Senado - Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales - 6 de mayo de 2025

Se abre la sesión. Estamos sin campana por ahora, pero para todos los efectos se me facilita una campana, se agradece. Muchas gracias. Saludo a los senadores presentes en la Torre Lagos, al secretario y a los representantes del Ministerio de Vivienda y Urbanismo –Ministro Vicente Burgos– y del Ministerio de Medio Ambiente –Rocío–. Se presenta un documento de la Biblioteca Nacional, el cual fue remitido a petición de la Comisión y detalla la forma de protección que se otorga a los ríos Atrato y Cauca en Colombia, solicitud realizada la semana pasada. De igual forma, se comunica la excusa del Ministro de Vivienda y Urbanismo, la cual se debió a razones imprevistas; por ello, se señala que en su representación asiste el jefe de la División de Desarrollo Urbano. Muchas gracias, Magdalena. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Si no hay intervenciones relativas a la cuenta, entraríamos directamente a la orden del día. Principalmente, se abordará lo que se había solicitado a ambos ministerios. Habiendo realizado la introducción la semana pasada —o sea, en la sesión antepasada— nos habíamos comprometido a presentar un modelamiento de la propuesta del proyecto que contempla arbolado urbano e infraestructura verde. Con respecto a la distribución, se acordó revisar la geografía para definir qué elementos excluir, es decir, qué se dejará de incorporar en el área de infraestructura verde, entendiendo que se trata de un proyecto de largo aliento y que se concentrará la discusión en el arbolado urbano. Con el permiso del secretario y en representación del presidente, se expondrá de manera sucinta una presentación que cumpla el objetivo planteado, diferenciando las cuestiones prioritarias. Si bien se reconoce la importancia del proyecto en su totalidad, se ha encomendado establecer criterios de priorización. En esta presentación se identificarán los elementos que se encuentran en la propuesta, para escuchar las opiniones de los senadores de la Comisión y, a partir de ellas, entrar en aspectos específicos relativos al texto. Actualmente, se está elaborando un texto que aún no se encuentra cerrado, pero la exposición ya contiene los puntos esenciales. Por ello, solicito al subsecretario que, en representación del grupo, nos indique si sugieren o plantean alguna modificación sustitutiva, lo cual resulta fundamental también para los colegas que comparten la idea de discutir el tema del arbolado urbano. Es importante destacar que se pretende identificar y excluir aquellos aspectos, principalmente vinculados a la infraestructura verde, que no formarán parte de la consideración principal del proyecto.

Para que nos ayude a incorporar con el texto de ustedes de indicación sustitutiva o vamos votando y vamos eliminando aquella situación. Yo, más que sugerir alguna cosa, me allano a la mejor técnica legislativa. Lo importante es que eliminemos lo que no va a ser objeto de esta discusión, pero nos concentremos, seguramente, en lo que hay o habrá que agregar, algunas normas que van a quedar, digamos, con poca sustancia. Ciertamente, presidente, la verdad es que hay ciertos elementos del proyecto que van a requerir necesidad exclusiva, porque estamos analizando algunas deducciones que probablemente requieran esa iniciativa exclusiva. En consecuencia, nuestra primera impresión, producto de haber conversado con su secretario, es que debemos pasar por iniciativa exclusiva y hacer, en el fondo, el trabajo con CEC3 justamente para esta presentación. Ya lo teníamos considerado así con Rocío, lo habíamos conversado. No obstante, por cierto, hay algunos elementos que sí podrían modificarse por parte de los senadores, pero, efectivamente, como hemos planteado el proyecto, ciertamente va a requerir una propuesta del Ejecutivo en algunos aspectos, entonces quizá deberíamos hacerlo completo. Bueno, entonces, presidente, del proyecto de ley de arbolado urbano, pongo en contexto que acá hay un boletín presentado en el año 2021, en la programación parlamentaria de la Comisión de Medio Ambiente y Bien Nacional del Senado, que no ha tenido avance sustantivo, salvo una indicación de que se atienda en el año 2022, y se retomó la discusión con el texto comparado luego de varios requerimientos de parte de la comisión y de los asesores del Senado, particularmente Urgesquina, en respuesta a nuestras consideraciones. Es importante consignar también que, en el protocolo de acuerdo del presupuesto, votado por unanimidad en esta corporación, se incorporó la prioridad de este proyecto. Yo estoy cumpliendo ese mandato, lo que significa un protocolo y que se hace para cumplirlo, quedando debidamente consignado. Considero importante que se incluyan esos antecedentes. Concuerdo, presidente. Así fue, en todo caso, igualmente mandatado a nuestro equipo, justamente dada la prioridad establecida en la Ley de Presupuesto. Entonces, la propuesta en la que estamos trabajando actualmente, la cual podemos presentar hoy, tiene como eje principal resaltar y concordar con el objeto del proyecto, y entregar competencias de reglamentación y seguimiento a las instituciones existentes, sin crear una nueva institucionalidad, sino reforzando las que ya están para una mejor regulación del arbolado urbano y para establecer pautas y certezas en el cuidado del arbolado urbano, particularmente en bienes de uso público y en áreas verdes públicas, ya que ese es, en esencia, el objeto del proyecto. Como enfoque general, se reconoce el valor ecológico, social y paisajístico del arbolado, y se propone un régimen orientado al bien común y a su servicio ecosistémico. Asimismo, la idea es entregar competencia a organismos existentes dentro de sus atribuciones y facultades, y en las labores que ya pueden desempeñar, sin sobrecargar la institucionalidad con facultades que requieran un aparataje institucional muy fuerte. En consecuencia, se respeta, de alguna forma, la estructura general del proyecto que estamos revisando: se incluyen disposiciones generales que establecen objetivos, la institucionalidad y sus atribuciones; se define la planificación y participación, el régimen jurídico-administrativo, y la gestión y conservación del arbolado urbano y áreas verdes. En la primera parte se define el objeto de la ley y, esto es muy importante, el ámbito de aplicación, donde se reconoce que se trata de bienes nacionales o públicos en zonas urbanas, excluyendo aquellos predios privados que podrían, voluntariamente, someterse al tratamiento de áreas verdes o de arbolado urbano. Se incorpora un glosario legal que estaba establecido en el proyecto original, pero en el cual incluimos algunas propuestas y eliminamos otras, pues no se usan en el proyecto de ley, reconociendo además que existe una facultad reglamentaria ya existente para definir…

En muchos criterios ya establecidos, por ejemplo, se define el límite urbano, que está determinado en la Ordenanza General de la Construcción; en consecuencia, es preferible hacer referencia a la definición existente que proponer una nueva, ¿cierto? Se reconocen ciertos principios, como el desarrollo sostenible, la adaptación al cambio climático y la pertenencia territorial. Luego se establecen atribuciones de reglamentación al Ministerio del Medio Ambiente y al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, así como de acción y seguimiento a las municipalidades, particularmente en el tema de las podas, que constituye un elemento central del proyecto de ley. Aquí surge el tema de debate respecto a qué tipo de institucionalidad podrá funcionar: se propone, en una primera instancia, un consejo consultivo de arbolado urbano, aunque ya existen instituciones que abordan de manera integral el desarrollo urbano. Por ejemplo, la Comisión Ministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio (CIVIT) podría asumir estas labores, tal como se ha sugerido en varias ocasiones. Asimismo, se manda dictar un reglamento que operativice la ley, estableciendo decisiones complementarias y normativas técnicas para la gestión del arbolado urbano, así como la regulación del funcionamiento de un consejo. Se considera, además, la posibilidad de otorgar alguna atribución a la comunidad civil y establecer sanciones y excepciones a efecto de dicho fin. En segundo lugar, se estudia la posibilidad de promulgar una ordenanza municipal de arbolado urbano como instrumento normativo local. Esto resulta probablemente lo más innovador y requiere especial cuidado para no sobrecargar a las municipalidades, dado que, en virtud del artículo 5 de la Ley Orgánica de Municipalidades, son estas las encargadas de administrar los bienes públicos. En consecuencia, se las convoca a ampliar su ámbito de atribuciones para gestionar bienes de acceso público, en particular el arbolado urbano. Esto implicaría disponer de catálogos de áreas verdes y arbolado urbano, un listado de especies en concordancia con la modificación establecida en el proyecto CENAFOR, definir criterios técnicos de pertenencia territorial para la gestión del repoblado y establecer un marco de responsabilidades municipales. En tercer lugar, se aborda la plantación, mantención y protección del arbolado urbano, estableciendo la posibilidad de que terceros aporten a la protección o mantención del mismo. Se proponen mecanismos de monitoreo, fiscalización y actualización de la información contenida en esta ordenanza, considerando además el desafío del financiamiento, pues es crucial definir el porcentaje destinado a dichas medidas, dado que existen limitaciones evidentes en este aspecto. Posteriormente, se establece un capítulo de infracciones y sanciones, que se centra en el tratamiento, mal uso y abuso del arbolado urbano por parte de particulares, así como en un régimen de solicitudes y permisos de recepción para plantación, poda, trasplante y otros tratamientos, diferenciando los requisitos según el número de ejemplares. Se dispone también un procedimiento de recepción y compensación por afectación del arbolado urbano en caso de que sea necesario eliminar parte del mismo, situación que deberá ser excepcional y que aún se encuentra en estudio. Finalmente, se agrega un cuarto capítulo de gestión y conservación que permita una administración eficiente de áreas verdes, pensando en espacios de mayor envergadura, como parques, áreas verdes y plazas, estableciendo algunos criterios generales de diseño. Se pretende reducir estos criterios al mínimo posible, ya que se considera más eficiente regularlos mediante un reglamento a cargo de un ministerio (ya sea del Medio Ambiente o de Vivienda y Urbanismo) que incluirlos en la ley, pues en ocasiones las exigencias de diseño requieren posteriores modificaciones legales. De igual forma, para la gestión del arbolado urbano se plantea establecer una clasificación de especies y selección para la reglamentación de exigencias de calidad y la obligación de un monitoreo y seguimiento del arbolado intervenido. Finalmente, se proponen modificaciones legales a la Ley Orgánica de Municipalidades, incorporando expresamente la atribución municipal de gestionar y conservar el arbolado urbano, lo que implicaría la obligación de dictar una ordenanza de arbolado urbano y reforzar las competencias fiscalizadoras de los municipios, además de modificaciones a la Ley General de Reuniones y Construcciones en relación con el diseño y ejecución de proyectos urbanos y espacios públicos.

Y obligaciones para el urbanizador en cuanto a considerar el arbolado urbano e infraestructura verde, y criterios de arbolado urbano para la recepción de obras y nuevas organizaciones en caso de proyectos privados. Eso es el marco general. También se nos pidió hacer referencia a la poda que se le está haciendo a este proyecto de ley y, en ese sentido, estamos reduciendo las decisiones técnicas. Estamos también limitando bastante las definiciones en relación a la infraestructura verde, por ejemplo, o la responsabilidad de infraestructura verde, dejando esa materia para un proyecto futuro. Se eliminan excepciones amplias a prácticas prohibidas, se tipifican infracciones de manera detallada, lo que constituye una técnica legislativa que transfiere algunas competencias y atribuciones a la policía local. Se establece una fórmula para valorar árboles, pero la verdad es que eso lo estamos conversando ya con el Ministerio del Medio Ambiente, y lo vemos poco funcional para el proyecto perseguido. Además, se refuerzan –insisto– las competencias existentes. No se crean nuevas instituciones; también se limitó el elemento de establecer nuevos planes de arbolado, que nos parecían una carga excesiva para el municipio y creemos que más bien tiene que ver con el reconocimiento del arbolado municipal y la gestión de los bienes públicos al respecto. En síntesis, estamos proponiendo una gobernanza del arbolado en el ámbito urbano, aprovechando la posición parlamentaria de los senadores en este caso, vinculando la planificación urbana, la protección ambiental y la protección ciudadana. Se establecen algunos estándares técnicos y mecanismos de fiscalización para una gestión responsable del patrimonio arbóreo, reconociendo el arbolado urbano como componente clave, pero siempre dentro del marco de atribuciones existentes o, más bien, reordenando las atribuciones que hoy operan en la gestión de los bienes de uso público y el área verde. Esa es hasta la fecha la propuesta, presidente. No sé si el subsecretario quiere complementar, pero estamos, por cierto, abiertos a sus comentarios e ideas. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos los senadores presentes, a todos los asesores y equipos. A ver, para nosotros, desde el Ministerio del Medio Ambiente, si bien las atribuciones, facultades y capacidades que tenemos para abordar la temática del arbolado urbano son prácticamente nulas, nuestra labor está más bien enfocada en áreas protegidas. Este es un proyecto que concita gran interés y que reconocemos tiene un potencial enorme en cuanto a los servicios ecosistémicos que genera el arbolado urbano, tanto en términos de calidad del aire en las ciudades como en la biodiversidad que alberga. Además, es muy relevante en términos de adaptación al cambio climático. En concreto, el plan de adaptación en ciudades, desarrollado por el Ministerio del Medio Ambiente, reconoce el rol relevante del arbolado urbano, especialmente para medidas como la adaptación al calor urbano y eventos extremos de temperatura, estableciendo una meta para el año 2029 que avance en la promoción de la adaptación. Asimismo, se contempla la medida 7, que incorpora la elaboración de la primera estrategia de Ciudades Verdes. Por lo tanto, un punto que nos parece muy importante es que hemos ofrecido toda nuestra colaboración y expertise al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y ha habido un trabajo en conjunto en la presentación que hacía Vicente. También consideramos fundamental articular y coordinar esta ley –este necesario proyecto de ley– para que se convierta en ley, integrando la normativa y los planes; en particular, el plan de adaptación en ciudades con toda la implementación del marco de cambio climático, y, por cierto, incorporando elementos de la recientemente promulgada ley que crea el Servicio Nacional Forestal, porque ahí se contienen algunas… definiciones, define de hecho árboles urbanos, así como también define también que la labor…

y mantener actualizado un catálogo, en responsabilidad del Ministerio de Agricultura, que contenga los requisitos de plantación, manejo, conservación y criterios de eficiencia hídrica requeridos para cada una de las especies arbóreas y arbustidas, nativas e intrusas, según las distintas zonas geográficas del país. Algo que también, por cierto, es muy importante, considerando el arbolado urbano y la pertenencia territorial y geográfica, para que cumpla esos objetivos y, en lo que a nosotros nos parece especialmente relevante, ofrezca los servicios ecosistémicos que tienen un enorme potencial y que, como país, debemos proporcionar y enfrentar, sobre todo, en tiempos de cambio climático, considerando el rol que puede jugar el arbolado urbano en la adaptación al cambio climático de las ciudades. Vale, muchas gracias. Se ofrece la palabra. Gracias, presidente. Bueno, agradecer la presentación de ambos ministerios y saludar, obviamente. Tengo un par de preguntas específicas, presidente. En el título 3, sobre régimen jurídico y administrativo, en la parte de infracciones y sanciones, se definen infracciones leves, graves y gravísimas, estableciéndose sanciones de hasta 500 UTM. ¿Cómo se está imaginando ese proceso concreto en las comunas? Porque, si estamos hablando de bienes nacionales de uso público, digamos, las sanciones se aplicarían a particulares que transgreden la normativa; en el fondo, esta ordenanza municipal de arbolado urbano afectaría a aquellos que, por sí mismos, deciden talar, hacer una poda que no corresponde o plantar de manera inadecuada. Estoy tratando de aterrizar en el fondo esa parte de sanciones. Bueno, imagino que será el municipio el que haga esa fiscalización y que, a través de los juzgados de Policía Local, se encargue del cobro. Agradecería que se profundizara en esa parte con un aterrizaje más concreto. Y lo otro, presidente, es que me quedé con la duda de si vamos a invitar también a los representantes de Cernaforo, en términos de cuál sería la colaboración que haga este nuevo servicio forestal con los municipios. Por ejemplo, respecto a la pertinencia de qué árboles son adecuados en cada territorio, no en términos de que se requiera autorización, sino como una recomendación técnica, dado que, si ya existe un catálogo, no sería necesaria una asesoría adicional. Me quedó esa duda y no sé si los íbamos a invitar para escucharlos en este proyecto, es decir, para conocer la mirada técnica de Cernaforo en cuanto a la asesoría a los municipios respecto a la pertinencia de los árboles. Gracias, presidente. Gracias, Juan Latorre. Senador Gaona, y luego senador Lagón. Presidente, sin perjuicio de lo que ya se ha expuesto en cuanto a ordenar todas las maderas relacionadas con el arbolado urbano y lo que significan las especies arbóreas —y poder, en alguna medida, proteger también todo esto—, uno puede apreciar en las ciudades las dificultades que presenta el manejo de las áreas verdes. Se plantan distintas especies sin, por ejemplo, salvaguardar la infraestructura. Hay muchísimas calles en nuestras ciudades donde los árboles han crecido tanto que levantan las veredas y deterioran los pavimentos; se generan problemas con las redes subterráneas de agua potable, en fin, producto de que se planta cualquier cosa en cualquier lugar. Entonces, yo entiendo que se podría pensar en cómo modificar esta situación, ya que también se observan áreas verdes abandonadas, donde los municipios ni siquiera riegan con un camión, o barrios en los que los vecinos responsables de las plazas, tras las juntas de vecinos, tampoco tienen dinero para pagar las cuentas de agua. En fin, hay bastantes problemas con el manejo de las áreas verdes. Uno podría entender que esto pudiese centralizarse un poco más en la autoridad, pero me pregunto si, para esto, realmente necesitamos una ley o simplemente mejorar la gestión.

O usar la facultad regulatoria de los servicios públicos. En el fondo, las ordenanzas municipales –que también pueden establecer multas– plantean la pregunta: ¿realmente se necesita ley para ello? Esto lo estamos haciendo porque, en opinión mía, no se ha impuesto el uso de la facultad que tienen los servicios públicos para hacer su trabajo, o, en su defecto, no es necesariamente preciso legislar si lo que se requiere es ejercer esa facultad. Tampoco cabe descartar que establecer una nueva legislación podría rigidizar un poco el sistema, sobre todo considerando que en distintas ciudades existen fórmulas diferenciadas y que, en áreas verdes, no necesariamente uno tiene la libertad de plantar árboles o vegetación de forma arbitraria. Un ejemplo interesante es lo que hace la Municipalidad de Coquimbo, que, ante las dificultades hídricas de la región y los elevados costos de mantener áreas verdes, ha optado por un hermosísimo ornato de esos espacios de una manera distinta, incluso prescindiendo de vegetación. Surge así la interrogante: ¿tiene sentido rigidizar y colocar obligaciones que le restan libertad a los municipios y a los distintos servicios públicos, cuando éstos, ejerciendo su facultad regulatoria, podrían normar estas cuestiones enmarcados en las leyes vigentes? Esa es mi gran duda: ¿realmente estamos haciendo esta ley porque no se ha hecho el trabajo, o porque es estrictamente necesario? Además, se plantea que la diferenciación territorial permite que las áreas verdes se puedan ambientar con distintos elementos –por ejemplo, con chips o conchillas–, y he visto en algunos lugares la instalación de pasto sintético de gravilla, entre otras alternativas. Así, no sé si es necesario tener una normativa específica cuando, en las comunas, el plan de adaptación comunal para el cambio climático podría incluir ordenanzas propias sobre el tema, ejercicio que forma parte de la facultad regulatoria de los servicios públicos en el caso de los municipios. En consecuencia, me pregunto: ¿para qué hacer una ley en esto? Nos estamos llenando de regulaciones y legislaciones que, a mi juicio, más que aclarar, rigidizan y suplen el no uso de la facultad regulatoria de los servicios públicos. Además, considerando que el Ejecutivo busca, mediante otras iniciativas –como la ley marco de autorización sectorial– agilizar y disminuir trámites, resulta contradictorio imponer nuevas normativas en este sentido. Por ello, mi duda, que considero legítima, es si realmente es necesario legislar para esto y prescindir de ejercer la facultad regulatoria de los servicios públicos, ya sea por falta de recursos, desidia, ineficiencia o prioridades en otros temas. Me gustaría conocer un poco la opinión al respecto, más allá de lo positivo que puede hacer el sentido profundo e incluso la intención de este proyecto de ley, que busca solucionar un problema existente. ¿Es necesaria una ley para esto, o basta con ejercer la facultad regulatoria de los servicios públicos? Eso, señor presidente. Gracias, Senador Lagos. Sí, gracias, señor presidente. Agradezco la presentación. Quiero entender el ejercicio. Nos encontramos en presencia de una moción parlamentaria de amplio alcance y, en esta sesión, el Ejecutivo nos ha convocado para compartir cómo imagina que será el proyecto o la indicación sustitutiva correspondiente; aún nos encontramos en una etapa de borrador, de pincelada de lo que se quiere hacer. Permítanme hacer un comentario adicional sobre el proyecto: aunque no conozco la moción en su totalidad, todo lo que escucho me parece en general positivo, salvo por un detalle. Hay en el texto una mención –“desafío: financiamiento”–, y quiero decir, con todo el cariño, tras 15 años trabajando en la Comisión de Hacienda, que a usted, municipio, se le prescribe tener una ordenanza municipal de arbolado urbano. Con toda la instrucción propuesta, el sinfrenesamiento será un gran testimonio de preocupación por el arbolado urbano, pero, por lo menos, en Valparaíso, donde vivimos y observamos de cerca cómo se implementan estas medidas, no funcionará.

La poda que hay, cómo ocurre, cómo no ocurre, ¿ya? ¿Me dejan un segundito? No quiero dejar que se pierda el análisis. Esto va a ser en la parte de la Región Metropolitana, donde el tema del área verde aparece de forma segregada; ustedes lo conocen bien, ya que los municipios no cuentan con un puesto de efecto. Entonces, yo siento que este proyecto me gusta, pero si no viene con financiamiento no va a volar. O sea, vamos a tener algo que, por muy bien diseñado que esté, si no tiene recursos, no funcionará. Así de sencillo. Veo cómo opera el tema de la poda, cómo funcionan los carros cisterna que van mojando el jardín y los esfuerzos de los municipios por ir cambiando el concepto y el tratamiento de las áreas verdes. No se trata únicamente de la ejecución en la Región Metropolitana, sino que en Valparaíso y en Viña se realizan esfuerzos genuinos; por ejemplo, en Concón se modifican los criterios del manejo de áreas verdes para, en definitiva, ahorrar recursos. Sin embargo, tengo la impresión de que esto puede quedar solamente en la teoría del proyecto. Por ello, en el proyecto creo que, cuando llegue la versión definitiva con todo lo que ustedes quieren incluir, si no se presenta el informe financiero correspondiente, propongo que se revalúe la continuidad de su tramitación. No puede ser que se pretenda implementar todo esto utilizando los mismos recursos; eso se debe constatar por escrito. Personalmente, me costaría convencerme de que eso fuera posible. Ahora me salto a este tema y, ahí, señor presidente, respecto a la lista de proyectos pendientes en la Comisión: junto con el proyecto de Ríos Protegidos, de mi interés, me pregunto si podemos dar una vuelta para priorizar algunos otros proyectos con implicancias fuertes. Hicimos un gran esfuerzo para despachar los 19.300 de Hacienda y, como miembro de la Comisión de Hacienda, asumo todo lo que corresponde. Reconozco que este proyecto tiene aspectos que mejorar, pero me preocupa el rol de la Superintendencia de Medio Ambiente, ya que es un proyecto importante. El Ejecutivo ya me lo ha planteado y me imagino que usted también lo ha hecho, por lo que deberíamos evaluar en qué circunstancias podríamos priorizarlo, junto con el de Ríos Protegidos, dado que, como sabe, los lunes tenemos sesión en Santiago y existe la posibilidad de abordar ambos proyectos. Antes de la respuesta, quisiera hacer un par de comentarios y formular algunas preguntas a los invitados. Parto por lo último del Senado, de Lagos Beber, en relación al financiamiento. Se está transfiriendo a todos los municipios un promedio de 300 o 400 millones de pesos por concepto de royalty. Creo que es un buen momento para que podamos también indexar, independientemente de la autonomía municipal, reconociendo que en este país hay prioridades: existe una ley de cambio climático y una norma de adaptación de los planes comunales, con recursos disponibles que se pueden indexar. A mayor abundamiento, recuerdo una importante reunión que realizó el ministro Marcel, en la que, al menos en la región de Los Ríos (con 12 comunas), se preguntaba a los alcaldes hacia dónde se destinaba el financiamiento; estoy hablando del año pasado. Es fundamental, tanto por responsabilidad fiscal como por nuestra responsabilidad como legisladores, haber impulsado transversalmente este proyecto, que llegó a ser una solución para que las rentas del cobre se distribuyeran. Hubo una histórica discusión acerca de si estas rentas debían asignarse sólo a las regiones o comunas mineras, pero se logró acordar que se distribuyeran en todo el país, en todos los municipios y gobiernos regionales, con el enfoque adecuado. Recuerdo que, en esa reunión con el ministro de Hacienda, me sorprendió la diferencia que se daba en la dispersión del gasto, ya que, al no cumplirse algunas normas, algunas partidas se destinaban a gasto corriente o al pago de deuda, cuando ese no era el objetivo principal, sino avanzar. Solo como dato, pues, creo que no era ese el objetivo.

Que ella señaló que un porcentaje importante del proyecto minero iba dirigido a temas ambientales. No se refería a algo en particular, tal cual; son aspectos que yo creo que nosotros podemos exigir. El senador Lagos tiene toda la razón, siendo responsable y conocedor –más aún que nosotros– por la Comisión de Hacienda. Y bueno, ahora este país es responsable en el financiamiento, pero también tenemos que exigir cierto estatus. Los temas ambientales no se han abordado recitando poesía; se han trabajado luchando, peleando y, a veces, incomodando. Para que se concreten, y considerando los esfuerzos de municipios de todos los colores, por ejemplo, en Coquimbo o en Barrio Pinto, en Santiago, se está peleando en varias comunas por reemplazar el pasto por vegetación que requiere menos recurso hídrico. Me parece muy bien. En el sur me ha tocado conocer núcleos nativos en los que se están sustituyendo bosques y arbustos nativos para evitar el césped, que es el sueño de todo alcalde, pero que muchas veces no es posible mantener. Entonces, colegas, permítanme decirles –como presidente de la Comisión de Medio Ambiente– que debemos impulsar modificaciones. Esta es la Comisión de Medio Ambiente; no es la Comisión de Vivienda ni la de Minería. Creo que tenemos que generar cambios. Yo, al menos, en esta comisión llevo mucho tiempo sin dependencia titular, y sé que lo que se ha logrado es a punta de esfuerzo, de cambiar comportamientos y de forzar situaciones. Hago esta introducción por lo siguiente: este proyecto es del 2021, está en la ley, o sea, en el protocolo de acuerdo. Me parece algo extemporáneo o tardío que ustedes ahora estén considerando esta situación, cuando, al menos, la Ley de Presupuestos la aprobamos en noviembre. Y resulta un poco cansino que, en mayo –seamos 6 o 7 de mayo– se esté discutiendo cómo proceder. Valoro, y sin enojo a quienes no han participado antes, que debemos acelerar este tema, porque la ley de arbolado urbano, en conjunto con la de cambio climático, debería ser prioridad. Comparto absolutamente lo que dice Sergio, una tesis que ha mantenido en otros proyectos, y, desde mi perspectiva, debemos contar con una normativa particular o incluso plantear proyectos menos ambiciosos que permitan una coordinación efectiva. Hice mi intervención en la ley de Sernafor, en la cual el arbolado urbano se abordó de forma algo poco orgánica. Sin ir más lejos, me llegó la información de una glosa en la Ley de Presupuestos –partida del Ministerio de Agricultura, capítulo 5– sobre programas de arborización urbana. ¿Cómo dialoga eso? Creo que llevamos tiempo enfrentando un problema normativo en el que nos enamoramos de proyectos –SNAP, Sernafor–, resolviendo la institucionalidad, pero dejando otros temas pendientes. En sala intervení respecto al arbolado urbano, que considero muy desacoplado de las necesidades reales. No me enamoro del proyecto; soy autor del mismo junto a varios colegas, y recojo la inquietud de Sergio, abriéndome a revisarlo sin que necesariamente debamos legislar de forma extensa. A veces basta con una legislación más liviana, más fina, que exija coordinación y mueva la aguja en materia de arbolado urbano. Debemos mover este asunto: recorran Curicó en enero o febrero, recorran Chillán, Purranque o alguna localidad de la Región de Valparaíso. La situación es esta: son desiertos de hormigón. Las viviendas sociales, gestionadas por el ministro y su equipo, se entregan sin un mínimo de vegetación. Pónganles, por ejemplo, eucalipto si quieren, o algo que crezca, un arbolito que se desarrolle. Pónganle una palmera, un quillá, un raulí o algún árbol de rápido crecimiento; pero eviten desiertos sin verde. Yo soy de la Región de Los Ríos, donde se encuentra la selva valdiviana, y podría mencionar 10 conjuntos habitacionales que ha entregado este gobierno sin la adecuada arborización.