientos; y al concluir el proyecto, el 7 de octubre de 2023, se inició el proceso para la ejecución de las garantías.

Momento, la compañía decidió judicializar esto. Obtuvo de un juzgado civil una medida precautoria que nos impidió ejecutar las garantías, bajo la premisa de que iban a acudir a un arbitraje internacional. Efectivamente, en junio del año pasado se acudió a un arbitraje internacional. Durante el primer trimestre se constituyó el tribunal arbitral; ya en abril estaba constituido. La empresa presentó su primer escrito al CIADI con sus alegatos, en que demanda al Estado de Chile por no haberle ayudado lo suficiente a terminar el proyecto. Evidentemente, nosotros presentamos a través de Cancillería –que es la unidad que lleva estos litigios internacionales– un escrito refutando lo anterior, y estamos hoy en día en medio de este proceso arbitral. En paralelo, nosotros hemos ido cursando las multas que corresponden para que la empresa entienda que el objetivo era terminar pronto el proyecto. En el esquema de multa aplicamos lo que la ley establece: una multa por el incumplimiento más una multa variable por cada día de atraso en el cumplimiento del proyecto. La empresa impugnó la multa diaria ante el Tribunal Constitucional y hace unas tres semanas, más o menos, el Tribunal Constitucional le dio la razón al Estado. El Estado está facultado para aplicar la multa diaria, por lo tanto, esto sigue vigente, es decir, siguen corriendo los días de incumplimiento y la sanción continúa aumentando. ¿Cuántas torres de esas 366 están instaladas hoy en día? Es muy difícil de precisar, porque la empresa nos dice que tiene todo instalado, pero cuando vamos a ver no siempre es cierto; se refiere a aquellas que cuentan con la recepción de obras. Nuestro fiscalizador ha constatado que la antena existe, que está encendida y que da el servicio comprometido, 212. Adelante, Senador. ¿Me queda el tercer tema, Tobías? Sí, adelante, Senador. Yo simplemente quiero reflexionar y agradecer al subsecretario, que nuevamente nos acompaña para este tema tan sensible. Si estamos hablando de 8 millones de clientes, de una empresa con una amplia publicidad en distintos estratos, que tiene audacia en su publicidad –admitámoslo– y ofrece productos con precios atractivos, en fin, con un público que trafica datos más que voz. Hoy en día, el mundo moderno son datos más que voz. La gente trabaja o estudia por la vía del internet o a través de su teléfono móvil, por ejemplo. Y efectivamente, en los campos, en zonas rurales –y aquí todos representamos en parte zonas rurales– la gente ignora el detalle de que, al buscar comprar el mejor teléfono, puede adquirir un 5G en promoción o en cuota; hay equipos que alcanzan precios de hasta un millón de pesos o más, sin saber, por desconocimiento, que su aparato está siendo subutilizado porque en su comuna llega 4G, con suerte, o incluso mucho menos. Por lo tanto, tiene un producto en la mano que no está siendo utilizado correctamente, sino que además presenta problemas de caída o de fallo en la comunicación, y paga un plan que, según entiendo, ha ido aumentando tanto en el prepago como en la cobertura para las personas. Se trata de una empresa que se "vota chora": cuando era el plazo original tenía el 10% de construido y hecho, le dieron dos años y en el último reporte terminaba con un 58% tras dos años de clemencia por sobre el plazo estipulado. Y esta empresa se bota a chora, es decir, en criollo, dice: "No, yo no acepto esto", y ¿sabe qué más? Yo lo voy a judicializar: a usted, señor Estado, en Chile y en el exterior. Me voy al CIADI, lo voy a interpelar, me voy al Tribunal Constitucional, y, poco menos que a la FIFA, para que se resuelva esto. Terminamos hoy con la imagen que usted nos describe, señor secretario, de que prácticamente tenemos que esperar a que estos niñitos, por favor, tengan la voluntad de querer cumplir el otro 40% que les queda, que están en mora con el sistema y con el país, en una red que es la más utilizada y la más requerida para la velocidad. Entonces, a mí lo que me llama la atención es –y quisiera que ahonde usted un poquito en esto– por su intermedio.

Señor, es de la ejecución de las garantías. Porque aquí entiendo la parte relacionada con la judicialidad en la ejecución de garantías. Le pido que sea más preciso aún respecto del estado en que se encuentran cada una de las boletas de garantía hoy, para salir al paso, ya que se dice que hay una especie de benevolencia de la Subtel, en aras de mantener la “fiesta en paz” de algún modo. No nos pongamos tan pesados y esperemos que ellos terminen alguna vez ese contrato que tuvo el Estado con ellos hace años atrás. Entonces, como tenemos aproximadamente cuatro empresas en el mercado –es un oligopolio– y considerando que esto lo usan los 20 millones de chilenos (incluso hay más equipos que chilenos hoy día), es un producto de alta necesidad. Nadie puede permitirse cortar el servicio a 8 millones. Yo entiendo eso. Pero tampoco estamos en Narnia, en un mundo ideal en el que le perdonamos una y otra vez a una empresa a la que uno quisiera ver al Estado más proactivo en reprimir a aquellos que no solo entran en rebeldía por no cumplir los plazos, sino que además se ponen a la ofensiva, llegan a demandar al Estado en el extranjero e incluso acuden al Tribunal Constitucional. O sea, estamos hablando de una institución y una empresa a la que ya se le han otorgado todos los créditos, todos los perdonazos, y que ni siquiera está cerca de cumplir, a pesar de que desde el Estado se ha aplicado la rigurosidad exigida en los contratos originales, a menos que el subsecretario indique que dichos contratos estaban mal elaborados, con debilidades o fisuras que imposibilitaran que el Estado actuara con mayor contundencia para controlar la situación. Entonces, sobre esa boleta de garantía –que es el tema que flota y sobre el cual hemos sido insistentes–, ¿podría profundizar más el estado actual de su ejecución? Gracias. — Sí, perdón, ¿cuánto dijo que está en operación confirmada? ¿200? Y ellos dicen que hay más, o sea, puede ser un poco más, pero 212 confirmados. Lo que sucede es que yo participé en este tema cuando era consejero regional en Magallanes, y la idea era colocar torres de comunicación en zonas aisladas para fomentar la conexión en los sectores remotos de todo Chile, siendo Magallanes particularmente importante. De hecho, tengo una lista, senador, de región por región, con el detalle del avance, y me interesaría tenerla. Una consulta: ¿se cobró alguna boleta de garantía por este proyecto? Sí, sí, ahí vamos para allá, porque justamente ha sido materia de interés del Senado. Primero, en el tema de Fibra Óptica Nacional, como les decía, se ejecutaron garantías en dos macrozonas ante el incumplimiento de los plazos. Estamos hablando de garantías del orden de 4 millones y medio de dólares cada una, equivalentes a 96.000 UF y 105.000 UF. Se han ejecutado dos garantías en Fibra Óptica Nacional: una en la macrozona centro-sur y otra en la macrozona norte. En el caso de 5G, como les mencioné, WOM presentó una medida precautoria ante un tribunal, la cual fue acogida, lo que significa que las boletas de garantía correspondientes a las bandas de 700, WS y 3,5 están custodiadas por la justicia; es decir, hoy estamos impedidos de ejecutarlas. Sin embargo, en la banda de 26 GHz, WOM renunció a la concesión. Al tratarse de un concurso público, dada la seriedad de las propuestas presentadas, se ejecutó la garantía en esa banda, que equivale a 120.000 unidades de fomento, es decir, del orden de 4,5 millones de dólares. En esta frecuencia, ¿qué implicaba? Tenía que cubrir la instalación en 15 comunas de forma completa.

Ellos adujeron que la tecnología no estaba madura para esa instalación, dado que se encuentra en pleno proceso de desarrollo. Sin embargo, las otras dos empresas publicatarias han estado instalando y se han ejecutado recepciones de obra; es decir, no es que no se pudiera hacer. Por lo tanto, la garantía se ejecutó como corresponde por no haber cumplido con el proyecto comprometido. Respecto a la frecuencia, se destaca que esta permite velocidades de transferencia muy altas, por ejemplo, se puede descargar un gigabit por segundo; sin embargo, presenta la desventaja de que la propagación es muy pobre. Es una frecuencia que no logra salir del edificio, ya que la antena, al ubicarse dentro, tiene dificultades para transmitir hacia el exterior. Esta frecuencia está pensada principalmente para el internet de las cosas, como en una fábrica donde una antena conecta a todos los sensores y se transfiere información a alta velocidad. Entiendo entonces que habría dos ejecuciones y tres paralizadas por la justicia. En Fibra Osteo Nacional hay dos ejecuciones, y en 5G existe una ejecución –la de 26 gigahertz– y tres paralizadas por la justicia. Respecto a las sanciones, y más que a los contratos, nuestro marco regulatorio —la ley general de las obligaciones— establece cómo se aplican. Cuando terminó la etapa uno en octubre de 2022 y no se había cumplido con el proyecto, se inició un proceso de acumulación de cargos y se empezaron a aplicar multas. De igual forma, al concluir el plazo fijado para que la compañía cumpliera con las localidades obligatorias en 2023, y nuevamente no habiéndose cumplido, se dio inicio a otro proceso sancionatorio, repitiéndose la situación cuando venció el plazo completo del proyecto. Estos procesos sancionatorios consisten en multas. Antes de la aprobación de la Ley de interés como servicio público, la multa máxima que se podía aplicar a una empresa era de 1.000 UTM—unos 65 o 70 millones de pesos—lo que en ocasiones resultaba irrisorio ante los niveles de incumplimiento, haciendo que para las empresas fuera más atractivo pagar la multa que cumplir. Con la reforma, la multa máxima se incrementó a 5.000 UTM, situación que también impacta en la multa diaria, la cual se sigue acumulando con ese nuevo tope. Por ello, hablamos de sanciones que superan los 350 millones de pesos, haciendo más significativa la medida para incentivar el cumplimiento de los proyectos. Dentro del procedimiento sancionatorio está contemplada la posibilidad de apelar. Una vez aplicada la sanción, se puede presentar una reposición, cuya resolución es definida por el ministro; si este ratifica la sanción, se recurre a la Corte de Apelaciones. Así, los tres procesos sancionatorios están actualmente en las Cortes de Apelaciones, donde aún no se han producido alegatos, situación que seguirá su curso y seguramente terminará con la aplicación de multas. Un segundo flujo sancionatorio es la ejecución de las garantías, cuyo proceso se inició el 7 de octubre de 2023 y se judicializó. Actualmente, este proceso está detenido a la espera de lo que ocurra en el arbitraje internacional. Una vez que se resuelva lo del arbitraje, y si así lo determina el comité arbitral, estaremos habilitados para ejecutar las garantías en la proporción que corresponda según el incumplimiento. Finalmente, y en relación con lo mencionado por el Senado, se contempla un tercer camino, el más drástico: la caducidad de la concesión. Este tema es complejo, ya que se concede un derecho de uso a una empresa por 30 años, lo que le permite realizar una inversión importante. Al no cumplir, parece lógico que se retire dicho derecho de uso; sin embargo, este asunto es materia de arbitraje internacional y probablemente terminará en la Corte Suprema, ya que no se trata de un acto administrativo simple, dado que las compañías lo consideran un derecho adquirido.