Se abrió la sesión a las 17:30. Se han recibido los siguientes documentos. Se declara aprobada el acta de la sesión 90 y se pone a disposición de la Comisión el acta de la sesión 91, por no haber sido objeto de observaciones. El secretario da lectura a la cuenta y ofrece palabras al respecto:
Muy buenas tardes, señor Presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la presente sesión de hoy, miércoles 7 de mayo de 2025. En primer lugar, se presenta un proyecto iniciado a moción de las diputadas señoras Medina, Arce, Cordero, Delgado, Casmuri, Giles y Tello, y del diputado señor Oyarzo, que impide omitir en los certificados de antecedentes las anotaciones por delitos de violencia intrafamiliar.
En segundo lugar, se recibe una solicitud de audiencia enviada por el señor Alonso Salinas García, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, quien solicita exponer sobre el proyecto de ley contenido en el boletín 17.337, que trata la maternidad subrogada desde la perspectiva de los derechos humanos de niños, niñas, adolescentes y mujeres, e insta a un diálogo respetuoso para contribuir a una mejor decisión legislativa.
Y por último, señor Presidente, se recibe un oficio de la Subsecretaría de Prevención del Delito, en cumplimiento de las glosas de la Ley de Presupuestos 2025, que informa sobre la implementación y estado de programas relacionados con seguridad pública y atención a víctimas. Se informa que las nueve nuevas comunas en las que se aplicarán ciertos programas aún están en proceso de definición y que los contratos con PPP y MST Service se encuentran en tramitación. Toda la información está publicada en la web institucional.
Es toda la cuenta, señor Presidente. Muchas gracias.
El secretario continúa ofreciendo la palabra sobre puntos varios:
Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Brevemente, les quiero comentar esta modalidad que estamos implementando: sesionar de manera más extendida los lunes y, eventualmente, de forma más focalizada el día miércoles, que es la sesión ordinaria. Si tienen comentarios al respecto, estaré encantado de recibirlos para poder ir mejorando el sistema. Podemos conversar sobre ello ahora o después, con total libertad, ya que en el fondo estamos en un sistema de rodaje y siempre las palabras son bienvenidas al respecto.
Si no hay puntos varios, pasamos directamente a la orden del día. Entiendo, director, que hoy estábamos citados exclusivamente para escucharle a usted; sin embargo, la diputada Muñoz debe abordar otro tema legislativo y deseaba iniciar con una pregunta. Entonces, de ser posible, que en su alocución se la conteste y, posteriormente, ella prosiga. Diputada Muñoz Tierra Barajas.
La diputada Muñoz Tierra Barajas dice:
Sí, gracias, señor Presidente. Bueno, efectivamente, nuestro invitado, saludamos a usted y también a su equipo que le acompaña. En este contexto, usted está invitado por la situación de las licitaciones de la residencia, donde se expuso el borrador de las orientaciones técnicas en un concurso público, el cual aún no se había publicado en la página web del Servicio. Ese es el contexto general y, además de lo que usted abordará respecto a ese punto, yo también deseaba hablar sobre ello.
Otros aspectos, que funcionarios de Mejor Niñez en el Fondo han venido acá y también han planteado su inquietud, se pueden incorporar en la presentación, por ejemplo, sobre la falta de protocolos para tratar a los niños migrantes en la zona norte frente al colapso de la residencia. Creo que ese punto también ha quedado pendiente en otras presentaciones. Además, ¿qué pasa con los niños que no están? Entendimos que los funcionarios indican que, cuando un niño migrante llega a la residencia, debe hacerlo sí o sí con su documento de identificación; pero el niño que llega sin documento, ¿qué ocurre con aquellos que ingresan al país sin identificación? Es decir, serían dejados fuera del servicio y quedarían circulando, quizá en una lista negra que no se conoce. Otro aspecto que me llamó mucho la atención en esas presentaciones es que, recordemos, el Estado también está cuidando a los jóvenes mayores de 18 años que aún estudian, pero, debido a la falta de espacio, se encuentran junto a los niños pequeños. Estos tres puntos me han causado muchas aprensiones y por ello los transmito de inmediato para que podamos abordar esas consultas. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Director, sin más, proceda.
Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludo a las diputadas y diputados que acompañan en la Comisión de Familia. He traído una presentación para orientar la conversación respecto, en particular, a la situación descrita en un reportaje de un medio de comunicación. Voy a compartir en modo pantalla para que puedan visualizarla.
Lo primero, y es muy relevante, es que la presentación está organizada en términos de preguntas que ustedes podrían formular respecto a lo que apareció en el medio. La primera pregunta es si se compartió con la mesa de residencias las bases de licitación de manera anticipada. La respuesta es que no: lo que se envió por correo electrónico para recabar opiniones técnicas fue el diseño preliminar de la orientación técnica de uno de los tres modelos de residencia, el de 4 a 8 años, que no se había consultado con colaboradores, en la versión de julio del año 2024, y que todavía era una versión preliminar, incluso de administración directa.
¿Por qué es importante distinguir entre un borrador de orientaciones técnicas y las bases de licitación? Esto es porque las bases están configuradas por dos elementos: las bases administrativas y las bases técnicas. Las bases administrativas son las normas que determinan, en rigor, si se adjudica o no a un colaborador una licitación o proceso concursal, estableciendo las reglas sobre quiénes pueden participar, cómo será la evaluación, la forma en que se adjudicará y cómo se firmarán los convenios. Por lo tanto, definen aspectos como los plazos, los criterios de evaluación, los mecanismos de adjudicación y las cláusulas contractuales. En otras palabras, las bases administrativas definen el proceso completo de una licitación desde la convocatoria hasta la firma del convenio.
En este caso, lo que se compartió con los colaboradores fueron orientaciones técnicas preliminares; nunca se compartieron bases administrativas ni bases de licitación. Las orientaciones técnicas son los lineamientos respecto a cómo se implementa la oferta programática. En esta base técnica se consideran los antecedentes teóricos y conceptuales de la intervención, la definición del sujeto de atención, las características de desprotección, las vías de ingreso y egreso (es decir, cómo ingresa un niño a una residencia y cómo puede salir de ella), los objetivos de la intervención del equipo y también la matriz lógica de la intervención, es decir, lo que debe implementar un colaborador que se adjudique un proceso concursal. Estas orientaciones técnicas, a diferencia de las bases administrativas, cuentan con un mandato legal para consultar a los colaboradores, ya que no estamos regulados por la ley de compras, sino por una ley específica que mencionaré más adelante.
Por lo tanto, lo primero que quiero señalar de manera muy clara es que acá no se ha cometido ninguna irregularidad o ilegalidad, sino que más bien cumplimos.
el mandato legal que establece nuestra propia ley. La siguiente pregunta es si es efectivo que esa reunión que da origen a esta solicitud de opinión técnica no se registrara por la ley de lobby. Yo quiero decirle que eso no es efectivo: está pública, es del 8 de octubre, se encuentran registrados quienes participaron y está con el debido registro en el sistema de la ley de lobby.
El tema para lo cual este grupo de la mesa de residencia solicitó la audiencia fue, y ahí está expresamente, lo que pidieron: abordar la situación de la crisis de la línea de cuidado alternativo residencial que afecta directamente a los niños, niñas y adolescentes; y poder plantear nuestras preocupaciones, reflexiones y propuestas, las cuales hemos elaborado y entregado a la Presidencia de la República. En nuestro carácter de colaboradores del servicio, es de nuestro máximo interés aportar con nuestros conocimientos, experiencias y propuestas. Yo creo que es súper importante porque esa era la temática de la reunión. Luego, en esa reunión, les pedí que hicieran llegar formalmente sus comentarios en base a su experiencia territorial. Esto se mandó el 18 de octubre, en forma de borrador, y se recibió respuesta el día 29 de octubre del año recién pasado.
La pregunta que deriva es si existe alguna norma que prohíba que se haya compartido el borrador de orientaciones técnicas. La verdad es que no. En particular, hay tres normas de nuestra ley que establecen que debemos hacer consulta o colaborar con la sociedad civil. El artículo 9º transitorio establece que el servicio deberá considerar la opinión de la sociedad civil. El artículo 37 establece que tenemos una labor de colaboración. Y el artículo 18 bis establece que, cuando se diseña un programa, éste debe hacerse en base a evidencia técnica y territorial.
¿Cómo está, diputado? Bienvenido, diputado Barrios.
En términos territoriales, los colaboradores ejecutan hoy día el 97% de la oferta del servicio. Por lo tanto, nuestra propia ley dispone que los programas deben diseñarse considerando la evidencia técnica y territorial.
Una pregunta derivada es si hubo discriminación al resto de los colaboradores. La mesa de residencia, que nace en el año 2016, agrupa 42 de las 83 instituciones que tienen a cargo residencias y administran 110 de las 209, es decir, el 53% de las residencias. Nuestra perspectiva es que no hubo discriminación, dado que fue la mesa de residencias la que voluntariamente solicitó una audiencia por ley de lobby —de la cual quedó registro— y en la que ofreció de manera voluntaria su interés de entregar comentarios técnicos respecto de este diseño que desconocían.
La pregunta es si esta es la única instancia en la cual se recogen las opiniones de la sociedad civil, y la verdad es que no. Existen distintos mecanismos, desde los tiempos en que el servicio era el Servicio Nacional de Menores (Sename), para levantar y recoger la opinión de los colaboradores. En particular, yo he estado ocho meses en el cargo y, en este período, hemos activado el Consejo de la Sociedad Civil en cuatro sesiones, en las cuales he participado en todas. Entre el 8 de septiembre y el 31 de diciembre, tuve 25 audiencias con colaboradores por ley de lobby, reguladas por dicha ley. Visité distintas regiones para reunirme con los colaboradores en las residencias y conocer sus distintos modelos de intervención. Se convocaron dos grupos de expertos: uno para el rediseño de familias de acogida y otro para el programa destinado a niños menores de 14 años que presentan conductas delictivas. Se realizó una consulta pública para el nuevo modelo de residencia de tránsito a la vida adulta, planteada, a través de su intermedio, por la diputada Muñoz, para personas mayores de 18 años. Además, se han realizado encuestas en línea con todos los colaboradores, así como jornadas nacionales y talleres de trabajo para la co-construcción de las nuevas orientaciones técnicas. Todas estas actividades se han llevado a cabo cumpliendo el mandato legal que tiene el servicio.
Y este es el esquema de cómo funcionan los concursos públicos para adjudicar proyectos que realiza el servicio. Hay aspectos administrativos que están regulados en las bases, las cuales nunca fueron compartidas con ningún colaborador; hay aspectos técnicos, que fueron lo que se puso en consulta y no en negociación; y hay aspectos financieros. Y esto es bien importante, presidente, porque nosotros no adjudicamos…
Lo indicamos por valor ofertado. El valor que se paga mensualmente por niño está establecido en la Ley de subvenciones y en el Reglamento de pagos. Por lo tanto, el colaborador realiza una propuesta de funcionamiento que debe incluir un diagnóstico de la realidad territorial, el nivel de desprotección, el tipo de intervención, la experiencia de su equipo y la experiencia del director del proyecto. Esto es lo que se plantea y se evalúa; no se trata de un proceso concursal en el que se evalúa por monto, ya que el monto está fijado en otro instrumento legal, y nosotros estamos regulados por la Ley 20.032, que hace aportes financieros, y por la Ley 21.302 del Servicio.
Me detengo un segundo, porque puede que también la discusión respecto del modelo de financiamiento y funcionamiento de protección especializada deba ser analizada. Cuando nosotros aportamos un 70% de lo que cuesta la intervención y le pedimos a los colaboradores que busquen el 30%, no se impone como condición la exigencia del cumplimiento de todos los estándares, ni, por ejemplo, contar con residencias de 6 niños, puesto que eso no sería posible de implementar. Sabemos que lo ideal, y lo que demuestra la evidencia, es transitar a un modelo con residencias de 12, 16 o 20 niños, manteniendo un promedio de 20 niños por residencia.
Cabe añadir que, con los datos registrados y el aumento de derivaciones, actualmente tenemos más de 5.000 niños en residencias y, al 31 de marzo, 237 niños esperaban ingresar a una residencia. En los últimos dos años se han cerrado 24 residencias, lo que plantea claramente el desafío en el que nos encontramos.
Para total transparencia, esto es lo que plantearon los colaboradores en sus comentarios a las orientaciones técnicas:
1. Se propuso incorporar, dentro del equipo base, encargados de salud o encargadas de educación; sin embargo, esto no se implementó en las orientaciones técnicas.
2. Se recomendó no distinguir entre cuidadores diurnos y nocturnos. Esto quedó incorporado, ya que también lo estamos haciendo como servicio, y por ello se está trabajando en el proyecto de ley de cuarto turno, para no diferenciar entre quienes prestan servicios durante el día y quienes lo hacen durante la noche, dada la diferencia en la remuneración y el impacto en los estándares de calidad del cuidado.
3. Se solicitó que, para comunas rurales o alejadas de las capitales, se incluyera la posibilidad de contratar, en caso de no poder contar con un terapeuta ocupacional, a otro profesional con formación o experiencia afín. Se dejó una anotación que permite contratar a otro profesional con las competencias necesarias cuando exista dificultad en la contratación en ese territorio.
4. Se pidió incorporar un asistente administrativo. Además de realizar el proceso de licitación, exigimos la rendición mensual de los gastos. No se trata solo de una rendición abreviada, sino que debe incluir cada boleta de cada gasto, lo que resalta la importancia de la carga administrativa. En la base técnica se incorporó la posibilidad de que cada colaborador considere la inclusión de otros profesionales o técnicos, siempre que no afecte el modelo basal ni su financiamiento.
5. Se sugirió flexibilizar tanto la cantidad como la dotación de profesionales para el programa complementario de vinculación familiar; no se realizó cambio en las orientaciones técnicas.
6. Se corrigió una omisión en nuestras bases técnicas, que originalmente sólo contemplaba la posibilidad de egreso de una residencia cuando los niños volvían a la familia de origen o iban a una familia adoptiva, dejando fuera la opción de que fueran asignados a una familia de acogida o a otra residencia. Este comentario subsanó la omisión de las bases preliminares que habíamos desarrollado.
Estos son los seis comentarios que hizo llegar, de manera escrita y formal, la mesa de residencia. Consideramos importante su opinión, ya que ellos administran el 85% de la cobertura total del país de residencias y, además, en los últimos años se ha evidenciado, junto con el cierre de residencias, que no han participado en procesos concursales.
En los años 2020‐2023, fue más del 51%, entre 51% y 66%, de los concursos que se declararon desiertos por no haber oferentes. El año pasado, en el primer concurso, un 71% no tuvo oferentes, y en este concurso que analizamos en esta sesión, en el 57% de los proyectos no hubo oferentes.
¿Cuándo se publicaron las bases definitivas? Se publicaron el 17 de diciembre para darle dos meses de plazo y que los colaboradores conocieran las nuevas bases. La licitación se desarrolló del 27 de diciembre al 17 de febrero, es decir, se dieron siete semanas, 35 días hábiles para postular; generalmente se dan cuatro semanas, pero se amplió a 35 días por tratarse de un nuevo modelo. Durante el mes de enero se recibieron preguntas; en total, 26, de las cuales 23 corresponden a colaboradores de la mesa de residencias. Esto deja claro que no hubo un proceso de negociación en el que ellos conocieran la versión final: conocieron la versión preliminar, formularon comentarios y, tras la publicación de la versión definitiva, realizaron consultas en la página web.
De esta línea, que se publicó en tres regiones (Valparaíso, Metropolitana y Araucanía), de los nueve proyectos hubo postulaciones en cuatro y se adjudicaron en tres. En dos de estos casos se presentó un postulante único, es decir, no hubo competencia y se lo adjudicó. En el tercer caso, donde sí hubo competencia, se lo adjudicó el que ya está administrando actualmente la residencia. Cabe aclarar que ninguno de estos adjudicatarios es de los que participaron en la reunión de lobby, es decir, no representaron a sus instituciones en la ley de lobby. Por ello, parte de nuestro problema es que, de las nueve residencias que necesitamos, únicamente se adjudicaron tres.
Voy cerrando, presidente. Cuando iniciamos el trabajo con los colaboradores en mi llegada en septiembre, planteé la necesidad de contar con un mecanismo establecido de participación. Actualmente, solo contamos con una ordenanza de participación genérica que establece la necesidad de participación ciudadana. Para el plan de trabajo de este año, aprobado por resolución exenta del 28 de marzo, se incorporó la implementación de consejos consultivos. Con el fin de implementarlos entre los 189 colaboradores acreditados que tenemos, solicitamos la asesoría experta de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia, con la cual ya sostuvimos la primera reunión, para que nos ayude a establecer mecanismos más democráticos y transparentes para conformar dichos consejos y fijar las reglas de funcionamiento.
¿Y por qué lo planteo? Porque el Servicio tiene un mandato legal para acreditar a los colaboradores, diseñar programas, licitarlos, adjudicarlos, supervisarlos, fiscalizarlos, sancionarlos y evaluarlos. Por ello, pese a que cumplimos todas estas funciones por mandato legal, también necesitamos una mirada externa, como lo plantea la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública.
Y, por último, respecto de esta situación quiero dejar en claro que hemos actuado con total transparencia. Primero, la audiencia está publicada y siempre lo ha estado. Segundo, contamos con un estándar mayor de transparencia, puesto que todas las reuniones y actividades que tengo como Director Nacional se publican en la página web del Servicio, lo que permite conocer con quién me he reunido y en qué actividades he participado. Asimismo, el documento se envió por correo electrónico y se recibieron respuestas por el mismo medio deliberadamente, para asegurar la trazabilidad de lo conversado; no me interesaba que esto fuese únicamente un papelito entregado, sino que quedara constancia por escrito. Por último, durante el período en que se levantó la licitación no se realizaron audiencias, se mantuvo un silencio administrativo, e incluso rechacé una audiencia solicitada en ese período. Apenas se publicó el reportaje de CIPER, enviamos todos los antecedentes a la Contraloría General de la República y solicitamos el apoyo de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública para velar por el correcto proceso.
Si efectivamente hay espacios de mejora, que ellos puedan hacer las recomendaciones. Eso es lo que puedo presentarle, Presidente, y quedo muy disponible a las preguntas. No sé si dejamos espacio para preguntar esto y después le respondo a la diputada Muñoz o respondo directamente.
Presidente, por su intermedio, respecto de protocolo en la zona norte tenemos un protocolo de trabajo. Es más, yo fui hace un par de meses y contamos con un protocolo que incluye al ejército, ya que, por infraestructura crítica, es el que se activa en la zona de frontera junto con la Fiscalía. Tanto es así que inauguramos una fiscalía de frontera que tiene una sala especial para niños, en la cual nosotros participamos en la instalación; yo participé personalmente en la inauguración junto al fiscal regional. Además, tenemos una coordinación con Carabineros y con los Tribunales de Familia, a los cuales remiten esos niños para que sean evaluados. Luego, van a un centro de salud —ya no a un hospital—, se verifica su estado de salud y en ese momento nos hacemos cargo.
Efectivamente, existe un grupo de niños que no cuenta con identificación, por lo que se realiza un trabajo con los tribunales para chequear la identidad. No quedan excluidos, quedan incluidos. Además, en un grupo importante, llegan familiares en los días siguientes a demostrar la relación filial con el niño, entregándose mayoritariamente estos niños a dichos familiares que se presentan dos o tres días después. Es decir, se produce el ingreso de niños no acompañados y, posteriormente, se ejecuta un proceso bajo el mandato de los Tribunales de Familia.
Donde sí tenemos dificultades es cuando no existen antecedentes o documentos, sobre todo en el caso de los adolescentes; la declaración de edad del adolescente es lo que vale. Entonces, si el adolescente declara que tiene 16 o 17 años y no hay ningún documento que corrobore su edad, ingresa a una residencia de adolescentes del servicio, ya que hoy día no existe una forma que no vulnere los derechos para verificarlo—por ejemplo, realizando un examen de hueso—por lo que se recurre a una ponderación realizada por los Tribunales de Familia.
Sin embargo, contamos con un protocolo, Presidente, y estamos trabajando, por su intermedio, en que ojalá podamos contar con una residencia de tránsito, pues lo que observamos es que no debiera ocurrir que esos niños en tránsito sean enviados a una residencia donde conviven temporalmente con otros niños por un largo tiempo, ya que entran y salen numerosos niños, situación que no contribuye a su proceso de reparación. Estamos trabajando en ello con el Serviu para disponer de viviendas fiscales e implementar un modelo de residencia de transición en la zona norte.
Respecto de los jóvenes mayores de 18 años, actualmente tenemos más de 515 jóvenes de 18 años o más que se encuentran en residencias de protección porque están estudiando. Nuestra ley establece que intervenimos de 0 a 18 años, pero se puede extender hasta el 31 de diciembre del año en que cumplen 24, siempre que estén estudiando—definido como cualquier tipo de estudio. Asimismo, hemos procurado tener una mirada más amplia respecto de la formación, no solo en ámbitos técnicos sino también en oficios. Esto es fundamental porque, cuando no se logra la revinculación familiar, la alternativa, en muchos casos, sería un albergue en la calle. Por ello, se realiza un trabajo intenso para revincularlos con trayectorias educativas o iniciar programas de tránsito a la vida independiente.
Dado esta situación y considerando que el modelo actual en las residencias más grandes abarca desde los 5 hasta los 18 años, e incluso podrían admitir mayores, las licitaciones que se están realizando ahora tienen una organización por curso de vida: de 4 a 8 años para residencias de segunda infancia, de 9 a 13 para residencias de preadolescentes y de 14 a 17 para residencias de adolescentes. Además, en el segundo semestre licitaremos, por primera vez, casas compartidas para mayores de 18 años que estén estudiando, dejando también la opción de que algunos se mantengan en residencias de adolescentes, dado que, por ejemplo, algunos han estado en una residencia desde los dos años.
Y se van a estudiar a otra ciudad. Se les paga la pensión durante la semana, pero el fin de semana ellos quieren volver al lugar que ha sido su hogar durante 15 años. Les puedo dar el caso en Araucanía de una chica que entró a estudiar Derecho o en El Carmen en el caso de Ñuble. Por lo tanto, son esos propios adolescentes o jóvenes que plantean que no quieren salir inmediatamente de esa residencia; se han hecho la vía completa ahí. Entonces, hay un trabajo que parte antes y que, ojalá, podamos llegar a pensiones, a que puedan compartir casas, a que incluso puedan tener algún acercamiento con algún familiar o, en algunos casos, con amigos. Pero eso todo es un proceso que no puede ser de un día para otro, y eso es lo que hemos ido planteando, y por eso vamos a tener el segundo semestre esta licitación, en la cual para el diseño hubo consulta pública. Recibimos, por ley de lobby, a la red de egresados que han planteado su preocupación al respecto y lo estamos rediseñando, pensando en que tiene que haber un curso de vida.
Y solo para agregar, hoy día el gran aumento de niños en residencias está en 0 a 3 años. Desde que partió el servicio en octubre del 2021 hasta ahora, hemos aumentado un 48% los niños de 0 a 3 años en residencias. En octubre del 2021 ingresaron 49 niños de menos de 2 años a cuidado alternativo, y en marzo del 2025 fueron 247; ese es el aumento. Por eso, estamos trabajando para que las residencias de lactantes y preescolares, que según nuestra ley debían desaparecer, pero que este año el Congreso Nacional aprobó una glosa que nos permite extender su funcionamiento, también partan a una transición de tener familias de acogida; es decir, donde haya residencia, también haya un programa de familias de acogida, que es el tránsito normal que deberíamos hacer y que los niños no estén de 0 a 3 años en residencia, sino en familias de acogida. Para esto, hemos tenido que conocer la experiencia de los colaboradores que también lo han implementado.
Y, por eso, diputado, presidente, es clave que nosotros podamos escuchar las experiencias que están ocurriendo en el territorio, porque muchas veces la sociedad civil innova antes que el Estado, y es fundamental para el diseño de política pública escuchar qué es lo que está pasando en los territorios. Son organizaciones de la sociedad civil de larga trayectoria y, además, nosotros no financiamos en un 100%; hacemos un aporte financiero estatal que, según han relatado los estudios económicos de los colaboradores, alcanza en promedio un 70% de los gastos que implica la atención diaria de niños, niñas y adolescentes.
Gracias, presidente. Gracias, director. No lo sabré yo, que soy gremialista.
Antes de darle la palabra al diputado Undurraga, el secretario va a dar cuenta de un reemplazo para esta sesión: el diputado Marco Antonio Zulantay reemplazará al diputado Felipe Donoso Castro durante el día 7 de mayo. Gracias, doctor. Es la cuenta reciente.
Sí, diputado Undurraga. En primer lugar, lo saludo y le digo que no le envío nada a su trabajo. Este es un tema que creo que nos tiene conflictuados a todos, pero considero que usted tiene una oportunidad, por lo menos en esta comisión. En su relato, usted señala varias cosas que han salido en la prensa, pero que, en los pocos meses que he vivido aquí, no se han conversado directamente. Yo lo he conversado con muchas personas que se dedican o se han dedicado a administrar estos centros de acogida. El presupuesto, primero, es insuficiente. Usted lo ha reconocido, no solo con el dato de que solo el Estado aporta el 70%, sino también con la cantidad de centros de acogida que se han cerrado y con el escaso interés que existe por participar en sus concursos. Entonces, la pregunta es: ¿hasta cuándo nos vamos a hacer los lezos? Y usted está administrando, digamos, una situación…
Y probablemente el día de mañana nos va a tocar a nosotros administrar y, a lo mejor, vamos a seguir con lo mismo o vamos a tener que cambiar, y yo creo que este no es el triunfo del gobierno del presidente Boric o del presidente Piñera o de mi futura candidata a la presidencia, sino que debiese ser el triunfo de los niños. Y aquí nos estamos haciendo trampa en el solitario, o sea, el mercado nos informa que las subvenciones que entregamos no son suficientes para poder incorporar más centros de confianza, y no estamos haciendo nada.
Usted, en su relato, ha señalado al menos tres o cuatro aspectos que podrían trabajarse como modificaciones a la ley, las cuales tampoco se han presentado para ser modificadas o discutidas, al menos en esta comisión, de forma que se resuelva democráticamente si vale o no la pena implementar esas acciones propuestas. Esas iniciativas, que usted menciona, no han sido acompañadas por su ministerio en términos de propuestas legales.
Entonces, seguimos en la misma situación: el Ministerio de Hacienda no asigna más dinero para poder licitar, y no se hacen los cambios legales necesarios para perfeccionar el proceso. Algo que yo me imagino usted se levanta en la mañana y se acuesta en la noche 100% enfocado en lo mismo, y con un deseo profundo de no tener 250 niños en espera; ojalá cada una de las licitaciones se acompañe de un exceso de demanda, que hoy día no existe. Pero, si hoy día no existe, es porque, además de lo monetario, no está cuadrando la viabilidad para embarcarse en esto. No lo planteo en términos de mercado, utilidad o rentabilidad, sino en que claramente no hemos dado el ancho como Estado. Y a usted le toca administrar, digamos, esta parte del Estado durante todo este período.
Además, su repartición ha sido silente en lo que respecta a provocar una discusión que, yo creo, es necesaria, porque se viene la discusión del presupuesto –presupuesto que, además, va a ser restrictivo ya que viene con un déficit, pues todos sabemos lo que es. Por último, para no seguir reuniéndonos y haciéndonos los sorprendidos ante lo que está pasando, ¿me entiende? Por un lado, yo creo y requiero de usted, más allá de una simple confirmación de si mandó o no un mail, que definamos cómo arreglamos esto de cara al futuro.
¿Cuáles son las leyes o cuáles son los articulados de esas leyes en los que podríamos intervenir para mejorar el sistema? Porque cada vez que hablamos con el defensor de las niñas, cada vez que leemos un informe de la Corte Suprema en relación a esto, nos espantamos. Usted habla de 250 niños y no sé cuántos de esos 250 niños no solamente están en espera; y de otros 5.000 están en hospitales, abandonados a la suerte de una TEN de buena voluntad, sin contar que, como se ha relatado no solamente en esta comisión, sino también en la Comisión de Desarrollo Social, los fines de semana se ven en una situación complicada, sin que se les dé el alta porque no hay a dónde llevarlos. Uno va a hablar con fundaciones y las fundaciones… Después del desastre que existió a raíz del caso Fundaciones, hoy día no tienen donantes para financiar ese 30% tampoco, y además le están haciendo un servicio al Estado. El Hogar de Cristo ha cerrado todo durante su gobierno, absolutamente todo, no solamente en lo que concierne a la infancia, sino también en la tercera edad y para personas en situación de calle, llegando incluso a vender funerarias.
Entonces, ¿en qué momento le ponemos el parelé a esto? Si no lo llamamos para que venga a rendir cuentas a raíz de un reportaje de ciber, al menos yo, desde la oposición, no habría tenido la oportunidad de dialogar con usted sobre este tema, que considero más profundo que el reportaje de CIPER. Y no tengo por qué dudar que todo lo que usted ha dicho es correcto, ¿me entiende o no? Pero ya que está aquí, veamos cómo construimos hacia adelante, porque de verdad esta opción no tiene pies ni cabeza. Uno habla con los operadores y los operadores le dicen que…
Le están mandando niños de los Tribunales de Menores, niños que liguen adentro, y a los que se están negando tienen que amenazar con cerrar, como es el caso aquí de Valparaíso, de la Quinta Región, de cerrar su operación porque no quieren, legítimamente, mezclar niños. Además, ese era el origen de esto, pues, dejar a los niños que estaban en situación delictual en una situación distinta a los niños que viven este drama de abandono en el día a día.
Entonces, con esto no me quiero extender más, pero a mí me impacta que solo tengamos un esfuerzo para 5.000 niños, porque sabemos que hay más. Me impacta que solo el cincuenta y tanto por ciento de nueve ofertas —es decir, cuatro— se hayan podido asignar. Quedan cuatro, y eso significa que al menos hay 80 niños desvalidos en algún rincón del Estado de Chile, en situación de calle, en situación de prostitución o en situación de dealer de droga.
Yo creo que este es un tema al que debemos ponerle apuro, y no es que tengamos que salvar al Parlamento. Sin embargo, con la experiencia que ustedes tienen, sería bueno saber si podemos concurrir con proyectos de ley que finalmente beneficien y ejercer presión política tanto desde la oposición como desde el Gobierno para que el per cápita que estamos entregando en esto, por lo menos, ayude en un 100%. Si el 30% restante debería servir para hacer crecer el tema, nosotros, a través de nuestra ley de presupuesto, deberíamos concurrir —o, en un plazo que nos demos, lograr subsanar esto.
Y en materia, lo único que me interesa de verdad del proceso de licitación es entender, digamos, que usted tiene razón: los privados mutan más rápido de lo que pueden mutar las leyes. De hecho, nosotros siempre vamos de atrás y nunca vamos por delante, ni en la ley de inteligencia artificial ni en ninguna otra ley. Por ello, me parece que deberíamos buscar la posibilidad de una asesoría más especializada.
Yo me rehabilité, y disculpe que hable en términos personales, no solamente por el amor y cariño que me tenía mi madre y cómo ella aprendió a rehabilitarme y apoyarme en mi condición de discapacidad, sino también por profesionales que, efectivamente, aunque no vivieran una situación de discapacidad, sabían tocar las teclas necesarias para que yo me pusiera de pie y pudiera incluso rehabilitarme psicológicamente, aceptando mi condición.
Entonces, si nosotros nos vamos a alimentar únicamente del mismo sistema y rendirle homenaje a los participantes activos del mismo, no le vamos a insuflar sangre nueva en el conocimiento que permita, de mejor forma, una administración óptima de estos centros. Es mi opinión, y lo reitero, rindiendo un homenaje no solamente a los miembros de la mesa, sino también a quienes no participan en la mesa, pero sí en el sistema.
Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputada Pizarro.
Gracias, presidente. Quiero agradecer la exposición y que, por su intermedio, se le comunique al diputado —un durraga, perdón, se me olvidó el nombre— que esto lo hemos discutido durante cuatro años. A mí, de verdad, me provoca una congoja brutal y una sensación de responsabilidad enorme, porque no sé cuándo vamos a parar esto. Ni siquiera me interesa hablar de quién es el responsable, porque se remonta a hace mucho. A las niñeces en Chile no les importa a nadie; no sé si es porque no votan, o porque a nadie le importan. Creo que uno pasa de esto y a otro no. El otro día vimos, con horror, que se llevó a juicio a quien no sacó a una niña de la casa de su abusador.
Viene una noticia. Cuando una sociedad llega a eso, ya no tiene esperanza de nada. Lo digo en serio. Y acá acordamos, a mí hasta me da ya pena hablarlo. Yo soy un poco sentimental, lo quiero reconocer. Pero me angustia ya porque siento que acá hablábamos todos los miércoles. ¿Cuántas veces he venido acá? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces ha venido el defensor de la niñez, la subsecretaria?
Y no, y nosotros también somos responsables. Nosotras y nosotros también somos responsables. Lo último que acordamos fue una mesa de trabajo, una mesa que nosotras y nosotros íbamos a liderar y que íbamos a evaluar, precisamente lo que se señala acá, que lo dijimos: ¿qué proyectos de ley? ¿Cómo vamos a abordar el tema del presupuesto? Porque si nada de eso no resolvemos, ni los proyectos de ley ni el tema del presupuesto, voy a partir por mí, lo demás es una hipocresía.
Porque no estamos resolviendo el tema a las niñas y niños de este país. Y no digo chilenos, digo niñas y niños de este país, porque las niñas y niños son todos iguales, son niñas y niños. Entonces yo quiero saber qué vamos a hacer. No usted, director, porque incorporemos esto, pero presidente, ¿cuándo vamos a poner en marcha esa mesa que permita avanzar?
Porque aquí todos y todas dijimos que, transversalmente, estábamos comprometidos en esto. Ya pagámoslo, hagámoslo, o vamos a seguir. No es que no quiero que venga, pero quiero que venga a que juntos discutamos qué hacemos. ¿Qué hacemos? Quiero que venga la subsecretaria y nos diga, y todos aquí, todas, es más, hasta las asociaciones de funcionarios tienen harto que decir, porque ellos son los que lidian con esto, no nosotros ni nosotras.
Miren, es una cosa tan brutal que, desde el día uno que entramos en esta comisión —al menos la Ana María y yo, como parte del comité, y varios aquí, pero somos los que nos mantenemos—, recuerdo que se dijo, por ejemplo, la millonada de plata que se gasta en clínicas psiquiátricas, que se puede mandar a un 0,5% de las niñas o niños adolescentes que lo necesiten. Podríamos haber discutido la construcción de una clínica o de un hospital para estos niños, con todo lo que se gasta haciendo esos tratamientos. Cuando se dice que para gestionar —no sé si es gestionar la palabra—, y para que funcione bien, hay que ver cómo conseguimos el 30% que nos falta. Eso, para mí, es impresentable. No puede ser.
Los recursos para estas instituciones, que son varias y que abarcan una gama muy amplia, deben terminarse de asignar para niñas, niños y adolescentes de una vez por todas. Yo, a veces, siento que él compra huevos. Y sé que hoy día no voy a ir a bajonear, porque me voy a ir, porque yo lo escucho y lo hemos escuchado cuántas veces lo mismo. Hasta yo soy una repetitiva que ha dicho esto mil veces. Ya está el toro en la tera sin principio, porque no resolvemos. Y yo no estoy —eso no es que yo no esté—; las niñas y los niños no pueden seguir sufriendo. No pueden seguir sufriendo.
Entonces, si aquí hay un acuerdo transversal, ¿por qué no ponemos en marcha la mesa en la que invitemos a todas y todos, o vamos nosotros y nosotras, para abordar el tema del presupuesto que se nos viene y determinar cuántos recursos hay que destinar, y para que, de verdad, abordemos el tema de los proyectos de ley? Porque lo demás es para calmar la conciencia, y lo quiero decir: las niñas, los niños y los adolescentes siguen pasándolo fatal mientras nosotros creemos que, al estar aquí escuchando y mandando uno que otro oficio, estamos resolviendo; no hemos resuelto nada.
Y no se resolvió en el gobierno anterior, ni en el anterior, ni en el anterior, porque nunca han tenido a las niñas, niños y adolescentes en el centro. Yo no creo mucho en esto de que aquí no esté el tema político —sí está—, pero quiero creer que a todas y todos nos importan de verdad las niñas, niños y adolescentes. Quiero creer que ninguna y ninguno de nosotros va a poner sus intereses o sus visiones, sean retardatarias o muy avanzadas; no estoy a nadie. Es sentarse, mirar al frente y decir...