No hay actas a disposición de los señores y señoras diputadas. Señor secretario, dará lectura de la cuenta. Tiene la palabra, señor secretario. Muy buenas tardes.
Está recibido solamente un documento para la cuenta, que es un correo electrónico de la jefa jurídica del Servicio de Ejecución de Migrantes, en el que se solicita a la Comisión poder participar en la discusión legislativa del proyecto de ley que impide el acceso a beneficios estatales y al registro social de hogares a extranjeros en condición irregular, todo esto con el objeto de exponer su experiencia y conocimiento técnico en esta materia.
No hay palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre varios, diputado.
Consalía, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. La verdad es que nos habíamos fijado como plazo el día de hoy para presentar el listado de invitados para la próxima sesión, a propósito del proyecto de ley que restringe los beneficios sociales a migrantes irregulares. Entonces, yo quería proponer un par de invitados, de manera que en la Secretaría se puedan gestionar las invitaciones para la próxima sesión. En ese sentido, presidente, me gustaría que se pueda invitar al subsecretario de redes asistenciales, a fin de que nos informe el número de migrantes irregulares que hacen uso del sistema de salud chileno y, además, cuántos son los recursos y presupuestos que se destinan respecto de estas personas.
También me gustaría que se invite a la subsecretaria de educación, para informar la situación de las escuelas y colegios públicos, dado que sabemos que muchas personas que ingresan de forma irregular al país se atienden allí, y para precisar cuántos son los presupuestos asignados con esos fines. Sería interesante, en este mismo ámbito, invitar a la vicepresidenta nacional de la JUGI en relación con los jardines infantiles, así como al director de extranjería, para que esté presente y brinde su opinión respecto del tema. Me gustaría invitar, además, al exdirector de extranjería, al señor Álvaro Belolio; también al señor Romer Rubio y al señor Sebastián Huerta. Creo que, por ahí, podríamos obtener toda la información necesaria, sin perjuicio de abrir un período para invitar a más personas y profundizar en este tema tan sensible para la ciudadanía. Para dar cumplimiento al procedimiento que usted estableció, presidente, estoy informando sobre los invitados que sería bueno contar en la próxima sesión. Muchas gracias, diputado Fensalía.
Diputada Mix, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Quisiera sumar a los invitados que sugirió el diputado que me antecedió. Se habla de beneficios fiscales en términos generales, especialmente en educación, pero también se ha mencionado salud, vivienda y otros beneficios. Sería adecuado, además, invitar a alguien del Ministerio de Salud que pueda aportar información respecto a la subsecretaria de redes asistenciales y los datos de los Cefán. Quería sumar un invitado adicional: me parecería bueno que se invitara al ministro de Vivienda o a algún seremi de Vivienda. También, sería pertinente solicitar, mediante el correo que nos llegó y dimos a la cuenta, la invitación al Servicio Jesuita a Migrantes. Estamos sumando todos los invitados y, posteriormente, estableceremos el orden de participación. Por último, sería bueno invitar a la directora de Cungi, en lo que respecta a los jardines infantiles. Como les digo, hoy se supone que vence el plazo para presentar los invitados, pero ya contamos con una batería importante de propuestas para este proyecto de ley.
Con la palabra sobre la cuenta, o sea, perdón, sobre varios. Ofrezco la palabra. Entonces, pasamos a la presente sesión, que tiene por objeto tratar la siguiente tabla: el punto 1 de la tabla es votar las indicaciones recaídas en los proyectos de ley relativos al control del consumo de droga por parte de determinadas autoridades (boletines refundidos N°16.489-06 y N°16.539-06), los cuales se encuentran en primer trámite constitucional y segundo reglamentario.
Secretario, por favor... Sí, presidente. Son varias indicaciones, pero que en el fondo tienen idéntico alcance a los artículos 2, 3, 4 y 5 del proyecto de ley, paginados segunda y siguientes del comparado. La indicación, de la diputada Mónica Arce, propone que el test de droga que deben realizarse las autoridades (mencionado en los distintos artículos del proyecto de ley aprobado en primer trámite) se efectúe, en lugar de hacerse una vez al año durante el ejercicio del cargo, al menos cuatro veces al año, sin que exista una diferencia mayor de 90 días entre ellos durante dicho ejercicio. Esa es la indicación. Esa es la indicación. Votémosla. Idéntico sentido. Son ocho indicaciones, todas con el mismo tenor de que el examen se realice cuatro veces al año.
A continuación, intervino otro orador:
—No sé la discusión que han tenido antes en el proyecto; yo vengo llegando a la comisión, pero, al escucharla, mi pregunta es: ¿quién paga eso? Aquí no está claro, por eso pregunto, ya que en el Congreso no es cada uno quien lo paga. A mí me da la impresión, a la primera, de que es inadmisible, pues estamos ocupando recursos del Congreso que no están considerados. Hago la observación de que esto tiene un carácter de inadmisibilidad, al considerar gastos del Congreso que no están autorizados; y, a primera instancia, al escuchar, puedo decir que hoy tuvimos que aprobar en el presupuesto el examen que se toma de forma anual, y si se propone que sea cuatro veces al año, ¿quién pagará las otras tres? Así que, a la entrada, me da la impresión de que se trata de una indicación inalienable. Propongo que votemos el paquete de las indicaciones y que, al mismo tiempo, despachemos el proyecto de ley.
Se constató que todas las intervenciones coincidían en que las ocho indicaciones apuntan al mismo tenor de realizar el examen cuatro veces al año, considerando que, aunque se refieren a distintas autoridades, todas apuntan al examen general. Por ello, se propuso votar el paquete completo de las ocho indicaciones.
Posteriormente, otro orador tomó la palabra:
—Gracias, presidente. No solamente pensaba en la lógica de este proyecto, que va más allá de evaluar si los candidatos y funcionarias públicas tienen algún tipo de dependencia—por autorizarse, de alguna manera, el consumo de droga cuando está prescrito por un médico—, sino que la lógica es evitar que estas personas, que cumplen una labor pública, puedan estar ligadas a redes de narcotráfico. Además, este proyecto debería haber considerado que, como requisito al momento de postular como candidato, por ejemplo, se abrieran las cuentas, ya que eso es mucho más transparente, en el sentido de que podría ocurrir que una persona no consuma droga y, sin embargo, se encuentre conectada al narcotráfico, que es el objetivo final del proyecto.
Proyecto, saber si algún colega o algún otro funcionario público tiene alguna red ahí. Y lo otro es que efectivamente podría ser una persona que, incluso, es drogadicto, que yo creo que no debería estar apto para el cargo tampoco y no tener ninguna red. Entonces, el tema de las cuentas bancarias creo que debería haber sido considerado y, si bien me parece que es un paso correcto hacia la transparencia, debió haber sido considerado en este proyecto.
Gracias, diputada Danisa, tú y yo estamos completamente de acuerdo. Yo creo que hay que abrir el secreto bancario, lamentablemente se cayó en el Senado. Este proyecto de ley va por el lado del consumo; falta el tema del secreto bancario. Insisto acá: si nos ponemos de acuerdo entre todos, podemos presentar un proyecto para que lo tramitemos. Estoy de acuerdo con el levantamiento del secreto bancario.
Pasemos a votar este paquete de indicaciones que están en el mismo tenor de hacerlo el test por cuatro veces al año. En votación.
Votaron todos los diputados y diputadas. Se cierra la votación. El resultado es el siguiente: dos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones. Se rechaza el paquete de indicaciones.
Entonces, el proyecto de ley queda despachado a sala, vuelve a sala y necesitamos diputados informantes. Señor Secretario, ¿a quién le tocaría por el orden que tenemos en la comisión? A Gustavo Bérgues. Perfecto, un gran representante para el test. Queda despachado y el diputado informante es el diputado Bérgues.
Vamos a pasar al punto número dos de la tabla, que es continuar con la discusión en general del proyecto de ley de origen en moción y en primer trámite constitucional, que modifica la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería en materia de avecindamiento y derecho de sufragio de extranjeros (Boletín N°17.062-06).
A este punto de la sesión han sido invitados, y les pido por favor que pasen a tomar asiento, los representantes de la consultora estratégica IDX360: Gretchen Schwenger Charme, Oscar Fuentes Balcázar y Raúl Infante Fuentealba, quienes nos vienen a exponer su opinión sobre este proyecto de ley. Le ofrezco la palabra a don Raúl Infante.
Ahora sí.
Muy buenas tardes. Mi nombre es Raúl Infante Fuentealba. Vengo de la comuna de Cunco, en la precordillera de la Araucanía, y represento a un grupo de chilenos que observa con preocupación el aumento de votantes extranjeros. Consideramos que otorgar posiciones de poder a personas de origen extranjero en un proceso acelerado pone en riesgo el resguardo de nuestro espacio vital y, por ende, la prevalencia y soberanía de nuestro pueblo chileno. Por esta razón, hemos contactado a la consultora estratégica IDX360, dirigida por el cientista político e investigador Oscar Fuentes, quien, junto a la periodista y cientista política Gretchen Schwenger Charme, nos proporcionará las herramientas e insumos necesarios para reforzar nuestra postura en contra de mantener los derechos políticos de dichos ciudadanos extranjeros y fundamentar la discusión en curso.
¿Quién va a ser la… por favor, si usted puede tomar el micrófono para no ser el loco de nuevo? Ahí. Le ofrezco la palabra.
Señor Presidente, honorables diputadas y diputados, soy Gretchen Schwenger, de la consultora estratégica IDX360. Le agradecemos por presentar ante esta comisión el trabajo desarrollado en torno a la realidad…
La publicación del padrón electoral auditado para las elecciones de octubre de 2024 confirma el crecimiento sostenido y la consolidación del peso electoral de la población extranjera residente en Chile. Tenemos a nivel nacional alrededor de 800.000 personas de cinco nacionalidades principales. Partiremos presentando el diagnóstico territorial y electoral realizado, que permite entender el fenómeno con mayor profundidad, para luego pasar a los argumentos jurídicos que sustentan nuestros comentarios. La situación es que Chile atraviesa una reconfiguración electoral silenciosa; es decir, el votante extranjero hoy se está consolidando como actor político, dejando de ser marginal o emergente. Su presencia demográfica y su participación electoral crecen de manera concentrada en ciertos territorios, incidiendo directamente en las elecciones y abriendo el espacio para que electores migrantes nacionalizados puedan detentar cargos de elección popular.
Para caracterizar el efecto de este voto, desde nuestra consultora diseñamos y aplicamos un conjunto de nueve índices electorales construidos a partir del padrón electoral de 2024 del SERVEL, cifras del Servicio Nacional de Migraciones y modelos propios. Estos índices los aplicamos a nivel comunal, ya que el fenómeno migrante no se refleja en las estadísticas nacionales, sino en la vida cotidiana de las comunas, de los barrios y en territorios específicos, permitiendo detectar dinámicas que los promedios nacionales ocultan con una base empírica y técnica.
Los resultados muestran patrones bastante claros. En primer lugar, se observan concentraciones decisivas de electores migrantes en comunas estratégicas como Santiago, Independencia y Estación Central, donde al menos un tercio del padrón corresponde a extranjeros. Se detecta alta participación electoral en zonas urbanas del norte, así como en comunas rurales del centro-sur que, hasta ahora, no figuraban en el debate migratorio. Además, se evidencia un importante crecimiento del voto extranjero en comunas rurales pequeñas, con el potencial de convertirse en electorado bisagra en escenarios de baja participación nacional. Se proyecta una alta posibilidad de que surjan liderazgos extranjeros nacionalizados, especialmente en comunas contiguas de la región metropolitana, y en todo Chile se consolida una dominancia creciente del votante venezolano, quien podría conformar bloques electorales si se articulan políticamente, como ya se está demostrando con la participación.
Del primer índice de participación electoral migrante se desprende, por ejemplo, que en la comuna de Independencia, Santiago, casi un tercio de los votos emitidos son de migrantes, incrementando su peso electoral. En Estación Central, México, Liones, San Pedro, Tacama, Sierra Gorda y, seguidamente, Iquique, se puede apreciar que la inserción del migrante en el proceso electoral es desigual en el territorio.
En el siguiente índice, recordemos que son nueve, se analiza el crecimiento de la participación del voto migrante. Se detectan alzas porcentuales significativas en comunas como Cureto, Colchane, Puerto Montt y Llano, las cuales pueden inclinar resultados locales. Por otro lado, el índice del potencial electoral revela brechas significativas de no participación en comunas como Melitilla, Puerto Montt, Talca o Curicó, demostrando que este fenómeno no se circunscribe únicamente a la región metropolitana, sino que existe una reserva electoral migrante activable de gran impacto.
De la misma manera, mediante un índice compuesto se proyectan escenarios de alta volatilidad, y podríamos estar ante cambios estructurales en la correlación electoral en comunas como Santiago, Alto Oficio, Recoleta y San Miguel, siempre que ese electorado se organice políticamente. El índice de dominancia de la participación electoral migrante mide cuánto pesa una sola nacionalidad dentro del total de votantes migrantes efectivos en una comuna, considerando únicamente a aquellos que realmente acudieron a votar. Un valor alto implica que una sola nacionalidad domina la participación migrante en una comunidad específica, lo que puede tener un impacto directo en los resultados electorales. Por ejemplo, en algunas comunas urbanas como Tarregoleta, San Miguel, Calca y Concepción, o en Alpen, se observa que están dominadas por una comunidad nacional particular; en Los Espejos, en Chillán Viejo o en Empedrado, se confirma la articulación política efectiva de ciertos grupos migrantes con presencia en comunas populares.
Finalmente, con este último índice se proyectan escenarios que evidencian la complejidad y el dinamismo de la participación electoral migrante en el país.
Pero agregando otro elemento, se incorpora una dimensión que es la temporal dinámica, la cual muestra cómo el fenómeno migrante en el voto no está estático, sino que está en plena expansión en algunas zonas. En síntesis, dejó de tratarse de un mapa homogéneo. La población migrante revela patrones diferenciados que reconfiguran el plano. La distribución en comunas urbanas de clase media permite proyectar la conformación de una clase media migrante con aspiraciones políticas propias. En las áreas rurales precarizadas, las tasas de participación están en crecimiento y, en los territorios del norte, las dinámicas son propias y distintas al resto del país. A grandes rasgos, este escenario tiene implicancias profundas; la migración ya no solamente es un tema social, económico o de seguridad, sino que ahora se presenta como una variable estructural del sistema político chileno. Esta evidencia técnica, cuantitativa y territorial nos permite entregar a continuación el marco jurídico, de acuerdo a las observaciones realizadas, con el propósito de lograr la coherencia constitucional, proteger la soberanía nacional y corregir una anomalía normativa que nos aleja de los estándares del derecho comparado.
Don Oscar Fuentes. Buenas tardes, señor Presidente, a los Diputados presentes. Mi nombre es Oscar Fuentes, y soy parte de la consultora. Mi intervención está orientada a exponer los fundamentos jurídicos, luego de la exposición de Gretchen, en relación a lo que pudimos constatar con los datos del CERVEL y del Servicio de Migración. Lo que hacemos es sintetizar esos datos para obtener una expresión más realista y concreta de la situación del voto extranjero.
Para ello, el fundamento jurídico parte de un pequeño contexto relacionado con la Constitución de 1925. Algunos diputados mencionaron que se cumple 100 años desde el voto; sin embargo, aquella constitución se estableció de manera somera y marginal, únicamente para efectos del voto municipal y para regidores, resultando en una forma de expresión bastante secundaria para la época. Posteriormente, en la Constitución de 1980 se profundizó el debate de manera pragmática. El señor Jaime Guzmán fue quien, de alguna manera, impulsó la solución prática a este problema, incorporando en el artículo 14 el tema del avecindamiento y los cinco años requeridos para ejercer el voto. No obstante, ello no resulta concordante con lo que establece el artículo quinto sobre la soberanía nacional, según el cual esta reside en la Nación y es ejercida por el pueblo a través del escrutinio y la participación en plebiscitos y elecciones periódicas.
En ese sentido, se entiende que el pueblo está compuesto tanto por nacionales como por extranjeros, a quienes se les otorga el derecho al sufragio mediante la separación de la categoría de ciudadanía del derecho a votar y a ser elegido, estableciendo así un derecho al sufragio independiente. Esto permite que, en contraste con el escenario de los años 70—cuando se requería que los extranjeros se nacionalizaran para participar—se posibilite la participación en la vida política de Chile para casi 1.900.000 a 2.000.000 de personas que hoy realizan los trámites correspondientes. La moción de 1980, al crear la figura de un ciudadano semi-ciudadano, establecía que estos extranjeros no tendrían el derecho a ser elegidos, pero sí a votar, separando el sufragio del pleno ejercicio de la ciudadanía y configurando, en nuestra opinión, una anomalía que…
Los propios, los propios personas que estuvieron discutiendo en la comisión de los cruces lo reconocen como tal, y al reconocer eso, de alguna manera, los argumentos que se ocupan están en el tomo 2, en la misma página de la Cámara de Diputados y el Congreso en general; se puede ver en detalle la discusión y cómo, al final, se resuelve de una manera muy pragmática, porque el escenario tampoco era tan complejo como podríamos decir hoy.
Ahora, por eso especifico que la soberanía nacional queda definida en tanto la soberanía reside en la nación y es ejercida por el pueblo, compuesto por nacionales y no nacionales con derecho a sufragio. Por lo tanto, si la soberanía es nacional, ¿por qué la ejerce alguien que no es nacional? Insisto, porque se da este tema al reconocer que, antes de ser nacional, se es persona humana, pues el individuo, como persona humana, es el fundamento y la base de la Constitución de 1980, pero luego adquiere otra dimensión al ser parte de un pueblo. Y, nuevamente, si pueblo es nación, ¿por qué ejerce el derecho a voto alguien que no es nacional? Esa contradicción interna que presenta la Constitución fue resuelta de forma pragmática por los constituyentes de la época; sin embargo, lo que fue pragmático entonces no resulta lo mismo en la actualidad.
Hoy en día, contamos con dos millones de personas y, de ellas, un millón seiscientas mil, según informó el Servicio Migrante al 30 de diciembre de 2023, tienen más de 20 años y podrían cumplir los requisitos que establece la Constitución para ejercer el derecho al sufragio. Por lo tanto, no basta con observar que en esta elección habrá más de 800.000 personas en el padrón; la posibilidad de expansión podría llegar hasta los 2 millones, ya configurados para el 2028, la próxima elección. Esto significa que debemos preguntarnos si el votante que ya ejerce su derecho al sufragio dispone de un derecho adquirido o no. Y, como asunto de derecho público, al no tenerlo ese derecho adquirido, se podría, de alguna manera, otorgarlo sin afectar el principio de irretroactividad.
Por ejemplo, cuando se pasó de voto voluntario a voto obligatorio, nosotros como ciudadanos teníamos el derecho adquirido de ejercer el voto de manera voluntaria, pero se nos quitó esa posibilidad y se nos obligó a votar; situación que se refleja hoy en el debate del Senado respecto a las multas correspondientes para dicho ejercicio, limitando el voto de manera retroactiva. Asimismo, se observó un límite en la reelección de parlamentarios.
En consecuencia, la primera solución consiste en eliminar el artículo 14 de la Constitución mediante una reforma constitucional. Otra alternativa es aumentar los años de residencia a nivel constitucional, ya que el artículo 14 establece cinco años de vecindad y se podría extender a 10 o 15 años, como se debatió en las actas de 1980. La tercera opción es la aprobación del proyecto actual, que es una ley simple que afectaría únicamente la Ley de Extranjería en lo relativo al voto a nivel de comuna y a la residencia definitiva; sin embargo, ello representa una solución parcial, ya que el constituyente estableció que estos temas debían abordarse a nivel constitucional.
Finalmente, el voto extranjero se ha convertido en una variable estructural del sistema político y no puede seguir dilatándose, pues ni en la Constitución del 1925 ni en las actas de los años 80 se abordó adecuadamente este asunto. Ha llegado el momento de solucionarlo o enfrentarlo de manera definitiva, ya sea mediante una corrección constitucional o normativa, teniendo en cuenta que la opción de una ley simple podría acarrear mayor fraccionamiento sin resolver el problema de fondo.
Es decir, votos extranjeros o, si es voto extranjero, mayores años de residencia o simplemente no hay votos extranjeros. Como lo mencionaba en otras actas, en las actas de los otros diputados que presentaron este proyecto, hay un tema de derecho comparado en el que nosotros somos una excepción, pero completamente distinta a nivel mundial. Son cuatro países que no han tomado este tema como corresponde y, por lo tanto, no basta con ajustes simbólicos, se requiere una decisión política, porque esto oculta, finalmente, una pregunta de qué es Chile y quiénes son los chilenos. ¿Somos los chilenos una mera agregación de individuos, personas humanas, o realmente un pueblo que tiene tradiciones y costumbres y, por ello, debe preguntarse a quién le entrega ese derecho político, el derecho al sufragio? ¿Por qué se separa esto de la calidad de ciudadano y se crea la figura de un semi-ciudadano, es decir, que no tiene los derechos propios del ciudadano sino únicamente el derecho al sufragio?
Es decir, en otras palabras, se busca compatibilizar al mismo nivel la base, que es el respaldo de la Constitución de 1980 establecido por los constituyentes, tanto para las personas que podrían ser de derecha como para quienes entienden que el fundamento de la constitución reside en la individuación de la persona humana. Pero eso implica reconocer una visión parcial; además, tenemos que reconocer lo que es pueblo, que es la otra dimensión, la otra cara de la individuación, es decir, el ser con, el aspecto relacional y que somos parte de otros, no de manera meramente derivativa, sino que somos con otros. Por lo tanto, lo que se quiere decir con arraigo es habitar, vivir y, sobre todo, pertenecer. El propio constituyente de 1980 lo mencionó en relación al avecindamiento, concepto que en ese entonces significaba arraigo, habitar y vivir; no es mero domicilio ni cumplir con la formalidad de solicitar un permiso o una residencia, ya sea definitiva o temporal. Requiere arraigo, andar, vivir y pertenecer. Y esas son las preguntas, las palabras que deberíamos plantearnos para definir concretamente quiénes somos y, de alguna manera, cerrar este tema que viene del año 25 tratado de manera secundaria.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Oscar. No sé si don Raúl va o estamos con la presentación. Perfecto. Ofrezco la palabra a los diputados y diputadas, si tienen preguntas.
El diputado Berger tiene la palabra, después la diputada.
Muchas gracias, presidente, por su intermedio y por saludar a los invitados que tenemos en esta ocasión acá en la Comisión de Gobierno, para poder nutrirnos en relación al proyecto que estamos iniciando. Quiero consultarle, a cualquiera de los que han expuesto en este intercambio, ya que me imagino que, al contar con un estudio bastante detallado y haber recabado numerosos datos, pueden responder a la siguiente consulta: en cuanto a la inclinación política que podría ocasionar el voto migrante, ¿en el fondo tendría algún sector político beneficiario o algún sector político en particular? Hago esta pregunta porque, evidentemente, han trabajado con mucho detalle y deben tener cierta experticia en torno a la posible inclinación que pueda tener, políticamente, la integración en lo que se refiere al voto de los migrantes.
Tiene la palabra la diputada Claudia Mix.
Gracias, presidente. Quiero preguntarle si, en la reflexión que hace respecto de la propuesta que se nos presenta —la cual me parece razonable discutir— se consideran los antecedentes del contexto actual de este país, que indican que vamos a tener graves problemas en el futuro con la población joven proyectada, en lo que se refiere al censo. Además, hace poco aprobamos un sistema de pensiones que requiere una tasa de reemplazo de personas que comiencen a aportar al sistema para poder solventar las tensiones del futuro, y esa juventud no se compone necesariamente de chilenos o chilenas.
Por eso se los pregunto: si, desde esa perspectiva, ¿cómo analiza los datos que nos arrojó el censo? Un país que está envejeciendo, que tiene que seguir produciendo y sosteniéndose económicamente, y ¿quiénes van a ser la fuerza de trabajo en el futuro frente a un eventual cierre de puertas? Porque, finalmente, yo soy de la idea de que emigrar es un derecho, independiente de dónde uno lo haga, pero que, efectivamente, uno se va a quedar, se va a sentar en un lugar donde, de una manera u otra, le reconozcan derecho y tenga posibilidades de surgir. Estamos hablando todo el rato de gente que quiere aportar; en ningún momento hablamos de gente que quiere venir a hacernos daño. Y, por tanto, les podemos decir: "Mira, sí, te quedas, sí, entregas tu aporte al sistema de pensiones, sí, aportas a la economía, pero... no puedes votar, no puedes participar de una decisión, no puedes elegir a tu representante, siendo que pagas el IVA en la esquina de tu casa, pagas la patente en la municipalidad, entre otros." Entonces, yo les quiero preguntar: ¿cómo ustedes, desde su reflexión, ven el escenario poblacional de este país respecto de quién va a sostener económicamente este país en las futuras generaciones?
Gracias, diputada Muck. Tengo la palabra. Diputado o diputada, no sé quién puede contestar las preguntas de los diputados. Desde la consultora, todos tienen una cierta línea editorial en sus intervenciones, pero, en este sentido, consideramos que, en particular, el tema del voto no tiene que ver con izquierda o derecha. Acá hay una noción mucho más importante; no se trata de si ganamos una cosita por acta u otra cosita por acta, me parece que va más allá. En la derecha diríamos: "estamos inclinados más por el individuo", pero consideremos que un proyecto de ley de esta magnitud puede afectar también a cada individuo en su particularidad. Entonces, esto es más allá de un grupo de votos. Lo que comentaba la diputada Mix, como dice Greggson, es un tema mucho más profundo; es un tema de lo que los chilenos quieren, más allá de lo que estamos evaluando, si sirve más para la AFP o no. Basta ver las estadísticas: la mayoría de los chilenos no quiere otorgar derechos políticos a los extranjeros, algo que ya está documentado por varias encuestas. Porque, si no, permítanme citar a alguien, estaríamos fortaleciendo el argumento de Johannes Kaiser, quien dice que todos pueden votar mientras aporten. La soberanía del pueblo se compra con impuestos, y estaríamos cayendo en otra discusión, desde mi observación.
Don Oscar, tiene la palabra. Con respecto a lo que mencionaba el diputado Berger por su intermedio, señor presidente, y complementando lo que mencionaba Gretchen, es muy importante, para efectos de evaluación de la participación, separar tres aspectos: la cantidad de personas migrantes, que lo establece y entrega el Servicio Nacional de Migrantes; otra cosa es el padrón y otra, la participación. En participación, recién tenemos, de alguna manera, a nivel de voto obligatorio en octubre, la información de esa jornada; por lo tanto, aún no contamos con datos completos. Hay algunas comunas, por ejemplo el caso de San Miguel, donde se pueden ver tendencias para incluir el voto extranjero, pero no tenemos certeza científica para decir sí o no. Ahora, existen encuestas –como la realizada en febrero por Panel Ciudadano– que ofrecen información respecto a tendencias de votación del grupo extranjero y que podrían influir o marcar, pero eso no lo podemos confirmar, ya que se trata de una encuesta de opinión pública realizada por otra institución. Nosotros trabajamos con los datos del Servicio Nacional de Migrantes y esa información se cruza y se procesa junto a otras variables. Por lo tanto, no tomamos el dato de manera aislada, sino que se integra con otras variables, y eso aún… eso vamos a tener ese resultado con las elecciones de noviembre. Ahí vamos a poder ver las tendencias, ya no tomadas por, insisto, por una…
Sino que el dato propiamente tal de las tendencias del voto extranjero. Ahora, con respecto a lo que plantea la diputada Mix, claro, hay un tema, digamos, práctico que tiene que ver con la baja tasa de atanlidad de chilenos, etc., y las proyecciones respecto a la reforma previsional; pero, asimismo, con lo que también concierne a los extranjeros que deciden a vez sin darse —esa es la palabra que ocupa la Constitución—, ya que se entiende como arraigo, pertenencia, habitar y vivir, nosotros, como chilenos, primero, no culpamos a ellos, sino que es nuestra responsabilidad definir claramente si vamos a otorgarles el derecho a voto o el derecho al sufragio. Y eso no está resuelto, o se encuentra resuelto de manera, por las actas de los constituyentes del 80 y además por la Constitución de 1925, de forma bastante relajada.
Si discutimos el tema y definimos que al extranjero que decida vecindarse se le brindará un respaldo, un respeto mucho más profundo para el futuro aporte en temas como la reforma de la pensión (ya que se estima que la tasa neta de los chilenos es perfecta), entonces debatamos el asunto. Y en ese discutirlo, no lo hemos hecho en 100 años. El diputado Mesa mencionó en el acta del 17 de marzo que Chile celebraba 100 años del derecho al voto extranjero, aunque el de 1925 es bastante marginal en tanto que se ubica, más o menos, en el artículo 120 —no me acuerdo bien— y se aplicaba solamente a nivel municipal, es decir, para los regidores de la época. Recién con la Constitución de 1980 se establece y se eleva a carácter constitucional, pero también de forma algo vaga en cuanto al vecindamiento, de modo que incluso el señor Guzmán preguntó en la comisión: «¿No será muy vaga la palabra?», e incluso mencionó que eran 10 a 15 años de vecindamiento y al final se establecieron 5. ¿Por qué? Porque en la Constitución de 1925 se requerían 5 años para que los extranjeros pudieran votar en municipales.
Entiendo el punto de que esto es, en parte, un tema técnico y práctico, pero va más allá de lo meramente técnico. Es un tema ontológico que versa sobre lo que somos los chilenos. Como también mencionó usted, diputada, en relación con la soberanía nacional, es necesario definir qué es nación y quién conforma el pueblo que ejerce esa soberanía, el cual, actualmente, está compuesto por nacionales y no nacionales, pero que igualmente ejerce la soberanía nacional, tal como lo establece el artículo 5 de la Constitución.
Entonces, vuelvo al tema práctico. Obviamente, hay que enfrentarlo, pero, primero, nosotros, como ciudadanos chilenos, debemos resolverlo; es decir, incluso a los propios extranjeros se les debe comunicar con claridad: “Ahora hemos resuelto esto por primera vez en 100 años, y no mediante una ley simple, sino a nivel constitucional”, de manera que ellos también se sientan respaldados. En caso de que, como chilenos, decidamos que no se otorgará el derecho (lo cual tampoco es una anomalía a nivel internacional), la segunda opción que se presenta es extender el período de avecindamiento, ya sea a 10 o 15 años, en conformidad con las actas de la constituyente del 80, de manera que ellos queden claros al decir: “Bueno, yo voy a aportar, pero tengo este derecho”. O bien, alternativamente, establecer un avecindamiento de 5 años, pero condicionado a la residencia temporal.
Llevo este argumento a un plano ontológico y no a uno meramente técnico-práctico, como los relacionados con temas de pensiones o financiamiento, que, aunque son muy importantes, corresponden a una dimensión técnica y se sitúan en un nivel mucho más profundo respecto de lo que, en esencia, somos.
Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, Presidente.
Este es un tema que evidentemente levanta muchas pasiones en algunos sectores y en algunas personas y, por ello, con todo el respeto que me merecen los expositores, Presidente, a través de su intermedio, voy a pedir que se aborde este asunto alejándose de la pasión; es decir, que dicha pasión se deje, o mejor dicho, que no se imponga, a los parlamentarios. ¿Por qué lo digo? Porque se acaba de hacer referencia a tres segundos de una intervención que tuve en una sesión de esta comisión sobre este proyecto, para una frase totalmente descontextualizada.