Gracias. Gracias. Señor abogado secretario, dará la cuenta de los documentos llegados a la Comisión de Constitución.
Gracias, señor Presidente, tenemos para esta sesión los siguientes documentos en la cuenta comunicación: se informa que el diputado señor Jaime Moulet reemplazará a la diputada doña Karol Cariola para esta sesión y, en el mismo sentido, don Eduardo Cornejo reemplazará a don Gustavo Navente, según oficio de Su Excelencia de la República, haciendo presente urgencia simple para el despacho del proyecto que establece un nuevo Código Penal. También se dispone del proyecto iniciado en moción que modifica el Código Penal para ampliar la hipótesis del delito de grooming, y de la moción que modifica el Código Penal para solucionar el ejercicio ilegal del oficio de acomodador o cuidador de vehículos.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos confirma la asistencia del señor ministro, don Jaime Gajardo, acompañado de los asesores señor Pedro Vega, don Francisco León, doña María Estéctor Rejefa de la División Jurídica y doña María Florencia Draper, abogada de la misma división.
El Ministerio del Deporte, para el segundo proyecto en tabla —que comprende los cuarenta últimos minutos de la sesión—, confirma la asistencia fuera de presencia del señor ministro del Deporte, don Jaime Pizarro, a través del correo electrónico de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados; se confirma asimismo la asistencia de la señora Mariela Hernández, presidenta, y de don Daniel Ricardi, director nacional; del señor Pablo Llamet, jefe de comunicaciones, y de doña María Soledad Santana, directora, mediante el correo electrónico de la Asociación de Funcionarios de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, quienes asisten como oyentes junto al señor Guillermo Carmona, director, y el director Mauricio Salazar.
La Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial confirma la asistencia, en calidad de oyentes, del señor Nicolás Santibáñez y de doña Raquel Arias, directora nacional, presidente de don Nicolás.
Por su parte, se recibe un correo de la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial y una comunicación electrónica de la señora Jessica Valenzuela, secretaria general de la Federación Nacional de Acceso a la Justicia, por la cual se solicita que se convoque a una sesión de esta comisión para abordar la situación en la que se encuentran los funcionarios y las funcionarias de las Corporaciones de Asistencia Judicial del país, invitando al Ministro de Justicia y Derechos Humanos y a la Federación, adjuntándose los antecedentes correspondientes.
Cabe tener presente que ya se escuchó, digamos, al representante de esta entidad en una sesión pasada de esta comisión. Muchas gracias, señor Secretario.
Continuando, terminada la cuenta, se ofrece la palabra a los señores diputados conforme al orden del día. Como saben, la presente sesión número 253 tiene como objetivo continuar la votación, en particular, del proyecto de Reforma Constitucional, iniciado en mensaje y mociones en primer trámite constitucional, que modifica el gobierno judicial y crea un Consejo de Nombramientos Judiciales (Boletín N° 17193-07, refundido con boletines 14192-07, 16852-07, 16979-07, 17115-07, 17144-07, 17150-07 y 12607-07) y que cuenta con urgencia suma. Nos toca revisar hoy, todos tienen sus comparados, ¿cierto? En la página 28 se observa la parte del quórum para elegir a los ministros de la Corte Suprema en el Senado, que hoy es de dos tercios, según las indicaciones correspondientes. Se le pide al señor Secretario que indique en qué parte nos encontramos, ya que se aprecia que existe también una propuesta del Ejecutivo.
Se invita a sentarse a la mesa al representante del Ministerio de Justicia. Diputada Giles, presidente, le recuerdo que para sentar a la mesa a cualquier invitado que no sea el ministro o el colegislador se requiere la unanimidad de la comisión. ¿De qué yo podía hacer las invitaciones a la comisión? ¿Está usted haciendo una distinción entre ser invitado y ser sentado? Es decir, hay invitados que pueden permanecer de pie o fuera de la mesa. Como se ha discutido en dos legislaturas, no sé si usted sufre algún problema de pérdida de memoria; me imagino que no, pues lo que recuerdo es de muy buena memoria. Efectivamente, existe una diferencia: una cosa es la invitación que se haga —la cual, por supuesto, es revisable y no es permanente.
El acuerdo dura hasta que se acuerda otro, por una parte, pero además, como hemos discutido en innumerables oportunidades, como la propia gente de los ministerios sabe –porque lo hemos hecho una y otra vez– para que se sienta a la mesa cualquier persona invitada, por supuesto, ya que, de lo contrario, no se considerará a alguien que simplemente pasa por aquí como invitado. Cualquier persona que no sea el ministro debe usted pedir la anuencia de la unanimidad de la comisión. Esto lo hemos discutido en innumerables oportunidades: el diputado de La Vaca, yo y otros hemos dejado fuera, porque, como usted sabe, incluso su sector político ha declarado recientemente que se dejarán fuera a los subsecretarios en la sala, cuando no esté el ministro, como un castigo por alguna razón. Y, como usted sabe, nuestro reglamento en la comisión es una imitación del de la sala.
Gracias, diputada. Igual, voy a hacerme el examen de memoria que usted propone y le voy a mandar a la comisión el resultado; si alguien más se lo quiere hacer voluntariamente, feliz le paso el dato. Empezamos entonces sin el Ejecutivo. Ya le escribí al Ministro para saber si está en el edificio y que se acerque lo más rápido posible. Y, señor Secretario, cuéntenos en qué artículo vamos, en qué página, para que los diputados puedan abrir el comparado.
Señor Presidente, estamos en la página 28 del comparado, en la columna central, el numeral. Señor Presidente, ¿sabe que acaba de llegar esto? Hace como cinco minutos, por correo electrónico, me lo acaban de pasar: el diputado Cristian Araya reemplazará a don Luis E. Sánchez. Tenemos un reemplazo: el diputado Cristian Araya por el diputado Fernando Sánchez. Ustedes saben que tienen que llegar al inicio, pero dado que fue por correo electrónico, el horario de llegada es antes de las tres. No sé si está el señor Araya acá, diputada Giles.
En realidad, lo que corresponde, según el reglamento, señor Presidente, no es que el correo haya llegado a la hora, sino que, en estricto rigor, se dé la cuenta; eso es lo que debe ocurrir, cuestión que no ocurrió. Por lo tanto, señor Presidente, en estricto apego al reglamento –y nuevamente, le felicito, entre paréntesis, porque resulta ser un presidente de comisión puntual, cosa que no teníamos hace bastante tiempo, por lo menos un año y medio– lo que corresponde es que se haga a través de la cuenta. Si no es así, si no me equivoco, va a tener que someterse a la unanimidad de la comisión.
Señor Secretario, ¿nos puede leer esa parte del reglamento, por favor? Se señala: “Designados los miembros de las comisiones, podrá hacerse su reemplazo a propuesta del respectivo jefe de comité, solo a continuación del secretario de la Cámara, si se trata de un cambio permanente, o por el secretario de la comisión respectiva, si tuviese el carácter transitorio, y hasta el instante mismo anterior al de iniciación de la sesión de la comisión correspondiente.” Eso es lo que señala.
Y, dado que el correo electrónico llegó cinco minutos antes, yo haría un gesto de buena fe y, además, una interpretación exacta del reglamento. Estamos hablando de su mail que llegó cinco minutos antes.
Gracias, Presidente.
Presidente, es que creo que no agradezco la buena intención ni la buena fe, pero yo creo que esto es reglamentario y, reglamentariamente, estamos cumpliendo al pie de la letra lo que acaba de leer el señor Secretario. Por tanto, ruego que se respete el reglamento y se proceda conforme a lo reglamentario.
Gracias, Presidente.
Gracias, diputado Araya. Yo concuerdo con usted porque la palabra cuenta en este párrafo no aparece y, obviamente, el sentido común dice que tiene que llegar la notificación antes del inicio, y ocurrió, más allá de que la Secretaría no lo imprimió y lo trajo unos minutos después.
Diputada Giles, en su tercera intervención:
“Y serán muchas más, presidente, porque, como usted sabe, es particular de esta comisión y por lo tanto hablaré todas las veces que pida la palabra. La escucharemos con mucho cariño. Gracias, presidente. Cuento con eso, presidente, con su cariño especial. Presidente, yo quiero decirle que con la mejor buena voluntad —y todo el mundo sabe que el diputado Araya cuenta con más que mi simpatía, es público—, por lo tanto, yo cuando usted someta esto, por cierto que lo voy a aceptar. Sin embargo, presidente, me parece inadecuado que usted tenga su segunda sesión haciendo una interpretación equívoca del reglamento. Lo que estoy diciendo, y lo que dice claramente el reglamento, es que esto debe ser expresado antes. No, presidente… Presidente, me encantaría que usted no interviniera cuando yo estoy hablando, si es posible, no solo porque no corresponde reglamentariamente, sino que por caballerosidad, ¿puedo terminar mi intervención para la que usted me ha dado la palabra con cariño?
Bueno, a mí me parece que está haciendo una interpretación equívoca que, además, va a sentar precedente. Le quiero recordar que, hasta aquí, en todas las situaciones en que se ha presentado este mismo problema y contando con el mismo secretario por su intermedio —que ahora, aparentemente, ha cambiado su interpretación y que es el ministro de fe—, lo que ha correspondido siempre es que, cuando llega un reemplazo con posterioridad al inicio de la sesión, esto debe someterse a la unanimidad de la comisión. Yo le estoy diciendo desde el comienzo que tengo la mejor buena voluntad, pero que me gustaría que se respetara el reglamento, puesto que en esto hay, además, jurisprudencia; o sea, esta sería la primera vez en la historia de esta comisión, al menos en los últimos siete años y ocho meses, que se hace una cosa distinta a la que se ha hecho cada vez que ha llegado un reemplazo y ha sido anunciado por la Secretaría con posterioridad al inicio de la sesión, cuestión que acaba de ocurrir. ¿Cómo todos se inicia la sesión? Claro que esta distinción es muy importante y se da en los tribunales también. La diferencia entre que algo llegue al correo electrónico y luego, cuando el ser humano tiene que imprimirlo, transportarlo y llevarlo a la mesa, es una cosa distinta. En los tribunales, en muchos trámites que se hacen en el Estado, se cuenta el momento en que llega al correo electrónico de la comisión. Como aquí no se habla de cuentas, sino que llegó hasta un instante antes, yo creo que es muy clara la interpretación. En todo caso, encuentro bueno dar el debate para dejarlo zanjado por el resto del año.”
Diputado Soto:
“Presidente, yo quiero decirle que apoyo completamente su postura respecto de esto. No tan solo porque tiene asidero legal —porque su interpretación es correcta—, sino porque también se condice con la tradición en esta Comisión de Constitución, una tradición que nunca debe interrumpirse, la de tener fair play con respecto a esto. Muchas veces, nadie quiere llegar tarde, pero sin embargo hay ciertas circunstancias que lo impiden. Y en esta comisión, desde siempre, aunque se llegara tarde, se aceptaban los reemplazos. Eso se interrumpió producto de que hay una parlamentaria que piensa distinto, pero no puede pensar tan distinto que se anteponga a lo que dice la ley. Y la ley, la interpreta usted, es su rol presidencial como presidente de esta comisión, y yo lo respaldo al 100%, presidente. Mire la casilla de entrada del mail para demostrar de forma fehaciente que el mail llegó antes de las 15:00, porque yo tengo una obsesión por la puntualidad y para estos temas es importante.”
Diputado Leiva:
“Presidente, yo también comparto la interpretación. En orden a la recepción en el mail de la Secretaría de la Comisión se entiende, para todos los efectos legales, que se cumplió el plazo. Pero mi opinión, presidente, puede ser redundante, pues, conforme a nuestro reglamento, los pasajes oscuros o la interpretación del reglamento le corresponde solo al presidente de la comisión, ni siquiera al secretario.”
Y si usted plantea que eso es lo que corresponde, estará. Pero además se respeta una tradición que siempre hemos tenido, no solo en esta comisión, sino en otras, en orden a plantear el fair play. Claro, como él es republicano, eventualmente yo podría ponerme en desacuerdo; creo que no corresponde, creo que la participación es fundamental y necesaria, y es el ánimo, además, que inspira e ilustra todo nuestro reglamento. Gracias, presidente.
Hay un pequeño punto de diferencia: en el período de Diego Paulsen, siendo presidente de la Cámara, se cambió el reglamento y se hizo esto de que llegaran al inicio los reemplazos, los pareos, ¿cierto? Al inicio de la sesión, no en la mitad. Y en este caso se cumple eso, porque llega a las 14:54. Vamos a imprimir el documento de la casilla de entrada, lo podemos certificar. El ministro de fe es el secretario que certifica las 14:54, y en opinión de este presidente es clarísimo el reglamento. Estoy viendo ahora la casilla de entrada. Por lo tanto, el Partido Republicano llegó seis minutos adelantado al plazo fatal, así que damos por cerrado el tema, habiéndose aceptado el reemplazo por parte del Partido Republicano, ya que hay otro Araya. Estamos listos con ese tema.
Página 28, quórum del Senado para elegir a los ministros de la Suprema.
Señor Presidente, corresponde ir a la página 28 del comparado que se encuentra a disposición de todos. Además, debe estar a disposición también una indicación suscrita por los diputados, señora Lorena Fríes, doña Javiera Morales y don Leonardo Soto, que va al tema que vamos a ver a continuación, como también una propuesta de redacción, que estoy estudiando en este momento.
Esta propuesta del proyecto que estamos viendo –que recae en el artículo 78 de la Constitución Política de la República en cuanto al nombramiento de los jueces– dice: "Esta norma vigente. La ley se ajustará a los siguientes preceptos generales. La Corte Suprema se compondrá de 21 ministros; luego, los ministros y los fiscales judiciales de la Corte Suprema serán nombrados por el Presidente de la República, eligiéndolos de una nómina de cinco personas que, en cada caso, propondrá la misma Corte, y con acuerdo del Senado." Este se refiere al Senado, el cual adoptará los respectivos acuerdos por los dos tercios de sus miembros en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto. Si el Senado no aprobara la proposición del Presidente de la República, la Corte Suprema deberá completar la terna, proponiendo un nuevo nombre en sustitución del rechazado, repitiéndose el procedimiento hasta que se apruebe un nombramiento.
El texto del proyecto en la columna central de la página 28 dice: "Se reemplaza el inciso tercero, que es la parte relativa a los fiscales judiciales de la Corte Suprema y a los ministros de la Corte Suprema en la propuesta de nombramiento." Y la propuesta que viene en el proyecto es: "Los ministros de la Corte Suprema serán nombrados por el Presidente de la República, eligiéndolos de una terna jerarquizada que propondrá el Consejo de Nombramientos Judiciales, y con acuerdo del Senado, previa audiencia pública. Este adoptará los respectivos acuerdos por dos tercios de sus miembros en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto. Si el Senado no aprobara la proposición del Presidente de la República, el Consejo deberá completar la terna jerarquizada proponiendo un nuevo nombre en sustitución del rechazado, repitiéndose el procedimiento hasta que se apruebe un nombramiento."
Hay varias indicaciones, pero voy a leer estas dos que hemos recibido, digamos, en primer término, de la diputada señora Lorena Fríes, doña Javiera Morales y don Leonardo Soto, que proponen sustituir el literal A, que está en la columna central de la página 28 del proyecto, por el siguiente: "Los ministros de la Corte Suprema serán nombrados por el Presidente de la República, eligiéndolos de una terna jerarquizada que propondrá el Consejo de Nombramientos Judiciales y con acuerdo del Senado, en audiencia pública." Hasta ahí estamos igual con el proyecto. Después viene la diferencia.
El Senado adaptará el respectivo acuerdo en un plazo máximo de 10 días corridos. Se incorpora, como elemento nuevo, la exigencia del quórum de cuatro séptimos de sus miembros en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto. Si el Senado no manifiesta ese acuerdo dentro del plazo señalado, se entenderá aprobada la proposición del Presidente de la República. En caso de no aprobar la proposición, el Consejo deberá completar la terna jerarquizada, proponiendo un nuevo nombre en sustitución del rechazado y repitiendo el procedimiento hasta que se apruebe su nombramiento.
Se pidió el acuerdo para que se integre a la mesa María Esther Torres, asesora del Ministerio de Justicia. Esto se hará así para todas las sesiones. Aprobado.
Respecto a este artículo, el artículo 78 de la Constitución, que establece el procedimiento para la designación de los ministros y ministras de la Corte Suprema, en particular, y también para la designación de otros magistrados de los tribunales superiores de justicia, la propuesta que ustedes tienen fue elaborada a partir de las distintas indicaciones presentes en el texto. Se recogieron algunas de esas indicaciones y se plantearon formas de solución, procurando aunar aquellas que son similares en aras de reducir la discrecionalidad.
Para ello, el pasado viernes trabajó el equipo de la División Jurídica, a cargo de María Esther, junto a los asesores de todos los parlamentarios y parlamentarias, y sobre la base de ese trabajo se elaboró la propuesta que se les acaba de entregar. En primer lugar, para todos los nombramientos se establece la obligación de que el Consejo proponga una terna jerarquizada de candidatos. Esto se debe a que, en algunas propuestas, se hablaba de una terna o quina; se decidió unificar en una terna independientemente de si se trata de un ministro de la Corte Suprema o no. Es decir, se establece que la terna sea jerarquizada, de modo que el candidato con el primer puntaje (resultado del concurso de méritos) vaya en primer lugar, el que obtuvo el segundo puntaje en segundo lugar, y así sucesivamente, reduciendo el número de candidatos a tres.
Asimismo, para todos los nombramientos se establece un plazo de 10 días para que el Presidente de la República escoja al candidato. Respecto a los ministros de la Corte Suprema, la propuesta original del Ejecutivo era que fueran designados con dos tercios, pero existen distintas indicaciones que contemplan desde un quórum de dos tercios hasta cuatro séptimos. Entendemos que es razonable admitir distintos tipos de quórum; sin embargo, la propuesta establece que se utilice el mismo quórum que se emplea para la reforma de la Constitución, es decir, cuatro séptimos. En su momento se han disminuido otros quórums (como dos tercios o tres quintos, dependiendo del capítulo de la Constitución), adoptándose uniformemente el de cuatro séptimos.
Finalmente, se establece un plazo para que el Consejo inicie el proceso de selección. Esta es una muy buena indicación que propusieron el diputado Alessandri y el diputado Benavente, basada en lo que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público, que permite iniciar el proceso de selección del nuevo Fiscal 90 días antes de la vacancia. Se propone que, de igual manera, el proceso de selección de un ministro de la Corte Suprema se inicie 90 días antes de la vacancia, con el fin de acelerar y disminuir los periodos sin ministro en la Corte Suprema.
Por los procesos concursales. Entonces, también se recoge en la propuesta. Y luego, respecto a otros temas, ya nos vamos a tratar de otros asuntos. Esos serían los temas que se abordan. Y claro, el Presidente de la República establece –o mejor dicho, una vez que el presidente designe y proponga, para ser más preciso, una vez que el presidente nomine al candidato a la Corte Suprema– que el Senado tiene 30 días para resolver; si no lo hace en ese plazo, queda la propuesta del presidente. Esa es una regla que está actualmente en la Constitución, pero requiere la activación de un mecanismo de urgencia. Lo que se pretende es que esa sea la regla general, de manera que el proceso tenga las menores dilaciones posibles. Se contempla que el proceso inicie 90 días antes, cosa que no es factible en el sistema actual.
En segundo lugar, el presidente tiene un plazo; se inicia el proceso, el Consejo de Nombramientos formula una terna jerarquizada, luego el presidente tiene un plazo y, posteriormente, el Senado también. De este modo se traza el camino para designar a un ministro o ministra de la Corte Suprema. La propuesta que se presenta recoge, en líneas generales, todas las indicaciones que se habían venido planteando. La diferencia relevante es el quórum de ratificación del Senado: si es dos tercios, tres quintos o cuatro séptimos; se establece que debe ser menor, es decir, menos que tres quintos.
La diputada Fríes y la diputada Morales son llamadas a opinar, ya que han aportado ideas en su iniciativa y han generado una propuesta más amplia. (Intervienen diputada Fríes y diputada Morales).
No se limitan a las ideas inicialmente planteadas, sino que también se integra la modalidad de iniciar el proceso 90 días antes. Lo que se busca es un proceso bastante transparente, acotado en el tiempo, que permita la presencia de los poderes del Estado y, al mismo tiempo, disminuya las eventualidades –como la demora en el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema que, en ocasiones, se prolonga y genera problemas asociados.
Se ha planteado, además, que los plazos sean siempre discrecionales; no se pretende cerrarse a ellos, sino más bien que respondan a la práctica. Por otra parte, se reconoce la facultad del presidente de la República para dar urgencia al nombramiento en el Senado, lo que podría incluso acortar el plazo fijado. En esos términos, se está en consonancia con la propuesta.
Sobre este punto, me gustaría recordarle a la comisión, a través de su intermedio, por qué se está legislando y qué nos ha llevado a tratar el tema de los nombramientos judiciales y, en particular, de los magistrados de las Altas Cortes. Este es un proyecto –o una idea que se ha intentado legislar en múltiples ocasiones– que ahora ha adquirido fuerza a raíz del caso Hermosilla, el cual detonó la necesidad urgente de reformar el sistema de nombramiento. Lamento tener que recordar que, recientemente, se votó una acusación constitucional contra magistrados de la Corte Suprema, en la que fue destituida la magistrada Ángela Vivanco, al conocerse la negociación detrás de su nombramiento.
Por ello, es tan importante que la forma de nombramiento no se mantenga inalterada, ya que corremos el riesgo de cambiar todo en teoría para, en la práctica, no haber cambiado nada y perpetuar el problema o la falta de transparencia en la designación de los magistrados de las Altas Cortes en el Senado. Cabe señalar que, al principio, nuestra propuesta era excluir al Senado del proceso de designación; sin embargo, también se tomó en cuenta lo expresado por la Convención de Venecia, que estimó fundamental la participación de los tres poderes involucrados.
Y por eso creo que que logramos un buen equilibrio cuando modificamos los miembros del Consejo de Nombramiento e incluimos un miembro nombrado por el Senado y un miembro nombrado por la Cámara de Diputadas y Diputados. ¿Eso qué significa? Que ya existe una forma indirecta en que, políticamente, se entrega esta especie de legitimidad democrática que requiere el nombramiento de estos cargos. Sin embargo, no puede quedar igual, pues si el Senado logra nombrar un miembro del Consejo, la Cámara no puede quedar con la misma forma de designación proveniente del Senado.
¿Cuáles fueron las propuestas de los distintos académicos y de quienes vinieron a las audiencias públicas? Algunos señalaban que era importante evaluar otras formas en que el Senado autorizaba estas designaciones, pero lo que fue más común y transversal fue la necesidad de establecer plazos para disminuir los espacios en que se genera ese lobby, que es poco transparente. Entre más largo sea el plazo –o al ser indeterminado, como es hoy día– mayor es el espacio para ese lobby. En segundo lugar, se propuso disminuir el quórum para que ciertas minorías no tengan un poder de veto desproporcionado ni mayor posibilidad de vetar o generar espacios de negociación que no corresponden. Además, recordemos que el quórum para reformar la Constitución hoy es de cuatro séptimos; sería, por tanto, más sencillo reformar la Constitución o el quórum que nombrar a un magistrado de las Altas Cortes. Esto responde también a un tema de coherencia normativa: no puede ser que sea más fácil cambiar la norma que establece el quórum que el quórum necesario para nombrar a un magistrado.
Por eso, considero que esta propuesta es bastante equilibrada, ya que mantiene los tres poderes, conserva la participación del Senado, pero le disminuye el quórum, haciéndolo consistente con el quórum de reforma constitucional.
[Presidente] Gracias.
[Diputado Araya] Muchas gracias, presidente. Bien lo decía la diputada que me antecedió en la palabra: esto se gatilla a propósito del caso de la Mosea, principalmente, y hace que izquierda y derecha queden en igualdad para legislar sobre la materia. Yo creo que, en gran medida, la propuesta ha alcanzado una suerte de acuerdo en este punto. Por ejemplo, en lo relativo a los quórums, y, a propósito de lo mismo, la misma diputada señalaba que existe un problema de legitimidad en quienes van a ser electos. Un quórum más alto da mayores garantías de legitimidad en la elección. Uno de los problemas es que los lobistas pueden conseguir, con un voto aquí y otro allá, lograr instalar a alguien, pero con dos tercios la situación cambia, porque a ese lobista o gestor, por decirlo de alguna manera, se le dificulta considerablemente la tarea. Es un mecanismo de protección que, lamento decir, algunos han querido debilitar al reducir los quórums en nuestra Constitución, cuando estos daban mayores garantías a nuestro ordenamiento jurídico. Esa es harina de otro costal. En particular, un quórum más alto da mayor legitimidad y evita precisamente el problema señalado por la diputada respecto a esos lobistas judiciales que consiguen votos para lograr el nombramiento.
Gracias, presidenta.
Solo para que lo tengan en mente: en el Senado actual, que tiene 50 miembros, dos tercios son 33 senadores, tres quintos son 30 senadores y cuatro séptimos son 29 senadores, es decir, uno menos.
[Diputado Leo Soto] Gracias, presidente. Mire, tengo el interés de respaldar esta indicación porque creo que posee varias virtudes que la colocan en una posición de superioridad respecto de otras que hemos revisado. El cambio fundamental es que saca a la Corte Suprema de la decisión o de la conformación de la “eterna oquina”; es decir, el propio tribunal ya no resolverá estos temas, sino que le entrega la propuesta al Consejo de Nombramiento Judicial, que en la conformación que aprobamos tiene mayoría de judiciales, pero también cuenta con legitimidad democrática al incluir integrantes del Senado y de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Lo segundo que me gusta es que se establece…
Que para evaluar a los postulantes no importa la simpatía o pertenecer a los grupos de amigos de alguien, sino que se evalúa el mérito. Es decir, este nuevo sistema, a diferencia del anterior, pone en valor instrumentos de evaluación del mérito de los postulantes, de tal manera que los mejores jueces sean los que lleguen a la Corte Suprema. Ese es el paradigma del Consejo de Nombramientos Judiciales, y eso resuelve en gran parte los perfiles que nosotros queremos que estén en las Cortes Superiores de Justicia.
Segundo, para enfrentar el problema que hemos tenido de la captura del sistema de ordenamiento judicial por algunos integrantes del gobierno del Ejecutivo — que actúan como lobistas, ya sea de manera voluntaria o designados, para conseguir nombramiento y después cobrar por el favor, como ocurrió en el caso Hermosilla — se establece un conjunto de plazos bien definidos. Estos reducen el espacio temporal para que las distintas etapas — la designación del Ejecutivo, la nominación y también el Senado — puedan actuar con gran discrecionalidad. Asimismo, en caso de infringirse dichos plazos, se prevé que prevalezca el orden jerárquico consignado en la terna, es decir, lo que nominó el Consejo de Nombramientos Judiciales, que ya cuenta con un componente técnico y de legitimidad democrática razonable. Esto atenúa las posibilidades y disminuye los espacios para que se pueda manipular el sistema en favor de intereses políticos de uno u otro lado, lo cual es muy positivo.
Y finalmente, en relación a los acuerdos: uno de los problemas que hemos tenido en el último tiempo, cuando ha regido el quórum de designación del Senado de dos tercios, es que han pasado meses, e incluso años, sin que se nombren a ministros de la Corte Suprema, producto de la falta de acuerdo en el Senado para alcanzar ese quórum. Les recuerdo que, respecto del Fiscal Nacional, hubo tres ternas o tres oportunidades, ya que los ministros de la Corte Suprema llegaron a funcionar con quince integrantes, por no haberse nombrado reemplazantes. En el Tribunal Constitucional existían suplentes, pero estaban trabajando tanto los pocos titulares como los suplentes, y apenas se alcanzaba el quórum de dos tercios requerido. Esto demuestra que el bloqueo legislativo para resolver estas nominaciones también es un problema. La forma en que esta indicación lo enfrenta es bastante simple, sin otorgar demasiado poder a la minoría. No se busca que una mayoría mínima del 51% resuelva todo, pero tampoco podemos conferir al 32,9% del Senado o de la Cámara el derecho a bloquear el funcionamiento del Estado, como ocurrió en gran parte del gobierno anterior y al inicio de este. Por ello, nos parece razonable que el quórum de aprobación de estas postulaciones sea de cuatro séptimos, que es el quórum máximo de la Constitución. Poner un quórum superior al máximo no tiene ningún sentido ni democrático ni normativo.
Muchas gracias, diputado Soto.
Camila Flores tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Además, aprovecho para felicitarlo por su presidencia y desearle el mayor de los éxitos. Presidente, en términos generales, creo que existe un consenso más o menos generalizado, salvo en un punto específico, por la propuesta que nos ha traído el Ejecutivo del artículo 78. Me parece, en términos generales, muy razonable, salvo el tema que probablemente generará algunas divergencias respecto al quórum. Entiendo que usted habría propuesto una indicación para establecer el quórum de los dos tercios, lo cual me parece evidentemente mucho más razonable, pues busca entregar los resguardos necesarios en la toma de decisiones, en contraposición a los argumentos esgrimidos en la comisión para evitar que algunas minorías entorpezcan el nombramiento de estos magistrados.
Estas magistraturas que son tan importantes para el país. Por lo tanto, me parece de toda lógica y de todo sentido que se establezca un quórum mucho más alto, donde efectivamente los consensos y los grandes acuerdos sean los que prevalezcan finalmente. Más allá de cuáles sean el quórum establecido en términos generales para reformar la Constitución y de si fue bien o mal la decisión de haberlo hecho, es algo que ya existe; pero no por ello vamos a seguir para decisiones que, siendo tan importantes, no profundizar aún más la polarización y la falta de acuerdos que se han generado para otros nombramientos en este Parlamento, ya sea acá o en la Cámara del Senado. Por lo tanto, presidente, salvo en el tema de los curos, me parece —por su intermedio— que la indicación es del todo razonable. Gracias, presidente.
El diputado Mulet tiene la palabra y luego el diputado Andrés Longton.
Presidente, además de felicitarlo por su nombramiento, por su elección y el acuerdo que hubo para ello, solo quiero decir que voy a estar de titular en esta Comisión el resto del período parlamentario y, además, señalar respecto a este proyecto de ley un par de cosas. Por favor, si me ponen atención.
No he estado en la discusión previa, pero hay tres temas que me preocupan y quisiera preguntarle al ministro de Justicia, por su intermedio, tres aspectos complejos en esta materia, de los cuales no tengo tanta claridad en la indicación que ahora he escuchado. El gran problema que tenemos, y que ya tuvimos, quedó muy claro a partir del caso Hermosilla y otros, y tiene que ver con lo siguiente:
En primer lugar, existe un problema endogámico dentro del Poder Judicial en el nombramiento. En segundo lugar, se presenta un problema respecto de los abogados externos, en el que operaban otras fuerzas para, de alguna manera, participar y empujar los nombramientos. De hecho, la persona que fue destituida por el Senado hace algunas semanas o meses era una abogada que provenía de fuera del Poder Judicial; en otro caso similar se observó lo mismo. En esta propuesta se entiende que la indicación es que cinco de los abogados sean ajenos a la Administración de Justicia en la Corte Suprema, al menos con 15 años de título. No sé si se trata de una indicación, pero quiero señalar con claridad que no soy partidario de que participen personas externas a la Corte Suprema, sino que prefiero que sean funcionarios de carrera del Poder Judicial. Quisiera saber la razón, pues creo que la lógica de incorporar abogados externos —con vínculos a estudios jurídicos, como se evidenció en el caso Hermosilla— no dio resultado.
En tercer lugar, respecto al tema del binominalismo, lo que ocurrió en el Senado y en los últimos nombramientos fue brutal, en el sentido de que se esperaba que dos o tres ministros de la Corte Suprema se repartieran de forma binominal. Es decir, había quórum cuando había, por ejemplo, uno para la izquierda y uno para la derecha. La lógica de los dos tercios era buscar personas que reunieran las condiciones máximas y que gustaran a ambos sectores políticos, lo cual se intenta lograr nombrando de a uno; sin embargo, persiste la dificultad en el desempate, y ese mismo sistema se muestra como una debilidad que ha contribuido a las situaciones adversas que vive el país. Por ello, los plazos deberían ser muy estrictos y rápidos, ya que el tema endogámico se resuelve en parte con el Consejo que genera los nombres, pero el tema de los externos es preocupante.
Reitero mi posición: considero que deben ser funcionarios internos del Poder Judicial. Un juez de la Corte Suprema que haya sido secretario en un juzgado, o que haya desempeñado funciones como juez de garantía o juez de letra, ha construido su carrera y, en general, incurre en menos errores que quienes llegan de afuera con vínculos muy fuertes a estudios jurídicos y con una historia personal particular. Respeto profundamente la tradición de los personeros y miembros del Poder Judicial, ya que representa un sacrificio real. Con esto concluyo, dejando abierta la posibilidad de que, en caso de no haber acuerdo, opere el azar.