Muchas gracias. En el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Señor Secretario, por favor, de lectura a la cuenta.
Gracias, señora Presidenta. Hemos recibido un proyecto iniciado en moción de los diputados señores Gilabaca, Melo, Naranjo, Santana y Soto Don Leonardo, y de la diputada Astudillo, Bravo, Doña Ana María y Nullado, que dispone medidas de seguridad en favor del personal de Gendarmería de Chile.
Oficio de su excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y expresa en urgencia simple para el despacho el proyecto que propicia la especialización preferente de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública mediante modificación a las leyes orgánicas que indica, y a la normativa procesal penal.
Oficio de su excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y se presenta en urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica el código aeronáutico para exigir a las empresas aéreas proporcionar información relativa a sus pasajeros a las autoridades que señala.
Oficio de su excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y se presenta en urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica el Decreto Supremo 900, ley de concesiones de obras públicas, para obligar a los concesionarios viales a adoptar medidas de seguridad.
Oficio de su excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y se presenta en urgencia suma para el despacho del proyecto que dispone la exigencia de exhibir un documento de identidad y la adopción de otras medidas de seguridad en el transporte terrestre interregional de pasajeros.
Oficio del Servicio Nacional de Aduanas, mediante el cual se remite informe trimestral del cumplimiento de la glosa presupuestaria número 6.
Correo electrónico del señor Emilio Plasencia Escalona, quien solicita a la comisión continuar la discusión del proyecto que modifica la ley 19.300. Aquí, claramente, hay un error, señora Presidenta, porque ese proyecto corresponde a la Comisión de Energía.
Una derivación del diputado Patricio Rosas, quien, a través del sistema de la ley de lobby, solicita a la comisión recibir a la Asociación de Funcionarios de INDAP, región de la Araucanía, para visualizar la compleja situación laboral que afecta al funcionario, el grave estado de la infraestructura, problemas complejos de seguridad en terreno y violencia rural.
En los mismos términos, la diputada Lorena Fríes solicita a la comisión recibir al señor Carlos Baeza, en representación de las empresas que operan las plataformas de apuestas en línea Betano, Beton, Kulbet, Latanguin y Pet Warrior, para discutir las observaciones del proyecto de ley que crea un subsistema de inteligencia, particularmente respecto de las sanciones de juzgo ilegal.
Señor Presidente, respecto de los puntos 8 y 9, solo señalo que las comisiones no son sujetos de lobby, de tal manera que lo único que se hace es dar cuenta, pero esto queda archivado.
Correo electrónico del Gabinete de la Defensora Nacional, mediante el cual se confirma la asistencia y la participación de la señora Verónica Encina Vera, recientemente asumida.
Correo electrónico del académico señor Guillermo Oliver, quien confirma su participación vía remota en la sesión de hoy.
Excusas del señor ministro de Seguridad Pública, quien, debido a compromisos impostergables propios del Cádurgo, no podrá asistir a la sesión de hoy. En su representación asistirá el subsecretario de Seguridad Pública, señor Rafael Collado González.
Excusas del señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien, por tope de agenda y al encontrarse en la Comisión de Constitución, no podrá asistir a la sesión de hoy.
Excusa del fiscal nacional del Ministerio Público, quien no podrá asistir a la sesión de hoy. En representación del Ministerio Público de Informe Telemática, participará la Subdirectora de la Unidad Especializada de Crímenes Organizados y Drogas, señora Tania Cascardo Orellana.
Finalmente, señora Presidenta, se informa que la diputada Alejandra Pacencia será reemplazada por la diputada Clara Zagardía, quien nos acompaña; asimismo, se registra la justificación de don Andrés Joanet, por salir del país, y de doña Alejandra Pacencia, por lo mismo.
Terminada la lectura, señora Presidenta. Muchas gracias, señor Secretario. No se registran intervenciones adicionales; algunos diputados han viajado de manera frecuente.
Se ofrece la palabra sobre la cuenta, pero no hay intervenciones. La Presidenta comenta que está de más el comentario realizado en el caso de la diputada Plasencia, ya que no se refería a diputados. De todas maneras, los que faltan no intervienen. Asimismo, se aclara que las justificaciones normalmente tampoco se leen en la cuenta, por lo que no tienen mayor relevancia.
No habiendo palabras sobre la cuenta, se da por aprobada el acta de la sesión 201 por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 202 se encuentra a disposición de la señora y señores diputados.
Esta sesión tiene por objeto, en el punto número 1, iniciar la votación en particular del proyecto de ley que dispone la inscripción provisoria de vehículos motorizados importados al país, así como la cancelación de su inscripción definitiva y placa patente única en caso de pérdida total.
Motorizados importados al país, así como la cancelación de su inscripción definitiva y placa patente única en caso de pérdida total. Entonces, para ello, no está el Ejecutivo presente, por lo tanto, señor Secretario, procedamos por favor. Gracias, señora Presidenta. Solo recordarle que este proyecto está aprobado en general por 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención en la sesión del lunes 20. No, perdón, en la sesión de abril.
El primer término, en la página 1 del comparado, columna derecha, corresponde a tomar conocimiento de la indicación de don Cristian Araya, por cuanto es una indicación sustitutiva del texto original del proyecto, que propone lo siguiente.
Artículo primero: agrega su inciso final al artículo 39 del decreto de fuerza de ley número 1, que fija el texto coordinado y sistematizado de la ley 18.290 de Tránsito, del siguiente tenor: “El propietario de un vehículo cuya placa patente única haya sido objeto de robo o clonación podrá solicitar la cancelación de dicha patente ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, acompañando los antecedentes que acrediten el robo, la falsificación o duplicación indebida. Una vez verificada la solicitud y previo informe de Carajas de Chile, se procederá a cancelar la patente robada o clonada, asignando una nueva placa patente única al vehículo.” Terminada la lectura, señora Presidenta. Muchas gracias, señor Secretario.
Le ofrezco la palabra al diputado Araya.
Muchas gracias, señora Presidenta. Esta propuesta viene a responder y a hacerse cargo un poco de lo que discutimos respecto a las complicaciones que generaba, por ejemplo, el proyecto de ley inicial en relación al propietario, pues no había un criterio para establecer cuándo un auto era pérdida total. Este deber de informar sobre lo sucedido también generaba bastantes complicaciones y, además, ya se estaba dando, como lo manifestaron las asociaciones de aseguradoras, entre otros. Si bien la intención era buena, considero que, aprovechando el impulso, se incorporó un tema bastante relevante: la clonación de patentes. Con ello se atiende un problema evidenciado por distintos representantes, ya que hoy no existe la figura de “muerte civil” que permita resolver este grave inconveniente, el cual afecta a numerosos ciudadanos, e incluso a algunos parlamentarios que han sufrido esta situación. Además, se corrige el inconveniente presente en el proyecto en su artículo primero, que forzaba a un particular a declarar que su propio auto era pérdida total, al basarse en un criterio meramente económico. Con esta propuesta, superamos esa discusión y podemos centrar la atención en algo positivo, como la creación de esta “muerte civil” de la patente, lo cual favorecerá la labor de la persecución policial contra quienes clonan patentes y cometen ilícitos con ello. He dicho, muchas gracias.
Gracias, diputado Araya. ¿Alguna otra palabra respecto a este punto?
Diputado Chalper: A mí me pasa una cosa, presidente. No sé si el Secretario me puede ayudar, porque no veo contradicción —al menos corríjanme— entre ambas propuestas. Aquí se plantea una indicación sustitutiva para reemplazar el artículo primero. Si entiendo bien, y considerando que estos son proyectos que deben leerse con calma, en el proyecto de ley se establece la carga a cargo de la aseguradora, mientras que en la propuesta del diputado Araya, la carga se impone al propietario del vehículo, presentándose supuestos distintos. En el caso del proyecto de ley se contemplan varias situaciones, y la propuesta del diputado se circunscribe únicamente al robo o clonación de la patente. Por ello, no veo muy bien si se trata de un sustitutivo o si podría ser incluso complementario, o reflejar dos discusiones distintas. Muchas gracias, señora Presidenta.
Me pasa exactamente lo mismo. El sentido del artículo primero se refiere específicamente a diversas situaciones. En primer lugar, al caso en que, producto de un accidente o por algún motivo —incendio, qué sé yo, lo que sea— el vehículo no sea recuperable, y en tal caso es la compañía aseguradora la que debe realizar el trámite. Y, además, en caso de que no haya una compañía aseguradora de por medio, …
En lo que establece en su indicación sustitutiva, el diputado Araya se refiere solamente al robo o clonación de placa patente, y a mí me surge una duda: ¿qué pasaría si, una vez resuelto el incidente, se recupera el vehículo? Según el planteamiento de dicha indicación, ¿habría que otorgarle una nueva patente al vehículo, implicando un costo asociado para el propietario?
Entonces, yo no sé si en realidad se trata de una indicación sustitutiva o si, por el contrario, es algo que se quiere agregar. No lo veo como sustitutiva por ninguna parte.
Tratamos de hacerlo de una forma más elegante para evitar, precisamente, sostener que la propuesta del proyecto de ley original es insostenible, tal como se evidencia al revisar todas las presentaciones. En primer lugar, el 30% de los autos están asegurados y el resto no cuenta con seguro, lo que implica responsabilizar a los propietarios de tener que informar cuando hay pérdida total. Sin embargo, no existe un criterio objetivo para establecer cuándo un vehículo se encuentra en esa condición; las aseguradoras aplican ciertos criterios, generalmente de índole económica. Un propietario, debido a su situación económica circunstancial, podría declarar pérdida total si no dispone de recursos suficientes para repararlo, o bien, si decide invertir una suma considerable, como 20 millones de pesos, no declararlo como pérdida total. Es decir, el criterio resulta sumamente subjetivo.
En segundo lugar, los plazos resultan absolutamente irrisorios dadas las dinámicas actuales. Y, en tercer lugar, regular estos aspectos resulta inoficioso, ya que las aseguradoras ya cumplen con estas funciones, mientras que los particulares no lo hacen.
El punto es tratar de salvar—y esa es mi intención, señor Presidente—este proyecto, que considero no es del todo bueno, pero al menos merece ser mejorado. Se evidenció en la comisión que había un espacio de oportunidad en torno al tema del robo o clonación de patentes. Tal vez la propuesta no fue adecuadamente comprendida: cuando roban las patentes de los autos, es decir, las clonan, se genera un perjuicio que se refleja, por ejemplo, en el uso indebido de los TAG, en los peajes o en la comisión de delitos; esa misma patente tiende a verse involucrada en ilícitos en otras regiones o a circular erróneamente en distintos contextos.
Para subsanar este problema real y frecuente, propongo superar todos los errores del proyecto—mal proyecto, perdónenme, con el respeto que merecen los autores—, basándome en lo expuesto en comisión, y proponer una mejora que cuente con un apoyo transversal, ya que considero que resulta positivo. Si la alternativa propuesta no es de su agrado, se podría considerar incorporarla posteriormente como una indicación adicional, pero agregarla al artículo principal carece de sentido, dado que en las exposiciones se evidenció que resulta innecesario regular este proyecto en su totalidad.
Finalmente, calificar un proyecto como bueno o malo me parece absolutamente fuera de lugar. No corresponde que se haga esa observación; puede votar a favor, votar en contra o argumentar, pero calificar no es pertinente. En primer lugar, se mencionan plazos que no estaban claros en el artículo primero, y en la indicación no se habla en ninguna parte de ellos. En tercer lugar, la argumentación que se ofrece para incorporar esta indicación sustitutiva como algo negativo ya se encuentra contenida en la indicación número dos. Por lo tanto, con ello se subsana lo que efectivamente se había presentado.
Está en la discusión general del proyecto para poder solucionar el problema que se había suscitado. ¿Alguna otra palabra sobre esta indicación para poder ponerla en votación?
Diputado Schalper: Yo, la verdad, Presidenta, insisto en que me parece que no hay contradicción entre lo que pretende el diputado Araya y lo que pretende el proyecto en su versión original. Sí, le confieso que me parece plausible el planteamiento que hace, por su intermedio, el diputado Araya, cuando él dice que la expresión “pérdida total” es propia de una rama muy concreta del derecho comercial, que es el derecho de los seguros; aplicarle una carga a un propietario a partir de un elemento que no se aplica respecto a normas generales me parece complejo. No obstante, usted intenta subsanar la situación. Entonces, yo no sé si podemos –ni sé si estaremos a tiempo para esto–, porque no quiero improvisar una solución, pero quizás valdría la pena, en vez de precipitarnos en votar, ya que aquí lo que ocurriría es que algunos terminaríamos votando a favor, otros en contra, y me quedaría una situación mal hecha. Yo le propongo que suspendamos la votación de este artículo en particular y conversemos una solución que nos permita llegar a los dos supuestos que se proponen. Porque el supuesto que plantea el diputado Araya es el del robo directo o la clonación directa de las patentes, que es una situación real que hay que resolver. No tengo tan claro, y ahí quizás nos ayude el Secretario, si alcanza a captar las ideas matrices del proyecto, el aludir solamente a las placas. A mí me parece que sí, aunque alguien podría estimar que no. Y respecto al supuesto del proyecto original, que me parece también una situación plausible, uno podría tener una legítima opinión a favor de que exista alguna responsabilidad por parte de las aseguradoras en esta materia, que efectivamente ya sostuvieron que la tienen, pero si ya la tienen, reforcémosla. Yo trataría de buscar una solución ecléctica entre ambas posiciones, en una redacción de verdadera sustitutiva, porque lo que hay aquí es una pretensión de sustitutiva que no lo es, basada en un planteamiento bien pensado en algunas de sus partes. O sea, a mí me hace sentido cuando el diputado Araya pretende acotar la expresión “pérdida total” para alguien que no es considerado, como un propietario no asegurado.
Muchas gracias, Diputada Fríes. Me parece muy razonable lo que usted plantea. Tiendo a estar de acuerdo con el diputado Schalper por su intermedio, salvo que, a mí, me parece que la indicación está fuera de la idea matriz. Muchas gracias, Diputada Fríos. Yo le pediría al Secretario, por favor, su opinión respecto de esto. Habré dos comentarios: primero, a partir de la intervención de don Diego Schalper, basada en la de don Cristian Araya, y posteriormente me haré cargo de la consulta de la Diputada Zora Fríos.
Secretario: La “pérdida total” está tratada en la Ley de Tránsito, en el inciso cuarto del artículo 39, y efectivamente pertenece más bien al derecho de los seguros. Yo creo que el problema es hacer jugar el artículo décimo propuesto por el proyecto original con dicho inciso cuarto, lo cual es absolutamente factible. La propuesta del diputado Araya, a mi juicio, es acorde a la idea matriz del proyecto, conviviendo con el resto del mismo, y podría perfectamente constituir un inciso final. Exactamente, porque se hace cargo de un fenómeno que fue observado tanto por el Ministerio Público como por la Asociación de Seguros. Considero que el ejercicio consiste en hacer convivir el inciso cuarto ya vigente del artículo 39 con el inciso décimo propuesto y, en ese punto, la Secretaría coincide con el llamado a una segunda lectura para efectos de hacer una sola indicación, pues coincide con la postura de los invitados, en especial la del diputado Araya. Eso es todo lo que puedo decir sin meterme en temas de valores. Muchas gracias.
Diputado Araya: Sí, coincido. Yo tengo un problema de fondo, y se lo comparto a la Comisión, que es la carga que se le está imponiendo a un particular, el cual, en el fondo, tiene que hacer esta evaluación. Se entiende, por ejemplo, que “pérdida total” se refiere a cuando el daño es superior a tres cuartas partes del valor, por lo que se le exige una evaluación comercial. Además, se contemplan plazos de 15 días en casos de accidentes –accidentes que pueden llegar a involucrar incluso lesiones a la persona–, considerando que hay varios factores involucrados. En 15 días se debe evaluar si se va a poder pagar o no.
Es un segundo factor. Además, hay que considerar el asunto de las multas. En mi opinión, las multas, que no han sido incorporadas en ninguna indicación, deben modificarse sí o sí para avanzar en este artículo. Yo estaba en la lógica de reemplazarlo todo, porque considero que no debiésemos imponer esta obligación a los particulares. Si la comisión decide seguir imponiendo dicha obligación a los privados, yo era partidario de votarlo en su conjunto. Si vamos a avanzar en esa lógica, haré un llamado a la comisión para que, en particular, se modifiquen sustancialmente las multas, ya que resultan excesivamente gravosas. Es inadmisible que se llegue a la situación en que, al momento de un choque, se declare pérdida total sin que se informe adecuadamente lo sucedido, cuando otras conductas, incluso más graves, recibirían una sanción menor.
Secretario, la lógica del artículo 39 original es la del aviso, imponiéndolo tanto al propietario particular –esté o no asegurado– como a la aseguradora (en el inciso correspondiente) cuando el auto está asegurado. Por ello, coincido en que ambas figuras no contemplan el problema de la clonación de las placas patentes, situación que resulta necesario incorporar en la redacción. Asimismo, considero que el resto del artículo debe armonizarse incorporando el inciso cuarto junto con el inciso décimo, ya que abordan la misma materia desde un prisma diferente. Si les parece, Presidenta, podríamos votar el artículo segundo y el tercero, dejando el primero pendiente para la próxima sesión; de este modo, el lunes podremos contar con una propuesta que armonice el tema. ¿Le parece a la comisión? ¿Estaríamos de acuerdo? De acuerdo.
Señor secretario, procedamos a la lectura del artículo número dos.
(Intervención de Don Hugo)
Lo que se aprecia en este artículo es que la prueba para constatar una adulteración en el propietario del vehículo puede demorar meses, situación que afecta gravemente a quienes han experimentado o conocen casos similares. Propongo que sea obligación de las autopistas, aprovechando la tecnología disponible, verificar si la patente corresponde al modelo vehicular declarado. Hoy en día, la tecnología existente permite hacerlo a muy bajo costo, por lo que sería oportuno considerar la incorporación de un artículo o propuesta al respecto.
(Intervención del diputado Rey)
Esto se conversó en la discusión general del proyecto, y dado que el diputado Schalper es uno de los autores, él me ha ofrecido la posibilidad de ver la forma de armonizar y homologar el texto para recoger todas las inquietudes. Se espera que este proceso sea rápido y que para el próximo lunes ya exista una propuesta integrada.
(Intervención del diputado Leiva)
Oiga, Presidenta, cuesta entender por qué se impone la obligación a los importadores, especialmente considerando que aún no hemos comenzado con el artículo dos. Usted se me está adelantando; reciéntenme su argumento, por favor.
A propósito del artículo primero –sin perjuicio de reservarme algún comentario posterior–, insisto en que es una obligación del Ejecutivo establecer medidas contra la clonación de vehículos, y en ese contexto se ha mencionado que declarar la pérdida total a la ligera puede resultar perjudicial.
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Por lo tanto, es casi un hecho que el subsidio se activará, y además, el monto del reajuste del salario mínimo está por encima de lo que proyecta la inflación para 2025. Tal como está establecido, este subsidio será de cargo fiscal y se ejecutará a través de una resolución o reglamento. Dadas las proyecciones inflacionarias, resulta interesante conocer cuáles son los supuestos de estimación que el Ministerio de Hacienda ha considerado para destinar el financiamiento de este subsidio, con la transparencia necesaria para identificar el diseño, los beneficiarios y el monto, calculado a partir del diferencial entre la inflación y el reajuste, entre otros requisitos. Esto es fundamental en un contexto de restricción fiscal que enfrenta la economía.
Está, además, la creación del Observatorio de Ingresos y Costos de la Vida, que se propone formar parte del Consejo Superior Laboral integrado por nueve personas. Esto se traduce en más aparato público, sumándose a los consejos recientemente creados, por ejemplo, a raíz de la reforma de pensiones. Nosotros consideramos que estas funciones podrían absorberse en el propio Consejo Superior Laboral, evitando la duplicación de funciones y recursos públicos. Cabe señalar que, si bien el Observatorio es un organismo de carácter técnico, se han establecido cuotas de género que atentan contra dicha naturaleza.
Finalmente, es importante resaltar que el aumento significativo del salario mínimo en Chile implica también un ascenso en los costos laborales en un contexto de baja productividad, lo que genera desequilibrios en el mercado y pone en riesgo los puestos de trabajo de quienes se busca beneficiar con estas alzas, frenando la creación y contratación de personal. Para que las empresas puedan solventar sus planillas sin recurrir a subsidios estatales, es imprescindible alcanzar una producción más eficiente o de mayor valor productivo, de modo que el incremento en el salario no se traduzca únicamente en un mayor costo laboral. En este contexto, es fundamental concentrar esfuerzos en el desarrollo del capital humano, rediseñando, por ejemplo, el sistema de capacitación que tenemos en Chile para que los trabajadores y también las empresas puedan…
Una norma reglamentaria, sí o no. Recordamos que los aseguradores tienen la obligación con la ley antiportonazo, pero eso no se cumple de una manera, creo yo, no rigurosa. Hay falta de fiscalización por parte de la Superintendencia. Yo me permitiría, sobre la materia, solicitar a la Superintendencia –ya no es Valorí y Seguro, sino que la CMF, que ve los temas de seguro– que informe respecto del cumplimiento de la ley antiportonazo y la obligación de entregar un dispositivo GPS a los vehículos que están asegurados. A mí todavía no me llega, diputado, que tengo el vehículo comprado desde el año 2022; todavía estoy esperando en qué vez. Es que, en caso de los Mercedes, los BMW es más complicado. No, no, no. Mi auto es simplemente chino, diputado. Pero, si le parece, Presidenta, podríamos oficiar a la CMF. Me parece muy bien. Lo vamos a proponer a los diputados. Y ya, Presidenta, que hablaba de la obligación: porque esta clonación se da muchas veces porque los permisos de circulación en las 346 comunas del país no están en línea, y eso permite muchas veces clonar estos vehículos. Entonces, hay que partir por eso, porque efectivamente la identificación está en línea; cuando se hacen estas fiscalizaciones, yo tengo que pedir todos los antecedentes de los vehículos y, efectivamente, el portal de las autopistas podría decirme perfectamente qué vehículo tiene su documentación al día y cuál no la tiene en los portales de acceso a las comunas. ¡Gracias! Eso permitiría una persecución, porque lo que siempre hemos hecho –de manera inadecuada a mi juicio o poco efectiva– es siempre atacar la base del delito, no los mercados secundarios ni las problemáticas que están en la comercialización. Y por eso, cuando conversamos con prevención del delito, no solo las autopistas que puedan informar al Estado de vehículos que hayan sido objeto de un delito, de un robo, de un hurto, sino también las bencineras que tienen equipos de seguridad. ¿Por qué todos los vehículos necesitan echar benzina? Y, efectivamente, ¿por qué no existe un control adecuado desde el punto de vista preventivo en ese lugar? Pero parto, Presidenta, por el tema de que estén en línea los permisos de circulación, lo que permite evitar las clonaciones.
Gracias, Presidenta.
— Sí, eso fue oficiado, Diputado Leiva. Yo primero quiero pedir el acuerdo para oficiar a la CMF, solicitado por el Diputado Leiva. ¿Estamos de acuerdo?
— Hay acuerdo. Ok.
— Y, exactamente, ¿no? Ese es un tema que estoy viendo yo. No se preocupe. No hay lectura. Entonces le pido al Secretario que dé lectura al artículo número 2 para que podamos…
— Pero, Presidenta, los artículos segundo y tercero no han sido objeto de indicación. Artículo segundo: incorpórese un nuevo inciso tercero, cuarto y quinto al artículo 39B del Decreto que ofrece la ley número uno, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.290 de Tránsito, pasando a la actual a ser seco y exigido sucesivamente, del siguiente tenor: “Los importadores de vehículos motorizados, sean personas naturales y públicas, deberán informar al Servicio Civil de la Identificación, en un plazo máximo de 15 días desde el ingreso del vehículo al país, los datos individualizadores del mismo, que incluirán: 1) número de chasis o VIN; 2) número de motor; 3) marca, modelo y año de fabricación; 4) país de origen; 5) número de factura de compra o documento equivalente que acredite la importación; 6) fecha de ingreso al país, conforme a la información proporcionada por la Dirección Nacional de Aduanas”.
El Servicio de Identificación deberá incorporar la información en el registro de vehículos motorizados, asociada al importador correspondiente, hasta que se efectúe la primera inscripción a nombre del cliente final. La inscripción definitiva de un vehículo en el registro de vehículos motorizados y la asignación de la patente única respectiva no podrán efectuarse si no se verifica previamente la existencia de los datos registrados por el importador. En caso de inconsistencia, el Servicio deberá rechazar la inscripción hasta que se aclaren los antecedentes.
Terminada la lectura del artículo segundo –por estar relacionado– ¿leé el tercero también? Es que no los vamos a votar juntos. Bueno, si usted quiere, léalo, pero los vamos a votar por separado; se agrega un inciso final al artículo 39, del siguiente tenor: “El incumplimiento de la obligación de informar al Servicio de Registro, en lo que respecta a la identificación por parte de los importadores, será sancionado con una multa de 10,50 UTM, sin perjuicio a la responsabilidad penal que pudiera derivarse en caso de falsificación de documentos o declaraciones maliciosas”.
Muchas gracias, señor Secretario.
Diputado Leiva: Sí, Presidenta. Respecto a la utilidad del primero de los artículos que estamos viendo…
— Segundo.
— Claro, pero el primero –que es el segundo artículo– tiene toda razón, señor Secretario. ¿El objeto, cuál es? Si yo tengo que inscribir estos vehículos, una vez importados, antes de su comercialización –y hoy día, con la ley de patente y la ley de grabado, tiene que salir de la automotora con la patente, o sea, debidamente inscrito–, entonces yo lo que estoy previendo aquí es el tiempo intermedio entre la importación y la comercialización del vehículo.
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(de acceso a mejores empleos y mejores salarios, gracias.)
Muy bien, muchas gracias. Si es que alguien tiene una duda, tratemos –voy a solicitar para que alcancemos a escucharlos a todos– que, si se trata de una duda puntual, la hagamos de inmediato; y, si es una opinión, la dejemos para el final, de manera que podamos atender todas las preguntas. Algunas cuestiones que me contestaron durante la presentación, respecto a lo que formuló el Gobierno: durante la pregunta no se nos aclaró muy bien que, según el Gobierno, el incremento –que a todas luces es mayor que la inflación– se refería, en realidad, únicamente a recuperar el poder adquisitivo de 500 mil pesos. Esa es una situación que quedó en el aire y que, según los números, se explica de manera diferente. Por ello, quisiéramos saber su opinión.
Respecto de la correlación que usted cree que debe existir entre ciertos datos objetivos –por ejemplo, la productividad de los trabajadores en relación con el salario y el crecimiento–, le pedimos también al Gobierno que nos presentara, por lo menos, algún estudio econométrico, pero tampoco llegó. Así que, ¿cuáles cree usted que son los datos que se han de considerar siempre para establecer una fórmula de salario mínimo que no afecte negativamente al mercado laboral, considerando la idea de que los trabajadores ganen más en la medida que el mercado laboral se lo permita? Asimismo, en relación a lo que indicó el Banco Central acerca de la baja del 4,8% en la creación de nuevos puestos de trabajo, ¿tiene usted alguna estimación respecto de si este nuevo alza pudiera generar algún daño similar al que el Banco Central termine señalando? Gracias, Presidente Gustavo Mayor.
Presidente Gustavo Mayor: Sí, quiero saber la opinión de 56 –reajuste 3.8. Hay una diferencia notoria; o sea, es más que recuperar el poder adquisitivo –digamos–, y, en segundo lugar, nosotros sabemos que el reglamento –usted hablaba, por ejemplo, del subsidio de cargo– será revisado por un reglamento. Acá sabemos que los reglamentos se demoran años en sacarse, por lo tanto, va a ser, en buena medida, una letra muerta para el subsidio de las pymes. Además, el reglamento estará dado por el Gobierno, lo que implica que están delegando la responsabilidad a otro gobierno. Están subiendo excesivamente el sueldo mínimo, más allá de lo que marca la productividad, pero tampoco están reajustándolo de acuerdo al poder adquisitivo. Según lo que usted expresa, el reajuste sugerido está, en muchos aspectos, muy por encima –por ejemplo, 5.6%.
Ahí hay un tema que quiero que me aclare.
Lo que ocurre es que, debido a la estrechez económica, es importante hacer referencia en los comentarios al proyecto, para que se puedan conocer tanto el gasto fiscal –lo que implica el subsidio– como el diseño del proyecto de ley, los montos, los beneficiarios y los requisitos. Esto es fundamental, porque efectivamente creo que existe duda respecto a la posibilidad de que se recurra, en algún momento, al salvataje de las pymes, especialmente de las más pequeñas. Un comentario sobre este punto que yo mismo...
Muy bien, tiene la palabra, señora Ingrid.
Señora Ingrid: Bueno, efectivamente, las proyecciones que tenemos hoy dan cuenta de una inflación que estará por debajo del reajuste propuesto por el Gobierno para aumentar el salario mínimo, en los escenarios que hoy se manejan. Incluso el informe de Finanzas Públicas, publicado recientemente, muestra que no se considera ningún escenario catastrófico –por ejemplo, uno que llegue al 5%– que justifique un reajuste tan elevado. Esto deja un margen que, desde esa mirada, responde a un incremento real en el poder adquisitivo y a la mantención de las condiciones económicas.
Si eventualmente ese vehículo es objeto de un delito, yo no sé la utilidad práctica que pueda tener. ¿Cuántos vehículos son robados de una automotora sin haber sido comercializados antes o, en su defecto, están siendo regulados sin tener datos precisos? Yo creo que lo más importante en este respecto tiene relación con aquellos vehículos que son clonados, comercializados o vendidos como si fueran 0 km importados, sin serlo realmente. A este respecto, planteé la oportunidad –muy oportuna y adecuada– de establecer quién puede realizar las primeras inscripciones y de crear un registro de importadores, de modo que sólo esos importadores puedan inscribir vehículos 0 km. Porque, ¿qué ocurre hoy día? Vehículos de reciente fabricación se sustraen, se emite una factura falsa y se inscriben como vehículos 0 km en manos de particulares, otorgándoles así una vida nueva.
Entonces, yo creo que sería importante que existiera, además de este artículo, un análisis de su pertinencia y efectividad, que realmente contemple un registro de importadores de vehículos que comercialicen vehículos 0 km. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, Diputado Leiva. Diputado Schalper, la verdad es que quiero dejar establecido lo siguiente: nosotros invitamos a esta comisión, para este proyecto de ley, al Ministro y al Subsecretario. La excusa que se presentó indica que el Ministro no podía asistir, pero que el Subsecretario venía; sin embargo, éste, de algún modo, tampoco se encuentra presente. A mí me molesta profundamente no poder avanzar con proyectos de ley, porque el Ejecutivo, a pesar de ser invitado con suficiente anticipación –ya sea el Ministro o el Subsecretario– simplemente no se hace presente.
Yo entiendo, y siendo también autora de este proyecto, me interesa que resulte un buen proyecto de ley. Sin embargo, quiero dejar muy claro que la situación no me agrada y que, en lo sucesivo, si el Ejecutivo no se hace presente, seguiremos avanzando con las votaciones, pues no puedo esperar a que el Ejecutivo muestre la buena voluntad de asistir, en el caso de este proyecto de ley. Me interesa sobremanera que este proyecto salga adelante; coincido tanto con lo planteado por el Diputado Leiva como con lo expuesto por el Diputado Schalper. Lo que haremos es plantear al Ejecutivo la necesidad de armonizar y presentar una indicación sustitutiva que reúna todo lo necesario. Esto se debatirá el próximo lunes. Por lo tanto, le indicaremos al Ejecutivo, señor Secretario, que debe ponerse en celeridad con este tema y contar con la buena voluntad de los diputados de esta comisión para participar en la discusión. En consecuencia, se suspenderá la votación de este proyecto de ley y se pasará al punto 2 de la tabla.
Muchas gracias, Presidente. Ahí está la presentación. Yo les hablaré muy brevemente y basándome en cifras acerca de lo que significa este proyecto de ley en términos del salario mínimo. De forma muy simple, y apoyándome en un paper del CEP elaborado, entre otros, por el ex presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara –titulado "Salario mínimo: un aporte a la discusión"– se aborda la pregunta de qué elementos deberían incluirse en una estimación del salario mínimo, haciendo énfasis en la proporción de trabajadores afectados por este.
Muy bien. Invito al subsecretario a participar en esta discusión. No sé si estará al tanto de lo que se ha tratado hasta ahora: la discusión del proyecto de ley que estaba en el primer punto de la tabla. Asiento, por favor. Este proyecto se ha debido suspender, producto de que claramente requiere mejoras y también por la ausencia del Ejecutivo, que aparentemente no ha leído el proyecto o bien no le presta la debida atención, ya que se han suscitado varias inquietudes respecto a posibles mejoras. Espero que los asesores que usted tiene instalados puedan informarle, pues no repetiremos este tema y no voy a perder más tiempo en ello. Ya se decidió que este proyecto de ley se votará el próximo lunes. En él, los diputados Schalper, Leiva y Araya tienen opiniones que pido se tengan en cuenta, pero la votación se realizará la próxima sesión.
Ahora, respecto de lo planteado por el diputado Leiva en cuanto a invitar a jefes de direcciones jurídicas para que el Ejecutivo pueda avanzar con políticas públicas: nuestra contraparte es el Ministerio de Seguridad. Nosotros ofrecimos la opción de que acudiera el ministro o el subsecretario, y así será en adelante. No voy a invitar acá a jefes de direcciones jurídicas ni al asesor del asesor para exponer el proyecto. El Ejecutivo tiene la obligación de estar presente, ya sea el ministro o el subsecretario, pues son la contraparte en este tema, y así está establecido.
Señor secretario, por favor, dé lectura al punto 2 de la tabla.
Gracias, señora presidenta. Este es un proyecto que aún no ha sido sancionado, se encuentra en su primer trámite reglamentario y constitucional, y no ha sido ratificado en general. Es de autoría del diputado Sergio Chalper, a quien procederé a dar la palabra para la lectura. Se trata del proyecto de ley que modifica el Código Penal para agravar la pena y agregar una nueva circunstancia en el delito de robo en lugar no habitado.
Artículo único. Modifíquese el inciso primero del artículo 442 del Código Penal de la siguiente manera:
1) Sustitúyase la expresión “subgrados medios a cierre” por las palabras “subgrados”.
2) Incorpórese una circunstancia cuarta nueva del siguiente tenor: “En zonas rurales, el haber ingresado al lugar del robo sin autorización del propietario.”
Señora presidenta, este proyecto fue presentado por sus autores y se acordaron varios invitados para la sesión de hoy, tal como figura en la minuta, la cual usted posee. Para la discusión de este proyecto, están invitadas la señora Verónica Encina, acompañada del asesor legislativo de la Defensoría Nacional, el señor Leonardo Moreno Holman, y la jefa de gabinete de la Defensora, señora Marianela Gutiérrez. De manera remota, contamos con la presencia de la subdirectora de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Droga, señora Tania Gascardo, y del académico, señor Guillermo Oliver. Muchas gracias.
Diputado Chalper, como autor del proyecto, le otorgo la palabra.
Muy breve, porque sé que este proyecto puede parecer muy corto, pero tiene gran importancia para los sectores rurales del país. Señora presidenta, entiendo que esto generará una discusión jurídicamente razonada; estamos, por supuesto, abiertos a mejorarlo, pero es fundamental que la comisión comprenda la problemática subyacente. En los sectores rurales del país, en casos de robo en lugares no habitados —oficinas, bodegas o incluso campos desocupados— el crimen organizado ha encontrado la forma de controlar ciertos espacios. Además, debido a la baja penalidad, en muchas ocasiones la persecución penal se efectúa con una cuantía mínima, lo que impide la aplicación de medidas cautelares adecuadas, o peor aún, se imponen penas muy bajas. Por lo tanto, lo que se busca es aumentar las penas de manera proporcional…
Para habilitar a la Fiscalía a aplicar una persecución penal mucho más activa y, además, incorporar una circunstancia adicional en lo que respecta a la agravación de la pena, se señala lo siguiente: en el fondo, cuando se dice “incorpore una circunstancia cuarta nueva”, lo que se pretende es agregar una circunstancia adicional que incremente la fuerza de la sanción. Con ello se busca endurecer la persecución penal ante la diferencia que se produce cuando se abusa de la figura del robo en lugar no habitado para exculpar la responsabilidad penal, situación que afecta gravemente a los sectores rurales del país. Esa es la motivación, reconociendo que siempre estamos abiertos a mejorar el proyecto, pero considerando que para los sectores rurales esta es una prioridad principal.
Muchas gracias, Diputado Schalper, Diputado Longton. Respecto al punto anterior y al primer proyecto, ojalá se cuente no solo con la presencia del Gobierno, sino también con la participación de la Defensoría y del Ministerio Público, ya que fue este último quien planteó la solicitud en esta comisión. Sería muy oportuno que en la discusión en detalle, con el objetivo de que el proyecto cumpla su expectativa de desarmar los mercados secundario y terciario, se contara con la presencia precisa de ambas instituciones. En ese sentido, para la discusión del próximo lunes se solicitará la presencia del Ejecutivo y, asimismo, se invitará a la señora Tania Palma, quien fue nuestra contraparte del Ministerio Público en este tema.
No obstante, cabe señalar que no se profundizará en otra discusión del proyecto, puesto que vamos a proceder únicamente a la votación del mismo. Por ello, es de suma importancia que para la votación estén presentes el Ministerio Público, de donde surgió la idea, y el Ejecutivo. Aprovecho también para reiterar la bienvenida a la señora Verónica Encina, a quien felicito por haber asumido su cargo como defensora pública.
Procedemos a empezar la discusión del proyecto. Le otorgo la palabra.
Muchas gracias. En primer lugar, agradezco la invitación y el saludo, señora presidenta.
Respecto a este proyecto de ley, la opinión general de la Defensoría es oponerse al mismo, por dos grupos de razones. En primer término, se señala que la fundamentación de hecho se sustenta en que existiría un aumento de ilícitos—es decir, de robo en lugar no habitado—vinculados a las zonas rurales y asociados al crimen organizado. Sin embargo, los datos que manejamos indican lo contrario. Si bien ha habido una pequeña fluctuación al alza en el período 2021 a 2022, desde 2015 hasta 2024 se observa una tendencia continua a la baja en el número de delitos de robo con fuerza en lugar no habitado.
En segundo lugar, es importante señalar que, independientemente del número de ilícitos de esta índole, se identifica una problemática relacionada con el acceso y la vigilancia, dado que al estar aisladas, resulta difícil que la policía pueda atender oportunamente estos casos. Si bien coincidimos en que existe este problema, consideramos que la mejor manera de abordarlo no consiste únicamente en aumentar la pena para el delito de robo en lugar no habitado; el mero incremento de la sanción no garantiza un mejor acceso o un accionar más efectivo de la policía o del Ministerio Público. Simplemente se eleva la pena sin que se produzcan los cambios logísticos necesarios en la operatividad policial, que es precisamente el problema en cuestión.
Y en tercer lugar...
Tenemos algunas observaciones de carácter técnico, Presidenta, que tienen que ver con la forma en que está presentado el proyecto. Entendemos que se señala que existen bajas penas respecto de los delitos en zonas rurales, particularmente el delito contra la propiedad de robo en lugar no habitado, que sería el que calzaría. Se debe clarificar que, respecto de eso, el delito tiene una calificante respecto del hurto. El hurto es el delito base, ¿no es cierto? Y el robo es el delito calificado, en este caso, por la fuerza empleada en las cosas.
Pues bien, si el problema es que se sustraen especies de mucho valor pecuniario, el aumento de la pena por el delito de robo con fuerza en rigor no afecta mucho la penalidad, porque el delito que está asociado al valor de las cosas, es decir, el hurto, no el robo con fuerza. Incluso es posible, mediante el artículo 446, número 1, llegar a una pena igual o mayor, ya que el rango de pena del robo con fuerza que se asigna en este proyecto es de 541 días hacia arriba, mientras que el delito de hurto, en su primera parte, comienza en tres años y un día. Entonces, dependiendo del valor de la cosa, podría ser el hurto el que tenga una pena más alta que el robo con fuerza en las cosas.
En segundo lugar, se plantea la cuestión del delito frustrado cuando la persona ingresa al predio y todavía no tenemos prueba de que está robando o sustayendo especies. Nos encontramos ante una situación que yo, hasta hace pocos días, asumía como Defensora Nacional y que en mi experiencia como jueza penal, puede llevar a interpretar que el delito tentado –por ejemplo, el solo ingreso–, si no se prueba que es para robar, quedaría impune y terminaría absolviéndose. Por ello, si lo que se quiere sancionar es el ingreso al predio, en vez de mirarlo por el lado del robo, habría que analizar la posibilidad de tipificar una conducta similar a la de la violación de morada, prevista en el artículo 144 del Código Penal en lo referente a la violación de un predio rústico, para utilizar un mismo concepto. De lo contrario, al no probarse la intención de robar, los tribunales probablemente no sancionarán este ilícito, pese a estar incorporada la nueva circunstancia en el artículo 442.
Por último, se debe señalar que, desde el punto de vista técnico –y lo analizado también desde la perspectiva de los jueces–, si en el proyecto se señala que esto es un agravante, en estricto rigor no debiese estar regulado en el artículo 442. Esto se debe a que, al señalar que se agrega una cuarta circunstancia, no se está incorporando un agravante, sino añadiendo una circunstancia a la teoría de las fuerzas. Tal situación podría generar un problema interpretativo entre los jueces, quienes podrían concluir que no existe agravante o que únicamente se tenía la intención de agravar.
Muchísimas gracias por su intervención, señora Verónica Encina Vera. Diputado Leiva, le rogaría que esperemos la intervención del Ministerio Público y de don Guillermo Oliver. Les consultaremos algunas cuestiones a cada uno; luego se reservará tiempo para sus respuestas. ¿Le parece? ¿No le parece? –Me parece muy bien, diputado Leiva.
Entonces, ofrezco la palabra al Ministerio Público. Señora Tania, respecto de este proyecto de ley, por favor, le solicitamos que su intervención no exceda de cinco minutos, para disponer del tiempo necesario para el señor Guillermo Oliver.
—Sí, por su intermedio, señora Presidenta, muy buenas tardes. Vamos a hacer una presentación muy corta, si nos autoriza, ya que en la última oportunidad en que fuimos invitados a esta discusión presentamos algunas cifras que consideramos relevantes. Para ilustrar mejor los datos, es preferible mostrarlos en la...