En nombre de Dios y de la patria se abra la sesión. La secretaria dará lectura a la cuenta. Le ofrezco la palabra, secretaria, para la cuenta.
Está recibido un oficio del Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia en carácter de simple para el despacho del proyecto que dicta normas sobre protección de personas defensoras de la naturaleza. Se trata de un proyecto iniciado por varios diputados que aumenta sanciones aplicables a la incineración de basura y promueve la educación ambiental.
Un oficio del ministro de Medio Ambiente, mediante el cual responde a uno de la comisión, informa sobre el estado actual de la inscripción del fondo El Cacique en la comuna de Bienes Nacionales.
Un oficio del subsecretario de Medio Ambiente, mediante el cual responde a uno de la comisión, informa sobre las problemáticas de residuos a nivel nacional y de qué forma las distintas comunas rurales estarían trabajando en esta materia a través de los múltiples instrumentos y recursos que poseen.
Un oficio del superintendente de Servicios Sanitarios, mediante el cual responde a uno de la comisión, informa sobre cuáles son las medidas y planes de contingencia que permiten mejorar los emisarios marinos existentes en Chile.
Un oficio de la ministra de Obras Públicas, mediante el cual responde a uno de la comisión, informa sobre la situación que afecta a la Laguna Torca y al Lago Bichuquien en la región del Maule, debido al ingreso del mar.
Un informe de la Biblioteca referido a la negligencia médica veterinaria.
Cinco oficios de diversos servicios públicos informan en relación a la Ley de Presupuesto del año 2025.
Una propuesta de invitados del diputado Félix González para exponer sobre los proyectos Boletines 17.180 y 16.921, relativos al control de animales de compañía en situación de libre deambular.
Una solicitud de audiencia de la Fundación de Abogados por los Animales para participar en el debate de los mismos proyectos.
Una minuta informativa de la Fundación Derecho y Defensa Animal sobre la situación actual de las negligencias médicas veterinarias.
Una nota del Comité de Unión Democrática Independiente, mediante la cual se informa el reemplazo del diputado que estuvo en la bancada de Martínez por el diputado Fernando Borges para la sesión de hoy.
Una nota que comunica un pareo entre la diputada Camila Musante y el diputado Eduardo Cornejo, y otra nota que informa el pareo para la sesión de hoy del diputado Mesa por la diputada Santibáñez.
Con la palabra, sobre la cuenta.
Respecto del oficio del Presidente de la República, del número uno de la cuenta, mediante el cual se presenta la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto que dicta normas de protección de personas defensoras de la naturaleza y de los derechos humanos medioambientales, quiero aprovechar que está la ministra de Medio Ambiente acá, ministra, y este proyecto se sacó de la tabla de la sala de la Cámara de Diputados.
Porque habían indicaciones pendientes del Ejecutivo. Por lo tanto, con esta urgencia calificada de simple, se obliga nuevamente a reponer, dentro de la tabla próxima de la Comisión en discusión, este proyecto. Quisiera hacerle presente si usted tiene alguna estimación de cuándo podrán presentar las indicaciones comprometidas y si, finalmente, ya serán presentadas de manera tal que el proyecto pueda discutirse con las indicaciones del Ejecutivo, o si lo vamos a votar tal como se manifestó anteriormente y darlo por despachado.
Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Aprovecho para saludarlo, así como a los diputados y diputadas presentes. Como hemos manifestado, estamos interesados en este proyecto y trabajamos con la Subsecretaría de Derechos Humanos y con la SECPRES para llegar con indicaciones para el mismo. Lamentablemente, aún no estamos listos; tengo que ser transparente en eso. Esa es la razón por la cual se solicitó que volviera, pero quisiera manifestar la voluntad y el firme compromiso del Ejecutivo para lograr las indicaciones, aunque en este momento no tengo la posibilidad de fijar una fecha.
El pasado viernes tuve una reunión con la ministra y con la ministra Lobo para coordinar varios aspectos, y este fue uno de los temas abordados. La ministra Lobo tiene claro que debemos hacer trabajar a estos tres equipos para poder sacarlo adelante, pero, lamentablemente, aún no puedo comprometer una fecha.
Secretaria, si nos pudiese ayudar: en esta urgencia calificada de simple, ¿permite a esta comisión establecer cuánto tiempo tendrá el proyecto en espera? Se estipulaba salir del trámite en 30 días, aunque actualmente son 16 días. También podrían retirar la urgencia. Lo que yo prefiero comprometerme es a que, en los próximos días, le hagamos llegar un cronograma que, considerando la señal clara del Ejecutivo sobre la importancia del proyecto, nos permita indicar con claridad las etapas restantes para volver a revisarlo.
Quisiera hacer presente que es el Ejecutivo quien ha dispuesto la urgencia, y quizá sería prudente retirarla para poder cumplir los plazos, ya que de lo contrario nos obligaría a ponerlo en votación en un tiempo muy próximo, cuando tal vez esa urgencia ya no esté vigente para evaluar el proyecto nuevamente.
Diputado Félix González: Presidente, a través suyo quisiera consultar respecto del proyecto de ley "No Me Abandones", que esta comisión ya despachó, y que ha permanecido en la sala sin la urgencia del Gobierno durante tres semanas —en cuarto lugar, en sexto lugar— y, finalmente, como si no estuviera en tabla porque no tiene urgencia. No lo expongo como una crítica vacía, sino en vista de que, como hemos señalado, el Gobierno no cuenta con una agenda prioritaria ni con un proyecto de gobierno de esa índole, a pesar de que le hemos pedido que se involucre. En algún momento solicitaron detener la tramitación de "No Me Abandones" para que la Subdere pudiera ingresar indicaciones. Esas indicaciones, bueno, a mí me pidieron la opinión y yo dije...
Creo que no, porque perdemos impulso con un proyecto que está totalmente concepcionado en esta comisión, que tuvo una votación unánime, y que es mejor que siga su curso a esperar a la Subdere. Y también hay que decirlo, que es una crítica razonable, no estoy exagerando: la Subdere, jamás, desde que estoy en esta comisión –han pasado más de siete años– jamás ha presentado una indicación; no recuerdo una indicación de la Subdere. Entonces, desde esa solicitud de detener el proyecto ha pasado más de un mes, y nada impide que la Subdere ahora presente una indicación, incluso con el proyecto en sala.
Entonces, si podemos, a través suyo, presidente, preguntarle al Ejecutivo si esas indicaciones van a existir o no sobre el proyecto de ley No Me Abandones, el cual evidentemente necesitaría recursos, sobre todo para los municipios, para que podamos hacer todo bien.
Gracias, diputado Félix González.
Yo quisiera acoger, sin duda, su planteamiento; es un motivo de preocupación que, creo, es compartido por todos los integrantes de esta comisión, dada la gravedad de los episodios de maltrato animal que hemos visto en los últimos días. Por lo tanto, es importante que podamos construir y hacer una propuesta —una agenda de protección animal desde la comisión— y quisiera saber si hay disposición de la comisión a tener una reunión de trabajo, más que una sesión, para elaborar un planteamiento más concreto al Gobierno sobre lo que estimamos que puede ser una agenda de protección animal. Esta agenda, por cierto, debería incorporar la urgencia del proyecto de ley No Me Abandones, pero también un conjunto de otras iniciativas legales, actuales o futuras, que podamos presentar para garantizar la protección adecuada de los animales en la región que yo represento, la región de Alto Fagasta. Han habido episodios brutales de maltrato animal, muchos de ellos denunciados por el diputado Videla, que nos acompaña hoy en la sesión. Es realmente espantoso lo que está pasando en el país. Creo que deberíamos adoptar una posición y acordar una reunión –más que una simple sesión– para conversar con quienes estén interesados en hacer una propuesta al Ejecutivo sobre cómo atender este tema, que impacta en diversas regiones. Es importante que, como Comisión de Medio Ambiente, contemos con una agenda de protección animal que dialogue con los proyectos en trámite y que incluya medidas concretas que demuestren el compromiso de los diputados de esta comisión con la protección animal.
Diputado Mesa.
Gracias, presidente. Sobre ese mismo punto, efectivamente, también iba a intervenir. En la comisión, el año 2022 aprobamos por unanimidad, tanto en comisión como en sala, un proyecto que fue firmado por varios miembros, y que sanciona como delito el faenamiento de mascotas o de animales de compañía; es decir, no solo se prohíbe dar muerte, sino también ofrecerlos como comestibles. Ese proyecto ha pasado por el Senado por tres comisiones distintas, sin recibir otra invitación. Pasó primero por ser una modificación al Código Penal en la Comisión de Constitución; luego, tras algunas solicitudes y conversaciones con senadores, pasó a la Comisión de Medio Ambiente, y hoy se encuentra en la Comisión de Agricultura. Creo que esta iniciativa se enmarca dentro de la solicitud que hace usted y el diputado González de contar con una agenda animal en este sentido, o al menos identificar aquellos puntos en los que estamos la gran mayoría de acuerdo. Este fue un proyecto aprobado por unanimidad, presidente, y quizá sería bueno que contara con la urgencia del Ejecutivo para que se incluya en la agenda de la Comisión de Agricultura en el Senado. Estoy totalmente de acuerdo con la propuesta.
Diputado Mesas.
¿Hay más sobre el punto? Pues vamos a solicitarle al Ejecutivo lo que ha planteado el diputado Félix González, en orden a que se otorgue algún tipo de urgencia al proyecto de ley No Me Abandones y, sin perjuicio de lo señalado por el diputado Mesa, consensuar algunos proyectos que creo deberían ser prioritarios para lograr una protección adecuada de los animales.
Dicho esto, damos paso a puntos varios.
Diputado Melo.
Gracias, presidente. Quisiera dar la bienvenida a nuestro ministro de Arte, don Javier Salista, y al diputado Arturo Barrios, quien se integra por primera vez a nuestra Comisión de Medio Ambiente, así que, bienvenido, Arturo. Y quisiera además...
Presidente, solicitar un oficio a la SEREMI de Salud. Me tocó reunirme hace un par de semanas con las dirigentes de la Vía Las Margaritas, que se encuentran en el límite del Bosque con San Bernardo, en el sector de Ochagavía, sector 5 de la Comuna del Bosque, donde enfrentamos un episodio importante de contaminación del aire que afecta a familias completas de este sector, además de impactar a las poblaciones de Los Avedules, Aires del Bosque, San Andrés, entre otras. Acá hay una demanda en la que, por parte de la ciudadanía, está involucrada también la Coordinadora Ambiental. Hemos conversado con el concejal de la comuna, Simón Melo, y con el municipio, representado por nuestro alcalde, dado que en este territorio opera el Parque Industrial de San Bernardo y la empresa GIMSA, la cual presenta emisiones contaminantes.
Quisiera solicitar este oficio a la SEREMI de Salud para verificar si la empresa ha asumido algún compromiso para implementar sistemas de abatimiento de gases. Entendemos que este es un tema que se arrastra desde hace mucho tiempo, pero la verdad es que durante la noche esta empresa de galvanizado presenta episodios lamentables que continúan afectando la calidad de vida de nuestra gente. Entonces, solicito ese primer oficio, presidente.
El segundo oficio es para consultar, además, a la SMA si la empresa GIMSA, que opera en la región metropolitana, cuenta efectivamente con una resolución de calificación ambiental o si está sujeta a fiscalización en el marco del cumplimiento de normas de emisión u otros instrumentos de gestión ambiental fiscalizables, e informar si dicha empresa se encuentra sujeta al programa de fiscalización ambiental. Considero importante, sobre todo en el actual clima de movilización ciudadana en el sector, contar con toda la información correspondiente y, en el fondo, que la Cámara de Diputados y Diputadas pueda hacerse presente desde nuestro rol fiscalizador, presidente.
El tercer oficio es solicitar al Ministerio de Medio Ambiente información sobre la implementación de la Ley 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, en los siguientes temas:
Primero, en el rol del sector privado, la elaboración de instrumentos normativos y metodológicos, tales como bases técnicas, resoluciones administrativas y lineamientos para la implementación de dicha ley, en caso de que exista un acuerdo entre el Ministerio de Acción y Empresas. Para ello se requiere información respecto a su alcance, objetivo, duración, mecanismo de participación y control.
Segundo, se solicita información sobre la interrupción del proceso de consulta indígena respecto a los sitios prioritarios que son de importancia para nuestro país y cuándo se reanudará dicho proceso de consulta, presidente.
Esos son los tres oficios que quisiera que pudiéramos presentar o solicitar como comisión. El primero se refiere al caso de contaminación que vive la Comuna del Bosque, en el sector de Ochagavía, solicitado en particular por los vecinos de la Vía Las Margaritas y de los condominios sociales de esa área, y el segundo se relaciona con la implementación del SVAP en lo concerniente a los sitios prioritarios y la consulta indígena.
Presidente, sobre el punto vamos a pedir acuerdos sobre los oficios solicitados por el diputado Melo.
(Da la palabra a la diputada Sara Conte)
Diputada Sara Conte:
En primer lugar, saludo a la ministra y a nuestros invitados del día de hoy. Quisiera mencionar un tema que pude conocer de parte de los vecinos durante la semana de hospital en la Comuna de Quillón, en el recorrido territorial. Se refiere a la situación que viven los vecinos en los alrededores de la Laguna Avendaño, la cual es un atractivo turístico e identitario de la comuna, pero que enfrenta una problemática que se ha prolongado en el tiempo.
Pero quiero recordar solamente que en 2023 se detectaron en este lugar concentraciones de material fecal con valores de hasta 92 veces sobre la norma chilena. Este problema, como digo, es de larga data, persiste y se origina básicamente porque hoy en día se vierten, desde construcciones que se han generado en los alrededores de la laguna, aguas grises de forma directa a la misma. Esto es muy grave, y me gustaría poder oficiar y tomar el acuerdo de esta comisión para dirigir oficios al Ministerio de Medio Ambiente y a la Subsecretaría, a fin de que nos informen, en primer lugar, si tienen conocimiento de esta situación y, en segundo, si se han adoptado medidas por parte del Ministerio para proteger este humedal urbano, la biodiversidad que aquí existe, y también la salud de quienes visitan habitualmente esta laguna, especialmente en temporada de verano, cuando se convierte además en un lugar de atractivo turístico.
En segundo lugar, quisiera oficiar a la Municipalidad de Quiñón para que nos informe si las viviendas construidas en los alrededores, particularmente en las zonas más próximas, cuentan con sistema de alcantarillado y cuál es la recepción final que otorga la Dirección de Obras Municipales. Es muy importante conocer esto, y por supuesto me interesa saber si el Ministerio ha tomado alguna acción respecto a esta situación específica.
Eso, presidente, muchas gracias.
Muchas gracias, diputada Concha. Sin perjuicio de que la ministra haya escuchado su exposición, le pido a la comisión el acuerdo para despachar los oficios solicitados. ¿Hay acuerdo? Acordado. ¿Alguien más? Bien, vamos a dar inicio a la sesión.
Esta sesión tiene por objeto escuchar al presidente, señor Eliecer Chamorro Vargas, y al vicepresidente, señor Patricio Ferreira Rivera, del directorio de la Asociación de Municipalidades del Norte de Chile (AMUNOCHI), con el fin de conocer los planteamientos de dicha asociación en el ámbito medioambiental. Para este efecto se ha invitado, además:
– A la Ministra de Medio Ambiente, señora Maisa Rojas Corradi.
– Al Ministro del Interior, señor Álvaro Elizalde Soto.
– A la Ministra Secretaria General de la Presidencia, señora Macarena Lobos Palacios.
Cabe hacer presente que se ha enviado invitación para participar en esta sesión a los demás alcaldes que conforman la asociación.
Así que, sin más, le vamos a ofrecer la palabra al señor alcalde de Calama, quien dispondrá de una exposición de hasta 20 minutos, para luego proceder a un intercambio de preguntas. Además, se ha dispuesto que se conecten por medios telemáticos representantes de cuatro SEREMI, provenientes de las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama.
Muy buenas tardes. Honorable diputado, muchas gracias por la invitación, así como por saludar a nuestra ministra y a su equipo técnico de trabajo. Me acompaña nuestra alcaldesa de Calama, quien también forma parte y representa al equipo del directorio de los alcaldes del Norte de Chile. Somos una asociación compuesta por aproximadamente 30 alcaldes del Norte, desde Arica hasta Coquimbo, y, de acuerdo a los estatutos, participan además los concejales en las votaciones del directorio.
Nuestra región enfrenta situaciones complejas en materia ambiental y de salud; sin embargo, confiamos en que, desde un enfoque transversal y con buenas voluntades, podremos avanzar. La propuesta que presentamos contiene esbozos generales que esperamos sean revisados, en la diligencia que corresponda, por el equipo liderado por el presidente de la Cámara de la Comisión de Diputados de Medio Ambiente y por nuestra ministra, dada la urgencia crítica del asunto.
A nivel del Norte del país, cerca de 500.000 personas están en lista de espera en temas de salud, situación que ha generado complejidades en localidades como Arica, Iquique, Alto Hospicio y en gran parte de la región de Antofagasta, sin olvidar otras zonas de la tercera y cuarta región que representamos. Creemos que esta propuesta permitirá graficar y señalar algunas indicaciones pertinentes a la legislación de medio ambiente, tanto a la normativa actual como a la de 1300, que consideramos prudente revisar.
En el caso de la provincia de Loa, que es muy parecida a lo que ocurre en algunas regiones del norte de Chile, se ha decretado…
Emergencias de salubridad, la emergencia sanitaria por la contaminación que existe sobre todas las ciudades del norte de Chile. Se han presentado resoluciones a través de la Dirección General, así como a través del Ministerio de las Públicas, refrendadas mediante distintos documentos, que establecen que, en el caso de la provincia de Loa y algunas ciudades del norte, las situaciones no responden a latencias ambientales, sino que se tratan de cuestiones de saturación. Asimismo, desde el punto de vista del recurso hídrico, en algunas ciudades que gozamos de ríos –o, en el caso de la segunda región de Antofagasta, en zonas declaradas como completamente agotadas en su afluencia natural– se refleja esta problemática.
Estos documentos, expuestos y señalados, obedecen a los distintos periodos de la Presidencia de la República que han decretado estas medidas.
Solamente quiero graficar que, en el caso de la Región de Antofagasta o la provincia de Loa, Calama, en este momento, cuenta con una superficie de 4 hectáreas; mientras que ese color celeste que se observa, que abarca cerca de 10 hectáreas, corresponde a una zona de basura industrial, es decir, al relave que actualmente genera la minería (Codelco), lo cual ha ocasionado situaciones de complejidad en su administración. Hoy me confirmó parte del equipo del directorio y del equipo concejal que, en el caso de Cerro de Lave, se encuentra dentro de una zona de riesgo de catástrofe frente a precipitaciones que se pueden presentar en un lapso de 24 a 48 horas, situación que podría provocar dificultades en el manejo operacional si se integran dichos elementos climáticos.
En cuanto a la particularidad de nuestra ciudad de Calama, al igual que en algunas ciudades del norte de Chile, se ha implementado el Plan de Explotación Atmosférica (PDA), el cual fue sometido en algunas instancias a competencias de tribunales ambientales y fue abordado y acogido por el organismo correspondiente. Sin embargo, el plan actual está siendo revisado y rediseñado, ya que han dividido la ciudad del norte en dos. En otras palabras, el criterio actual establece que sólo la mitad del territorio, considerando la geografía del terreno, se declara como contaminada. Así, de las 4 hectáreas que conforman la ciudad, en el caso de Calama –o del doble que presenta la ciudad de Antofagasta– una parte se declara ambientalmente como contaminada, lo cual resulta improcedente para nosotros. De igual forma, contamos con datos georreferenciados y una imagen aérea que muestra que, en la provincia de Loa, el color verde representa la ciudad y el color rojo el tranque o relave industrial minero existente.
En la región de Antofagasta, al igual que en otras áreas de la macro zona norte del país, se han identificado indicadores relevantes, según lo publicado por los ministerios correspondientes y en fuentes del MINSAL. Se observa que las tasas de cáncer en las regiones del norte, y particularmente en la región de Antofagasta, son las más altas a nivel nacional. Durante muchos años, la principal causa de muerte asociada al cáncer en la zona ha sido una enfermedad cardiovascular, afectando también al resto del país; no obstante, en términos de progresividad desde el norte hasta el centro y al sur, se ha evidenciado, además, una frecuencia mayor de cáncer de pulmón, tal como refleja el Registro Regional del Cáncer. En la provincia de Loa, por ejemplo, la incidencia de este tipo de cáncer se manifiesta de manera compleja, según indican los especialistas.
¿Qué estamos proponiendo como equipo de alcaldes del norte? Para ceder la palabra a nuestra alcaldesa, integrante del directorio, planteamos, en primer lugar, que el rediseño del PDA se realice de manera mucho más rápida, ya que en la actualidad, en la región de Antofagasta o en la provincia de Loa, aún no se han concretado avances sustentables ni se acordaron medidas compensatorias para las ciudades afectadas por la contaminación. En segundo lugar, se deben establecer medidas de mitigación, reparación y compensación, conforme a lo que dispone la ley base de los 300, el estudio de impacto ambiental (EIA) y la medición y monitoreo correspondientes.
También ampliar sus coberturas. Y ahí hay un ejemplo de cómo podemos graficarlo de acuerdo a la ciudad que pueda experimentar ese tipo de polución.
Tercero, hay ciudades que han sido declaradas como ley de zonas saturadas. Eso implica que todos los pagos o los recursos por concepto de sanción al no cumplimiento de un RCA tienen que quedar, por supuesto, en la ciudad. Pero aquellas ciudades, como es el caso de la Región de Antofagasta, que está en un estado de latencia, pero sabemos que presenta saturación, deben aplicarse de la misma manera.
Como otro elemento importante, los organismos ambientales, como el SMA o Servicio de Salud Ambiental, deben ser reforzados, ya que en algunas regiones no cuentan con el equipamiento adecuado para la fiscalización.
Otro elemento que estamos proponiendo en la modificación, si es pertinente, se refiere a las medidas de mitigación. En este momento, los proyectos mineros que se están evaluando en la macrozona norte del país tienen un promedio de evaluación de explotación de entre 15 a 20 años. Sin embargo, la rentabilidad calculada de los proyectos mineros se determina en el período de exploración. Entonces, ¿qué está sucediendo? Parece que, si bien el reglamento de medio ambiente es preciso y adecuado, quizá falten algunas perfecciones. A partir de esa evaluación, debemos analizar si modificamos el reglamento o, sencillamente, la ley.
Las medidas de carácter compensatorio de reparación que se pueden aplicar a través del estudio de impacto ambiental no pueden estar supeditadas únicamente al proceso de explotación. Nosotros estamos pidiendo que, dado que la rentabilidad también se genera en la etapa de exploración, se puedan desarrollar medidas en esa misma etapa. Y, si ello no es posible por el alto costo de la inversión, que dicha aplicación de la medida se desarrolle en los primeros cinco años de operación, es decir, desde el momento cero hasta el inicio del período de explotación (del año quinto hasta 15 o 20 años, respectivamente). Lo que ocurre actualmente es que, en el ciclo de vida de explotación del proyecto minero, esa medida compensatoria se está aplicando al año décimo o al año 15, y eso, para nosotros como ciudadanos del norte, no es conveniente.
Otro elemento que queremos destacar es la tributación verde que se aplica en el caso de patentes, etcétera, bajo el principio de “contamina paga”, pero cuyos recursos e ingresos deben quedar exclusivamente en el territorio.
En términos muy generales lo estamos presentando así. Quisiera señalar lo siguiente para ir finalizando y dar la palabra a nuestra alcaldesa, conforme a los tiempos señalados por nuestro presidente. La región de Tantofaga, y sobre todo la provincia de Loa, está patrocinando una demanda ambiental impulsada por los líderes ambientalistas producto de las deudas pendientes que tiene el Estado con nuestra ciudad. En la ciudad de Calama, seré muy específico: 7 de cada 10 personas tienen cáncer y, de la mitad, se muere por esa enfermedad. Esa es la realidad que estamos viviendo en nuestra ciudad. No contamos con especialistas y tenemos consultorios en los que, lamentablemente, la inversión programada no se ha concretado en más de 10 años. De hecho, tengo un consultorio que está prácticamente congelado en términos de inversión.
Por tanto, esta comuna de Calama, al igual que varias comunas del norte, está decretando estado de salud de emergencia sanitaria, porque necesitamos reforzar la sustentabilidad, sobre todo en lo que atañe a la protección de la salud de las personas.
Para finalizar, recalco lo siguiente, tal como lo publicó recientemente el Diario Financiero: el Producto Interno Bruto, especialmente en la región de Trapacá y otras del norte, en su mayoría se encuentra por debajo de la media nacional, mientras que la región de Alto Fagasta tiene un 7,1% en comparación con la media nacional del 2,4%. Nosotros, como alcaldes del norte y acompañados de los concejales, pedimos que se tenga la misma perspectiva que se aplica a las comunas del sector centro o algunas ciudades del sur, ya que el progreso de Chile se garantiza con el fortalecimiento de las comunas del norte. La provincia de Loa aporta, aproximadamente, un 4,1% del PIB.
Esa es, más o menos, la exposición. Presidente, le doy la palabra a nuestra colega, nuestra alcaldesa, dentro del tiempo que hemos destinado a las presentaciones de los alcaldes, para que podamos entablar un diálogo e intercambio. Usted podrá escuchar a la ministra y participar en una conversación mucho más fluida, lo cual creemos es de su interés. El tiempo es estimado y no se establece de manera rígida. Muchas gracias. Agradezco, en primer lugar, que nos hayan recibido en nombre de todos los alcaldes, alcaldesas y consejos municipales de nuestra zona, y en representación de todos los habitantes que representamos en esta ciudad.
Que es la Asociación de Municipios del Norte de Chile. Sumado a lo que dice nuestro colega, y para no quitar tiempo en esta discusión, queremos poner en el tapete que existe una injusticia territorial, no solamente respecto a la explotación o a la proyección de la explotación de los recursos mineros, sino también respecto a cuando se instalan las empresas y tributan o pagan la patente desde el punto de vista industrial, actuando como casa matriz.
Voy a poner un ejemplo dado en la comuna de Caldera. En la región de Atacama contamos con la presencia de desaladoras; de un total de cuatro, tres se encuentran en Caldera. Una de estas, la desaladora de la empresa Aguascap, del grupo Cap, paga, y es importante que lo noten, al año 64.000 pesos de patente industrial, mientras que el comerciante del kiosco de la esquina paga 68.000 pesos semestrales. Este parangón resulta interesante y debe considerarse en la discusión, sobre todo porque creemos que no solo se da en el caso de la minería o en el desarrollo de la actividad de producción de agua desalada —exactamente lo que hoy día se exige a la minería—, sino que también sucede en otras actividades productivas, como la forestal, la salmonera, la portuaria, entre otras.
Frente a esto, al hablar de la compensación del royalty, y algunos podrán pensar, e incluso atreverse a decir “paguen lista de espera con el uso del royalty”, quiero señalar que nuestros habitantes, nuestras comunas, no pagan la basura. Cada vez son menores los pagos que hacen los contribuyentes a nivel local, mientras que los gastos que afrontamos, sobre todo en comunas que son mineras y turísticas —como es el caso de Caldera, donde por segundo año consecutivo se ha elegido la playa más bella de Chile, Bahía Inglesa—, son considerables. Recibimos 120.000 habitantes, y esos ingresos provienen al 100% de las arcas municipales. Existe un monto que proviene de la SUBDERE, destinado a la compensación para las comunas turísticas, pero que, en realidad, no se condice con todo el gasto que tenemos, sumado a deudas históricas que deben pagarse; razón por la cual los municipios hemos optado por entablar demandas.
Quiero destacar al Tribunal Ambiental de la Región de Antofagasta, en particular al Segundo Tribunal Ambiental, por haber fallado favorablemente a las comunas. Menciono también el fallo inédito de Caldera respecto al proyecto de explotación de la fosforita, donde durante muchos años se chancó y moldeó lo que fueron fósiles de gran importancia en Sudamérica, y se exportaba fosfato al sur de Chile para fertilizar los bosques. Además, el Consejo de Defensa del Estado, hace cinco años, entregó toda la compensación a la zona afectada. Con esto se demuestra que es posible que quede establecido en una ley, y no depender únicamente de la voluntad de un presidente o de un grupo de magistrados de un tribunal ambiental.
Me sumo a lo que ha dicho nuestro colega en términos de salud y falta de desarrollo. Resulta increíble que la región de Antofagasta no cuente con doble vía, la cual no se extiende hasta el inicio de nuestro país, cuando la doble vía parte en Caldera. Ya se ha anunciado la licitación de la doble vía, anunciada por el presidente de la República, y espero que se esté ejecutando en estos días durante su visita a la región. Este tipo de injusticias se presentan a diario, y la sensación que nos queda en el norte de Chile, tal cual lo ha dicho mi colega Elisier de Calama, es que somos parte del gran bolsillo fiscal. La compensación recibida mediante el royalty no se condice; por ejemplo, Calama, considerada la catedral de la minería, recibe 3.200 millones de pesos, mientras que otras comunas — cuyos nombres no mencionaré — reciben 6.200 millones, a pesar de que ni siquiera desarrollan una actividad minera relevante.
Frente a esto, y dado que no se hizo justicia con el royalty, es menester manifestar en esta reunión la necesidad de atender a los lugares donde se genera el daño ambiental.
Tal, se repare y se compense como corresponde a los habitantes, porque del norte de Chile, así lo exigimos por décadas. Muchas gracias.
Muchas gracias, alcaldesa. Le voy a ofrecer la palabra a la ministra en primer lugar.
Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludo a la alcaldesa y al alcalde, al cual volveré a ver. Tomé nota de algunos de los temas —no todos—, y quisiera comenzar diciendo que nos interesaría tener la presentación para poder hacer una respuesta más completa, más allá de lo que yo pueda decir acá y que quizás alguien me pueda complementar para hacerlo en forma integral.
El Ministerio de Medio Ambiente es totalmente consciente y estamos avanzando en que, en esta realidad, el país se ha desarrollado en muchos casos a costa de algunas comunas, generando impactos y cargas medioambientales que han sido distribuidas históricamente de manera desigual. No solo somos conscientes de ello, sino que además hemos avanzado a través de una Estrategia Nacional de Transición Justa. Efectivamente, las posibilidades históricas del país en términos de crecimiento económico y desarrollo —y las que tiene hoy, gracias a un proceso de descarbonización— deben incluir de manera explícita que esos beneficios se repartan de forma más equitativa y, sobre todo, que las cargas medioambientales generadas se aborden con un sentido de justicia. Eso es lo primero.
Con el alcalde Chamorro hemos tenido una larga conversación; nos hemos reunido varias veces en Calama para abordar, en particular, el problema de la contaminación del aire, instrumento que tenemos a través de los planes de descontaminación. Existe hoy en día una ley de zonas latentes y saturadas que nos permite, mientras se elabora un nuevo plan de descontaminación, implementar las medidas provisionales. Esas medidas, acordadas con los actores relevantes, presentan avances que me gustaría dejar por escrito para no equivocarme ni omitir nada; estamos entonces trabajando en su implementación, y en gran medida se verán reflejadas en el nuevo plan de descontaminación.
El plan de descontaminación requiere de un insumo que no se obtiene de la noche a la mañana: un nuevo inventario de emisiones y la determinación del lugar en el cual se aplicará el plan. En ese sentido, estamos trabajando para tenerlo listo en los próximos meses y poder avanzar hacia el anteproyecto y la correspondiente consulta pública. Diría que es, de los temas del anteproyecto, el más significativo.
Hay también algunos temas, alcalde, que usted mencionó sobre compensación en el CEA; en ese orden, estamos a la espera de que pueda ingresarse en esta Comisión una reforma a la ley de base del medio ambiente, con un énfasis especial en el Servicio de Evaluación Ambiental, de modo que en el momento oportuno se pueda evaluar y discutir este tema en la Comisión de Medio Ambiente. Con respecto a los temas abordados por la alcaldesa de Caldera, entiendo entonces que…
La ley del royalty no fue suficiente para asegurar que los beneficios que entregan algunas comunas, donde se realizan actividades mineras, puedan ser adecuados. No sé si el ministro de Hacienda tiene algún otro proyecto de mayor envergadura o si se volverá a discutir el tema, pero claramente se trata de una competencia de otro ministerio.
El planteamiento expuesto por nuestra colega se evidencia en la situación que atraviesan, en gran parte, los alcaldes del norte, los cuales, por magnitud y superficie, representan el 62% según el criterio de georreferencia. Sin embargo, más allá de ello, es comprensible que el royalty deba beneficiar a todas las comunas basándose en tres criterios. Se incorpora recursos que antes no teníamos y ahora se valoran, aunque, si bien los montos se mantienen, la distribución ha cambiado. Es decir, ya no se asigna una suma fija de 2.000 o 5.000 millones de pesos a una comuna del norte, sino que se reparte en cuotas. Por ejemplo, si Calama recibe 5.000 millones y otra comuna como Caldera 2.000 millones, se establece una cuota máxima (alrededor de 1.000 millones de pesos), la cual no financia ni siquiera el 10% de un edificio público de seis u ocho pisos, o el pavimentado de cuatro cuadras en las regiones del norte.
Ante esta realidad, se podría optar por incrementar el presupuesto de la cartera –quizás no del Ministerio de Medio Ambiente, sino de Salud– para compensar lo que ocurre en las ciudades del norte, o incluso proponer, desde la cartera ambiental o de salud, declarar un estado de emergencia sanitaria en alguna de estas ciudades. La situación es compleja: si la gente se está muriendo y, de hecho, los casos de cáncer han aumentado en gran parte de las comunas del norte, hablamos no solo de cifras, sino del dolor que se vive ante esta desigualdad. Al comparar con el sur y el centro, las tasas de enfermedad son totalmente distintas. Además, se observa una ley espejo en Santiago, donde se proyectan inversiones como el teleférico, en contraste con las condiciones de las comunas del norte. Aunque no depende únicamente de este ministerio, expongo este dolor como reflejo de la injusticia territorial.
En cuanto a la consulta específica, no se prevé una modificación a la ley, ya que está recién aprobada y es difícil cambiarla. Sin embargo, existe otro elemento: la patente minera. Este es un fondo del cual disponen los municipios, pero se reparte 50% para el municipio y 50% para el gobierno regional. Tal vez lo ideal sería que dichos recursos se asignen directamente a los municipios. En una modificación legal anterior, realizada en el gobierno del presidente Lagos, se estableció que el fondo se dividiera –50% en el erario nacional, 25% en el gobierno regional y 25% en las comunas–, pero luego se determinó devolver el 100% a la región, distribuyéndolo en un 50% para la comuna y 50% para el gobierno regional.
Este mecanismo también podría representar una forma importante de compensación, puesto que, por ejemplo, mientras Tierra Amarilla recibe 2.000 millones por concepto de patente minera (y podría llegar a recibir 4.000 millones), en el caso de Caldera, si actualmente recibe 400 millones, podría estar recibiendo 800 millones. Así, se abren posibilidades de trabajar estos fondos a través de modificaciones legales que vayan compensando de forma más efectiva las necesidades de las comunas del norte.