Buenos días, vamos a comenzar la sesión. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión.
Bien, buenos días. Secretario, cuenta.
Gracias, Presidente. Se han recibido diversos oficios de reparticiones públicas dando cuenta de gastos asociados al arriendo de terrenos. Asimismo, se han recibido sendos oficios del señor Ministro de Vivienda informando sobre las materias relacionadas con la ley de presupuestos. Además, el Ministerio de Bienes Nacionales remitió información referida a los programas de regularización de las ocupaciones en el borde costero de Atacama, en cumplimiento de lo establecido en las glosas de la citada ley. También ha llegado una comunicación del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo en respuesta a un oficio de esta comisión, con antecedentes acerca del procedimiento, requisitos y plazos establecidos para que las familias afectadas por incendios u otros siniestros accedan a un subsidio para la reconstrucción o reparación de sus inmuebles. Finalmente, la señora directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos ha hecho llegar el informe anual de Derechos Humanos 2024 elaborado por esa entidad. La información pertinente ya se envió a sus correos, señor Presidente.
Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Los colegas, integrantes de la comisión, exponen puntos varios.
Senadora Gatica: Muchas gracias, Presidente. Solicito a esta mesa poder oficiar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo respecto a una situación que se viene viviendo desde hace un buen tiempo con el Comité de Vivienda de Punahue, en la comuna de Los Lagos. Cabe precisar que estas familias, hace 20 años, compraron un terreno con recursos propios del comité; en este terreno se han realizado intervenciones con recursos estatales para regularizar el acceso. Además, en su momento se cedió una parte del terreno para emplazar el Comité de Agua Potable Rural, que hoy funciona en la localidad de Punahue, en la comuna de Los Lagos. Lamentablemente, no se ha logrado avanzar con la construcción de las viviendas.
El día de ayer, gran parte de las familias integradas en el Comité de Vivienda de Punahue se manifestaron, con justa razón, porque necesitan ser escuchadas; es la primera vez en 20 años que se movilizan. Específicamente, requieren respuestas y que se deje de atribuirles responsabilidades que, después de tanto tiempo, ya no les corresponderían. Yo manifesté y solicité a la Subsecretaria de Vivienda que el SERVIU se hiciera cargo de estimar un presupuesto para determinar el costo del mejoramiento de este terreno y, una vez definido dicho costo, iniciar la búsqueda de los recursos necesarios.
La solicitud es clara, Presidente: se pide que desde esta mesa se instruya al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para que, a través del SERVIU, se realice esta estimación. El SERVIU cuenta con profesionales, mientras que hoy este comité no dispone de entidad patrocinante, ya que, tras tantos años, las entidades reacios a trabajar con ellos argumentan que, a pesar de poseer terreno, no resulta viable continuar el apoyo. Por ello, se debe facilitar la situación, entendiendo que el SERVIU debe funcionar como un servicio facilitador.
En consecuencia, solicito a esta mesa, si lo toma a bien, realizar esta petición de forma directa, considerando que, al haber adquirido el terreno con recursos propios sin pedir plata al Estado, se debe generar una ayuda excepcional y brindar todos los apoyos profesionales que corresponden.
Muchas gracias, Presidente.
Presidente: Muy bien. ¿Habrá acuerdo para oficiar? ¿Se acuerda entonces la solicitud de la Senadora Gatica? (Intervienen Senadora Proboste y Senador Sandoval.)
Presidente, mire, la comuna de Huasco hace ya largo tiempo, desde el año 2021, que finalizaron las obras y se construyó un conjunto de viviendas. Esas viviendas, según indican los vecinos, se las entregaron los maestros. Al terminar de trabajar, le dijeron: “¿Sabe qué? Ocupen sus casas, porque si no, otras personas las van a ocupar”. Nunca ha habido una entrega formal de las viviendas, menos aún la entrega de los títulos de dominio.
Entonces, creo que sería importante poder aclarar cuál es el cronograma. Quiero señalar que desde el año 2021 esta situación ya concluyó y, en este mismo contexto, aprovechar para aclarar qué sucede con la intervención del programa de campamentos, particularmente del programa Quiero Mi Barrio, que tenía un conjunto de obras comprometidas asociadas. Nosotros hemos estado con la comunidad y con sus dirigentes, pero hasta la fecha –y lo pido, presidente–, a pesar de habernos reunido con la directora, con la Seremia de la Vivienda, con la gente del Servicio y con la comunidad, aún no contamos con un cronograma que estipule cuándo se van a entregar definitivamente las escrituras de las casas construidas (varias de ellas en sitio propio) ni cuál es el cronograma de intervenciones del programa Quiero Mi Barrio en el sector de la Villa San Pedro, comuna de Huasco, en la región de Atacama.
Eso, presidente. Muy bien, ¿habría acuerdo también para oficiar lo que propone la senadora Provoa?
A propósito, la señora senadora Abroboste, en la sesión pasada, entiendo que el senador Durán presentó una situación muy parecida: viviendas terminadas desde hace muchos años –algunos hablaban de 3, 4, 5 y hasta 7 años– en las que aún no se ha otorgado el título de propiedad, con todas las implicancias patrimoniales, traspasos, fallecimientos y otros tantos que ello conlleva. Sería bueno reiterar, en ambos sentidos, esa misma inquietud, no sólo en Arica, sino también en otras regiones, para que no se repitan estos problemas en el resto del país, dado el colmo que representa la problemática de vivienda.
Bueno, lo último, presidente, de mi parte. Tengo una situación que dice relación con un comité habitacional de la comuna de la región de Aysén, específicamente en la comuna de Cisne. Se trata de un comité en el que están incorporadas 57 familias, todas postulantes del DS49. El problema radica en que la parte del terreno donde se va a construir se encuentra dentro del recinto que era de la escuela de Puerto Cisne. Cuando la administración municipal aún estaba a cargo, la Alcaldía había comprometido el traspaso de esa parte de terreno para este comité habitacional; sin embargo, aunque se inició el traspaso, no se llegó a formalizar, y ahora este tema ha pasado al SLEP, que, desde el año pasado, ha manifestado tener la misma voluntad y disposición.
Yo le pediría, entonces, que se oficie al Ministerio para que, a través de una instancia formal, el propio sector, a nivel regional y, de ser necesario, a nivel nacional, tome las decisiones pertinentes sobre un patrimonio que ya se había prescindido, pero que no se formalizó, lo cual está demorando la materialización de estas 57 viviendas. Cabe señalar que el comité del presidente se llama Comité P.U. Mayen y su presidente es Marilyn Molina Roble. No ha habido avances en este requerimiento, quedando el tema en tierra de nadie. A pesar de que existió voluntad –incluso cuando se tramitaba en la municipalidad y pasó al ESLEM–, el problema quedó entrañado, provocando demoras en las gestiones. Las voluntades de traspaso se mantienen vigentes por el SLEP regional, pero es necesario agilizar los trámites administrativos. Considero que, de otra forma, el comité difícilmente podrá impulsar algo eficiente, por lo que sería bueno que el Ministerio intervenga de forma más directa con el ámbito educacional, involucrando a dicho servicio.
Muchas gracias.
Muy bien, habría acuerdo, y no sé si, a partir de los antecedentes, se podría remitir el oficio también al Ministerio de Educación y al Servicio Local, dado que existe una conversación en curso entre Vivienda y Educación. ¿Habría acuerdo entonces? ¿A la Dirección de Educación Pública?
Claro, por el Servicio Local.
Exacto.
Muy bien. Bueno, senadora Gatica. Lo expongo de forma breve, ya que lo he planteado en varias oportunidades en esta comisión. Se trata de la respuesta pendiente respecto al comité de vivienda de Alto Neltume, concerniente a un terreno que hoy corresponde al dominio de Bienes Nacionales. En la administración anterior se dio el visto bueno para que dicho terreno fuera transferido al comité de vivienda, pero lamentablemente no se ha obtenido respuesta. El año pasado, estas dirigentes se reunieron con el ministro Carlos Montes, quien se comprometió a entregar, al cabo de un mes desde la reunión, una respuesta a las familias del comité, confirmando si se realizaría o no el traspaso del terreno. Hoy día, la cuestión sigue rebotando entre Bienes Nacionales, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Presidencia.
Por ello, solicito a la Mesa que se reiteré la petición ante la Presidencia, exigiendo una respuesta clara a las familias: si el traspaso se realizará, lo que permitiría avanzar en la primera y más difícil etapa para el desarrollo de un conjunto habitacional de viviendas sociales, o, en caso negativo, que se informe de forma directa, ya que estas familias llevan más de cinco años a la espera de una solución. Es fundamental oficiar a la Presidencia, al Ministerio de Vivienda y a Bienes Nacionales para que en un plazo no mayor a un mes se emita una respuesta, considerando que, tras un año desde aquel compromiso con el ministro Montes, aún no se ha definido nada respecto a las familias de la localidad de Neltume, en la comuna de Panguipulli. Gracias, presidente.
¿Habría acuerdo entonces para solicitar aquello que plantea la senadora Gatica?
Muy bien, senador Sandoval. Quiero separar este asunto porque se trata de otro tema, que incide en el presupuesto del sector. Sería conveniente que el Ministerio nos informara sobre los impactos que, eventualmente, están teniendo en el presupuesto, en especial la posible rebaja presupuestaria derivada de errores en los cálculos para el año 2025. Como muestra de ello, el decreto 451 del 30 de abril del presente año, que establece las modificaciones presupuestarias para los gobiernos regionales, contempla rebajas significativas, lo que ha generado un amplio debate. El gobernador de nuestra región, Marcelo Santana, nos informó que, en el caso de Aysén, se asignaron 2.500 millones de pesos menos para este año.
Evidentemente, en la región extrema, donde históricamente se operan con menores niveles de actividad y se enfrentan diversas necesidades, esta situación es especialmente compleja. Sin embargo, cabe precisar que los ajustes presupuestarios a los gobiernos regionales resultan absolutamente insuficientes para cuadrar las cuentas a nivel nacional. Si bien hoy se realizará una exposición a las 14:00 horas por parte de la Comisión del Mercado Financiero, sería importante conocer, presidente, cuál es el impacto de las rebajas planteadas a nivel nacional por el Ministerio de Hacienda en los presupuestos del propio Ministerio de Vivienda, y cuáles son las áreas que se verán más directamente afectadas.
Cabe señalar que este decreto, emitido el 30 de abril, afecta a todos los gobiernos regionales del país, con detalles específicos para cada uno, y representa miles de millones de pesos en rebajas presupuestarias para el desarrollo de dichos gobiernos. Gracias, presidente.
Muy bien, sería una consulta entonces a Hacienda DIPRES, más que a Subdere. ¿Habría acuerdo, entonces?
Bien, pasados los puntos varios, vamos a la tabla y agradecemos la presencia de nuestros invitados, a quienes ya vamos a presentar y saludar inmediatamente. Esta sesión tiene que ver también con un compromiso asumido en sesiones anteriores, respecto a tratar de manera más específica y en profundidad el reciente catastro dado a conocer por Techo – Un Techo para Chile – el Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025. Agradezco la invitación que se me hizo para participar en una de las presentaciones; no sé si es la única, en la Universidad Alberto Hurtado, por tema de agenda no podía estar, pero rápidamente nos comprometimos a poder invitarlos. Agradecemos, además, la presencia de la Fundación ACA, del director ejecutivo Gonzalo Rodríguez, de la directora de incidencia de estudio Ignacio Zafirio, de la directora del Centro de Estudios, Javiera Mundaca, y de quienes la acompañan.
A continuación, les daremos la palabra para que expongan el Catastro Nacional de Campamentos, actualizado a 2024-2025. Asimismo, agradecemos la presencia del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, del jefe del Departamento de Asentamientos Precarios, señor Andrés Palma; de la jefa del Centro de Estudios de Ciudad y Territorio, Isabel Serra; de la encargada de análisis y gestión de información territorial, María Loreto Paellaqueo; y de la asesora legislativa, Janet Tapia, junto a sus equipos.
En primer lugar, le damos la palabra a Techo para que exponga el catastro; luego al Ministerio de Vivienda, y finalmente abriremos espacios para consultas y comentarios sobre un tema tan relevante y urgente de enfrentar en nuestro país.
Adelante, Gonzalo.
Muy buenos días, señor presidente, y, por su intermedio, saludo al resto de la comisión. Agradecemos el espacio para presentar las cifras del catastro de campamentos. También queremos valorar en esta instancia el compromiso que ha existido en esta Comisión de Vivienda del Senado para atender la urgencia del déficit habitacional, evidenciado particularmente en la rápida tramitación de la Ley 21.741, la cual, estamos seguros, permitirá que cientos de familias que hoy viven en campamentos puedan acceder, en el mediano plazo, a una solución.
Hoy venimos a presentar cifras que, la verdad, no son alentadoras; son números que nos hacen retroceder hasta hace 30 años. Creemos que existe una responsabilidad no solo del Estado, sino también de la sociedad, al dejar de considerar los campamentos como algo prioritario y, en un sentido más amplio, de la pobreza, lo que ha generado este retroceso en las cifras.
Los resultados serán presentados por nuestra directora del Centro de Estudios, Jadira Munkada. Al final, volveré con algunas reflexiones para cerrar en torno a estas cifras y compartir algunas luces sobre cómo podríamos seguir abordando esta problemática. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Saludo a todos los senadores y senadoras presentes. Presidente Juan La Torre.
Aquí, como les mencionaba Gonzalo, vamos a presentar los resultados de nuestro catastro, lanzado recientemente en marzo, después de un trabajo de más de un año. Nuestras cifras fueron recopiladas desde mayo del año pasado hasta febrero del presente año. Durante este período, visitamos más de 1.780 pistas de campamento, donde aplicamos nuestro cuestionario para identificarlos, caracterizarlos y determinar cuántos campamentos activos hay en el país.
En cuanto a las cifras nacionales, identificamos que existen 1.428 campamentos, en los que habitan más de 120.000 familias a lo largo de todo el territorio nacional.
Asimismo, mostramos cómo ha evolucionado la situación de los campamentos a lo largo del tiempo. A la fecha, hemos observado un aumento, alcanzando una cifra que representa la mayor en 30 años. Veníamos de un periodo, entre 2001 y 2006, en el que la tendencia era a la baja; luego, entre 2010 y 2015, se mantuvo sostenida la cantidad de campamentos, para, a partir de 2019, dar un salto exponencial hasta alcanzar las cifras que presentamos hoy, evidenciando nuevamente un crecimiento.
Que se observaba antes del año 2019 y esto, especialmente, se da porque estamos frente a causas estructurales de la vivienda, del acceso a la vivienda, y ya pasamos este periodo de causas más coyunturales, como el efecto pandemia, los efectos de la baja del empleo y de la desaceleración económica. Hoy día, entre la medición 2023 y 2025, tenemos un alza del 10,8% en campamentos, y casi el 6% representa la cantidad de familias que viven en estos asentamientos.
Aquí, algo importante a evaluar es que, cuando uno mira todos los componentes del déficit habitacional, han descendido a partir del año 2018 aproximadamente, mientras que los campamentos en el mismo periodo han mostrado un aumento sostenido. Cuando se pregunta si la población en campamentos ha crecido al mismo ritmo que la población en el territorio nacional, la respuesta es que no. Entre el año 2002 y 2017, el crecimiento de la población en Chile fue mucho más acelerado que el de la población en campamentos, y hoy día esa tendencia se revierte, ya que entre 2017 y 2024 se registra un crecimiento en torno a un 196% en los campamentos.
Dentro de las regiones con mayor cantidad de campamentos se encuentran Valparaíso, Biobío, Antofagasta y la Región Metropolitana, mientras que aquellas que concentran mayor cantidad de familias son Valparaíso, la Metropolitana, Antofagasta y Tarapacá. Los aumentos proporcionales más relevantes, en cuanto a magnitud por región, se observan en Maule, Coquimbo y Los Ríos.
Es relevante destacar que, durante los últimos 30 años, los tamaños de los campamentos han ido aumentando; esta medición lo confirma, y el crecimiento de estos campamentos también refleja una deuda social que no podemos seguir postergando. Hoy día, aproximadamente son 84 los hogares que habitan los campamentos en promedio, destacándose aquellos de Tarapacá, Metropolitana y Arica, los campamentos más grandes del país. Esto tiene implicancias en la política pública, ya que estamos frente a un DS-49, el subsidio destinado a la población más vulnerable, el cual solamente permite soluciones colectivas para 160 hogares.
Por otro lado, se observa que los campamentos más pequeños se encuentran en la zona centro-sur, donde Ñuble alcanza apenas 13 familias por campamento. Al analizar las comunas más críticas en relación a la cantidad de campamentos, se constata que cuatro comunas concentran casi el 30% del total; en primer lugar, Antofagasta, seguida de Viña del Mar, Copiapó y Valparaíso, mientras que la mayor cantidad de familias –más de la mitad de las familias de campamento– se concentran en nueve comunas, encabezadas por Viña del Mar, Alto Hospicio, Antofagasta, San Antonio y Copiapó.
Esto también se evidencia en el territorio. La senadora Yásna Proboste debe conocer muy bien este ejemplo: se trata del macrocampamento en el sector Colonias Extranjeras, en la comuna de Copiapó, en la Región de Atacama, donde, en tan solo cinco años, se han sumado más de mil nuevas familias.
Entre los motivos de campamentación, se sigue observando que la mayoría de estas familias llegan a los campamentos principalmente por razones económicas: el alto costo de los arriendos, los bajos ingresos y, en menor medida, la necesidad de independencia. Asimismo, un asunto que aqueja mucho a la organización es el caso de los desalojos, lo que también ha impactado la cifra. En la imagen del campamento 18 de octubre en Villa Alemana se puede apreciar este fenómeno, habiéndose desalojado en el año 2023; asimismo, una imagen satelital actualizada muestra que tampoco se realizan reconversiones del terreno.
Entre los principales hallazgos del catastro destaca la aparente desaceleración en la cantidad de campamentos. La primera medición, realizada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a partir del año 1996, cifró en 115.000 las familias que vivían en campamentos; hoy día son más de 120.000, la mayor cifra en 30 años. Desde esa fecha, el mayor ingreso de nuevas familias a campamento se produjo en el año 2020.
Entre el año 2022 y 2023, seguido del período comprendido entre el año 2019 y 2021, se registra la cuarta medición con el incremento más alto en la cantidad de familias, en donde se suman 6.000 familias nuevas en campamentos.
La aceleración observada a partir del año 2019, como se había comentado, se debe principalmente a causas coyunturales, tales como el estallido social, la crisis económica, la pandemia y el consecuente aumento del desempleo. Nos preguntamos: si ya pasamos ese período y estas causas coyunturales se han ido manteniendo y disminuyendo su impacto, ¿por qué las familias de campamentos siguen aumentando? Esto se explica porque también existen causas estructurales que impulsan la persistencia y expansión del fenómeno. Entre ellas se encuentran la baja asequibilidad a la vivienda, el alto costo de los arriendos y dividendos, el bajo aumento de los salarios, la desigualdad urbana y la segregación social, junto con la ineficiencia en la gestión del suelo y las limitaciones de la política habitacional.
La crisis habitacional no solo se manifiesta en la escasez de viviendas disponibles, sino también en los largos tiempos de espera que enfrentan estas familias. El 35% de los campamentos en el país lleva al menos 14 años viviendo en estos asentamientos, a la espera de ser considerados para la política habitacional. Al momento de adjudicarse un proyecto, el tiempo promedio de demora para su ejecución es de 11 años, lo que indica que, en definitiva, la tendencia es que un campamento puede llegar a existir hasta 25 años.
Hoy día se observa una diversidad de campamentos que implica también distintas necesidades. Casi un 24% de la población en campamentos son menores de 14 años, lo que representa más de 84.000 niños, un porcentaje considerablemente superior al nacional, que ronda el 17%. Asimismo, el aumento de las familias migrantes es de casi un 20%, pasando de 39.000 en el catastro anterior a más de 47.000, lo que indica que un 40% de las familias en campamentos son migrantes. Por otro lado, se observa diversidad en los hogares, destacándose que los hogares unipersonales constituyen un 30% de los campamentos que quedan fuera de la política habitacional.
Estos cambios demográficos evidencian que existen diversos tipos de campamentos con variadas necesidades. La presencia de menores de 14 años se concentra principalmente en el norte del país, asociada a campamentos con una alta proporción de familias migrantes, mientras que los hogares unipersonales son más frecuentes en el centro sur, resaltando las distintas necesidades regionales. Se requiere, por tanto, una política habitacional flexible que abarque las particularidades de cada región, dado que este panorama demanda una respuesta diversa y adaptada a los nuevos desafíos habitacionales.
Existen campamentos pequeños, inactivos, grandes, de migrantes, macrocampamentos, estratégicos y también periféricos. Como se mencionó, un 35% de ellos se conformó entre el año 2010 y 2019, y los campamentos más recientes se ubican en la macrozona norte y centro del país, donde se acumulan las necesidades más críticas a nivel nacional.
En temas de organización, hoy día un 78% de los campamentos cuenta con una directiva activa, lo que representa un aumento del 11% respecto a la medición anterior, y un 25% de estas directivas incluye a personas migrantes. Además, son 785 los campamentos que tienen uno o más comités de vivienda, de los cuales la mitad posee personalidad jurídica; es decir, el 70% de los campamentos cuenta con comité de vivienda, evidenciando así una demanda de vivienda organizada. Cabe preguntarse: ¿es la demanda el problema o es la oferta? Un alto porcentaje de los campamentos está organizado internamente; son 703 aquellos que actualmente esperan una solución habitacional con un objetivo definido.
La organización interna facilita el acceso a los subsidios habitacionales, la gestión de proyectos de mejoramiento de la habitabilidad y del entorno, y la ejecución de proyectos de habitabilidad primaria. Los campamentos hoy día tienen una mayor conciencia sobre
Estrategias habitacionales disponibles. Entonces, ¿por qué no logramos avanzar con ellos? Ahora dejo a Gonzalo con las reflexiones y desafíos de este catastrofe.
Muchas gracias, Javiera. Creo que las cifras son contundentes, muchas veces hablan por sí solas, pero nos gustaría compartir tres reflexiones y comentarios finales.
El primero de ellos es que vemos con preocupación cómo, en el último tiempo, el tema de los campamentos se ha empezado a abordar más como un asunto de seguridad y no de vivienda o pobreza. Hoy tenemos 229 campamentos que tienen notificación formal de desalojo, lo que hace que 16.000 familias vivan con la incertidumbre de si pueden ser desalojadas de un día para otro. Este es un tema que venimos monitoreando con el Instituto Nacional de Derechos Humanos y con la Defensoría de la Niñez. Sin embargo, también observamos que, a pesar de ciertas insistencias, el Ministerio del Interior no ha accedido a la creación de un protocolo sobre desalojos que permita resguardar estos derechos cuando estos procedimientos ocurran, sabiendo que, en ciertas situaciones, tienen que realizarse como última instancia.
La segunda reflexión se centra en la evaluación del plan de emergencia habitacional que ha presentado este gobierno y que se consagró en ley. Aun cuando restan algunos meses para poder hacer una evaluación más completa, es bastante claro para nosotros que esta política no está funcionando del todo para las familias de campamentos. Del total de estas familias, un 23,5% está contemplado en el plan, lo que equivale a alrededor de 28.000 familias, pero apenas el 6% ha accedido a una solución habitacional definitiva, es decir, 1.700 familias. De las casi 190.000 soluciones entregadas, menos del 1% corresponde a familias de campamento. No se han construido proyectos de barrios finalizados y eso implica que la mayoría de las familias continúan esperando una respuesta. ¿Esto significa que el plan de emergencia habitacional no sirve o debería cambiarse? Creemos que no, pero sí es necesario reforzarlo y reenfocarlo para que sea un instrumento útil y eficaz para atender a quienes viven en campamentos.
Acá han participado muchas organizaciones, en esta misma comisión, como la Asociación de Desarrolladores de Vivienda Social, la Cámara de China de la Construcción y Definit Zero, entre otras. No somos los primeros en decir que, a este ritmo, este problema no se solucionará y seguirá aumentando.
Por último, y porque somos una organización que se caracteriza no solo por trabajar en campamentos, sino también por la acción y no quedarse solo en diagnósticos, vemos algunas medidas indispensables para este último año de gobierno y esta legislatura. Nos parece fundamental que el gobierno tenga un pronunciamiento claro y contundente en la próxima Cuenta Pública, reconociendo que este es un problema grave y que se adoptarán medidas urgentes para enfrentar la realidad que hoy describimos. No somos ciegos: hemos tenido numerosas conversaciones con el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, que, si bien ha realizado grandes esfuerzos en este tema, en particular en el déficit habitacional, haciendo más de lo mismo es bastante probable que los resultados no cambien.
En segundo lugar, y reconociendo la seriedad del trabajo que se realiza en esta comisión, creemos que pueden seguir siendo un aporte tremendo en el combate del déficit habitacional. Por ejemplo, aprobando con celeridad el proyecto de ley que fortalece y moderniza el sistema de planificación territorial del país, el cual ingresó al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo el 27 de noviembre del año pasado. Solicitamos también un respaldo activo de esta comisión para que dicho proyecto avance, ya que la planificación territorial es una de las principales trabas que hoy día se observan en zonas urbanas y rurales para la construcción de viviendas sociales. Aunque este proyecto no apunta directamente a campamentos, entendemos que es una buena forma de facilitar que ciertos lugares se reserven para la construcción de vivienda social.
Y, finalmente, está la necesidad de reimpulsar el plan de emergencia habitacional. Como ustedes saben, el artículo 29 de la ley 21.450 indica que el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo debe remitir un informe anual de evaluación a las comisiones de vivienda, lo que representa una oportunidad para que el Senado lidere la conversación sobre la renovación y mejora del plan en la próxima administración. Creemos que sería una muy mala noticia que un nuevo gobierno, ya sea de cambio o de continuidad, partiera de cero y tuviera que crear un plan nuevamente.
Creemos que, así como la realidad de los campamentos o el aumento sostenido de la última década no se produce en un solo periodo de gobierno, la solución tampoco se logrará en un periodo de cuatro años. Por eso consideramos importante el rol que pueda jugar el Senado como una institución del Estado a largo plazo, dotándole de una política de Estado para el tema de los campamentos. Estamos seguros de que medidas, por puntuales que sean y que estamos visualizando a corto plazo, pueden contribuir a resolver este problema tan complejo. Al mismo tiempo, no debemos olvidar que hoy día existen 120.000 hogares en campamento, lo que implica que alrededor de 350.000 personas viven en estas condiciones y, una vez más, tendrán que pasar un invierno sin haber podido acceder a una vivienda digna. Creemos que el esfuerzo conjunto de instituciones del Estado, así como del sector privado, es fundamental para hacer frente a esta realidad.
Muy bien, muchas gracias Gonzalo Rodríguez, director ejecutivo de TECHO, y Javiera Mundaca, directora del Centro de Estudios, por la presentación del catastro, las reflexiones y las propuestas. ¿Les parece que escuchemos ahora al Ministerio de Vivienda? Andrés Palma, o no sé quién vaya a exponer, y Loreto sigue. Perfecto. Adelante. Andrés, si puedes acercar el micrófono y prenderlo, se está transmitiendo; el otro hay que apagarlo, Loreto, ese hay que apagarlo.
Señor presidente, muchas gracias. Señora senadora y señor senador, gracias por invitarnos a compartir esta reflexión. De hecho, TECHO publicó su versión con datos tomados entre mayo de 2024 y febrero de 2025. Lo primero que queremos decir es que, en términos generales, los datos son coincidentes con la información que dispone el Ministerio, tanto en el número de campamentos –TECHO identifica 1.428 y nosotros, para 2024, 1.432– como en la descripción social de las familias que habitan en ellos. Ambos coinciden en que la principal razón para vivir en campamentos es la situación socioeconómica, evidenciada en el alto costo del arriendo, los bajos ingresos y las condiciones de habitabilidad, en cuanto al acceso a servicios básicos como agua potable y electricidad. También hay coincidencia en la distribución espacial, ya que más del 85% de los campamentos y hogares se concentran en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Metropolitana y Biobío.
Sin embargo, el estudio publicado por TECHO presenta datos interesantes que requieren un análisis más profundo, principalmente debido a las diferencias metodológicas entre la información que dispone el Ministerio y la que entrega TECHO. En cifras generales, como se puede ver en la pantalla, hay una pequeña diferencia en el número de campamentos; sin embargo, no contamos con una estimación de hogares para el año 2024, ya que el número de campamentos se realizó sobre la base de la identificación de polígonos en los que había familias en situación de campamento, pero aún no se ha llevado a cabo el catastro de esa información. Estamos a la espera, pues en el censo entregamos al Instituto Nacional de Estadística estos polígonos para que sean censados como tales, de modo que la información del censo nos proporcionará el registro de los hogares que había en 2024 en cada uno de esos polígonos. Pero las proyecciones, si mantenemos la proporcionalidad, …
De familias por campamento y las proyectamos a esos polígonos, nos da entre 92.000 y 100.000 familias, que es un número inferior al que detecta TECHO-Chile, pero más que detenerme en la cifra, quiero pasarle la palabra a Loreto para que explique las diferencias metodológicas que pueden dar razón a las diferencias en los datos.
Adelante, Loreto, si puede avanzar, por favor.
Bueno, lo primero es que hay una pequeña diferencia en la definición de campamentos que utiliza TECHO-Chile y la que emplea el Ministerio, lo que genera variaciones también en la cantidad, principalmente. Ellos consideran que un campamento es una unidad socioterritorial, es decir, que cuenta con una dirigencia y una formación; mientras que, para nosotros, se trata de un asentamiento humano. Por ello, más adelante veremos las gráficas, ya que de un campamento, según nuestra definición, pueden derivar tres, o bien TECHO-Chile podría identificar tres campamentos. Así se explica la diferencia en la cantidad global, aunque las variaciones son pequeñas y era importante mencionarlas.
Además, trabajamos en el último catastro de 2024 utilizando información del año 2023, en el que se detectaron 320 campamentos; de ellos, se descartaron algunos y fueron validados 220. Aprovechando para responder a la pregunta, cabe destacar otra diferencia metodológica importante: el Ministerio valida en terreno cada uno de los campamentos, verificando si realmente cumplen con la definición, ya que, sobre todo en la zona norte, existen loteos irregulares que, aunque se identifican como campamentos en imágenes satelitales, son asentamientos totalmente distintos en términos normativos, legislativos y de definición.
Por otra parte, también se han detectado segundas viviendas en algunas unidades territoriales. Nosotros, además de contar con la información de TECHO-Chile, utilizamos datos del INE. En enero de 2024 se realizó el despliegue territorial en todas las regiones del país y en cada comuna, validando la información de manera individual. Asimismo, Carabineros de Chile aportó datos relevantes, ya que visitaron cada uno de los asentamientos precarios para confirmar si se trataba o no de campamentos.
El objetivo del catastro de campamentos, y que acá igual tiene que ver con el catastro de hogares y la cifra de hogares, como mencionó Andrés, si bien el Ministerio de Vivienda y Urbanismo está pendiente de esta segunda fase del catastro, porque solamente se hizo la fase de identificación de asentamientos precarios, acá el propósito del Ministerio de Vivienda y Urbanismo...
Es principalmente para la gestión y para dar solución habitacional u otro tipo, o solución a las familias que habitan estos territorios. Por eso, el catastro del Ministerio es constante; no es que nosotros realicemos un catastro cada dos años, sino que, por ejemplo, las familias se van ingresando mensualmente o anualmente a las bases ministeriales. Y, dependiendo también de la urgencia por los temas de desalojos, se han priorizado los catastros en estos campamentos para determinar la salida habitacional idónea respecto a cada una de las familias, evaluando si son hábiles, cuántos niños tienen o si presentan alguna discapacidad. Entre 2024 y 2025 se priorizará aplicar la ficha 2 de caracterización de hogares a los campamentos en desalojos y, en 2024, a los campamentos afectados por el incendio en Valparaíso. Si bien todavía no se daba la cifra oficial publicada en el Diario Oficial el 1 de marzo, se consideró, de todas maneras, a todas las familias afectadas por el incendio en Valparaíso la aplicación de la ficha 2 para generar una solución con mayor celeridad y evitar que se excluyan del catastro de campamento. Este año se han realizado catastros de fichado en las regiones de Valparaíso, Atacama, Bío Bío y en otras, priorizando los campamentos que están en desalojo y aquellos nuevos que no están en salos, quedando en una segunda línea.
Bueno, acá hay un resumen más explícito de las diferencias metodológicas. Ya he explicado que, principalmente, nosotros vamos a cada una de las familias. Me quiero retomar la palabra, porque este gráfico es muy ilustrativo de la evolución de los campamentos y de los efectos directos e indirectos de las políticas. En el gráfico, pueden ver también el texto impreso para las señoras y señores senadores, que se aprecia mejor en dicho documento que en la pantalla. Perdón, me quedé sin el texto impreso; aquí está. Si uno mira el gráfico, la línea de Minbu-Hogares y la línea de Techo-Hogares son muy coincidentes hasta el año 2019, y la diferencia en términos de hogares se manifiesta a partir de ese año. Nosotros explicamos la diferencia por las diversas fuentes de información, ya que la tendencia general se mantiene. Sin embargo, es interesante observar la tendencia de la línea de Techo, pues, al seguirla —que es perfectamente comparable porque la metodología es la misma en cada toma— se evidencia un enorme incremento entre 2019 y 2022. Posteriormente, del 2022 al periodo 2024-25 se retorna a la tendencia previa, pero a un nivel más alto en el número de campamentos y de familias en hogares, lo que contrasta con el gran incremento registrado entre 2017 y 2018.