En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Señora secretaria, ¿no hay cuenta?
Bueno, colegas, la idea de hoy día, tal como acordamos ayer, era partir tramitando este proyecto de ley que está en segundo trámite constitucional y que se enmarca dentro de lo que el Ejecutivo ha pedido a la Comisión que priorice. El ministro ha estado muy activo. Buenos días, ministro; estamos en condiciones de coordinarnos con la Comisión para ver cómo vamos a trabajar.
Ayer le comenté que habíamos acordado que todos los miércoles vamos a dedicar el tiempo a este proyecto, y que los días lunes los destinaremos a los temas que interesan particularmente a la Comisión, sin perjuicio de que, en ocasiones, se pueda hacer alguna excepción. No era necesario asignarle ningún tipo de urgencia, ya que en esta Comisión estamos muy interesados en que el proyecto avance y se publique lo antes posible. No obstante, le informé que, aunque en un principio no se le había puesto urgencia, en efecto se asignó urgencia que vence mañana, por lo que será necesario renovarla.
La Secretaría identificó 23 normas que son materia de esta Comisión, sin perjuicio de que podamos interrogar al Ministerio sobre otros aspectos, ya que éste ha manifestado toda su disposición. Así que, si les parece, hoy vamos a dedicar nuestro tiempo a escuchar al Ejecutivo. Agradezco la presencia del senador Edwards, quien tramitó en la Comisión de Economía el proyecto y que ha estado conversando ampliamente con nosotros, por lo menos conmigo, sobre el mismo. Cabe señalar que el senador Macaya se iba a conectar y no estará presente físicamente, pero estará conectado por Zoom; como no vamos a votar, no hay problema.
¿Les parece que hagamos eso hoy? Sí, perfecto.
Entonces, señor ministro, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, presidenta. Saludo a los senadores y a la senadora presidenta presentes. Tengo una presentación; la presentación, aunque todavía no está impresa, llegará durante el transcurso de mi exposición. Contamos con unos 10 minutos, por lo que es responsabilidad nuestra que, aunque no esté impresa, se visualice correctamente en la pantalla, y en ese caso no habrá inconveniente.
Voy a realizar una presentación muy en línea con lo que usted planteó: primero, una motivación del proyecto de ley; luego, les explicaré de qué se trata este proyecto, que cuenta con alrededor de 150 artículos, haciendo de él un proyecto muy complejo, en el que podrán ver además todas las indicaciones contenidas en el documento original.
Posteriormente, de manera resumida, comentaré cuáles fueron las modificaciones realizadas en la Comisión de Economía del Senado, comisión que en ese momento estaba presidida por el senador Edwards y que efectuó un trabajo detallado, artículo por artículo, con un conjunto amplio de indicaciones, la gran mayoría acordadas por consenso.
Finalmente, concentraré una parte importante de la presentación en explicar cuáles son las normas de competencia de la Comisión de Hacienda y cuál es nuestra visión respecto a estas normas. Como ya adelanté en conversación con la Presidenta, se trata de un tema en el que ustedes deben estar de acuerdo. Para nosotros lo ideal sería que, ojalá desde hoy mismo, pudiéramos trabajar con los equipos técnicos y, como se logró en la Comisión de Economía, alcanzar un acuerdo en torno a estos 22 artículos respecto a cómo votar, si bien nosotros les presentaremos una propuesta robusta.
En lo que ha abarcado mi breve presidencia hasta ahora, hemos acordado este modo de trabajo con el Ejecutivo. De hecho, ayer, junto con el Ministerio de Hacienda, abordamos dos temas de manera bastante rápida, y nuestros equipos han trabajado coordinadamente con los equipos del gobierno. Por ello, estaremos muy involucrados en el tema, ya que a todos nos interesa este proyecto, tal como se conversó ayer con algunos colegas; de hecho, varios asesores están presentes y otros se encuentran conectados.
Bueno, entonces, comienzo con los distintos componentes del proyecto. Primero, el antecedente. No me detendré demasiado, pero les pido que observen este gráfico: éste muestra algunos de los permisos sectoriales, que, en términos simples, son todos aquellos permisos que no corresponden al permiso del RCA, el cual forma parte del sistema de evaluación ambiental. También se incluyen algunas otras excepciones, en términos generales.
Pensemoslo así: se trata de todos los permisos que no son parte del sistema de evaluación ambiental. Muchos de estos permisos son fundamentales y, como se observa en ese gráfico, el eje Y (vertical) representa el tiempo que se demora respecto a lo que indica la ley.
Básicamente, lo que muestra el gráfico es que hay permisos que se demoran 7 u 8 veces más de lo que señala la ley, otros se demoran 5 veces y algunos, 3 o 2 veces más. Es decir, tenemos un problema porque permisos muy importantes se demoran mucho más de lo establecido.
Además, debo señalar que aproximadamente la mitad de estas 380 a 400 autorizaciones sectoriales no especifica un tiempo en la ley y quedan sujetas a un plazo general de la Ley de Bases, que es de seis meses. Esto genera múltiples problemas: no hay un sistema ni información centralizada, lo que implica falta de certeza jurídica, incumplimiento de plazos y tiempos excesivamente largos.
La hipótesis del Ejecutivo, que inspira este proyecto de ley, es que es posible reducir sustantivamente los tiempos sin bajar el estándar regulatorio. Y no es un milagro, si me permite señalarlo, Presidenta; pues existen otros países con estándares regulatorios incluso más altos que Chile y que se demoran menos tiempo. Esto es posible y esa es la idea del proyecto: crear un sistema donde hasta ahora no lo había.
Cabe destacar que los 400 permisos sectoriales existentes tienen una lógica; no se establecen de forma arbitraria o sin justificación, sino que buscan proteger riesgos relevantes para la sociedad. Por ejemplo, cuando ocurre un terremoto en Chile y uno está en un edificio alto, se asume que ese edificio no se va a derrumbar; esa seguridad se basa, entre otras cosas, en regulaciones y autorizaciones.
Es posible mantener ese estándar regulatorio mientras se reduce de forma muy importante el tiempo de tramitación. La tabla que presento resume nuestras estimaciones de reducción de tiempo, sin incluir los cambios introducidos en la Comisión de Economía del Senado, los cuales, a nuestro juicio, tendrán un impacto significativo y los comentaré más adelante.
De esta tabla se desprende, en primer lugar, que la reducción de tiempos abarca tanto proyectos públicos como privados –hospitales, grandes proyectos mineros o desaladoras–, así como proyectos de diversa escala. En el caso de las pymes, donde la mayoría de las inversiones no pasan por el sistema de evaluación ambiental, los permisos sectoriales constituyen todos los permisos que deben enfrentar. Por ejemplo, al referirnos a un local de consumo de alimentos, pensamos en la expansión de un restaurante; actualmente, una expansión demora ocho meses, pero con este proyecto debiera tardar solo dos meses, lo que implica una reducción del 70%.
Por último, quiero subrayar la importancia de estos permisos. Cuando ingresé al Ministerio de Economía y profundizamos en este tema, descubrí que, a diferencia de lo que se sugiere en la prensa –donde se prioridadiza la parte ambiental y el RCA–, en un proyecto minero grande, aproximadamente un tercio del tiempo se consume en la parte ambiental y dos tercios en la parte sectorial. Mientras la parte ambiental ya cuenta con un sistema, aunque susceptible de mejoras y actualmente en discusión en el Senado, en la parte sectorial no existe un diseño sistematizado. Existen 400 permisos dispersos que constituyen la mayor parte de la tramitación de los proyectos, lo que representa la mayor oportunidad de mejora.
Menos bien simple, este proyecto ingresó por la Cámara de Diputadas y Diputados, y se tramitó allí tanto en la Comisión de Economía como en la Comisión de Hacienda. La tramitación se realizó, a grosso modo, desde enero de 2024 hasta septiembre, y la votación en sala fue muy mayoritaria – en las votaciones principales se contó aproximadamente con 120 votos a favor y 5 en contra, de una forma muy transversal.
Posteriormente, el proyecto ingresó al Senado, también en la Comisión de Economía. En dicha comisión, después de numerosas audiencias concentradas y una intensa discusión, se realizó un esfuerzo por acelerar el proceso. Se votó en general a favor luego de un protocolo de acuerdo que se alcanzó tanto con la oposición como con los senadores oficialistas presentes, entre ellos el senador Saavedra. Ese protocolo definió de manera precisa una serie de áreas que se tradujeron en indicaciones, las cuales ingresaron en enero de 2025 y culminaron en marzo con cientos de indicaciones – la gran mayoría aprobadas por unanimidad en nueve sesiones de votación, antes de pasar al contenido del proyecto.
Ofrezco la palabra por si hay preguntas generales. Personalmente, tengo una inquietud, pero no sé si mis colegas deseen formularla. Se han realizado tantas audiencias que, a mi parecer, se repetiría la misma discusión que se llevó a cabo en las otras comisiones. Lamentablemente, algunas personas tienen la idea de que es necesario acudir a todas las comisiones, cuando tal vez podríamos dedicar parte del tiempo a recibir copias de las resoluciones o resúmenes que se han entregado, especialmente de aquellos aspectos más relevantes, ya que el tamaño del proyecto es realmente abrumador.
El criterio que se ha aplicado en la Comisión de Hacienda es que, dado que no es un proyecto de esta comisión –ya que nos limitamos a tratar solo 23 artículos– no hay espacio para audiencias adicionales, considerando que estas ya fueron absorbidas y resueltas en la comisión técnica respectiva, presidida por el senador Edwards. Sin perjuicio de que se pueda, por medio de lobby, recibir a quienes así lo requieran o derivarlo, entiendo, secretaria, que esa ha sido la forma de trabajar en Hacienda, salvo para aquellos asuntos estrictamente relacionados. En ese sentido, si el criterio fuera que las materias a revisar permitieran que quienes deseen solicitar audiencia tengan oportunidad de hacerlo, podría considerarse esa fórmula.
Senador Rojo intervino: "Yo quería confirmar que tuvimos una gran cantidad de invitados. Se invitó a todo el mundo que fue posible, e incluso realizamos dos seminarios que abarcaron la mañana completa, desde las 9 hasta las 2. Por lo tanto, considero que todas las miradas, al menos en esa tramitación, fueron escuchadas.
Lo segundo que quería comentar –y esto es una opinión personal– es que se trata de un proyecto bastante complejo, ya que modifica 40 leyes de manera que lo que se crea sea operativo dentro de todas ellas, siendo todas leyes complejas. Por ello, la comisión deberá estar atenta a posibles modificaciones. Por último, en cuanto al tiempo de tramitación, sabemos que el proyecto para ser implementado cuenta con bastantes reglamentos, los cuales probablemente este gobierno esté en mejor posición de dictar que un futuro gobierno que tendría que iniciar negociaciones desde cero. Así que, en mi opinión, la velocidad de tramitación debiera ser lo más rápida posible para que el gobierno tenga la posibilidad de emitir esos reglamentos y que esta materia pueda funcionar sin interrupciones en el siguiente período.
Considero, por tanto, que la resolución que adopta la comisión es aceptada.
Gracias. Solo quería señalar –y supongo que lo vieron en la Comisión de Economía– que en la lámina anterior se muestra un cuadro que detalla el tiempo actual y el tiempo total estimado en caso de que este proyecto sea aprobado.
Comparado a lo que pasa en otros países, porque igual, cuando uno mira este tema, es harto tiempo. Ser una desaladora, bajar de ocho años a seis años… por Dios, que es notable la reducción, pero sigue siendo largo el plazo. Estuvimos, y usted estaba con nosotros, ministro, en Marruecos, viendo los megaproyectos que había allá; y vimos, además —como expusieron los respectivos ministros— los tiempos que se demoraban y el silencio administrativo que presentaban. La verdad es que estamos muy lejos de aquello. Entonces, no sé si ustedes realizaron un comparado de lo que sucede en otros países con este tipo de materia y los tiempos de demora, y, en caso de no haberlo hecho, que lo puedan entregar.
Sí, Presidenta. A ver, esa revisión no la hicimos en la discusión. Nosotros sí contamos con una revisión realizada por nuestro equipo, utilizando estrategias seguidas por otros países. De hecho, en la Comisión de Economía se conversó, a partir de las presentaciones de algunos académicos y centros de estudio, sobre cómo se comparaba lo que hacía Chile respecto a otros países. Nosotros podemos enviar esos antecedentes a la Comisión.
Ahora, respecto al tema de fondo —que yo comparto—, esta tabla se puede interpretar de forma optimista o pesimista, ¿no es cierto? El tiempo de ejecución sigue siendo alto. Yo creo que, debido a que no hemos tenido tiempo para desarrollar el análisis con la profundidad que se utilizó para elaborar esta tabla, la misma va a mejorar considerablemente. Permítanme dar un ejemplo de un cambio que implementamos en la Comisión de Economía, que he enfatizado en otros contextos y que figura en mi presentación. Parte del problema que tenemos acá es la secuencialidad: en la actualidad, por distintas razones, los servicios exigen que, para iniciar la tramitación de un permiso sectorial, se tenga previamente otro permiso sectorial aprobado. Imaginemos un caso muy simple en el que alguien requiere dos permisos; si cada uno demora seis meses y se hacen de forma secuencial, el total sería de un año, mientras que si se gestionan en paralelo, se reduciría a seis meses, es decir, una reducción del 50%.
Estimar el efecto exacto es muy complejo, porque, por ejemplo, el proyecto de los Bronces Integrados, que ya cuenta con su RCA y se encuentra en la etapa de permisos sectoriales, nos indica que deben solicitar miles de permisos, y muchos de ellos deben pedirse más de una vez, a pesar de que sean alrededor de 400. Un proyecto de tal magnitud, una vez aprobado este proyecto de ley, optará por optimizar sus procesos de forma que solo se realice secuencialmente lo que la ingeniería requiera. La ingeniería varía para cada permiso; por ello, estimar ese efecto requiere el conocimiento práctico que poseen las empresas. Podría dar varios ejemplos en ese sentido. Por lo tanto, considero que esto mejorará, especialmente en las áreas donde la inversión es mayor, y podemos conversar en la presentación sobre los distintos elementos que justifican esta mejora.
La forma en la que estructuramos esta tabla fue la siguiente: seleccionamos proyectos tipo que conocemos, revisamos todos sus permisos sectoriales —que son cientos— y nos concentramos en aquellos de la ruta crítica, quedándonos con unos 10 a 15 permisos. Elaboramos un documento, de unas 50 páginas, en el que se detalla este ejercicio para siete casos, y a partir de ello se evaluó cómo nuestro proyecto de ley reducirá de manera explícita los tiempos de los permisos sectoriales en dicha ruta crítica. De ahí derivaron los números que presentamos, que considero muy conservadores.
Sin embargo, es válida su preocupación de que, incluso con estos números, los tiempos oficiales que reporta el proyecto de ley siguen siendo altos; es decir, la situación continúa siendo desafiante. Mis puntos son dos. Primero, lo que mencioné sobre el tema de las desaladoras: si bien han bajado a seis años, ese plazo sigue siendo elevado. Yo pensaba que la información estaba actualizada, pero usted indica que no refleja los cambios recientes en la Comisión de Economía. Hemos esperado cuatro años y, una vez que se promulgue la ley, parecería que deberemos esperar otros dos años; realmente es impresionante, considerando que este proceso podría completarse en un año.
Por ello, mi pregunta, y me parece fundamental, es: ¿qué ocurre en otros países? ¿Cuánto se demora otro país, según su legislación, para aprobar una desaladora? Nosotros podemos presentar esa información en la próxima sesión. Es básico establecer ese parámetro, ya que, a lo mejor, esos seis años —aunque parezcan pocos— están muy por encima, considerando que en otros países el proceso puede durar, por ejemplo, un año. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo?
Que nuestros tiempos no dan respuesta a la ciudadanía, porque al final es eso: nuestras demoras afectan a la gente, no a nosotros. Hay un elemento más, que si me permite, Presidenta, me recuerda a Camila y es muy pertinente: en este proyecto se incluye la posibilidad de una tramitación ágil para proyectos que se declaren como prioritarios, y se define un procedimiento que también fue alterado y cambiado positivamente, a mi juicio, en la Comisión de Economía; por ley, esto reduciría a la mitad los tiempos.
Además, eso lo verán ustedes más adelante. Yo le pido que no actualice, porque si usted me dice que no está actualizado, tenemos que hacer un tema. No es que esa parte no esté actualizada, sino que la tramitación ágil siempre implicaba reducir los tiempos a la mitad. Lo que sucede es que nosotros, acá, nos ponemos en el peor escenario de esta tabla, una estimación conservadora de acuerdo a lo que establece el proyecto de ley. Y hay otra parte, como la de realizar todos los trámites de forma paralela, lo cual no está actualizado y resulta difícil de estimar.
Estos tiempos, que comparto con la Presidenta, son de seis años, lo que representa buena parte de la vida laboral de una persona. Es inconcebible que algo se demore seis años. Quisiera preguntarle si esos seis años incluyen algún cálculo referente a la tramitación ambiental de estos proyectos, o si corresponden a seis años con el Ministerio de Economía más un tiempo insondable en la tramitación ambiental. Porque a esto se debe sumar un período de tiempo que, a estas alturas, es imposible de calcular o estimar, dado que el proyecto de tramitación ambiental está totalmente parado, sin ningún avance; seguimos expuestos a una situación verdaderamente kafkiana respecto de lograr aprobar proyectos en Chile, lo cual se ha convertido casi en prioridad uno para que este país avance. Entonces, ¿cómo tienen calculada la interacción entre estos permisos y la tramitación ambiental? La suma de ambos procesos, si aquí no se ha considerado nada de ello, es lamentable, ya que, en materia ambiental, cualquier tiempo estimado es, a estas alturas, un "wishful thinking" porque nadie sabe con certeza cuánto tiempo estará detenido.
Presidente, antes de referirme al tema ambiental, hace unos días estuve en mi región, en un ministerio –no recuerdo cuál– donde, finalmente, después de casi un año y medio, se hizo entrega de un terreno para la construcción de un centro oncológico. Como ustedes sabrán, en mi región no existen tratamientos de cáncer, por lo que, de no poder hacerse en el extranjero, se deben realizar en alguna otra parte del país. La ceremonia fue muy entusiasta y todos estaban contentos, hasta que la directora de Salud de la región narró, en términos positivos, todos los trámites que había que cumplir desde la entrega hasta que se coloque la primera piedra, prevista para antes de fines de este año; y luego de esos trámites, se calcula que el proceso demoraría tres o cuatro años.
La pregunta es: ¿cómo se calculan estos procesos en medio ambiente? Yo creo que los procedimientos en el área ambiental son relativamente difíciles de conciliar con lo que intentamos lograr, ya que partimos del supuesto de que todos los involucrados desean reducir los trámites. Sin embargo, con todo respeto, no creo que en el área medioambiental exista un fuerte interés en disminuirlos, dado que se busca, precisamente, un mayor control. Por ejemplo, en alguna ocasión el ministro comentó: "Mire, alguien me lo dijo en el gobierno", refiriéndose a que cuando los proyectos tardan excesivamente en tramitarse, se remite cualquier proyecto para que inicie su revisión y, por ende, se devuelve de inmediato para ser complementado, generando un ciclo interminable. No es por voluntad de quienes presentan los proyectos, sino por la dinámica del control, ya que muchos esperan que les indiquen todas las modificaciones necesarias y, al hacerlo, el proyecto se prolonga durante un montón de tiempo.
A mí me parece una desaladora por ocho años. Una vez, estuve como Presidenta en Holanda y la gente se sorprendía al ver que había asistido a la inauguración de una planta de saneamiento de aguas.
Se había demorado alrededor de un año y medio en construirse y, les voy a decir, que la planta –además, la inauguración consistió en que la reina fue a la llave, abrió un vaso y se tomó el agua– parece que era importante. Entonces, ¿por qué nos demoramos acá 8 años? Es algo que no entiendo mucho. Yo creo que, si bien el tema medioambiental es relevante, en el caso del centro oncológico no se requirió ningún trámite ambiental, sino que se tardó por la cantidad de gestiones previas a la construcción.
Creo que lo que plantea el senador Insulza es la preocupación que tenemos todos en esta comisión y en el Senado en general, de hecho, sin contar que en el centro oncológico pudiera aparecer alguna chinchilla o algo similar y que, en consecuencia, el Consejo de Monumentos Nacionales se inmiscuyera. Y lo digo porque, ministro, usted no estaba presente ya que se destinó a otra misión durante el viaje que hicimos a Marruecos. En paralelo a lo que hicimos nosotros, fuimos a Dajla y allí estaban construyendo el megapuerto. Entre que se decidió políticamente en la reunión del gabinete construirlo y que ya se estuviera ejecutando, la estimación era de ocho años desde la decisión, antes de cualquier trámite, hasta el término. Ojalá nosotros acá pudiésemos demorar tanto; lo expongo para que lo tengamos en cuenta, y recordando mi época de intendenta, donde el senador era mi jefe y las instrucciones eran súper claras respecto a los trámites, la celeridad y el poder sacar adelante inversiones en la región metropolitana, creo que esto debiera formar parte de este proyecto, y espero que se aborde, porque si no, la decepción va a ser grande. Senador Edwards y ministro.
Sí, pero lo preguntó el propio ministro. No fuiste tú; fue el ministro de Energía quien se lo consultó a los marroquíes en el seminario: “¿Cómo lo logran?”, a lo que respondió: “Bueno, tenemos monarquía, efectivamente, pero el poder ejecutivo deliberante entiende que hay que dar respuesta a la ciudadanía”, por lo tanto, sin enredarse y cumpliendo todas las normas.
Debo decir que me encanta esta discusión, porque el problema es gigantesco. Voy a dar un par de ejemplos y después abordaré la cuestión internacional. La DGA indica que tiene un plazo legal para las obras hidráulicas mayores de 6 meses, pero en promedio se entregan en 49 meses; asimismo, en obras hidráulicas menores se fijan 6 meses y se demoran 34 meses en promedio. Las concesiones marítimas tienen un plazo legal de 6 meses y se concluyen en 34 meses, y Cerna Geomin, en electrificación, tiene plazo legal de 3 meses y en promedio entrega en 15 meses. Es decir, en algunos casos se multiplican por siete o diez los tiempos establecidos. Tenemos un problema muy grande.
A nivel internacional, llevamos ejemplos claros. Por ejemplo, Arauco, en el Mato Grosso, aprobó en 14 meses la inversión más grande de su historia, mientras que acá nos demoramos 10, 12 años en cuestiones; es realmente increíble. Otro ejemplo, para que tenga conocimiento la Comisión, es el caso de Quimaldo Aguirre, donde, luego de lo ambiental, se requieren 4.900 permisos. Obviamente, estamos hablando de una situación compleja.
El proyecto sí aborda algunas materias. Por ejemplo, en el caso de Quimaldo Aguirre, la supervisión que se genera obliga a que las peticiones de permiso –que en distintas regiones deben gestionarse– se estandaricen, de modo que aquellos permisos a sacar en cada región sean, al menos, mucho más similares entre sí. Es un ejemplo de algunos de los avances en que se está trabajando.
Sin embargo, creo que tienen toda la razón: los tiempos que maneja Chile son completamente desproporcionados y no hay absolutamente nada que lo justifique. Ahora, debo decir que el proyecto va en la dirección correcta en estas materias. Y, por último, ¿qué es lo que no es el proyecto? Es aquello que a mí me hubiera gustado que abordara, pero, bueno, este proyecto no toca en absoluto lo ambiental; de hecho, se bordea de manera…
De manera consciente, digamos, para que absolutamente nada que está dentro de la RSA se toque. Dentro de esas cosas que no se tocan en lo que contiene la RSA está, por ejemplo, el Consejo de Monumentos Nacionales, que es uno de los ejemplos más escandalosos e insólitos que hoy día tiene Chile respecto al tema de los permisos. Ahora, es lo que es el proyecto. Hay otro proyecto que está mirando lo ambiental, que Economía no lo vio; por lo tanto, en lo que no es ambiental, creo que se avanza, mientras que en lo ambiental no se toca. También se mantiene el estándar regulatorio, ya que no hay nada que lo rebaje ni lo cambie, pues son los mismos órganos sectoriales los que lo van a implementar. A mí me hubiese gustado una oficina, por cierto, con muchos más dientes, pero aquí sí se crea una oficina que tendrá la posibilidad de hacer buenas recomendaciones y que dará lugar a procesos de mejora regulatoria cada tres años. Entonces, si bien hay cosas que no se tocan, hay otras que sí se abordan y se avanzan, de manera decidida, por lo menos en esa materia.
Gracias, colega. Ministro.
Gracias, Presidenta. A ver, yo diría dos cosas para avanzar. Lo primero es que les propongo que me permitan mostrar lo que el proyecto hace, porque tengo, de hecho, al final de la presentación, una diapositiva que resume todas las estrategias que tiene para reducir los tiempos. Reducir los tiempos, siendo este uno de los objetivos del proyecto, es una tarea titánica, por eso son tantas páginas. Ustedes podrán, ahí, hacer una evaluación con más antecedentes respecto a si estamos haciendo lo suficiente, y se enviará lo que se ha solicitado.
Ahora, solo una reflexión general respecto a esto. Yo también creo que los plazos excesivos no tienen justificación. Lo único que quiero señalar —y que es una de las motivaciones para emprender este proyecto— es que esto no es solo solucionable vía gestión. Nosotros nos dedicamos justamente a esa gestión y les voy a mostrar, de hecho, algunos éxitos en este ámbito. El ejemplo más claro es que, cuando nosotros llegamos al gobierno, un proyecto minero se demoraba 10 años en Chile. Cuando se dice que un proyecto minero se demora 10 años, por supuesto, 10 años no pueden producirse en tan solo 3 años. Esto ocurría antes de nuestra gestión, y les aseguro que, a pesar de los distintos esfuerzos de administraciones anteriores, si un proyecto minero se demoraba 10 años, eso significa que no se soluciona únicamente a través de la gestión, sino que realmente requiere un cambio legal, porque la institucionalidad existente demanda una intervención más profunda, que es precisamente lo que plantea este proyecto.
Perfecto, Ministro. Por eso es tan importante saber qué ocurre en otros países, ya que puede que 10 años sea el estándar y, a lo mejor, no lo sea. Por eso hice la petición. Y, segundo, sé que vamos a entrar a la presentación del proyecto mismo.
Pregunta: ¿Hay sanción para aquel funcionario que no da respuesta en tiempo y forma sin ninguna causa fundada? Lo vamos a ver, y es parte de la discusión. La respuesta corta es que sí; sin embargo, la respuesta un poco más larga es que aún no hemos llegado a un acuerdo sobre cómo establecer dicha sanción. Es decir, en el proyecto de ley, tal como está ahora, existen al menos dos tipos de sanciones, y estamos de acuerdo con una y no con la otra. Pero ese es uno de los 22 artículos que esta comisión debe revisar. Por lo tanto, se encuentra en el centro de la conversación que mantendremos. Si no hay sanción, la verdad es que se vuelve irrelevante.
Ministro, tiene usted la palabra. Vamos al contenido.
En primer lugar, la geografía del proyecto. Este se puede dividir en tres partes. La primera parte corresponde a todo el sistema que se crea, es decir, la Ley Marco, que consta de 77 artículos con distintas secciones que comentaré más adelante. Luego, está lo que mencionaba el senador Edwards, a través de la presidencia, en el cual se intervienen 40 leyes. Por ejemplo, cuando se habilita una declaración jurada, esto se hace a través de la ley. Estas leyes son complejas, como el Código Sanitario, el Código Minero y el Código de Agua, entre otras. Todo ello fue trabajado en conjunto con los sectores, puesto que el Ministerio de Economía, por razones obvias, no es experto en política sanitaria ni en derecho de agua. Lo que hicimos fue conversar con 40 servicios sectoriales durante el año 2023 y llegar a acuerdos respecto a la intervención de estas leyes, lo cual ha permitido mejoras importantes, tal como se indicó previamente en la Comisión de Economía. Finalmente, se encuentran las disposiciones transitorias, que abarcan 34 normas en las que se incluyen todos los reglamentos pertinentes.
Hoy, muchas cosas son bien importantes para que esto se pueda implementar. Ahora voy a describir los elementos centrales del proyecto, tratando de utilizar algunos ejemplos para no hacer la presentación tan extensa y, después, tendré resúmenes más adelante. Esto que voy a describir acá recoge el grueso de los cambios que se hicieron en la Comisión de Economía del Senado; además, más adelante tengo una diapositiva en la que resumo esos cambios, pues son los fundamentales. En la Cámara de Diputadas y Diputados se realizaron bastantes cambios, pero no con la profundidad y extensión de los que se llevaron a cabo en este trabajo.
Primero, disposición general. Se crea un sistema donde antes no lo había. Esto significa que los 400 permisos actuales y, en el futuro, más permisos sectoriales se agrupan en distintas tipologías que se ordenan; a cada una de ellas se le exigen ciertos procedimientos y requisitos que en la actualidad no se aplican. Por ejemplo, en la actualidad te pueden rechazar una autorización al final del proceso, diciéndole a usted, después de un año o más, que falta determinado papel. Eso ocurre sistemáticamente. En cambio, este proyecto establece que ciertos antecedentes, referentes a lo que se puede solicitar, se deben gestionar hasta un determinado momento de la autorización, pero no se pueden pedir posteriormente. Este es un ejemplo de cómo se introducen procedimientos mínimos estandarizados, transversales a todas las autorizaciones; la creación del sistema implica, por supuesto, procedimientos obligatorios en cada autorización.
Escuchar mi voz es una de las cosas menos agradables; ustedes tienen que vivirlo, aunque yo, por suerte, tengo la posibilidad de no escucharla de esa manera.
Luego, voy a dar ejemplos principales de lo que hace el proyecto: la creación y generalización de técnicas habilitantes alternativas, como los avisos y, sobre todo, las declaraciones juradas. ¿Qué se hace con ellas? Esto se enmarca en el paradigma del proyecto: no se cambia el estándar regulatorio, sino quién certifica su cumplimiento. Actualmente, casi siempre lo certifica un funcionario público a través de una autorización; en cambio, la declaración jurada permite que, en contextos de bajo riesgo, sea el titular del proyecto quien certifique el cumplimiento del estándar. Por supuesto, esto viene acompañado de sanciones en caso de que, habiendo debido pasar por una autorización, se intente sustituirla por una declaración jurada. Es una medida que nos mueve hacia la autorregulación, la cual debe gestionarse para ser sostenible en el tiempo.
¿Cómo se operacionaliza esto? Desde el punto de vista del proyecto de ley, se habilitan expresamente las declaraciones juradas en las leyes. Por ejemplo, si recuerdo bien, unos cinco permisos de la DGA podrán ser reemplazados por una declaración jurada en contextos de bajo riesgo, quedando reglamentado el umbral que determine qué se considera bajo, medio o alto riesgo. Aunque esto ha generado preocupación en el sector político por dejar ese criterio a reglamento, consideramos que es la única forma de darle viabilidad y practicidad al sistema a lo largo del tiempo.
El proyecto de ley determina cuáles autorizaciones incorporan la posibilidad de utilizar la declaración jurada y deja a reglamento cuál es el umbral correspondiente. Además, como mencionó el senador Edwards anteriormente, se establece que se deben preferir las declaraciones juradas sobre otras formas de autorización, generándose un sistema que permita la incorporación progresiva de más declaraciones juradas en el tiempo.
Para dar una idea, de las 50 autorizaciones habilitadas en este proyecto de ley, en la intervención de 40 leyes, 25 corresponden al sector salud, lo que evidencia la enorme relevancia de este sector, aun cuando se trabaja de la mano con el sistema de salud.
Finalmente, se incluyen numerosas normas mínimas aplicables a todos los procedimientos sectoriales. Una norma muy importante es la de prohibir que se exija la secuencialidad en las autorizaciones. Si un titular prefiere realizar todos los trámites de forma paralela, podrá hacerlo; y si lo prefiere de manera secuencial, también tendrá esa opción. Se establecen reglas claras y se limita la discrecionalidad. Al estandarizar todos los procesos dentro de un sistema que integra todos los permisos, se logra, entre otras ventajas, disponer de un formulario único para toda la autorización.
Entonces no va a pasar lo que ocurre en la actualidad, en que en la región A te piden 5 antecedentes para un permiso y en la región B, para lo mismo, te piden 8 o 9 antecedentes. Formularios únicos, estandarización de los procesos y evitar arbitrariedades son también un hilo conductor del proyecto de ley.
También es muy importante el tema de los silencios administrativos para que se haga una idea de cómo funciona esto en el proyecto. Lo que se plantea es definir un conjunto de tipologías, es decir, de tipos de permisos, y en dos de esas tipologías habilitar los silencios administrativos positivos, mientras que en las demás se establecen los silencios administrativos negativos.
¿Cómo funciona actualmente un silencio administrativo positivo y qué es lo que cambia? En la actualidad, existe la figura, pero nadie la utiliza de verdad, y además no queda claro en cuáles casos se puede aplicar. Actualmente, para obtener un silencio administrativo positivo, se debe ir a denunciar al servicio que se está demorando, y ese servicio tiene unos días para responder. Básicamente, se exige al titular un acto –si se permite la figura– un acto heroico, ya que implica denunciar a la propia institución que no cumple con el tiempo, algo que ningún titular, sobre todo los grandes que hacen esto de manera recursiva, está dispuesto a hacer.
Ahora, lo que cambia es que se establece de forma clara cuáles son los silencios administrativos positivos –que, aproximadamente, representan la mitad de los permisos sectoriales que caen dentro de estas dos tipologías, es decir, una cantidad importante de permisos– funcionando de la siguiente manera: una vez transcurrido el plazo, el titular tendrá el derecho, a través de la plataforma web designada, de imprimir un certificado establecido en el proyecto de ley, el cual tendrá el mismo valor jurídico que una autorización. Además, se incorpora un cambio aprobado en la Comisión de Economía que permite, mediante una figura similar a la declaración jurada, que el titular especifique a qué se le está dando el silencio administrativo positivo, reduciendo así las incertidumbres. Esto responde a la preocupación de algunas empresas, que temían utilizar el silencio administrativo positivo por el posible susto que implicaría, a pesar de tener el mismo valor jurídico que una autorización y de poder complementarse con una declaración jurada que especifique claramente el alcance de la autorización. De esta forma, ante una eventual fiscalización o problema posterior, la empresa estaría debidamente resguardada y se mantendría la transparencia para la ciudadanía.
Por ello, se dice que este es un silencio administrativo semiautomático. No es automático porque siempre se le deja al titular el derecho de ejercerlo, lo cual es especialmente relevante en el caso de los silencios administrativos negativos, que probablemente se utilizarán en menor medida. En el peor de los casos, el titular simplemente deja que el tiempo siga transcurriendo y espera a que el servicio entregue su respuesta mas adelante.
Asimismo, el proyecto contempla la posibilidad de subcontratar ciertos servicios en los procesos de revisión de permisos. Por ejemplo, cuando se deben revisar cientos de autorizaciones para constatar el cumplimiento de determinados antecedentes o realizar chequeos administrativos, algunas funciones podrían ser externalizadas, siempre demarcando claramente cuáles funciones pueden ser delegadas y cuáles deben seguir siendo responsabilidad del funcionario público, ya que la decisión final no se puede externalizar. Esto, en parte, ya ocurre en la práctica, pero de forma poco generalizada debido a la falta de demarcaciones claras, razón por la cual el proyecto propone generalizar la posibilidad de contar con entidades externas para funciones específicas.
Finalmente, se crea una oficina de autorización sectorial e inversión en el Ministerio de Economía. Este punto se discutirá con mayor detalle en el informe financiero, ya que es una de las cuestiones que debe revisar esta comisión. En términos generales, se cuenta con 40 servicios sectoriales dedicados a prevenir riesgos, tales como riesgos sanitarios o de derrumbe, entre otros.
Todos los riesgos asociados a una inversión. Bueno, pero no hay nadie en la actualidad que se dedique a que esta revisión de los riesgos ocurra en un tiempo óptimo, con procesos adecuados y con transparencia. Entonces, el rol de la oficina es, en cierto sentido, un contrapeso a todos los otros servicios públicos que están realizando una tarea valiosa para la sociedad, pero que no tienen por qué prever que esto ocurra más allá de lo que dispone la ley, es decir, deben lograr que se efectúe de forma eficiente, acortando los procesos, en fin.
La oficina se dedicará a monitorear que todo esto ocurra correctamente, a revisar los procesos y a trabajar en conjunto con cada uno de estos servicios, según nuestra experiencia, para ir mejorándolos. Se encargará, además, de implementar esta plataforma "súper" y de ayudar a los servicios, enviando personal en muchas ocasiones para agilizar los procesos. Es importante entender que la oficina no tendrá un rol, llamémosle "editorial", sobre los servicios. Es decir, no le podrá indicar a un servicio de salud: "Oiga, usted está tomando una mala decisión en términos del contenido mismo de la decisión de salud", pues se trata de una oficina adscrita al Ministerio de Economía, cuya experticia radica en optimizar los procesos, buscando la eficiencia y la transparencia general del sistema, sin inmiscuirse en la forma en que cada servicio debe tomar sus decisiones. Esto, además, fue mejorado, a mi juicio, en la Comisión de Economía del Senado.
Luego está la plataforma. Todo esto contará con una ventanilla única; todos los procesos serán finalmente digitales e interoperables entre los distintos servicios. ¿Cuáles serán los efectos de esto? Primero, desde el punto de vista del titular. Imagínense lo que se comentaba antes: empresas con proyectos de gran inversión que requieren miles de autorizaciones y deben relacionarse con decenas de servicios, obligando a cada encargado a consultar individualmente el estado de su proyecto, lo que conlleva la necesidad de contar con una gerencia especializada para afrontar la dificultad regulatoria. Una de las innovaciones es que el titular del proyecto podrá, a través de la plataforma, ver en qué estado se encuentra cada una de sus autorizaciones en todas las etapas. Ya hemos avanzado en este aspecto, pues llevamos alrededor de 200 permisos que ya son interoperables. Cuando llegamos al Ministerio, la plataforma ya estaba parcialmente implementada, existiendo aproximadamente 20 autorizaciones interoperables.
¿Qué significa que sean interoperables? Significa que cuando la información cambia en la DGA, dicha actualización se refleja en la plataforma del Ministerio de Economía, lo que requiere que el lenguaje computacional de ambos sistemas dialogue. Esa es, en términos simples, la interoperabilidad. El proyecto de ley lo obliga y estamos avanzando para que, al implementarse, se logre un avance importante.
Además, la plataforma permite que el Estado funcione mejor. Actualmente, no contamos con información centralizada ni en tiempo real de estos procesos. Los informes de la Comisión Nacional de Productividad y los análisis que realizamos para construir este proyecto se hicieron de manera muy artesanal: hay que ir consultando servicio por servicio para recabar la información. Por ello, lograr una mejor gestión es esencial.
Por último, digitalizar todo obliga a revisar y estandarizar los procesos, lo cual es muy importante. Al conversar con, por ejemplo, un servicio X para definir los cinco estados que se deben informar en la plataforma, se puede detectar que quizá haya un estado redundante o un proceso ineficiente. Esa reflexión se facilita cuando se digitalizan e interoperabilizan los procesos.
Adicionalmente, existe toda una sección del proyecto que concierne a la modernización continua de las autorizaciones sectoriales. Con toda esta complejidad, es evidente que el proyecto estará lejos de ser perfecto inicialmente, pero considero que, al pasar de la situación actual a una situación razonable, se reducirán considerablemente los tiempos, debiendo seguir mejorándose con el tiempo. Así, el proyecto de ley define un procedimiento de mejora continua, en el que los servicios estarán obligados a mantener un diálogo permanente con esta oficina para optimizar sus procesos, identificar, por ejemplo, qué nuevas autorizaciones pueden pasar a declaración jurada y cuáles aspectos no están funcionando correctamente, entre otros. Esto queda regulado de forma tal que, en el futuro, las administraciones no tendrán que enfrentar el mismo proceso que nosotros, que en 2023 tuvimos 110 reuniones con todos los servicios involucrados. Cabe destacar que, a nuestra grata sorpresa, la disposición de los servicios para mejorar sus procesos fue notable, contrastando con nuestras expectativas de mayor resistencia. Recuerdo, por ejemplo, que el servicio de salud comentó: "nuestro tema principal en salud son las políticas sanitarias."