Se abre la sesión. El acta de la sesión 202 se da por aprobada y el acta de la sesión 203 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. Señor secretario, por favor, dé lectura a la cuenta. Gracias, señora presidenta.
Hemos recibido un oficio de su excelencia, el Presidente de la República, mediante el cual se hace presente la urgencia de discusión inmediata para el despacho del proyecto que crea el subsistema de inteligencia económica.
Oficio del Senado, por el cual se comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto de unicidad en moción que modifica la Ley 20.000, que sustituye la Ley 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, con el objeto de incorporar las circunstancias agravantes que indica.
Oficio del Senado, por el cual se comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto de unicidad en moción que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de tipificar los delitos de robo y hurto de cobre y habilitar el uso de técnicas especiales de investigación para su persecución.
En los números 4 y 5, señora presidenta, y con el mismo sentido, hay una comunicación de las diputadas señoras Gasmuri, Cariola y Tello, y de los diputados señores Brito, Hirsch, Nirocevich, Ollarzo, Santana, Soto, don Leonardo y Ulloa.
Además, se suma a ello un oficio del secretario general, mediante el cual se comunica a esta comisión que la sala recibió la nota de las diputadas y diputados, a través de la cual se retira de tramitación el proyecto que corresponde al boletín 17.292, el que regula el cultivo y uso personal adulto de cannabis.
Se registran excusas del Ministro de Seguridad Pública, quien por compromiso impostergable y propio del cargo no podrá asistir; en su representación asistirá la señora Carolina Leitado Álvarez para tratar los puntos 2 y 3 de la tabla de la subsecretaría de prevención del delito.
Asimismo, se presentan excusas del presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, en cuyo lugar iba a comparecer el fiscal de dicha asociación, señor Juan Esteban Laval Saldívar. Entiendo que aún no ha llegado, señora presidenta. En representación del señor fiscal, nos acompañarán, como es costumbre, don Ignacio Castillo Val y la directora subrogante de la unidad especializada en delitos económicos, medioambientales, ciberdelitos y lavado de activos asociados, señora Marcela Toledo Sandoval.
Finalmente, se da paso a la presentación de la jefa de la unidad de crimen organizado, señora Tania Gajardo, comprometida el lunes 12 de mayo, referida a delitos en zona.
Rurales. Sin perjuicio de ello, señora presidenta, se envió el oficio para que se informara sobre todas las regiones del país y los términos acordados en la última sesión. Se realizó el reemplazo del diputado Don Boris Barrera, quien nos acompaña para el efecto de esta sesión, en sustitución de la señora Alejandra Plasencia, con pareo entre los diputados, señores Andrés Joanet y Diego Chalper. Esa es toda la cuenta, señora presidenta.
Me consultaban algunos diputados sobre una nota referida a casas de apuestas; la Secretaría no la ha recibido hasta esta hora. Eso es todo. Muchas gracias, señor Secretario.
Ofrezco la palabra sobre la cuenta. A ver, yo sí tengo palabras sobre la cuenta.
En primer lugar, me gustaría que me ratificara, señor Secretario, ya que tengo entendido que en esta comisión existe un acuerdo mediante el cual solo los subsecretarios específicamente invitados a exponer pueden estar en la mesa y no pueden asistir en reemplazo de un ministro. Le pido que me ratifique eso en primer lugar.
En segundo lugar, respecto de la presentación de la jefa, señora Tania: no sé si habíamos acordado tener esa presentación hoy o el próximo lunes. Lo que entiendo es que, dado que ese proyecto se revisa los lunes y considerando que hoy teníamos la tabla súper completa, se había pedido que dicha presentación, siendo de alcances para todo Chile, se realizara el próximo lunes. Por ello, le solicito que envíe la presentación al grupo de WhatsApp de los diputados para poder tenerla a la vista el día lunes.
La norma es en el sentido que usted señala: indica que los subsecretarios solo pueden participar en la mesa de la comisión en presencia del ministro. Existió en esta comisión un acuerdo que permitía su asistencia, pero dicho acuerdo fue reclamado por el diputado Sergio Henry Leal hace unas dos o tres comisiones; basta el reclamo de un miembro de la comisión que no otorgue unanimidad para la participación de un subsecretario en ausencia del ministro, de modo que ese acuerdo queda sin efecto. Esa es la situación del arte en esta comisión.
En ese sentido, deberíamos pedir el acuerdo de la comisión, ya que es importante contar con la presencia del Ministerio de Seguridad. Si deseo solicitar que hoy la subsecretaria de Prevención del Delito asista en representación del ministro de Seguridad, es fundamental que esté presente para la tramitación de esos dos proyectos; ¿le parece?
Diputado Barrera, tiene la palabra.
Sí, no sé si se han percatado, pero yo vengo a una comisión en la que debía estar el ministro, quien tuvo que viajar a la región de O’Higgins porque se capturaron a los autores del asesinato en matrimonio, motivo por el que no pudo asistir. Lo doy como antecedente, por si acaso, de su inasistencia.
Muy bien, pasemos a la primera hora. Tenemos varios invitados relacionados con el proyecto número 15.975-25, que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, entre otros temas. Dado que la primera hora está destinada a escuchar a dichos invitados, veremos cómo se desarrolla el resto de la sesión.
Señor Secretario, contamos con varios invitados, algunos presentes y otros no. En primer lugar, se encuentra el Tesorero General de la República, señor Hernán Nobizelli, a quien damos la bienvenida; además, está presente el representante del Ministerio Público, señor Ángel Valencia Vásquez, y la directora de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, la señora Marcelo Toledo. También figura, en representación de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile A.G., el señor José Manuel Mena Valencia, quien no ha llegado todavía según se tiene previsto, y finalmente, contamos con el coordinador del programa legislativo del Centro de Estudios e Investigación Libertad y Desarrollo, señor Juan Ignacio Gómez Corvalán.
Yo sé que cada uno de ustedes tiene presentación respecto de esto, pero tenemos una hora. Entonces, les pido que por favor acoten sus presentaciones, ya que dentro de esta hora debemos dar espacio a los diputados para que pregunten y a ustedes para que respondan. En primer lugar, vamos a dar la bienvenida al señor Hernán Nobizelli, Tesorero General de la República, para que nos pueda dar su opinión respecto de este proyecto. Tiene la palabra, don Ignacio.
Muchas gracias, presidenta. Un saludo a cada uno de los diputados y diputadas de esta comisión. Efectivamente, nos toca. Voy a hacer un uso racional del tiempo, por lo que presentaré de forma breve el impacto en la Tesorería General de la República del proyecto de ley que crea el subsistema de inteligencia económica contra el delito. En particular, no me referiré a lo expuesto en la comisión anterior sobre las atribuciones de Tesorería, sino al impacto y efecto que tiene este proyecto de ley sobre el servicio.
En términos prácticos, es importante dejarlo mencionado dentro del Sistema Nacional Antilavado de Activos contra el Financiamiento del Terrorismo, de acuerdo con el mandato de la Ley 19.913, en la cual se establecen una serie de lineamientos institucionales en que aquellas operaciones sospechosas de ilícitos se determinan en función de la estructura del sistema de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delito funcionario. Por ello, Tesorería, ya desde el año 2023, forma parte de la mesa intersectorial sobre prevención y combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo (MILAF), que gestiona y coordina la Unidad de Análisis Financiero, con la lógica de contribuir a prevenir la corrupción y combatir el crimen organizado.
El proyecto de ley es de gran importancia para Tesorería, lo vamos a ver en tres puntos, que tienen un impacto sobre la gestión propia de Tesorería, tanto en el ámbito preventivo como en algunas gestiones que se realizan con servicios incluidos en la mesa intersectorial y en la lucha contra otros delitos. En el rol de Tesorería, como ustedes saben, es recaudar, custodiar y distribuir los recursos del Tesoro Público. Por lo tanto, es importante determinar que una gran cantidad de recursos –incluso la totalidad de ellos– pasa, de alguna u otra manera, por la Cuenta Única Fiscal administrada por la Tesorería General de la República, lo que permite un conocimiento integral del negocio, de la administración tributaria y de la administración financiera del Estado.
Desde ese punto de vista, se puede considerar que existen inusualidades y operaciones fuera de parámetros que están permanentemente en revisión por parte de nuestros funcionarios, lo que puede generar reportes de operaciones sospechosas (ROS) dirigidos a la Unidad de Análisis Financiero.
Muchas gracias. Adelante, señor Noícele.
Muchas gracias, presidenta. Por tanto, como les mencionaba, estamos dentro del circuito que puede generar reportes de operaciones sospechosas, movimientos bancarios, transacciones y egresos que son informados a la Unidad de Análisis Financiero.
La formación institucional también es un tema relevante. De los 2.000 funcionarios que tenemos, el 78% ha sido capacitado en distintas áreas y está actualizado respecto al combate del crimen organizado, por lo que contamos con el expertise institucional necesario para manejar lo que implica la implementación de este proyecto de ley.
En particular, se destaca el subsistema y la implementación de un sistema integrado de conectividad entre los servicios que forman parte de la gestión y la administración tributaria del Estado, tales como el Servicio de Impuesto Interno y el Servicio Nacional de Aduanas, pero también con otras instituciones, como la CMF y la Superintendencia de Casinos. Además, el proyecto de ley habilita a estos servicios para intercambiar información; ese es el punto relevante. Consideramos que la forma en que este sistema integrado puede operar de manera permanente, con todas las facilidades, especialmente desde el punto de vista sistémico, es fundamental, ya que hoy día también existen procesos manuales que deben seguir la misma rutina. Por lo tanto, esperamos que la sistematización digital contribuya significativamente a la eficiencia y eficacia de estos procesos.
Sea parte importante también de la interrelación entre las instituciones. Por lo tanto, esto nos permite y ayuda a cumplir las funciones de conformidad con los principios de interoperabilidad y de detección de situaciones y actividades sospechosas que pudieran existir en el ámbito de Tesorería. En particular, este artículo es considerado de gran relevancia, pues facilitará el traspaso de información entre las instituciones mencionadas y apoyará las funciones de fiscalización y generación de inteligencia económica, potenciando así la detección temprana de operaciones inusuales.
Un punto relevante es que esta facultad no incluye información sujeta a secretos bancarios. Dos artículos que impactan la gestión de Tesorería se refieren, principalmente, a la posibilidad de que ésta pueda suspender de forma temporal los pagos, encomendados en el marco de sus funciones de distribución, financiamiento de servicios públicos mediante el aporte fiscal y las devoluciones de impuestos (como lo fue, por ejemplo, la segunda devolución de los excedentes de la Operación Renta). Estos procesos, generalmente masivos, incorporan detecciones implícitas en la evaluación interna, mediante revisiones y evaluaciones de factores que puedan levantar acciones u operaciones sospechosas. La suspensión del pago por un periodo preventivo resulta, pues, fundamental para gestionar directamente con otras instituciones la viabilidad del egreso en el marco de alguna actividad sospechosa.
Esta norma entrega una atribución relevante para cautelar el interés fiscal. Si bien se trata de una suspensión temporal, definida en el proyecto de ley, fortalece la prevención al, sumada a las nuevas facultades de traspaso de información, dar tiempo al Estado para afinar el análisis en materia de detección de operaciones inusuales. Es, en este sentido, una facultad interesante que permitirá disponer de espacios de interacción con otras instituciones, dentro del subsistema de inteligencia económica, para resolver problemáticas o dudas relacionadas con los pagos respectivos.
Adicionalmente, el artículo 2bis incluye la posibilidad de que Tesorería solicite a otros organismos la información que requiera para el ejercicio de sus funciones. Esto es importante, pues actualmente dicha solicitud depende de convenios específicos existentes en algunos servicios o instituciones públicas. Así, el subsistema facilitará la interacción y el relacionamiento preventivo entre las instituciones.
Por último, también se establecen facultades en el proyecto de ley que, si bien no son propias de Tesorería, repercuten en su ámbito de acción, como es el cobro de multas impuestas por la CMF. Aunque esta cobranza ya existe, el articulado perfecciona las reglas al generarse en base, principalmente, a las normas del Código Tributario, considerando que la experticia de Tesorería se orienta a esa materia, y no a procesos de índole civil, que actualmente regulan el relacionamiento con las multas de la Comisión de Mercado Financiero.
Finalmente, se contempla la sustitución del artículo 85 en lo relativo al pago al denunciante anónimo. Bajo el articulado original vigente, una vez detectada una situación, efectuadas las denuncias, determinadas las multas y realizados los pagos, un porcentaje se destinaba al denunciante anónimo. Dado que este proceso incorporaba a Tesorería, lo que implicaba un riesgo por el traspaso de información sensible, se delega directamente a la Comisión de Mercado Financiero la finalización de la operación, minimizando así los riesgos asociados a la divulgación o el manejo de información reservada.
La presentación quedó abierta para las consultas de los diputados y diputadas. Se dijo: “Muchísimas gracias por su presentación, señor Tesorero”, y se indicó que, tras cada intervención, se abriría el espacio para preguntas de los diputados con la correspondiente respuesta del invitado, para luego continuar con el segundo invitado. Se ofreció la palabra para preguntas al señor Tesorero y se recordó a los presentes la importancia de guardar silencio durante las exposiciones, pues el murmullo constante dificultaba la atención de quienes querían escuchar.
¿Quién me pidió la palabra primero? – Diputado Rey.
Gracias, Presidenta. Esta es una consulta respecto de los procesos de control y monitoreo del uso de recursos provenientes del narcotráfico y del crimen organizado. ¿Se han evaluado, o cómo evalúan, parte de los mecanismos que han utilizado otros países? Por ejemplo, en el caso de Colombia, donde las compras en efectivo por altos montos –aproximadamente 300.000 pesos– están asociadas al crimen organizado, a la delincuencia y al blanqueo de capitales. Hoy, por lo que observamos en el proyecto, no se aborda desde el punto de vista de la obligación de que la persona que efectúa la compra en efectivo se registre para permitir un adecuado seguimiento y control.
Muchas gracias, diputado Rey.
¿Algún otro diputado tiene pregunta?
Muchas gracias, diputado Cristina de Araya.
Gracias, Presidenta. Conozco que existe una referencia en el artículo 3º acerca de cómo se modifica la práctica. ¿Actualmente se permite el intercambio de información o datos personales? ¿Cuál es la modificación sustancial que incorpora este artículo en las tareas que realiza la tesorería?
¿Algún otro diputado tiene alguna pregunta?
Yo tengo un par de preguntas. Me preocupa el tema de las criptomonedas, ya que, de una u otra manera, facilitan también apuestas online complicadas. Y, en segundo lugar, el proyecto toca la realidad que se vive en todas las comunas, especialmente en las más pequeñas y en las zonas rurales, donde existen verdaderos casinos de juego que, bajo la trampa de presentarse como juegos de destreza en lugar de juegos de azar, funcionan libremente como casinos. Me gustaría conocer su opinión respecto de estos temas.
Le ruego pueda proceder a responder, dado que no hay más preguntas.
Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio.
En particular, en lo que respecta a las compras en efectivo, entendemos que hoy en día la mayoría de los movimientos transaccionales se realizan a través de operaciones en sistemas de pago, representando prácticamente el 99% de las transacciones del Servicio de Tesorería. Es cierto que existen algunas operaciones, especialmente en zonas rurales o en tesorerías de menor envergadura, fuera de la región metropolitana, en las que personas pueden acudir a pagar algún impuesto con efectivo. Contamos con ciertas limitantes respecto a los pagos en efectivo y, justamente, la problemática radica en que, más allá de inhibir el pago por parte del contribuyente, se levanta de forma inmediata una operación sospechosa, ya que este tipo de transacción no es natural en el contexto de nuestros procesos. Es más, contamos con procesos y sistemas de pago en cada una de nuestras oficinas, principalmente a través de nuestra página web. Por lo tanto, aunque existe poco margen para que se realicen estas operaciones, cuando ocurren son registradas como sospechosas, independientemente del origen de la transacción.
El impuesto que se está pagando se determina como una operación sospechosa. Entonces, en la práctica, podríamos tomar alguna atribución respecto a montos o, en determinadas operaciones –por ejemplo, pago de determinados impuestos u otros o formularios específicos–; pero, en rigor, todas estas operaciones –insisto, las mínimas que se realizan dentro de los procesos de pago que recibe Tesorería– no se ejecutan necesariamente como una actividad u operación sospechosa.
Diputado Rey, para precisar: es que yo me refería, un poco, a que podría tener que ver más allá de las atribuciones que ustedes tienen, y la pregunta puede ser para otro de los entes que va a participar acá. Pero, viendo el proyecto que presenté en relación con General Alerta y la prevención de que el crimen organizado desarrolle actividad económica detrás de la legalidad –yo hablo de compras, no de pago de impuestos–, no estoy refiriéndome a ello; hablo, más bien, de sujetos que, a propósito de ser miembros de carteles, de narcotráfico y del crimen organizado, utilizan el efectivo para blanquear parte de su dinero mal habido. Entonces, a eso me refería.
Señor Tesorero. Por su intermedio, Presidenta.
Claro, efectivamente, a lo que me refería es que el punto de contacto ante estas organizaciones para efectos de Tesorería es, precisamente, el pago. Debemos apoyarnos en otras instancias, porque aquí hay un proceso de fiscalización. Si bien Tesorería tiene fiscalizaciones de ingresos no tributarios en zonas extremas –por ejemplo, algunos beneficios que se entregan–, la fiscalización radica en el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, en la práctica, y en razón del proyecto, existe una coordinación mucho más directa, ya que las situaciones de operaciones de pago de impuestos –última etapa del proceso tributario– pueden generar alertas que, de alguna manera, enmascaran procesos anteriores. Eso es justamente a lo que nos referimos: estas alertas deberían atenderse con mayor rapidez. No puedo rechazar un pago de un contribuyente, como premisa, pero sí puedo alertar en caso de situaciones que resulten sospechosas. Por ello, nosotros, como entidad no fiscalizadora, no podemos llevar el seguimiento del contribuyente sin el aporte del Servicio de Impuestos Internos; se complementa la figura con lo que disponemos hoy día.
Respecto a la importancia del intercambio de información entre los servicios, considero que es clave, porque en la práctica, tanto en Tesorería como en otros servicios, se realizan oficios –incluso oficios reservados entre instituciones– para detallar algún tipo de sospecha en determinadas operaciones. Este sistema, este subsistema, asegura el debido cuidado de la información reservada y la oportunidad necesaria. Es fundamental ir caso por caso, a medida que se levantan procesos que determinan cuál es la contraparte indicada para efectos de revisión. La visualización que tenemos es que esto puede realizarse de forma mucho más oportuna, ya que los entes que componen este subsistema son informados inmediatamente; se genera sinergia y la detección es mucho más rápida. Esto apunta, principalmente, desde el punto de vista de lo que observa Tesorería, y, Presidenta, lo que usted mencionaba se sale un poco de las atribuciones de Tesorería, ya que, si bien no actuamos con criptomonedas –ni siquiera en el proceso de inversión de los excedentes del Tesoro Público, aunque sabemos que existen–, no está habilitado el sistema de pago de Tesorería por esta vía. En cuanto a los casinos de juego, más allá de compartir, a lo mejor, parte de la visión que usted tiene, no tenemos injerencia en ese aspecto; únicamente interactuamos en los procesos de licitación de los casinos y no en otras etapas.
Muchas gracias.
Diputado Leiva, ¿tiene algún comentario o pregunta?
Presidenta, tal como lo planteó el señor Tesorero por su intermedio: es importante señalar que, si bien la 11.880 establece la interoperabilidad entre los distintos servicios públicos como mandato común, la Ley de Protección de Datos Personales requiere una norma habilitante para hacer la transferencia de datos con la debida protección. Entonces, la pregunta es, más que lo sucesivo –ya que efectivamente este es un proyecto de ley y la mencionada ley aún tiene un período de vacancia legal–, ¿cómo están operando hoy día? ¿Es posible generar la coordinación o sinergia que plantea el señor Tesorero, es decir, intercambiar información relevante hoy día?
Claro. Solo en caso de que no se puedan procesar grandes volúmenes de información. Perfecto. Señor Tesorero, presidente, por su intermedio. Sí, efectivamente, como comentaba, hoy día los procesos existen, son lentos y casuísticos, y requieren de un análisis previo que retrasa la toma de decisiones; principalmente cuando hablamos, incluso se menciona acá, la posibilidad de retener el pago de cualquier tipo de impuesto o conceptos que pasan por Tesorería General. Hoy día, la práctica es que no retenemos, salvo cuando el mandante –por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos– solicita la devolución de una unidad, y en ese caso realizamos el proceso y devolvemos. Sin embargo, si el servicio no alerta que debemos retener, no retenemos. Pero ante una situación sospechosa, se puede activar la alerta, retener el pago e inmediatamente consultar al servicio girador. En este sentido, la eficiencia que proponemos puede ser masiva o permanente y, obviamente, al hablar de esta sinergia, se vincula con la oportunidad.
Hoy en día, los procesos son más lentos; incluso hay procesos de egreso, por ejemplo, en regiones, que demoran la gestión interna a nivel central. Si bien existen convenios de colaboración entre instituciones, de modo que cuando un servicio requiere la generación de una cobranza, el cobro de una patente o cualquier otro concepto, debe existir un convenio preestablecido, lo mismo ocurre para las consultas. Esto inhibe situaciones caso a caso, permitiendo un tratamiento más masivo, transversal y, como se indicó, más oportuno. Por ello, creemos en el valor de este subsistema, considerando todos los aspectos de seguridad de la información y la reserva de datos correspondientes.
Muchas gracias, señor Tesorero.
Pasamos a la presentación número dos, a cargo del señor Juan Laval Saldívar, quien representa a la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras. (Intervención del coordinador: "Delé nomás entonces.")
El señor Juan Laval Saldívar:
"Era interesante. El micrófono es la tecla negra que se encuentra abajo. Muchas gracias, incluso por la invitación. Atendiendo a su solicitud, seré preciso en los comentarios que tenemos respecto del proyecto de ley en esta segunda etapa.
Primero, la Asociación de Bancos valora todas las iniciativas que tengan por objeto perfeccionar la institucionalidad que permita a los distintos órganos del Estado investigar y sancionar actividades relacionadas con variados tipos penales y, especialmente, con los delitos vinculados al crimen organizado. En este contexto, la Asociación de Bancos mantiene una relación permanente de cooperación con la Unidad de Análisis Financiero, lo que se ha traducido en que, siendo los bancos 17 de las instituciones obligadas a reportar dentro de un total de 8.000, el 55% de la información reportada a la Unidad de Análisis Financiero proviene de ellos. Esto evidencia una actividad continua y una clara conciencia de la obligación que tienen para cooperar en el desarrollo de sus funciones.
Asimismo, existen otros mecanismos de cooperación permanente, por ejemplo, con el Ministerio Público. Hace un par de semanas, el Fiscal Nacional destacó la existencia de un protocolo para la entrega de información en casos graves y urgentes, que permite el contacto de las distintas fiscalías con los bancos, los 365 días del año y en régimen 24/7, con la previa autorización del juez de garantía. De esta manera, los bancos están siempre disponibles para colaborar en los casos que resulten más urgentes.
La presentación se centra básicamente en tres puntos. Primero, en la norma que modifica la Ley General de Bancos, la cual obliga a generar una participación accionaria por parte del controlador o de un accionista con participación significativa en la propiedad del banco. Segundo, en la obligación, establecida por la CMF, de ampliar el plazo para informar al servicio correspondiente."
Puestos internos, los saldos o productos de distintos tipos de productos financieros y la obligación de mantener el registro de operaciones en efectivo, que es una modificación de la UAR. En cuanto a la primera norma que les comentaba, el artículo 28, aquí está la presentación; no es necesario que la leamos, pero básicamente nuestro comentario es que el plazo que se impone a un socio controlador de un banco que haya sido acusado de haber cometido algunos delitos, según lo establecido en el artículo 28, es de cuatro años prorrogable por un año adicional, contándose desde la acusación. El problema es que una acusación puede terminar en una sentencia absolutoria, por lo que obligar al accionista a vender las acciones dentro de un plazo que finalmente termine con una absolución no tiene mucho sentido. Se corrigió algo en el Senado cuando fuimos a hacer el comentario, pero todavía hay algunos matices que creemos se pueden corregir fácilmente, de modo que el plazo se cuente siempre desde la fecha de la sentencia condenatoria.
El segundo comentario es respecto del funcionario revelador. El proyecto de ley faculta a la CMF para ejercer sus facultades de inspección a personas y a la entidad fiscalizada a través de un funcionario revelador, especialmente autorizado mediante una resolución fundada para realizar actividades propias de un cliente financiero, como por ejemplo ir a una caja, hacer un depósito y ver cómo funciona el banco. El ejercicio de estas funciones exonera al funcionario de responsabilidad civil, administrativa y penal. Además, el proyecto establece que los informes elaborados a partir de las gestiones realizadas por el funcionario revelador pueden presentarse como prueba en el procedimiento sancionatorio que siga la CMF contra la entidad fiscalizada, manteniendo la reserva de la identidad. Nuestro comentario se centra en que, si se mantiene dicha reserva durante el procedimiento sancionatorio, la entidad fiscalizada se vería privada de poder citar, por ejemplo, a esta persona para declarar respecto del contenido de su informe.
El tercer punto se refiere a la obligación creada en junio de 2022, cuando se agregó el artículo 85 bis al Código Tributario, algo que es bien común. Muchos en esta sala reciben habitualmente un aviso de su banco que dice: “Mire señor, de acuerdo con el artículo 85 bis del Código Tributario, hemos tenido que informar al Servicio de Impuestos Internos porque usted presenta saldos o abonos por sobre 1.500 UF en el año anterior”. El proyecto de ley extiende el plazo de entrega de esta información a los últimos cinco años, siempre que se cumplan distintas condiciones. A la fecha, desde que el artículo 85 bis entró en vigencia se han efectuado tres reportes al Servicio de Impuestos Internos: en marzo de 2023, respecto de las operaciones de octubre y diciembre de 2022; en marzo de 2024, respecto de todo el 2023; y recientemente en marzo, respecto del año pasado. Dado el gran desafío operacional que implica la elaboración de este reporte, nuestro comentario es que, antes de ampliar el plazo de entrega de información a cinco años, se evalúe cómo funciona realmente el sistema y, en base a esa evaluación, se determine si es útil dicha ampliación. Además, al establecer ese período de cinco años hacia atrás se produciría una duplicidad de información, ya que, por ejemplo, en marzo del próximo año, cuando se apruebe esta norma, en marzo de 2026 los bancos deberán reportar información de los años 2022 a 2025, información que el Servicio de Impuestos Internos ya posee.
Información que va a ser, es información con la que el Servicio de Impuestos Internos ya cuenta. Entonces, era eso, básicamente, que se puede producir un traslado de información, que debiera ser la misma, pero siempre existe el riesgo y no tiene mucho sentido que la información comprenda períodos que ya están siendo informados. Nuestro último comentario se refiere a una modificación a la ley de la UAF, que establece –según la ley 19.913– que las personas naturales y las entidades obligadas a reportar operaciones sospechosas deben mantener registros especiales por un plazo mínimo de cinco años y poner a disposición de la UAF, cuando ello requiera, toda operación en efectivo que supere los 10.000 dólares o su equivalente en pesos. El proyecto de ley amplía dicho plazo a 10 años.
Por razones de coherencia regulatoria, en la Ley General de Bancos se establece la obligación de mantener los registros por seis años; se produce, así, un problema: por un lado, los bancos tendrían que conservar determinada información por 10 años y, por otro, por 6 años. Entonces, si el reporte de información ha funcionado adecuadamente incluso por un plazo menor al originalmente planteado de 5 años, se plantea en comisión evaluar la conveniencia o no de ampliar dicho plazo de cinco a diez años.
Eso es, Presidenta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ofrezco la palabra. No sé si hay preguntas de parte de los diputados, alguna duda.
Aparentemente quedó todo muy claro. Muchas gracias por su presentación. Déjeme volver para acá. Entonces, ahora escucharíamos a don Juan Ignacio Gómez Corbalán –ah, diputado Araya, disculpe, Juan Ignacio–.
Sí, es que fue un tema que no se tocó, pero que seguramente resultará bastante álgido cuando entremos en lo particular, que es el secreto bancario. Se trata de un tema que, en general, desde la fuerza oficialista se levanta una y otra vez, aprovechando su permanencia en esta Comisión. Creo que es importante poder abordar algunos aspectos, ya que se nos ha señalado que, desde una de las entidades que solicitan esta información, la tramitación es bastante rápida cuando existe una orden judicial; sin embargo, también se ha mencionado que puede haber demoras. ¿Cómo están reaccionando los bancos? ¿Cuál es la tramitación? Le agradecería referirnos brevemente al respecto, pues usted es la contraparte adecuada para abordar este tema, que probablemente en este proyecto de ley generará mayor polémica.
Si pudiera extenderse un poco acerca de cómo es la tramitación, si existen demoras o puntos que puedan mejorarse para facilitar el proceso con el mecanismo actual, o si se requiere, lisa y llanamente, como pretenden algunos, abolir el secreto bancario, se lo agradeceríamos.
Lo expongo de la forma más acotada posible, pues nos queda poco tiempo y aún tenemos que escuchar a dos invitados más. Ok, diputado Barrera.
Sí, a ver si manejo un poco más de información también, porque una cosa tiene que ver con el trámite: cuando se solicita a un banco que levante el secreto bancario, puede que ustedes tengan un tiempo estimado para ello; pero, antes de ese paso, ¿se conoce el tiempo previo de investigación y de recopilación de antecedentes necesarios para solicitar el levantamiento bancario? Se conoce también ese tiempo, ¿verdad? Gracias, diputado Barrera.
Por favor, el micrófono es tuyo. Muy corto, Presidenta, como usted me lo pide. Entiendo que, cuando se presenten, imagino que se expondrán indicaciones sobre estos temas. Estamos absolutamente disponibles para volver a discutirlos en Comisión; y, si bien no los incluí en la presentación porque no venían en el proyecto, es necesario abordarlos. En el tema del secreto bancario, no es el banco el que levanta el secreto o la reserva bancaria, sino que es el Ministro de Corte de Apelaciones –en el caso de la UAF– o, en el otro supuesto, el fiscal de la Unidad de Investigación de la CMF. A los bancos lo que les interesa es que la solicitud sea clara en cuanto al tipo de información que se requiere y que, en consecuencia, cumplan con la ley en el menor tiempo posible. Por ejemplo…
El año pasado, cuando se discutió la ley sobre cumplimiento tributario, también se debatió el acceso a la información sujeta a secreto de reserva por parte del servicio. Había algunas expresiones indeterminadas y algo ambiguas en el proyecto de ley, lo que llevó a que el banco tuviera que calificar si procede o no, definiendo qué tipo de información se podía entregar de manera correcta, ya que el banco desea que la instrucción sea clara respecto a qué persona, qué tipo de información y qué hechos determinados se requieren. El banco responderá en el menor tiempo posible. Respondido, por intermedio de la Presidenta al Diputado Barrera, se indicó que los plazos para entregar la información dependerán del tipo de información solicitada, de su extensión o incluso del formato en que se requiera. En ocasiones, alguna autoridad puede exigir que la información se presente en un archivo Excel, lo que obliga a tipear datos. Por ello, incluso el Ministerio Público, en diciembre del año pasado, emitió una instrucción general del Fiscal Nacional, tratando de acotar la modificación efectuada a la Ley General de Bancos, que redujo el plazo para la entrega de la información de 10 a 5 días. Este trabajo se realizó en conjunto con los bancos, los cuales informaron qué tipo de información podía entregarse dentro de ese plazo, como, por ejemplo, las cartolas de las cuentas corrientes y de las tarjetas de crédito. En otros casos, la información podrá demorarse más, independientemente de la facultad que tienen los bancos para solicitar autorización a la Comisión de Mercados Financieros y prorrogar el plazo. El mensaje que se desea transmitir es que, por parte de los bancos, siempre corresponde cumplir con la ley y entregar la información en el menor tiempo posible para facilitar cualquier proceso investigativo llevado a cabo por un organismo del Estado, particularmente en crímenes relacionados con organizaciones criminales.
Muchas gracias por su presentación y por su respuesta, señor Laval.
Damos la bienvenida entonces a don Juan Ignacio Gómez y a la señora (o señorita) Fiorella Romanini. Por favor, proceda.
Muchas gracias, Presidenta. Saludo a usted y, por su intermedio, a todos los miembros de la comisión, y agradezco la posibilidad de estar hoy con ustedes comentando el proyecto de ley. Lo primero que quisiera comentar es que este proyecto busca crear un subsistema de inteligencia, que tendrá una conformación compuesta por distintas unidades que se relacionarán con el Sistema de Inteligencia del Estado. En términos generales, consideramos que es un buen proyecto de ley, pues aporta herramientas nuevas, eficaces e interesantes, que permiten cortar el flujo de financiamiento hacia las organizaciones criminales y modernizar, en general, la coordinación institucional, entre otros aspectos. Para entrar en detalle, Presidenta, quisiera, si usted me lo permite, darle la palabra a Fiorella y, al final, haré algunos comentarios específicos sobre ciertas normas.
Perfecto. Fiorella, por favor, usted tiene la palabra.
Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Nosotros vamos a revisar un par de materias a propósito de este proyecto, que crea el subsistema de inteligencia económica compuesto por la UAF, el Servicio de Impuestos Internos y Aduanas. Respecto del secreto bancario, tema que ha sido muy connotado en relación con este proyecto, nos gustaría primero analizar lo que dice la legislación actual. El secreto bancario no es una institución sagrada ni inviolable, pues se puede acceder a él. Sin embargo, la legislación reconoce su importancia y la protección que le corresponde, pudiendo ser levantado por ley o por autorización judicial. Está amparado por la Constitución Política en el artículo 19, en sus incisos 4 y 5, relativos a la vida privada y a la inviolabilidad del hogar, y también por la Ley General de Bancos, la cual distingue entre secreto y reserva, detallando en su artículo 154 el alcance de esta protección. Existen procedimientos específicos para acceder al secreto bancario, tanto para la CMF, como para la UAF y para el Ministerio Público. Recientemente, a través de la Ley de Cumplimiento Tributario, se optó por un procedimiento más expedito también para el Servicio de Impuestos Internos, donde originalmente se solicitaba un levantamiento, pero se eligió la opción de desarrollar un procedimiento más ágil.