Senado - Mujer y Equidad de Género - 12 de mayo de 2025

En nombre de Dios y de la patria se abre la comisión de Mujer y Equidad de Género. Damos la bienvenida a la ministra y también a todos sus asesores legislativos que hoy día están presentes. Hoy prácticamente la comisión va a estar en manos del Ministerio. Si les parece bien a los senadores, dejemos pendiente, por el tema que nos convoca, la siguiente exposición; primero, terminar de votar el proyecto que está pendiente, que es breve. Entiendo que nos va a dar cuenta la Secretaría del Ingreso a las Indicaciones; y luego estaba programada la exposición de la ministra para ir cerrando los temas, ya que hoy tenemos dos temas muy comprometidos. Entonces, le damos la palabra a la Secretaría. Vemos si es que llega alguna de las senadoras que está pendiente. Sí, Presidenta. Primero, informo que se recibió una comunicación de la Unidad de Vinculación Ciudadana del Senado respecto al trabajo realizado sobre el proyecto de ley que tipifica y sanciona la violencia digital, el cual tenemos pendiente en nuestra comisión, y sobre la participación ciudadana de manera virtual. Actualmente, 546 personas están mayoritariamente a favor de tipificar y sancionar la violencia digital, argumentando que la medida protege la vida íntima de las personas y representa un avance en la protección de los derechos digitales. Presidenta, como usted dijo, se recibió la indicación anunciada por el Ejecutivo respecto del proyecto de ley que está en el primer punto, sobre el aumento de la participación de mujeres en los directorios de las sociedades anónimas abiertas y sociedades anónimas especiales.

Y finalmente, Presidenta, recordar que mañana martes a las 15 horas se pretende constituir la comisión mixta del proyecto de ley que modifica la ley sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, estableciendo la imposibilidad de adjudicación de programas o instrumentos financiados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, en el caso que indica, iniciativa que fue rechazada en general por la Cámara de Diputados y, por lo tanto, hay que conformar la correspondiente comisión mixta. Nada más, Presidenta. Vamos a entender los factores; partimos por el tema que dice relación con lo pendiente del proyecto que está por terminar su tramitación, en solicitud del senador Sangüesa. Se ha dado cumplimiento al compromiso que se hizo desde el Ministerio. Si puede dar cuenta, Pilar, por favor. Así es, Presidenta. La indicación propone retirar la indicación que fue aprobada en la sesión anterior, la cual establecía el texto del artículo segundo transitorio, y propone otra redacción que, en todo caso, tiene algunos agregados nuevos, manteniéndose casi toda la indicación que ya se había aprobado por la comisión. Presidenta, no sé si lo leo o el Ejecutivo hace la explicación de las novedades que trae esta indicación. Sí, yo le pediría, por favor, al equipo que pueda dar cuenta, porque claro, nosotros dimos lectura a otro texto en términos de que se hicieron pequeñas modificaciones. Adelante. Gracias, Presidenta. Aprovecho de saludar también a todas las senadoras, al senador y a la ministra subsecretaria de la mujer. Tal como conversamos en la sesión anterior, la indicación que, como Ejecutivo, nosotros estamos presentando tiene tres ajustes al texto original. El primero es que se agrega un párrafo final que faculta al Comité, por iniciativa de la presidencia o de alguno de sus integrantes, para solicitar la opinión de las materias que trata a instituciones, órganos de la Administración del Estado y órganos autónomos con competencia en las materias que va a abordar, con el fin de evaluar si es necesario consultar a expertos o expertas que puedan contribuir al trabajo de la comisión. Luego, la segunda modificación es que se agrega un párrafo final en el numeral 2, para otorgar al comité la facultad de revisar si los registros actualmente existentes de directoras y directores están cumpliendo efectivamente con promover la participación y la visibilización de la mujer en estos espacios, y proponer recomendaciones en caso de que no se cumpla de la mejor manera el propósito establecido en el ámbito de aplicación de esta ley. Finalmente, se agrega un numeral 3 nuevo que establece que el comité debe sesionar al menos dos veces al año, lo que también había sido discutido en la sesión anterior. Adicionalmente, cuando en el literal E se indica que el comité debe enviar reportes anuales a la Cámara de Diputadas y Diputados y al Senado sobre el ejercicio de sus funciones, se sugiere especificar e individualizar que dichos reportes sean enviados a la Comisión de Mujer y Equidad de Género, puesto que la referencia actual resulta demasiado amplia. Pongo esta observación a disposición de la comisionada de Secretaría. Primero, quiero decir que es prácticamente lo que acordamos, con excepción de este punto, en cuanto a darle mayor dirección al informe y evitar que quede únicamente en la cuenta de la tabla de la comisión, ya que eso terminará sucediendo. Me parece bien, pero no sé si hay alguna observación respecto a ese cambio en particular. En definitiva, el informe que en el fondo permitirá hacer seguimiento a esta comisión será entregado dos veces al año también a esta comisión. Entonces, pasamos a votación, secretaria. Y agregar una cosa: ustedes tienen ahí un documento que presenta unas palabras en rojo; esto se refiere al artículo primero transitorio, ya que la senadora Pascual le había parecido un poco extraña la forma de redactar.

Entonces, ahí quedaría en el número 2 el primer cálculo al que se refiere el artículo 31 bis, etcétera, etcétera, que se realizará en el mes de julio del sexto año de descentralización en vigencia. Y, sin perjuicio de lo anterior, en el mes de julio del tercer año. O sea, queda más entendible. La secretaria aquí hizo un esfuerzo para dejar mejor redactado este punto. A continuación, la Presidenta pone en votación la indicación ingresada por el Ejecutivo, presentada por la senadora Pascual, en el sentido de que, según los acuerdos tomados la semana pasada en materia de discusión, se aprueba la indicación que modifica el artículo segundo transitorio. La senadora Pascual vota a favor. Senador Sangüesa: —Gracias, secretaria. Como manifesté en la sesión anterior, no estoy de acuerdo con la creación de este órgano. Creo que las atribuciones que tenemos en la CNF debieran tender a lograr lo que buscamos a través de este proyecto. Por lo tanto, mi voto es en contra. Senador Sangüesa vota en contra. Senadora Carvajal: —Yo voto a favor, Presidenta. La senadora Carvajal vota a favor, dejando constancia de que, si bien la redacción es tal como fue acordada con las mejoras mínimas, estas ayudan a comprender el guarismo señalado y el mes del año al que hace mención la Secretaría. El resultado de la votación fue de tres votos a favor de la indicación y del cambio mencionado en el primer transitorio, y un voto en contra del senador Sanjuez. Se entiende, por tanto, que se aprueba el cambio señalado en rojo. A continuación, se informa que ha llegado un documento de la Unidad de Participación Ciudadana. La Presidenta pregunta: —¿Quiere que se lo hagamos llegar? Se responde: —Sí, voy a pedir que se haga llegar, ya que la cantidad de participantes no es menor: son 546 personas las que expresaron su opinión sobre el tema de la violencia digital. Creo que es un tema que aún no hemos podido abordar y que cada día se vuelve más complejo, y se plantea que habría que penalizarlo. Por ello, solicitaré al Ministerio que reciba una copia para que, en conjunto, podamos trabajar en una iniciativa legal que empiece a generar ciertos límites. La Ministra toma la palabra: —Muchas gracias, Presidenta, y saludos por su intermedio a la Comisión. Agradezco, en nombre del Ejecutivo, que hayamos podido avanzar en el mecanismo de participación de las mujeres en la Sociedad Anónima. Respecto al boletín de violencia digital, nos gustaría conocer el contenido del documento enviado por la Unidad de Participación Ciudadana, tal como recordarán quienes formaron parte del periodo anterior de la Comisión. Estamos en fase de redacción de indicaciones y, a propósito, quisiera sugerir y proponer a la Comisión que, dado que prontamente visitarán nuestro país las senadoras mexicanas autoras de la Ley Olimpia —una iniciativa en ese país en el ámbito de la violencia digital—, sería positivo organizar un seminario tanto para actualizar el debate sobre la ley de violencia digital como para conocer la experiencia de México al respecto. Además, quisiera agregar que existe un tema más profundo, que trasciende a esta comisión, relacionado con los discursos de odio. Actualmente no contamos con una ley que regule este aspecto desde el punto de vista de grupos, lo cual está afectando considerablemente la convivencia en el país; y, en lo particular, este problema resulta especialmente complejo cuando se trata de la violencia contra las mujeres.

Si esperemos los resultados, vamos a leer los informes y conversamos. Pero me ha pedido el Ministerio de Economía, antes de darle la palabra definitivamente, que podamos informar que el proyecto está despachado. ¿Estamos de acuerdo ahora, cierto? ¿O quiere que no? Quiero agradecer, como dijo bien la Ministra, a toda la Comisión por el muy buen debate que se dio. Creo que tenemos un proyecto que ha sido mejorado en esta discusión, aunque ha sido difícil; tenemos la convicción de que se ha encontrado un texto que reúne efectivamente los consensos necesarios para avanzar prontamente en tener espacios más paritarios en estos lugares tan relevantes para la toma de decisiones económicas de nuestro país. Así que, muchas gracias, Presidenta; muchas gracias a todas las senadoras y al senador, por siempre estar tan disponible para discutir y mejorar el proyecto. Bueno, el senador va a pasar a la historia como un primer presidente – probablemente, no, pero solo de un artículo, solo de un artículo. Habiéndome informado de algunas situaciones en otros países, donde esto es mucho más riguroso que acá, yo quisiera pensar que el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Economía, en conjunto, al menos una vez al año, podrán analizar el impacto que esto tiene desde el punto de vista de las empresas. En muchos países desarrollados los impactos han sido positivos en numerosos aspectos, principalmente en el de recursos humanos, etc. Entonces, la idea de esto no es solamente dar un espacio laboral a las mujeres, sino también, en segundo término, que las mujeres hagan un aporte desde su propia mirada a organizaciones que generan empleo, mejoran la productividad del país y aportan, pese a que muchas veces ocupan puestos que no implican toma de decisiones, lo que impide que las cosas cambien. Muchísimas gracias a ambos ministerios. Ahora le damos la palabra de forma definitiva a la Ministra y, después, dejaremos un espacio para que los senadores consulten sobre los resultados de la evaluación de esta ley que vamos a conversar ahora. — Sí, muchas gracias, Presidenta. Quisiera, antes de iniciar, señalar que me acompaña la subsecretaria Claudia Donaire y también Charlotte Pertier, Coordinadora Nacional de la Implementación de la Ley 21.675, así como de las nuevas tareas de coordinación de la respuesta ante la violencia de género. Tenemos una presentación. A propósito de lo que nos convoca, tal como quedó señalado en la Ley 21.675, publicada en junio del 2024, se nos mandó presentar este informe de implementación y seguimiento ante ambas comisiones: la de Mujer de la Cámara y la del Senado. Dicha ley, que ya está por cumplir un año de promulgación, tiene como objetivo prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en razón de su género. Fue extensamente debatida en esta corporación y queremos centrarnos, en particular, en los avances que hemos tenido respecto a su implementación, así como en algunos de los desafíos que presenta. La siguiente, por favor. Solo quiero recordar el enfoque integral que tienen los componentes de la ley, los cuales se refieren a: los títulos de prevención de la violencia de género; las medidas de articulación interinstitucional para su respuesta; la atención, protección y reparación ante la violencia de género; y el acceso a la justicia para las mujeres y las víctimas de la violencia de género. En cuanto al carácter interinstitucional, este se encuentra consagrado a través de tres mecanismos en tres niveles distintos: en primer lugar, en lo que corresponde a la estrategia de transversalización en nuestro país, que ya está presente hace varios años. Quedó corcheteado al revés. Pasa en los mejores ministerios. Estado verde.

Bueno, en cuanto a la gestión transversal a través de los instrumentos que manda la orgánica del Ministerio de la Mujer, Equidad y Género, está el Plan Nacional por Vidas Libres de Violencia. Un segundo mecanismo, consagrado en la ley y trabajado como proyecto de tecnologías de la información desde el gobierno anterior, es el Sistema Integrado de Información de la Violencia Basada en Género, junto con la Coordinación de Articulación Interinstitucional, que, una vez que se apruebe en Contraloría su reglamento, reemplazará con atribuciones más claras al antiguo circuito intersectorial de femicidios. En este ámbito se pueden observar los componentes de todas las instituciones que integran estos distintos niveles de coordinación. Al respecto, se destacan los avances liderados desde el Ministerio y el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. En primer lugar, respecto a la capacitación en la ley misma, el programa de formación en género ha armonizado sus contenidos en el módulo de violencia de género. Previamente, contaba con las normas del Código Penal y de la Ley 20.066, y ya se ha resumido en lo que concierne a la Ley 21.675. Además, se ha mantenido una estrategia de capacitación a actores críticos para la implementación, involucrando a funcionarios públicos tanto del nivel central como local de Carabineros de Chile y de la PDI, alcanzando casi 1.900 asistentes desde la promulgación de la ley. En cuanto al Título Segundo, relativo a la prevención, las medidas vigentes que deberán ser refrendadas una vez que la Comisión de Articulación Interinstitucional celebre su primera sesión, se centran en la formación del personal educativo para la detección y primera acogida de denuncias de violencia de género, dirigidas tanto a estudiantes como a integrantes de la comunidad educativa. Estas acciones incluyen capacitación a nivel nacional, tratamiento de la violencia de género en los medios de comunicación, formación en trata de mujeres –contenido ya integrado en el plan Prevenir del Servicio Civil–, trabajo conjunto con las juntas de vigilancia con enfoque de género, sensibilización de autoridades locales y regionales y campañas nacionales en colaboración con los COSOC. Cabe recordar que las medidas del plan se proyectan hasta 2030. Respecto al programa de prevención de las violencias de género, cuyo objetivo es dotar a las organizaciones de herramientas para prevenir estas violencias en sus comunidades, se han reformulado los componentes de sensibilización, información e intervención en vínculos sociales preventivos conforme a la Ley 21.675, habiendo participado 554 organizaciones en el año 2024. Se precisó, además, que en el proceso de reformulación se modificó el tope de edad –que anteriormente era de 29 años y dejaba fuera a muchas organizaciones comunitarias y barriales– ampliando así el rango para abarcar, sobre todo, a organizaciones de nivel vecinal. Finalmente, en el ámbito de la recopilación, análisis e intercambio de información y de las directrices de política pública para tomar decisiones basadas en evidencia sobre la violencia de género, se refleja en el informe anual de femicidio. Actualmente se están adaptando las nuevas categorías a través de la Subcomisión de las estadísticas de género y, para el segundo semestre de 2025, se lanzará el Observatorio del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, orientado al seguimiento de compromisos internacionales, tales como las recomendaciones de la Convención CEDAW y las publicaciones periódicas sobre género y violencia. Además, el año pasado se publicó la más reciente Encuesta Nacional de Violencia.

Contra las mujeres, antes conocida como ENVIF, amplió sus categorías, incluyendo nuevas consideraciones que están en la Ley Integral, como por ejemplo la violencia ginecobstétrica, la cual tuvo un resultado de bastante prevalencia entre las mujeres del país y se encuentra disponible en el Centro de Análisis del Delito de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Respecto a los vínculos de cooperación con organismos internacionales para la implementación de la ley, actualmente estamos bajo un programa de cooperación con la Unión Europea, financiado por este organismo para el desarrollo del Reglamento de uso de datos y gobernanza de datos del sistema integrado de información sobre violencia de género. Esto, a partir de las instituciones que lo conforman, implica que existen organismos autónomos y datos sensibles que no solamente deben ser considerados en relación a la nueva Ley de Protección de Datos Personales, sino también en línea con lo que ya han avanzado otras regiones del mundo. En cuanto al Banco Interamericano de Desarrollo, el rediseño del sistema de gestión de programas ya ha avanzado en un primer nivel, por ejemplo, permitiendo que todos los dispositivos del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género pudieran superar la barrera de los datos del propio dispositivo y combinarlos con los de toda la oferta de Cernamec. Me permito explicar, de manera concreta, que hasta antes de esa actualización del sistema de gestión de programas –rediseñada con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo–, cuando una mujer se trasladaba de comuna o de residencia, era necesaria una comunicación formal para que pudiera visualizar, en un centro de la mujer, los antecedentes de atención; no me refiero a aquellos datos más privados que requieren patrocinio. Ese sistema ya no dependía de un proceso no interoperable, ya que, con la próxima actualización y con mucho apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, dimos resultados públicamente al reformular el sistema de atención telemática, más conocido como el 1455, lo cual ha permitido optimizar las atenciones, desarrollar un sistema de seguimiento y, en base a la optimización de esos recursos, volver a atender 24/7. Esto nos lleva al trabajo con el Banco Mundial, tal como fue destacado por el propio equipo del Banco Mundial en Chile durante la tramitación final del proyecto. Actualmente, tenemos un préstamo por resultado, que es un componente del marco de cooperación de nuestro país con el Banco Mundial al ero de la protección social. Hemos buscado, en la negociación con el Banco Mundial, una comprensión amplia de la idea de protección social, incluyendo la violencia de género en ello, lo que nos permite que, en la medida en que nuestro país, como Estado, cumpla con la implementación progresiva del sistema integrado de información sobre violencia de género de aquí al 2029 –tal como lo señala la ley– se pueda contar con recursos para que esa implementación sea efectiva en el conjunto de las comunas, que constituyen el 80% de los ejecutores de Cernamec, siguiendo una implementación progresiva y adaptable, similar a la que exitosamente ya recorrió nuestro país con un proyecto similar y ambicioso como lo fue el de gestión social local en los municipios. Respecto al rediseño de la oferta del Cernamec, este se ha ajustado no solamente a las objeciones técnicas y a las demandas ciudadanas, sino también a los requisitos que pone la Ley Integral. Durante el 2024, el rediseño puso énfasis en la reorientación de las intervenciones para optimizar la gestión y la ejecución con miras a ese sistema integrado de gestión. Se ha reformulado en dos niveles de atención: la atención inicial y la atención especializada. La definición se realiza según el nivel de afectación, no según el tipo de delito. En este contexto, tiene un rol protagónico la aplicación de la pauta unificada del riesgo, ya que entendemos que una mujer, aun cuando el delito pueda calificarse, por ejemplo, como maltrato habitual –siendo quizás menos grave para nuestra legislación–, puede presentar un riesgo grave de acuerdo a la evaluación de sus condiciones sociales y familiares. Esto nos ha llevado a que, durante el año 2024, pudimos cumplir una meta que era esencial para el poder implementar.

Esta ley, que es la apertura de centros de atención especializada, en algunos casos fue reformulada a partir de centros de nivel más complejo anteriores, como los centros de violencia sexual o CARI, y también se implementó en otras regiones donde no existían centros de un nivel más complejo. Durante el año 2024 se establecieron más de 20 centros, cumpliendo la meta de al menos uno por región, para que cada una cuente con su complejo de referencia. Se registraron 143.000 atenciones en cuanto a orientación, 116.000 atenciones psicosociales a 56.671 usuarias de Centros de la Mujer (un 33% en el ámbito de la respuesta inicial) y 54.866 personas atendidas vía Fono 1455 y WhatsApp, es decir, a través del sistema de atención telemática mencionado previamente. Quisiera detallar, en particular, lo que tiene que ver con las residencias transitorias, motivo de especial preocupación por parte de los parlamentarios. Durante todo el año pasado se registraron 813 mujeres en residencias transitorias, cuyo requisito de ingreso está relacionado con el riesgo grave. En cuanto a las representaciones jurídicas, se alcanzaron 1.479 casos con 236 querellas presentadas, quintuplicándose en comparación con el año anterior; es decir, se presentaron cinco veces más querellas y se representó a cinco veces más mujeres que el año anterior. Esto se explica en gran parte por la optimización del sistema de gestión y por haber dividido los niveles de atención en casos complejos y casos de atención inicial, ya que muchas veces un caso más complejo, desde la óptica penal o de atención psicosocial, puede terminar colapsando una dupla de atención inicial en un Centro de la Mujer, y resulta mejor abordado por uno de los centros regionales. En cuanto a las medidas de articulación interinstitucional, destaca la comisión que supera al CIF —o que la lleva a una nueva etapa, según lo detallado en el artículo 23. El reglamento, que cumple con los plazos establecidos por esta comisión, se encuentra en trámite en la Contraloría General de la República y define principios, objetivos, estructura y mecanismos de coordinación interinstitucional. La primera sesión se realizará seis meses después de su publicación en el Diario Oficial y tendrá un rol clave en la aprobación del Plan Nacional por el Derecho a las Vías Libres de Violencia de Género, ratificando así el plan que ya se ha trabajado extensamente y que está vigente desde el año 2022. Es importante destacar que el reglamento de la Comisión de Articulación Interinstitucional fue desarrollado en conjunto con las contrapartes jurídicas de todas las instituciones que la conforman, incluyendo a los organismos autónomos constitucionalmente, en particular el Poder Judicial y el Ministerio Público. Queremos agradecer a las contrapartes institucionales designadas por ambas entidades, en especial a la ministra Gloriana Chevesich y a la señora Ivonne Sepúlveda, del Ministerio Público. Como se señaló, el plan, publicado desde el año pasado, contiene más de 200 medidas, entre las que destaca la capacitación, y es probablemente uno de los planteamientos más ambiciosos de la ley, presentando grandes desafíos interinstitucionales, no solo en el ámbito jurídico sino también en lo que respecta a la coordinación y adaptación del sistema integrado de información sobre violencia de género, detallado en el artículo 26. La hoja de ruta está diseñada para que el producto mínimo viable —es decir, la cantidad básica de variables de cada institución que integrará el sistema de gestión— inicie su operación en 2025 y culmine en 2029 con la incorporación total, alcanzando el funcionamiento pleno contemplado en la ley para el año 2030. Actualmente, se encuentran en proceso de firma de convenios con las instituciones participantes del sistema, entre las que se incluyen, por supuesto, Cernamex, el Registro Civil como base de información detallada del país y la Subsecretaría de Prevención del Delito, en relación con el sistema de atención a víctimas.

El Poder Judicial, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a propósito de los componentes de protección social ya incluidos en el registro social de hogares, y el Ministerio Público. Además, el borrador del reglamento elaborado con la colaboración de la Unión Europea para la gobernanza y la protección de los datos que mencionaba previamente está próximo a ingresar a la Contraloría, con una iteración que también ha contado con los aportes de cada una de las instituciones integrantes. Respecto al acceso a la justicia de las mujeres frente a la violencia de género, la ley estableció el ámbito de aplicación y competencia para las normas, y se establecen obligaciones generales, como en el artículo 30, la debida diligencia y la no victimización secundaria. En cuanto a los principales avances, está por presentarse el reglamento de representación judicial, que, como podremos recordar, tiene que ver sobre todo con la capacidad del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género para presentar querellas por femicidio frustrado, femicidio consumado y suicidio femicida, sin que necesariamente concurran los familiares o la víctima. Esto se aborda a propósito de problemas y obstáculos ya constatados en la práctica, cuando las mujeres están en riesgo vital; por ejemplo, cuando hay familiares que no tienen interés en la búsqueda de justicia o en el caso de mujeres migrantes, sobre todo en el caso de las mujeres venezolanas, con quienes actualmente no se cuenta con la cooperación necesaria para buscar la representación judicial a través de la red consular. Al mismo tiempo, para reforzar su oferta, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género inició el proceso de contratación de abogados regionales especializados a partir de la aprobación de la ley. Hay seis profesionales ya contratados en marzo del 2025 a través de concurso, tal como lo ha establecido la ley, y actualmente hay ocho. El nuevo concurso para las regiones restantes ya está publicado y es un concurso público externo, siendo uno por región, de acuerdo al informe financiero de la ley. Estos se suman al abogado coordinador de la línea de violencia extrema, que está asesorando a los centros de atención especializada y supervisando las querellas derivadas de los dispositivos. En cuanto a los otros organismos del Estado que trabajan en conjunto con el Ministerio, en lo referente al Poder Judicial, la ministra Gloriana Chévesis fue designada como encargada de implementación en abril del 2024, antes de que pudiésemos tener la promulgación, en un acto de proactividad de la Corte Suprema. Ya está conformado el equipo técnico interinstitucional, que incluye a los gremios, las mesas técnicas, la Corporación de Administración del Poder Judicial, la División de Estudios de la Corte Suprema, y los sistemas de tecnología de la información, fundamentales para este proceso, que han participado activamente en la coordinación para la redacción de los reglamentos. Se han realizado ocho reuniones oficiales interinstitucionales de alto nivel, además de bastantes reuniones de los equipos encargados de cada componente en particular. Quiero detallar lo referente al desarrollo informático para el sistema integrado de información de violencia de género. Aunque no será titular, es muy importante desde la práctica y fue parte del funcionamiento ya observado en el Poder Judicial: se han incorporado nuevas materias de violencia de género en los sistemas de causas de familia, penal, civil y laboral, lo que permite una continuidad en la evaluación de estas causas y a los magistrados tenerlas en cuenta a la hora de decidir. Además, se ha permitido la incorporación de las audiencias de supervisión judicial y medidas cautelares específicas establecidas en la ley, junto con avances en la interconexión de sistemas entre sedes judiciales y el Ministerio Público. En cuanto a difusión y formación, que es una de las preocupaciones particulares de la Corte Suprema, ya se han realizado 16 jornadas—una por región—de difusión y seminarios para la aplicación de la ley, tanto en las sedes de familia como en la sede penal. Asimismo, la capacitación obligatoria a la judicatura ha alcanzado a 150 jueces desde julio, fortaleciendo el conocimiento y la aplicación de esta normativa.

Y ya se han realizado jornadas dirigidas a las Cortes de Apelaciones y a los Tribunales con distintas competencias, con el objeto de discutir ámbitos de aplicación e interpretación de la norma. Respecto al Ministerio Público, tal como señalaba la contraparte institucional, es la encargada de Género del Ministerio Público, Ivonne Sepúlveda. El artículo 21 estableció los deberes de protección a las mujeres víctimas de violencia de género. En este sentido, ha habido trabajo en el Ministerio Público para fortalecer los canales de atención, tanto de manera presencial como a través del call center y el portal web de mi fiscalía, además de la implementación del sistema de mensajes de texto para informar sobre la actualización de hitos del proceso penal a las víctimas. En cuanto a las obligaciones del Ministerio Público y el deber de conocimiento de los fiscales, ya está vigente el modelo de intervención inmediata BIF y, en desarrollo, el oficio del fiscal nacional previo a la ley, el modelo especial de atención y protección para mujeres víctimas, así como la instrucción obligatoria de revisar las causas previas entre víctimas e imputados. El artículo 50 estableció la supervisión judicial en materias penales de las audiencias decretadas en relación con las medidas cautelares, y la Fiscalía está asistiendo a estas nuevas audiencias que abarcan medidas cautelares, suspensión condicional y medidas accesorias. Respecto al artículo 51 y las nuevas reglas especiales en casos de violencia sexual, ya existe una minuta operativa elaborada por la unidad de género y distribuida a las fiscalías, con especial énfasis en los fiscales designados de forma preferente, no exclusiva, y se han realizado 18 jornadas de capacitación que abarcan al 37% de la dotación nacional del Ministerio Público. Existen además otras iniciativas, como el plan comunicacional interno para la difusión de los contenidos de esta nueva ley, que fue destacado por el fiscal nacional en su última cuenta pública. También resalta el desarrollo informático para la tramitación de denuncias, resultado del trabajo conjunto de los equipos de tecnología de información del Ministerio de la Mujer, del Poder Judicial y del Ministerio Público. Esto ha permitido ajustar el sistema para las nuevas causas de violencia intrafamiliar, medidas cautelares y audiencias, mediante un aplicativo que utiliza el rol único de causas para aquellas derivadas de los tribunales de familia. Dicho sistema contribuye a reducir la revictimización, al evitar que la víctima o su representante tengan que volver a informar los mismos hechos, y otorga al organismo persecutor mejores herramientas para tomar decisiones. Además, se está participando en las definiciones de las primeras variables para incorporar al sistema integrado de información de violencia basada en género. Respecto al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se han desarrollado ya los protocolos internos acordes a la ley CARIN, junto con actividades de capacitación y difusión para prevenir la discriminación por razones de género. En el último Comité Interministerial de Prevención del Delito y en coordinación con el subsecretario Collada, a propósito del nuevo Ministerio de Seguridad, se está trabajando para que el reglamento del sistema de seguridad pública incorpore tanto la Comisión de Articulación Interinstitucional como los deberes especiales establecidos en la Ley 21.675, evitando así topes operativos a partir del reglamento. Asimismo, ya existe un acuerdo para que, seis meses después de su publicación en el Diario Oficial, la Comisión de Articulación Interinstitucional pueda hacer… --- Pero en la Cámara de Diputados se votó en el Senado y, recién cuando fuimos a y volvimos a la Cámara de Diputados, y cuando hubo divergencia, fuimos a una comisión mixta. En la Comisión Mixta, en una de las pesquerías, el ministro y el subsecretario entregaron un dato erróneo en una de las pruebas, y en base a ello se pretende instalar una situación que me parece francamente inaceptable, porque se trata de equiparar la legislación de esta ley con la ley Longueira, en la que hay personas que están en la cárcel por recibir coimas; gente que vendió su posición, su país y sus intereses a cambio de dinero, terminando en la cárcel. No se trata de un error menor, y por ello, en mi opinión personal, para evitar dar pie a esa situación se debería reabrir la Comisión Mixta y, nuevamente, realizar la votación, probablemente sin cambiar mucho las posiciones, ya que han existido oposiciones entre quienes respaldan la pesca artesanal y quienes respaldan la pesca industrial. Además, y basado en mi experiencia en casos de corrupción, he aprendido que siempre existe un intento por parte de aquellos que defienden la corrupción de desprestigiar a sus oponentes, afirmando que todos son corruptos. Sin embargo, aquí se afirma que existe una ley corrupta, cuando en realidad ha sido discutida con un nivel de transparencia y de debate ciudadano sin precedentes. Por último, a través de su intermedio, le pediría también al diputado Romero que se retracte. Jamás hemos afirmado que parlamentarios reciben dinero en el contexto de esta ley. Nosotros, si contáramos con evidencias de que ciertos parlamentarios estuvieran recibiendo dinero, lo llevaríamos al Ministerio Público. Se lo vimos de manera muy fraternal, pues jamás hemos afirmado que hay parlamentarios recibiendo dinero. Muchas gracias. Primero que todo, agradezco la invitación. Saludo también a la señora Presidenta. Respecto a este proyecto de ley, la opinión general de la Defensoría es oponerse al mismo por dos razones. En primer término, se argumenta que existiría un aumento de ilícitos de robo en lugares no habitados vinculados al crimen organizado; sin embargo, los datos con los que contamos, correspondientes al período de 2020 a 2024, indican que ha habido una tendencia a la baja en los delitos de robo con fuerza en dichos lugares. En segundo lugar, se sostiene que, independientemente del número de ilícitos, existe una problemática en cuanto al acceso y la vigilancia en zonas aisladas, lo que dificulta la labor policial y la acción del Ministerio Público. Aunque podemos coincidir en que existen problemas de logística policial, consideramos que simplemente aumentar la pena del delito de robo con fuerza en lugares no habitados no permitirá un mejor acceso a la policía ni al Ministerio Público para perseguir estos ilícitos. En tercer lugar…