La patria se abre la sesión. El acta de la sesión número 6 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión séptima ordinaria se pone a disposición de las señoras y señores diputados.
Requiero el acuerdo de los integrantes de esta comisión para... ah, ya, eso lo vamos a hacer más ratito. La cuenta. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente.
Se ha recibido solamente un documento, que es el oficio 272 de la subsecretaria del Patrimonio Cultural, mediante el cual se da respuesta a un requerimiento de esta comisión en orden de informar sobre la creación, los objetivos y los recursos asignados para llevar a cabo la política de cuidado y preservación del patrimonio. Y, por otra parte, se señala por qué la adquisición de las propiedades de los expresidentes de la República, Salvador Allende y Patricio Erwin, no se efectuó mediante la declaración de monumento nacional o, en su defecto, como inmuebles de concedencia.
Relación histórica. Esa es toda la cuenta. Ese es un oficio, ¿no es cierto? Pueden ponerlo, si no es muy grande, entregarlo en el WhatsApp del grupo, por favor, señor secretario.
Ofrezco la palabra sobre la cuenta. La presente sesión tiene por objeto tratar las materias a que aluden los mandatos conferidos por la Sala.
Ha sido invitada a esta sesión la señora Marcela Sandoval Osorio, ex ministra de Bienes Nacionales y ex diputada, junto a su abogada, señora Francisca Millán, quien nos comentó que venía en camino, pero tuvo un percance. Mientras esperamos algunos minutos, suspendamos la sesión, ¿ya? – Sí, diputada Pizarro.
Bueno, buena idea. Conversaba hace unos minutos con la abogada de Bienes Nacionales y se comentó que existe una minuta que, según la ex jefa jurídica de Bienes Nacionales, no ha llegado a esta comisión, respecto a las advertencias que supuestamente se habrían hecho. Ella nos señala que dicha minuta no se encuentra a disposición de Bienes Nacionales; se trata de una minuta que está en poder, al menos por lo que se ha visto públicamente de la Fiscalía. Quería ratificar esa información. Sorprende que no se haya formalizado como minuta formal, pero la ex jefa jurídica estará presente la próxima semana, lo que nos dará la oportunidad de hacerle las preguntas pertinentes en atención a ese documento.
Diputada Clara Zagartis: ¿Cuándo termina la comisión, en el ámbito de sucesiones ordinarias?
La comisión termina el 23 de mayo, diputada.
Diputada Pizarro: Invitadas e invitados, ¿cuántos terminaríamos la otra semana o no? Yo creo que ni en seis meses terminaríamos, dada la cantidad de invitados y la conversación que esperamos tener entre todos los parlamentarios. Vamos a ver si es necesario alargar o bien terminar en el plazo establecido.
Ordenemos lo siguiente: vamos a pedirle al secretario que actualice el listado de invitados que faltan por venir y, con base en ello, evaluemos la relevancia de su presencia o, en su defecto, consideremos que los testimonios de algunos ya fueron recogidos para aclarar ciertas dudas de los parlamentarios. Espero que en la próxima sesión abordemos ese punto.
Hay que considerar que, si no escuché mal, es el 23 de mayo – día viernes – cuando termina la comisión y nosotros comenzamos la semana distrital. Entonces, si no tomamos el acuerdo ahora, la sesión quedaría hasta esa fecha, ya que después no tendremos plazo para solicitar una ampliación. ¿Lo dejamos aquí o ampliamos los 15 días que permite el reglamento?
Diputada Zagardía: Sí, usted tiene un punto. Si hay acuerdo para extenderla por 15 días más, podríamos adoptar el acuerdo de inmediato. ¿Habrá acuerdo para ello?
Diputada Pizarro: Ya está acordado, pero quiero incorporar la sugerencia del presidente de que se nos haga llegar el listado actualizado y que, por último, se ordene – vía WhatsApp – quiénes participarán durante esos 15 días. Creo que es necesario darle un cierre que nos permita emitir un buen informe y concluir de manera seria respecto a la asistencia en la comisión durante ese período.
Muchas gracias, diputada Pizarro.
Señor secretario, le encargo que actualice el listado de invitados. Asimismo, en relación al oficio enviado por la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, solicito que esta subsecretaría nos aclare, respecto al segundo punto, quién es o quién sería la autoridad que debe definirlo.
La valoración patrimonial en calidad de Monumento Nacional, que no lo precisan en el oficio, o en su efecto como inmueble de conservación histórica. Después lo pueden ver, señor secretario.
Ya, ¿suspendemos unos minutos? Sí, señor. Suspendemos. Suspendemos. Ya, vamos a reanudar la sesión.
Agradezco la presencia de la exministra y exdiputada Marcela Sandoval por estar hoy acá con nosotros, acompañada de su abogada, la señora Francisca Millán. Quiero recordar que ellas no tenían la obligación de asistir a esta instancia y, por ello, se valora doblemente el haber entregado hoy su testimonio en esta importante comisión investigadora a propósito de la fallida compra de la casa del expresidente Allende.
Exministra, quisiera dejarle, obviamente, a su disposición el uso de la palabra, o si prefiere que los parlamentarios le formulen preguntas de inmediato; usted determinará, en razón de su tiempo y de su disposición, el momento oportuno para ello.
Muchas gracias por su intermedio, presidente. Saludo a las diputadas y a los diputados que conforman esta comisión investigadora. Como usted bien dijo, no estoy obligada a concurrir a esta comisión, pero, así como lo he hecho en otras instancias —en la instancia penal de la comisión, en la que fuimos a declarar ante la Fiscalía—, la intención de participar hoy es referirme puntualmente a la información que manejábamos de acuerdo a nuestro rol.
Evidentemente, en aquellos aspectos que son reservados y que pertenecen a la investigación que lleva el Ministerio Público, como ustedes comprenderán, no podremos ahondar por este intermedio.
Vamos a contextualizar el marco de la función que me corresponde en el trámite de la compraventa de la casa del expresidente Allende y, posteriormente, dejaremos un espacio —en un marco muy general— para que después los diputados y diputadas de esta comisión nos formulen preguntas. Estábamos esperando unos apuntes que nos iban a imprimir, pero me los pasan en cualquier momento.
Bueno, en primer lugar,...
En primer lugar, me refiero al periodo en que a mí me corresponde ejercer como ministra de Estado en el Ministerio de Bienes Nacionales. Yo asumí en agosto de 2023 y mi periodo se acota hasta mi salida en enero de 2025. De manera que, para que se hagan una idea, aquí los diputados y diputadas que conforman esta comisión, es ese el periodo en que me toca ejercer como ministra de Estado.
Dentro de ese periodo me tocan numerosas tareas que son parte de la agenda prioritaria del Ministerio de Bienes Nacionales. Entre ellas, por ejemplo, teníamos un rol incidente en el plan de emergencia habitacional, en temas de control de la seguridad y recuperación de terrenos usados ilegalmente en la macrozona norte, específicamente. ¿Y por qué doy estos dos ejemplos? Porque es importante referirnos a las tareas específicas y prioritarias del Ministerio de Bienes Nacionales al momento de que se me encarga la compraventa de la Casa de Guardia Vieja.
A fines de junio de 2024, recibí un llamado de parte del asesor de Presidencia, don Leonardo Moreno, quien entiendo fue citado también a esta comisión – no sé si habrá concurrido o no – comunicándome que el Ministerio de Bienes Nacionales debe gestionar esta compra en el entendido de que había un propósito mucho mayor, relacionado con la recuperación de los inmuebles de los expresidentes de la República, de manera de poder resguardar en términos de patrimonio fiscal la memoria de los expresidentes. Se indicó además que se nos citaría a una reunión a los equipos técnicos para poder llevar adelante esa función.
Eso es a fines de 2024; y es importante mencionar esta fecha, ya que ustedes han tenido la posibilidad, por intermedio de la presidencia de esta comisión, de escuchar al Servicio de Patrimonio, al Ministerio de Culturas, de las Artes y Patrimonio. La glosa que facultaba la gestión museográfica de estos proyectos estaba asociada al Ministerio de las Artes, de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Este presupuesto fue aprobado a fines de 2023 y, durante todo el periodo, se mantuvo adjudicado como tarea al Ministerio de las Culturas, no al Ministerio de Bienes Nacionales.
Esta era una tarea intersectorial, en la que el rol del Ministerio de Bienes Nacionales se definía como acotado, y así se nos indicó desde un principio. Es decir, estábamos encargados de llevar adelante la ejecución de la administración y de los términos administrativos, puesto que la naturaleza de nuestra función –la compra y venta de inmuebles para el resguardo fiscal– se consideraba más idónea para este ministerio que para, por ejemplo, el Ministerio de la Escultura o el Servicio del Patrimonio.
Debo decir que una de las primeras aprehensiones que tuvimos, en su momento, con los equipos técnicos –una vez que fueron citados, en una tarea coordinada desde los asesores de Presidencia, es decir, Leonardo Moreno y Bernadita Nazar, la sectorialista encargada de interactuar con distintos ministerios, incluido el Ministerio de Bienes Nacionales– fue que, al ser citados los equipos del Ministerio, se nos indicó que nuestro rol se limitaba a ello, y que la gestión museográfica seguiría estando en manos del Ministerio de las Culturas. En esa primera instancia, tanto los jefes de gabinete de Cultura como de Bienes Nacionales advirtieron posibles conflictos de interés o aristas políticas que debían ser abordadas en este proceso. En ese sentido, se nos comunicó que esos temas se revisarían en el desarrollo de la tarea, pero que se iban a comunicar con las respectivas ministras para informarles que esta tarea va a ser...
Va hacia adelante porque hay un presupuesto asociado y que es perentorio, puesto que la ejecución presupuestaria debía ser antes de fin de año. En ese sentido, después, las segundas aprehensiones desde el Ministerio que me levantan los equipos técnicos son los plazos. Evidentemente, todos aquí coincidimos en que queremos que el Estado funcione de manera mucho más rápida y eficiente, pero los procesos del Ministerio de Bienes Nacionales, como de otros ministerios, requieren de muchas revisiones y eso no se hace en tiempo récord. Existen determinados instrumentos que aplicar, estudios de tasaciones, varias revisiones, y evidentemente eso, en cinco meses, era una tarea compleja.
Y ahí también, entiendo que acá vino el jefe de la División de Bienes Nacionales, que era el mismo jefe que estaba en el ejercicio de la función cuando yo era ministra, don Pablo Maino, y que él estuvo a cargo de esta tarea administrativa dentro del ministerio. Esa división hace una carta GAN, la presenta al equipo, digamos, de asesoría del presidente, como manera de hacer ver que esto es muy complejo, pero que, si se nos pide como una iniciativa evidentemente prioritaria y presidencial, vamos a hacer todo nuestro mayor esfuerzo para cumplirla.
Aquí quiero ser muy clara: en primer lugar, esta fue una tarea, como mencioné al principio, fraccionada de alguna manera en que varias instituciones tenían un rol. Por un lado, Hacienda y DIPRES en temas presupuestarios, evidentemente, porque el presupuesto primero estaba adjudicado al Ministerio de las Culturas, por lo tanto, había que hacer después una gestión de traspaso; el Servicio al Patrimonio, por el rol que le correspondía luego en la gestión museográfica del proyecto; el Ministerio de Bienes Nacionales, por el acto administrativo de la compraventa; y, evidentemente, todas las instancias ligadas a la Presidencia, la división legal y jurídica de la SECPRES, que es la última visación en cualquier trámite antes de que firme el presidente. Por lo tanto, era una tarea fraccionada con muchas tareas que ocurren en el Ejecutivo. Dicho lo anterior, a mí no se me cita en ninguna reunión, digamos, técnica, porque esta tarea queda radicada en los equipos técnicos de los ministerios.
Quiero aclarar desde un comienzo que yo no participé en ninguna reunión con los asesores de la Presidencia respecto de este tema en particular, porque hay otros temas que son, evidentemente, prioritarios, como el de la macrozona norte, la seguridad y el plan de emergencia habitacional, en que son tareas prioritarias sectoriales, y que, evidentemente, a los ministros se nos consulta mucho por esas tareas, porque hay programas, presupuestos comprometidos y son parte de la gestión de determinado ministerio, en este caso, de vivienda y, en el caso de la seguridad, del Ministerio del Interior. Entonces, para eso sí se nos cita y se nos pide exposición permanente. En este caso, como era una tarea fraccionada, muy acotada al rol administrativo, no se involucra a los ministros y a las ministras respectivas.
Respecto a esto, no obstante, en este punto empiezan a surgir desde el comienzo reparos y observaciones de parte del equipo del Ministerio de Bienes Nacionales, que no tenían que ver solo con los aspectos administrativos respecto a los plazos, sino también con aristas comunicacionales, políticas y jurídicas que se referían principalmente a temas de conflicto de interés. En este punto, quiero ser muy honesta y transparente con ustedes: nunca se mencionaron dentro de estas advertencias las inhabilidades constitucionales. Eso no estuvo, digamos, dentro del arco de advertencias que circuló en el Ministerio de Bienes Nacionales. Y esto tiene una razón que, si bien no excusa, teóricamente puede ser que muchos de los abogados que pertenecen al ministerio efectivamente conozcan la inhabilidad constitucional. El punto es que, en el instrumento que hoy existe para evaluar los procedimientos de compraventa en el Estado relacionados con el Ministerio de Bienes Nacionales, no está contemplada la observancia de las inhabilidades constitucionales, porque lo que hace es observar todos los temas que competen al Estado, no a la parte vendedora, sino que, en el fondo, es al ejercicio del Estado.
Por lo tanto, vemos también muy positivamente que el ministro actual haya anunciado que se esté modificando ese procedimiento, porque efectivamente es...
Hoy no está dentro del chequeo de, digamos, compraventa, y por eso es coherente con la vista de legalidad que hizo la Contraloría, puesto que el Ministerio de Bienes Nacionales emite primero un decreto que autoriza un trámite y luego pueden pasar muchos meses incluso para que efectivamente se apruebe dicho trámite. Lo que hace la Contraloría –y que muy bien explicó la Contralora en su minuto– es realizar una especie de checklist, una revisión de antecedentes administrativos que incluye el estudio de título, la identificación de la comunidad heredera, los valores, las tasaciones que se requieren desde el Estado, la comparación con las tasaciones privadas, y el cumplimiento de una serie de requisitos. Posteriormente, la Contraloría tiene la posibilidad de emitir, en el decreto aprobatorio, la autorización que confirme si este trámite llega a término o no.
Eso ya es materia del control de legalidad realizado por la Contraloría y no del Ministerio de Bienes Nacionales, pero sí es algo que, en coherencia, pudimos observar para dejar espacio a las preguntas. Yo quisiera, entonces, hacer una prescripción, si bien las advertencias por parte del equipo que tenía en Bienes Nacionales –particularmente de la División Jurídica del Ministerio– indicaban que, al llegar este trámite, se reforzaba el argumento de las aristas políticas, comunicacionales y jurídicas. Por ello, instruí tanto a la Jefatura de Gabinete como a la jefa de la División Jurídica, Macarena 10, para que gestionaran una reunión con los asesores de Presidencia y hacer notar, e insistir en este punto. Se gestionó dicha reunión y se efectuaron las advertencias, conformándose con esos elementos una minuta que está a disposición de la Fiscalía. En ese momento, dicha exposición verbal a los asesores de Presidencia no formaba parte del expediente, pero sí lo integra junto con los trascendidos ocurridos en empresas.
Asimismo, me comuniqué, en el último llamado a fines de noviembre o ya en diciembre, con Leonardo Moreno, cuando se me indicó que este trámite debía tener prioridad para agilizar la gestión y los trámites. Le señalé que continuaba preocupada por las aristas comunicacionales y políticas de este tema, y se me recordó –tal como se encuadraba a los equipos técnicos– que nuestro rol era estrictamente administrativo, mientras que las aristas políticas y comunicacionales correspondían a otras instituciones y autoridades; en este caso, las comunicacionales serían abordadas por la SECOM, y debíamos esperar sus instrucciones, siendo las aristas políticas competencia de los asesores de Presidencia.
Quisiera ser muy honesta con ustedes, pues en la retrospectiva de lo ocurrido en estos meses, no es la misma evaluación que uno puede hacer al salir de un cargo. Tengo plena claridad de que, independientemente de la labor acotada que desempeñé en ese momento respecto a esta tramitación –uno ocupa un cargo de confianza política y otro se encarga de la administración, asumiendo esa responsabilidad–, desde el principio yo me comprometí a enfrentar esa responsabilidad: tanto explicándole a los medios de comunicación como haciendo valer mi renuncia al cargo, sin cuestionarla, y además participando en todos estos procesos que buscan mejorar los procedimientos y esclarecer los hechos. Visto lo anterior, la autocrítica que realizo, en el marco del reto propuesto, tiene que ver con haber verificado que quienes tenían el rol de asesorar efectivamente al presidente pudieran haber transmitido las advertencias jurídicas, políticas y comunicacionales que, al menos en el Ministerio de Bienes Nacionales, se habían levantado. Con esto insisto: no me estoy refiriendo a las inhabilitadas constitucionales, pues sería deshonesto de mi parte afirmar que en algún momento se mencionaron en alguna reunión o conversación –al menos de aquellas en las que estuvo presente mi equipo.
Por lo mismo, creo que aquí la autocrítica que uno tiene que hacer también es que, en cualquier cargo en que uno esté como autoridad política independiente —aunque existan otros intermediarios o personas encargadas de coordinar dicha función— lo que corresponde es insistir y verificar que efectivamente esas advertencias lleguen a quien corresponda. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señora Marcela Sandoval, por su testimonio y a la abogada que está presente. Voy a dejar abierto el uso de la palabra, diputada.
Muchas gracias, presidente, y doy la bienvenida a la exministra y a su abogada por estar acá, porque, efectivamente, tal como usted indicó al inicio, no tenía obligación de venir y se agradece cuando las personas asisten a las comisiones investigadoras no por obligación, sino por responsabilidad. Por ello, parto por agradecerle eso, señora Marcela Sandoval.
A mí me gustaría que usted, específicamente, me dijera cuáles fueron las aprehensiones de los equipos técnicos —sobre todo en cuanto a lo político y a lo comunicacional— que usted comunicó al señor Moreno. Y, aunque según lo indicado pudo haber sido verificado que el presidente estuviera al tanto de esto, claramente usted confió en que estas aprehensiones hubieran llegado al presidente, lo que aparentemente no ocurrió. Entonces, le solicito que me detalle cuáles fueron esas aprehensiones que surgieron en los equipos técnicos de Bienes Nacionales. Muchas gracias.
Presidente, en primer lugar me sumo y agradezco a la exministra por haber asistido, sin tener obligación legal, a esta comisión. A ver, son dos preguntas: la primera, bastante simple, es para confirmar que, según usted misma señaló, el Ministerio revisa todo lo que tiene que ver con el fisco, en este caso con los compradores. Y como en una compraventa hay dos partes, ¿quiénes eran aquellos que tenían la responsabilidad de revisar las inhabilidades que podrían existir respecto de las personas participantes en la compraventa? ¿A quién le correspondía hacerlas valer o emitir un llamado de atención?
La segunda pregunta se refiere a lo siguiente: el 22 de septiembre de 2024, usted envió una carta al abogado Felipe Pío, quien, para todos los efectos legales, representaba a la familia Allende, dado que tenía el mandato amplio para negociar precios, firmar todos los documentos —entre ellos la compraventa— y percibir el precio en representación de la familia Allende, siendo además yerno de la exsenadora Isabel Allende. En dicha carta usted indicó que, de acuerdo a las tasaciones encargadas al Ministerio, el valor de compra sería de 21.904,59 unidades de fomento mensuales.
Sin perjuicio de ello, el 9 de octubre el señor Vío envió una carta señalando que el valor indicado resultaba bajo, en virtud de la depreciación de las construcciones, etcétera. Posteriormente, el 25 de octubre de 2024, usted envió otra carta, en la que, no obstante defendiendo las tasaciones efectuadas por el Ministerio, señaló que su solicitud se había acogido parcialmente. En consecuencia, el valor dejó de ser 21.904,59 para establecerse en 24.291,72 unidades de fomento; es decir, que el Ministerio, en el lapso de un mes, corrigió su tasación y aceptó subir el precio en prácticamente 100 millones de pesos ante la solicitud de los vendedores.
A mí me gustaría saber por qué esa decisión de acoger parcialmente —con su carta, perdón— resulta en un aumento del precio, ya que no observo un criterio objetivo para justificar dicho incremento, más allá de lo señalado en la acogida parcial.
La solicitud, la tomó usted sola; fue conversada. Usted pidió autorización para subir el precio ante el solo requerimiento de la familia Allende; esa es la pregunta. Gracias, diputado Benavente, diputada Clara Zagardia, a la ex ministra y se agradece también que, sin tener la obligación legal de venir y estar aquí con nosotros, respondiendo a los cuestionarios de esta comisión investigadora.
Yo voy a hacerle dos preguntas. Se habló aquí de que este trámite, que en principio comenzó en Cultura –creo–, luego fue derivado a Bienes Nacionales. Algo se dijo al respecto, entonces quisiera que me aclare: ¿cuáles fueron las razones que le llevaron a que se hiciera cargo Bienes Nacionales de esta compra? ¿Fueron razones de presupuesto, de cuidado de los bienes u otras razones?
La segunda pregunta es sobre las alertas que dieron en Bienes Nacionales acerca de las posibles inhabilidades de los vendedores –es decir, de la familia Allende–. Quisiera saber si dichas alertas se hicieron de forma verbal o escrita, y en cuántas oportunidades y a qué personas se comunicaron.
Gracias, presidenta. Gracias, diputada.
Diputado Bernales:
Yo quiero sumar algunas preguntas más, señora Sandoval. Primero, en relación a la minuta, la famosa minuta ejecutiva: ¿por qué no está a disposición de Bienes Nacionales? ¿Es porque fue un documento entregado en una reunión y expuesto en ese contexto? Según consta en algunos medios de prensa, y dado que este documento estuvo en manos de la Fiscalía, se han expresado consecuencias políticas y jurídicas. Entonces, quisiera saber: ¿cuáles eran las consecuencias jurídicas? Usted indicó que no se advirtió ni la inhabilidad ni la inconstitucionalidad; ¿qué otra consecuencia jurídica podía derivarse? Tanto Macarena Díez, jefa jurídica, como Denise Hernández, que fue su jefa de gabinete, han señalado en sus testimonios públicos que, de hecho, se advirtió en reiteradas ocasiones, inclusive solicitando reuniones adicionales, que existía un conflicto de interés. Por ejemplo, en una de esas reuniones se indicó que el señor Moreno, quien la iba a llamar, dijo que no se podía continuar de esta manera por dicho conflicto. ¿Qué otro conflicto de interés podría existir para una exministra o exsenadora, si no es por inhabilidad o inconstitucionalidad?
Por otro lado, se mencionan varios llamados. Usted llamó primeramente al señor Moreno y, luego, él indicó que se iba a comunicar con usted. Quisiera saber con mayor detalle: ¿qué se le advirtió? ¿Le comunicó alguna consecuencia jurídica en específico en este caso? ¿Cuáles fueron las advertencias concretas, y dejó constancia por escrito de que no se podía continuar? La impresión que se da, señor Sandoval, es que a pesar de haberse hecho las advertencias, usted terminó dejando el cargo, mientras que quienes se involucraron directamente en esta operación –al menos no todos, partiendo por la jefa jurídica de Sexpress– no lo hicieron.
Usted sugirió que quienes deberían haber revisado el documento no lo hicieron. ¿A quién se refería? Por ejemplo, a Sexpress, pues ustedes realizaron el decreto y luego dicho decreto debía ser revisado. Entonces, quisiera que ahonde respecto a quién tenía la obligación de revisar este documento.
Finalmente, ¿conversó con alguien de la familia Allende? Se menciona la llamada del señor Crispi con su madre, en la que incluso llama al portero, lo cual es una conversación privada sobre la que cabe levantar dudas. Quisiera saber si se comunicó con usted algún miembro de la familia, o si fue el presidente Boric, el jefe de gabinete, o el mismo señor Crispi, directamente, para apurar este asunto, dado que estaba a cargo el señor Moreno.
La señora Denise Hernández ha señalado que existían presiones excesivas para que todo este proceso saliera lo antes posible. Y con esto, cierro mi intervención. Cabe destacar que, en la reunión del 3 de enero, Denise Hernández afirmó que en esa reunión, en la que estuvieron presentes todos los involucrados, dijo: "yo les advertí".
Esto, les advertí que que había consecuencias jurídicas, es decir, deja entrever que se había advertido la inhabilidad. Y el señor Moreno dice: "No, ahora no nos vamos a preocupar de eso". Entonces, me cuesta comprender que no exista la certeza de que se advirtió, cuando los involucrados, Magdalena Díaz e Inés Hernández, tratan por todos los medios hacer que esto se sepa. Quisiera saber, ahí específicamente, ¿a qué se refería entonces con un conflicto de interés? ¿No era específicamente ese, a pesar de que Inés Hernández lo señala claramente?
Respecto a las tasaciones, hay un cambio en el valor. Quisiera saber el procedimiento: ¿es usual que el Ministerio de Cultura realice una tasación previa y posteriormente se pase la gestión a Bienes Nacionales? Con la casa del expresidente Allende la instrucción fue clara: esto lo gestiona Bienes Nacionales, lo cual resulta razonable. Sin embargo, ¿es natural que pase primero por Cultura y después por Bienes Nacionales? Porque Cultura realizó una tasación extremadamente alta, al menos en relación con la tasación que había hecho la familia Allende. A propósito, Genaro Cuadros, quien estaba a cargo de la fundación, manifestó que la tasación era de 800 millones. Ustedes hacen una tasación parecida y, posteriormente, se incrementa en más de 93 millones, producto de que el yerno de la senadora Allende hizo una presentación a Bienes Nacionales. Quisiera saber si hubo algo adicional, si se presentaron presiones o algún tipo de llamado, y cuál fue el criterio con el que se determinó esto. A todas luces, parecería que el valor más acorde era el que ustedes habían señalado inicialmente y no el que finalmente se determinó por Bienes Nacionales a instancia del yerno de la senadora Allende.
Por un segundo... Son varias preguntas, algunas relacionadas, entonces no voy a seguir un orden estricto, ya que algunas se vinculan. Respecto a las cuestiones político-comunicacionales, no es que hayan existido varios llamados; primero se me informó que esta gestión se realizaría a cargo del Ministerio de Bienes Nacionales y no de Cultura, como inicialmente se encomendó muchos meses atrás. Mi primera pregunta a Leonardo Moreno se refiere a las cuestiones presupuestarias, pues el presupuesto de Bienes Nacionales no disponía de dinero para ello y no estaba contemplado ni entre sus prioridades programáticas, ni entre sus tareas prioritarias, ni en términos presupuestarios en el ministerio. Entonces, se me dijo: "Bueno, esa cuestión la vamos a gestionar nosotros desde Presidencia con DIPRES directamente", lo que despeja esa primera inquietud y que se atenderá más adelante.
Luego, el segundo tema de preocupación, en ese mismo instante y sin mayores antecedentes, surge por haber encomendado la tarea a Bienes Nacionales. A todas luces, cuando hay personas en cargos de representación pública o política, ya se trata de una arista comunicacional y política compleja, por lo que resulta pertinente preguntarse: ¿quién lo supervisará? Esto se irá analizando en el camino; los temas comunicacionales serán atendidos por la instancia correspondiente más adelante, en ese primer llamado. Y, para ser justos y coherentes, es precisamente en el momento en que se encomienda la tarea cuando debe gestionarse de manera adecuada.
Finalmente, existen algunas comunicaciones intermedias telefónicas, pero otro llamado importante se produce casi al final del trámite, en noviembre, cuando se insistió notablemente a los equipos técnicos de Bienes Nacionales para acelerar la gestión, ya que había plazos que cumplir en el Presupuesto de la Nación. Esto ya había sido traspasado a Bienes Nacionales, tanto la glosa como el ítem presupuestario, por lo que debía ejecutarse en ese plazo del 2024.
Y esa insistencia, efectivamente, los equipos técnicos la recibían. Era una insistencia, digamos, de cumplimiento para el presupuesto. En ese sentido, yo vuelvo a llamar a Leonardo Moreno, o él me llama para afinar este trámite, y le digo: “Mira, la verdad es que sigo preocupada por la participación de autoridades en este tema.”
Entonces, cuando hablamos de aprehensiones políticas comunicacionales, insisto —de manera totalmente honesta en esta comisión, porque no es mi interés faltar a la verdad— en que nunca se habló de inhabilidades constitucionales. Teóricamente, puede que cuando se referían a conflicto de interés, las abogadas también pudieran referirse a eso, pero nunca se explicitó.
Cuando ocurre esta exposición con los asesores de Presidencia, esta minuta que ha trascendido en prensa ocurre a instancia de una instrucción mía. Tanto la jefa de la División Jurídica como la jefa de Gabinete se reúnen conmigo y me hacen ver diversos temas relacionados con este trámite. Algunos eran administrativos: por ejemplo, los equipos no van a cumplir con el plazo, esto es muy complejo, faltan algunos documentos, y necesitamos un mayor plazo para revisar y para llegar a la Contraloría. En fin, había cuestiones que eran como de la carta GAN y otras, además de la preocupación por el tema comunicacional. Y respecto a lo jurídico, en particular, hay temas a los que me refería como conflicto de interés —término que aparecía en la exposición de la jefa de la División Jurídica— y negociación incompatible, esos dos términos que utilizaba.
En esa instancia, indico que se gestione una reunión con los asesores a cargo de esta tramitación, los asesores de Presidencia, para que les quede clara nuestra postura frente al trámite, entendiendo que el rol acotado de Bienes Nacionales era ejecutar la administración de este acto. Aun así, digo: no descansemos en aquello y veamos esta posibilidad. Esa reunión ocurre, la minuta se verbaliza y se exponen los puntos. Por tratarse de una investigación penal y de que este tema, en particular, hoy día está en Fiscalía, no puedo referirme más, además de que no soy abogada, respecto a los términos de conflicto de interés y negociación incompatible; pero son esos dos términos los que se me exponen.
A partir de mi intervención, la jefa de Gabinete y la jefa de la División Jurídica gestionaron esta reunión con los asesores de Presidencia para reiterar nuestra postura.
Respecto a otro punto planteado por dos diputados, en cuanto a si el Ministerio de Bienes Nacionales debe, de acuerdo con los instrumentos que se disponían en el momento en que yo ejercía el cargo —porque ahora existe un espacio de mejora y se están corrigiendo— revisar todos los temas relacionados con la parte compradora, en este caso el Estado, cabe precisar que en cualquier compra que haga el Estado de un inmueble existe un representante legal que vela por los intereses del representado. En el caso del Estado, se debe resguardar el patrimonio del fisco y velar por las reglas que lo rigen, existiendo un instrumento que observa estos requisitos.
Y esto lo quiero vincular también con la intención, según ha sido expresado en esta comisión de la actual gestión, de incluir la observancia de las inhabilidades constitucionales en estos procesos de compraventa. Porque hasta el día de hoy —cuando yo ejercía el cargo— eso no existía; estaban separadas esas observancias, lo cual no tiene que ver con este gobierno, sino con el instrumento que contaba el Estado hasta ese momento.
Algo que ha quedado también aquí, y que algunos diputados han consultado a través del presidente, tiene que ver con las tasaciones. Las tasaciones del fisco, en general, son siempre más bajas que las tasaciones privadas.