Senado - Obras Públicas - 7 de mayo de 2025

Si la patria se inicia la sesión. Muy buenas tardes. Saludo a los senadores que nos acompañan: senador Coloma, senador Gaona, senador Walker y senadora Alejandra; y saludo también a las autoridades que representan hoy al Gobierno, para poder partir con los temas de tabla. Pedimos la cuenta, por favor, si la puede presentar, secretaria. Gracias, presidenta. La comisión ha recibido los siguientes oficios de respuesta, a oficio a su vez enviado por esta comisión. El 24 de abril se ha respondido un oficio de esta comisión, de 7 de agosto de 2023, en el que se solicita al Ministerio de Obras Públicas realizar los esfuerzos necesarios para acelerar la construcción de dos plantas desaladoras multipropósitos previstas para las cuencas de los ríos, el kirí marí, llamando a su licitación durante el año 24 y no el 25 como se había comprometido. Se enviará la respuesta a los respectivos correos electrónicos. Sí, eso dice, pero se aclara que se están dando respuestas a oficios que estaban rezagados, pues el oficio era del 23. También se ha respondido un oficio de nuestra comisión, de fecha 17 de diciembre de 2023, por el cual, a requerimiento de la honorable senadora Sepúlveda, se expresó su malestar ante la contratación en esa cartera de personas que, según ella, no tenían la experiencia necesaria para el cumplimiento de las funciones que debían desarrollar. La respuesta correspondiente llegará por correo electrónico, senadora. Asimismo, se envía otra respuesta, por correo electrónico, a un oficio de noviembre de 2023 que solicita considerar observaciones y planteamientos respecto del pago de las remuneraciones a trabajadores de una empresa, Sañato Ingenieros, en el cual solamente la comisión recibió los antecedentes y los remitió para que trabajaran en Embalse Convento Viejo. También se respondieron esos oficios y se enviaron los antecedentes. Además, se ha recibido un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional, solicitado hace un par de sesiones, relacionado con el proyecto de ley que deroga el artículo 114 de la Ley de Tránsito, correspondiente al Boletín 16.346-15, que está en la Cámara de Diputados y que contempla la eliminación de la sanción por no uso de TAG en las rutas concesionadas. Dicho informe llegó, pero falta complementarlo con otro; se informa, asimismo, acerca de las consecuencias que tendría, y se requiere un segundo informe sobre la constitucionalidad de este proyecto de ley, que aún se encuentra en la Cámara de Diputados. Finalmente, se da respuesta a un oficio de esta comisión de marzo de 2025 por parte del Director Nacional de Vialidad, en el que se solicitó información acerca del estado de avance de la ruta Curanilagua y Nacimiento. Enseguida, se presentarán dos oficios de cumplimiento de glosas presupuestarias y una solicitud de la comisión de cumplimiento de glosas presupuestarias, los cuales serán enviados a sus correos.

Solicitud de audiencia de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios Andes para recibir a su presidenta y que pueda dar la opinión del gremio respecto del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la legislación aplicable a los servicios públicos sanitarios en materia de servicios no regulados, de fijación tarifaria y de cumplimiento de planes de desarrollo por parte de los prestadores. Se aclara que este proyecto se encuentra en segundo lugar en la tabla del día de hoy. Esa es la cuenta, señora presidenta. Puntos varios antes de partir con el primer tema. Senadora Sepúlveda, por favor. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, ya no soy parte de esta comisión y créanme que la he hecho de menos. Para mí era muy importante, estaba buen trabajo, pero… muy importante esta comisión. En relación a la Carretera de la Fruta, una vía muy significativa que va a tener un flujo vehicular, fundamentalmente de camiones, y que representa un importante desarrollo para el país, pienso que nadie podría negarse al beneficio de su construcción. Sin embargo, lo que está ocurriendo en el tramo que une parte de la Región Metropolitana (la comuna de Las Cabras) y que se extenderá también a San Vicente, a Peumo y a Pelequén (donde se conecta con la Ruta 5), es preocupante, ya que en este tramo se empezó a cobrar el peaje por 1.950 pesos. Para nosotros, ese pago resulta absolutamente excesivo. Por ejemplo, una familia que quiere recorrer 20 kilómetros –desde Las Cabras hacia El Güé, a modo de ilustración–, ya debe pagar 4.000 pesos ida y vuelta; y si se realizan más trayectos en el día, el costo para quienes trabajan puede llegar a los 8.000 pesos. En contraste, recorriendo la Ruta 5 Sur, a pocos kilómetros de Las Cabras hacia Rancagua, el cobro es de tan solo 800 pesos. Por ello, solicito se realice un análisis tarifario para determinar por qué se está cobrando de forma tan excesiva, y se evalúe la posibilidad de contar con portales que permitan pagar solo por el uso efectivo de la carretera. Lo más grave es que hoy día se trata de una carretera que aún no está concluida, siendo simplemente una construcción parcial. La vía carece de los estándares propios de las concesiones; existen alrededor de nueve bahías que deberían construirse para poder acceder a ambos costados de la carretera. Asimismo, la Escuela de Santa Inés, con 300 alumnos, no dispone de las medidas de mitigación necesarias, como paneles acústicos, por ejemplo. Hace tres años se produjo una inundación en el sector, situación que se ha planteado de manera permanente a partir de la construcción de la carretera, pero de la cual no se ha tomado ninguna medida al respecto. Además, los paraderos que pertenecían a la comunidad fueron retirados por la concesionaria y no han sido repuestos, lo que aumenta la probabilidad de accidentes. Según Carabineros, en este trimestre se han duplicado los incidentes en comparación con un año normal, lo que evidencia una situación de inseguridad. Los vecinos de Santa Clarisa, Santa Inés, El Pino, El Parrón y Santa Silvina, entre otros, que históricamente utilizaban estas localidades, ahora se ven impedidos de hacerlo por el sistema de cobro del tag. Ante esta situación, considero necesario enviar el tema al Ministerio de Obras Públicas. La Ministra, quien se encuentra presente y nos recibió junto a la comunidad, escuchó atentamente lo planteado por los vecinos, y creo que es urgente llegar a un arreglo. No es posible que, en las condiciones actuales –con un diseño modificado respecto al original que contemplaba caleteras y que hoy día no se encuentran – los vecinos no puedan acceder a alternativas viables.

Otra alternativa. A mí me parece gravísimo lo que está ocurriendo. Hoy día la comunidad está organizada. Nosotros, las comunidades que están ahí, no se trata de gente que quiera violencia ni nada por el estilo, sino de sectores rurales que han vivido de manera tranquila, organizada, etcétera, y esa tranquilidad ha sido alterada absolutamente. Teníamos una mesa de negociación que terminó; estábamos el día miércoles a las seis de la tarde y, a las doce de la noche, ese mismo día empieza a cobrarse el TAG sin tener ningún aviso. Entonces, creo que, en primer lugar, es una falta de respeto y que tenemos un nivel de inseguridad tremendo. Yo de verdad creo que aquí hay que hacer algo, no es posible que no tengamos una solución, y menos una solución racional. Eso, Presidenta, muchas gracias por escucharme. Espero los oficios al Ministerio; si quiere, yo los puedo revisar antes de que sean enviados, para las cosas precisas que habría que solicitar. Pero ya que están aquí las dos autoridades más importantes, como es la ministra y el director de concesiones, hay que buscar lo antes posible una solución, porque la persona no se merece lo que hoy día está sufriendo. Muchas gracias, presidenta. Y ahora me voy a la comisión de trabajo. Muy bien, senadora de la Universidad. Ah, muy bien, muy bien. Vamos por esa sala con la Universidad. ¿Se toma la cuerda entonces de la mesa para poder oficiar el requerimiento? Yo, con su permiso, senadora Sepúlveda, agregaría también que se fijen plazos para saber cuándo se podrán realizar las mejoras que hoy día están pendientes. Una programación, Cartagán, creo que siempre es buena para poder hacerle seguimiento a estas mejoras. ¿Se toma el acuerdo entonces de la comisión? ¿Algún otro punto? Senador Coloma: Recientemente se ha presentado una petición de audiencia respecto al segundo proyecto. Digamos que están invitados y, tras la audiencia, se podrá empezar a evaluar, la próxima semana, otro proyecto, para lo cual se extenderá la invitación al gremio que lo ha solicitado. Yo, antes de partir con el primer punto de la tabla, como parte de los temas varios, quiero plantear un tema y hacer una solicitud también a la comisión y a la mesa, que tiene que ver con la renovación de la Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno. Yo ya se lo planteé a la ministra, pero necesito que quede el respaldo aquí en la comisión, ministra, y aprovechar también que está el director de concesiones. Existe un fuerte rechazo, en realidad, a uno de los proyectos extras que se estarían proyectando para la renovación de esta ruta, relacionado con el bypass en la comuna de Los Lagos. Esta ruta ya fue licitada y se encuentra hoy día en la etapa final, en toma de razón; es una inversión muy grande. Como todas las renovaciones de concesión de la Ruta 5, el monto total es cercano a 860 millones de dólares, y la intervención del bypass que se proyecta para la comuna de Los Lagos equivale a un 20 o un 30% del monto total de la renovación. Hay una fuerte oposición por parte de las comunidades; existe un movimiento denominado Movimiento No al Bypass, que me ha solicitado poder ser partícipe de esta mesa para exponer, en realidad, la situación y explicar por qué están rechazando esta intervención, entendiendo que no es una urgencia para el territorio. Por otro lado, me llegó desde el Consejo Regional de Los Ríos un documento, un manifiesto en realidad, de rechazo al bypass de la comuna de Los Lagos por parte del gobierno regional, es decir, por parte de consejeros de todos los colores políticos. Así que pido autorización a la comisión para que en la próxima sesión podamos escuchar también al movimiento y al municipio, quienes tienen claro cuál es la situación. Muchas gracias. Adelante, senador Boca y Gaona. Senador Boca y Gaona: Muchas gracias, Presidenta. Dentro de los puntos varios, y saludando a la ministra de Obras Públicas, a la ministra de las Culturas, a la Subsecretaria del Patrimonio y al director general de concesiones, quisiera aprovechar para reiterar una solicitud planteada por el diputado Víctor Pino de nuestra región, en relación al peaje a Ovalle en la Ruta 43. Ocurre, y lo digo porque esto puede estar sucediendo en otras carreteras concesionadas del país.

Que se permitía pagar el peaje por medio electrónico y, de un momento a otro, eso se impidió. A mí me tocó trasladarme a Ovalle la semana pasada, y probablemente al senador Gaona le ha pasado también en la última semana. Sorprendentemente, se señala en un letrero que el pago es solamente en efectivo. Esto no solamente genera un contratiempo a los usuarios –pues mucha gente puede no portar efectivo y hoy día es cada vez menos frecuente el uso del dinero en efectivo–, sino que además afecta la seguridad de los trabajadores y de todos los que transitan por la ruta 43, la doble vía concesionada. Quería aprovechar la presencia de la ministra y del director de concesiones para reiterar la solicitud planteada mediante oficio por el diputado Pino, a fin de que se reponga la posibilidad de pago con medios electrónicos. Lo ideal, y lo hemos planteado también, es avanzar en el uso de dispositivos electrónicos, como el TAC, para posibilitar el pago en los viajes. En el caso de nuestra región, en Pichidangui se puede efectuar hasta el túnel El Melón, pero una vez dentro de la región no se permite el pago con TAC; y, en el caso de la carretera o Valle, tampoco se autoriza el pago por medios electrónicos. Quería plantearle a la ministra y al director de concesiones este pedido. Muchas gracias, presidente. Aprovecho para pedir disculpas, especialmente a las señoras ministras, ya que a las 13:30 debo retirarme. Me sumo a lo que plantea el senador Walker y, en la idea de concesiones, consulto si el tema del feed flow puede implementarse a la brevedad, ya sea requiriendo modificación de contrato, ampliación o aprovechando la ampliación de la concesión de la ruta 5 para incorporarlo. No creo que sea tan difícil: es cuestión de financiamiento, y las concesiones negocian bastante bien con las concesionarias, resolviendo los problemas aunque se demoren un poco. A ver si después nos pueden poner al tanto de lo que se decida. Nuevamente, disculpen por tener que retirarme un poco antes de esta reunión. Muchas gracias por sus excusas anticipadas, senador. Entonces, ¿todos tomamos acuerdo de reiterar la solicitud planteada por los senadores de la región de Coquimbo, la región tan linda de Coquimbo, para oficiar al respecto? Y, aprovechando que está el director de concesiones y considerando lo manifestado por el bypass de los Lagos, le digo al director que la comuna de Los Lagos tiene un fuerte movimiento medioambiental, y sobre todo de protección al río San Pedro. Hoy día, este bypass proyecta un ducto, un viaducto que interviene de forma significativa en el río San Pedro, lo que genera mucha incertidumbre acerca del posible daño que puedan sufrir los vecinos del sector. Por favor, realicen las evaluaciones correspondientes, especialmente teniendo en cuenta que en la comuna de Los Lagos se intentó instalar la hidroeléctrica Colbún sin éxito y que, hoy día, está en tela de juicio la instalación de una salmonera, lo cual ha generado fuerte resistencia. Todos los actores políticos estamos abrazando la causa de la defensa del río San Pedro, por lo que este proyecto ya genera bastantes incertidumbres y debe ser evaluado con detenimiento. Avanzamos entonces con el primer punto de la tabla, que corresponde a: 1. Efectos de hallazgos arqueológicos en la construcción del Hospital de La Unión. Para este punto han sido invitados: • Del Ministerio de Obras Públicas: la ministra, señora Jessica López; el coordinador legislativo, señor Tomás Mendoza; el jefe de gabinete, señor Cristian Rojas, de manera telemática (no presencial); el director general de concesiones, señor Juan Manuel Sánchez; y el coordinador de infraestructura hospitalaria, señor Ricardo Faúndez. • Del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio: la ministra, señora Carolina Arredondo; la subsecretaria del Patrimonio Cultural; la señora Carolina Pérez, asesora coordinadora legislativa de la ministra; la señora Victoria Hurta, asesora legislativa de la ministra; la señora Camila Soto, asesora legislativa de la subsecretaria; y la señora Carla Fischer. Doy la palabra para que iniciemos con el primer punto. Muchas gracias. Sí, si me permite.

Presidenta, por su intermedio, saludar a todos los integrantes de la Comisión. Un breve brief del conjunto de hospitales de los que estamos hablando: son cuatro hospitales, el de la Ciudad de La Unión, por cierto, y además Los Lagos, Río Bueno y Puerto Varas, con una dotación de prácticamente 500 nuevas camas para una población de cerca de 300.000 personas en estas localidades. Este es un proyecto que fue llamado a licitación en el año 2020, un proyecto de desarrollar estos cuatro hospitales y explotarlos en diciembre del año 2020, por un valor total en conjunto de aproximadamente 297 millones de dólares, con precisión de 7 millones de UF. Dicha licitación fue adjudicada en enero del 2022 a la sociedad concesionaria, que se encuentra vigente por un plazo de 15 años y está en desarrollo. Los hospitales de Los Lagos y Río Bueno tienen un avance, a esta fecha, del 15% de acuerdo con lo establecido en el plan de la obra, mientras que el Hospital de Puerto Varas presenta un 9,2% de avance. Recordemos que en este hospital se encontraron hallazgos arqueológicos, los cuales fueron gestionados de acuerdo con lo que establece nuestra legislación, y se obtuvo la autorización para reiniciar las obras. El inicio de las obras de estos hospitales fue en el mes de julio del año 2024, y en el caso del Hospital de Puerto Varas, en febrero del año 2025. En cuanto al Hospital de La Unión, también se encontraron hallazgos arqueológicos que hoy día están en proceso de resolución, en el sentido de que la sociedad concesionaria debe presentar el plan de manejo de estos hallazgos, resultado de un proceso de consulta indígena que se inició a mediados del año 2024 y que ya se encuentra en sus etapas finales. Por lo tanto, estamos a la espera de finalizar dicho proceso para que el Consejo de Monumentos Nacionales nos apruebe el inicio definitivo de las obras. Es muy importante considerar que estos proyectos de concesión, al comprender cuatro obras independientes, tienen la ventaja de permitir configurar un paquete de financiamiento. Además, se contempla todo lo relacionado con el proceso de instalación de obras, lo cual permite aprovechar ciertas ventajas, sobre todo cuando se trata de hospitales de menor tamaño. Esto es similar a lo que estamos haciendo también en el paquete de aeropuertos del sur, por ejemplo, en el que se encuentran el aeropuerto de Puerto Montt, así como los de Castro, Osorno y Valdivia, todos ellos de menor tamaño. El concepto detrás de licitar el paquete completo es poder constituir un conjunto de obras con una significación que resulte más atractiva para las concesionarias que habitualmente operan con nosotros. Por lo tanto, estamos ya en las etapas, esperamos, de la resolución final de la situación que se vivió en el Hospital de La Unión para poder dar inicio lo antes posible a su construcción, sin poner en riesgo la totalidad del contrato que ha estado detenido por esta situación. Eso, senadora, en relación con el contexto de lo que estamos viviendo. Muchas gracias, ministra. Yo solamente dejo en claro que nosotros ya tenemos bien clara la historia de lo que ha pasado con la situación del hospital y cuál es la etapa final. Pero también la idea de esta instancia es poder cruzar la información con los procedimientos administrativos que llevan a cabo la Dirección de Concesiones, la Subsecretaría de Patrimonio, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en torno a cómo poder mejorar la calidad de vida.

Procesos en realidad desde el Ejecutivo, desde el Estado de Chile, para que la próxima vez tengamos una situación como ésta, verificando de qué manera podemos acortar estos tiempos que, lamentablemente, son tan extensos. Es por ello que, por ejemplo, los senadores de la Región de Coquimbo han tenido que vivir este tipo de situaciones, y la idea es que, como Ejecutivo, y como un solo gobierno, se identifiquen las trabas que han generado toda esta situación vivida en La Unión. En mi caso, con los proyectos de Coquimbo y otros proyectos que han quedado entrampados por los hallazgos arqueológicos y por la falta de toma de decisiones, se busca evitar la centralización del historial, puesto que ya conocemos el origen de todo, y tratar de llegar a algún acuerdo mediante alguna iniciativa legislativa que pueda ayudar. Tengo entendido, además, que existen compromisos asociados tanto a la Cultura como al Patrimonio para poder contribuir a acortar estos procesos. Le doy la palabra al senador Coloma. Muchas gracias, Presidenta. En la línea suya, quiero extender un poco más la consulta, aprovechando que están presentes la Ministra de Obras Públicas y la Ministra de Cultura. Lo que hemos oído en la Comisión, a menos que uno esté equivocado, es que no es tan inminente la solución de este problema. Se ha mencionado que, según la manera en que se desarrolla la situación, la demora puede ser de seis meses, un año, dos años, tres años o incluso casi indefinidamente, dependiendo de si se determina que el lugar es el adecuado conforme a lo que se desprenda de la Cultura. Por ello me agrada el concepto que usted manejó, Presidenta, respecto a la “carta”, puesto que si el ministro nos dice que algo “está por resolverse”, ese “por resolverse” implica un amplio margen temporal que puede hacer viable o no un proyecto. Dicho lo anterior, pedí un informe hace ya algún tiempo para conocer cuál ha sido el efecto económico en el Ministerio Público respecto a los hallazgos arqueológicos. Si bien es otro tema que comentaré al final, considero fundamental ponerlo sobre la mesa, ya que estas situaciones no son neutrales. Entiendo la importancia de un hallazgo arqueológico, pero también reconozco la relevancia de la salud para millones de personas. Lo que se ha mencionado en relación a la Unión Europea, y lo que se comenta en todas las regiones de Chile, demuestra que es un efecto importante. En tercer lugar, quisiera preguntar, a propósito de lo anterior, a la Ministra de Cultura: ¿podría ofrecer un informe sobre el desarrollo del proceso cuando se detecta un hallazgo arqueológico? Hay hallazgos de naturalezas muy distintas. En mi región, por ejemplo, se presentó un proyecto ante el hallazgo de una lata, de origen incierto, lo que genera cierta angustia. Asimismo, he observado que en proyectos de carreteras se han dejado cortados tramos de 200 metros durante diez años, alegando la existencia de un hallazgo arqueológico, sin que posteriormente se defina qué ocurre, ya que entiendo que un hallazgo no puede ser permanente. Debe existir una política de seguimiento o de decisión que no permita que todo dependa exclusivamente de la interpretación arqueológica. Es importante, además, resaltar lo mencionado por el sector, en el que se alude, incluso, al “cártel de los arqueólogos”, expresión repetida por el senador Durreste. Aunque personalmente no he tenido esa experiencia, considero fundamental que en el ámbito público se informe cuántas obras están detenidas por hallazgos arqueológicos y, de ellas, cuántas han culminado en resultados que garanticen la protección del patrimonio. Esto resulta relevante, pero también lo es implementar una política pública que no funcione como una espada de Damocles, sino que permita construir un país en el que el avance de las obras no se vea comprometido de manera indefinida. Aprovecho, asimismo, la intervención de la Ministra de Obras Públicas para formular un par de preguntas, fundamentalmente dirigidas a la Subsecretaría del Patrimonio o a la Ministra de Cultura.

De la cultura y también de concesiones. Tenemos una legislación en la Comisión de Cultura, si no me equivoco, que es la normativa respecto al patrimonio. He conversado en reiteradas oportunidades con los presidentes de la Comisión, tanto en el año pasado como ahora, porque entiendo que la indicación sustitutiva fue ingresada el año pasado, en septiembre. Bueno, estuve, claro. Ahora quiero saber: han pasado seis días y ni siquiera han visto ni el titular de la indicación sustitutiva en la Comisión, y me cuesta creer que sea por falta de voluntad de la misma, cuando este es un tema relevante para el país. Entonces, quisiera que me dijeran: ¿dónde está el problema? ¿Es que el gobierno le da o no urgencia a este proyecto o, en definitiva, la Comisión de Cultura sencillamente no quiere ver el proyecto por alguna razón? Esto es para saber dónde buscar las responsabilidades. En segundo término, quisiera preguntarle al director de Concesiones: ¿cuánto le han costado a los chilenos los hallazgos arqueológicos? ¿Cuánto dinero están costando estos hallazgos, que van desde un trocito de una vasija o una lata hasta cementerios indígenas? Tomemos el caso del Olivar, con el que llevamos 10 años esperando definir qué hacer. No cabe discusión de que el hallazgo es relevante, sino importantísimo; pero llevamos 10 años sin tener claro qué se hará. Mientras tanto, una autopista que se supone moderna está operando con un desvío, con peligro de accidente, falta de seguridad e incomodidades para los usuarios. No puede ser que hayan pasado 10 años y todavía no tengamos una respuesta clara. Esa pregunta quisiera que la respondieran la subsecretaria de Patrimonio y el director de Concesiones. Eso, Presidenta. Gracias. Yo me adhiero a las consultas también dirigidas a Patrimonio y Cultura con respecto a un compromiso establecido en octubre de 2023, en una comisión unida que hicimos, Obras Públicas con Cultura. Recuerdo que una de las cosas asumidas por el ministerio tenía relación con la actualización del reglamento sobre las intervenciones arqueológicas y paleontológicas. Ya ha pasado un año y medio, y la idea era sacar rápidamente este reglamento, ya que resulta urgente en un contexto en que hospitales están paralizados. ¿Qué es lo más urgente hoy? La salud, la vida humana, que necesariamente deben estar por encima de un hallazgo arqueológico. Entonces, ¿en qué estado se encuentra este asunto y cuál es la propuesta del Ejecutivo, con una mirada conjunta desde Obras Públicas y Cultura, para acortar los tiempos en este proceso que se ha tornado ultraburocrático y ha extendido la espera para reactivar una obra que, en ocasiones, se reactiva y en otras no? Doy la palabra. Muchas gracias. A mí, senadora presidenta, me gustaría hacer una presentación que probablemente responda a algunas de las consultas en torno al ingreso de la indicación sustitutiva, la cual actualmente se encuentra en estado de urgencia suma y se renueva cada semana. Por ello, nosotros también estamos a la espera, y entendemos que la Comisión de Cultura del Senado, que sesionó ayer, acordó comenzar a tramitarlo la próxima semana. Tenemos el compromiso de tramitar este proyecto de forma expedita para que, al finalizar este gobierno, esté aprobado, pues sabemos que hay una regulación que debe actualizarse y que ofrezca mayores certezas. No sé si contamos con la presentación, pero en este sentido seré breve y, luego, me gustaría, Presidenta, ceder la palabra a la subsecretaria Pérez, quien también tiene una intervención en el marco de lo que mencionaba el senador Coloma respecto a los plazos relativos al Consejo de Monumentos Nacionales y la coordinación que mantenemos con actores involucrados como Salud, MOP, Interior y, por supuesto, nosotros en lo relativo a la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales. Ahí se está proyectando una solución. Muchas gracias; creo que aquí se ha abordado ampliamente el diagnóstico, el cual es muy compartido, y contamos con una mirada proactiva y crítica al respecto.

De las distintas operaciones que se realizan a través de nuestra institución en torno a la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales, sabemos que hay muchas instituciones públicas y privadas que interactúan con este órgano. Tenemos una normativa de larga data que sin duda se traduce en procedimientos que deben ser actualizados, con plazos que muchas veces no dan certeza a los intervinientes, tal como lo han manifestado, por su intermedio, los senadores. Tenemos que poder superar ciertas categorías de declaratorias en torno a lo patrimonial. Perdona, Ministra, en la presentación no la tenemos en papel; la única que falta, y debería ser la única, por lo menos. Así es. Mientras voy a continuar, la PPT que tienen ustedes es efectivamente la correcta y, en ese sentido, hemos elaborado dos derivadas, una que tiene relación con lo comentado anteriormente. Hemos identificado diversos nudos críticos que están siendo abordados a través de un plan de modernización del Consejo de Monumentos Nacionales, el cual se enmarca dentro de un plan mayor de reactivación económica y forma parte de lo implementado por el gobierno del presidente Gabriel Boric Font. Sabemos que existe un flujo de tramitaciones que debe ser más eficiente y que, sobre todo, se percibe una sensación de falta de certeza en las tramitaciones respecto de los intervinientes en bienes con algún tipo de declaratoria o que integran el patrimonio cultural, lo cual debe ser atendido. Los objetivos del plan, por una parte, consisten en atender el rezago de diversas solicitudes, que se está abordando a través de este trabajo con la Secretaría Técnica y liderado desde la Subsecretaría del Patrimonio Cultural, eliminando dicho rezago mediante la implementación de medidas orientadas a la eficiencia y a la calidad de la tramitación de solicitudes y al cumplimiento de plazos. Por otra parte, se busca el fortalecimiento institucional, implementando mejoras en los procesos de tramitación de permisos, fortaleciendo la eficiencia, la transparencia y la experiencia de los usuarios, lo que en ocasiones se traduce en la sensación de incertidumbre, a través de la definición de flujos de procesos y el mejoramiento de plataformas tecnológicas asociadas a cada intervención. La primera derivada es lo que hemos denominado la nueva legislación patrimonial, que, como bien se mencionó, fue elaborada el año pasado, en el marco de los compromisos asumidos en la tramitación del presupuesto del año 2024, y creemos que es una legislación que aporta certezas y responde a muchas de las inquietudes actuales. Este proyecto, que se encuentra en la Comisión de Cultura y Deporte del Senado, tiene una urgencia sumamente importante, ya que el compromiso del Ejecutivo es poder tramitarlo dentro de este periodo de gobierno. En este proyecto se crean nuevas categorías patrimoniales que contribuyen a diferenciar y caracterizar de mejor manera los distintos tipos de patrimonio cultural, tanto material como inmaterial. Se propone, además, una nueva estructura orgánica que permite reestructurar, ordenar y actualizar la institucionalidad patrimonial vigente, pasando del actual Consejo de Monumentos Nacionales al Consejo de los Patrimonios Culturales. En dicho consejo se radicarán las atribuciones de declarar y reconocer nuevos bienes que integren el patrimonio cultural, y se asignarán, en el Servicio Nacional, es decir, Piedad, como mandato del servicio, las atribuciones de autorizaciones de intervenciones en bienes patrimoniales, así como la inspección, ejecución y la gestión de eventuales daños a estos bienes. Se desconcentra la relación de los particulares con la institucionalidad, ya que se derivan a las Direcciones Regionales todas las autorizaciones que actualmente otorga el Consejo de Monumentos Nacionales en Santiago, lo que mejora la relación y la desconcentración de nuestra institucionalidad. Finalmente, se establecen mecanismos de incentivos, beneficios y subsidios para la protección del patrimonio, además de excepciones en las autorizaciones previas de intervención y en las técnicas habilitantes.

Se define un nuevo estatuto de protección arqueológica y paleontológica, con procedimientos, criterios y tipologías claras para su conservación e intervención, así como para el desarrollo ágil y dinámico de los procesos de tramitación, evaluación e inspección. Por último, se robustecen las herramientas de la institucionalidad patrimonial mediante la definición de delitos, de infracciones, de procedimientos de inspección y de sanción administrativa. Por otra parte, y para trabajar también en lo que respecta a la actualidad, nuestro fortalecimiento institucional se materializa a través de distintos convenios que tenemos con otras entidades: la Subsecretaría de Energía; la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, a través de la Oficina de Grandes Proyectos; y la Secretaría de Hacienda, a través de la Secretaría de Modernización del Estado, estableciendo un fondo de rezago. Además, se han conformado mesas de trabajo para la revisión y seguimiento de solicitudes con otras instituciones como Metro y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MOBF). Estas mesas son permanentes y, por ejemplo, en el Hospital de La Unión se busca contar con una coordinación institucional que permita dar respuesta. Hemos seguido cada uno de los plazos establecidos, pero es necesario contar con una nueva legislación que fije hitos de inicio y cierre para cada consulta. Por otro lado, se ha avanzado en la implementación de la ley 21.677, que establece los tiempos de publicación de actas de las sesiones del Consejo de Monumentos Nacionales, las reuniones de comisión, la tramitación de sesiones y la regulación del lobby de quienes componen este órgano colegiado. Este proyecto de ley, que surgió como una moción de senadores, ya se ha implementado en al menos un 90%, pues se entendió que su objetivo es mayor transparencia. Actualmente, las sesiones del Consejo son transmitidas, lo que permite que la sociedad tenga acceso a la discusión, a los temas abordados, a las sesiones y a los acuerdos adoptados. Se espera que, con este plan, se eliminen los rezagos identificados, incrementando la eficiencia y la calidad en la gestión de las solicitudes, ya sea en los grandes proyectos de obras públicas o en la gestión documental, modernizando el sistema y generando mayor eficiencia interna y transparencia ante la ciudadanía y los usuarios. Como le comentaba a la Presidenta, para no dejar sin respuesta las consultas de los senadores, cedo la palabra a la subsecretaria y presidenta del Consejo de Monumentos Nacionales, quien entregará los hitos relativos a las consultas. Muchas gracias. En una de las diapositivas se muestra, en el punto número 4, que la nueva legislación patrimonial establece excepciones a las autorizaciones previas de intervención y a las técnicas habilitantes. Entiendo que esto se relaciona con la ley de permisología, ya que, por un lado, se avanza en la ley de marco de autorizaciones sectoriales para agilizar procesos, y por otro, se plantea exceptuar aquellas intervenciones en inmuebles o muebles que ya cuentan con algún tipo de declaratoria. Lo planteado es que, si las intervenciones no modifican los atributos por los cuales fueron declarados patrimoniales, no se requerirá una autorización previa, creándose al mismo tiempo un plan de manejo de los bienes patrimoniales. Este plan permitirá al propietario no tener que solicitar autorización cada vez que realice una intervención de obra menor, avanzando así en el resguardo del patrimonio de nuestro país. Muchas gracias, Presidenta, y aprovecho para saludar a todos los senadores. Nosotros presentamos una exposición que aborda principalmente los datos relativos a la consulta indígena de La Unión; entiendo que ya los tienen bastante claros, por lo que paso a contestar algunas de las consultas, puntualizando, Presidenta, aspectos importantes.