Cámara de Diputados - Familia - 12 de mayo de 2025

El lunes 12 de mayo. El acta de la sesión 91 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 92 queda a disposición de la Comisión. El secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, estimado presidente. Muy buenas tardes, estimadas diputadas y señores diputados. Se recibieron los siguientes documentos: Una nota de un particular, quien relata una serie de conflictos legales y personales relacionados con la custodia de su hija; acusaciones de abuso sexual que fueron desestimadas por pericias oficiales y dificultades para mantener una relación con ella. Asegura que ha cumplido con sus deberes parentales y económicos y atribuye las acusaciones a conflictos con la madre, por lo que solicita apoyo y ser escuchado por la Comisión. Una nota de la Federación Penadag, que solicita a la Comisión que convoque a una sesión para abordar el paro indefinido que mantienen los funcionarios de las corporaciones de asistencia judicial, tras el incumplimiento del protocolo firmado por el Ministerio de Justicia en agosto del año 2023. En dicha nota se denuncian la sobrecarga laboral, especialmente en el área de infancia, y la falta de voluntad presupuestaria por parte de la Dirección de Presupuestos, por lo que se pide incluir en la sesión al ministro de Justicia y a la Federación para buscar soluciones. Presidente, se recibe también una nota del diputado Arturo Barrios, solicitando que se reciba como participante a la Comisión de Familia del lunes 12 presente a Natalia Flores González, de la Fundación Querea de Equidad. Asimismo, se recibe una nota del presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, señor Alonso Salinas García, quien se excusa de asistir a esta sesión debido a compromisos previos, pero solicita se le dé la oportunidad de participar en la discusión del proyecto de ley con posterioridad al 19 de mayo. También se informa el reemplazo de la diputada Francesca Muñoz, quien es sustituida por la diputada Giovanna Humada, y el reemplazo de la diputada Sara Concha por el diputado Cristian Lave, quien se imagina arribará a la Comisión en algún minuto. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Yo, en particular, creo que el segundo documento que se nos presentó, relativo a los funcionarios del Ministerio de Justicia, es un tema que eventualmente podríamos tener en cuenta, precisamente a propósito de la mesa, ya que estamos tomando varias aristas. Está citado para el miércoles el subsecretario de Redes Asistenciales, a sugerencia de la diputada que tuvo un tema –cierto–, ya que, si bien ese asunto no es de su competencia, se le explicó el punto telefónicamente a través de su asesor, y dará respuesta prontamente sobre si concurrirá a esta Comisión el miércoles o no. En este caso, ellos están directamente aludiendo a la Comisión de Familia por la sobrecarga de trabajo que tienen aparentemente, por lo que creo que es un punto que hay que hacer ver. Así, en algo, sirve para todo lo que estamos revisando y puede ser interesante considerarlo eventualmente a futuro. Por ello, en algún momento serán citados, siendo este el punto en específico. Si no hay más palabras sobre la cuenta, ofrezco la palabra sobre puntos varios. Diputada Omar: "Todavía no." Muchas gracias, señor presidente. Bueno, saludar a usted, a quienes nos acompañan aquí también, los colegas y a quienes están en la sala. La verdad es que, lo comenté antes de iniciar la sesión…

Entiendo que la Comisión tiene, sí o sí, un espacio para tratar el tema de la infancia, ya sea a través de una mesa técnica o, en última instancia, conversando sobre este importante asunto. Y bueno, como Presidenta de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad y, además, como diputada, soy parte permanente de la Comisión de Desarrollo Social, en la que hemos tratado el tema de la infancia. Por ello, creo que sería importante poder conocer –no sé si ya se ha citado– cómo, por parte del Ejecutivo, se pretende avanzar en todos los asuntos que se vienen arrastrando en relación con la infancia. ¿A qué me refiero? Desde la propia Cámara se han levantado informes, comisiones especiales e investigadoras; y, sin embargo, nada se sabe acerca de esos hechos, de quiénes son los responsables, cuáles han sido los procesos y de qué manera se está fortaleciendo la protección de la infancia. Del mismo modo, es necesario conocer qué medidas se pretenden implementar para aquellos niños que infringen la ley y a quienes el Estado pretende dar apoyo. Entonces, ya que lo hemos preguntado y cuestionado en otras comisiones, creo que en particular en esta comisión también debe abordarse y citarse para conversar sobre estos temas y definir cuáles serán realmente los alcances para avanzar. Y esto lo digo desde una perspectiva de política pública, pues no tiene que ver únicamente con el gobierno de turno; debemos ir más allá en lo que respecta a la infancia. Eso, presidente. Gracias, diputada. Diputada Pizarro: No, muy breve, presidente. Lo que sucede, por su intermedio, es que es algo que hemos visto en reiteradas ocasiones. Creemos y sentimos que esta comisión ha pasado a otro nivel y que debe avanzar en propuestas y soluciones respecto a lo que usted señala. Hemos tenido a todas y todos invitados, diputada, y, a través de su intermedio, presidente, hemos conmovido, hemos sufrido; pero ya la semana pasada dijimos: “tenemos que ponerle el cascabel al gato”. Eso ya lo hemos vivido y ahora vamos a dar otro paso. De hecho, yo tengo que traer una propuesta para avanzar en ello. Estamos trabajando en ello. Disculpe, presidente. Muchas gracias, diputada. Efectivamente, como señaló la diputada Pizarro, diputada Ahumada, es algo de lo que estamos haciendo cargo, incluso, a veces, más allá de nuestras facultades inmediatas; estamos tratando de recabar información y de mediar precisamente entre muchos organismos —como estos que nombramos al principio—, para tomar cartas en el asunto. Porque hemos tenido un desfile bastante trágico, ¿cierto?, de cada uno de los aspectos del Estado, de las víctimas, de las familias, etc. Y es por ello que, desde la presidencia anterior de esta comisión, se ha estado armando –y aún se está dando forma–, como indicó la diputada Pizarro la semana pasada, una tarea para darle pie a un espacio en el cual aterrizar todo este diagnóstico tan cerrado y transformarlo en propuestas y medidas concretas. Algunas serán propuestas; otras, eventualmente, proyectos de ley. Pero en lo que nos incumbe, esto marca claramente el asunto. Muchas gracias. Muy bienvenida sea su disposición, diputado; y si usted tiene ideas o conoce a personas que quieran, por ejemplo, venir a exponer en este espacio, sean muy bienvenidos, porque la idea es abordar todos los puntos críticos y todos los aspectos que se puedan considerar para darle solución a este desafío. Pasando al siguiente punto, el Presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, señor Alonso Salinas García, se ha excusado y participará en esta comisión después del 19 de mayo para revisar el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para prohibir y sancionar la maternidad subrogada. Es decir, vamos a pasar directamente al punto 2 de la tabla, e invitamos, por lo tanto, a esta mesa a la representante de la Mesa de Residencias, señora Paulina Fernández, quien había quedado pendiente. Por favor.

Toma asiento. Aquí, mejor, en el medio. Quedó pendiente en sesión pasada, y también hemos invitado inmediatamente a la señora Delia Delgato, representante de la red AINFA A.G., para tratar estos mismos temas junto al señor Raúl Keck. Pueden sentarse los tres; y usted, señora Paulina, tendrá la palabra en primer lugar para contarnos todo lo que estime relevante. Ustedes tienen aquí un rol directo en el tema que tratamos, y sabemos que disponen de mucha información sobre el funcionamiento de los organismos colaboradores y el rol del Estado, tanto en lo que está funcionando bien como en lo que requiere mejoras, especialmente desde la perspectiva de los niños a los que atienden. Así que, encantados de escucharlo, señora Paulina: el micrófono es todo suyo. Mientras tanto, agradezco la posibilidad de venir a conversar. Escuché atentamente la sesión pasada, la cual me pareció muy interesante, y creo que existe la posibilidad de trabajar de manera conjunta para abordar los temas pendientes. Aunque el proyecto de ley de armonización no está en esta comisión, se abre la oportunidad de analizar aspectos comunes para perfeccionar algunos aspectos de la ley. Respecto a lo ocurrido en la sesión pasada, y dado que no estoy en el chat, he enviado la información por correo. Ahí se encuentra lo que se mandó; lo mantengo tal como está. Por otro lado, permítanme comentar quién es la mesa de residencias. Se trata de una coalición de organismos colaboradores del servicio, que se creó en el año 2016 para levantar una voz común y trabajar coordinadamente con el servicio. Actualmente está integrada por 42 organismos, que atienden a lactantes, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, distribuidos en alrededor de 133 residencias, representando el 58% del total de niños que hoy día se encuentran en acogimiento residencial. A continuación, y tal como ya se ha comentado, me centraré brevemente, en términos de agenda y dentro del tiempo disponible, en los puntos que ustedes pidieron sobre el sistema de protección. Abordaremos algunos aspectos generales y, a continuación, pasaremos a la protección especializada, que es nuestro giro. Cabe destacar que, según los diagnósticos de este año de la Defensoría de la Niñez y del Observatorio de la Niñez de Colunga, se han evidenciado retrocesos en las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes. Esto se manifiesta en distintos ámbitos, como el tema de la muerte, el aumento de la explotación sexual, el incremento en el consumo de drogas en menores de 14 años y el aumento de la violencia entre padres y cuidadores, entre otros. Estas situaciones plantean una serie de preguntas que, si bien podrían abrir otro debate, son relevantes para discutir en el marco del Sistema de Protección Integral y la ley de garantía, evidenciando la insuficiencia de las políticas públicas y programas actuales.

Programa ineficiente, son solo los efectos de la pandemia, es una falta de prioridad absoluta del Estado de poner a los niños como prioridad y creo que ahí hay temas que hay que profundizar para que el sistema de protección integral, que es parte del servicio de protección especializada, pueda funcionar adecuadamente. A continuación, no me voy a detener en estos números, porque ya el director del servicio se refirió latamente a esta cifra, pero llama la atención el aumento sostenido que ha habido de niños, niñas y adolescentes en el sistema de protección especializado, tanto en los programas ambulatorios como, sobre todo, en los programas de cuidado alternativo. Se destaca el aumento en los ingresos de niños de 0 a 3 años y también el incremento en los adolescentes, por lo que la preparación para la vida independiente adquiere un rol relevante, volviendo a niveles comparables a los del año 2013. Por tanto, la pregunta por el sistema de protección universal es muy relevante en este contexto. La siguiente, por favor. En este marco, solo quise poner esta lámina para que miremos el sistema de protección integral. La protección especializada es parte del sistema y, en esa instalación, se agregó el servicio de reinserción social juvenil, dado que actualmente se aborda a estos jóvenes solo desde la seguridad pública y no como sujetos de derechos hasta los 18 años de edad; también hay un tema que habría que mirar. Aquí, básicamente, el foco que queríamos poner es la importancia de trabajar en la prevención y en la promoción de derechos. Se espera que cada vez menos niños ingresen a la protección especializada, de forma que la protección universal sea capaz de resolver las situaciones de vulneración que se presentan, y, menos aún, que los niños pierdan el cuidado de sus familias. Por tanto, surge también la pregunta de qué programas efectivamente existen en los territorios para apoyar a las familias en su crianza y, en consecuencia, permitir el mayor desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. En este marco, como mesa de residencia, hemos sostenido diversas reuniones de trabajo y conversaciones con el servicio, con la presidencia al comienzo del gobierno, con la subsecretaría y con la defensoría, donde finalmente hemos abordado estos seis grandes nudos críticos, algunos de ellos planteados por nuestro compañero en la sesión pasada de la red de autoconvocados y de la red de solidaridad. Por una parte, el adecuado rediseño de los CREAT, al hacerlos un poco más pequeños, afectó la cobertura disponible sin una planificación adecuada de lo que implicaba pasar de una residencia de 80 a 100 niños a una de 12. Este modelo es adecuado, pero el sistema de organismos colaboradores no contaba con la disponibilidad necesaria para sostener la demanda, lo que, sumado al aumento de la demanda de niños en cuidado alternativo, ha agudizado el tema de los sobrecupos, las listas de espera y los cierres de residencia. Por otra parte, los distintos niveles de protección que tienen los niños son notablemente diferentes a los que se veían hace seis años, sin que se diversifique la respuesta. El servicio cuenta con un modelo interesante, pero cuando hoy se presentan casos de niños con situaciones de conducta infractora de ley, existe un protocolo de simultaneidad que permite atender a jóvenes infractores que han pasado por el sistema penal y que se encuentran en residencias de protección. Esto representa una vulneración múltiple, por la falta de respuesta a aquellos niños que requieren otro tipo de intervención. Otro tema relevante, que pondremos énfasis también en las propuestas, es la respuesta insuficiente y en algunos casos ausente por parte de un sector. El servicio no es una institución total; si volvemos a analizar desde las políticas públicas, ocurre lo mismo de alguna manera.

Lo que pasó con Saname es lo que va a pasar con el servicio. El servicio no es especialista en consumo de drogas, en problemas psiquiátricos profundos ni en educación, y por lo tanto, al no generarse una cierta obligatoriedad por parte de los distintos órganos del Estado, ello llevará a que el servicio —como lo dijo muy bien su director, que se encuentra en una situación bastante al límite— pueda colapsar. Esto implica, digamos, un problema de respuesta a lo que los niños realmente requieren. O sea, hoy día tenemos chicos que van al colegio, pero, por temas de conducta y regulación, se retornan a la residencia a las once de la mañana, mientras que otros permanecen hasta las tres de la tarde en el colegio. Entonces, existe una inequidad en cuanto a que los niños que más requieren apoyo necesitan una respuesta mucho más integral. El otro tema, que también vamos a pedir apoyo al final, es que la ley establece atención a los niños en residencia hasta los 24 años, siempre que continúen con sus estudios. El joven que, a los 18 años, no continúa con sus estudios se va para afuera; ¿dónde se va? A la calle, a bandas delictuales o a una situación de precariedad. Lo que nosotros estamos impulsando, como red, es la no exclusión del egresado de protección, es decir, que exista un acompañamiento sin exclusiones al menos hasta los 21 años. En otras palabras, todos los jóvenes que cumplen 18 años en el sistema de protección deben contar con un acompañamiento por parte del Estado, fundamentado en análisis de tratados internacionales que señalan que sí es una obligación estatal. Por otra parte, en la reunión pasada también se abordó el aumento de los estándares de atención, con los cuales estamos muy de acuerdo, pero en un sistema de financiamiento que hoy en día se basa en la caridad, pues depende de la capacidad que tengan las organizaciones de recaudar fondos privados. Esto implica que se desconoce la responsabilidad del Estado como garante de derechos. Además, la insuficiente instalación de familias de acogida externa y el creciente cierre de residencias, en medio del aumento de la demanda, conforman una combinación compleja que habrá que analizar en la ley. En el caso de los niños de 0 a 3 años, cuando se establece que solo deben ir a familias de acogida, no se define en ninguna parte esta situación, lo que podría tratarse de algo transitorio. Se debe implementar un proceso de transición que establezca una temporalidad y una planificación que asegure que efectivamente esos niños sean asignados a familias de acogida disponibles, en base a sus características. Estos son algunos datos de caracterización; tampoco me quisiera extender demasiado, pero nosotros, como mesa de residencia, a mediados del 2023 hemos estado actualizando y hoy levantamos algunos datos coincidentes con el Poder Judicial del 2024 respecto a ciertas características de los niños en programas de residencia. Vuelven a aparecer casos de niños en conflicto con la justicia, consumo de drogas, problemas de salud mental y el deficiente funcionamiento del intersector. En cuanto a propuestas, quisimos traer algunas que también habíamos presentado en otra comisión y que hemos conversado con el servicio. Por una parte, se busca prevenir el cierre de residencias y permitir que el sistema efectivamente pueda dar respuesta a las necesidades actuales. Nadie estimó este aumento de demanda, pero hay niños en listas de espera, sometidos a sobrecupo, lo que deteriora las condiciones de habitabilidad en esos espacios. Por ello, hay que pensar en una estrategia que permita aumentar la cobertura, por ejemplo, mediante acciones en el marco de licitaciones que generen apoyo e incentivos para ciertos oferentes, tales como el acompañamiento técnico o un fondo de instalación. El año pasado instalamos algunos programas ambulatorios e invertimos, en términos de subvención, un 35% más únicamente para la instalación de estos programas. El sistema no contempla este tipo de incentivos. Asimismo, es necesario implementar acciones para prevenir el cierre de proyectos, negociar con los organismos colaboradores para que posterguen sus cierres y crear un equipo técnico que apoye el trabajo interno mediante planes de mejora y fondos de emergencia. Y yo digo: estamos todos en una situación crítica, necesitamos atender a los niños, entonces, ¿cuál es el acuerdo?

Que yo puedo establecer con los organismos colaboradores para que efectivamente podamos lograr la atención adecuada de los niños y niñas que lo necesitan. El otro ámbito tiene que ver con la responsabilidad del intersector para la atención pertinente, oportuna y adecuada. Creo que aquí, no sé, con la presencia de esos minutos, el Presidente de la República exige al intersector que trabaje junto al servicio, condicionando, digamos, el traspaso de recursos y bonos de desempeño. Tiene que haber algo que no radique en la mera voluntad del ministro de turno o del director de servicio de turno, que los obligue y mande a trabajar en pro de estos niños. Es un tema de escala, porque de los cuatro millones de niños que están en el sistema escolar, tres millones y medio están en cuidado alternativo o en el sistema de protección; inspecciones especializadas son 100.000, 122.000, y cuidados alternativos son 5.000. Entonces, creo que en este tema del intersector hay un desafío enorme de pensar en otro tipo de mecanismo de obligatoriedad para que, una vez por todas, se incorpore en sus presupuestos lo que estos niños requieren, de manera que se puedan apoyar tanto el servicio de protección especializado como las acciones de los organismos colaboradores para dar una respuesta integral, con sentido, pertinente y oportuna a los niños y niñas que están en esos programas. Realmente, considero que debiera haber algún sistema de obligatoriedad vinculado a recursos y bonos de desempeño. Lo otro tiene que ver con la atención al menos hasta los 21 años, sin exclusiones. Como había comentado la red de instituciones de egresados, ya pedimos participar de la Comisión de Desarrollo Social para presentar la propuesta en la que estamos viendo la posibilidad de cambiar dos artículos de la ley del servicio. La senadora Aravena, al entregar el proyecto de ley en la sala, menciona que este es un tema que quedó pendiente en la Comisión del Senado, y creo que es tremendamente relevante. Estamos hablando de un grupo muy pequeño de jóvenes, pero cuyas consecuencias para ellos, para su futuro y para el país son fuertes. Son chicos que terminan en situaciones de calle, de extrema vulnerabilidad, muchos de ellos ya son padres, y sus hijos pueden volver a caer en el sistema de protección especializado; es un circuito que no termina. En algún momento hay que hacer un esfuerzo en la especialización para poder cortar ciertos procesos, ciertas rutas que son más o menos predecibles. Esta es una invitación a la comisión para que trabajemos en ello. Nosotros tenemos una propuesta armada y hemos tenido cierta dificultad con el Ejecutivo para conseguir el patrocinio, pero nos parece un tema altamente relevante. Los tribunales y el Estado decidieron, en un minuto, aplicar una medida de protección para resguardar a estos niños de la vulneración; sin embargo, al cumplir 18 años, los volvemos a dejar, abandonados, solos y expuestos a situaciones de riesgo. Estamos hablando de 120 a 150 jóvenes al año, y creo que el Estado de Chile sí tiene recursos para atenderlos. Sería una respuesta interesante si lográramos extender dicha protección sin exclusión hasta los 21 años. Y lo otro, bueno, tiene que ver con el sistema de financiamiento. Es un tema que hemos hablado mucho también con el servicio y sobre el cual tenemos acuerdos en distintos ámbitos. Los organismos colaboradores lo venimos planteando desde hace mucho tiempo. Se trata de la necesidad, por un lado, de establecer en el corto plazo las necesidades financieras que tiene el sistema y determinar qué se podría hacer a través de una ley de presupuesto, y por otro, de pensar en una modificación de la ley de subvenciones por una ley de financiamiento que financie estándares, independientemente de la capacidad que tenga la organización para recaudar fondos. El Estado invierte dos o tres veces más del traspaso que hace a los organismos colaboradores, sin explicar por qué existen niños con distintivos de necesidades diferentes. Esto es un tema relevante que hemos planteado ya hace años, y esperamos que la próxima gestión gubernamental lo aborde con fuerza.

Porque hay un impacto en la intervención, en el impacto de la atención; hay un impacto también en las decisiones de cierre que algunos organismos han hecho de sus programas, por la incapacidad de financiar lo que los estándares hoy día piden y no tienen posibilidad de recaudar. En el caso de la aldea infantil, nosotros invertimos alrededor del 38 % adicional de lo que nos entrega la asociación con recursos propios en nuestro país, en otros siete programas de acogimiento residencial. Esa es, digamos, la magnitud actual de lo que requieren los niños y niñas. Incluso sentimos que todavía estamos, poco estamos al debe. Eso sería; nosotros celebramos, estamos totalmente a disposición para colaborar con la mesa de trabajo que ustedes han señalado, de poder establecer algunas jornadas compartidas. Y hay un segundo tema que ha ido surgiendo, que creo también puede ser interesante. Tiene que ver con el cierre eminente de los programas de la red Niño Calle. Ustedes saben que es un programa que, desde hace un año o un año y medio, viene con prórrogas semestrales; hoy ya se anunció que la red cierra a finales de mayo, con 150, 55, 260 niños en el programa y sin financiamiento para continuar su atención. Es increíble pensar que el Estado de Chile no tenga capacidad para financiar este programa de manera sustentable en el tiempo, con los recursos anuales que corresponden a la atención de los niños en situación de calle. Entonces, creo que ahí hay un aspecto interesante para esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina, también por la paciencia que tuvo en la sesión anterior, lo que me dio la posibilidad de venir. Sí, pero aquí pudimos cumplir y, esperemos, que podamos avanzar con todas esas propuestas que ya nos adelantó. No sé si algún diputado quiere comentar respecto de la exposición de la mesa en la residencia o damos paso a la red de AINFA y después hacemos comentarios. Señora Delia Delgado, usted tiene la palabra, junto a don Raúl. Señora Delia Delgado: Gracias, presidente. Buenas tardes, diputados y diputadas. Voy a hacer la presentación y, en caso de necesitarlo, Raúl Chiacaca, vicepresidente de AINFA, hará alguna intervención. Ahí tenemos la presentación. Comenzaré explicando brevemente qué es AINFA. Se trata de una asociación gremial de instituciones de infancia creada el 17 de abril de 2015, que logró personalidad jurídica el 11 de mayo de ese mismo año; exactamente ahora estamos cumpliendo 10 años. AINFA forma parte de la mesa de las cuatro redes que integran las instancias de la sociedad civil, colaborando y trabajando en coordinación con el Servicio de Protección Especializada. Es importante señalar que estas cuatro redes, de las cuales formamos parte, abarcan prácticamente a más del 90 % de las instituciones que trabajan con infancias y de los niños atendidos. Por lo tanto, cuando se habla de las cuatro redes, se establece una interlocución válida con esta comisión, con el Gobierno y con las instancias pertinentes, para discutir temas de interés. Relevamos esto porque, de una u otra forma –como se muestra en la siguiente (o, en el fondo, la primera) lámina– nuestro objeto consiste en fortalecer la relación entre la sociedad civil y los organismos del Gobierno. Cuando existía el SENAME, con el SENAME, y desde que este dejó de existir, con el Servicio de Protección Especializada, hemos potenciado el diálogo, el intercambio y la generación de una sinergia positiva, de modo que los intereses del Ejecutivo en la implementación de políticas públicas en beneficio de niños y niñas a nivel nacional cuenten con un referente técnico especializado que pueda… –––––––––– Del tema del salario mínimo: Del salario mínimo, cuando se habla de mantener el poder adquisitivo de la familia, se entiende que este debería estar anclado a un parámetro técnico, como la productividad, para que los montos no sean tan arbitrarios, especialmente considerando el aumento de costos y la coyuntura económica actual. Las empresas han sufrido aumentos de costos de todo tamaño, y el problema es cómo solventarlo sin afectar la planilla de trabajadores, siendo las primas las más afectadas. En relación al estudio del Banco Central, este, como siempre, es cauto en sus documentos, evitando extrapolar los resultados a nivel macro o de empleo global. Hacen la salvedad para empresas con alta representatividad de empleo, especialmente aquellas que remuneran con salario mínimo. Las pymes, que tienen una gran cantidad de trabajadores con salario mínimo, también muestran un impacto, aunque la literatura es variada y algunos economistas, bajo diferentes supuestos, encuentran distintos niveles de impacto. Sin embargo, es claro que existe un impacto, difícil de evaluar en la actualidad debido al subsidio que el Estado entregó el último año. Este subsidio ha mitigado el efecto, lo que hace preguntarse si algo que se suponía transitorio no se está convirtiendo en una ayuda permanente para evitar vinculaciones más dañinas. Respecto al reglamento y los plazos, queda en aprobar algo en blanco, con un cheque en blanco, ya que aún no se conocen todos los detalles, y esos se darán a conocer en otro gobierno. Muy bien, dejamos entonces ahora. En respuesta a lo de la productividad… (No, si yo tenía… muchas gracias, señora Ingrid. Le damos espacio; ahora quedan liberados quienes quieran esperar aquí, o, si prefieren, liberamos a la señora Michelle, académica e investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad de San Sebastián. Se puede ajustar a 10 minutos, gracias.) Tiene la palabra de bienvenida. Yo soy Michel y tengo la palabra: Muchas gracias, presidente. Ahí está la presentación. Voy a hablarles, de manera breve y fundamentada en datos, sobre lo que significa este proyecto de ley en términos del salario mínimo. Si vamos a la siguiente diapositiva, en términos simples –esto proviene de un paper del CEP realizado, entre otros, por el ex presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, titulado “Salario Mínimo: un aporte a la discusión”, y referido a la pregunta que se hizo previamente sobre qué aspectos deberían incluirse en la estimación del salario mínimo–, entonces déjenme caracterizar el salario mínimo y la proporción de trabajadores afectados por él…

Efectivamente, aportarle a esta gestión. Entonces, el primer objeto era, en el fondo, desarrollar planes y programas que vayan en beneficio de los niños e interactuar con la contraparte. Nosotros estamos postulando una alianza estratégica a nivel de este sector, que es la sociedad civil. Esto lo compartimos con las cuatro redes que conforman esta mesa a nivel, digamos, del país, de manera de poder generar trabajo de buena fe, en confianza y de colaboración. Y, por último, en nuestro caso, lo integran asociaciones y organismos colaboradores de infancia que trabajan básicamente con el servicio de protección especializado. En la siguiente lámina, que sigue, nosotros tomamos prestada, presidente, una lámina que utilizó el director nacional del servicio de protección especializado la semana pasada, ya que muestra muy bien cómo trabaja el servicio, cuáles son las líneas de intervención y en qué áreas estamos también trabajando. Ahí, lo principal es decir que acá existen líneas de acción: una es el diagnóstico especializado, diagnóstico clínico especializado y la pericia; esa es una línea en términos de intervención. Están también las intervenciones ambulatorias, los programas de acompañamiento territorial, los programas de intervención preparatoria, los programas de intervención en preparación de niños y adolescentes con familia alternativa y, por lo tanto, la prevención focalizada. ¿Qué es lo que queremos y qué se plantea acá? De una u otra manera, estamos abarcando –y el servicio está abarcando– una amplia gama de trabajo en la modalidad ambulatoria con los niños, cada vez de forma más especializada. Esto significa que se focaliza de la mejor manera el sujeto de atención, en este caso los niños y niñas y sus familias. Está también toda la línea de cuidado alternativo, relacionada con lo que recién expuso Paulina, que se refiere a todos aquellos niños que son atendidos en el sistema y que no están con su familia, ya sea en algún tipo de residencia o en familias de acogida. En resumen, tenemos la línea ambulatoria, que es la mayoritaria, atendiendo a niños, niñas y sus familias en sus propios hogares, y un grupo más pequeño, correspondiente al cuidado alternativo, ya sea en modalidad residencial o en familia de acogida. Por último, la línea de adopción, que es pequeña pero vigente, comprende el trabajo que realiza el servicio con aquellos niños que son declarados en condiciones de ser adoptados y, por lo tanto, buscan una familia de manera definitiva. Creemos muy firmemente, al igual que todo el sistema de redes de la OCA, en la posibilidad de adoptar a los niños como medida de protección por excelencia, ya que, si por alguna razón grave la familia no puede hacerse cargo de un niño, la adopción se convierte en la opción cuando el sistema residencial no permite que los niños vivan en un entorno familiar adecuado. Por lo tanto, aunque la línea de adopción es pequeña, es otra de las líneas que desarrolla el servicio. ¿Cuáles son las principales características de atención? Partimos de un diagnóstico que tenemos nosotros como INFA y que hemos compartido con las cuatro redes. Gran parte de lo planteado fue mencionado en la sesión pasada, como indicó también Paulina. Así, resaltamos que el diagnóstico del sistema de atención es ampliamente compartido por las cuatro redes. Lo primero es que hoy día exigimos altos estándares de acreditación. Durante el proceso de acreditación de las instituciones se establecieron niveles mucho más altos que anteriormente. Por ello, ustedes, como diputados y demás instancias que fiscalizan, constatarán que los estándares exigidos hace cinco, seis u ocho años son ya muy distintos y más rigurosos. Esto permite sentir que se está prestando un mejor servicio. Siempre se puede mejorar, como siempre decimos, y, aunque Paulina señaló algunas omisiones que aún persisten, desde el punto de vista del proceso se ha avanzado de menor a mayor nivel en algunas líneas, a pesar de ciertos baches y de una situación algo crítica en ciertos aspectos. En conjunto, el sistema de acreditación ha permitido mejorar los estándares existentes. El tema más crítico, como señaló Paulina, se ubica en el sistema de cuidado alternativo. Diría que en el ámbito residencial es donde la situación resulta más compleja, no solo por la falta de residencias, sino también por el perfil de niños y niñas que hoy se atienden, quienes presentan una complejidad mayor y lo que se denomina trauma complejo al ingresar al sistema. –––––––––––––––––––––––––– El IPC es la línea verde y esto demuestra que el salario mínimo no solo ha permitido cubrir el costo de vida –representado por el IPC, es decir, mantener la capacidad de compra–, sino que se ha incrementado a un ritmo mucho más acelerado, superando en más de tres veces el crecimiento del IPC y del salario medio. En la línea azul se observa el crecimiento del salario medio en Chile, que se ha multiplicado alrededor de seis veces en este período de 30 años, mientras que el salario mínimo se ha multiplicado aproximadamente 11 veces desde 1994, creciendo de forma muy superior al salario medio y muy por sobre la inflación. El gráfico está dispuesto hasta marzo del año 2025. Ahora, analicemos la propuesta de salario mínimo. Si se fijan, a partir del año 2022 la línea roja cambia de tendencia; si se traza una regla hasta ese año, la línea es más plana, y a partir de 2022 se produce un alza significativa en la tendencia del salario mínimo. Este cambio se observa en el contexto de un periodo de mayor inflación, aunque tanto la inflación como el salario medio han tenido incrementos mucho menores en comparación con el salario mínimo. Veamos los números: si calculamos lo acontecido desde el año 2020 hasta la fecha, la inflación se ha incrementado.

Esa atención, tal como planteaba Paulina, es mucho más alta y, a veces, no se está ejecutando de la manera que desearíamos. La oferta de atención de niños, niñas y adolescentes es ejecutada en más del 95 % por las OCA frente al Estado, lo que significa que, hoy día, el sistema lo implementan ONG, fundaciones, corporaciones y otras entidades sin fines de lucro, fiscalizadas en el fondo con el nuevo estándar de acreditación. Además, hay una parte pequeña, alrededor de un 3 % a 5 %, que es ejecutada directamente por el Estado. Esto se conoce como administración directa, es decir, las residencias y algunos programas de familias de la cofía son de administración directa. Este sistema ha funcionado prácticamente de la misma manera desde hace décadas, incluso desde antes de que nos involucráramos de manera significativa, aproximadamente desde hace 40 años o más. Se observa una mayor oferta de programas ambulatorios en comparación con el cuidado residencial, pues en muchos lugares este último no cuenta con la oferta suficiente. Tal como explicó Paulina, existe un escaso financiamiento: aunque el gobierno, la Cámara de Diputados y el Senado han esforzado en aumentar la subvención, el financiamiento para el sistema de cuidado residencial sigue siendo limitado, lo que se traduce en una falta de recursos para atender a niños con perfiles de alta complejidad. Me detengo brevemente en este punto, pues es un tema de larga data. Durante al menos los últimos 15 años –y posiblemente más– se ha evidenciado que la oferta del sistema residencial no responde adecuadamente a la complejidad de ciertos casos. En la práctica, una misma residencia para niños de protección simple puede recibir a uno, dos o tres niños que requieren una atención especializada debido a la complejidad de sus situaciones. Esto genera que, cuando un niño presenta una problemática más severa, se produzcan descompensaciones y complicaciones importantes dentro del centro. Esta situación ha llevado a que muchas instituciones dejen de ejecutar programas de residencia, debido a la falta de herramientas y recursos necesarios para atender a los niños de alta complejidad. Por ejemplo, si un niño tiene problemas de drogadicción, situación de calle, además de episodios de maltrato y abuso, se trata de una complejidad sistémica que requiere atención especializada, lo que termina sobrecargando el sistema. Asimismo, el funcionamiento del intersector presenta serias deficiencias. Tal como lo manifestó Paulina, la situación se ha mantenido durante más de 10 o 15 años sin la cantidad necesaria de funcionarios. Se requiere que el intersector opere de manera efectiva, de forma que la atención en salud –especialmente la psiquiátrica para casos complejos– se priorice y no se reduzca a una mera lista de espera, situación que en la práctica retrasa la atención urgente que necesitan muchos niños. El problema también incide en el ámbito educacional. Cuando un colegio no puede atender de forma oportuna una crisis en un alumno, se opta por trasladarlo a la residencia, donde en ese momento vive. Si bien el sistema escolar continúa ofreciendo instrucción, esta situación evidencia la carencia de una solución integral y especializada. Vale la pena destacar que, a pesar de lo dramático de la situación, este grupo de niños con alta complejidad representa solo una pequeña fracción frente a los casi 5 millones de niños que existen en Chile.