Senado - Transportes y Telecomunicaciones - 7 de mayo de 2025

La patria damos por iniciar la sesión. Estamos por dar inicio a la cuenta que presentará nuestra secretaria, señora Araceli. Presidente, tenemos cuatro documentos en la cuenta. El primero es una solicitud de audiencia, de fecha 5 de mayo del presente, de doña Puzi Rojas, gerente general de Chile Telcos, para exponer sus planteamientos acerca del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para facilitar el retiro del cableado aéreo en desuso por parte de las municipalidades (boletín 17.042-15). Este proyecto tiene urgencia calificada como "suma" y figura en el tercer lugar de la tabla del día de hoy. Luego, se presenta un correo electrónico, de fecha 5 de mayo, de Mauricio Holtz, de la Biblioteca del Congreso Nacional, mediante el cual se remite el informe sobre el seguro de responsabilidad civil obligatorio para cubrir daños materiales a terceros, adicional a la cobertura del SOAP, basado en la experiencia de España y Estados Unidos. Posteriormente, se presenta otro correo electrónico, de fecha 28 de abril, de doña Claudia Cuevas, de la Biblioteca del Congreso Nacional, mediante el cual se remite el informe denominado "Sistemas de Licencias de Conducir: casos de España y Estados Unidos de Norteamérica, en particular el Estado de Florida." En cuarto lugar, se reciben diversas solicitudes de audiencia para exponer planteamientos acerca de la implementación del reglamento de la Ley 21.553. Las entidades solicitantes son las siguientes: Asociación Gremial de Taxis de la Región de Coquimbo y el Presidente de la Federación Greco-AP Chile.

Y Sindicato Nacional de Conductores de Aplicaciones, SINCAP. Junto con esto, ayer se recibieron diversos documentos por parte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones relativos al tema de WOM. Son cinco oficios, pero sin perjuicio se señala que el subsecretario estaría disponible para asistir en la próxima sesión de esta comisión de manera presencial. Hoy asistirá por Zoom la fiscal de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, quien también está al tanto del tema de UAM. Presidente, muchas gracias. Saludo al subsecretario de Transporte. Podríamos iniciar, cuando corresponda la intervención de la subsecretaria, algunas preguntas sobre UAM que han quedado pendientes y se consolidarán cuando el titular intervenga. Ofrezco la palabra a quien desee intervenir. Entiendo que a la Secretaría han llegado muchas peticiones relacionadas con el reglamento de la Ley Uber. En ese sentido, presidente, considero que debemos optimizar el espacio en que se discuten ciertos temas. Recordemos que se trata de una ley, y la polémica planteada es de carácter reglamentario, por lo que corresponde directamente al Ejecutivo, dado que nosotros no poseemos potestad reglamentaria. Por ello, sugiero a la comisión trasladar estas audiencias directamente al Ejecutivo, ya que podríamos pasar sesiones enteras discutiendo el reglamento, sin incidencia en una ley despachada hace dos años. Es absurdo abrir audiencias para una discusión que debe llevarse a cabo entre el Ejecutivo, el Ministerio de Transporte y los interesados. Ya no se trata de la Ley Uber, sino de un tema reglamentario. Don Matías: Gracias, presidente. Buenos días a todos y a nuestros invitados. Respecto al tema, efectivamente hemos recibido muchas solicitudes de audiencia sobre el reglamento de la Ley Uber. Si bien compete al Ejecutivo, como senadores tenemos facultades de fiscalización y de representación. Se me ocurre, por ejemplo, que se acote el listado de intervinientes. Podríamos incluir la intervención de Luis Dubó, presidente de un gremio importante de taxis en la región de Coquimbo, quien envió un correo a la Secretaría solicitando ser escuchado. Considero que debe existir un concepto de equidad territorial, por lo que propongo que se permita la participación de un representante de mi región, Coquimbo. Asimismo, sugiero facultar a la Secretaría para acotar el listado, de manera que se evite una lista interminable pero se asegure la equidad territorial. Otro senador: Sin ánimo de facilitar excesivamente el procedimiento, propongo que, en lugar de manejar un listado extenso, se concentren todas las intervenciones en una sola audiencia, la cual podría celebrarse en otro momento (por ejemplo, un día lunes de manera telemática) para no interferir con la única sesión legislativa de los martes. Alternativamente, podríamos agendar una audiencia adicional exclusivamente para escuchar a los interesados, evitando así tocar la agenda legislativa. Finalmente, quisiera solicitar el acuerdo de la comisión para que, durante la próxima semana, gestionemos de manera conjunta con la Comisión de Adultos Mayores y Discapacidad una sesión en la que se aborden los graves problemas de accesibilidad y asistencia en el transporte de personas con discapacidad que se presentan en el Aeropuerto de Santiago.

Podríamos hacer una comisión conjunta con adultos mayores y personas con discapacidad para tratar este tema, pero no en la sesión general, sino en la sesión que reúnan a esos grupos de manera conjunta. Sí, yo no tendría problema. No sé si están de acuerdo. Yo creo que este es un tema que ya se arrastra demasiado, lo conozco muy bien y hay que hacer algo; por ejemplo, involucrar a la Ministra de Obras Públicas, que es la que licita, y al CEO de Nuevo Budahuel, quien estuvo acá la otra vez y a quien le reclamamos lo mismo, además de alguien más que tenga relación con este tema a nivel nacional. Asimismo, hay un asunto que quedó pendiente la vez pasada. Yo lo solicitaría al departamento de transporte –tienen un nombre específico–, pues los de las EAT solicitaron información sobre los autos que pueden ser utilizados. Se trata del listado del centro de control y certificación vehicular; me gustaría saber si están de acuerdo en solicitarlo, ya que quedó pendiente en la sesión anterior para que los sistemas de aplicaciones definan claramente cuáles son los vehículos que intervendrán y, al no haber consenso, no se pudo solicitar. Es para cumplir con lo pendiente. Partimos con la tabla. Entonces, recibimos al Presidente de la Confederación de Taxis Colectivos y Transporte Menor de Chile, señor Eduardo Castillo, para escuchar sus planteamientos acerca de la siguiente materia: inclusión efectiva del taxi colectivo en el sistema de transporte público; electromovilidad descentralizada con sentido regional; y subsidio del programa Mi Taxi Eléctrico. Adelante. – Nosotros, señor Presidente, muy buenos días. Por su intermedio, saludo también a los señores parlamentarios, a la Secretaría y a todos nuestros invitados. Por economía procedimental, a lo mejor se podría oficiar al Ministerio de Transporte para que respondamos, por escrito, respecto de la nómina de estos automóviles. ¿Se lee? Sí, perfecto. Adelante. – Muy buenos días. Muchas gracias, señor Presidente, y, a través de usted, saludo a los senadores integrantes de la comisión, al subsecretario, a sus asesores y a los invitados. Nosotros somos la Confederación de Taxis Colectivos y Transporte Menor de Chile, con presencia desde Arica hasta Magallanes. Hoy nos convoca esta comisión para solicitar los buenos oficios que permitan al Ejecutivo avanzar en aquello que está comprometido. La modificación de la ley de subsidios fue aprobada en septiembre del año 2024. Se realizó un tremendo anuncio por parte del Ministro de Transporte, en el que se señalaba que habría un transporte integral subsidiado, es decir, un transporte público mucho más moderno a través de los subsidios que se posibilitaban a los gobiernos regionales. Lamentablemente, hasta el día de hoy no contamos con los reglamentos relativos a la modificación de la ley. En nuestro caso, se trata del artículo 4 transitorio, letras A, B e incluso C, lo que genera una gran incertidumbre, puesto que dichos reglamentos no han sido tramitados ni procesados, y los gobiernos…

No están con las facultades hoy día para llevar a cabo las iniciativas, y vemos cómo hay una crisis tremenda en el sector, desde Arica hasta Punta Arenas, en la cual tres regiones son las más perjudicadas: la región de Antofagasta, la región de Aysén y la región de Magallanes. La gran mayoría de los taxis colectivos se ha ido a trabajar casi en la informalidad. En consecuencia, nos interesa retomar ese proceso y recuperar el diálogo que de alguna manera se ha perdido con el Ejecutivo. Nos interesa que los reglamentos, efectivamente, como decía anteriormente el senador, sean revisados. Sabemos que hay aspectos reglamentarios que corresponden al Ejecutivo; pero si no retomamos el diálogo como gremio y seguimos tramitando en el sector, lamentablemente se consolidará esta administración sin contar con los reglamentos, y este año se ocuparán los recursos a nivel de las regiones. En esa misma línea, nos interesa que existan condiciones de trabajo adecuadas para que efectivamente puedan laborar los taxis colectivos. Nosotros decimos que debe haber un complemento, una integración y una inclusión dentro del sistema, y que no solamente se otorguen subsidios, sino que también se establezcan condiciones laborales adecuadas. Actualmente, solo se cuenta con dos regiones y un plan piloto en la Región Metropolitana para el uso de los corredores (en la sexta región, la Región de O'Higgins, y en la Región de la Araucanía, implementado entre el año pasado y este año), además de un proyecto piloto en la zona de Vicuña Mackenna desde el año 2023. Nosotros sostenemos que esto debe ser a nivel nacional, ya que es impresentable que, en regiones como la del Bío-Bío, hoy día los taxis colectivos no puedan hacer uso de los corredores. Por otro lado, nos interesa que, a partir de la reglamentación y del acceso a los subsidios, se comience a modificar el decreto supremo 212, el cual necesita modernizarse. Estamos a favor de la modernización, pero hay un componente tecnológico que requiere recursos, los cuales se encuentran en la ley de subsidios; por ello, ambos procesos deben avanzar en paralelo. No olvidemos también algo muy importante y que requiere el apoyo activo de esta comisión: el tema de la ley de cierre del parque. En el caso de los taxis colectivos, si no se cuenta con el ordenamiento adecuado, comprometido en el año 1998 con el primer cierre del parque, resulta impresentable que ya se esté trabajando en un nuevo cierre. Lo planteo a nivel de taxis colectivos, ya que debe existir un ordenamiento basado en perímetros de exclusión, el cual tiene que definirse junto con el Ejecutivo. En consecuencia, es necesario retomar el diálogo para avanzar seriamente en el desarrollo del sector. Tenemos, casi todos los días y meses, inauguraciones permanentes de buses, lo que representa un tremendo Goliat que nos coloca en desventaja y provoca que el sector esté desapareciendo. En la Región Metropolitana, en las áreas rurales y periféricas, hoy día casi no hay opción, y los taxis colectivos, que permiten el acceso a lugares inaccesibles para el bus, se están perdiendo. Existe un proyecto piloto en Copiapó respecto a la ley de subsidios, el cual no ha avanzado con la agilidad necesaria, pese a la voluntad del Ejecutivo. Asimismo, el proyecto del “Evo” en la octava región, que era nuestro proyecto estrella para la visibilización nacional del taxi colectivo, tampoco se llevó a cabo, principalmente por la burocracia en algunos asesores de la Subsecretaría de Transporte y por el cambio en el DTPR, que nos afectó fuertemente. Estimado presidente, me gustaría, si es posible, dejar al Presidente Regional de la Región del Bío-Bío para que nos entregue alguna observación. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. Perdón, ¿cuál es su nombre? Ricardo, Presidente Regional de los Objetivos de la Unión de la Ciudad de México, 2023, de la UTAB. Gracias, presidente. A los honorables senadores, también, les pido nos permitan estar acá planteando…

Nuestros problemas que tenemos no son tan solo regionales, sino nacionales. Creo que lo que ha dicho nuestro Presidente; venimos trabajando desde hace bastante tiempo para lograr, como ya se ha mencionado, superar las dificultades que enfrentamos. Tenemos un perjuicio importante, que se evidencia en el trato que reciben los buses y, especialmente, los taxis colectivos en nuestra región. La discriminación que hemos sufrido hasta el día de hoy se refleja en que no recibimos ni un peso por ningún lado, ni subsidios, ni ayuda económica. Como se ha señalado, en nuestra región los taxis colectivos están desapareciendo: la mayoría se encuentran abandonados en los terminales porque no cuentan con recursos para arreglarlos o mandarlos a reparar, ya que no existe el mecanismo adecuado. Lo único que pensamos es que, a lo mejor, con un subsidio que podría habernos sido otorgado, de la misma forma en que se está entregando a la locomoción mayor, nosotros también podríamos avanzar. Nadie nos ha llamado para decirnos “¿cumple con esto?” Si nos preguntaran, estamos convencidos de que diríamos que sí, pero el Ejecutivo aún no ha confirmado que, en la octava región, podamos hacer lo que se realiza en otros lugares. Hemos conversado con nuestra asociación gremial; contamos con 3.600 dueños de taxi a nivel regional y todos aseguran que podemos atender a adultos mayores, a estudiantes e incorporar tecnología en los vehículos. Sin embargo, nadie se ha comprometido para dar una respuesta que nos permita avanzar, y esto no solo en nuestra región, sino también en muchas otras. Señor Presidente, agradezco a los senadores, en especial a nuestro senador, Enrique Van Rysselberg, quien nos ha respaldado tanto en Los Ángeles, como en Arauco y Concepción. Nos queda la incertidumbre de que esta comisión y nuestro subsecretario nos llamen, nos reúnan y nos den buenas noticias para nuestra gente, para poder atender las necesidades de transporte. Tal como se expuso, no podemos seguir solicitando audiencias en este recinto cuando lo que se requiere es solucionar nuestros problemas con el subsecretario o con el ministro de Transporte. Gracias, señor Presidente. Gracias, honorable senador. Perdón, ¿esta copa con Marcelino Aguayo pertenece a usted? Ah, perfecto. Una consulta: ¿la cantidad de taxis colectivos ha ido disminuyendo con el tiempo? A la fecha se han perdido cerca de 2.507 vehículos, por diversos motivos, y las regiones más afectadas han sido, por ejemplo, la región de Antofagasta, debido al corredor que hoy día tienen de buses. Aunque ese servicio fue reestructurado con subsidio, el taxi colectivo, que nunca estaba vacío, ahora aparece vacío. En Calama aún se mantiene con cierta fortaleza. La región de Aysén también presenta problemas y, en la región de Magallanes, aunque hay un número considerable de vehículos inscritos, en realidad no se está realizando el servicio de taxi colectivo, sino que se destinan a otras actividades. Esta situación, agravada por el efecto de la pandemia, es una realidad que vivimos y que no queremos que continúe. Creemos que el bus es necesario y que el taxi colectivo también lo es, pero debe existir un complemento, un sistema de transporte mucho más integral. Vemos luces de cambio en el tema de la Ley de Subsidio. Consideramos que aquí hay voluntad por parte de los distintos gremios a nivel nacional para trabajar en conjunto en el desarrollo de un transporte integral, que llegue a ser la verdadera política de transporte que necesitamos. Listo, gracias. ¿Alguna pregunta? Adelante. Saludo a nuestros expositores, tanto a nuestro Presidente Nacional como al Presidente de la Región del Bío Bío, y al subsecretario, a quien consultaremos de manera general respecto al reglamento de la Ley de Subsidios, ya que aquí existe un grupo de damnificados por la falta de dicho reglamento y en varias regiones hay gran expectativa acerca de la financiación de los distintos proyectos vinculados a este tema.

Ah, con conectividad y con la expectativa de tener acceso al nuevo FARC, no sé si respecto a ese punto en particular nos puede comentar el subsecretario. Adelante. Bueno, muchas gracias, presidente. Consulto el medio: durante muchos años fue un anhelo del gremio de los taxis colectivos incorporarse en la ley de subsidios, y gracias a la modificación de la propia ley realizada durante el año 2024 hemos logrado concretar ese anhelo. Los taxis colectivos no formaban parte de lo que históricamente había subsidiado el Ministerio de Transporte, al igual que los taxis, los cuales tampoco estaban considerados como medio de transporte público. Hoy, con esas modificaciones, tanto los sistemas de taxis colectivos como los taxis básicos están incorporados como sistemas de transporte. Considero que esto se debe a la modificación legal impulsada, por cierto, por el gobierno del presidente Boric, pero que contó evidentemente con el acuerdo de ambas cámaras para transformarse en ley, la cual hoy establece que los taxis colectivos puedan ser parte de la ley de subsidio. Evidentemente, la ley desarrolló algunas cuestiones que se establecieron en el texto normativo, mientras que otras deben desarrollarse mediante el reglamento que nosotros hemos venido elaborando. Es importante establecer la diferencia, pues hay aspectos que son materia de la ley y están vigentes. Por ejemplo, una de las disposiciones es que se aplican directamente los gastos de los gobiernos regionales en infraestructura habilitante en todas las regiones, a través de una convocatoria que debe realizar cada gobierno regional y no el Ejecutivo. Esta ley fija el gasto respecto de lo que antiguamente denominábamos el FARC, que fue renombrado, pero que sigue siendo el continuador legal de ese fondo. Además, quisiera aclarar que estas disposiciones vigentes permiten a los gobiernos regionales, mediante una convocatoria, invertir en infraestructura habilitante para proyectos de transporte, tales como mejoras en paraderos e iluminación. En la Región Metropolitana, la propia ley incorporó el 5% del tope de este gasto para los taxis colectivos, taxis básicos de turismo y ejecutivos, lo que está vigente sin necesidad de potestad reglamentaria, y se implementa mediante convocatoria del Gobierno Regional Metropolitano. Antiguamente, los taxis colectivos estaban impedidos de acceder a los fondos FARC en la Región Metropolitana, debido a que existía un sistema de transporte en la provincia de Santiago que, se suponía, satisfacía las necesidades de localidades como Puente Alto y San Bernardo, generando así una barrera legal. Sin embargo, a raíz de la modificación –y no del reglamento– se ha establecido el tope del 5% para los colectivos, taxis básicos de turismo y ejecutivos, también a través de una convocatoria del propio Gobierno Regional Metropolitano, además de las sanciones estipuladas en la ley. En resumen, lo único que requerimos, en estricto rigor, es que se habilite el reglamento para poder establecer nuevos subsidios directos al sistema de taxis colectivos.

Todo lo anterior, las reglas están vigentes. Y nosotros lo que necesitamos, y lo que estamos haciendo a través de la modificación reglamentaria, es aumentar los montos. Porque antes los montos eran muy menores, por ejemplo, en chatarrización, lo que no permitía a los taxis colectivos acceder con fuerza a la electromovilidad, y estamos modificando los montos para acelerar el proceso de incorporación de la electromovilidad en este importante medio de transporte. Pero es para eso único que se requiere modificar el reglamento; lo demás está completamente vigente, y los montos actuales también se mantienen, ya que mientras no se modifique el reglamento actual, éste permanece vigente y no fue derogado por la ley, sino que debe modificarse para actualizar los montos e incorporar las modificaciones que implican la acción del subsidio sobre ese sistema de transporte. En ese sentido, también hemos establecido una mesa de trabajo, la cual fue solicitada por esta propia Comisión a través de la audiencia en que se recibió a la Gorechi. Esta mesa ha tenido sesiones permanentes y, en esta misma tarde, tendremos una nueva sesión en la que esperamos evacuar un acuerdo respecto de los años 2025 y 2026, incorporando a la Dirección de Presupuesto para definir cómo se ejecutarán los dineros durante el año 2025, producto de la actualización del reglamento número 44. Yo diría que en estos primeros tres meses del año se ha logrado avanzar en la modificación del reglamento. Esperamos desarrollarlo durante el primer semestre de 2025. Sin embargo, existe una glosa presupuestaria que manda a los gobiernos regionales, en la Ley de Presupuesto, gastar el 50% en aquellas áreas que hoy se mantienen vigentes: infraestructura habilitante y mejoras de tecnología, cuestiones para las cuales no se requiere modificar el reglamento. Por ello, hay recursos que los gobiernos regionales deben ejecutar, y creemos que ahí es donde debe centrarse la gestión del gasto, ya que no se trata de una iniciativa del Ejecutivo, sino de los propios gobiernos regionales, quienes deben cumplir con ello en su espacio territorial. Estamos trabajando con la CORECHI y esperamos evacuar ese reglamento cuanto antes, porque sabemos que es importante para incorporar estos nuevos subsidios; pero, para todo lo anterior, el reglamento permanece vigente y se puede ejecutar ese gasto. Muchas gracias, presidente. Adelante, senador. Yo lo he estimado, subsecretario, en términos más o menos de rango de tiempo. Durante el primer semestre se espera que el nuevo reglamento sea ingresado; tiene que ser tomado razón. Ustedes esperan que, dentro del primer semestre, se ingrese la versión 1.0 del reglamento de la Contraloría General, ¿cierto? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna consulta más? Continuamos. Me había olvidado decir que contamos con el subsecretario de Transporte, señor Jorge Daza, y con el coordinador legislativo del Ministerio, señor Felipe González, además de la subsecretaria subrogante de Telecomunicaciones, señora Verónica Gorigoy Tía. Pasamos al punto 2, que corresponde al Boletín N° 16720-15, relativo a continuar con el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley N° 18.290 y otros cuerpos legales, con el fin de hacer efectiva la exigencia de contar con aptitudes para conducir vehículos motorizados y regular otras materias relacionadas, con urgencia calificada de "suma". Le ofrezco la palabra al subsecretario. Muchas gracias, presidente. Entiendo que en esta parte estamos convocados para la votación en general respecto del proyecto, y nosotros, en ese sentido, estamos disponibles para resolver cualquier consulta.

Unas consultas que pudieran surgir en la votación, y estamos aquí disponibles para ello. Adelante, senador. Sí, yo entiendo que este proyecto no es complejo y podría conversarse. Sugiero que se haga una síntesis del subsecretario y, si se confirman las condiciones generales –a no ser que hubiese alguna petición de audiencia o algo– se podría aprobar en general y, en otra sesión, iniciar el estudio en particular. Yo encuentro este proyecto bien interesante. Hay algunas cosas que no me gustan mucho, pero es una tremenda oportunidad para empezar a discutir el tema y contar con un seguro de responsabilidad civil en nuestro sistema de tránsito. Creo que es lo que apunta el futuro, considerando la cantidad de vehículos y accidentes, lo que ayudaría a evitar los juicios relacionados con la Policía Local, según utiliza muchos países, como se desprende del informe. Es un tema interesante que se podría discutir en particular. Sí, me parece. Este es un proyecto que para nosotros es muy importante. Presidente, es relevante recordar que este proyecto se origina por la muerte de una menor de edad de cinco meses de vida, que iba en compañía de sus padres, a causa de un conductor de 80 años que perdió el control de su vehículo al impactar a otro, causando el lamentable fallecimiento de la niña. En ese sentido, quisiéramos recordarlo, pues lleva el nombre de Jacinta González, y me gustaría, también, realizar el respectivo homenaje póstumo a ella, ya que, producto de esa trágica muerte, estamos discutiendo este proyecto de ley. Este proyecto se origina en una moción parlamentaria de la diputada Erika Olivera, que generó un primer proyecto y, posteriormente, se perfeccionó en conjunto con la familia, que ha sido muy activa en la tramitación de esta ley. Hoy estamos discutiendo ese proyecto, que introduce un nuevo requisito para la obtención y renovación de las licencias de conducir, al solicitar la firma de una declaración jurada simple –no notarial– que impone una sanción frente a declaraciones falsas, otorgándole carácter obligatorio. Además, eleva las exigencias médicas y modifica el procedimiento para acreditar la idoneidad física y psíquica a nivel de reglamento. Antiguamente, existía una resolución exenta del Ministerio de Transportes que no obligaba a dicho procedimiento, por lo que hoy se elevarían reglamentariamente esas nuevas exigencias para acreditar, como he mencionado, la idoneidad de las personas para obtener una licencia de conducir. Asimismo, el proyecto faculta a aquellos vehículos declarados para incorporar nuevas tecnologías que aumenten la seguridad vial, como por ejemplo, aquellos que en vez de contar con espejos retrovisores, disponen de cámaras exteriores, lo que contribuye a mejorar los aspectos de seguridad en la conducción, una medida que hasta ahora no estaba vigente en nuestro país.