Bueno, el acta de la sesión número 11 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 10 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. El secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente.
Se da cuenta de los siguientes documentos ligados a nuestra comisión:
1. Oficio PD 071 del 2025, del presidente del directorio de Codelco, señor Máximo Pacheco, por el que se remite, en respuesta a nuestro oficio 7, una nota interna emitida por el gerente de desarrollo de negocios, en la que se adjunta el contrato de asesoría financiera suscrito por la empresa Morgan Stanley Canadá Limitada, en relación con el proyecto para la exploración, explotación y beneficio del litio en el salar de Atacama.
2. Correo del 8 de mayo por el que el ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Nicolás Grau, confirma su asistencia a la sesión de hoy.
3. Correo de la misma fecha por el que el señor Camilo Lagos confirma su asistencia a la sesión de nuestra comisión en el día de hoy.
4. Correo de fecha 9 de mayo: el señor Ariel León, asesor de la comunidad Coyapay-Ote, adjunta material comprometido en su intervención realizada en sesión 11 del 5 de mayo, recién pasada, sobre la consulta indígena de ENAMI para el proyecto 7 salares, detallándose dichos documentos.
5. Oficio 531, con fecha de hoy, de la ministra Secretaria General de la Presidencia, señora Macarena Lobos, por el que se informa que, mediante el oficio número 14, se manifestó la profunda molestia que asiste a los miembros de esta comisión por la ausencia del secretario regional ministerial de Economía de la región de Antofagasta, señor Matías Muñoz, y otra autoridad de gobierno en la sesión celebrada el jueves 24 de abril en Pedro Atacama. Dicho oficio fue remitido al ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Nicolás Grau.
Oficio reservado.
Número 41, remitido por el director del Servicio de Impuestos Internos, señor Javier Echeverry, con fecha de hoy, por medio del cual se comunica que la información solicitada por oficio 15 de esta comisión se encuentra sujeta a reserva tributaria de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 35 del Código Tributario. Este ha sido el oficio, cuya respuesta ha sido remitida al Ministro de Hacienda mediante oficio secreto número 60 de fecha 12 de mayo de 2025, cumpliendo con lo preceptuado por el artículo 9º de la ley 18.918, Organización Constitucional del Congreso Nacional.
Oficio reservado PD 73-2025, remitido por el director de Codelco, señor Máximo Pacheco, de fecha 8 de mayo, por el que se da respuesta a nuestro oficio 13, en el cual se solicitó, entre otras cosas, copia del mandato y de los actos administrativos o jurídicos mediante los cuales la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) encomendó a la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) la copia íntegra y sin cargo del acuerdo de asociación celebrada entre Corfo y la Sociedad Química y Minera de Chile para la exploración del litio en pertenencias inscritas a nombre de Corfo en el salar de Atacama, e informar si se evaluó la posibilidad de definir la empresa privada que participará junto a Codelco en la explotación del litio.
Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, secretario. ¿Ofrezco la palabra respecto a la cuenta? A mí, solamente, secretario, tengo una duda en los documentos que le pedimos al Servicio de Impuestos Internos. A ver si podemos aclarar bien, por favor: el punto número 6 me parece de la cuenta. Es el oficio reservado, remitido por el director del Servicio de Impuestos Internos, señor Javier Echeverry, con fecha de hoy, por el cual se comunica que la información solicitada por el oficio de esta comisión se encuentra sujeta a reserva. Si se desea conocer ese oficio, se encuentra en el despacho del secretario. Ya me queda claro, lo importante es conocer esa información.
Bueno, esta sesión tiene por objeto abocarse al mandato que dio origen a esta instancia investigadora. Para este efecto, hoy tenemos dos invitados: le agradecemos la presencia del Ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Nicolás Grau Veloso, y también la presencia del presidente de la Fundación Progresa, señor Camilo Lagos.
Presidente, ¿quiere hacer una precisión? —Sí, respecto a ese oficio, lo que sucede es que el Servicio de Impuestos Internos remite esa información al Ministro de Hacienda para que, a través de este, se conozca la información. Es decir, tenemos que pedir la remisión; él no debería venir a la comisión en persona, sino que el informe debe ser presentado a través del Ministro de Hacienda, conforme lo establece el artículo 9 de la Ley Orgánica. Ya no estamos a tiempo, pues este es el último día que tenemos y no se pueden recibir más personas; el ministro no puede enviar la información directamente, sino que debe hacerlo a través del Ministro de Hacienda.
Ofrezco la palabra respecto a temas varios. Solamente, en temas varios, quiero hacer presente que esta es la última sesión que tenemos y debemos definir el día en que votaremos las conclusiones. La semana pasada se acordó que se proroga por 15 días, disponiendo de ese plazo para entregar el informe. Yo propongo, salvo objeciones, que se junten los asesores de todas las partes para comenzar a bosquejar las conclusiones.
Para definir el día de la votación y analizar las conclusiones.
Diputado Lave:
"Gracias, presidente. Saludo al ministro, a los invitados y a todos los que están en la sala. Sería bueno, presidente, que los asesores que conformen el grupo para elaborar el informe sean aquellos que hayan estado presentes en la discusión, puesto que muchos parlamentarios han mostrado interés en este debate tan importante, que al menos para mí es un tema nacional de gran relevancia. Entonces, presidente, creo que debemos tener cuidado, ya que no se deben hacer cosas que, como dijo alguien por ahí, 'el diablo mete la cola'."
A ver, el plazo a nosotros nos vence el día 30 de mayo, considerando que estamos en la semana digital; por lo tanto, tenemos como día legislativo hasta el martes 20. Nosotros creo que se puede realizar el día 19 a esta misma hora, o bien antes, porque si fuera el martes, debería ser a las 8:30 de la mañana. Pero si se adelanta, sería en sala; por eso, en sala serían las 10:00. Es que tenemos vencimiento el día 30, cuando estaremos con la distrital.
El secretario actuará conforme al reglamento. Presidente, hoy vence la prórroga otorgada por la sala, que fue de 15 días a partir del 12 de mayo. El reglamento, en virtud del artículo 314, permite que se prorrogue el plazo para estudiar y debatir las conclusiones y proposiciones; 15 días contados desde el 12, terminando el viernes 30, y esa semana es distrital. La última semana legislativa se entiende es la próxima, el martes 20. Esa es la explicación reglamentaria.
Ya se pidió la prórroga; no se puede solicitar una nueva. Aun así, surge la cuestión: ¿se cuentan los días hábiles o los días corridos? Se consideran lunes, sábados y, descartando los domingos, además del 21 de mayo, lo que nos lleva hasta el 30 de mayo. Entre comillas, tuvimos la desventaja de que el día 21 era feriado y, además, estábamos en semana digital, lo cual prácticamente complica la elaboración del informe para el día martes. Tenemos dos posibilidades: el lunes a las 19:30, después de la sesión, o el martes a las 8:30. Se acuerda que el lunes a las 19:30 permite disponer de más tiempo para discutir y votar la conclusión.
Diputado Selly:
"Para el caso en que el martes 20 se vote la acusación constitucional, se deberá prever únicamente aquello."
Gracias por esa acotación. A continuación, se procede con el despacho.
Bueno, como decía, contamos con la visita del ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Nicolás Grau Veloso, a quien agradecemos su presencia. Se le concede un plazo de 15 minutos para hacer su presentación, seguido de una ronda de preguntas de parte de los parlamentarios y parlamentarias. Adelante, Ministro.
Ministro Nicolás Grau Veloso:
"Ah, disculpe. Muchas gracias, presidente. Primero, quiero agradecer la flexibilidad que ha tenido la Comisión para poder presentar. Tengo una presentación aquí y puedo ir moviéndola desde esta ubicación. A ver, lo primero es que permítanme explicar el sentido de mi intervención. A mí me gusta dividir el proceso del acuerdo entre Codelco y SQM en dos etapas. La primera etapa corresponde al trabajo que realiza el gobierno, el Ejecutivo, cuyo hito fundamental fue el anuncio que hizo el Presidente en el 2023, cuando por cadena nacional se estableció la Estrategia Nacional del Litio, incorporando diversos elementos, entre ellos la posibilidad de este acuerdo. Y después, lo que ocurrió a propósito de la negociación que llevó a cabo Codelco…"
No es un asunto del Ejecutivo, sino que más bien es el asunto de una empresa del Estado, la cual, por supuesto, es muy relevante y que nosotros creemos que ha funcionado de buena manera. Lo que voy a hacer, Presidente, es explicar por qué se tomó la primera decisión: la decisión de que se habilitara a Codelco, a través de un mecanismo específico que describiré, para que pudiera llevar a cabo esta negociación en beneficio de Codelco y, a través de ello, en beneficio del país.
La agenda de la presentación es la siguiente: primero, contexto; luego, los fundamentos para esta negociación; y, después, hablaré de los beneficios esperados relativos a una licitación, tema que ha sido ampliamente debatido, preguntándose por qué optar por este esquema en lugar de una licitación convencional.
Primero, un poco de contexto. La Estrategia Nacional del Litio, que no se limita a lo expuesto, tiene una serie de objetivos: aumentar la producción –se duplicará tanto en el Salar de Atacama como en otros salares que actualmente no se están explotando– incrementar la producción medioambiental, lo cual es muy importante, y esto se expresa en una estrategia general de conservación que aumentará la preservación de salares en un 7% a más de un 30%. Además, se impulsa el cambio tecnológico en las distintas empresas, permitiendo extraer más litio con un menor impacto ambiental, y se contempla la estrategia de agregación de valor. Chile cuenta con 45 salares, pero actualmente solo se explota uno de ellos, el Salar de Atacama, que es, por lejos, el más relevante en términos de concentración de litio.
Como dispongo de 15 minutos, me centraré en explicar cómo se tomó la decisión de adoptar una estrategia distinta a una licitación convencional. Es importante recordar que existen dos contratos: uno relacionado con Corfo y SQM, que se extiende hasta el 2030, y otro que llega hasta el 2043. Son contratos bastante parecidos que, a grosso modo, se renovaron por distintas razones a fines de la segunda administración de la presidenta Bachelet, por parte de Corfo.
¿Qué hizo nuestra estrategia como Ejecutivo? Lo primero es que, en lugar de establecer un acuerdo con características totalmente definidas, a través de Corfo se ofreció a Codelco un contrato desde el 2031 hasta el 2060, habilitándole para negociar las condiciones necesarias para firmarlo. La primera condición es que, sin importar si se trataba de uno o varios socios estratégicos interesados en que Codelco explotase el Salar de Atacama, en esa sociedad el Estado, a través de alguna de sus empresas, debía tener el control, es decir, poseer el 50% más 1 de las acciones.
Lo segundo es que se autorizó a Codelco a negociar con SQM, con el objetivo de iniciar esta operación conjunta público-privada a partir del 2025. Esto resulta muy importante, y pese a que seguramente se ha conversado en otras sesiones, me gustaría enfatizarlo. Dado que se asegura el respeto a los contratos –definición temprana de nuestro gobierno, ya que consideramos que todas las empresas del Estado y el gobierno deben respetarlos–, la única manera de que el Estado tuviera un rol en el Salar de Atacama antes del 2031 era negociando con la empresa que tenía contratos hasta el 2030. Esto implicaba que, de forma voluntaria, la empresa debía aceptar que el contrato resultante fuera un buen acuerdo tanto para Codelco como para SQM. Finalmente, el acuerdo realizado entre estas dos empresas fue aprobado de forma unánime por sus directorios, lo que es relevante considerando que en el directorio de Codelco participan personas de alto nivel profesional y nombradas por distintos gobiernos; el consenso unánime indica que, en opinión de ellos, era un buen acuerdo para la empresa.
En resumen, esta estrategia se implementó para que, a través de Codelco, el Estado pudiera participar en el Salar de Atacama antes del 2031, en particular a partir de 2025. Además, se confió plenamente en Codelco, ya que al garantizarle el contrato del 2031 al 2060, se le permitió buscar al socio que más convenga a la institución. La obligación de los directores, en situaciones de esta naturaleza, es aprobar únicamente un acuerdo que maximice el valor de la empresa, cumpliendo así con su obligación legal.
La operación, insisto, fue aprobada por unanimidad por directores nombrados por distintas administraciones. Voy a explicar ahora un elemento fundamental de la definición que hicimos como Ejecutivo, que es, yo creo, la pregunta más relevante: ¿por qué no hicimos una licitación convencional? Porque la primera impresión que tendría cualquier persona, antes de meterse en detalle en este asunto, sería pensar que lo mejor es realizar una licitación. Esta fue una pregunta que nosotros buscamos abordar mientras trabajábamos como Ejecutivo durante el segundo semestre del año 2022, en conjunto con diversos ministerios y con el apoyo de Corfo, que posee una información muy amplia, ya que tiene todo el conocimiento de precios y de transacciones realizados tanto por Aldemarle como por SQM, empresas arrendatarias de los activos de Corfo en el salar.
Voy a exponer distintas razones por las cuales, a nuestro juicio, esto era mejor, tanto en términos económicos como políticos. En lo político, por ejemplo, para un gobierno de centro-derecha quizá no sería relevante que el Estado tuviera una participación significativa, pero para nosotros sí lo es, y esa es una diferencia legítima en términos democráticos. En lo económico, se trata de lo que obtiene el país mediante una estrategia determinada.
Lo primero que hay que entender es que, en el caso de haberse realizado una licitación y ganado una empresa distinta (aunque en una licitación SQM también hubiese podido ganar), se habrían presentado ciertos desafíos. El primer problema era que la empresa ganadora no tendría ningún incentivo para realizar inversiones hasta 2030, pues las inversiones deben rentabilizarse durante varios años para poder costear procesos de gran envergadura. Esto habría derivado, de manera progresiva, en una reducción de la producción, ya que para sostener altos niveles de producción es necesario seguir invirtiendo.
El segundo aspecto, aún más importante, se refiere al cambio de tecnología. Si se esperaba a que, al cambiar el operador o el socio junto a Corfo a partir de 2031, se realizara la inversión en nueva tecnología, no habría inversión en este rubro hasta dicho año. Además, existe un problema práctico: una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) permite realizar operaciones hasta el 2030, y es necesario que alguien esté a cargo del estudio de impacto ambiental; además, habría ventajas si el mismo operador que estaba en el salón lo ejecutaba.
Resumiendo lo expuesto: en el primer caso, la falta de incentivos habría inducido a una reducción de la producción hasta 2030. En el segundo, si ganaba un nuevo operador en condiciones en que, por ejemplo, Codelco participara con el 50 % más 1 y otro socio con el 49 % restante, podrían haberse presentado diferentes situaciones. Es cierto que, según los contratos vigentes, SQM estaba obligado a vender los activos a un precio determinado, pero nada obligaba a SQM a mantener operativas las piscinas de evaporación. Como es bien sabido, esta técnica requiere aproximadamente un año y medio para funcionar de manera óptima; de quedar vacías, el resultado sería un bache productivo de ese lapso, ya que el nuevo operador, que no conoce en detalle las particularidades del salar —puesto que el litio es un caso muy específico—, tendría que alcanzar la misma capacidad de producción que el operador anterior.
Todos estos factores, en nuestro cálculo, habrían implicado miles de millones de dólares menos en términos de recaudación fiscal para el país.
Traigo en valor presente, ese era nuestro cálculo de por qué no hacer una licitación convencional. Como voy a explicar en mi presentación, eso no significa que el mecanismo que se busca en una licitación —el de competir las ofertas— haya de eliminarse. Por eso, explicaré cómo reemplazamos el mecanismo tradicional de una licitación a través de la estrategia que planteamos.
El beneficio de la estrategia definida, insisto, no consiste en obligar a Codelco a negociar con alguien, sino en habilitar a Codelco para que negocie con la opción que le resulte más conveniente; y, en caso de que esa negociación no resulte beneficiosa, podrá negociar con otra opción. ¿Cuáles fueron los beneficios de este enfoque? Como comenté anteriormente, se evita un valle de baja o nula producción a partir de 2031. Además, se logra que esta operación—de alta complejidad financiera y baja incertidumbre—se desarrolle con continuidad operacional. A su vez, y como ustedes saben, a raíz de este acuerdo se conseguirá aumentar la producción hasta el 2030, no solo reducirla, lo cual generará importantes beneficios fiscales. De hecho, aunque este argumento no es decisivo, es relevante señalar que dos ministros de minería de gobiernos anteriores —el ministro Llobet y el ministro Goldberg, quienes conocen muy bien esta materia y no tienen compromiso con el actual gobierno— valoraron este acuerdo, lo que sugiere que probablemente encuentren mérito en él.
Para recapitular, un acuerdo de esta naturaleza permite acelerar el cambio tecnológico, de modo que este cambio se efectúe de aquí al 2030 en lugar de postergarse a partir de 2031. Esto es muy beneficioso para el medio ambiente, ya que posibilita aumentar la extracción de litio sin incrementar la cantidad de salmuera, dado que el total extraíble está determinado por la resolución ambiental del Servicio de Evaluación Ambiental. En otras palabras, se establece que Codelco podrá extraer mayor cantidad de litio siempre manteniendo el mismo límite ambiental, lo que genera incentivos para alcanzar un desarrollo tecnológico que permita obtener más litio con menos salmuera.
Algo muy importante para el gobierno—y aquí se hace un énfasis político además del argumento económico—es que nos interesaba el rol del Estado en la producción. No queríamos que, en el caso del litio, el desarrollo se diera únicamente a partir de 2031, sino que aspirábamos a que ocurriera lo más rápidamente posible. Este acuerdo, en términos prácticos, permitirá que Codelco sea uno de los líderes mundiales en producción de litio desde el 2025, algo que, sin este acuerdo, solo se habría logrado a partir de 2031.
Además, se obtuvo un resultado que no estaba previsto desde el inicio, sino que es fruto de la negociación entre Codelco y SQM. En esa negociación, SQM cedió sus pertenencias en Maricunga, el segundo salar más importante del país, lo que permitirá a Codelco buscar un socio para Maricunga—socio que, hasta donde entendemos como ejecutivos, será anunciado durante este año—permitiéndole, de este modo, liderar no solo el salar más importante del mundo, sino también el segundo más importante junto a otros socios.
Esta es mi última diapositiva, presidente, y me gustaría enfatizar cómo esta forma de negociación directa entrega los beneficios de una licitación. Teóricamente, en términos económicos, los beneficios de una licitación provienen de hacer competir distintas opciones. No se puede hacer competir alternativas si se le dice a Codelco que negocie únicamente con SQM y, en caso de que esa negociación no le resulte favorable, se pierda el contrato. Nosotros, por supuesto, no estipulamos eso. Así, el mecanismo de negociación consiste en indicarle a la empresa Codelco: «Usted tiene el contrato de arrendamiento desde 2031 hasta 2060 y debe buscar su mejor alternativa», pudiendo ser esa alternativa un acuerdo con la empresa que actualmente opera. Básicamente, debido a la obligación legal de los directores y directoras de Codelco, se debe negociar con SQM, pero también explorar otra opción, de tal modo que, si la negociación no resulta suficientemente beneficiosa, se tenga una alternativa. En otras palabras, se constituye lo que en economía se denomina una amenaza creíble en una negociación: se negocia con la posibilidad de recurrir a otra opción si la inicial no convence.
Por lo tanto, en la medida en que esa estrategia –ese mecanismo de negociación– funcione bien, es equivalente a una licitación. De hecho, me haría la siguiente pregunta: cuando una empresa cualquiera, por ejemplo una empresa privada, tiene un nuevo yacimiento y, por la razón que sea, está buscando un nuevo socio, ¿qué es lo que hace para maximizar la rentabilidad? ¿Realiza una licitación o actúa como lo hizo Codelco? Normalmente, se negocia con distintas alternativas y se opta por aquella que maximiza el valor de la empresa.
En cierto sentido, lo que nosotros hicimos como ejecutivos fue entregar esta riqueza del país a Codelco, una empresa estatal; en el fondo, fue una resignación dentro del gobierno, dentro del Estado. Al hacerlo, se confió en la capacidad negociadora de Codelco, que cuenta con un directorio independiente y de alta capacidad, siendo probablemente la única empresa estatal en Chile capaz de llevar a cabo una negociación de tal envergadura, con todas las asesorías técnicas que recibió.
Por último, señor presidente, señalo que existen distintas formas de evaluar este acuerdo. Si se realizara el siguiente ejercicio –y lo comento porque se habló mucho en la prensa– se podría comparar extender el contrato a cualquier empresa sin los baches productivos y sin ninguno de los problemas planteados en términos de rentas del Estado, frente al acuerdo que, a la vez, suma a todas las rentas estatales actuales la distribución de utilidades que se obtendrá. Básicamente, el Estado, en valor presente, gana entre 2.300 y 6.600 millones de dólares, considerando un precio futuro entre 15.000 y 25.000 dólares por tonelada de carbonato litio equivalente. Ustedes saben que el precio actual es menor; en un momento llegó hasta los 80.000. El precio ha variado considerablemente en los últimos 3 o 4 años, pero el cálculo que se utiliza para las inversiones en este mercado estima un precio de largo plazo entre 15.000 y 20.000 dólares.
En resumen, señor presidente, lo que hicimos como ejecutivos durante el año 2022 fue evaluar empíricamente las ventajas y desventajas de una licitación convencional versus esta estrategia, considerando los distintos problemas de baches productivos, las dificultades en términos de resolución ambiental, los obstáculos al cambio tecnológico y, además, la importancia política que el gobierno le atribuía –y la estrategia de que el Estado tuviera una participación desde 2025 y desde 2031. Sumando todo eso, a nuestro juicio, había buenas razones estratégicas, además de miles de millones de dólares, que justificaban este camino. Y lo más importante es que este camino permitía obtener lo positivo de una licitación, es decir, poder comparar distintas alternativas. En definitiva, a finales de 2022 y comienzos de 2023, tuvimos la convicción de que este proceso, para el que se habilitó a Codelco, era muy superior a una licitación en todas las dimensiones que acabo de presentar, señor presidente.
Muchas gracias.
Gracias, ministro. Agradecido su presentación.
Vamos a dar la palabra al diputado Alavé, después al diputado Calisco y a la diputada Humada, quien ha levantado la mano.
—Lo muevo. No, si la parió. Voy a hacer una broma, pero no la voy a hacer.
Ya. Carito, Dios la María, presidente, muchas gracias. Saludo al Ministro y le agradezco su presentación. Pero mire, en primer lugar, creo que la presentación ha sido bastante deficiente para un Ministro de Economía. Yo esperaba algo más que una explicación política; aunque es cierto que el Ministro es el representante político, aquí se generan más dudas que aclaraciones. Lamentablemente, estamos en la última sesión, pero, presidente, me gustaría preguntarle: ¿en qué momento este gobierno pasó a crear una estatización del litio, a entregarle todo el litio, básicamente, a la familia Pinochet? Es decir, ¿en qué momento este gobierno, el 22, firmó un acuerdo con la familia Pinochet? Eso me gustaría saber, ya que, pese a las justificaciones políticas –y todos saben cómo pienso–, es una cuestión fundamental. Más adelante profundizaré en la pregunta de fondo.
Pero también, presidente, este es un gobierno cuyas cifras no cuadran. Es un gobierno en el que se está aplicando la ley de pesca y el subsecretario, o comete un error o le miente a un poder del Estado. Entonces, a mí me cuesta creer que lo que el ministro está diciendo acá, aunque pueda sonar lógico, sea real. Porque le voy a decir a usted, ministro, por su intermedio, presidente, al igual que a todos los ministros que he tenido a mi frente, no le creo a este gobierno. Y no le he creído desde el día uno, lo cual me ha dado la razón hasta el día de hoy.
Entonces, presidente, ¿en qué momento y por qué saltarse una licitación? Usted puede decirme que, mire, al final nos saltamos la licitación porque era más rápido, porque manteníamos la producción. Sí, pero yo le doy vuelta al problema. Cuando ustedes eran más jóvenes, probablemente les faltaba la experiencia para gobernar. Yo quisiera saber qué hubiese pasado si un gobierno —y usted está sentado acá— hace y entrega el litio sin licitación, sin importar a quién, para explotar el saber de atacar.
Entonces, ministro, me cuesta creer, al igual que a la gran parte de los chilenos, que hoy en día, a pesar de que se menciona un error en el fraccionamiento —aunque, ojo, estamos entrando al mes del mar, digamos—, vayamos al tema: ¿sabe lo que pasa? Es que si cometen un error, como el que cometieron con la ley de fraccionamiento y la ley de pesca, hoy, ¿quién nos dice que en 20 años más, 5 años más o en 6 meses más este gobierno no volverá a cometer un error? Porque las garantías no dan; tienen menos respaldo que un columpio. Entonces, presidente, quiero que el ministro empiece a especificar –más que políticamente– y que ponga un poquito más de tecnicismo, porque me cuesta creer que se pueda hacer hoy en día un trato directo cuando, en cualquier servicio, se exige una licitación. No soy muy experto; tampoco en jabón, en... ¿cómo se llama? No, no en litio además, pero en, digamos, en los cayeros zodiacales o en Pokémon. Pero creo que, de verdad, debieran ser un poquito más serios, y considero que al ministro le faltó bastante en la presentación.
Muchas gracias. ¿Diputado Calisto? Muchas gracias, presidente. Saludo, por su intermedio, al señor Ministro. Yo escuchaba atentamente la exposición que realiza el señor Ministro de Economía y, la verdad, es que nosotros aún no logramos entender, ministro, por su intermedio, el trato directo. No lo entendemos, porque en Chile, hasta para comprar sillas, hay que hacer licitaciones. Y resulta que el contrato más grande de la historia reciente de nuestro país se decidió hacer por trato directo. Y para hacer un poco de historia breve, presidente, el señor Máximo Pacheco dijo explícitamente que realizar una licitación generaba una pérdida de al menos 11.000 millones de dólares. Eso es lo que dijo el señor Pacheco, lo que significaba hacer una licitación en términos de pérdidas, y ello lo argumentó en base al informe elaborado por Morgan Stanley.
Pero, algo que yo tampoco logro entender, es que se nos ha dicho acá que el famoso informe de Morgan Stanley, que indica que si hubieran hecho licitación habrían tenido una pérdida de 11.000 millones de dólares, resulta que nadie conoce el informe. Yo le pregunto, presidente, por su intermedio, señor ministro, si usted conoció el informe. De verdad pregunto si lo conoció, porque resulta que nosotros, que somos fiscalizadores y estamos en una comisión investigadora, no hemos podido conocer el detalle respecto de dónde se argumenta que no se hizo licitación. Entonces, evidentemente, nos da para sospechas. Yo creo, señor ministro, que si usted estuviera a nuestro lado, por su intermedio, señor presidente, tendría las mismas dudas razonables respecto de por qué no se hizo una licitación. ¿Y sabe qué? Y con Soquimich. O sea, yo ni siquiera quiero buscar los registros del pasado de lo que decía el propio Presidente de la República respecto de Soquimich. Y es más, presidente, con Codelco. O sea, Codelco tiene una deuda al 2024 de 22.200 millones de dólares; esa es la deuda que acumula hoy en día Codelco, producto de una serie de pérdidas que vienen desde el 2015: 1.300 millones de dólares de pérdida, en 2020 1.060 millones de dólares de pérdida, y que en 2023 cerró con pérdida.
De casi 600 millones de dólares por baja producción. Entonces, ahora nos viene a decir el gobierno: "Presidente, señor Ministro, por su intermedio, que ahora sí vamos a entregar esta riqueza al Estado." O sea, el señor Ministro dice: "Lo que nosotros buscamos con este contrato, directo, sin licitación, sin concurso ni sorteo, sin un informe privado que nadie conoce, es darle riqueza al Estado. De verdad, le vamos a dar riqueza al Estado con este nivel de pérdida que tiene Codelco, con este nivel de deuda que tiene Codelco", y, además, el señor Máximo Pacheco dice: "Este es el negocio empresarial más transparente de la historia de Chile."
Yo, presidente, de verdad, esta comisión y lo que se diga en esta comisión pueden quedar para la historia de Chile, porque ¿quién nos asegura las ganancias de las cuales nos ha dicho acá el propio Ministro y el gobierno? Vamos a tener esas ganancias, usted, Ministro, por su temerio. Quiero preguntarle al Ministro: primero, ¿conoció detalles del informe de Morgan Stanley, que asesoró a Codelco? ¿Cómo nos asegura el gobierno las ganancias que va a tener el Estado con respecto al litio? Esas dos preguntas, presidente. Ok, gracias. ¿Diputada Ahumada? Y después, la diputada Catalina Alredo. Muchas gracias, presidente.
Bueno, agradecerle al Ministro la exposición. Yo intervenía de vez en cuando, porque efectivamente no solo se trata de la información de este contrato, de este acuerdo entre SQM y Codelco –como ya vimos en esta Comisión Especial de Investigadores–, sino que también es la propia Comisión de Minería. Desde ahí nacen todas las inquietudes y las consultas que hemos hecho a Corfo, cuando vino a exponer a don Máximo Pacheco con ese informe famoso que nos genera muchas dudas.
Pero, llevándolo a lo concreto, contamos con la presencia de quien representa a Corfo para explicarnos que, obviamente, el Estado y el gobierno le entregan a Corfo la misión de buscar el mejor negocio en litio, y lo hace en conjunto con Codelco, el cual ya habíamos cuestionado por su mala administración, bajos números, baja producción y negocios que lamentablemente no terminaron en forma ni en tiempo. Sin embargo, sigue siendo el mejor gestor para implementar esta política del litio.
Entonces, nos enteramos de este acuerdo, pero los números no cuadran. Primero, según lo indicado, se proyectaban millonarias ganancias con un valor de 25.000 dólares por tonelada, y luego se presentó que, por lo menos, ese valor era 10.000 dólares menos por tonelada. Después se abordó el tema de la tecnología. SQM, pues, como la comisión tuvo la oportunidad de visitar el salar, ya estaba innovando en nuevos procesos; en esa línea, efectivamente, estaban logrando extraer más litio por tonelada mediante un proceso. Es más, entiendo que devolvieron pertenencias porque estaban mejorando su capacidad de extracción de litio. Eso fue parte de la búsqueda de tecnología y mejores propuestas.
La verdad es que no nos cuadra realmente lo que se pretendía, porque al escuchar todos los argumentos se indicó que las propuestas y solicitudes planteadas en esta negociación eran prácticamente imposibles de asumir por cualquier otra empresa, ya que no representaban el mejor negocio. Es por ello que se optó por SQM, puesto que nadie iba a aceptar todos los requisitos o los riesgos que implicaba este negocio. Eso se manifestó en la comisión, de alguna manera no tan explícita, pero se dejó ver. Se habló de este valle productivo del cual, sí o sí, se generaban pérdidas, y usted acá nos acaba de decir que podría haberse gestionado de alguna u otra manera ese valle productivo, con pago adicional, con una intervención previa, o que no entregaran esas piscinas vacías. Usted también dijo que…
Podía llegar una persona que no iba a conocer el salar o el procedimiento. Es imposible que llegue una empresa que no sepa dónde se va a colocar ni cómo se va a colocar, o que no conozca el salar. Porque, de lo contrario, ¿cómo va a llegar una empresa a trabajar con el litio si no tiene conocimiento de dónde se va a instalar y cómo se trabaja? Nunca llegan de cero. Entonces, la verdad es que, ¿cómo decir? Nosotros creemos que acá hay mucha justificación para este acuerdo entre SQM y Codelco, que no nos cuadra ni los números, ni la transparencia de esta relación, ni tampoco realmente las ganancias o beneficios que vaya a tener el Estado para perpetuar durante 30 años este negocio. Cuando hoy día todavía había tiempo para conversar, estamos prácticamente a cinco años. Todos los argumentos presentados no nos dejan tranquilos, no nos dejan con la certeza de que efectivamente este es el mejor negocio o la mejor fórmula para entregar el litio en este desarrollo, cuando además tenemos un tremendo impacto en el salar y no nos hemos hecho cargo de eso tampoco.
Tuvimos la última sesión en el salar de Atacama y también nos enteramos de que los procesos no se han llevado de la mejor manera, hablando de las comunidades. Cuando uno considera todo esto, es realmente imposible que podamos confiar o estar tan tranquilos como usted lo habla, lo dice y lo muestra en esta explicación, porque la verdad es que son más las dudas que las certezas con respecto a este acuerdo, ministro.
Gracias, diputada Giovanna Humada. Le damos la palabra a la diputada Catalina de Lodero.
Gracias, presidente. Saludo al ministro, a los diputados y a los invitados presentes. Ministro, el Gobierno y usted mismo en esta comisión han afirmado que uno de los pilares estratégicos de la Estrategia Nacional del Litio es asegurar el control efectivo del Estado sobre los recursos estratégicos, en este caso, el salar de Atacama, ¿verdad? Sin embargo, en esta comisión también se ha evidenciado que SQM tendrá derecho a veto en todas las decisiones relevantes dentro de la nueva sociedad constituida por Codelco, es decir, SQM tiene el poder de vetar todas las decisiones. Entonces, ¿cómo explicaría el Gobierno esta contradicción entre el discurso oficial y las disposiciones contractuales reales que se enfrentan hoy día?
Asimismo, hay otra pregunta en relación a una exposición que tuvimos hace algunas sesiones atrás del señor Eduardo Vitrán sobre consideraciones geopolíticas e internacionales. El señor Vitrán indicó que una razón para no hacer licitación fueron estas consideraciones geopolíticas, representando un cierto temor por represalias de Estados Unidos en caso de que la licitación fuera ganada por alguna empresa de algún país que no estuviera de acuerdo con Estados Unidos. ¿Respalda usted, como ministro, esta versión y confirma que esta decisión geopolítica fue determinante en la decisión del Gobierno? Y, si no fuera el caso, ¿cómo explica usted que estas decisiones estratégicas se hayan adoptado, considerando que el señor Vitrán lo expresó desde el directorio de Codelco y no desde instancias directamente dependientes del Gobierno?
Por otro lado, ¿existe alguna definición formal desde su ministerio respecto a qué rol juegan las relaciones internacionales y los factores geopolíticos en la determinación de socios estratégicos en recursos críticos, como por ejemplo el litio en este caso? Finalmente, ¿existe o ha existido alguna coordinación explícita con la Cancillería? Yo soy miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, por lo tanto me interesa mucho este tema. Entonces, ¿existe alguna coordinación con Cancillería para adoptar una política clara y transparente sobre este punto? Gracias, Ministro.
Gracias, Presidenta.
Ministro, disculpe, Diputado…
Gracias, Presidenta.
Bueno… Creo que hay una oportunidad en esta comisión, precisamente, para que esas palabras relacionadas con la transparencia se hagan realidad. Por eso es importante las preguntas.