En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Muy buenas tardes, diputados, diputadas, invitados, invitadas. Las actas de las sesiones 198 especial y 199 ordinarias se ponen a disposición de los señores y señoras diputadas.
Señor secretario, muy buenas tardes.
Gracias, presidente. La cuenta es la siguiente: en primer lugar, en oficio de su excelencia, el Presidente de la República, mediante el cual retira y ya se presenta la urgencia que califica de simple para el despacho del proyecto que modifica la ley que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, para extender su aplicación a los casos que indica y aumentar las sanciones por incumplimiento.
En segundo lugar, en oficio de la Ministra de Salud, mediante el cual excusa en esta oportunidad su inasistencia por tener top horario con otra actividad agendada con anterioridad. No obstante, hace presente que en esta ocasión asistirán en su representación la jefa de visión jurídica de ese ministerio, señora Yasmina Viera, y la Secretaria Regional Ministerial de Salud, señora Lorena Cofré.
En tercer lugar, se recibió un oficio del Gabinete del Ministro de Seguridad Pública, en el que se informa que éste no podrá asistir a la sesión debido a compromisos impostergables propios de su cargo, agendados con anterioridad a la recepción de la invitación. Sin embargo, en su lugar asistirá la subsecretaria de Prevención del Delito, señora Carolina Leitão.
En cuarto lugar, se recibió un correo electrónico de la Municipalidad de Estación Central, en el que se informa que el alcalde, don Felipe Muñoz, no podrá asistir a esta sesión por motivos de fuerza mayor.
En quinto lugar, se recibió un oficio de la Contraloría General de la República, en el que se informa que, lamentablemente, la señora Contralora no podrá asistir a la sesión por tener su agenda previamente comprometida; sin perjuicio de ello, manifiesta su disponibilidad para concurrir en otra oportunidad, conforme a lo establecido por esta comisión.
En sexto lugar, se recibió un correo electrónico de la secretaría del alcalde de Santiago, en el que se excusa la participación del representante de la Comuna de Santiago, don Mario Osbor, por compromisos agendados con anterioridad.
En séptimo lugar, se recibió un oficio de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, señora Francisca Perales, en el que se informa que, por compromisos previamente agendados, no podrá asistir a la sesión; asimismo, hace saber su disponibilidad para participar en una próxima oportunidad.
En octavo y noveno lugar se registraron los siguientes reemplazos para esta sesión: don Jimeno Sandón será reemplazado por don Miguel Ángel Becker, y don Patricio Rosas por doña Claudia Mix.
Esta es toda la cuenta. Muchas gracias, secretario.
Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No hay palabras sobre la cuenta; ofrezco la palabra sobre varios. No hay palabras sobre varios. Solamente quiero hacer mención, diputados y diputadas, de que este tema tiene mucho interés y es por ello que la próxima semana continuaremos recibiendo invitados para escuchar, dada la problemática que se presenta a nivel nacional. Se recibirán alcaldes de distintas comunas que enfrentan este problema, además de autoridades y representantes del Ejecutivo. Y, si no me equivoco, el secretario hizo mención de que la Contralora indicó que la próxima semana podría concurrir, para lo cual se está a la espera de su confirmación.
Con respecto a la presente sesión, esta tiene por objeto conocer las actuaciones que los ministerios de Seguridad Pública y de Salud están llevando a cabo, junto con los municipios, para controlar el comercio informal; así como conocer la realidad de los municipios afectados, las estrategias que están adoptando, las falencias institucionales y sus requerimientos para poder recuperar los espacios públicos.
Para tal efecto, están invitados los siguientes representantes:
• La subsecretaria de Prevención del Delito, señora Carolina Leitão, a quien se le brinda la bienvenida con un cordial “muy buenas tardes” y nuestro agradecimiento por su presencia.
• La jefa de la División Jurídica del Ministerio de Salud, señora Yasmina Viera, quien se encuentra acompañada por la Seremi de Salud de Valparaíso, señora Lorena Confré.
• El asesor legislativo del Ministerio de Salud, señor Julio Muñoz, representante de Red Salud, y las señoras Gabriela Cruz y Constanza Romo, en representación del alcalde de Temuco de manera telemática; así como su jefe de gabinete, el señor Miguel Pérez.
• La alcaldesa de Valparaíso, señora Camila Nieto, quien se encuentra en camino, según se ha informado, acompañada por el encargado de Editorial Vaguada, señor Tomás Soto, y su jefe de gabinete, el señor Christopher Hepp.
• El director de Protección Civil y de Seguridad Pública de la Municipalidad de Pudahuel, señor Felipe Morales, acompañado por las profesionales de la Dirección de Protección Civil, señora Casandra Álvarez y la señora Elizabeth Contreras.
• El alcalde de la Municipalidad de Recoleta, señor Fares Hadwey, quien es cordialmente recibido junto a la directora de Seguridad Pública, señora Elda Fassi; el director de Administración y Finanzas, señor Gonzalo Lizana; la encargada del Centro de Gobierno, señora Elizabeth Núñez; y la profesional del municipio, señora Grace Arco.
A continuación, se cede la palabra.
—Diputado Mesa, tiene la palabra.
Ahora, muchas gracias, presidente. Saludo a todos los invitados que han asistido. En primer lugar, quiero agradecer el esfuerzo realizado para volver a invitar a los distintos actores que no pudieron participar por temas de agenda el día de hoy. Asimismo, señalo que se han reunido los siguientes reemplazos y avisos de inasistencia, conforme se ha indicado previamente.
Veo que hay...
Muchos representantes de distintos órganos del Estado, comunales y del gobierno central, presentes. Tengo la sospecha de que, por la profundidad del tema, no vamos a alcanzar a escucharlos a todos, muy probablemente, sobre todo considerando que eventualmente existirá también un espacio de preguntas y respuestas.
¿Y cuál es el problema con esto, presidente? Creo que este es un tema que requiere nuestra preocupación urgente y nuestra máxima atención posible, por lo cual propongo no pensar en una única sesión extra, sino en varias adicionales. Además, para la próxima sesión habrá varios representantes de la sociedad civil y de las Cámaras de Comercio; yo, por lo menos, he presentado algunas propuestas de invitación que serán muy interesantes para contrastar lo que dice, por un lado, la autoridad y, por otro, los usuarios de esos servicios.
Realmente, presidente, si todo esto queda simplemente en dos, tres o cuatro sesiones —en donde escuchamos mucho, diagnosticamos a profundidad, pero no pasamos a la acción— el ejercicio quedará incompleto. Entonces, ¿cuál es la petición? Se trata de comprometer al menos dos sesiones más, eximiendo, por supuesto, a quienes no alcancen a dar una exposición completa el día de hoy, y comprometernos, asimismo, a evaluar y poner sobre la mesa proyectos de ley que puedan atacar algunos de los problemas identificados hoy o en las próximas sesiones.
Particularmente, el año pasado en abril presenté, junto a otros parlamentarios, una batería de proyectos enfocados en atacar el comercio informal; proyectos que quedaron en distintas comisiones, de hecho, ninguno permaneció en esta comisión. En su momento, se pidió unanimidad en la sala para traer esos proyectos acá y eventualmente… la solicitud fue rechazada, obviamente, por falta de unanimidad. Me gustaría solicitar, entonces, la evaluación por parte del resto de los miembros de la comisión que estuvieron de acuerdo en que pudiésemos elevar nuevamente esa solicitud a la sala, para contar con proyectos de ley sobre los cuales trabajar en las próximas sesiones.
Muchas gracias, presidente.
Me parece muy pertinente lo que está diciendo el diputado. Estoy totalmente de acuerdo. Tomemos ese acuerdo como comisión, pero además solicitaría que se nos indique cuáles son los proyectos, los boletines correspondientes, para estar coordinados y que las distintas bancadas presentes en esta comisión conformen la mayoría, logrando que esos proyectos de ley se transfieran a esta comisión y sean tramitados con urgencia.
‐ Sí, presidente, se los mando por interno. Son cuatro proyectos para que la Secretaría los tenga.
‐ Perfecto, lo revisamos como comisión y lo solicitamos. Se toma el acuerdo.
Diputado Fensalía, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Antes de que empiece la sesión, quisiera avisarle que vamos a tener que ausentar un rato, pues estamos presidiendo la acusación constitucional y tendremos una reunión intermedia, pero era para que lo tenga presente.
Muchas gracias, diputado Fensalía, por avisar. Queda notificado.
Si no hay más palabras de los diputados, me gustaría comenzar escuchando a las municipalidades, a los alcaldes presentes, al director de seguridad y al alcalde de Temuco, que está en línea, pues son los primeros en recibir esta problemática y constituyen, por así decirlo, la primera línea para la comunidad ante estos problemas. Propongo comenzar con la alcaldesa Nieto de Valparaíso; luego el alcalde Fares de Recoleta; después el alcalde de Temuco; y, finalmente, el director de seguridad de Pudahuel. ¿Les parece?
Alcaldesa Nieto, tiene la palabra.
Muchas gracias. Hemos preparado, junto a nuestros equipos, una presentación para dar un contexto. Muy buenas tardes, subsecretaria, alcaldes presentes, también al alcalde que está conectado, al director de seguridad y a los diputados y diputadas. Para mí es un gran placer estar en esta Cámara, no solo para informar sobre la situación que hemos tenido que enfrentar durante estos meses, sino también para buscar la colaboración del Poder Ejecutivo y del Parlamento.
Para nosotros eso es bien importante. Traemos una presentación que está distribuida, primero, con lo que nos encontramos una vez que llegamos al municipio de Valparaíso, las intervenciones que hemos estado realizando durante estos cuatro meses y medio—ya vamos para los cinco meses—y también lo que estamos proyectando y las decisiones que hemos tomado, y por supuesto, con mucho interés de saber cómo se ha abordado esta situación, que tiene múltiples dimensiones y aristas, por parte de los otros municipios que han sido invitados a la Comisión de Gobierno Interior.
Así que voy a esperar que se pueda poner la presentación. Un minutito: colocamos la presentación, el equipo técnico está trabajando enseguida. La idea, para rellenar, es dar la palabra a los alcaldes y a la dirección municipal, en base a lo que nos cuente la problemática. De ahí, pasamos a la directora ejecutiva legislativa jurídica de salud y a la subsecretaria de prevención del delito, porque así vamos a tener la mirada local y del ejecutivo.
Vamos a suspender unos minutos. Suspendemos.
Bueno, lo que le estaba comentando es que dividimos esta presentación, que es muy corta, por lo demás, porque sabemos que tenemos que compartir el espacio con las realidades de otros municipios, con lo que nos encontramos, lo que hemos hecho y lo que se necesita para seguir avanzando.
En el primer punto y en la siguiente diapositiva, se muestra la realidad con la que nos encontramos. Efectivamente, es una realidad que ustedes, como parte de este congreso, conocen muy bien, porque uno de los epicentros del comercio informal es, precisamente, la Plaza O'Higgins y la avenida Argentina, donde funciona la feria hortofrutícola histórica de la ciudad de Valparaíso, pero también se desarrollan los cachureos, como se conoce en nuestra ciudad.
Por otro lado, en un sector muy cercano a la Plaza O'Higgins también tenemos todo lo relacionado con el eje del mercado cardonal, eje de la avenida Uruguay. Por tanto, nos encontramos con una inactividad de la administración anterior, lo que ha generado un problema bastante desbordado en nuestra comuna, desde el punto de vista de la falta de fiscalización y de una planificación estratégica de cómo, a nivel comunal, podemos ordenar el bien nacional de uso público, que, por cierto, nadie más que un municipio va a venir a ordenarlo, ya que es parte de las atribuciones que hoy en día tenemos.
Además del comercio informal, se generan también contextos ideales para la venta de drogas y otros delitos, así como ciertas incivilidades.
Nos encontramos con la existencia de un estudio sobre el comercio, en el que se genera la caracterización de la cantidad de mujeres y de niños que se encuentran en el bien nacional de uso público; sin embargo, no contamos aún con un catastro. En nuestra primera intervención definimos que el Congreso Nacional y la Plaza O'Higgins fueran el primer punto de arranque de nuestras acciones en torno al comercio informal. Allí se constató la presencia de funcionarios y funcionarias que salieron a realizar el catastro de las personas que trabajaban en los alrededores del Congreso Nacional y de la Plaza O'Higgins, y se evidenció una notable disposición a colaborar en un reordenamiento.
La forma en que hemos abordado este eje en particular ha tenido como característica principal la colaboración de vecinos y vecinas, en su mayoría residentes de los cerros de Valparaíso, que comprenden mayoritariamente mujeres y personas mayores. Ese es el resultado que obtenemos del catastro, lo que contrasta con las realidades observadas en otros ejes de la ciudad. Según mi experiencia y la de mis equipos, se evidencian distintas configuraciones del comercio ambulante: es muy distinto el que se desarrolla alrededor del Congreso y la Plaza O'Higgins, al de la Avenida Uruguay, y también difiere del que se observa en el eje de Bellavista. Por ello, decidimos adoptar medidas adecuadas para cada uno de estos ejes. En la siguiente diapositiva podrán ver, con el cambio a la diapositiva número cuatro, el primer polígono de intervención: el polígono del Congreso.
Para ello, se realizó un trabajo coordinado con la Delegación Presidencial y con la generala de zona de Carabineros, sin cuya colaboración y disposición nada de lo que hemos avanzado en estos meses habría tenido los mismos resultados. Asimismo, con los equipos de Desarrollo Económico y de Seguridad Pública se efectuó el catastro, contando además con la colaboración de las dirigencias del comercio informal en este sector.
Actualmente estamos a puerta de la aprobación de la ordenanza, ya que Valparaíso, a pesar de su larga tradición de comercio informal, no contaba con una normativa específica al respecto. Este jueves esperamos la aprobación de la ordenanza por parte del Consejo Municipal y, paralelamente, estamos planificando nuevos sectores de intervención.
Específicamente, el segundo sector a intervenir es el de la Avenida Uruguay. Nuestra idea surge de encontrar, en dicho sector, una organización y voluntad por parte de algunos para reubicar. Por ejemplo, en la Plaza O'Higgins se logró despejar el área durante los días sábado y domingo, principal problema que enfrentábamos, y gracias a la colaboración del Secretario General de la Cámara de Diputadas y Diputados se facilitó el despeje en el Congreso Nacional. A las personas se les reubicó en una parte del bandejón de la Avenida Argentina, entre Pedro Moni y Juan Arroz, en los días en que no se realiza la feria hortofrutícola.
Además, se han entregado permisos con el objetivo de que nadie que trabaje en la calle lo haga sin contar con la autorización correspondiente. Dichos permisos se han expedido de acuerdo a ciertos criterios que se establecerán no solo desde la coordinación administrativa de las direcciones, sino también a través de la ordenanza, la cual será el instrumento normativo para determinar a quién se le otorga el permiso y a quién no.
Por supuesto, estas medidas han venido acompañadas de diversas operaciones. Hace un mes se puso en marcha el plan “limpiar el plan”, que, a través de capacidades municipales, permitió la adquisición de vacuolavadoras para el hidrolavado de plazas –servicio que se licita– y la conformación de una cuadrilla de limpieza encargada de realizar el lavado de la Plaza O'Higgins.
Que así, generalmente, es como está y hemos ido paulatinamente comenzando los procesos de hidro lavado, los cuales lo estamos haciendo también los fines de semana para efectos de marcar presencia. Prontamente, también la plaza va a tener una intervención más desde el punto de vista de la flora, en particular urbana, pero tenemos ahí un problema con esbal y el agua, para que les voy a contar problemas domésticos de ser alcaldesa. Pero, básicamente, eso es lo que hemos estado haciendo con este polígono en particular.
Quiero ser muy enfática en que el plan que estamos abordando para Uruguay no es el mismo. El plan que estamos abordando para Uruguay ha implicado una coordinación entre la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, la Delegación Presidencial y, posteriormente, la incorporación de la presencia de los servicios competentes en áreas de ciertas fiscalizaciones, con el objetivo de que entremos a la Avenida Uruguay a propósito de un copamiento del espacio público y también de procesos investigativos que ya se han venido llevando a cabo. Hace muy poquito se desbarató una red que funcionaba en Uruguay, pero gracias a que, en estos meses, logramos tener operativas las cámaras de televigilancia municipal y todos los elementos que permiten generar los procesos investigativos por parte de la Policía de Investigaciones, no solamente se ha actuado en términos de microtráfico o tráfico, sino también por contrabando y lavado de activos, lo que permite los procesos de incautación de la propiedad, a propósito de actividades evaluadas en muchísimos millones, pues implicaron la incautación de inmuebles y de ciertos vehículos.
Por tanto, la forma en que tenemos de intervenir en el sector de Uruguay es una acción que llevaremos a cabo, como parte de lo que estaremos haciendo en mayo y junio, y será mucho menos dialogada. La forma de entrar allí no va a ser mediante el diálogo, porque sabemos que hay mucho porte de arma y, por tanto, la colaboración de Carabineros es fundamental.
Si podemos avanzar, ¿en qué se necesita para seguir avanzando? Yo creo que, para nosotros –y ahí quizás tengamos algunos puntos en común– la dotación de Carabineros es fundamental. Hoy por hoy, tengo a funcionarios y funcionarias municipales que se enfrentan a la calle, ya sea en procesos de fiscalización o en el patrullaje municipal, con polar y poler. Sé que, si se saca adelante el proceso normativo de la tramitación –que ya ha pasado por esta comisión relacionada con la Ley de Seguridad Municipal, lo que es un avance, por supuesto, que reconocemos– siempre vamos a necesitar la colaboración, la capacitación y la dotación de Carabineros que nos permita generar intervenciones en sectores donde el comercio informal se mezcla con situaciones delictuales.
Y les traigo estos dos ejemplos: la Avenida Pedro Montt, el eje de Plaza O'Higgins, y el ejemplo de Uruguay, porque son dos casos muy distintos. Ustedes, en el eje del Congreso y Plaza O'Higgins, estamos hablando en su mayoría de mujeres que no tienen con quién cuidar a sus hijos, de muchas personas mayores, y la mayoría son ciudadanos de Valparaíso que no cuentan con ningún otro recurso para trabajar. En cambio, lo que sucede en Uruguay son situaciones y contextos delictuales sumamente graves, que para mí es imposible abordar con la capacidad municipal. Por tanto, dependo, como alcaldesa, de generar las colaboraciones con la DPR, pero sobre todo, de la colaboración de Carabineros.
Y ahí, nosotros creemos que es muy importante liberar a Carabineros del control de ciertos espectáculos que son privados. Se me han caído operativos los fines de semana porque tienen que ir a Quillota, a los partidos de fútbol del Wander con Colo Colo, etcétera, y es importante que los privados sean capaces de invertir en seguridad privada que nos permita liberar la capacidad de Carabineros. Y, por supuesto, también promover investigaciones que nos permitan generar procesos investigativos, porque tenemos harto contrabando y venta de artículos ilegales, como ustedes bien saben.
Por tanto, la entrada hacia el comercio ambulante, al menos en estos cuatro meses y medio que llevo, la municipalidad no puede sola. Existe un deber de coordinación muy importante y, con los recursos que tenemos, nos desplegamos de esta forma, tratando de ser lo más justos posible. Yo creo que soy convencida de que, en la situación actual de mi comuna, que no cuenta con una amplia generación de fuentes laborales, el comercio en la calle se convierte también en una alternativa para muchas familias pobres. Y esa es una realidad que cohabita con la ilegalidad y los delitos, que a veces se mezclan y otras veces están separados. Y yo pido, además, a esta comisión y a los parlamentarios –que, por supuesto, hacen una legítima vocería en torno a esto– que, si realmente queremos abordar el tema del comercio ambulante, hay que hacerlo considerando todas las aristas, acá no se trata de estigmatizar ni de decir que todas las personas están delinquiendo, sino de reconocer, por ejemplo, que para avanzar en una política concreta, nuestra idea es que…
Organizaciones que se han mostrado colaborativas. Nosotros le vamos a entrar con capacitaciones de Sercotec, en convenio con la Universidad de Playa Anza, para que termine en el cuarto medio. Entonces, hay un rol social que debe asumir la municipalidad, pero el rol de seguridad también lo tienen que cumplir las distintas partes del Estado que deben colaborar. Asimismo, mi última propuesta está orientada a mejorar las condiciones económicas. Presidente, ahí tenemos el fortalecimiento de las redes de cuidado y algunos datos de lo que hemos logrado catastrar, como la atención de muchas personas mayores.
Muchas gracias, alcaldesa. Para avanzar rápido, le ofrezco la palabra al alcalde.
Muchas gracias, saludar a usted, diputados y diputadas, subsecretaria, colegas alcaldes y alcaldesas que están en esta sesión. La verdad es que para mí es un honor, y estar de manera presencial responde a la urgencia de que instancias como el Congreso, encargado de generar las leyes que tenemos que aplicar en los territorios, expresen de manera mucho más efectiva sus intenciones.
En ese sentido, no tenemos una realidad muy distinta con la alcaldesa Nieto de Recoleta, que es una comuna pericentral de Santiago, parte del corazón de la ciudad y que además guarda la historia de la “chimba”. Recoleta administra al menos tres espacios de comercio, los cuales son altamente complejos debido a la gran cantidad de población flotante que manejan. Uno de estos es el Barrio La Vega, que habitualmente está en las noticias por diversas situaciones y, quizá, en este barrio me detenga un poco más que en Bellavista y Patronato, ya que La Vega recibe diariamente una población flotante de aproximadamente 50.000 personas provenientes de todo el país, y en Bellavista los fines de semana concurren alrededor de 80.000 personas. Patronato es un barrio muy tradicional de comercio, con características culturales importantes, que se ha visto deprimido en los últimos años por incidencias propias del crimen organizado que conviven en estos espacios.
Cabe destacar –y quiero hacer la distinción que mencionaba la alcaldesa– que no todo el mundo ni todo el comercio irregular forman parte de este fenómeno. Sin embargo, muchas veces, los nuevos hechos delictivos llevan a que ciertos actores sean arrastrados hacia situaciones ilícitas, por ejemplo, mediante la extorsión. Hoy día, en La Vega se presentan situaciones de crimen organizado y de contrabando de frutas y verduras. Los veguinos indican que existen más de 116 camiones instalados en los alrededores de La Vega, ocupando y tranzando el espacio público; hay bandas que cobran, bandas organizadas.
No hace mucho tiempo, capturamos al líder de Los Pulpo a través de denuncias gestionadas en conjunto con las policías, pero ha habido presencia de Los Pulpo, Tren de Aragua, Anexo Tren de Aragua y otras bandas que se autodenominan, las cuales portan armas, generan tráfico de droga, comercio sexual, trata de personas y otros delitos. Por lo tanto, todos comprenderán que, sin una acción conjunta del Estado, no hay posibilidad de éxito y lo que ustedes pueden aportar en ese sentido es muy sustancial.
Quiero comentarles que los alcaldes nos estamos poniendo de acuerdo; no se trata del alcalde de Esborde, sino del alcalde Iglesias, de Independencia y Santiago, ni del alcalde Belolio. De hecho, vamos a compartir mesas jurídico-policiales porque aquí…
caso, la vega y lo que nosotros ya llamamos anexo la vega, que es toda una unidad vecinal completa, la unidad vecinal 32, tenemos una mesa jurídico-policial que trabaja con la Fiscalía, con la Delegación Presidencial, con ambas policías, la PDI y Carabineros, y efectivamente se percibe que, en ocasiones, no logramos avanzar porque, si no abordamos los temas criminales, a pesar de contar con inversión. Tenemos cerca de 3.000 millones en inversiones aprobadas por el Gobierno Regional a través del Plan Calle Sin Violencia, gestionado por Subdere, con el cual hemos ido controlando parte del comercio irregular que ocurre en el sector.
Nosotros, a diferencia de la alcaldesa, tenemos sectores donde el desplazamiento de lo que ocurre en el centro de Santiago nos afecta inmediatamente. Cuando se presentan desplazamientos en Santiago, se produce un rebote en Recoleta y se cruza por el río. Últimamente hemos logrado contener la cruzada en el río, aunque ello afecta al alcalde, generando desbordes. Además, al no lograrse un acuerdo entre los alcaldes, la situación se complica. La presencia se concentra principalmente en gente de Estación Central, Santiago, y recuerdo además que Quinta Normal, donde está la alcaldesa de Espino, también se encuentra en la zona catastrada. Hemos generado acciones para buscar la formalidad, apoyando el emprendimiento y rescatando a los recoletanos y recoletanas; sin embargo, el comercio que se da se comporta de manera absolutamente ajena al marco normativo y no se formalizará.
Por lo tanto, ¿en qué hemos avanzado respecto a ese tipo de comercio? Hemos implementado una estrategia denominada “copar para ocupar”. Inicialmente, hemos copado la zona desde el punto de vista de la seguridad, utilizando vehículos y contando con el apoyo de las policías. Les quiero compartir que en Recoleta, con aproximadamente 200.000 habitantes, contamos hoy con 164 carabineros, menos que hace uno, dos o tres meses. En el pico anterior alcanzamos cerca de 186 carabineros, lo que indica una capacidad limitada para cumplir con el rol preventivo, pese a los importantes esfuerzos realizados.
También enfrentamos problemáticas psicosociales. Aunque la fisonomía y la configuración de la situación en la calle ha ido cambiando con el tiempo, parte del eje Santa María – que atraviesa el barrio Vega, Bellavista y Patronato – ha sido cooptado por el crimen organizado. Este sector está involucrado en el narcomenudeo, control territorial y recepción de robos permanentes. De hecho, tras despejar Plaza de los Historiadores, ubicada en la zona de Recoleta, Artesano y Santa María, Carabineros informaron que los delitos descendieron en un 78% después de que aproximadamente 400 personas ejercían comercio irregular en ese lugar.
Si no atacamos estas situaciones estructurales de manera integral, no debemos quedarnos en una discusión limitada sobre la ley. En caso necesario, se debe optar por el uso de métodos menos letales para que la legislación brinde a los municipios los recursos requeridos, entre ellos, mayor flexibilidad y personal para mantener una presencia preventiva en la calle. Respecto a las inversiones, se están desarrollando proyectos de cámaras inteligentes integradas con el Gobierno Regional, además de la compra de vehículos, arreglo de pavimentos, calzadas y veredas en los sectores comerciales más deteriorados, especialmente en la vega, lo cual permitirá que la inversión se manifieste simultáneamente.
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Se observa que, en el total de trabajadores formales, entre un 11% y un 24% reciben el salario mínimo; esta proporción se ha mantenido más o menos estable en los últimos 30 años. La mayoría de quienes perciben el salario mínimo se concentran en empresas pequeñas, siendo estas las grandes pagadoras de dicho salario, lo que genera que sufran de manera más acentuada sus alzas. Las mujeres, por ejemplo, se ven afectadas entre 2 y 6 puntos porcentuales más que los hombres. Además, entre los trabajadores con menor nivel educacional, la proporción de afectados por el salario mínimo es mayor, y, finalmente, la mayoría se encuentra en condición de pobreza cuando ésta se mide según el nivel de ingresos. Esto concuerda con lo que se conoce sobre el salario mínimo, pero es importante destacar estos matices.
Muchas gracias a quienes percibirán este alza del salario mínimo tanto de forma positiva como negativa. Para comenzar, quisiera mostrarles un gráfico, extraído del mismo estudio publicado por el SET Chile, que evidencia que el salario mínimo en Chile resulta alto en comparación con el estándar internacional. Fíjense que, al medir el salario mínimo como porcentaje del salario medio –dividiendo el salario promedio de quienes participan en el mercado formal entre el salario mínimo– se observa que, mientras en otros contextos ese salario alcanza alrededor del 55% del salario medio, en Chile supera el 70%, según estimaciones y considerando todos los descuentos que aplica la OCDE. Esto indica que no es correcto afirmar que el salario mínimo en Chile sea bajo cuando se lo compara con el salario medio; aunque en términos absolutos el nivel de salarios pueda ser menor que en países desarrollados, la comparación relativa muestra otra perspectiva.
Al analizar la evolución del salario mínimo a lo largo del tiempo, se puede notar que la línea roja, que representa dicho salario, ha crecido de forma consistente a partir del año 1994. Si se considera el periodo de 30 años, el IPC, representado por la línea verde, ha acompañado el crecimiento del salario nominal, demostrando que el salario mínimo no solo ha cubierto el costo de vida, sino que se ha incrementado muy por encima de la inflación. Por otro lado, la línea azul, que refleja el crecimiento del salario medio, muestra que mientras éste se ha multiplicado aproximadamente 6 veces en todo el periodo, el salario mínimo se ha multiplicado unas 11 veces desde 1994.
Si ahora observamos la propuesta de salario mínimo, a partir del año 2022 se percibe un cambio en la tendencia de la línea roja. Si se dibujara una línea recta hasta 2022, ésta sería más plana, pero a partir de ese año se produce un alza significativa. Este cambio se observa en la inflación –la cual ha sido mayor en este periodo– y, aunque también se refleja en el salario medio, la variación en este último es mucho menor en comparación con la del salario mínimo. Pasando al siguiente gráfico, se presentan los números para ilustrar lo ocurrido: si calculamos lo acontecido desde el año 2020 hasta la fecha, se evidencia que la inflación se ha incrementado…
Y avanzan efectivamente todo este tipo de intervenciones, de carácter más jurídico-policial; podríamos, creo yo, tener cierto éxito en una zona que es la que más nos complica. Ahora, ¿qué hace la municipalidad? Porque uno no puede solamente plantear las dificultades que tenemos, ¿no? Nosotros, en La Vega, hacemos 90 recorridos solamente para sacar basura de La Vega, tres veces al día. Sacamos, en promedio, 6,4 toneladas diarias. La Vega concentra el 30% del barrido comunal, parte importante de nuestro contrato de barrido. Y yo quiero plantearle a quienes hoy día también cumplen labores fiscalizadoras que supervisen las labores del municipio en ese lugar.
Nosotros, entre las 8 y las 20 horas, y a las 23 horas, dejamos toda La Vega limpia y lavada con hidrolavadora y todo lo que también mencionaba la alcaldesa. Nuestro problema es que la operación, en una parte de La Vega, pero sobre todo del bodegaje exterior —que se ha convertido en otro comercio irregular—, pareciera que no hiciéramos nada, y gastamos, en La Vega, entre las distintas acciones de aseo solamente, 800 millones de pesos al año. Eso es lo que gasta la municipalidad a través de los contratos de aseo que tiene para atender La Vega. Les vamos a dejar en papel la presentación; yo traje algunas presentaciones, o la podemos mandar también.
En esta estrategia de COPAR para ocupar, efectivamente, lo que estamos haciendo es recuperar los espacios públicos que han sido apropiados por el comercio, en donde estamos recuperando los paisajismos, las áreas verdes, y haciendo un esfuerzo importante porque esos espacios se han ocupado comunitariamente por vecinos con acciones culturales, deportivas y de otro tipo para que logremos efectivamente llegar a un punto de normalización.
El otro problema más complejo que tenemos son todas las salidas de los metros. Nosotros tenemos una línea, que es la línea de metro 2, que cruza toda la comuna. Tenemos, si no me equivoco, siete estaciones de metro, donde, por la afluencia de público en esos espacios, también se genera comercio informal. Existe algún nivel de comercio regulado, pero la instalación del comercio informal es bastante difícil de controlar, sobre todo en el diseño de las instalaciones de metro, que yo quisiera que de verdad se revisara. Son riesgosas, no permiten la visibilidad y presentan habitáculos que pueden cubrir varias situaciones de incivilidad. Ahí estamos trabajando efectivamente con Metro para ver cómo, ya que Metro se hace cargo del acceso tanto al interior como al exterior, y nos estamos poniendo de acuerdo para lograrlo; sin embargo, también tenemos un problema severo de comercio irregular, especialmente en todos los metros.
Y lo otro, heredado principalmente de la pandemia, es que la pérdida de ingresos principales de las familias en ese período arrojó a mucha gente a la informalidad, y es muy difícil que, estando en la comodidad de la informalidad, vuelvan a la formalidad. Las ferias libres que tenemos, al menos en dos sectores de la comuna —como en Persa Zapadores, donde tenemos tres cuadras adicionales de coleros— resultan muy difíciles de controlar. Algunas de estas actividades las realizan, en parte, personas de la comuna, en su mayoría adultos mayores que ocupan estos espacios como estrategia de sobrevivencia, de las cuales estamos catastrando y trabajando para que puedan efectivamente lograr la formalización.
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Gran parte de esas modificaciones en las sanciones fueron introducidas por la Comisión de Salud del Senado e incluyen que las multas suban sustancialmente, pasando de 7,5 (mínimo 7,5 UTM) a un mínimo de 140 UTM, y el máximo, que era de 60, se eleva a 600 UTM. En cuanto a las suspensiones, estas empezarán a aplicarse cuando entre en vigencia, iniciándose con 180 días de suspensión y pudiendo llegar hasta la suspensión perpetua. Es importante señalar que, aunque la ley ya salió del Tribunal Constitucional, aún falta su firma.
Lo que dice la ley es que una vez publicada, todo aquello que requiera normativas dos meses después y, por lo tanto, si se publica este mes, dos meses más estaría ya en vigencia. Con las circulares —ya que nosotros siempre trabajamos para que, antes de entrar en vigencia, se sometan a comentarios públicos mediante circulares— se establece la obligación de escuchar la opinión de todos los actores de la ciudadanía. Siguiendo con la profundización del rol de la Superintendencia de Seguridad Social, actuamos en relación, principalmente, a dos artículos de la ley. El artículo 2 aplica a la COMPIN, y cuando esta requiere información sobre licencias médicas que no han sido entregadas por los profesionales de la salud, puede proceder a la aplicación de una multa o a la suspensión de la emisión médica, que era lo que se comentaba con la subsecretaria. En esa situación, el médico puede presentar un recurso de reclamación a la Superintendencia de Seguridad Social.
En ese contexto, no estamos facultados para revisar si la emisión se fundamentó médicamente, sino para verificar si el procedimiento de notificación aplicado por la COMPIN se realizó de manera correcta y si la información ha sido entregada hasta la fecha. De esa revisión se concluye que se mantiene la multa o suspensión, o se deja sin efecto, conforme a nuestro rol de ente revisor de una reclamación presentada por el profesional de la salud. Nuestro foco está puesto en la aplicación del artículo 5, por el cual la Superintendencia de Seguridad Social investiga a los profesionales emisores de licencias médicas en función del fundamento médico que respalde dicha licencia.
La investigación se realiza a partir de denuncias que puede presentar cualquier persona a través de nuestro sitio web o de oficio, en cuyo caso iniciamos el proceso sin necesidad de una denuncia previa. Para ello, hacemos uso intensivo de la inteligencia de datos que nos permite detectar casos con indicios de comportamientos anómalos. Durante años nos hemos enfocado en analizar, retrospectivamente, quién ha emitido más de 5.000 o 1.600 licencias, entre otros indicadores, pero cada vez estamos mejorando los métodos para identificar de manera temprana cambios de comportamiento que puedan ser investigados y, cuando corresponda, sancionados conforme a lo permitido por la ley. Cuando un médico es sancionado, puede presentar un recurso de reposición en la misma Superintendencia o recurrir a los tribunales.
La siguiente, por favor, acá está más en detalle el proceso en los casos de denuncia del…
[Inicio de la intervención]
Pero tenemos también en estos espacios – especialmente en Perzo Zapadores – comercio ilegal que viene con contrabando de distintos lugares de Santiago y que es muy difícil de controlar. Ahora, para controlar esto – y con esto termino, diputado – básicamente lo que hacemos es coordinación institucional. Aquí estamos trabajando con Gonzalo de Salud, de manera principal, porque parte del comercio irregular tiene que ver con la venta de alimentos. Decomisamos una gran cantidad de todo tipo de carnes, especialmente en el entorno de la vega, y también de camiones ilegales que van a vender pollo, pescado y otros productos de dudosa procedencia.
Lo hacemos en coordinación con distintos servicios. Por ejemplo, el SAC y el Servicio de Impuestos Internos; de hecho, la directora de este servicio me señaló la semana pasada que fueron a controlar con carabineros y terminaron siendo amenazados, por lo que tuvieron que retirarse. En Persa estuvimos hace aproximadamente 10 días y tuvimos que retirarnos junto a carabineros porque nos agredieron con piedras. Quiero ser bien enfático: ni el SAC, ni la Ceremi, ni nosotros, ni la delegación, solos podemos hacernos cargo de estos problemas si en este espacio no se define una actuación con mayor presencia del Estado, mayor control y mayor eficiencia, especialmente en lo que tiene que ver con despejar estos espacios de situaciones de crimen organizado.
Muchas gracias.
[Transición de palabra]
Muchas gracias, alcalde. Le ofrezco la palabra al director de seguridad de la comuna de Pudahuel, don Felipe Morales. Tiene la palabra.
[Don Felipe Morales:]
Muy buenas tardes a todos y a todas, señor presidente de la comisión, alcaldes, alcaldesas, subsecretarias y profesionales de distintas instituciones. A nombre del alcalde Italo Bravo, de la Comuna Puebla, nos interesa compartir algunas reflexiones e iniciativas que hemos desarrollado en el ámbito del comercio informal.
Considero que esta iniciativa, señor presidente, es muy relevante, ya que permite que los municipios tengamos un espacio para exponer nuestras inquietudes. Estamos enfrentando una problemática de alcance nacional con recursos locales y con atribuciones limitadas.
Para comenzar, realizamos una pequeña caracterización de nuestra comuna, basada en el contexto sociodemográfico, que nos ayuda a comprender las causas que empujan a la informalidad a nuestros vecinos y vecinas. Puebla es una comuna que, según el último censo, tiene 227.000 habitantes, y el 50% de las comunas se ubican en el tramo correspondiente al 40% del registro social de hogares. Es decir, vivimos una situación social compleja. Estamos en el lugar número 15 del ranking del índice de vulnerabilidad sociodelictual establecido por la Subsecretaría de Inversión del Delito, y nuestra tasa de desocupación se encuentra por sobre el porcentaje promedio nacional y regional. Estas cifras, que hace cuatro años eran aún más complejas, han ido revirtiéndose gradualmente, pero de alguna forma evidencian, tal como lo ha planteado el alcalde de Recoleta, que el comercio ambulante o informal que se observa en la comuna proviene principalmente de sus propios habitantes. No es el factor migratorio el que impacta en el ordenamiento del espacio público, sino que son los propios vecinos y vecinas quienes ocupan estos espacios para sobrevivir. También existe otro sector vinculado a redes de comercio ambulante y evasión de impuestos, que detallaré más adelante.
Si avanzamos un poco con el diagnóstico del comercio informal en Pudahuel – considerando aquellos comerciantes que operan con permisos municipales –, contamos con 548 permisos de ANAQUEL, que permite la ocupación de bienes nacionales de uso público mediante un permiso precario; 32 carros y 122 guiones. Menciono estos datos porque se derivan de una ordenanza que viene vigente en la comuna desde el año 1984.
[Inicio de la siguiente intervención]
Por ciento adicional.
El salario mínimo ha aumentado en 10,1% en términos reales, es decir, cubriendo en total un 14,5% versus una inflación de 4,4%. Esto se traduce en un aumento del 10%, mientras que el PIN ha subido nuevamente, de manera bastante relacionada con las remuneraciones nominales, en un 3,7% por efecto de productividad.
En la remuneración nominal se observa cómo se mueven los mercados, cuántas empresas necesitan contratar y cuánto están pagando conforme el PIB crece. A mayor crecimiento económico, mayor la demanda de trabajadores y, en consecuencia, los salarios medios tienden a subir. Sin embargo, subir los salarios mínimos genera, al revés, desempleo, ya que esta diferencia del 10% resulta excesiva y se asocia con un aumento del desempleo. Si sumamos lo propuesto en el proyecto de ley de mayo y el alza de enero del año 2026, lo que se tiene es que la economía presenta una inflación creciente – estimada en 5,9% según el pronóstico del Banco Central de Chile – y, además, la remuneración nominal se expande a una tasa levemente superior, mientras que el salario mínimo se expande en un 106%.
La conclusión es que este aumento del salario mínimo generará mayor desempleo y un aumento en los trabajadores en el área informal. Mientras la economía no vuelva a crecer y la productividad laboral no se incremente, subir el salario mínimo en los términos propuestos solo generará desempleo e informalidad. Subirlo sin un incremento en la productividad perjudica principalmente a los trabajadores más pobres. No se equivoquen: los trabajadores de mayor calificación, los que cuentan con mayor capacitación y años de estudio, no se ven perjudicados. Afectados son aquellos que actualmente ganan el salario mínimo, ya que al aumentarlo, las empresas deciden despedir a quienes no alcanzan a cubrir sus costos. Así, el incremento del salario mínimo sin un correspondiente crecimiento en la productividad condena a los trabajadores con menor capacitación – especialmente a los jóvenes, a las mujeres y a los trabajadores de mayor edad, quienes después de la pandemia no han logrado reincorporarse plenamente al mercado laboral. De hecho, las tasas de desempleo para los mayores de 50 años superan el 25%.
Por último, quiero dejar una conclusión. Creo que muchos tienen la mejor intención de mejorar la calidad de vida de la población, especialmente de aquellos que perciben el salario mínimo y que tienen mayor probabilidad de vivir en la pobreza. Sin embargo, esta forma de proceder es incorrecta y se asemeja a la “ley de estacionamiento”, esa ley que pretendía protegernos a todos de pagar cantidades desorbitadas en los parquímetros.
[Fin de la intervención]