Y de la Patria se abre la sesión. El acta de la sesión 108A queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 107A se pone a disposición de las diputadas integrantes de la Comisión. La señora Secretaria dará lectura a la cuenta.
Buenas tardes. Se ha recibido un oficio del Ministerio de Salud mediante el cual informa sobre la situación del cáncer cervico-uterino en Chile y sus medidas de control, adjuntando una minuta. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias, señora Secretaria.
Palabras sobre la cuenta.
Pasamos entonces a la orden del día. En primer lugar, continuaremos la discusión general del proyecto de ley, iniciado en moción de las diputadas Alejandra Placencia, Ana María Bravo, Marta González, Emilia Nuyado, Daniela Serrano y Gael Yeomans, y de los diputados Boris Barrera, Felipe Camaño y Luis Cuello, que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, para regular la obtención y cancelación de licencias de conducir respecto de personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, Boletín N° 17461-15.
Para tales efectos se encuentran invitados, en primer término, el director de la Unidad de Seguimiento Legislativo, don Miguel Moreno García, acompañado por el señor Nicolás Gatica Jaure.
Buenas tardes, don Miguel.
Dando cumplimiento a lo comprometido la semana pasada, le pasamos a dar inmediatamente la palabra.
Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio; saludo a todas las integrantes de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género y señalo que soy portador de los afectuosos saludos del presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, alcalde Gustavo Alessandri, quien por motivo de agenda no ha podido estar presente. Me han comentado representarlo en función de la convocatoria que de esta Comisión ha nacido respecto, digamos…
Al boletín que verifica el Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias. Quisiera señalarle, Presidenta, en primer lugar, que desde la perspectiva del mundo municipal respecto a este proyecto consideramos que es muy atingente, razonable y lógico lo que se está planteando, en términos de proteger a las niñas, niños y adolescentes, frente a aquellos deudores de pensión alimenticia que hasta la fecha han obtenido indebidamente su licencia de conducir –sea nueva o renovada– producto de una mala interpretación en la mirada municipal.
Quisiera señalarle, Presidenta, dos aspectos. De acuerdo con lo expuesto en el PPT que hemos traído, este proyecto de ley no hace más que reforzar una ley ya existente en esta materia y, para hacerlo más efectivo, se requieren modificaciones en dos articulados de la Ley 18.290 (la ley de Tránsito), lo cual nos implica, desde la perspectiva legislativa, abordar la situación en dos dimensiones.
En primer lugar, se propone que, antes de entregar la licencia de conducir (por nueva licencia o por renovación), se verifique si el solicitante está inscrito en el registro correspondiente de Deudores de Pensiones Alimenticias. En segundo lugar, se plantea cancelar toda licencia que, habiéndose emitido, posteriormente se constate la inscripción de su titular en dicho registro, cancelándose así el permiso o la licencia otorgada por el municipio.
Respecto a la ley vigente –la Ley 21.389, que impide otorgar licencias a deudores de pensiones alimenticias–, los datos del informe de la Contraloría entre 2022 y 2024 indican que el 70% de los municipios que han entregado licencias a deudores no han cumplido con el mandato de la ley. En términos cuantitativos, se han otorgado indebidamente 3.432 licencias, lo que representa un monto financiero de 17.473 millones de pesos. Además, al revisar el Registro de Deudores de Pensiones Alimenticias, se observa que más de 238.000 personas están inscritas, de las cuales el 96% son varones.
Las dos modificaciones que propone el proyecto de ley implican alterar el artículo 13 y el artículo 20 bis, con el propósito de impedir que a los deudores de pensión alimenticia se les otorgue la licencia de conducir. La única excepción a esta disposición ocurre cuando un juez, en el ejercicio de su función laboral, autoriza la entrega de la licencia a pesar de que el solicitante figure en el registro.
En la evaluación general del proyecto, planteamos que el problema actual no es de índole legal, sino operativo –perdón, es operativo, no legal–, tal como lo describe la Ley 21.389, que lleva vigente alrededor de tres años.
Gente, nosotros creemos en el planteamiento que estamos realizando desde la mirada municipal, la cual carece de interoperabilidad digital. ¿Por qué decimos eso? Porque el país municipal está compuesto por 345 municipios, entre los cuales se distinguen áreas urbanas, semiurbanas, rurales y semirrurales. De estos 345, 278 son considerados rurales según la calificación de Subdere. Muchos de estos municipios no cuentan con conectividad directa o sufren caídas de conexión, quedando desarticulados para participar activamente en la carretera digital y para consultar, por ejemplo, el registro de deudores.
Este es el primer planteamiento de la ley. En segundo lugar, falta capacitación y protocolos únicos o sistemas validados para la aplicación de este control. En los municipios figura la ley 21.389, que impone una obligación, pero no existe un protocolo definido desde la dirección de tránsito ni dentro del municipio, ni una metodología clara para acceder al registro y realizar todas las consultas correspondientes. Esta situación se ha provocado más allá de la conectividad que tenga o no cada municipalidad.
Por otro lado, consideramos necesario reforzar ciertas instancias internas en los municipios. Desde la perspectiva municipal, nos veremos enfrentados a situaciones complicadas, como el riesgo de imponer sanciones a funcionarios. Según lo establecido en el proyecto, hasta un 50% de multa será aplicable al funcionario que no cumpla el mandato de la ley. Sin embargo, debemos considerar que estos funcionarios dependen de una asociación de funcionarios municipales, lo que puede generar conflictos y tensiones internas en el municipio.
También creemos que al sancionar a un funcionario por no aplicar la ley al 100%—tal como lo plantea el proyecto—no se contempla qué hacer ante la precariedad digital y la falta de conectividad en cada municipio, pues el proyecto no aborda esta materia, situación que nos preocupa.
Por último, como se trata de una modificación a la ley de tránsito, los municipios enfrentan una fuerte presión social debido a la situación que se vive en torno a la licencia de conducir. La inclusión, como derivado de esta ley, de la medida que impide otorgar licencia a los deudores de pensiones alimenticias genera una gran inquietud, ya que provocará un problema de carácter social. Se generará congestión por la emisión de licencias, ya que los deudores quedan excluidos, y el alcalde y el municipio tendrán que responder ante sus vecinos por estas dos falencias: una heredada de la época de la pandemia y otra derivada de la cantidad (más de 200.000) de deudores inscritos, sumado al impacto fiscal no menor en los ingresos de las arcas municipales.
Respecto al no otorgamiento de licencias de conducir a los deudores, si uno hace una mirada financiera de las implicancias que tendrían, si teóricamente todos los inscritos en el Registro, el 50% tuviera que acceder a una licencia nueva o a una renovación, son varios miles de millones de pesos que dejarían de percibir los municipios. Y esa plata, que reciben los municipios por las licencias de conducir, forma parte de los ingresos propios: los IPT municipales, los ingresos propios permanentes, con los cuales son estratégicos y fundamentales en el quehacer diario de cada municipio desde el punto de vista financiero.
¿Qué es lo que recomendamos nosotros frente a todo este diagnóstico que hemos evocado? En primer lugar, para que el proyecto sea eficaz y eficiente se debe facultar y capacitar a todos los funcionarios municipales que tengan asignada esta misión en cada área de la Dirección de Tránsito. Es necesario que, en aquellas zonas con conexión digital, exista una relación directa y una responsabilidad administrativa del funcionario para realizar las consultas correspondientes. Además, se podría establecer un convenio entre el Registro Civil, que maneja datos, el Ministerio de la Mujer y la Subdere, con el fin de dotar a las municipalidades de acciones tendientes a garantizar la viabilidad y operatividad de este futuro proyecto de ley mediante plataformas automáticas e interoperables, mecanismos de respaldo y auditoría, y protocolos de notificación y tramitación. Se sugiere que el proyecto de ley dialogue con el Ejecutivo o se le asigne a futuro una glosa financiera en el presupuesto 2025, o bien, en caso de que el Ejecutivo lo patrocine, que se eleve un informe financiero que dé cuenta de la cantidad de recursos que los municipios dejarían de percibir producto del nuevo otorgamiento de la licencia, evaluando asimismo un mecanismo compensatorio por la menor recaudación municipal.
Nuestras propuestas versan en lo siguiente: primero, creemos que es preciso redactar un comunicado dirigido a todos los municipios de Chile asociados –que son 335 de los 345 de esta institución, la Asociación Chilena de Municipalidades–, mediante el envío de un oficio que exponga, desde nuestra perspectiva, las implicancias legales derivadas en caso de que este boletín se convierta en ley, para que tomen conciencia de la situación. Asimismo, se debería que los municipios elaboren una ordenanza tipo para informar a los departamentos de tránsito y a los usuarios, de modo que la ciudadanía que acude a las direcciones de tránsito conozca el motivo por el cual a determinada persona no se le entregó o renovó la licencia de conducir. Dicho instrumento dejaría por claro que a todos aquellos deudores de pensiones alimenticias se les negará el otorgamiento o la renovación de la licencia.
En cuanto a los impactos por área, se señala que, desde el punto de vista de las licencias, para que el sistema sea 100% eficaz y eficiente debe existir conectividad digital plena en cada uno de los municipios; de no ser así, lamentablemente habrá una parte que cumplirá la ley y otra que no lo hará. En segundo lugar, deben implementarse tareas administrativas e institucionales –según lo describe el artículo 20 bis– en lo referente a la materia y, desde el punto de vista de la responsabilidad directa de los funcionarios en lo que respecta a la fiscalización y el riesgo de sanciones, es importante considerar que estas situaciones podrían generar conflictos internos en cada municipio. Finalmente, desde la perspectiva de imagen ante la comunidad y el impacto con los vecinos, el costo de negar una licencia será significativo desde el punto de vista municipal, entendiendo loable la intención de proteger ciertos principios.
Con esto, termino mi intervención y entrego la palabra a Nico.
El loable, digamos, fundamento que tiene el proyecto de ley, del cual nosotros estamos de acuerdo, pero sí va a haber un gasto de imagen, y lo otro, el impacto financiero—la recaudación—en los cuales se han mermado los ingresos propios permanentes municipales por el no otorgamiento de licencia. Eso es lo que queríamos colocar sobre la mesa, en el bien entendido de que usted, Presidenta, y las señoras diputadas podrán evaluar cada una de nuestras ponencias, entendiendo que estamos de acuerdo con el proyecto de ley y que estamos dispuestos a poner los mejores esfuerzos del mundo municipal con cada uno de nuestros asociados para que se logre cumplir, pero tenemos esas limitaciones que hemos descrito acá en la exposición recientemente terminada. Usted me decía que don Nicolás también. Perfecto, muchas gracias. Presidenta, diputadas, ¿pueden ser unos cinco minutos, por favor?
Como bien lo señalaba Miguel, desde una perspectiva operativa y conversando con algunas direcciones de tránsito, se evidencia que, desde la entrada en vigencia de la ley, la operativa del sistema funciona, ya que el Registro Civil entregó los códigos y los usuarios pueden ingresar para hacer la consulta respectiva. Sin embargo, se producen ciertos inconvenientes: la ley señala que el solicitante, muchas veces, solicita la licencia de conducir, realiza la consulta, y entre la solicitud y el otorgamiento existe un lapso de tiempo. Como se sabe, el registro no es estático, varía en el tiempo; lo registrado ayer no es el mismo de hoy. La fotografía que entregó la Contraloría corresponde a un momento específico, pero esa situación puede variar con el tiempo. Hoy, el informe de la Contraloría entregó números por municipalidades, pero la municipalidad no conoce los casos específicos para poder revisar la carpeta correspondiente y determinar qué ocurrió.
Existen municipios que están tomando medidas, por ejemplo, de solicitar y consultar el registro una vez al momento de la solicitud y nuevamente al otorgamiento, debido al lapso de tiempo. Estamos tratando de coordinar, junto al equipo jurídico de la asociación, el envío de una ordenanza tipo, considerando que cada municipalidad es autónoma en sus decisiones, pero es indispensable lograr el cumplimiento de lo que actualmente existe. Asimismo, en la nueva legislación se podría reforzar el uso de la licencia de conducir digital, la cual, según ha anunciado el Ministerio, se pondrá en marcha en la Región Metropolitana a partir de septiembre. Creo que esta es una oportunidad para dar cumplimiento a lo propuesto en la cancelación, ya que, una vez que una persona está en el registro, si la licencia es digital, automáticamente queda caducada o cancelada. Hoy es inviable contar con un funcionario municipal que revise a cada persona para verificar si está en el sistema o no; una persona, por ejemplo, podría estar al día con su obligación de alimentos, sacar su permiso y, al día siguiente, incumplir dicha obligación y continuar con su licencia.
Queremos aportar estos elementos a la discusión para que exista una mejor legislación y se pueda cumplir la finalidad de proteger el interés de la mujer, del niño, niña y adolescente, que entendemos son los bienes jurídicos protegidos en esta discusión. Muchas gracias.
Consultas de don Nicolás: Gracias, Presidenta. Yo creo que hay cierta incongruencia en la exposición de don Miguel, pues parten, desde el punto de vista de la asociación, manifestando que comparten la idea del proyecto, pero al final, después de todas sus observaciones, dan la impresión de que no consideran que proteja al menor, entre otros aspectos. Por otro lado, la verdad es que la propuesta del proyecto en alguna parte menciona sanciones específicas para los funcionarios; podría existir, en el caso de alguna organización a través de las asociaciones, la posibilidad de manifestar ello, pero descartamos que de plano el proyecto contemple alguna sanción. Segundo, existe una ley que obliga a revisar el listado: primero, se debe tener acceso a ese listado, eso es sin excusa, incluso sin justificación digital, si no tengo
Le imprimo todos los días que tenga acceso al listado, para que el funcionario en la municipalidad, que está lejos de Internet, pueda consultar el documento impreso y verificar si aparece la persona. Es cierto que, entre el momento en que esa persona solicita y en que se le entrega, podría haber un lapso para solucionar el problema. Bueno, entonces se refiere a dos veces, porque lo que tiene que estar por sobre cualquier interés es el interés mayor, que es el derecho de una niña, niña, adolescente a percibir ese ingreso. Por tanto, perdónenme que se lo diga, pero me parecen más excusas que nada, porque si vamos a poner en una balanza el nivel de ingreso de una municipalidad a propósito de esto, en realidad los deja muy mal parados.
Es como lo que yo siempre digo: que en los TAC, cuando nos han multado alguna vez, tenemos que ir al juzgado policial local. Este juzgado actúa como cobrador de un particular, de una concesionaria, y le cobra a un vecino por haber pasado sin pagar. Y después resulta que en el presupuesto de la comuna aparece hasta una glosa por esa multa. ¿Qué quiero decir? Que no puede ser que los alcaldes, ni en este caso ni en otro, deban considerar dentro de su presupuesto anual este tipo de cuestiones, porque son impresentables. Más allá de cualquier cosa, no debiera ser la fuente de financiamiento de un municipio.
Que ojalá vengan, sin importar si cumplieron o no con lo establecido para sus hijos e hijas, y que vengan a sacar la licencia aquí, porque van a ganar, al parecer, ponerle al perrito un chip de no sé qué. No corresponde; lo primero es lo primero, aunque se podrían revisar algunos mecanismos en el momento en que se solicita y en el momento en que se retira la licencia. Yo estoy dispuesta y creo que es necesario revisar nuevamente, a lo mejor, el caso de ese padre o esa madre —recordando que también puede tratarse de una mujer—, para asegurar que está cumpliendo y que en ese lapso se resuelva su problema. Pero a mí me parece que el problema es más cultural, don Miguel, no un problema digital. Cuando un municipio, o cuando los funcionarios se conocen con los vecinos, tienden a hacerles la paletía, y tenemos un 70 % de municipios actuando de esa manera, resulta que nadie se acordó de que había niñas, niños y adolescentes esperando que se cumplieran sus pensiones.
Eso es lo impresentable. Nosotros, a través de este proyecto —y yo no soy autora, pero me estoy de acuerdo—, buscamos reforzar una ley que no se está cumpliendo. Además, usted ha señalado que se debe oficiar a los municipios, avisándoles las implicancias. Háganlo ya, no esperen a que este proyecto se apruebe para comunicarles a los municipios las consecuencias de no cumplir. Ya lo dijo la Contraloría, lo dice la ley: establezcan ahora un procedimiento y avisen al director de Tránsito de cada municipio. Usted tiene que revisar, no solo una, sino dos veces, cuando se solicita y cuando se entrega, porque en algún momento se portó bien y se resolvió el problema. Esa obligación, y es lamentable que tenga que basarse en este tipo de cuestiones para efectos del presupuesto —yo fui funcionaria municipal y sé muy bien lo que implica responder frente a esas obligaciones—, y la variabilidad en el tiempo, pues, podría ser hoy 70 y después 30; ojalá sea así, ojalá vaya bajando. Esperamos que se eduquen los funcionarios y que se oficie a los municipios, indicándoles las implicancias de no cumplir la ley. Ojalá este sea un momento de reflexión para los jefes de las oficinas de tránsito. Pero tenemos que avanzar en ello. Eso es lo que quiero decir. Muchas gracias, diputada Mix.
Sí, gracias, presidenta. Yo comparto lo que ha planteado mi compañera Claudia Mix recientemente. La verdad es que no se entiende bien cuál es la posición de la Asociación de Municipalidades respecto a este proyecto, ya que abren y cierran su presentación diciendo que el proyecto es relevante y un buen proyecto; sin embargo, durante su exposición se señala que el impacto financiero y de imagen es muy alto y que el problema no sería legal —que no hay problemas con la ley—, sino que el inconveniente es de carácter operativo. Entonces, a mí me parece que lo que daña la imagen de las municipalidades —y estoy revisando el informe que entregó la Contraloría en el mes de enero de este año— son aspectos preocupantes, como por ejemplo que 65 funcionarios municipales y un concejal, a nivel nacional, obtuvieron o renovaron su licencia de conducir en la misma municipalidad en la que trabajan, a pesar de encontrarse inscritos en el Registro de Deudores de Pensión de Alimentos.
teniendo cargos de inspectores, profesionales o choferes de la municipalidad. 482 deudores son familiares de funcionarios que trabajan en la municipalidad donde obtuvieron o renovaron su licencia de conducir, a pesar de estar inscritos en el Registro de Deudores por pensión de alimentos. Algunos de esos familiares, a la fecha de la renovación, ostentaban cargos de alcaldes, directores y directrices o jefaturas, entre otros. Hay seis municipalidades que entregaron más de 100 licencias a personas que estaban inscritas en dicho registro. Entonces, a mí me parece que eso es lo que daña profundamente la imagen de las municipalidades, y no por el contrario. Me cuesta entender a qué se refiere cuando se dice que un proyecto como este podría contribuir a dañar esa imagen. En ese sentido, Presidenta, yo quisiera que pudiésemos oficiar a estas seis municipalidades – Antofagasta, Arica, La Granja, Los Espejos, La Serena y Punta Arena – para preguntar por qué se otorgaron más de 100 licencias de conducir a personas que hoy están en el Registro de Deudores por pensión de alimentos, contraviniendo la ley recientemente aprobada.
Acá, estos datos y la información levantada por la Contraloría nos dejan en evidencia que la ley, por sí sola, no es suficiente y que hay que reforzar lo que señala, justamente en la Ley de Tránsito, para que los funcionarios tengan a la vista la prohibición de otorgar licencias de conducir a personas que se encuentren en dicho registro. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada Orsini. Tomemos inmediatamente el acuerdo de oficiar en los términos solicitados por la diputada. Acordado.
Ahora la diputada Ana María Gómez tiene la palabra.
Muchas gracias, Presidenta. Saludo a nuestros invitados por su intermedio y la verdad es que ya se dijo prácticamente lo mismo que quería manifestar, es decir, esa extrañeza que produce la declaración de apoyar el proyecto, que resulta considerablemente importante, pero que en el contenido de la exposición se evidencia una actitud de rechazo hacia el mismo o la visualización de complicaciones, en contradicción con la segunda exposición. Tenemos, por tanto, una gran contradicción. Quisiera reforzar lo que ya se ha dicho y formular algunas preguntas, porque entendemos la dificultad que pueden enfrentar los municipios a lo largo del país para implementar aquello. Más allá de este proyecto de ley, los municipios están igualmente mandatados a avanzar en esa dirección.
En cuanto a los municipios, mi primera pregunta es: ¿existen oficinas de género, considerando que podrían ser factores que ayuden en esta operativa? Sería interesante conocerlo y entender que el desafío en los municipios es avanzar en la conectividad y en el uso de plataformas digitales; esto no debe ser una excusa para no actuar conforme a lo que se debe hacer. Y, si existen falencias tecnológicas, habrá que ver cómo, desde la coordinación de las municipalidades, se pueden subsanar esos problemas para integrar de manera efectiva toda la información correspondiente.
Me preocupa, tal como se ha señalado, que se haya hecho énfasis en el impacto financiero, lo que me parece muy delicado, pues se adopta una mirada transaccional cuando hablamos de derechos. De ninguna manera se debe equiparar el hacer vista gorda con el cumplimiento de obligaciones para mantener ingresos en una municipalidad. Entendemos que puede haber una afectación económica, pero ningún beneficio económico puede justificarse si ello implica el incumplimiento de la ley.
En la misma línea de lo expuesto, creo que este escenario nos brinda una oportunidad para que los municipios mejoren en aspectos como la oficina de género, la conectividad y las plataformas digitales, entendiendo que nadie puede pasar por encima de la ley. Lo que busca este proyecto es perfeccionar y mejorar algo que hoy, quizá, se encuentra desarticulado.
Por ello, invito, por su intermedio, a continuar con esta colaboración, partiendo de la necesidad de apoyar a los municipios para que puedan solucionar sus falencias y cumplir la ley como corresponde. Eso era todo lo que quería manifestar, en la misma línea de las intervenciones anteriores. Muchas gracias, Presidenta.
Muchas gracias, diputada Gasmuri. Sabes que, después de las exposiciones, voy a pedir una suspensión de unos minutitos para el tema. Bueno, ahora yo voy a tomar la palabra. A mí me llama, comparto lo señalado por mis colegas y hago mío lo expresado, pero a mí me llama un tema: ustedes mencionan, respecto de la comunidad, el impacto en la imagen institucional. Yo entiendo que habrá un impacto negativo en la imagen institucional por el hecho de no otorgarse las licencias, ya sea la primera o la renovación, en caso de que la persona solicitante esté en el registro de deudores de alimentos. Considero que el impacto negativo se debe a que los municipios no cumplen con esta obligación. Entiendo que, debido a la pandemia, muchos municipios presentan un gran retraso; y que, al tener que revisar uno por uno, podría aumentarse la demora. Sin embargo, la comunidad no creo que realice una crítica mientras se expliquen debidamente las razones de dicha demora, especialmente considerando la obligación de proporcionar alimentos a niños, niñas y adolescentes.
Eso me preocupa, pues insisto en que el impacto del cumplimiento de la ley sería positivo si se cumple de manera estricta y se evita lo señalado en el informe de la Contraloría, recientemente mencionado por la diputada Orsini. Esa situación genera una contradicción sobre el efecto que se espera.
¿Alguien más?
Sí, diputada Olivera.
Gracias, Presidenta. Antes de dar un dato, una noticia: la diputada Barquersi acaba de tener a su bebé hoy, así que le mandamos un saludo desde acá, ojalá desde la comisión. Un saludo especial y muchas felicitaciones, considerando que es integrante de la comisión.
En cuanto al tema, Presidenta, es la misma línea que han seguido todas. Llama la atención la pregunta que yo haría a las municipalidades: ¿qué tanto fiscalizan? Se habla de fiscalización y de los riesgos de excepción para los funcionarios, pero también cabe preguntar: ¿quién fiscaliza para que no se cometan, por ejemplo, faltas —no quiero decir delito, pero faltas como las que mencionó la diputada Orsini—? Esto afecta la imagen de la institución y puede pasar desapercibido.
Considero que está bien que don Miguel, quien viene a presentarnos la perspectiva desde la asociación, aborde la falta de capacitación, el ausente protocolo y otras necesidades que, seguramente, requieren presupuesto. Además, la pregunta es: ¿qué hacen los municipios para solucionar estas problemáticas? Yo formularía únicamente esa interrogante: ¿quién fiscaliza y qué municipio, a lo largo de Chile, ha trabajado de manera decidida para zanjar estas problemáticas y evitar tener que recurrir a un proyecto de ley para controlar algo que, además, ya está regulado por la ley?
Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada Olivera. Le damos la palabra a don Miguel para que responda a nuestras consultas.
Muchas gracias, Presidenta, y gracias también a las diputadas presentes. Primero, quiero señalar que es entendible que, en una interlocución y en el planteamiento que hemos realizado, a lo mejor hemos resultado poco claros respecto a la posición. Es decir, queremos manifestar que adquirimos el proyecto, lo consideramos razonable, que existe una ley que debe reforzarse y que el deadline de este boletín va en esa dirección.
Y lo consideramos y lo hacemos propio. Pero, naturalmente, también tenemos que ser claros, francos y directos: tenemos, digamos, debilidades institucionales. Esas debilidades las he tratado de expresar en la falta de continuidad digital permanente en muchos municipios. En segundo lugar, se evidencia la concepción del proceso interno de cada municipio, que es autónomo e independiente, y nosotros, como institución, solo buscamos cómo mejorar el globo municipal frente a la comunidad. Para ello, si se malinterpretó que estamos ponderando el objetivo del proyecto de ley versus la parte financiera, queremos decir que ambos aspectos dialogan; siendo que, sin recursos, no podemos afirmar que vamos a mejorar la condición de tal.
Cuando uno observa y ve —y eso ustedes, como parlamentarios, deben saberlo— que existen numerosas leyes hoy día que son solamente letra muerta en los territorios, ya que no se aplican por falta de financiamiento, se evidencia que esta ley, tan importante desde el punto de vista de los niños, niñas y adolescentes, tiene que ser operativa. Para que sea operativa es necesario solucionar las problemáticas actuales y que, para ello, sea viable dentro de los 645 municipios, lo cual implica que, en muchas áreas, se requieren recursos. Eso lo expongo como primera precisión.
Reitero: acogemos plenamente el proyecto de ley del mundo municipal. En segundo lugar, respecto a la consulta de algunas parlamentarias sobre quién fiscaliza el interior de cada municipio, se precisa que el mundo municipal es fiscalizado por la Contraloría General de la República. Cada municipio cuenta con un director de control interno que supervisa las acciones que se producen en el mismo, y es la Contraloría —ya sea por medio del director o directamente con funcionarios propios— la que realiza análisis, aprueba, desaprueba, sanciona o dirige elementos correctivos dentro de cada municipio. Por lo tanto, el ente rector encargado de controlar el mundo municipal es la Contraloría General de la República.
Dentro de ese marco, podemos decir que, aunque se constaten anomalías y algunas deficiencias municipales, la gran parte de los municipios de Chile cumple cabalmente con los postulados y planteamientos de las diversas leyes existentes, salvo aquellos casos en que la falta de financiamiento impide su cumplimiento. Respecto a cómo los municipios solventan sus debilidades, estas se abordan identificando si son de infraestructura digital o física, y en consecuencia se recurre al organismo encargado de otorgar recursos —ya sea a través de subteres o de las gobernaciones—, por lo que dependerá del mejoramiento de determinadas acciones y de la respuesta que estos organismos den a las necesidades que plantee cada municipio.
Y, para concluir, Presidenta, agradecemos todas las críticas que han planteado, ya que nos permiten mejorar esa mirada que ustedes han expuesto. Lo haremos llegar a nuestros asociados para definir de qué forma podemos optimizar y mejorar el camino a seguir, y para ello necesitamos dos elementos básicos: la verdad y la transparencia de lo que creemos que significa ser distinto. Nosotros creemos esto, por eso es lo que hemos venido a decir.
Sin financiamiento, es muy difícil solucionar los problemas dentro de los 645 municipios.
Diputada Mix: Gracias, Presidenta. Agradezco que estén presentes hoy, ya que es vital para la discusión de este proyecto. Se plantea que la mayoría de los municipios cumplen; en este caso, es justamente esta ley la que no se cumple. Y esa es la preocupación, pues la discusión se centra en una ley particular, cuando 243 municipios...
145 no cumplen y esa es la realidad, no lo estamos inventando nosotras. Quizá cumplan en otros aspectos: cumplen con los estándares de la Ley de Transparencia, o con la capacitación de los funcionarios, o con otras cosas. Pero estamos refiriéndonos a una ley que para esta Comisión de Mujeres y Equidad de Género es fundamental que se cumpla. No es personal, pero quiero que lo vean así: si ustedes, de verdad, interiorizan lo que planteamos, nosotros queremos que se cumpla, no solo en aquello que a los municipios les interesa por un problema cultural, sino en todas las cuestiones. Involucran a funcionarios, consejeros —amigos de los concejales—, entonces lo que realmente queremos pedir, si van a llevarse algo de acá hoy, es que revisen las formas en que de verdad pueden avanzar para el cumplimiento de esta ley. No busquen excusas o se conformen con la realidad; pregunten: ¿qué hacemos para cumplir con esta ley? ¿Requerimos ser más exigentes? Requerimos ser más exigentes. ¿Requerimos tener a la mano los registros? Requerimos tener a la mano los registros. Que interioricen la importancia que tiene. Y algo que dijo la diputada Ana María: quizás las oficinas de la mujer de cada municipio, o las OLN, deberían ayudar en eso, porque se están vulnerando derechos de menores. Cada municipio tomará algunas decisiones, pero no están cumpliendo. No se vayan con la sensación de que en todo cumplimos; en este caso puntual, lamentablemente, no se está cumpliendo.
Gracias, diputada Mix. En honor al tiempo, y para que pase a la siguiente intervención, agradecemos a don Miguel su paciencia en la sesión pasada, se le reitera nuestro agradecimiento por su solidaridad y comprensión, y nos deja liberados.
Ahora, a continuación se encuentra invitada —y sé que está acá presente la codirectora—; sin embargo, demos una pausa: ocurrió una contingencia, por favor tomen asiento, y daremos un minuto. Hoy, en este espacio, tenemos el recuerdo de Dulce de Graja. Recibimos la noticia del nacimiento del hijo de Kiara, pero lamentablemente se produjo una pérdida que nos llega al corazón, porque ella es una mujer que estuvo acá con nosotros y forma parte de una lucha que también hemos abrazado.
Diputada Báiz, le doy la palabra.
Gracias, Presidenta.
Bueno, la vida de Dulce de Graja es así: viene una vida y se va otra. Quería contarles, y seguramente varios deben haber recibido el mensaje por correo o WhatsApp, que Anita estuvo contándonos que ya partió a las 3 de la mañana aproximadamente, hoy, después de una lucha tremenda. Todos fuimos testigos, ya que estuvo en varias ocasiones aquí, junto a Francisca Yáñez, paciente de triple negativo, de 28 años y madre de dos hijos, cuyo marido había pedido licencia —o estaba con licencia estos días para cuidarla, e incluso aún no le pagan la licencia—, lo que sumó un drama aparte. Pero, lamentablemente, como digo, ella dejó de existir; esto sucedió en la comuna de Lota. Anita, la presidenta de la agrupación, inicialmente tuvo problemas para viajar, pero ya lo resolvieron; hicieron una junta entre todas y todos los miembros de la organización, permaneciendo siempre positivos. Efectivamente, pudieron y estarán en Lota. En este momento se encuentra su velatorio. Quisiera pedir que enviemos nuestras condolencias, extensivas a la agrupación y a la familia, ya que este caso nos conmueve profundamente.
Esta mañana hablé con Anita Harto, quien expresó una crítica bastante potente a todo el sistema, por la demora en la atención y el prolongado tiempo de espera de un año. Ella, siempre activa y positiva, pidió que se le atendiera para las curaciones en el último tiempo, a pesar de la resistencia que había habido para hacerlo.