Suma para el despacho el proyecto que reconoce, protege, garantiza y promueve los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos indígenas. Igualmente, suma para el despacho el proyecto que modifica la Ley que crea la empresa Televisión Nacional de Chile. Suma para el despacho el proyecto que reconoce y fortalece a las ferias libres como pilar de alimentación y desarrollo local. Y simple para el despacho, un proyecto que edita normas sobre financiamiento regional, descentralización fiscal y responsabilidad fiscal regional. Eso, presidente. Suma.
Un proyecto que viene de cultura. Lo despacharon hace como dos semanas, y tiene que ver principalmente con el financiamiento, claro, y con otros temas relacionados con la misión, los objetivos y demás aspectos. Además, crea un consejo consultivo y contempla varias medidas menores.
Diputado Mejía:
Presidente, yo le quiero pedir con todo respeto que no hagamos sesiones paralelas a la sala en las mañanas, porque además de la sala, en mi caso como jefe de bancada, tengo que asistir a comité a las once. Entonces, me pierdo un interesante debate sobre un tema importante, ya que no es lo mismo que un reemplazante pueda estar en la sala que que la persona de Hacienda esté presente. Esto ya se está volviendo una costumbre y, aunque entiendo la urgencia, quizás podríamos adelantar la sesión de las tres para las dos de la tarde, avanzar antes y realizar una XL cuando nos corresponda. Pero si seguimos funcionando en paralelo a la sala, en algún momento se complicarán las votaciones y, al final, afectará el mejor proceder. Gracias, presidente.
Diputado Laram:
Presidente, solo una cuestión de procedimiento. Creo que el hecho de tener sesiones paralelas a la sala no está funcionando, ya que por mucho que hoy trabajemos en ello, no se reflejará en la sesión plenaria. Por ello, deberíamos buscar un mecanismo alternativo. Entiendo que hay urgencia, pero este funcionamiento paralelo nos está complicando a todos. Le pediría formalmente que consideráramos otro mecanismo.
Diputado Sáenz:
Gracias, presidente. Buenos días, ministro, y saludos a las autoridades de trabajo. Entiendo la queja respecto a operar en paralelo a la sala, pero quiero recordar que esta es la Comisión de Hacienda. Nuestra comisión tiene un ritmo de trabajo considerablemente superior al de las demás; ha sido así prácticamente durante todo el período. Esta no es la primera ocasión en que enfrentamos semanas intensas, ni es la única oportunidad en que debemos impulsar proyectos de ley con suma urgencia o discusión inmediata. Hemos sesionado el año pasado, el año antepasado, con la presidencia del diputado Bianchi, del diputado Naranjo y de la diputada Yeomans.
Estamos estacionados paralelo a la sala y es lo que nos corresponde hacer, o sea, ese es nuestro trabajo en esta comisión. Si podemos encontrar un horario más acorde, ideal; pero, de lo contrario, nosotros tenemos que cumplir con nuestro deber acá y me parece que es una queja que no da lugar, porque no es la primera vez que esto ocurre. Sí, pero antes, yo entiendo también, o sea, eso nos pasa a todos. A mí también me hubiera gustado hablar ahora en este proyecto, en el primero que se está dando. Sin embargo, creo que tenemos que dar propuestas. O sea, también no queremos sesionar los lunes con proyectos, porque hay una opción: se podría hacer en la mañana, a las ocho y media, o bien, que se adelante la sesión a los martes, miércoles o incluso jueves. Yo no tengo problema los jueves, pero los lunes también presentan dificultades. O sea, digámoslo. Ya, discúlpeme. Primero diputado Donoso, que me pidió primero, y de ahí diputado Bianchi.
Presidente, la verdad es que no tengo problemas con sesiones de los lunes, pero lo que sí se ha planteado es que los lunes pueden ser, por ejemplo, sesiones en las que se expone y no se vota, porque hay diputados que tienen dificultad para llegar, lo cual es razonable, ya que vienen desde sus distritos. Lo que no quiero que quede planteado es que somos irresponsables por el hecho de pedirlo, porque la responsabilidad la tenemos en varias ocasiones. Tenemos la responsabilidad de estar en la sala, en las otras comisiones, en los comités de los que somos miembros y, además, formar parte de Hacienda. Por lo tanto, no es irresponsable pedir que una comisión adapte su funcionamiento para que pueda ser compatible con las otras responsabilidades que tenemos los parlamentarios. No es que de repente se asemeje a irresponsabilidad o flojera de algunos, sino que tenemos que cumplir todas nuestras responsabilidades.
Diputado Bienqui: A ver, breve y propositivo, presidente. Primero, usted está viviendo lo que hemos experimentado todos los que hemos tocado presidir Hacienda, en cuanto a la coordinación de los distintos días. Los días lunes, más allá de que algunos, por razones de traslado, no puedan venir o les cueste, debemos hacer el esfuerzo. Lo único que debemos acordar es que los lunes no se vote, sino que se exponga, como se ha dicho. Y yo secundo la moción que ha expuesto el colega Mellao. Es decir, creo que podemos perfectamente comenzar antes, los martes o miércoles, una hora antes, y con ello cumplir con todos los proyectos pendientes. Y lo que quiero finalmente decir es que aprovechemos el tiempo ahora, que estamos en paralelo a la sala, para volver pronto a la misma, ver este proyecto, sancionarlo—el proyecto que usted nos convocó para tratar ahora en la mañana—y que, además, usted nos entregue una propuesta final para que durante la semana la consensuemos en el WhatsApp de la comisión; con eso, ya veremos cómo ordenamos la próxima semana. Muy bien, y también se aceptaría realizar la sesión a las ocho y media, martes o miércoles, ¿cierto? ¿Sí? Muy bien.
Señor Secretario: Presidente, respecto a lo que han señalado sobre adelantar la sesión a martes y miércoles, habría que pedir autorización al comité, porque se trata de una sesión ordinaria, fijada para todas las comisiones, según el horario definido por los comités. Entonces, en ese caso, si no se tratara de una sesión especial distinta, habría que cambiar el horario, motivo por el cual se requiere autorización.
Presidente: Muy bien. Vamos a hacer una propuesta. A mí me agrada la idea de la sesión en la mañana, a las ocho y media; creo que es súper bueno, y que, siendo más larga, podría extenderse entre una hora y media y una hora cuarenta y cinco, con desayuno incluido. Entonces, ¿algo más para que pasemos a la orden del día? ¿No? Muy bien.
Presidente: Entonces, nos reunimos hoy con el objeto de recibir los antecedentes por parte del Ejecutivo respecto al proyecto de ley que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, la asignación familiar y maternal, el subsidio único familiar y modifica otras leyes que indica, del Boletín N° 17.508-05, con urgencia calificada de suma. Están invitados el Ministro de Hacienda, señor Mario Marcel, junto con la Coordinadora Microeconómica, señora Pilar Cruz Novoa. Bienvenida, señora Pilar. El ministro me dijo que viene en camino. Y también el Ministro del Trabajo, señor Giorgio Boccardo Bosoni. Bienvenido.
Ministro y está también aquí con el subsecretario Pablo Chacón. Así que, bienvenido, y tiene la palabra el Ministro para partir con esta exposición.
Bien, muy buenos días. Saludo a todos los diputados y diputadas de esta Comisión de Hacienda. Como bien indicó el presidente de la Comisión, el ministro Mario Marcel viene en camino, ya que está inaugurando también una importante obra de inversión que se está realizando en el país, la cual responde a nuestros esfuerzos para seguir mejorando la productividad, el crecimiento y la creación de empleos formales. Este punto se incorporará en algún momento de esta presentación.
Lo que nos compete presentar hoy en esta comisión, y poner en evaluación de diputados y diputadas, es el proyecto de ley que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, la asignación familiar y maternal, el subsidio único familiar y otras leyes que indica el proyecto. Este es un proyecto muy importante para nosotros como gobierno, ya que no solamente fija el reajuste del salario mínimo, sino que también da cuenta de un debate que hemos sostenido en los últimos años para construir una política salarial basada en el diálogo social responsable, lo que ha permitido alcanzar ciertos objetivos para el país y que nos parece fundamental llevar a discusión, tanto entre nosotros como evidentemente en su evaluación.
En ese sentido, la presentación de hoy consta de cuatro partes. La primera, el protocolo de acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores y medidas asociadas, específicamente para las empresas de menor tamaño. En segundo lugar, me corresponderá presentar los contenidos del proyecto de ley. En tercer lugar, abordaré el contexto macroeconómico y del mercado laboral, que permite no solo justificar este proyecto, sino también dar cuenta del panorama que enfrentamos como país. Y, finalmente, se expondrán algunos elementos vinculados al ingreso mínimo mensual, a la asignación familiar y al subsidio único familiar, así como al funcionamiento y cobertura del salario mínimo para el período 2023-2025, entendiendo que este ha sido un debate que ya abordamos en la cuarta discusión de este gobierno, y por lo tanto es relevante y responsable ofrecer una panorámica de la evolución del salario mínimo en estos últimos tres años.
En ese contexto, y como ha sido de conocimiento público, el Gobierno estableció un acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores. Se trató de un protocolo de acuerdo en el cual el Gobierno de Chile, a través de los Ministerios de Hacienda y de Trabajo, dialogó y suscribió dicho protocolo, asumiendo el compromiso de avanzar bajo los siguientes principios: el de responsabilidad económica y fiscal, en cumplimiento del programa de Gobierno en materia de ingreso mínimo, lo cual merece un énfasis particular en relación a los guarismos que hoy presentamos.
De esta forma, fruto del diálogo social con la Central Unitaria de Trabajadores, se ha configurado una política salarial que permitió alcanzar, como saben, un salario mínimo de 500.000 pesos en el año 2024, complementándolo con medidas muy relevantes para la ciudadanía y con masividad y alcance significativos, tales como el reajuste y la ampliación del subsidio único familiar. Durante otras tramitaciones, estos han aumentado no solo en montos sino también en coberturas de la asignación familiar y otros subsidios específicos ante el alza del costo de la vida que se ha venido enfrentando.
Asimismo, los debates en materia de salario mínimo no se han centrado únicamente en los guarismos, sino que también han abarcado los distintos contextos económicos que hemos atravesado en estos últimos cuatro años, como la pandemia, la inflación y el alza del costo de la vida. Durante esta discusión, el foco se ha posicionado en medidas que apunten a que los trabajadores y trabajadoras de Chile no pierdan poder adquisitivo, advirtiendo potenciales efectos derivados de la guerra arancelaria que hoy se está produciendo en el mundo.
Al mismo tiempo, este ha sido un diseño desplegado en los últimos cuatro años, innovador en comparación con otras discusiones de salario mínimo de gobiernos anteriores, dado que se ha puesto una preocupación especial en las empresas de menor tamaño, con distintos mecanismos de subsidio que también han permitido que las empresas puedan absorber parte del alza sobre la inflación a través de…
Que ustedes han conocido, además, que han sido aprobados en las distintas tramitaciones y que también contienen elementos en este proyecto. Me parece relevante dar cuenta de todo ese contexto, porque este Gobierno ha tenido un sello que busca justamente contextualizar los debates de salario mínimo más allá de los guarismos y de los reajustes, entendiendo que esta es una política laboral, pero también social y salarial, que ha tenido efectos positivos a lo largo de estos años, considerando el contexto económico que hemos atravesado.
Finalmente, también nos gustaría destacar que en los últimos meses se construyó una instancia técnica, que es el Observatorio de Costos de la Vida e Ingresos de las y los Trabajadores, creado a través del Consejo Superior Laboral, un órgano tripartito en el que participan empleadores, trabajadores y el Gobierno. En un trabajo conjunto con Economía y Hacienda, hemos establecido ciertos criterios, parámetros y una base sólida para políticas salariales justas, económicamente responsables y con participación sindical informada. Este observatorio ha permitido ir construyendo marcos y establecer parámetros técnicos que el país requiere para que futuros diseños de política pública tengan esta base, y no se concentren únicamente en la definición de un guarismo a través de compromisos programáticos, sino que también propongan un norte basado en la evidencia técnica.
¿En qué consistió el protocolo de acuerdo? Recordando que los acuerdos establecidos con la central no necesariamente se traducen en el proyecto de ley, sino que algunas cuestiones tienen también componentes administrativos. En primer lugar, el incremento del ingreso mínimo mensual del subsidio único familiar y la asignación familiar —elementos históricos de los acuerdos de salario mínimo—: se acuerda un alza a 529.000 pesos a partir del 1 de mayo del 2025 y un alza a 539.000 pesos a partir del 1 de enero del 2026. En esa misma temporalidad se realizará el alza de los ingresos mínimos mensuales para menores de 18 y mayores de 65 años, definidos por ley, y del ingreso mínimo para efectos no remuneracionales. Explicaremos con más detalle a lo largo de esta presentación, pero es importante señalar que los guarismos aquí presentados tienen como objetivo mantener el compromiso de gobierno de un ingreso mínimo de 500.000 pesos, con un horizonte normativo asociado a superar la línea de pobreza del país. Por ello, se acuerda un alza a 529.000 pesos, lo que implica que estos montos se incrementen en esa cantidad.
Lo que queremos señalar, y creemos que es importante que quede reflejado en el debate, es que estos guarismos tienen como objetivo mantener ese horizonte normativo. Así, a abril del 2026, conforme a la inflación proyectada, los 539.000 pesos reflejarán los 500.000 pesos actuales. El diseño de estos guarismos está ajustado para mantener este compromiso programático y avanzar hacia un horizonte en el que una persona en Chile, con ese ingreso mínimo, pueda situarse por encima de la línea de pobreza.
Asimismo, respecto al subsidio único familiar y la asignación familiar, estos tendrán un alza en sus valores y tramos a partir del 1 de mayo del 2025. Se reajustan tanto los subsidios como las asignaciones y, en la medida en que se modifican esos montos, también se ajustan los tramos para que ninguna persona cambie de tramo producto del reajuste del salario.
En segundo lugar, se propone –o sea, en el protocolo de acuerdo se ha estimado necesario dar permanencia al Observatorio de Ingresos y Costos de la Vía de las y los Trabajadores, creada por acuerdo tripartito– una instancia técnica que buscará evaluar el nivel, composición y distribución de los ingresos familiares, su poder adquisitivo y las condiciones financieras y de bienestar, permitiendo generar propuestas e insumos técnicos para la formulación de políticas públicas en la materia. Se establecen ciertos requisitos para que este observatorio tenga un cariz técnico, y además, se contempla que las contrapartes, representadas en el Consejo Superior Laboral –la Confederación de la Producción y el Comercio, la Central Unitaria de Trabajadores y un representante del Consejo de Empresas de Menor Tamaño– puedan definir dichas contrapartes para continuar la discusión a lo largo del tiempo.
En tercer lugar, este acuerdo incluye un resguardo del poder adquisitivo de las personas trabajadoras y se ha definido mantener la inyección de recursos al fondo de estabilización del precio del petróleo para que el precio del kerosene se mantenga en torno a los 1.050 pesos. Esto es algo que, en acuerdos anteriores, se había establecido; sin embargo, se consideró razonable entregar una garantía, un gatillo, en caso de que esa situación se repitiera, e impulsar la aprobación del proyecto de ley que amplía la cobertura del subsidio eléctrico, actualmente en tramitación en el Congreso, para dar una señal en ese sentido.
En cuarto lugar, se establecen disposiciones orientadas al fortalecimiento del diálogo social. Entre ellas, una modificación al Fondo de Formación Sindical con el objetivo de abrir nuevas líneas que busquen tener dirigentes sindicales mejor capacitados para estos debates. Este fondo, que ya existe en el Ministerio del Trabajo –con un fondo general y otro orientado a las empresas de menor tamaño–, se amplía para promover el diálogo social, base con la cual se han alcanzado estos acuerdos. También se han solicitado distintas comisiones para producir datos específicos en diversas materias, con el objetivo de construir políticas públicas con bases técnicas sólidas, y para ofrecer una panorámica de la revisión de los distintos convenios internacionales ratificados por este Congreso, evaluando los avances en cada materia.
Una preocupación particular presentada por la CUT –y que el Gobierno comparte– es que, en las instancias establecidas –comisiones, diálogos, con representantes del mundo empresarial, sectores primarios, expresidentes de los bancos centrales, exministros de Hacienda y, de manera transversal, representantes de distintos gobiernos–, se integren también representantes de las organizaciones sindicales, entendiendo que estos pueden contribuir en un escenario que se podría proyectar en los próximos años.
Finalmente, y no menos importante, uno de los elementos centrales de estos acuerdos, que ha permitido avanzar significativamente en los reajustes del salario mínimo en los últimos años, se asocia a medidas para empresas de menor tamaño. Este proyecto de ley habilita el establecimiento de un subsidio a favor de las personas jurídicas, fines de lucro, comunidades y personas naturales y jurídicas que tengan el carácter de micro, pequeña y mediana empresa, para el caso de que la variación en el monto del salario mínimo a partir de enero del 2026 sea superior a la inflación efectiva del año correspondiente. No estaba previsto inicialmente, pero será el Ministro de Hacienda quien verificará el cumplimiento de dicha condición y establecerá el subsidio por los montos y bajo las condiciones que fije un reglamento a dictar por los ministerios correspondientes. Dicho subsidio será pagado por la Tesorería General de la República, previa verificación de los requisitos establecidos en la ley y el reglamento por parte del Servicio de Impuestos Internos.
Dicho eso, vamos a explicar eso más en detalle. De hecho, a continuación se presentan los contenidos generales del acuerdo; pero ahora lo que nos corresponde es presentar los contenidos del proyecto de ley, que es lo que sometemos a discusión en este Congreso. Este es un proyecto de ley que, como se indicaba, consta de cuatro o tres títulos y algunos artículos transitorios. En primer lugar, el...
El ajuste del monto del ingreso mínimo mensual, la asignación familiar y maternal y el subsidio único familiar se realizará en dos etapas. A contar del 1 de mayo del 2025 –y recordando que, independientemente del tiempo que demore la tramitación en este Congreso, la ley de salario mínimo es retroactiva al 1 de mayo– se elevará el ingreso mínimo mensual a 529.000 pesos para los trabajadores mayores de 18 años y hasta 65 años, y a partir del 1 de enero del 2026 a 539.000 pesos.
En el caso del ingreso mínimo mensual para trabajadores menores de 18 años o mayores de 65, la primera alza será de 394.622 pesos y la segunda de 402.082 pesos. Para efectos no remuneracionales, a contar del 1 de mayo se eleva el salario mínimo a 340.988 pesos, y a partir del 1 de enero del 2026 a 347.434 pesos.
Posteriormente, se establece que la asignación familiar y el subsidio único familiar se incrementan para reajustar los valores de la asignación familiar y maternal y ajustar el alza de sus tramos, de modo que se evite que personas queden fuera del beneficio por razones del reajuste. Esto se hace en el marco del establecimiento del subsidio familiar para personas de escasos recursos y mediante la modificación de normas que permitan reajustar su valor en la misma proporción que el aumento del salario mínimo, tal como ha sido en ocasiones anteriores.
En el mes de abril del 2026 se deberá enviar un proyecto de ley que proponga un nuevo reajuste al monto del ingreso mínimo mensual, así como a la asignación familiar, maternal y subsidio único familiar, y se consultarán para su elaboración las sugerencias del Consejo Superior Laboral, tal como hicimos este año.
Un dato importante a relevar es que el aumento del salario mínimo en este proyecto permite mantener el poder adquisitivo original de 500.000 pesos y moderar los aumentos previos para lograr este objetivo programático. Si se observa el gráfico a la izquierda, en la línea naranja se aprecia el momento en que el salario mínimo alcanzó los 500.000 pesos y, a partir de ahí, se establece una trayectoria real que, pese a algunos descensos por la inflación, sugiere que para mayo del 2026 el salario mínimo estará en torno a ese valor. Se evidencian además los ajustes reales del salario mínimo, donde en 2023 y 2024 las alzas fueron mayores, pero se viene ajustando la meta: para 2026, el salario de 539.000 pesos será equivalente a los 500.000 pesos alcanzados en julio del 2024.
Asimismo, se observa el reajuste de los montos de asignación familiar y del subsidio único familiar –entre mayo del 2023 y mayo del 2025–. El primer tramo, que afecta a las personas con mayores necesidades económicas, quedará reajustado en 22.007 pesos; el segundo tramo en 13.505 pesos; y el tercer tramo en 4.267 pesos. Se establecen, además, tres tramos en función de los ingresos: de 0 a 620.000 pesos, de 620.000 a 906.000 pesos y de 906.000 a 1.413.000 pesos.
Finalmente, se señala que el aumento del ingreso mínimo mensual permitirá que un hogar de tamaño promedio en 2024 –con aproximadamente 2,8 integrantes por núcleo familiar– mejore su poder adquisitivo en un 17%.
Esto por sobre la línea de la pobreza. Ahí se establece cuál es el ingreso mínimo bruto entre los años 2022, que es cuando asumimos como Gobierno, que era de 350.000 pesos. También se establecen las gratificaciones legales, a las cuales están afectadas muchísimas remuneraciones, y la remuneración bruta.
Como pueden ver, entre enero del 2022 y mayo del 2025, esa trayectoria va de 350.000 a 529.000 pesos. De ahí también se muestran las cotizaciones legales, la remuneración líquida, la asignación familiar y el ingreso líquido total que estaría recibiendo una persona a mayo del 2025. En la última línea se establece un ratio de línea de la pobreza y, si en enero del 2022 una persona estaba debajo de la línea de la pobreza con el salario mínimo, el ingreso líquido total a mayo del 2025, en caso de aprobarse este proyecto de ley, situaría a las personas un 17% por sobre la línea de la pobreza con un ingreso mínimo, lo cual también permite dar cuenta de cuál ha sido el horizonte de la política de salario mínimo del Gobierno en negociaciones con la CUT, pero también de cómo esto ha ido permitiendo mejorar de manera muy concreta la vida de las personas afectadas por el salario mínimo.
El Título Segundo establece medidas en favor de las NIPIMES, y aquí, poco explicando los detalles de cómo va a operar este mecanismo, se habilita al Ministerio de Hacienda a establecer un subsidio temporal para el pago del ingreso mínimo, como han sido todos los subsidios que han acompañado el periodo de duración de la ley a partir de enero del 2026, para el caso de que el porcentaje que represente el diferencial entre el monto a pagar por concepto de ingreso mínimo a partir de enero del 2026, que es cuando se realiza el segundo reajuste, y el monto del salario mínimo para el mes de enero del 2025, es decir, la inflación pasada, exceda la inflación acumulada durante el año 2025.
Serán beneficiarias, y esto es algo que se fue enriqueciendo a partir de los distintos debates que tuvimos acá en este Congreso, las personas jurídicas sin fines de lucro, comunidades, personas naturales y jurídicas, incluyendo las cooperativas, que hayan informado inicio de actividades de primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos y que tengan ingresos anuales por ventas y servicios del giro superiores a 0,01 UFs e iguales o inferiores a 100.000 UFs.
Otras disposiciones, que también son parte de los mecanismos que han permitido que el subsidio se pague de buena manera, incluyen la facultad otorgada al Servicio de Impuestos Internos para implementar, administrar y fiscalizar el subsidio, incluyendo el uso de datos administrativos y la solicitud de información a otros organismos. Cuando ha ocurrido, en algunos casos, la suspensión de pago en caso de incumplimiento, se faculta a la Tesorería General de la República para retener, compensar y cobrar montos indebidos del subsidio, además de poder otorgar convenios de pago y condonar intereses o sanciones por mora.
Además, se establece que las MIPIMES que reciban el subsidio serán incorporadas en el Registro Nacional de MIPIMES, sin necesidad de cumplir el requisito previo de inscripción, y que el Servicio de Impuestos Internos enviará trimestralmente al Ministerio de Economía la información correspondiente. De esta forma, se recopila la experiencia de estos últimos años para dejar un mecanismo robusto, sólido y que se haga cargo de las distintas situaciones que esta implementación del subsidio dio lugar en estos años. Por lo tanto, a enero del 2026 se estaría garantizando, como en otras ocasiones, que el alza del salario mínimo – cuyo monto este año será una proporción considerablemente menor a la de otros años – permitirá, a partir de esa aceleración, sostener el alza por sobreinflación y, con ello, proteger a las pymes ante dicha alza.
Otras modificaciones que incorpora la ley, como ya señalábamos, incluyen el fortalecimiento del Fondo de Formación Sindical y Relaciones Laborales Corporativas, en el cual, además de las líneas generales y de MIPIMES, se crea una nueva línea especializada para que las organizaciones sindicales puedan ir fortaleciendo su rol en la promoción de derechos y relaciones laborales colaborativas. En ese marco, en un fondo ya existente – creado por ley y que además posee recursos propios – se establece una línea específica dentro de las que ya existen.
Un elemento adicional es la creación del Observatorio de Ingresos, Costo de la Vida y de los Trabajadores, una herramienta que se proyecta para los próximos años como un legado de política pública para el país. Se propone crear el Observatorio como comisión técnica del Consejo Superior Laboral, encargado de analizar los ingresos, el poder adquisitivo y el bienestar de los trabajadores para aportar insumos a políticas.
Públicas que mejoren la equidad y calidad de vida y que dé respuesta a muchos de los debates que hemos tenido en este congreso a propósito de los costos que significa la vida en el país. Sus funciones serán evaluar el nivel, composición y distribución de los ingresos, generando un indicador de ingreso familiar; elaborar informes trimestrales; realizar estudios e informes; y desarrollar otras funciones acorde a su objetivo. Como en otros organismos del ministerio, se contará con una comisión de composición tripartita para asegurar la representación de las organizaciones de empleadores, trabajadores y empresas de menor tamaño, con estándares técnicos y con una propuesta detallada de su forma de funcionamiento, que incluya causales de cesación y otros elementos propios de cualquier comisión de esta envergadura. Además, se propone una composición equilibrada en materia de género.
Para finalizar, se establece también una modificación a la Ley 19.039, que incorpora un inciso final al artículo 5, facultando al Ministerio de Hacienda para aumentar el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo en hasta 25 millones de dólares, mediante transferencias de activos financieros del Tesoro Público, hasta el 31 de diciembre del 2025, en caso de que el precio del kerosene doméstico se mantenga sobre los 1.050 pesos por litro, garantizando con ello un seguro para la población, especialmente en los meses de invierno, cuando estos gastos se elevan.
Disposiciones transitorias: Las modificaciones a la ley regirán una vez publicados sus reglamentos. El Observatorio deberá constituirse seis meses después de publicada la ley, y los nuevos criterios del Fondo de Formación Sindical se aplicarán en la siguiente propuesta anual del Consejo Superior Laboral. Se establece el 31 de diciembre del 2025, sin aplicarse los límites del precio definido en el Fondo de Estabilización del Petróleo. Esto permitirá que, en caso de un aumento repentino del precio, se otorguen subsidios suficientes para mantenerlo en torno a los 1.050 pesos. El gasto adicional que genere esta ley se financiará con recursos del Tesoro Público y, en los años posteriores, con lo que dispongan las leyes respectivas de presupuesto.
Para finalizar, se muestra una lámina que establece el costo fiscal del proyecto, en la cual se señalan los componentes principales orientados a los reajustes en el subsidio familiar. En ella aparecen las estimaciones para el año 2025 y 2026 en régimen: la asignación familiar, la asignación por muerte, el subsidio previsional para trabajadores jóvenes y el programa de alimentación Junaep. Todos estos subsidios o programas están indexados al reajuste de la asignación familiar o del subsidio único familiar, o bien están afectados al reajuste del ingreso mínimo mensual, implicando reajustes especificados en el informe financiero.
Si le parece, su intermedio, presidente, para continuar con la segunda parte de la presentación con el ministro Mario Marcel.
Ministro Mario Marcel:
Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a los diputados y diputadas integrantes de esta comisión y a los miembros de la Comisión de Trabajo que también hoy se encuentran presentes. Vamos a hablar ahora del contexto en el cual se plantea este incremento del ingreso mínimo y de los subsidios familiares, desde lo más macro hasta lo que es más específico al mercado del trabajo.
Lo primero que hay que destacar en el escenario macroeconómico es que, desde hace más de un año y medio, la economía se está expandiendo de forma sostenida, siguiendo tendencias previas a la pandemia y superando el producto tendencial. Esto se evidencia especialmente cuando se mide la evolución a través del crecimiento subyacente, es decir, tomando el PIB no minero y las cifras desestacionalizadas en 12 meses, lo que permite eliminar el efecto de días feriados y diferencias propias de un año bisiesto. En la lámina se observa que las diferencias trimestrales registradas este año se debieron, fundamentalmente, a factores estacionales. En la gráfica, la línea verde (o la barra verde) corresponde al IMASEC no minero ajustado estacionalmente.
La barra celeste representa los factores estacionales, que en algunos casos han operado hacia arriba y en otros hacia abajo. Con la cifra del rombo se observa el Lima Secno Minero no ajustado estacionalmente y el PIB Minero de tendencia. Entonces, si incorporamos el último dato de marzo a este análisis y con ello calculamos un primer trimestre preliminar –porque hay que esperar las cuentas nacionales– lo que podemos ver es que la variación en 12 meses del PIB no minero desestacionalizado, el promedio de crecimiento en los últimos dos trimestres, es superior al 3%. Esa es la velocidad subyacente que tiene nuestra economía en este momento. Por supuesto, esto excede el promedio trimestral de Limasec en los años previos al estallido social (desde el primer trimestre de 2013 hasta el tercer trimestre de 2019, cuando fue de 2,3%) y supera el crecimiento tendencial, que en la consulta realizada al comité de expertos por parte del Ministerio de Hacienda se estimaba en 2,2% para el PIB no minero y para los siguientes cinco años. Esos son los triangulitos que se observan en el gráfico, lo que indica que la economía está claramente en una senda de crecimiento y se ubica por encima de algunos parámetros históricos.
También se han realizado evaluaciones desde el exterior hacia nuestra economía. En particular, se cita el informe de la Agencia Clasificadora de Riesgo Moody's, en el que se mantuvo la calificación crediticia de Chile, se destacó su fortaleza institucional y fiscal, y se estimó un crecimiento de alrededor del 2,5% para 2025 y 2026. Más allá de las legítimas discusiones que se tienen en Chile, cuando observamos la economía desde el exterior, las cifras son positivas. Lo mismo ocurre incluso en el escenario de guerra comercial, ya que, en ese contexto, el Fondo Monetario en su informe sobre la economía mundial –presentado recién en abril– ajustó a la baja el crecimiento de Estados Unidos en casi un punto porcentual (nueve décimas) y el de México en 1,7%, mientras que en el caso de Chile lo hizo en 0,35%.
– Diputado Donoso: ¿Necesita el logro o podemos esperar al final?
– (Intervención) Es que, para poder entender, el informe financiero tiene que tener alguna correlación con la presentación que estamos viendo. El costo fiscal del proyecto en la presentación es absolutamente distinto al del informe financiero, así que no sé qué diablo metió la cola aquí, ministro, pero, por favor, aclaremos: ¿el subsidio familiar cuesta 15.980 millones o 17.777? ¿La asignación familiar, 3.937 o 4.379? ¿La asignación por muerte, 1.268 o 1.411? Son dos documentos distintos –son las cuatro láminas anteriores– y es imposible mantener la conversación con números tan diferentes. Entonces, si no lo corregimos… lo que pasa es que está en la introducción de la situación. Ya se mostraron las cuatro láminas, y aunque la presentación ya pasó, él va a responder todas las preguntas. Los números siguientes corresponden a… ahí se lo va a explicar.
– Diputado Bin: ¿Está pidiendo la palabra?
– (Intervención) Sí, esperemos que termine y ahí aclaramos todas las dudas. Gracias, presidente.
Señalaba, entonces, que en relación a la inflación, el IPC sin volátiles se ha desacelerado durante tres meses consecutivos, se ha ubicado por debajo del 4% en los últimos dos meses y se prevé que en los próximos seis meses continúe su desaceleración.
Meses, es un IPC sin volátiles que va a estar en torno al 3,5%. Esto excluye, es cierto, las alzas eléctricas y otros componentes volátiles de los precios. Si se le restan únicamente las alzas eléctricas directas, el IPC de los últimos 12 meses fue de 3,7%. Las expectativas para los próximos 12 meses están bastante alineadas, tal como se muestra en el cuadro de expectativas de inflación para ese periodo, a través de los seguros de inflación, la encuesta de expectativa económica y la de operadores financieros.
Por supuesto, todo esto debe considerarse en el contexto de una situación externa adversa. Hay varios factores que explican la mayor resiliencia de Chile frente a esos eventuales shocks y la menor sensibilidad de su economía ante ese escenario, según recogen, por lo demás, las proyecciones del Fondo Monetario.
Entre estas razones destaca que Chile está menos expuesto a que las partes intermedias de las cadenas de valor cambien de ubicación, debido a que exporta materias primas y productos agroindustriales; por ello, es menos vulnerable a las disrupciones que suelen producirse en situaciones de conflicto comercial.
En segundo lugar, aunque Chile es una economía pequeña, es un exportador relevante en un número importante de productos. Hay más de 60 productos en los que Chile figura entre los primeros tres exportadores del mundo, lo que dificulta su sustitución.
En tercer lugar, la amplitud de nuestros acuerdos comerciales permite la diversificación de exportaciones y establece relaciones más sólidas con los compradores de nuestros productos, en comparación con países que no cuentan con una red de estas características.
Además, hay mayor resiliencia en el sistema financiero porque se ha capitalizado, producto de la aplicación de las normas de Basilea, de Basilea III, lo que se refleja en las cifras positivas que muestra la Bolsa de Comercio. También se cuenta con un balance externo equilibrado. Tradicionalmente, Chile tenía un déficit de cuenta corriente, de balance de pagos, equivalente al 3,5% del producto; durante la crisis, llegó a tener un déficit del 10% del producto, y en el tercer trimestre de 2022 también se registró ese 10%. Hoy en día, el déficit es de 1,5% del producto, lo que es fundamental para enfrentar shocks externos.
Contamos con una economía normalizada en lo macro, que crece por sobre su tendencia sin recalentamientos, sin presiones inflacionarias por el lado de la demanda y con expectativas de proyectos de inversión a largo plazo resilientes a este shock.
El stock de proyectos de inversión medido por la Corporación de Bienes de Capital para el período 2025-2028 contempla inversiones por 49.000 millones de dólares, con un incremento del 25% respecto de la medición anterior, realizada a fines de 2024 para este cuatrienio. Cabe señalar que existen muchas inversiones que no están incluidas en ese catastro, ya que solo se consideran aquellas para las cuales los directorios de las empresas ya han comprometido recursos.
Por ejemplo, recién llegué de una presentación de Amazon Web Services, en la que se comprometió un programa de inversiones de 4.000 millones de dólares en data centers en Chile para los próximos 15 años. Además, hace pocos días se anunció el proyecto total de Hidrógeno Verde por 16.000 millones de dólares. Con solo estos dos anuncios, en una semana se han programado 20.000 millones de dólares en inversiones.
Por supuesto, para enfrentar una coyuntura como la actual, es importante entender cómo están ubicados nuestros productos de exportación. Esto se ilustra en el gráfico que compara el peso de las importaciones de Estados Unidos en Chile y el de las exportaciones chilenas que se dirigen a ese país.