Senado - Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales - 13 de mayo de 2025

En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Se saluda a los senadores presentes de la comisión, al diputado señor Daniel Melo, a la Ministra del Medio Ambiente y a nuestros invitados, así como a quienes están conectados; veo a Sara Larraín, no sé quién más, pero a todos los invitados. Señora secretaria, la cuenta, por favor. Presidente, hay una carta de los presidentes y presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, de la Cámara de Comercio de Santiago, de la Federación de Empresas de Turismo de Chile, de la Asociación Chilena de Gastronomía y de la Asociación Gremial de Industriales Gráficos, con la que solicitan audiencia con la comisión a fin de entregar antecedentes que aporten en la discusión del proyecto de ley que modifica la Ley 21.136 con el objeto de permitir la entrega de determinados productos para el consumo de alimentos. Eso es lo único que existe en la cuenta. Muchas gracias. Lo tendremos en consideración para efectos de discusión de ese proyecto. Si no hay palabras pedidas sobre la cuenta, le daremos la palabra a la señora secretaria para que haga la introducción del proyecto de ley que vamos a someter a discusión, que es el proyecto de ley Boletín N° 11.597-12. Muy brevemente, el proyecto de ley que se verá hoy es el que modifica el Código de Aguas con el objeto de impedir la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas sobre los glaciares. Tiene su origen en la moción del diputado señor Daniel Melo, ingresada a la Cámara el día 24 de enero de 2018, en tanto que al Senado ingresó el día 6 de septiembre de 2022, disponiéndose las salas de estudio por esta comisión. A continuación, referiré brevemente los fundamentos del proyecto de ley: la iniciativa expresa que el derecho al agua y saneamiento constituyen un derecho humano reconocido tanto por…

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas implica el derecho de toda persona y su familia al reconocimiento del derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho esencial para el pleno disfrute de la vida. Añade que nuestro país no tenía reconocido, en el momento en que presentó la moción, este derecho, habiéndose incorporado posteriormente en el artículo 5º del Código de Agua. Enseguida advierte que, respecto a la protección y preservación de los glaciares, no existe un marco específico que reconozca sus particularidades y que, en cuanto a la institucionalidad, solo existe la unidad de glaciología dependiente de la Dirección General de Agua, lo que se torna insuficiente considerando que el país cuenta con una de las mayores superficies glaciares del mundo. Presidente, dadas las modificaciones que introdujo el Código de Agua, esta moción fue cambiando su objetivo, buscando con los nuevos numerales que se incorporaron al proyecto la protección de los glaciares de manera más íntegra, ya que hasta la fecha no existe una ley sobre protección y preservación de glaciares, a pesar de que hay proyectos sobre la materia que han avanzado legislativamente pero que actualmente están paralizados. El texto de la moción consta de un artículo único con cinco numerales, mediante el cual se modifican diversos artículos del Código de Agua que contienen definiciones de glacial, de ambiente preglacial, de actividades prohibidas y de otros conceptos que se verán oportunamente. Conforme al artículo 127 del Reglamento del Senado, el proyecto se discutirá en general y en lo particular a la vez. La iniciativa no tiene normas de quórum ni trámite de hacienda. Fue aprobada en general en la Cámara por 142 votos y, en lo particular, por 144 votos a favor, frente a un rechazo y 17 abstenciones. Eso es todo lo que quiero. Muchas gracias. Secretaria, le doy la palabra al señor diputado. ¿Alguna referencia anterior? Sí, pero lo pasado estaba distraído; aprovechando que está la ministra de Medio Ambiente en esta sesión, reitero la consulta que hice ayer y quisiera preguntarle a la ministra cuáles son los proyectos de ley que en este periodo podrán ser analizados en esta comisión desde la perspectiva del Ejecutivo. Obviamente, los parlamentarios y el Presidente tienen la agenda de la comisión, pero nos gustaría saber qué tipo de urgencia se incorporará al proyecto que modifica las atribuciones y los temas relacionados con la Superintendencia de Medio Ambiente, proyecto que entiendo ya salió de la Cámara y que uno esperaría comenzar a discutir aquí. Entonces, no sé si el Ministerio de Medio Ambiente está interesado en avanzar en ese proyecto o si, definitivamente, lo guardarán para que "pase mejor vida" o espere su turno en el "sueño de los justos", por así decirlo. Me gustaría conocer esto, no solo para saber cuál será la agenda de adelante, sino también para empezar a proponer algunos proyectos de ley que, en lo particular, nos interesa analizar en esta comisión y no esperar el tema de la Superintendencia. Ministra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Aprovecho para saludar a los senadores, diputados y a las personas que están aquí presentes. A ver, efectivamente es del interés del Ejecutivo y de esta ministra, en particular, que podamos trabajar en conjunto en la reforma a la Superintendencia del Medio Ambiente. Recordemos que la génesis de esta reforma proviene de un trabajo que esta misma comisión mandó cuando se discutía la Ley Marco de Cambio Climático, en el cual se realizó una mesa de trabajo con algunos expertos que culminó en un documento titulado "100 propuestas para la reforma a la Superintendencia". Este proceso es, en cierta forma, análogo a los extensos análisis realizados a lo largo de los años sobre la necesidad de actualizar y modernizar el servicio de evaluación ambiental. Algo similar existe también con la Superintendencia, que ya cuenta con más de una década de funcionamiento y, por lo tanto, se ha ido conformando un diagnóstico que indica que hay algunos aspectos que debieran reformarse para que funcione adecuadamente.

Y hacer más eficaz su funcionamiento. Bueno, el diputado Melo también lo sabe; se discutió ampliamente y salió bastante bien en la Comisión de Medio Ambiente de la sala, y estamos esperando en la Cámara – perdón, está en segundo trámite – ya que fue aprobado también por la amplia mayoría en la Cámara en enero, y quisiéramos ponerlo en la Comisión. Pero para eso, obviamente, tengo que acordarlo con el presidente de la Comisión. Así que voy a seguir intentando tener… Gracias, ministra. Le doy la palabra al señor diputado. Gracias, presidente, por su intermedio; saludo a la ministra y a los señores senadores. Quiero agradecer la posibilidad de poder exponer el día de hoy. Esta es una temática que hemos venido trabajando durante años y creo que es una tremenda señal que el Senado, en este segundo trámite constitucional, pueda dar paso al segundo trámite de un proyecto de tanta relevancia. Traje una presentación; el escenario es mucho más moderno que la Cámara, quiero decirlo. No, yo no, al menos, por eso era aprobar con reforma, ¿no? Bueno, ahí está la presentación. Lo primero, las cifras. Hay 24.000 glaciares en territorio nacional, lo que equivale al 80% de todos los glaciares de Sudamérica. De ahí las primeras importancias; después, contar con una ley que efectivamente los pueda proteger. ¿Qué funciones cumplen los glaciares? Primero, aseguran el agua potable a la población. Por ejemplo, en el caso de la Región Metropolitana – la región que me toca representar, distrito número 13, el sur de Santiago – el agua potable de Santiago en un 60% corresponde a agua que viene de los glaciares de la alta montaña, según datos de la DGA de principios de los 2000. Luego, otra de las funciones importantes es la mantención de los ecosistemas, la continuidad de las actividades económicas, como por ejemplo la agricultura, que también es un área reimportante para la economía nacional, entre otras funciones que permiten los glaciares. Chile es un país vulnerable en cuanto a la disposición de agua dulce, y esto lo vi en comunidades completas; basta con entender lo que ocurre en la Región de Valparaíso con los temas de acceso al agua en comunidades completas. Yo creo que Petorca debe ser uno de los ejemplos mucho más claros y evidentes. Pero también está el avance, por ejemplo, de la destrucción de los pueblos glaciares a propósito de lo que ocurre en regiones como Atacama, Asqualama y todos los problemas que se han suscitado también en esas comunidades. Por lo tanto, los intentos de proteger los glaciares por vía legal llevan más de 20 años. Esta sala, sin ir más lejos, lleva el nombre del insignio senador de la República, don Antonio Horvath. Quiero hacer mención a él, entre otras cosas, porque creo que es uno de los precursores en estas materias, y en particular en la defensa de los glaciares en nuestro país. Iniciativas que han buscado su protección: tres de ellas fueron archivadas, una de las cuales fue objeto de que el Ejecutivo le quitara el patrocinio. Tenemos, por ejemplo, que en el año 2005 la moción del diputado Leopoldo Sánchez se archivó en 2009; en el 2006 la moción del senador Antonio Horvath se archivó en 2010; y en el 2008 la moción del señor Giardi ocurrió lo mismo. Tuvimos un debate bien largo en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, se construyó un acuerdo, se aprobó la…

Nuevamente, la Cámara fue Hacienda, y en Hacienda esto nunca se legisló. Llegó el gobierno del presidente Piñera y se terminó su trámite. En esto, veo responsabilidad transversal en todos los sectores políticos; no quiero responsabilizar a uno u otro sector, sino reconocer que han existido decisiones de los distintos gobiernos. La importancia de esta moción radica, en primer lugar, en que cuenta con un respaldo muy transversal. En la Cámara se aprobó por 114 votos a favor, solo uno en contra y 17 abstenciones. Creo que hay pocos proyectos que tienen tanta transversalidad, lo que también es signo de la relevancia de esta discusión. Esta es una moción, no es una ley especial, ya que, aunque hubo muchas leyes que eran generales o especiales, esta se encaja dentro del Código de Aguas, lo que supone una ventaja al contar con la institucionalidad necesaria para llevar a cabo lo que el proyecto plantea. Existe además un contexto mundial, también en América Latina y, por cierto, en nuestro país, a propósito de la crisis climática y ecológica, que demanda una urgencia determinada en la legislación de temas hídricos. Tenemos que hacer compatible el desarrollo económico con el debido cuidado del medio ambiente. Los glaciares son verdaderos seguros hídricos, si se quiere poner en esos términos, no solo para el interés general del país y para el desarrollo económico, sino también por la cuestión vital, consagrada en el Código de Aguas, del derecho humano al agua. Asimismo, se ha llegado al convencimiento, entre distintos sectores políticos, de la necesidad de resguardar ciertos principios mínimos comunes. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto? Primero, proteger jurídicamente los glaciares y sus entornos naturales, evitando el otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas sobre ellos, por ello se incluye en el Código. Se busca prohibir actividades que generen daño ambiental significativo o irreversible, como ocurrió en Pascualama, con su remoción y todo lo sucedido allí. Además, se prohíben las actividades que producen daño en los glaciares: la remoción o modificación de glaciares (no se permitirán obras sobre o bajo los glaciares) y la contaminación con residuos o productos químicos. Cuando se piensa en la contaminación con residuos o productos químicos, resulta notable recordar que hace 10 o 15 años era habitual que los residuos de la gran minería fueran, por ejemplo, vertidos sobre los glaciares de roca. Hoy en día existe la conciencia de que esto ya no se puede realizar, aunque en ese entonces no se aplicaba esa lógica. Adicionalmente, se plantean sanciones por infracciones que pueden alcanzar hasta 10.000 UTM, exceptuándose este catálogo de protección para actividades en materia científica o de baja intensidad. Esta propuesta se empalma con lo que actualmente plantea el propio Código de Aguas, que establece, por ejemplo, que la DGA instalará estaciones de monitoreo en diferentes cuencas, enfocándose en glaciares, nieves, aguas superficiales y subterráneas. La información recopilada será pública y deberá actualizarse regularmente, como ocurre en los informes de la DGA. Además, se refuerza el régimen sancionatorio: se imponen agravantes por daño a estaciones de monitoreo y estaciones protegidas, multas que aumentan si se afecta el agua destinada al consumo humano y sanciones por afectar caudales ecológicos. Se incentiva la autodenuncia con rebajas del 50% en la multa, haciendo especial énfasis en la protección del recurso hídrico y del ecosistema.

Mociones del Fondo también conversan con aquellas normas que ya hemos aprobado en el caso de la reforma al Código de Aguas. Por último, las conclusiones. Primero, que la modificación del Código de Aguas es crucial para la protección de los glaciares. Segundo, que los glaciares son vitales para el suministro de agua dulce y para la biodiversidad, siendo estas algunas de sus funciones principales. Tercero, que la prohibición establecida ayudará a preservar estos ecosistemas únicos. La Dirección General de Aguas (DGA) tiene un rol importante en el monitoreo de la regulación, y por último, se destaca la necesidad de aumentar la conciencia pública sobre la importancia de los glaciares, patrimonio ambiental y natural de nuestro país. Si se piensa en el contexto de Sudamérica, Chile posee el 80% de los glaciares del continente, los cuales, además de sus funciones ecosistémicas en el marco del cambio climático y la regulación del clima, son esenciales para el suministro de agua dulce. Por ello, el Estado tiene una responsabilidad institucional que cumplir, debiendo buscar un equilibrio entre el desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente y sus ecosistemas frágiles. Presidente, no quiero extenderme más. Me quedan cinco minutos para ir a votar en la sala. Muchas gracias por esta oportunidad. Quisiera terminar señalando que, de todas las mociones parlamentarias presentadas en el Congreso Nacional en los últimos 15 a 20 años –tanto en el Senado como en la Cámara de Diputadas y Diputados– este es el único proyecto de ley que ha tenido la posibilidad de pasar al segundo trámite constitucional. En el caso del Senado, el avance de este proyecto abre la posibilidad, con todas las modificaciones y mejoras que se puedan sugerir, de que se convierta en ley de la República en un tercer trámite constitucional. Muchas gracias. Gracias, diputado. Lo excusamos de la votación. Antes de darle la palabra a Sara Larraín, quisiera referir una consulta que me hacía el senador Gaona. A diferencia de la ley de glaciares, la cual se centraba en la identificación de estos ecosistemas, esta discusión se origina a partir de una modificación al Código de Aguas. Lo planteamos por dos razones, y permítanme explicar como presidente de la comisión, pues no es una decisión antojadiza. En primer lugar, porque se encuentra en segundo trámite y cuenta con un amplio respaldo transversal: 114 votos a favor, 1 en contra y 17 abstenciones. Se dio una discusión enriquecedora y se busca establecer, a través del Código de Aguas avanzado, un conjunto de regulaciones y actuaciones que permitan proteger estos ecosistemas, manteniendo la institucionalidad de la Dirección General de Aguas como ente regulador. En segundo lugar, es difícil comprender que Chile, poseedor del 80% de los glaciares de Sudamérica y referente en materia de estos ecosistemas, no cuente con una regulación adecuada, limitándose a figuras elípticas. A veces es preferible incorporar estas situaciones en la legislación existente. Este proyecto cumple ese objetivo al no tratar de hacer una ley de glaciares per se, sino de modificar el Código de Aguas para reconocer el agua en estado sólido, lo que cumple de forma efectiva la función de protección sin la ambición de una ley específica en materia de glaciares. Además, reitero que, para efectos de distribución por parte de la Secretaría, se registra un respaldo de 114 votos a favor, 1 en contra y 7 abstenciones, lo que permitiría también poner a la vista la discusión y los documentos presentados por los expertos que han comparecido o que serán invitados a declarar. Eso es todo, presidente.

Así que eso, diputado, queda liberado y sin más le doy la palabra a Sara Larraín, que está ahí en el Zoom. Está muteada, Sara. Muchas gracias, muchas gracias, señor presidente. Un saludo especial a la ministra Maisa Rojas y a los senadores Gaona y La Torre, representantes de dos regiones, para lo cual, sin duda, este proyecto es tremendamente relevante para la Región de Valparaíso y para la Región de Atacama, dadas las reservas y respaldos de las cuencas que alimentan las actividades económicas de esa zona. Muchas gracias por la invitación a exponer. Voy a compartir muy rápidamente unas seis láminas durante los 12 minutos que me han concedido, y felicito al presidente por haber puesto este proyecto en discusión, además de unirme al homenaje al senador Horvath, que sin duda fue la persona que alertó al país sobre la importancia de la democracia y de este tremendo patrimonio ambiental de agua congelada, que son los glaciares. Voy a compartir pantalla para ir rápidamente a la presentación. No sé si se ve; ¿lo pueden ver, señor senador? Sí, perfecto. El primer elemento que quería destacar, y por ser tan importante en este momento —no solamente por el cambio climático, sino también por la coyuntura actual— es que, aunque no lo señaló directamente el diputado Melo, la verdad es que ha habido una pérdida sostenida, producto del calentamiento global, de la masa glacial en las últimas décadas. Es un fenómeno global: en los Alpes, en el Himalaya y, obviamente, en los Andes se está evidenciando lo mismo. En este último caso, la mayor tragedia ha sido en Venezuela, que perdió su último glaciar el año pasado; en Perú, especialmente en la Cordillera Blanca, quedan muy pocos; y en Colombia se observa un retroceso bastante acelerado. Suiza ya perdió la mitad de la masa total de sus glaciares en el último siglo, lo cual está sin duda vinculado al cambio climático, a la elevación de la temperatura y a la subida del nivel de la isoterma cero, que es el umbral que permite la mantención de los glaciares. Por lo tanto, la pérdida de este bien público es evidente y la evidencia científica nos llama a hacernos cargo de este problema. En el caso de Chile, no solo se ha evidenciado el derretimiento por la elevación de la isoterma cero —ya que el último inventario de glaciares, presentado a fines del año pasado, muestra un retroceso generalizado en el país— sino que, como indicó el diputado Melo, también hemos enfrentado problemas de depositación de carbono negro, procedente de las ciudades y de procesos industriales, además de la extracción minera en altura. En Chile, donde la minería en altura es significativa, la falta de regulación y de un seguimiento caso a caso de los glaciares mediante el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental ha demostrado ser ineficiente. Es por eso que, como señalaba el senador Diurresti y en la misma línea de lo que planteaba el senador Gaona, es importante avanzar hacia un marco general y un tratamiento integral para este patrimonio de reserva hídrica, que son los glaciares. Cabe destacar que el primer proyecto de ley, justamente anterior al del diputado Sánchez, es del senador Horvath, en el retín 4200.

Del año 2006, del cual se tomaron elementos para el proyecto refundido del Boletín 11.876 de 2018, que está también en primer trámite en el Senado, tenemos 20 años en que no hemos podido proteger este bien público. Entonces, yo creo que hay un llamado, particularmente por la dependencia que tenemos del agua de la cordillera y del agua de los glaciares. En la cuenca del Maipo, señalaba el diputado Daniel Melo, no habría agricultura en el Valle del Maipo; no habría Ciudad de Santiago sin los glaciares. Los glaciares, en los años de sequía, han sido capaces de alimentar en un 70% el caudal del río Maipo, y es por eso que en Santiago hemos tenido la posibilidad de contar con agua sin racionamiento, mientras que la agricultura ha tenido que, en muchas ocasiones, reducir la superficie de riego para pasar el agua a la ciudad. Entonces, estamos en un balance: ¿para qué decir, en Valparaíso, por la cuenca del río Concagua? Todos los usuarios, desde el nacimiento hasta la desembocadura, se enfrentan a una situación tremendamente crítica y de mucha tensión. El contexto político no es fácil y yo creo que esta sería una tremenda señal, si se logra sacar este proyecto. Hemos tenido y tenemos una tendencia de retroceso. Contamos con una reforma al CIA que no mejora en general el sistema, pues, con la excusa de los plazos, no solamente se ha reformado el CEIA, sino que la ley de permisos sectoriales nos está llevando a una simplificación regulatoria para hacer todo más rápido; o la misma ley 21.0691, que pospone la entrada en vigencia sobre los plásticos de un solo uso. Hoy día se observa una tensión de retroceso y no de avance en la protección de los bienes públicos ambientales. El tema, por ejemplo, de las declaraciones juradas como nuevo mecanismo de autorización relativa a la protección de bienes públicos en el Código Sanitario, en el Código de Agua, etc., debilita el principio precautorio, y la verdad es que las leyes, incluido el CIA, tienen un enfoque preventivo. Estamos en un momento complejo. La precariedad institucional es patente, y el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente, incluyendo a la Superintendencia y al Servicio de Evaluación Ambiental, representa un porcentaje vergonzoso del presupuesto de la nación. No existe mucho apoyo hoy día, ni político ni económico, a la institucionalidad; en ese sentido, hay una oportunidad de que este tema se desarrolle en el marco de la legislación de agua, que depende del Ministerio de Obras Públicas y de la Dirección General de Agua, donde probablemente se asignará más presupuesto, etcétera, aunque el marco actual no es muy auspicioso. Particularmente, en el caso de los glaciares, en este gobierno se eliminó, a comienzos del año 2023, la unidad de la zoología de la nieve de la DGA, creada en el año 2008, que permitía realizar, cada cinco años, el inventario de glaciares de Chile. Esa unidad, creada en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, se desarmó sin ninguna explicación; hoy la facultad de actualizar la información sobre los glaciares recae en la sección de hidrología. ¿Por qué señalo esto? Porque yo creo que da una señal de urgencia. Señor presidente, y aprovechando que está presente la ministra del Medio Ambiente, debemos dar señales de responsabilidad ambiental y asumir la inseguridad hídrica que ya se ha instalado; no es que va a venir con el cambio climático, ya llegó. Aprobar esta ley es una tremenda oportunidad en un momento en que se avizoran retrocesos en la materia. Finalmente, el boletín evolucionó muy positivamente desde su primera versión, que consideraba únicamente la frase “los glaciares son bienes nacionales de uso público, y con todo no se podrá constituir derecho de aprovechamiento de agua sobre ellos”, robusteciéndose en su contenido con la incorporación de nuevos artículos en la Cámara.

Que fue aprobada por unanimidad. Está en la línea de la reforma del Código de Agua, que también reconoce en su artículo 5º la protección de todas las aguas en todos sus estados, incluidos los glaciares, que son bienes nacionales de uso público. O sea, eso está en el Código de Agua. Este proyecto de ley es totalmente coherente y complementario con la reforma promulgada en el año 2022; mantiene la Declaración de Bien Nacional de Uso Público, e incorporó prácticamente la definición de glaciar y de entorno glaciar, ambas totalmente coincidentes con las definiciones del Boletín Nº 11.876-12, aprobado por esta misma comisión, por la Comisión de Minería del Senado y, posteriormente, por esta Comisión de Medio Ambiente, y que, entiendo, todavía no ha pasado a sala. Incorporó en la Cámara de Diputados una prohibición específica de actividades que generen impacto significativo o daño ambiental, usando el lenguaje de la Ley 19.300, siendo totalmente coincidente con las prohibiciones establecidas por el proyecto del Boletín 11.876-12, aprobado por ustedes en 2023. La prohibición se refiere a la realización de actividades que impliquen su remoción, traslado o destrucción, ya que en Chile se han removido glaciares con bulldozer, se han trasladado o destruido mediante la construcción de caminos, etcétera. Asimismo, prohíbe el desarrollo de actividades sobre la superficie de los glaciares o debajo de ellos, que puedan alterar su condición natural, acelerar o interrumpir su desplazamiento o favorecer su derretimiento, lo cual se aplica particularmente a la minería subterránea u otro tipo de actividades. También se establece la prohibición de la liberación, vaciamiento o depósito de basuras, productos químicos, material particulado, desperdicios o desechos de cualquier naturaleza o volumen. Este elemento es tremendamente relevante porque, como señalaba el diputado Daniel Melo, no solamente Codelco, sino que otras empresas han utilizado los glaciares de roca como depósitos de descartes del material de minería. Por ejemplo, en el caso de Angloamérica, en la Región Metropolitana, han hecho desaparecer glaciares como el glaciar Infiernillo; o, en el caso de Codelco, el peso ha acelerado el desplazamiento de los glaciares hacia abajo, amenazando incluso la misma faena minera. Finalmente, también prohíbe la ejecución de cualquier otra acción que pueda afectar, de manera directa o indirecta, las funciones del glaciar, siendo las mismas prohibiciones establecidas en el Boletín Nº 11.876-12. Asimismo, se incorporaron en la Cámara de Diputados excepciones para actividades de ecoturismo, montañismo de baja intensidad, investigación científica autorizada o actividades realizadas por la Dirección General de Agua en virtud de los monitoreos o de las estaciones, así como para el rescate, instrucción y entrenamiento de personal autorizado que se realicen en el glaciar o en su entorno; todo lo cual figura en el Boletín Nº 11.876-12 aprobado en 2023. Como señalaba el diputado Daniel Melo, se establecen sanciones de hasta 10.000 unidades tributarias dentro del marco de las sanciones ya definidas en la reforma del Código de Agua del año 2022, lo que afianza de manera pormenorizada el tratamiento del daño a los glaciares. Además, se incorpora la protección sobre la red de estaciones de control de aguas, glaciares y nieve, incluidas en la reforma del Código de Agua del año 2022, pero que hasta ahora no contaban con dicha protección, ya que muchas de estas estaciones han sido vandalizadas, causando una tremenda pérdida para el Estado. En el boletín se incluye una protección especial y sanciones específicas en la modificación de los artículos 173 y 173 bis, referentes a las infracciones, protegiendo así esta red de monitoreo de aguas, glaciares y nieve.