Gracias. ...para regular el ejercicio de distintas profesiones del área de la salud como parte del equipo médico. Un oficio también del Presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia en carácter de simple para el despacho del proyecto que establece la eliminación de los cobros que realizan las ISAPRES a las mujeres por concepto de efectividad. Estos son los refundidos que estamos viendo: un proyecto iniciado en moción del diputado Romero don Leonidas y de la diputada Ahumada que prohíbe la promoción, comercialización, distribución, consumo y facilitación de drogas ilícitas, uso indebido de sustancias controladas y el consumo de alcohol no autorizado, tabaco y cigarros en entornos escolares y comunitarios.
Dos oficios de la Ministra de Salud, mediante los cuales, en uno, se informa sobre el número de agresiones que han recibido los funcionarios de los centros de salud familiar a nivel nacional, desagregado por servicios de salud y comunas; y, en otro, se informa sobre la posibilidad de gestionar la adquisición de un angiógrafo en el Hospital Regional de Temuco, con el objeto de permitir diagnosticar y tratar enfermedades cardiovasculares, neurológicas y periféricas, como el aneurisma, por ejemplo.
Un oficio de la dirección.
Pero es neurológica, ¿no? El aneurisma tampoco es neurológico; puede ser cerebral, no sé si da lo mismo.
Oficio de la directora del Hospital Carlos Bambiure, mediante el cual responde a la comisión sobre las dificultades que están teniendo algunos hospitales autogestionados, producto del bloqueo de proveedores de insumos, implantes, dispositivos médicos, entre otros, por falta de pago.
13 oficios de distintos organismos públicos, mediante los cuales se da cumplimiento a la Ley de Presupuestos del año 2025, informando sobre las referidas glosas presupuestarias de dichos organismos.
Un oficio de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, mediante el cual se solicita el acuerdo de la Comisión para celebrar una sesión conjunta con las comisiones de Educación y de Salud, a fin de abordar la situación que están viviendo los alumnos con trastorno del espectro autista en el contexto actual de nuestro sistema educativo e invitar a dicha sesión a los ministros de Educación, de Salud Social, Familia y Salud, así como a representantes de la Superintendencia de Educación del Servicio Nacional de Discapacidad y de demás organismos que puedan contribuir al debate en un diálogo constructivo para acordar propuestas que garanticen la protección y promoción de los derechos de dichos alumnos.
Una comunicación de la Comisión de Acusación Constitucional, deducida en contra del delegado presidencial de la Región Metropolitana, a fin de dar por justificada la inexistencia de los diputados Rosas y Agustín Romero en los horarios indicados, y una solicitud de audiencia de la diputada Claudia Nitz, a fin de recibir a la agrupación ACB (Amigos de la Esperanza de la Comuna de Pudahuel) para que presente su organización, relate su experiencia y exponga acerca de esta emergencia médica.
Una solicitud de un particular para la creación de leyes inclusivas para personas con discapacidad visual y auditiva, especialmente en lo que respecta a herramientas tecnológicas adicionales de uso complementario que faciliten un mejor acceso a la información, según indican los documentos.
Otra comunicación de un particular, quien es exfuncionaria del Hospital Roberto del Río del Servicio de Salud Metropolitano Norte, mediante la cual se remite una denuncia de irregularidades en contra del hospital. El documento no ha sido publicado, pues contiene información reservada e individualización de algunos funcionarios.
Una denuncia de un particular, exfuncionario del Poder Judicial, realizada en marzo de 2024, como resultado de haber denunciado a su empleador, el Poder Judicial, por acoso laboral, enfermedad profesional y la exigencia del traslado de puestos de trabajo detectado por la Superintendencia de Seguridad Social. Esto fue enviado directamente a los correos de los integrantes de la Comisión.
Una denuncia de un particular, mediante la cual se remite un link con video que muestra solo una parte de la ciudad de Los Ángeles (Bío Bío), específicamente de la zona poniente, donde se observa claramente a las máquinas aerogeneradoras de los complejos eólicos industriales invadiendo las zonas rurales habitadas. Dicha denuncia se enmarca en la discusión del proyecto que modifica la Ley 19.800 y regula de manera especial la construcción de complejos de aerogeneración, proyectos que están radicados en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, aunque interesa que también sea conocido por la Comisión de Salud.
Y, finalmente, una comunicación de la presidenta de la Fundación, José Galazo, mediante la cual se solicita dar continuidad al boletín 6428, raya 14, referente al proyecto que busca proteger la salud mental de los jóvenes en la educación superior, el cual actualmente se encuentra en tramitación.
Eso es todo. Ah, y hay un pareo de la diputada Cariola y el diputado Andrés Celio.
Muchas gracias, señora secretaria. ¿Alguien quiere hacer algún alcance a lo que se acaba de leer de la cuenta?
– Adelante, sobre la cuenta; tiene que ser la cuenta.
Sí, presidente, muchas gracias. Gracias por permitirme. Si bien yo vengo en puntos varios, muy precisos, sobre la cuenta, sobre el punto 21, oficio de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, el número 257. Efectivamente, nosotros hablamos en acuerdo con la presidenta de la Comisión de Educación para…
Que abordemos de manera integral salud, educación y personas mayores de discapacidad, considerando lo sucedido con la ley 21.545, la ley de autismo, y en relación directa con los temas de discriminación y aquellos asuntos profundamente dolorosos a nivel educacional que han impactado a toda la comunidad. Por ello, se refuerza la necesidad de recabar un acuerdo para poder realizar una sesión conjunta. Muchas gracias, Presidenta.
Muchas gracias, diputada Marzán. Le quiero contar que en la sesión anterior se acordó realizar la reunión; ahora falta planificar y fijar la fecha, ya que enfrentamos una gran urgencia. Me imagino que todas las comisiones deberán buscar un momento extra, que no interfiera con las actividades habituales, para poder definir una fecha en la que podamos reunirnos y poner sobre la mesa los distintos elementos relacionados con el cumplimiento de la ley. Todos sabemos y escuchamos en nuestro territorio, a diario, que en muchas áreas aún falta capacitación y otros elementos necesarios para abordar de manera correcta la inclusión, que es el fin de dicha ley.
Procedo a abrir un espacio para puntos varios. Quiero aclarar que, dado que es probable que se excedan los 20 minutos, les ruego a quienes participen en este segmento que utilicen un tiempo máximo de tres minutos cada uno. Adelante, diputada Gasmurri.
Quisiera traer a colación, en primer lugar y como se ha mencionado reiteradamente en esta comisión, el tema de las vacunas. En particular, se ha destacado la situación de los pacientes con severos efectos adversos de la vacuna contra el COVID-19, quienes han quedado desatendidos a pesar de todos los esfuerzos realizados. Similarmente, los pacientes secuelados con long COVID, que presentan la misma sintomatología, se encuentran en total abandono, perdiendo incluso sus empleos debido a la incapacidad producto del long COVID o de los efectos adversos de la vacuna.
Adicionalmente, se ha sumado una nueva lista informada por la Contraloría General de la República, que registra 18.132 dosis aplicadas después de su fecha de vencimiento, con diferencias de hasta 903 días durante los años 2022 y 2023. En Los Arnechea y La Florida se registraron 37 vacunaciones con dosis vencidas tras superar los 70 días de vigencia post descongelamiento. También se identificaron 436 casos de vacunaciones registradas con RUN de personas fallecidas; algunos corresponden a errores de ingreso, mientras que otros a ciudadanos extranjeros indocumentados. La Seremia de Salud de varias regiones registró 341.082 dosis menos en el sistema de control de stock respecto a lo informado como recibido, presentándose discrepancias en el total de vacunas vencidas, pues MINSAL reportó 2,9 millones mientras que la Contraloría identificó 3,2 millones. Este informe es lapidario: estamos ante una cadena de errores y omisiones graves que compromete tanto al Ministerio de Salud como a la Subsecretaría de Salud Pública, encargada de supervisar y asegurar la calidad del proceso de vacunación.
Por otra parte, en esta jornada se ha conocido, nuevamente a través de la prensa, otro escándalo: 1,2 millones de dosis de vacunas contra la influenza perdidas por MINSAL en 2024, lo que representa un 12,6% del total adquirido. Aunque la subsecretaria Albagli destacó un récord de 8,3 millones de vacunas ministradas este año, justificar la merma como resultado de alta volatilidad no es suficiente. En un país donde se insiste en vacunarse, no puede normalizarse que se pierda más de un millón de dosis. Esto no es solo un problema técnico, sino una señal alarmante de descoordinación y pérdida de confianza pública.
Solicito, Presidenta, por su intermedio, que se oficie al Ministerio de Salud para exigir un informe detallado sobre las medidas correctivas y las responsabilidades administrativas que se estén implementando. La salud pública no tolera improvisaciones ni faltas de control; necesitamos certezas, transparencia y garantías de que estas irregularidades no se repetirán.
En segundo lugar, mi equipo parlamentario se reunió con organizaciones de pacientes con cáncer de mama triple negativo, quienes aún esperan la firma del acuerdo de riesgo compartido, compromiso asumido por el Ministerio de Salud para acceder a terapias alternativas en inmunoterapia para esta patología. La ministra estableció un plazo de un mes; sin embargo, surgieron dudas sobre la cifra de 600 pacientes mencionada por la jefa de garantías, Andrea Guerrero, con quien se han mantenido en contacto en MINSAL. Es preciso aclarar dicha cifra y avanzar en la implementación del acuerdo para beneficiar a los pacientes que llevan más de cinco meses esperando su cumplimiento.
Por ello, solicito a la oficina del Ministerio de Salud informe detallado sobre los avances en este compromiso, tanto en el seno de esta comisión como específicamente para los pacientes: ¿cuál es el estado actual del acuerdo entre MINSAL y el laboratorio MSD? ¿Qué se requiere para implementarlo? ¿Cuándo se espera su inicio, qué plazo se ha establecido y cómo se determinó la cifra de 600 pacientes? Esa es la cifra precisa.
En tercer lugar, para concluir, Presidenta, reitero el oficio 750.
El 21 de enero del presente año, en relación con la restricción de medicamentos y tratamientos financiados, expongo lo siguiente: como aún no hay respuesta, solicito que se complemente el oficio nuevamente y se le requiera al Ministerio de Salud que explique las restricciones en el uso de la terapia antirretroviral Big Stat Me para personas con VIH en Chile, pues dicha restricción contradice la evidencia científica y las recomendaciones internacionales. La limitación a un solo 3% de la población en tratamiento afecta la calidad de vida de las personas con VIH; por ello, pedimos que se aclare la justificación de estas restricciones y se considere la eficacia y coste efectividad de Big Star Vic como tratamiento para estas personas.
Con fecha 8 de abril del presente año se recibió respuesta del oficio en el que se solicitaba información acerca de las patologías que se están estudiando para ser incorporadas a la cobertura GES. En dicho reporte, el Departamento de Rehabilitación y Discapacidad del Ministerio de Salud (MinSAL) ha incorporado el abordaje integral del dolor crónico no oncológico, atendiendo a la solicitud planteada por esta comisión a través de las organizaciones de pacientes de fibromialgia. No obstante, según el estudio, se estaría considerando únicamente a personas mayores de 45 años, lo que consideramos un error, ya que este tipo de patologías se presentan antes de esa edad y resulta fundamental prevenir su avance mediante un abordaje integral. En ese sentido, Presidenta, solicito se ofrezca al MinSAL, específicamente a la Subsecretaría de Salud Pública, antecedentes que expliquen la razón para fijar una edad mínima de 45 años cuando la orientación técnica en la materia menciona los 15 años, y cuál sería la cobertura que se está pensando implementar.
En relación con el tema de vacunas, he estado informándome estos días; no obstante, considero que es un asunto demasiado extenso para dedicarle una sesión completa. Sin embargo, por temas de vacunas, fibromialgia y VIH no tengo inconveniente en abordarlos. Aprovecho para preguntar, asimismo, sobre un oficio anterior relacionado con el VIH, que versaba sobre por qué no se estaban utilizando medicamentos que resultaran más costo efectivos. Se podrían juntar ambos elementos y luego se lo revisamos con detalle. Muchas gracias.
A continuación, otorgo la palabra al doctor Palma, lo más breve posible, por favor, doctor Palma, ya que estamos muy alcanzados de tiempo.
He recibido información por parte de trabajadores de la Octava Región de ConfedSach, quienes se encuentran presentes, y aprovecho para saludarlos. Quisiera solicitar, por medio de usted, Presidenta, se oficie al Ministerio de Salud, específicamente a la Secretaría de Redes Especiales, respecto del estado de situación de cuatro hospitales cuya reposición, ampliación o construcción fue concesionada a la empresa constructora Ola. Dicha empresa ha caído en incumplimiento y existe un entredicho, como suele ocurrir en las concesiones hospitalarias, entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Ministerio de Salud. Por ello, solicito a la Comisión que considere la posibilidad de oficiar a la Subsecretaría de Redes Asistenciales para conocer el estado de estos cuatro hospitales: Santa Bárbara y Nacimiento, que pertenecen al Servicio de Salud Biobío, y Lota Coronel, que pertenece al Servicio de Salud de Concepción.
El otro punto, Presidenta, es muy breve. Me preocupa la situación de las personas adultas y jóvenes que desean terminar, loable, sus estudios secundarios, situación que se complica por trastornos neurosensoriales. Muchas de estas personas presentan problemas de visión y/o hipoacusia, lo que pude constatar en la inauguración del año escolar en la comuna de Puente Alto. Además, la Junaep, según tengo entendido, no ofrece cobertura para mayores de 24 años, e incluso, en general, la cobertura es solo para población infantil. Imagino que está al tanto, dado que es también miembro de la Comisión de Educación; sin embargo, solicito que se oficie para recibir una respuesta formal sobre las opciones disponibles para estos adultos, ya que el proceso de enseñanza-aprendizaje se ve complicado para personas que tienen dificultades visuales o auditivas, especialmente en edad avanzada, lo cual dificulta retomar sus estudios.
Finalmente, respecto de la cuna, ¿ah? Cuna F. Porque la Junta de la…
Es la que normalmente presta este tipo de servicio a los estudiantes, menores de 24 años. Hay ayudas técnicas que dependen del Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo. Bueno, entonces pregúntenme en el Ministerio de Desarrollo Social; yo creo que preferiría preguntar al Ministerio de Educación y que ellos vieran cómo se les ha hecho. Son personas que están cursando educación media, terminando sus estudios, pero tienen problemas de vista, de audición, etc. Me sumo a la preocupación de la diputada Gazzmuri, aunque he estado conversando en la tarde con el ministerio y creo que hay algunos temas. Por lo mismo, es mejor que se oficialice la información respecto a las vacunas, para tener datos formales.
No, le toca a la diputada Cotero. Muchas gracias, señora presidenta. Simplemente solicito, en esta comisión, invitar a la embajadora de Taiwán, para que comparta con nosotros la positiva experiencia del Servicio de Salud de Taiwán. Muchas gracias.
El punto que traía era, en general, lo mismo que se ha puesto en relación a las vacunas. Eran dos puntos, fundamentalmente, que desglosé, pero, más que oficiar, vengo a solicitar que citemos a la subsecretaria de Salud. La verdad es que hemos escuchado muchas respuestas, etcétera, a través de los medios de comunicación y mediante cartas o la información que nos hayan hecho llegar; creo que es mucho mejor tenerla presente. Esto se fundamenta en que los miembros que estamos aquí en la comisión merecemos una explicación, no a través de desbordes, etc., y que cada uno no se vea en la necesidad de acudir por su cuenta al ministerio según su cercanía. Quiero que lo escuchemos acá, en la comisión.
Hay registro de vacunas vencidas, como dijo la diputada Ramuri: 18 mil y tantas vacunas por vencimiento; inoculación asociada a personas fallecidas, con 436 casos; y discrepancias en los inventarios regionales. Aquí hay varias preguntas que tenía y que tengo para cuando ella venga.
Y otro punto importante, claramente reconocido ahora, es el de las vacunas de influenza. ¿Qué está pasando con las vacunas? La merma se triplicó en un año, pasando de 475.000 a 1,2 millones de dosis. ¿Qué implica este incremento exponencial? Se votaron en el 2024 vacunas, hay despilfarro de recursos públicos y, en un contexto en el cual hay miles de personas que no acceden a una atención primaria oportuna, yo creo que deberíamos citar a la subsecretaria Albaigli, independientemente de que se manden oficios, ya que ella tiene que estar acá para responder varias preguntas. Eso es lo que solicito.
Por lo demás, quiero contar que esto no nace ahora. En mayo del 2025, pedí a través del Ministerio de Salud información sobre las vacunas y no recibí respuesta, o algo parecido. Muchas gracias.
Doctor Lillayu:
Sí, yo creo que corresponde, más allá de oficiar, citar en la próxima sesión a la Ministra de Salud y a los dos subsecretarios, porque hay muchas áreas que se mezclan y es necesario que nos quede muy claro cuál es la situación. He realizado indagaciones en distintas áreas del ministerio y tengo algunas explicaciones, pero creo que no corresponde darlas; es mejor que lo hagan los funcionarios de la autoridad.
A continuación, le corresponde el doctor Rosas.
Doctor Rosas:
Gracias, presidenta. En gran medida se han tocado los temas; me queda un solo asunto: aprovechar para saludar, en nombre del equipo, a las enfermeras y enfermeros de nuestro país, quienes ayer estuvieron en su día mundial. Son personas fundamentales en el trabajo hospitalario, en la atención primaria, en el SAMU y en distintos niveles de atención, tanto del sector público como del privado. Ellos manejan, en gran medida, la administración de la salud y son esenciales para brindar una mejor atención. Así que, a nombre de la comisión, felicito al cuerpo de enfermeras y enfermeros de nuestro país. Muchas gracias, presidenta. Yo vi que…
Muchos de nosotros hicimos nuestro saludo, pero sí, yo creo que es bueno también hacer un saludo de parte de la Comisión de Salud. Hemos celebrado el día del kinesiólogo y se han conmemorado numerosos días dedicados a los profesionales de la salud. Es importantísimo reconocer la labor de cada uno de ellos.
Diputada Marzán: Muchas gracias, Presidenta. Voy a ser muy precisa. Ya he conversado con usted; creo que esta es la tercera vez que vengo a esta Comisión. Anteriormente, también pedí, si era posible, poner en tabla un proyecto que ya viene desde el Senado, que es el proyecto de ley que regula la entrega de alimentos a organizaciones sin fines de lucro. Se trata del Boletín Nº 10.337-11, que se encuentra en su segundo trámite, habiendo ingresado por primera vez en octubre de 2015, es decir, hace 10 años. Este proyecto busca regular la entrega de alimentos a organizaciones sin fines de lucro. Comúnmente se le llama el proyecto de desperdicios alimentarios, aunque es un término poco adecuado, pero se conoce así en general. La idea es facilitar la redistribución de alimentos, reducir el desperdicio alimentario y aprovecharlos con fines sociales y solidarios.
Brevemente, en nuestro país se pierden más de 5 millones de toneladas de alimentos al año, afectando toda la cadena de suministro, desde el producto hasta el consumo final. En resumen, Presidenta, nosotros estamos avanzando en la Comisión de Agricultura; el gobierno ya ha comenzado a trabajar y a proponer indicaciones sobre un proyecto de ley de seguridad y soberanía alimentaria. En nuestro país hay una grave inseguridad alimentaria, y un importante número de personas, que ha aumentado este año, no cuenta con alimentos suficientes, ni en cantidad ni en calidad, y mucho menos con productos inocuos provenientes de la tierra o del mar. Además, existen grupos etarios que pasan el día sin alimentarse.
Por ello, le pediría, Presidenta, que, pese a la carga de trabajo, este proyecto –con carácter de urgencia simple– sea evaluado para ponerlo en tabla, a fin de cumplir el compromiso asumido en 2023 durante la Cumbre Mundial Parlamentaria contra la malnutrición. En esa instancia, el presidente del Senado, el senador Coloma, y el presidente de la Cámara, el señor Mirosevic, se comprometieron a avanzar y dar urgencia a estos proyectos.
Muchas gracias, diputada Marzán.
Bueno, este proyecto viene de hace mucho tiempo. Tiene que ver con alimentos que están a punto de vencer –conservas, leche, yogur– y también con vegetales que no están en condiciones de ser exportados y que se venden en ferias. Es un proyecto interesante, pero, desgraciadamente, cuando estuvimos a cargo de la Comisión se pusieron indicaciones hasta julio de 2023 y el Ejecutivo eliminó la urgencia, recordando que siempre es el Ejecutivo quien establece las prioridades en cuanto a urgencias.
Quisiera hacer presente lo que usted ha señalado: que retomemos el proyecto y evaluemos su factibilidad real, ya que en su momento la Ministra de Salud indicó lo difícil que es fiscalizar adecuadamente cualquier distribución de alimentos, dada la rigurosidad que requiere para garantizar la alimentación segura.
En síntesis, presento dos puntos. Primero, entiendo el tema de las urgencias asignadas por el Ejecutivo, pero considero urgente atender la seguridad alimentaria, ya que es vital que las personas se alimenten. Segundo, respecto a la fiscalización, propongo que, en caso de avanzar, el proyecto se implemente inicialmente en las comunas o regiones con mayor déficit alimentario, en lugar de aplicarlo de forma inmediata en todo el país.
Insisto en que este es un tema que merece atención, pues, a pesar de las urgencias legislativas y ejecutivas, la problemática alimentaria requiere soluciones inmediatas.
Un derecho que debería ser constitucional y que no está consagrado en nuestra Carta Fundamental. Debería estar consagrado, y nosotros, como legisladores y legisladoras, debemos darle la prioridad que merece. Muchas gracias, diputada Marzana.
Hay varios derechos humanos que no están en nuestra Carta Fundamental, entre ellos la seguridad alimentaria. Voy a ver con el equipo de la Secretaría para poder reflotar este proyecto cuando saquemos las últimas urgencias que tenemos. Compromiso. Listo. Muchas gracias.
El diputado Lagomarsino recibiría la última palabra. Muchas gracias, Presidenta. Muy brevemente: está a punto de vencer el plazo para renovar la resolución del sistema de garantía explícita en salud y queda poco para el decreto GES. Desde esa perspectiva, considero importante saber hacia dónde apunta la política pública en esta materia, respecto a las patologías que eventualmente se podrían incorporar.
Hace un tiempo se nos comentó aquí, un día que vino la ministra, que por ejemplo podría entrar a Macrónica, pues se había abierto una posibilidad, aunque evidentemente imagino que no será la única opción. Entre las posibilidades, Presidenta, sería pertinente escuchar a alguien. Yo sé que la ministra está muy ocupada; podría ser el director o el jefe de la División de Planificación Sanitaria (DICLAS) quien nos comente cómo ven la situación y qué podría ingresar al sistema de garantía de salud.
Muchas gracias, diputado Lagomarsino.
Quizás, con una medida aclaratoria, es preciso señalar que el GES no se gestiona en la DICLAS, dado que tiene un comité específico con un protocolo para actuar. Sin embargo, es muy importante destacar que la inquietud en este tema es considerable, por lo que podemos oficiar al Ministerio de Salud para que nos den un informe sobre cuál es la situación y cuáles serían las patologías que estarían en espera de ingresar al sistema, ya que esas patologías las decide un comité que es dirigido por la ministra de Salud, aunque se trata de un comité independiente entre comunidades.
Sobre ese punto, hace dos años, cuando efectivamente preguntamos –me tocaba bien recibir–, se nos pidió desde el Ministerio invitar a la DICLAS para conocer esta materia. Entonces, ¿de dónde se fundamenta lo que planteo? Obviamente existe un comité independiente, pero finalmente hay alguien que guía ese proceso y que está adscrito a alguna dependencia ministerial. Mi impresión es que depende del ministro. Quizás, por epidemiología, se trate de algo gestionado dentro de la DICLAS, ya que la situación epidemiológica puede ser determinante. No sé si usted tiene alguna respuesta al respecto.
Sí, Presidente, por mi intermedio aprovecho para saludar a todos y excusar a la ministra que no pudo venir, y consulto por el oficio de la excusa formal. Efectivamente, existe un consejo consultivo integrado por personas externas al Ministerio, que da su opinión y recomendaciones luego de evaluar los costos y las prioridades que establece el Ministerio. Ese consejo funciona con una secretaría técnica, que quizá se encuentre alojada en el Ministerio o, actualmente, en la DICLAS. Esa secretaría técnica ha tenido distintos lugares: antes estuvo en el gabinete de la ministra y, en algún momento, se cambió de la Subsecretaría de Salud Pública a la División de Planificación.
Hemos finalizado los puntos varios y, a continuación, seguiremos con la discusión y votación particular del proyecto de ley que da cumplimiento al inciso segundo del artículo décimo transitorio de la Ley 21.674, el cual modifica el decreto con fuerza de ley número uno del 2005 del Ministerio de Salud en las materias que indica, que pone fin a las enfermedades o condiciones preexistentes, elimina las discriminaciones por edad y sexo en los planes de salud y crea el plan común de salud.
De salud de las instituciones de salud previsional, Boletín Nº 17.147-11, refundido con Boletines Nº 6.930-11 y Nº 11.572-11, tiene urgencia simple desde el Ejecutivo. Se ha invitado hoy la Ministra de Salud, quien ha presentado su excusa, y al Superintendente de Salud, señor Víctor Torres, para ser parte de la discusión y de la votación que hoy continuaremos y ojalá podamos terminar.
Dejo entonces a nuestra secretaria para que, donde quedaron la vez anterior, podamos continuar con la votación. ¿Alguien del grupo del Ministerio quiere hacer alguna observación sobre los varios? Porque no voy a volver a los varios. ¿Nadie? Ya, nosotros estábamos en el numeral 7 del artículo 1 y ahí se estaba votando artículo por artículo de este numeral, correspondiendo iniciar con el artículo 243, que señala los elementos que debe contener el plan común. A su vez, quedó pendiente el artículo 237, entonces hay dos posibilidades: seguimos con el 243 en adelante y al final se ven los pendientes, o bien, de inmediato se atiende el pendiente y después se continúa. Sigamos adelante.
Se dice que sigamos con el artículo 243 y después volvemos a lo pendiente, porque a veces los otros artículos que se aprueban dejan sin necesidad de volver. ¿Estamos leyendo igual que el otro día? Sí, se está dando la palabra para que se opine, tal como se hizo anteriormente, y aquí hay indicaciones que se declaran admisibles o inadmisibles. Así lo hacemos.
Artículo 243. El contrato del Plan Común de Salud contendrá:
a) El nombre del o de los prestadores que comprenderán la red preferente y a través de los cuales se otorgarán las prestaciones, sean estas ambulatorias o hospitalarias.
b) El nombre del o de los prestadores que subsidiariamente brindarán las atenciones de salud a sus beneficiarios en el evento de configurarse una insuficiencia, aplicándose a esto lo dispuesto en el artículo 189.
c) El derecho del afiliado que, con ocasión de una emergencia, haya ingresado a un prestador distinto de los mencionados en el literal a, a ser trasladado a alguno de los prestadores individualizados en el plan; y el derecho de la institución de salud previsional a trasladar al paciente a uno de esos prestadores, sujetándose a las reglas previstas en el número 4 del artículo 189, en la forma en que se modificarán las cotizaciones y aportes, prestaciones y beneficios por incorporación o retiro de beneficiarios, legales o no. De acuerdo con el artículo 202, los nuevos beneficiarios que se incorporen al Plan Común de Salud de un afiliado no devengarán prima sino una vez que la persona beneficiaria cumpla dos años de edad. Con todo, por este nuevo beneficiario, el afiliado sí deberá pagar el precio de las garantías explícitas en salud a que se refiere el párrafo 5º del Título II de esta ley.
La prima del Plan Común de Salud y la unidad en que se pactará: la prima del Plan Común estará compuesta por el precio de las garantías explícitas en salud a que se refiere el párrafo 5º del Título II y el precio por los demás beneficios del plan común señalado en el artículo 230. Ambos valores deberán informarse en términos claros e independientes.
F) Los montos máximos de los beneficios y las restricciones de cobertura, solo en el caso de que estén contemplados en el Decreto Supremo que destina al Plan Común de Salud. Las instituciones financiarán las prestaciones y las coberturas incluidas en el plan común sin establecer períodos de carencia, exclusiones o restricciones de coberturas adicionales. No se podrá incluir en el contrato ningún tipo de disposición que restrinja, limite o condicione sus beneficios.
¿No hay ninguna indicación? No, a este no veo indicaciones de articulado. ¿Alguien quiere hacer conversación? Sí, adelante diputada Gammuri Esperito. Lo que nos queda, voy a retirar algunas indicaciones que tenía.
No, no, perdón, no me escuché. Yo levanté la mano. Disculpe. Pero lo vamos a tener en cuenta para facilitar lo que nos queda. Dado que este articulado no tiene indicaciones, ¿están de acuerdo en que lo votemos de inmediato? ¿Ah? Ok. Adelante. A ver, aquí hay que votar elegante. ¿Falta aún el diputado Romero? Ya. Nueve votos a favor. Aprobado.
Vamos al artículo 244.
El contrato del Plan Común de Salud estará sujeto a las siguientes reglas:
A) La cobertura por prestaciones otorgadas fuera de la red preferente del Plan Común de Salud solo opera en caso de que el beneficiario opte voluntariamente por ella y no puede, en consecuencia, ser utilizada por la Institución de Salud Previsional para suplir las insuficiencias del prestador individualizado en la oferta preferente del plan. Para efectos del otorgamiento de las prestaciones de salud por fuera de la red preferente, cuya cobertura financiera se efectúe por la vía del reembolso, la Institución de Salud Previsional deberá pagarlas de acuerdo con el plan, sin supeditarlo a que los prestadores mantengan convenios con la institución o estén adscritos a ella.
B) El término del convenio entre la Institución de Salud Previsional y el prestador institucional preferente, o cualquier modificación que estos le introduzcan, no afectará el monto que, en virtud del plan contratado, corresponda copagar a los beneficiarios por las atenciones recibidas.
C) Anualmente, cada Institución de Salud Previsional podrá adecuar la composición de la red de prestadores referentes en los términos previstos en el artículo 245 de este título, informando de este cambio a los afiliados. En la misma oportunidad, cada institución deberá poner en conocimiento de los afiliados las adecuaciones que la autoridad pueda haber hecho al Plan Común de Salud vigente durante la última anualidad, de conformidad con el artículo 238.
D) La prima del Plan Común de Salud solo podrá variar una vez al año en los términos dispuestos en el artículo 245, o cuando la autoridad haga modificaciones a las garantías explícitas de salud en los términos dispuestos en el artículo 206. El precio de la garantía explícita se regulará de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo 5º del Título 2º de esta ley.
E) Todo afiliado a un Plan Común de Salud y sus beneficiarios podrán utilizar la modalidad institucional para la asistencia médica curativa en los términos dispuestos en el artículo 189. Cada vez que un afiliado o beneficiario solicite a una Institución de Salud Previsional un beneficio cualquiera en virtud del Plan Común de Salud contratado, se entenderá que existe la facultad de requerir a los prestadores, sean estos públicos o privados, la entrega de la certificación médica que sea necesaria para decidir respecto de la procedencia de tal beneficio, conforme a lo establecido en los incisos finales del artículo 189.
Este articulado tampoco tiene ninguna indicación, por lo que se ofrece la posibilidad de que votemos de inmediato o, en caso de que alguien quiera hacer alguna observación, también está abierta la posibilidad. Votamos entonces. Nueve votos a favor. Aprobado.
Hay que tocar la campana para la formalidad. Ahora, vamos al artículo 245, que sí tiene indicaciones.
Tiene. Ya. Acá me está… Sí, adelante, diputado Romero. Gracias, presidenta.
No, solamente una cuestión de procedimiento. Lo que ocurre es que me han dicho que en la transmisión no están publicando la votación que nosotros tenemos. No se publica solamente a veces, y aunque se realizó la votación, no se sabe quién es ni cuántos votos a favor. Hay que leer, entonces. Como antiguamente era tanto, nosotros decíamos los votos, y aunque no quiero retrasar la votación, mejor que el canal de la Cámara haga un pantallazo de lo que se ha registrado. Además, dado que en las últimas dos votaciones fue unánime, se puede decir, pero sí tiene razón: mejor nombrar el voto de cada uno para que quede registrable. Que lo hagan, pero ahí yo no sé cómo se hace. No tengo idea.
Mire, lo que usted está diciendo lo está escuchando el área de informática. Si es posible, lo van a poner. Si no lo ponen, eso quiere decir que a lo mejor no es posible. Entonces, ahí hay que nombrarnos nomás. Sí, lo que pasa es que hay una cuestión técnica, digamos. Por eso le digo: si está habilitado el sistema para ese fin, ellos lo van a poner; si no, seguramente lo habilitarán después, y desconozco los detalles.
Está pidiendo la palabra.
Las dos indicaciones… Perdón, Presidenta, lo que pasa es que no pueden quedar como pedidos presuntos. En el fondo, estamos solicitando a la Secretaría o a usted, Presidenta, que, ya que la gente de informática está escuchando, por favor publique en la señal que se da por internet de la sesión en Democracia en Vivo, que se vea, si es posible. Entonces, usted dice: sí, yo pido que se haga en la medida de lo posible, evidentemente sin que sea algo obligado, pero no puede quedar como que alguien lo expresa y después, si ellos quieren, lo hacen. Nosotros lo vamos a pedir formalmente. Sí, ahora lo van a escuchar y seguramente reaccionarán, pero, independiente de aquello, lo solicitaremos como comisión.
Las dos observaciones – son dos indicaciones del diputado Lilayú – las he visto y se ven bien interesantes, pero tengo mis dudas, no soy abogado y siempre prefiero preguntar si son admisibles o no desde el punto de vista, porque parecen ir hacia la seguridad social. Me gustaría recibir, de alguna manera, aportes del Ministerio y de otros diputados, en caso de ser necesario.
¿Leemos las indicaciones, secretarias?
Ya. La indicación 9, que va al artículo 245, es del diputado Lilayú. Esta consiste en agregar, en el inciso primero del artículo 245, propuesto por el numeral 7 del artículo único, luego del punto aparte que pasa a ser seguido, la siguiente oración: “Asimismo, en esta oportunidad podrán modificar las primas de ingreso definidas de acuerdo al artículo 245.”
Y la indicación 10 del diputado Lilayú, consiste en agregar en el inciso segundo del artículo 245, propuesto, luego del punto aparte que pasa a ser seguido, la siguiente oración: “También en dicha oportunidad deberán informar a la Superintendencia de Salud si deciden modificar las primas de ingreso.”
Ofrezco la palabra. Sí, diputado Romero, adelante.
Presidente, yo le pediría tal vez al doctor Lilayú que explique, porque en verdad, no sé, tengo mi duda, no sé si será inadmisible, pero tengo la sensación de que si él lo explica podría ilustrarnos mejor sobre lo que se pretende. Adelante, doctor Lilayú.
El sistema de salud está en crisis en el sector público; todos sabemos que la lista de espera no ha podido ser solucionada. El fin de la preexistencia va a permitir que los usuarios de FONASA, especialmente aquellos que llevan meses esperando por la atención de un médico especialista o por una intervención quirúrgica, puedan recibir una atención oportuna en las aseguradoras privadas. Sin embargo, la transición debe ser cuidadosamente diseñada, pues, de lo contrario, se van a producir cambios en masa para resolver problemas de salud atrasados, mayores costos para las aseguradoras y, eventualmente, las personas podrían abandonar el sistema, haciendo que las aseguradoras dejen de recibir ingresos. Evitar ese comportamiento oportunista, que el mismo mensaje del proyecto de ley advierte, es esencial para asegurar que se cumpla la cobertura de salud de los afiliados y de FONASA.
Resolver esta transición de manera adecuada no es sencillo. Una alternativa podría ser establecer periodos de carencia; sin embargo, es imposible que las personas tengan cobertura de salud justamente en las enfermedades que requieren atención. Además, es imposible el fin de la creación de salud y el objetivo final…