Senado - Gobierno, Descentralización y Regionalización - 13 de mayo de 2025

Obviamente, tiene una importante misión para el desarrollo social, cultural y económico de las regiones y, en ese sentido, se ha considerado dentro de este proyecto que actualmente los gobiernos regionales financian proyectos de adquisición de vehículos policiales, construcción, reparación, mantención de infraestructura física, proyectos situacionales ejecutados por municipios, prevención social de carácter comunitario y también proyectos tecnológicos en materia de seguridad. Este proyecto de ley hoy está en segundo trámite constitucional en el Senado y fue aprobado por la Cámara de Diputados en la sala con 114 votos, con una gran mayoría, y por el cual estamos hoy acá en esta Comisión. ¿Cuál es el marco general en el cual se inserta este proyecto en la agenda de seguridad del gobierno, que se construye para abordar las nuevas formas delictuales? Se fortalece la institucionalidad a través del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, con la responsabilidad de proteger; se robustece el rol preventivo de las municipalidades en el proyecto, que también ha sido discutido acá en el Senado como una función coadyuvante; se clarifica el rol de los privados mediante la Ley de Seguridad Privada, que es un proyecto complementario. Es decir, todo esto está en este marco, enmarcando este proyecto de facultades para los gobernadores y para los gobiernos regionales en materia de prevención. Se han avanzado varios proyectos, y algunos incluso ya están aprobados; dos de ellos ya han sido aprobados. Se está también preparando la actualización de la Política Nacional de Seguridad Pública, la cual se espera antes de fines de este año, y se incluye la participación de los gobiernos regionales en labores de prevención, coherente con el compromiso de mayor descentralización y con la integración armónica de la institucionalidad regional para enfrentar los desafíos en materia de prevención de la delincuencia. Esto explica que, en materia de prevención del delito, habrá tareas compartidas entre el nivel central, regional y local, siendo esencial el trabajo conjunto para garantizar la protección efectiva de nuestras comunidades y entornos. En ese sentido, el detalle de lo propuesto en este proyecto es el siguiente: en primer lugar, incorporar la facultad de prevención del delito a los gobiernos regionales, manteniendo las funciones del órgano rector en el Ministerio encargado de la Seguridad Pública. Por lo tanto, se propone incorporar al Gobierno Regional esta función, expresada de la siguiente manera: diseñar, aprobar, ejecutar y evaluar políticas, planes, programas y proyectos en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito, así como en materia de atención y asistencia a víctimas en la respectiva región. Estas acciones deberán ser coherentes con la Política Nacional de Seguridad Pública y las directrices que entregue el Ministerio de Seguridad Pública. Los gobiernos regionales podrán financiar proyectos destinados a dotar a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública de equipamiento o infraestructura para el apoyo a sus labores. También, para llevar a cabo la función de prevención del delito, podrán celebrar convenios con las municipalidades y con otros organismos del Estado. Para el ejercicio de esta función, deberán mantener una coordinación permanente con la Subsecretaría de Prevención del Delito, que proveerá colaboración y asesoría técnica para que las autoridades regionales puedan identificar prioridades en materia de prevención y formular la planificación correspondiente. Se incluye, además, incorporar la función de asesoría a los municipios en materia de planes comunales de seguridad pública, dentro de las funciones generales de los GORE, asesorando a las municipalidades cuando estas lo soliciten en la formulación e implementación de sus planes comunales de seguridad pública o de cualquier otro proyecto o estrategia en este ámbito. Por otra parte, se crea.

División de Prevención del Delito en el Gobierno Regional. En esto se propone facultar a cada gobierno regional para crear una división de Prevención del Delito, que estará encargada de diseñar, aprobar, ejecutar y evaluar políticas, planes, programas y proyectos en materia de prevención social, situacional y comunitaria, así como en materia de atención y asistencia a víctimas. La división también colaborará con los municipios en la formulación e implementación de los planes comunales. El financiamiento, de acuerdo con lo debatido en la Cámara de Diputadas y Diputados y las inquietudes planteadas por Agorechi, se propondrá incorporar una disposición transitoria que permita, mediante decreto del Ministerio de Hacienda, modificar subtítulos, ítems, asignaciones y glosas, incluida la dotación máxima de personal, para implementar la división de Prevención del Delito de los gobiernos regionales. Hay otras adecuaciones normativas. Esta ley orgánica será modificada para informar al gobierno regional sobre la designación y remoción del director de Seguridad Pública, para permitir a las municipalidades solicitar asesoría a los gobiernos regionales en la formulación e implementación de sus planes comunales, y para requerir a los municipios que remitan sus planes comunales de seguridad al gobierno regional, a la subsecretaría de Prevención del Delito, al Consejo Regional de Seguridad Pública y al delegado presidencial regional dentro de los días siguientes a su aprobación. Estas son, principalmente, las normas de este proyecto. Gracias, subsecretaria. Senadora Evans-Berger: Gracias, presidente. En términos generales, es un proyecto bastante bien intencionado; sin embargo, tengo algunas dudas. Primero, ¿cómo se relaciona y cómo no se contradice esta nueva facultad de los gobiernos regionales con la autoridad regional en materia de seguridad, que es el nuevo Ceremi de Seguridad? ¿No existe ahí alguna contraposición de funciones? Asimismo, ¿cómo promovemos la descentralización cuando obligamos a los gobiernos regionales a consultar al Ministerio de Seguridad Pública para financiar proyectos de infraestructura o de equipamiento para las policías y otros? Y, en tercer lugar, quisiera saber qué dijo Hacienda de este proyecto, porque Hacienda, hasta hace poco, rechazó —y sigue rechazando— este año todos los recursos en materia de seguridad comprometidos con los gobiernos regionales. Además, han reducido los presupuestos de todos los gobiernos regionales; en el caso de la Región de Tarapacá, se redujo en 6.000 millones de pesos, lo cual, según entiendo, fue proporcional y ocurrió en todos los gobiernos. Entonces, avanzamos en proyectos que creemos buenos, pero que chocan con las facultades de otros ministerios o reducen la autonomía que deben tener los gobiernos regionales para decidir en qué invertir, sin necesidad de solicitar autorización adicional más que con el acuerdo del Consejo. Gracias, presidenta. Subsecretaria: Sí, en primer lugar, respecto de las funciones de las eremías de Seguridad Pública, no existe contraposición, ya que se tratan de funciones diferentes. Los gobiernos regionales no adquieren una facultad de gestión en materia de seguridad, ya que la gestión de la seguridad de la región continúa desarrollándose e implementándose a través de las eremías y de las políticas y planes tanto gubernamentales como regionales, que se siguen desarrollando de la misma manera. Lo que faculta este proyecto es la posibilidad de intervenir en materia de prevención. De alguna manera ya se hace, pero de forma no sistémica y poco planificada, generalmente a petición de los municipios o de las policías. Por eso se propone la creación de la división de Prevención del Delito a nivel regional, para que el gobierno regional pueda diseñar de mejor manera los aportes que desarrolla.

y exclusivamente en materia de prevención. No tiene ninguna función relativa al control ni a ninguna tarea, que por supuesto sí las tiene el Ceremi, etcétera, y tampoco tiene relación de mandato con las policías, etcétera. Solamente está vinculado a la prevención del delito, a la inversión regional en materia de prevención y a garantizar que se puedan invertir estos recursos de manera, yo diría, coordinada. Es como la función de los gobiernos regionales y generales de colaboración, siendo un complemento a lo que se está desarrollando en otras materias. Por ejemplo, al adquirir vehículos, existe una política nacional en la que se entregan vehículos a las policías; sin embargo, en cada una de las regiones se realizan muchas veces aportes de otro tipo. Segundo, no existe en el proyecto ninguna normativa que imponga al gobierno regional la aprobación o, desde el nivel central, que impida a los gobiernos regionales desarrollar la tarea de manera supeditada a una autorización de la subsecretaría o del nivel central. Lo que sí es importante señalar es que se busca que lo que el gobierno regional haga sea coherente y no resulte contradictorio, por ejemplo, con la política nacional de seguridad, por lo que debe informar para evidenciar posibles incoherencias. Por otro lado, se abordará el tema de exigir un certificado de pertinencia, por ejemplo a las policías, para poder realizar una inversión. Hoy día, muchos gobiernos regionales mantienen conversaciones con los generales de zona, etcétera, en las que se solicitan diversos elementos, pero cuando se adquieren dichos elementos pueden surgir dificultades. Se ha nombrado el caso clásico de un helicóptero que no contaba con personal para ser tripulado, lo que generó inconvenientes a pesar de haberse resuelto finalmente la situación. También han existido otros casos en que, tras adquirir elementos para las policías y tras mantener conversaciones con distintos organismos de la institución, se constató que el elemento no podía ser utilizado. De esta manera, se busca que exista un certificado de pertinencia de la institución, que asegure que lo que se solicita adquirir está destinado a los fines previstos y que la institución pueda recibirlo y mantenerlo. En cuanto al tema de Hacienda, se debatió con los gobernadores cuando se presentó el proyecto, constatándose que no existe financiamiento, ya que el proyecto se financiará con los propios recursos de los gobiernos regionales, de acuerdo con lo convenido. Lo que sí se acordó —y de ello hablé en un acuerdo técnico— es que Hacienda permita que, además de crear la figura del jefe de división, los gobiernos regionales incorporen personal destinado a esa división, ya que no puede haber un jefe de división sin personal. Para no modificar ni hacerlo por ley, se acordó con los gobernadores, en una mesa con Hacienda, facultar a que se abra un ítem presupuestario para la contratación de dicho personal. Una aclaración, presidenta. Yo entiendo lo de los recursos, ya que claramente los gobiernos regionales disponen de ellos. Mi pregunta era, considerando que este año ya se contaba con esa posibilidad –aprobada en la Ley de Presupuestos–, sin embargo, Hacienda no está autorizando los traspasos. Lo que ocurre es que los gobiernos regionales, para traspasar, deben solicitar la autorización de Hacienda, y este año no la estaba otorgando. Por lo tanto, se está otorgando una nueva facultad que eventualmente se financiará con recursos de los gobiernos regionales, los cuales, al realizar la inversión, igualmente tendrán que pedir la autorización de Hacienda. A eso se refería mi pregunta.

Hacienda y, ahora, sí lo va a autorizar, ¿no es cierto? En segundo lugar, entiendo todo lo que usted explicó, pero quisiera saber qué nuevo aporta este proyecto que puedan hacer los gobiernos regionales. Hoy en día, los gobiernos regionales siempre han podido invertir en seguridad; no pueden tener funciones de seguridad porque éstas estaban radicadas en el delegado, hoy en el Seremi de Hacienda, y algunas compartidas con el delegado. Y eso lo tenemos claro, pero ¿qué es lo nuevo que trae este proyecto desde el punto de vista de las facultades al gobierno regional? Porque lo que la subsecretaria me explicó, ya lo pueden hacer todos hoy. Gracias, Presidenta. Subsecretaria, no solo en relación con el gobierno regional, ya que la Subsecretaría también tiene obligaciones con los gobernadores, ¿cierto? Le pido que explique, al tiro, ambas cuestiones, por favor. En primer lugar, en el caso de Hacienda, se conversó con Hacienda, se instaló una mesa y vamos a ingresar un artículo transitorio que señala que, para el primer año presupuestario de aplicación de esta ley, el ministro de Hacienda, mediante un decreto elaborado conforme al artículo 70 del Decreto Ley 1263 y sus modificaciones, podrá modificar los subtítulos, ítems, asignaciones y la dotación máxima de personal de los distintos programas de la partida 31 de los gobiernos regionales, con el fin de implementar la división de prevención del delito del gobierno regional, si correspondiera. Así quedó el acuerdo con Hacienda para poder desarrollarlo, en particular, con DIPRES respecto del financiamiento. Respecto a lo nuevo, hoy se ha producido una situación de hecho con los gobiernos regionales que, siendo gobiernos regionales electos, reconocen que la primera prioridad ciudadana es el tema de la seguridad. Los gobiernos regionales han invertido de manera exponencial en seguridad, destinando importantes recursos; sin embargo, no existe una regulación coherente con lo que se está desarrollando a nivel nacional, considerando que ahora existe un nuevo Ministerio de Seguridad y una nueva institucionalidad. Al reconocer la función de prevención del delito, y sobre todo con la creación de la jefatura de división, se crea una musculatura que permite al gobierno regional enfrentar este tema de una manera más sistémica y con mayores facultades. Por ejemplo, los gobiernos regionales, que suelen ser recurridos por los municipios para inversiones, podrán instalar una capacidad en esta instancia que les permita contar con una persona encargada de revisar los planes comunales de seguridad y las inversiones realizadas, de modo que, si se presentan planes o temas incoherentes o poco sistémicos, se pueda responder de manera oportuna y eficaz. Además, lo referido a los certificados de pertinencia ya está incluido en la ley del Ministerio de Seguridad, ajustándose a la política nacional de seguridad, y por otro lado, se reconoce esta función desde el punto de vista de...

Pero dejarlo radicado en la prevención del delito son elementos nuevos, porque había una discusión respecto de si tenían funciones o no en materia de seguridad. Luego, del ministerio se deja y se deja claro que es la Seremi de Seguridad la que tiene la relación con las policías, etc. Al reconocer el rol de seguridad, lo que se busca también con el proyecto es radicar la función en esta nueva área de prevención. Y, por último, la relación con la Subsecretaría de Prevención del Delito, la cual también aparece expresamente en la norma, establece que debe coordinarse con dicha Subsecretaría, es decir, mantener un diálogo permanente respecto de las iniciativas para evitar contradicciones o que se entorpezcan algunas de las acciones diseñadas en el ámbito de la seguridad. Esos, creo, son los elementos más importantes. Gracias, subsecretaria. ¿Algún senador más? Senador Rojo, Edwards. Parece que no prendió. En el fondo, para entender bien a quienes aún no estamos familiarizados con este proyecto, se creará una estructura financiera que se financiará con los fondos que ya dispone cada gobernación regional. Según el informe financiero, esto se debe adaptar dentro de los presupuestos existentes y no implicará solicitar gasto adicional para el gobierno central (lo cual resulta algo ambiguo, ya que en este caso se trata de gobiernos regionales). No sé si en el próximo presupuesto se pedirán recursos específicamente para esto, pero supongamos que en el primer año ya esté contemplado en el acuerdo. Sin embargo, me surge una preocupación: con los mismos fondos actualmente considerados se genera una nueva burocracia interna para contratar más personal. Se plantea que, en el sentido de la seguridad –que es la mayor preocupación– se abre un nuevo espacio para que un mayor porcentaje de los recursos de los gobiernos regionales se destine a la contratación de personal burocrático. Entiendo que no se trata de fondos nuevos del presupuesto, sino de un porcentaje mayor de lo que ya tienen asignado. ¿Podría indicarse si, dentro del acuerdo o la forma planificada de ejecución, existe algún tipo de límite? Porque en el proyecto de ley solo aparece la creación del Jefe de División con grado 4 de la escala única, pero no se contempla la creación de otros puestos de trabajo que, según lo expuesto, se incrementarían en los gobiernos regionales. La pregunta es: ¿hay un límite? ¿Cuál es el máximo costo? Lo clave en este caso, y lo que han solicitado los gobiernos regionales –y que, a nosotros en el Ejecutivo, nos parece sensato– es que no basta con la creación únicamente de la Jefatura de División, ya que esta división debe contar con el personal a cargo. Desde el punto de vista burocrático, yo lo transformaría en positivo, como señalaba la senadora de Sperger: se trataría de formar un equipo capaz de procesar información. Los gobiernos regionales, en general, tienen equipos bastante pequeños y están abocados a una gran cantidad de proyectos e inversiones, por lo que no cuentan con personal dedicado exclusivamente a la revisión de, por ejemplo, los planes de seguridad. Pensemos en las regiones más grandes, como la Región Metropolitana, que debe elaborar 52 planes comunales de Seguridad Pública; y en las regiones más pequeñas, donde, aunque hay menos comunas, igualmente se deben revisar, coordinar y ajustar estos planes a la política nacional de seguridad. Es necesario que exista en el gobierno regional alguien que asuma esta tarea y lidere un equipo en el ámbito de la inversión regional, garantizando coherencia, ajuste y revisión, contando además con conocimientos en materia de seguridad. Lo más probable es que esta jefatura de división deba ser ocupada por una persona con experiencia en el área para efectos de análisis. Yo, más que verlo como algo negativo, lo transformaría en un aspecto positivo.