Senado - Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento - 12 de mayo de 2025

Muy buenos días. En nombre de Dios y la patria, vamos a iniciar la sesión. Muy buenos días. Voy a partir saludando a los ministros que están presentes, al abogado Alamiro Alfaro Zepeda, a la senadora, a los senadores, a la secretaría, a nuestros asesores y a quienes pueden estar siguiéndonos ya en esta conexión. El objeto de esta sesión del día lunes 12 de mayo es ocuparse del oficio de Su Excelencia, el Presidente de la República, mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para designar como ministro titular abogado del Ilustre Primer Tribunal Ambiental, con asiento en la ciudad de Antofagasta, a don Alamiro Alfaro Zepeda y como ministra titular licenciada en Ciencias del Ilustre Tercer Tribunal Ambiental, con sede en la ciudad de Valdivia, a doña Sibel Villalobos Volpi. Es el Boletín número S2616-05. Por lo tanto, reitero mis saludos y doy la bienvenida a la ministra, señora Maisa Rojas, y a sus asesores; al ministro de Medio Ambiente; al ministro de Justicia, el señor Jaime Gajardo y sus asesores; y al candidato que está presente, el señor Alamiro Alfaro Zepeda. También aprovecho de saludar a la señora Sibel Villalobos Volpi. Le doy ahora la palabra al señor secretario para que nos pueda hacer la relación. Gracias, señora presidenta. Señoras y señores senadores, como bien ha señalado la presidenta de esta comisión, corresponde iniciar el estudio de la solicitud de Su Excelencia, el Presidente de la República, mediante el cual requiere el acuerdo del Senado para designar como ministro titular abogado del Primer Tribunal Ambiental, con asiento en la ciudad de Antofagasta, al señor Alamiro Alfaro Zepeda, y como ministra titular licenciada en Ciencias del Tercer Tribunal Ambiental, con asiento en la ciudad de Valdivia, a la señora Sibel Villalobos Volpi. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 20.600, los tribunales ambientales son órganos jurisdiccionales especiales, sujetos a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, cuyas funciones son resolver las controversias medioambientales de su competencia y ocuparse de los demás asuntos que la ley somete a su conocimiento. Su artículo quinto establece tres tribunales ambientales. En particular, en este caso el Ejecutivo solicita el acuerdo del Senado para designar a las personas ya indicadas: en el caso de un ministro titular del Primer Tribunal Ambiental, que tiene su asiento en la ciudad de Antofagasta y ejerce sus atribuciones en las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá, de Antofagasta, de Atacama y de Coquimbo; asimismo, se requiere el mismo acuerdo para designar a la ministra ya indicada, propuesta por el Ejecutivo, en el Tercer Tribunal Ambiental, que tiene su asiento en la comuna de Valdivia y ejerce sus atribuciones en las regiones de Ñuble, del Bío Bío, de la Araucanía, de los Ríos, de los Lagos, de Aysén, del General Carlos Ibáñez del Campo, de Magallanes y de la Antártica Chilena. Tanto los ministros titulares como los suplentes deben ser designados de conformidad al procedimiento...

Establece el artículo segundo de la ley 20.600. En síntesis, dicho precepto prescribe que cada ministro será nombrado por Su Excelencia el Presidente de la República con acuerdo del Senado, de una nómina de cinco personas que en cada caso propondrá la Corte Suprema. Para llevar adelante este procedimiento se ha establecido que el máximo tribunal formará la nómina correspondiente de una lista de candidatos que, con un mínimo de seis y un máximo de ocho nombres, debe proponerle el Consejo de Alta Dirección Pública. Dicho Consejo selecciona a los postulantes mediante un concurso público que se somete al procedimiento establecido para el nombramiento de adlectivos públicos del primer nivel jerárquico. Los candidatos propuestos son recibidos en audiencia pública por el máximo tribunal, el cual puede aprobar o rechazar total o parcialmente la lista. Concluida esta etapa, la Excelentísima Corte Suprema hace una proposición al Presidente de la República, quien deberá seleccionar a los postulantes y formular la propuesta al Senado. Esta corporación puede acoger la proposición formulada por el primer mandatario por tres quintos de sus miembros en ejercicio, equivalente a 30 votos. Si no se aprueba, el Presidente de la República deberá presentar otros candidatos que formen parte de la misma nómina elaborada por la Excelentísima Corte Suprema; y, en caso de que se rechace la segunda proposición, se deberá llamar a un nuevo concurso público. La Excelentísima Corte Suprema comunicó al Ejecutivo, mediante el acta 64-20-24, del 18 de marzo de 2024, la quinta para nombrar al ministro titular abogado del Primer Tribunal Ambiental, con sede en la ciudad de Antofagasta. Asimismo, mediante el acta 180-20-24, del 19 de agosto de 2024, comunicó al Gobierno la quinta para nombrar al ministro titular licenciado en Ciencias del Tercer Tribunal Ambiental, con sede en la ciudad de Valdivia. Teniendo en cuenta estos antecedentes y mediante oficio número 441 de 21 de abril de 2025, dirigido al Presidente del Senado, el jefe de Estado comunica a esta corporación que ha decidido proponer para desempeñar el cargo de ministro titular abogado del Primer Tribunal Ambiental al señor Alamiro Alfaro Zepeda, y para el cargo de ministro titular licenciado en Ciencias del Tercer Tribunal Ambiental a la señora Sibel Villalobos Volpi. Sin perjuicio de que en sus carpetas se encuentran los currículums en extenso de cada uno de los candidatos, se hará una breve mención respecto de cada uno de ellos. El señor Alfaro es abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Atacama. Cuenta, además, con una serie de postítulos en universidades chilenas y extranjeras, según se detalla en el currículum que tienen a su disposición. Actualmente se desempeña como ministro suplente del Primer Tribunal Ambiental, con sede en la ciudad de Antofagasta. En el pasado reciente se ha desempeñado como abogado relator en el Segundo Tribunal Ambiental, conocido en Santiago. Asimismo, es docente de la Universidad Alberto Hurtado, donde imparte la cátedra de Derecho Procesal y Litigación Ambiental y Climática. Es autor de múltiples artículos en revistas y libros relacionados con la materia de su especialidad, conforme se refleja en el currículum vitae, y ha impartido seminarios y talleres en programas que se han dictado tanto en Chile como en el extranjero. La señora Sibel Villalobos Volpi es licenciada en Biología Marina por la Universidad Austral de Chile. Asimismo, posee el grado de Magíster en Ciencias, con mención en Recursos Hídricos, de la Facultad de Ciencias de dicha universidad, y es diplomada en Gestión Ambiental y Evaluación de Impacto, impartido por la misma institución. Ha participado, al igual que el otro candidato mencionado, en diversos cursos de especialización, no solo en el ámbito de su quehacer académico, sino también en el de la argumentación y el razonamiento jurídico, cursos impartidos tanto por la Universidad Austral de Chile como en la Academia Judicial. Hasta el período comprendido entre 2020 y 2023, se desempeñó como ministra titular en el cargo de licenciada en Ciencias del Tercer Tribunal Ambiental, con sede en la ciudad de Valdivia. Previamente, ejerció la función de jefa de la Unidad de Política y Regulación Ambiental, en calidad de especialista en ecosistemas acuáticos, en la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Los Lagos, durante el periodo 2000–2003, y además, ocupó otra jefatura en el ámbito medioambiental en fechas anteriores. Finalmente, todos estos antecedentes figuran en el currículum vitae que ustedes tienen a su disposición en las carpetas correspondientes. Sus señorías, se hace presente que estos antecedentes –tanto el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, las dichas actas de la Corte Suprema y los currículums– respaldan la propuesta presentada.

De los candidatos y los dossiers de prensa elaborados por la Biblioteca del Congreso Nacional, de acuerdo con el procedimiento que rige en estos procesos de nombramientos, se encuentran a su disposición. Hago presente que, de conformidad con dicho procedimiento, también se abrió en la página web de nuestra corporación una consulta ciudadana para recibir antecedentes u observaciones sobre la candidatura. No se registraron observaciones, sus señorías, sobre las candidaturas presentadas por el Ejecutivo. Señora Presidenta, señores senadores, es el resumen que puede brevemente hacer la secretaria. Muchísimas gracias, señor secretario. Vamos a darle entonces la palabra al Ministro de Justicia, el señor Jaime Gajardo, para que pueda también entregar y explicar la propuesta del Ejecutivo. Ministro: Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludo a los senadores y senadoras presentes. Tal como lo decía el señor Secretario, efectivamente el Presidente de la República, mediante el oficio 411, entregó o está presentando ante esta corporación dos nombres para que se integren como ministros de tribunales ambientales, tanto del Primer como del Tercer Tribunal Ambiental, respectivamente. Estos procesos forman parte de lo que establece la Constitución y la ley, y en ese sentido ambas propuestas son de candidatos altamente calificados, un candidato y una candidata altamente calificada, que han superado exitosamente los procesos de selección para tribunales ambientales, los cuales son bastante exigentes: primero, el concurso ante la Dirección Pública; segundo, la incorporación en la quiniela de la Excelentísima Corte Suprema; y tercero, la designación de uno de esos nombres por parte del Presidente de la República, y que esperamos también puedan ser ratificados con el quórum que establece la ley para este caso. Respecto a las presentaciones de ambos candidatos en particular, voy a ir de norte a sur y también por la antigüedad de los procesos concursales desarrollados. En primer lugar, el Presidente de la República presenta como candidato a don Alamiro Alfaro Zepeda para que pueda proveerse el cargo de Ministro Titular, abogado, del Primer Tribunal Ambiental. Esta propuesta fue incluida, como se mencionó, en la quiniela formada por la Excelentísima Corte Suprema, luego de un meticuloso proceso de selección efectuado por el Consejo de Alta Dirección Pública del Servicio Civil. En la quiniela había candidatos y candidatas sin duda excelentes, conocidos por su trayectoria y desempeño sobresaliente en distintas áreas relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales. Sin embargo, la experiencia, el amplio conocimiento y la capacidad demostrada por el candidato Alamiro Alfaro Zepeda en el ejercicio de su carrera nos han llevado a la convicción, tanto en el Ejecutivo como en la formación del Presidente de la República, de presentarlo para este cargo en propiedad de titular. Algunos aspectos de la trayectoria del señor Alfaro: En primer lugar, en cuanto a su formación académica, es un abogado egresado por la Universidad de Atacama, posee un máster en energía y recursos naturales y un máster en derecho otorgado por la Universidad de Melbourne. En Australia cuenta con diversas publicaciones académicas en materia de energía y recursos naturales, área en la que se ha especializado, lo que resulta muy relevante para la zona en la que va a desempeñar sus funciones. En segundo lugar, en cuanto a su experiencia profesional, el candidato es actualmente ministro suplente, ejerciendo como abogado del Primer Tribunal Ambiental. Anteriormente fue relator del Segundo Tribunal Ambiental, cargo al que llegó en julio del año 2018, y anteriormente se desempeñó en el ámbito privado en materia de energía y medio ambiente. Además, el señor Alfaro tiene más de dos décadas de experiencia en temas ambientales y protección del medio ambiente, cuenta con un vasto y especializado conocimiento en materias medioambientales y, gracias a su experiencia en la institucionalidad del medio ambiente, ha demostrado su capacidad para resolver conflictos y aplicar la legislación ambiental, lo que resulta muy relevante para el Ejecutivo. Finalmente, en cuanto a su actividad docente, desde el año 2021 a la fecha es profesor de la Cátedra de Derecho Procesal y Litigación Ambiental de la Universidad Alberto Hurtado. En opinión del Poder Ejecutivo, nos complace presentar a Alamiro Alfaro Zepeda para proveer la vacante de Ministro Titular del Primer Tribunal Ambiental. El candidato, como se ha señalado, ha superado exitosamente todo el proceso de selección y fue incorporado por la Excelentísima Corte Suprema en la quiniela en que se seleccionó su nombre. Además, consideramos que cuenta con las condiciones profesionales y una consistente trayectoria en materia medioambiental, y como ministro suplente ha dado pruebas de una correcta aplicación.

De la ley ambiental, lo que para nosotros también es muy relevante en esta materia. Respecto a la segunda candidata que presentamos, doña Sibel Villalobos Volpi, para el Tercer Tribunal Ambiental de nuestro país, la candidata tiene una vasta experiencia en el ejercicio concreto de la jurisdicción ambiental, cumpliendo el perfil, las condiciones legales y la idoneidad técnica para desempeñarse en el cargo para el que se propone. La candidata ha superado, como lo hizo el candidato anterior, todas las etapas de este concurso y fue integrada también en la guina elaborada por la Excelentísima Corte Suprema. En cuanto a su formación académica, destaca el título profesional de bióloga marina de la Universidad Austral de Chile, obtenido en 1997. Adicionalmente, cuenta con el grado académico de magíster en ciencias convencionales y recursos hídricos en la Universidad Austral de Chile; este grado fue financiado gracias a una beca obtenida en el sistema concursal del CONICET de esa época. La candidata, además, ha completado cursos de postítulo y diplomados de especialización en la materia, destacándose un curso de gestión ambiental y evaluación de impactos ambientales en la Universidad Austral, un postítulo en mediación de conflictos socioambientales en la Universidad Católica de Chile y un diplomado en argumentación y razonamiento jurídico en la Universidad Austral de Chile. En adición, cuenta con una serie de cursos enfocados en formación y razonamiento jurídico impartidos por la Academia Judicial y otras instituciones públicas. En el ámbito profesional, la candidata posee antecedentes de gestión y un conocimiento profundo del trabajo que debe desempeñar, lo que le otorgó una ventaja comparativa decisiva para el Poder Ejecutivo al integrarla en la guina de candidatos del concurso elaborado por la Corte Suprema y hoy presentada ante este honorable Senado. La candidata Sibel Villalobos Volpi ejerció, desde el 1 de diciembre de 2018 hasta completar el período del cargo, como ministra titular científica del Tercer Tribunal Ambiental, recibiendo una buena evaluación de su desempeño jurisdiccional, en la que se destacan rasgos como la prudencia, la independencia, la imparcialidad, la integridad y un profundo conocimiento de las materias aplicables a su rol. De hecho, prueba de ello es que tomó cursos en la Academia Judicial para, no siendo abogada, asimilar los aspectos centrales del razonamiento jurídico aplicado a las decisiones jurisdiccionales. Además, le correspondió ejercer como ministra suplente licenciada en Ciencias del mismo tribunal entre 2013 y 2018, lo que le ha otorgado una vasta experiencia y amplio conocimiento del sistema. Con anterioridad a ambos cargos, desempeñó distintas funciones en el Ministerio del Medio Ambiente y en la CONAMA. Asimismo, en el ámbito docente, ha impartido clases en la Universidad de Los Lagos y en la Universidad Austral en materias de políticas públicas y ciencias biológicas, en coherencia con su desarrollo académico y profesional, y cuenta con publicaciones especializadas en esta materia. En atención a lo anteriormente expuesto, creemos que la candidata Sibel Villalobos Volpi es una excelente opción para desempeñarse como ministra licenciada en ciencias del Tercer Tribunal Ambiental de nuestro país. La experiencia que posee garantiza que el ejercicio de la función jurisdiccional se realice con la mejor competencia técnica disponible, contando además con una amplia trayectoria que refleja el correcto desempeño del rol jurisdiccional y todos aquellos elementos que deben caracterizar a un buen juez. El Ejecutivo tiene la convicción de que la candidata ejercerá su función con la independencia y honestidad que demandan la Constitución y la ley, además de apegarse al cumplimiento del principio de legalidad y al logro de los objetivos de esta jurisdicción especial. Eso es cuanto el Ejecutivo presenta respecto a las dos candidatas. Muchas gracias, ministro. Entonces, le voy a dar la palabra al señor Alamiro Alfaro para que pueda también realizar su exposición. Muchas gracias. Comparezco ante esta comisión, consciente de la responsabilidad que implica asumir la magistratura en el Primer Tribunal Ambiental, en un contexto en el que el país enfrenta desafíos ambientales, sociales y climáticos cada vez más complejos. Mi trayectoria combina experiencias jurisdiccionales, formación especializada y conocimiento de la realidad de la macrozona norte de Chile. Como se ha señalado, soy abogado egresado de la Universidad de Atacama, institución con un fuerte enfoque en derecho minero y de aguas. Complementé mi formación con un grado de Master of Energy and Resources Law en la Universidad de Melbourne, en Australia, cursando el programa como becario de Becas Chile. Asimismo, he profundizado mi especialización mediante diplomados en materia de gestión ambiental, derecho administrativo sancionador y derecho administrativo y municipal.

Programas de formación avanzada en áreas claves como inteligencia artificial aplicada al derecho, liderazgo para equipos de trabajo, redacción de sentencias y resolución de conflictos socioambientales. Actualmente, soy docente en el Magíster de Derecho a los Recursos Naturales y Científicos de la Universidad de Finisterra y, anteriormente, he impartido las cátedras de Derecho Procesal y Litigación Ambiental y Climática en la Universidad Alberto Hurtado. Esta formación y práctica docente me ha permitido desarrollar herramientas concretas para liderar equipos en entornos de alta exigencia técnica, redactar decisiones con claridad jurídica y científica, y abordar conflictos socioambientales con una visión integral y práctica. En el presente, me desempeño como ministro suplente abogado del Primer Tribunal Ambiental. Desde hace casi dos años ejerzo en este cargo, integrando el tribunal a tiempo completo y participando en la tramitación de aproximadamente 68 causas a la fecha, incluyendo reclamaciones, demandas por daño ambiental y solicitudes de la Superintendencia del Medio Ambiente. En el cargo he aportado activamente para fortalecer la labor jurisdiccional del tribunal, entendiendo que la tarea prioritaria es la resolución de controversias ambientales de nuestra competencia. He participado en más de 40 audiencias de diversos tipos, tales como reclamaciones, demandas, conciliaciones, seguimiento del cumplimiento de sentencias y revisión de medidas cautelares. Durante 2024 logramos aumentar en un 191% la cantidad de sentencias dictadas, superando ampliamente el promedio histórico en el período previo (2017 a 2023) y reduciendo la demora judicial, lo que se traduce en un mayor acceso efectivo a la justicia ambiental. Además, desde 2023 hasta el presente he participado en diversas diligencias de inspección personal, conociendo la realidad de la macrozona Norte, incluyendo una visita al socavón en Terra Amarilla, zonas agrícolas en la Cuarta Región, basurales en Alto Auspicio, la Reserva Nacional La Chimba en Antofagasta, el Salar de Surire en la región de Arica y Parinacota, y la reconversión de centrales termoeléctricas en Mijillones, así como en poblaciones de la ciudad de Arica en el contexto de eventual contaminación por polimetales, entre otras. Estas experiencias me han permitido constatar directamente la realidad de los antecedentes presentados, orientando sentencias bien fundamentadas y contextualizadas. Asimismo, he contribuido de manera sustantiva al desarrollo de una jurisprudencia ambiental sólida y coherente, orientada a otorgar certeza y seguridad jurídica en la aplicación del derecho. Como redactor de sentencias en casos de relevancia nacional, he participado en la definición de criterios clave en materias tales como la conservación del acto administrativo frente a vicios formales, la evaluación ambiental basada en antecedentes técnicos y estándares vigentes, la consideración del cambio climático en la evaluación ambiental, la garantía del principio de contradictoriedad y la adecuada fundamentación de los actos administrativos, así como en criterios sobre la procedencia de la consulta indígena, la vigencia de la Ley de Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y los contornos del control judicial ejercido por los tribunales ambientales sobre la actuación administrativa, entre otros. Estas decisiones fortalecen las líneas jurisprudenciales del tribunal y permiten equilibrar la protección ambiental con la certeza regulatoria para comunidades, empresas y el Estado. Anteriormente, me desempeñé durante cinco años como relator del Segundo Tribunal Ambiental, participando activamente en el estudio, exposición y redacción de fallos en materia de daño ambiental, reclamaciones de ilegalidad y fiscalización ambiental. Fui relator en más de 30 sentencias sobre reclamaciones, en dos de daño ambiental, en tres resoluciones que aprobaron solicitudes de la Superintendencia del Medio Ambiente y en cinco procesos de conciliación, además de participar en diversas inspecciones personales y redactar propuestas de base para la conciliación. Antes de eso, también me ejercí como secretario abogado del Primer Juzgado de Policía Local de Copiapó durante casi seis años, donde gestioné cerca de 10.000 causas anuales y me desempeñé como juez subrogante en diversas materias. Lideré procesos de modernización institucional enfocados en la sistematización de la información, la automatización de resoluciones, el rediseño de los fallos, y mejoras organizativas e infraestructura. En cuanto a mi visión del derecho y el rol del tribunal, considero imprescindible destacar como valores esenciales en el ejercicio jurisdiccional la importancia de contar con reglas procesales claras, la imparcialidad, el respeto a la legalidad y su relación con la legitimidad democrática de la ley y la independencia judicial. En este sentido, es fundamental contar con procedimientos y reglas procesales comprensibles y coherentes que entreguen certeza a todos los intervinientes y establezcan criterios claros en relación con los recursos procedentes. Gracias.

Impugnar decisiones, tanto sea administrativas como judiciales, así como la naturaleza definitiva de la sentencia de los tribunales ambientales y los medios existentes para obtener su cumplimiento efectivo. Por otra parte, la imparcialidad es esencial para la dictación de sentencias que garanticen la seguridad jurídica. Los jueces deben actuar de manera imparcial, sin sesgo ni prejuicios, y basar sus decisiones únicamente en la evidencia presentada y en la interpretación objetiva de la ley. La imparcialidad garantiza que todas las partes involucradas reciban un trato justo y equitativo. Asimismo, la legalidad es la base de la seguridad jurídica. Los jueces deben asegurarse de que sus decisiones estén fundamentadas en la ley y respeten los principios y derechos establecidos en ella. La legalidad implica que las sentencias sean coherentes con el marco jurídico existente y que los jueces no excedan sus facultades, evitando el activismo judicial y protegiendo los derechos de las partes involucradas. La ley es el resultado de un proceso democrático en el cual se establecen las normas que rigen una sociedad. Los jueces tienen la responsabilidad de respetar y aplicar estas leyes, las cuales cuentan con legitimidad democrática al haber sido discutidas y aprobadas por representantes de toda la sociedad. Al respetar la ley, los jueces contribuyen a mantener la estabilidad y la coherencia del sistema jurídico. De igual forma, la independencia judicial refuerza la imparcialidad y el respeto a la legalidad. Los jueces deben resolver libres de influencias externas y políticas, permitiéndoles tomar decisiones basadas únicamente en el derecho, la ley y los antecedentes del caso. La independencia judicial asegura que las sentencias sean emitidas sin presiones indebidas y contribuye a mantener la confianza de la sociedad en el sistema de justicia. Finalmente, presento una propuesta de fortalecimiento del primer tribunal ambiental. Con base en la experiencia acumulada y en el diálogo con el equipo del tribunal, se plantea un fortalecimiento institucional basado en cuatro ejes: la gestión jurisdiccional, la planificación estratégica, el clima laboral y la vinculación con el medio. En cuanto a la gestión jurisdiccional, se plantea aumentar la cantidad de sentencias y casos resueltos, reducir los tiempos de tramitación asociados a reclamaciones y demandas, y desarrollar metodología para la conciliación en ámbitos jurisdiccionales especializados en controversias medioambientales. Asimismo, se propone capacitar al personal en técnicas de facilitación y resolución alternativa de conflictos, además de establecer un portal de seguimiento y de cumplimiento de las sentencias y conciliaciones del tribunal, que permita a la comunidad conocer los avances y eventuales atrasos en la ejecución de medidas ambientales. Esto facilitará la toma de decisiones para lograr un cumplimiento efectivo, mejorará la fundamentación de las sentencias, su estructura lógica, los aspectos procesales y su fundamentación técnico-científica, estandarizará los criterios, garantizará la coherencia en las jurisprudencias y decisiones del tribunal, y promoverá la formación continua del personal en aspectos jurídicos ambientales clave y recurrentes. En cuanto a la planificación estratégica, se plantea actualizar la planificación del tribunal, efectuar un diagnóstico participativo de necesidades internas y externas, y establecer metas concretas y objetivos estratégicos orientados a la eficiencia y eficacia en la dictación de sentencias. Respecto al clima laboral, se plantea fortalecer el trabajo en este ámbito, impulsado con el respaldo de la ministra visitadora de la excelentísima Corte Suprema, promoviendo un ambiente interno que asegure bienestar, compromiso y profesionalismo como base del servicio jurisdiccional. Se propone establecer canales para que los funcionarios puedan expresar sus ideas, preocupaciones y sugerencias, asegurándose de que estas comunicaciones reciban una respuesta oportuna. Además, se plantea implementar sistemas de reconocimiento que refuercen el sentido de propósito, la pertenencia y la motivación del equipo, valorando los logros individuales y colectivos, capacitando a las jefaturas para que actúen con empatía, escuchen activamente, ofrezcan retroalimentación constructiva y gestionen los conflictos de manera respetuosa y efectiva. También se contempla ofrecer oportunidades de formación, crecimiento y participación en las decisiones que afecten el trabajo, junto con medidas de bienestar como flexibilidad horaria, gestión adecuada de las cargas laborales, espacios de desconexión y acceso a apoyo psicológico cuando sea necesario. En cuanto a la vinculación y comunicaciones, se propone establecer canales para recibir comentarios o sugerencias sobre la gestión del tribunal, realizar una encuesta de satisfacción a usuarios y a actores claves vinculados al tribunal ambiental, ejecutar campañas de divulgación y educación medioambiental dirigidas a la comunidad, y llevar a cabo acciones para fortalecer la transparencia, el acceso a la información y la comunicación institucional del tribunal.

Mediante la creación de secciones web especializadas, la implementación de herramientas de difusión dinámica y el desarrollo de alertas y seguimiento de casos para facilitar el acceso oportuno a decisiones relevantes por parte de la ciudadanía y los medios de comunicación. Finalmente, planteo que el ejercicio de la judicatura en la macrozona norte es crucial para garantizar el desarrollo sustentable de nuestro país. Desde el cargo de Ministro Titular, mi compromiso es con una judicatura independiente y técnicamente sólida que refuerce el rol del Tribunal Ambiental como pilar del Estado de Derecho y como garante de la tutela judicial efectiva. Muchas gracias. Le damos las gracias también al abogado Alamiro Alfaro. Quiero abrir un espacio para preguntas, consultas, dudas para la senadora y los senadores. El Ejecutivo, si quisiera agregar algo. —Sí, yo tengo algo, pero le doy la palabra al senador Araya, a la senadora Wensberger y después al senador Durresti. Gracias, Presidenta, por su intermedio de saludar a los dos ministros que nos acompañan y al candidato Alamiro Alfaro. Yo creo que la exposición del señor Alfaro es bastante completa y me gustaría hacerle algunas preguntas que son, en parte, generales y puntuales. Respecto del sistema de Tribunales Ambientales en general, ¿qué espacio de mejora se ve? Porque hoy día tenemos un problema bastante serio con la duración de los distintos procesos ambientales: desde que se presenta un reclamo hasta que hay sentencia definitiva o de término, pueden pasar años. Y tenemos un caso que probablemente sea el más emblemático, independientemente de la opinión personal que uno tenga, que es el caso de Minera Dominga, sobre el cual se podrá escribir mucho acerca de qué se hizo y qué no se hizo en materia de gestión ambiental. Entonces, en lo más global, ¿qué paso de mejora ve usted en eso? Y, en segundo lugar, temas más puntuales: yo soy senador por la Región de Antofagasta, y es sabido que el Tribunal Ambiental de Antofagasta presenta una serie de problemas y tiene un atraso bastante importante en cuanto a la dictación de sentencias. Aquí, si bien es cierto, en la exposición se mencionan algunas mejoras o soluciones, me gustaría que profundizara sobre de qué manera se puede mejorar el clima laboral en el Tribunal de Antofagasta, así como también resumir los tiempos de demora o acortar la cantidad de fallos que aún están pendientes. Eso, presidente. Gracias, senador. Vamos a acumular las palabras de los senadores y le volvemos a dar la palabra a usted, senadora. —Gracias, presidente. Saludo a los ministros que nos acompañan y al postulante, el señor Alamiro. Bueno, tenía tres consultas, que se van a reducir a una, porque las otras dos las hizo el senador Araya; eran básicamente: primero, preguntarle en base a la experiencia que tiene tanto en el Tribunal Ambiental de Santiago como en Antofagasta, cuáles son los espacios de mejora; segundo, que nos contara un poco cuál es efectivamente la carga laboral del Tribunal Ambiental de Antofagasta y qué tan atrasado está; y tercero, conocer su opinión respecto de cómo avanzar en superar el activismo judicial versus la independencia judicial, ya que, probablemente, se podrían dictar algunas normas para tratar de superar este tema, pero podrían contravenir la independencia judicial. ¿Cómo superamos el activismo judicial sin afectar la independencia que deben tener, no solamente los Tribunales Ambientales, sino, en general, para que no comiencen a fallar según lo que piensen los políticos para evitar problemas? Esas tres consultas, presidenta. Gracias, senadora. Senador Durresti: Gracias, presidenta. Saludo a los señores ministros y al postulante. Un par de preguntas; le pediría que las anotara, porque son varias. ¿Cuál es su opinión en su exposición respecto a que se ha hecho menos énfasis en dos principios que, parece, el Ejecutivo y los candidatos están dejando de lado en materia ambiental: el principio de no regresión y el principio preventivo? Usted expuso de manera extensa los principios y normas, pero no se observa el principio de no regresión ni el principio preventivo. Desgraciadamente, en los últimos tiempos, por impulso del Ejecutivo, se están avanzando en principios que afectan el principio de no regresión. Se está afectando la Ley de Humedales Urbanos y el Código de Agua.

Lo que le quiero preguntar es: ¿es por una decisión ideológica o porque no considera estos principios? No lo veo en su presentación, en la que se mencionan el principio de no regresión y el principio preventivo. En segundo lugar, ¿usted es integrante o aspira a ser integrante del Primer Tribunal Ambiental del Norte? Creo que, ante los desastres ambientales más grandes que pueden producirse –no solo en la esfera política– la ética comunicacional se pone de manifiesto en el acuerdo Codelco SQM, que, como todos sabemos, es la empresa del yerno de Pinochet. ¿Qué opinión tiene usted sobre el tratamiento de los humedales altoandinos y de qué manera afecta esta alianza –que espero no se concrete, pero que desgraciadamente se está impulsando entre la estatal cuprífera y la empresa del yerno de Pinochet– a dichos humedales? Hay un conjunto de humedales que prácticamente se han convertido en zona de sacrificio, y, en ese contexto, existen áreas protegidas que no solo tienen una gran importancia desde el punto de vista ambiental (seguramente usted lo conoce, además de haber desarrollado buena parte de su carrera en Atacama), sino que también hacen plantearse, tal como se lo señalaría a la otra candidata, si vamos a cumplir la norma que prohíbe la existencia de concesiones salmoneras o concesiones de explotación en áreas protegidas. Esto remite a la discusión que se ha suscitado en Magallanes respecto de las concesiones salmoneras en parques nacionales, situación que se observa particularmente en los salares de sacrificio altoandino. En tercer lugar, ¿cuál es la evolución que usted ha tenido respecto al desarrollo jurisprudencial del Primer Tribunal Ambiental en materia de humedales, especialmente en lo que respecta a los altoandinos? He podido revisar antecedentes que evidencian un principio, diría, regresivo, por lo que me interesa saber cuál es su evolución en ese sentido. Por último, en cuanto a la participación ciudadana y de los pueblos originarios, ¿cómo cree usted que se garantizará el acceso ambiental para las comunidades atacamiñas, que suelen verse afectadas por estos proyectos mineros y energéticos? ¿Y qué papel atribuye al Convenio 169 en este contexto, considerando que está masivamente acreditada la presencia de pueblos originarios en la zona que abarca la jurisdicción del tribunal al que usted aspira? Finalmente, ¿cuál es el rol que deben desempeñar los tribunales ambientales frente a los desafíos de la transición energética y en la protección de sistemas estratégicos, como los salares y los humedales altoandinos? ¿Cómo percibe usted esa situación? Muchas gracias. Gracias, senador. Yo tengo dos preguntas muy concretas. Primero, a propósito de –y siguiendo el orden de su presentación sobre vinculación y comunicaciones– usted señaló que desde 2024 asumió la gestión de comunicaciones, relatando una serie de gestiones y planteando otras. Ahí surge mi pregunta: ¿quiere decir que hasta ahora no se han establecido, por ejemplo, canales de comunicación y participación ciudadana para recibir comentarios y sugerencias, ni se han realizado campañas de divulgación? ¿O su propuesta consiste en fortalecer lo existente, orientándolo a reforzar la transparencia y el acceso a la información? Me detengo en este punto porque soy convencida de que, mientras mayor sea la vinculación con la comunidad en temas que posteriormente podrían terminar en un litigio, mayores serán las probabilidades de evitar llegar a esa instancia. Por ello considero que este rol es vital, y valoro que lo esté ejerciendo, ya que, al asumir como juez titular, se podrá, insisto, prevenir que la situación escale a instancias judiciales. En la misma línea, me gustaría saber, no solo en mi calidad de senadora por Antofagasta, sino también por el rol que le corresponderá asumir, ¿cuál es su opinión respecto de las distintas reclamaciones que se producen a propósito de las quemas en el sector de la Chimba?

No solo respecto del proyecto, que hace muy poco se recibieron con agua, si no me equivoco, si está bien dicho, digamos, pero me parece más importante aún, porque siento que es una cuestión que, a mi juicio, no se ha abordado bien de manera transversal y por las distintas autoridades o instituciones. Me gustaría saber cuál es su opinión y si efectivamente se puede asumir algún rol desde el Tribunal Ambiental. Con estas cuatro intervenciones le doy la palabra nuevamente para que nos pueda entregar su respuesta, su opinión. Muchas gracias, senadores. Primero, respecto a las preguntas del senador Araya en cuanto a espacios de mejora de los tribunales ambientales, yo creo que, en casos como los que mencionaba, que han tenido muchas idas y vueltas dentro de los tribunales, es necesario retomar una idea que estaba en el proyecto original que creaba los tribunales ambientales: que estos tuvieran la posibilidad de sustituir la decisión administrativa. Hasta que no lleguemos a un punto en que se sanen, lamentablemente vamos a tener casos que estarán infinitamente en discusión, porque, en el fondo, el tribunal dicta una cosa y luego la sede administrativa debe ver lo que se resuelve, abriendo la posibilidad de nuevas reclamaciones. Mientras no se establezca un punto de término para estos conflictos jurídicos —como ocurre en otras materias, donde los tribunales tienen la última palabra para definir las controversias y, en caso de desacuerdo, se pueden interponer recursos ante la Corte Suprema— el problema persistirá. Me parece, además, necesario avanzar en un procedimiento específico para la ejecución de las sentencias ambientales, especialmente en casos de daño. Actualmente, debemos remitirnos al procedimiento incidental que establece el Código de Centro Civil, lo cual considero no es lo más adecuado para la ejecución de dichas sentencias. También sería importante aclarar la naturaleza definitiva de las sentencias de los tribunales ambientales para precisar cuáles son los recursos que proceden contra ellas, tema que se ha discutido últimamente y que resta seguridad y certeza en la aplicación del derecho. Otro aspecto fundamental es contar con mecanismos ante el término de los periodos de los distintos ministros. En el caso del Primer Tribunal Ambiental, por ejemplo, existe un atraso: en algún momento, el tribunal estuvo conformado por dos ministros y luego solo contaba con una ministra, situación similar a la que se vive actualmente en Valdivia. Por ello, es necesario establecer mecanismos que fijen plazos en los nombramientos y permitan continuar el ejercicio en tanto no se designe un nuevo ministro, garantizando así la continuidad operacional de los tribunales ambientales. En cuanto al Tribunal de Antofagasta y el tema del clima laboral, puedo informar que a la fecha ha mejorado considerablemente. Como les decía, en 2024 logramos prácticamente duplicar la cantidad de sentencias dictadas en todos los años previos, pasando de un promedio de 6,8 o 7 sentencias al año a 20 sentencias el año pasado. Aunque aún hay mucho por hacer, mantengo una muy buena relación con los funcionarios y actualmente estamos implementando un conjunto de medidas derivadas de la encuesta SEAL para mejorar el clima laboral. Mi propuesta, como ministro titular, es continuar con ese plan y reforzarlo con medidas adicionales que permitan mejorar el clima laboral y, en consecuencia, la eficacia del tribunal en la dictación de sentencias. Por último, en respuesta a las preguntas de la senadora Desperger respecto a la carga laboral, destaco que el Primer Tribunal Ambiental tiene la particularidad de contar con pocas causas, pero todas ellas son sumamente complejas. No se trata simplemente de un demandante y un demandado, o de un reclamante y un reclamado; usualmente intervienen intereses de comunidades, organizaciones no gubernamentales e incluso de políticas públicas. Estas causas requieren un tiempo considerable, y en el ejercicio diario, lo que he podido aportar y trabajar resulta clave.