Senado - Adulto Mayor y Discapacidad - 6 de mayo de 2025

En nombre de Dios y la patria, se inicia la sesión. Por favor, señora Presidente. En la tabla tenemos por objeto escuchar la exposición de las organizaciones administradoras de establecimientos de larga estadía del país, acerca de las problemáticas de funcionamiento de dichos recintos. Asiste la directora del Servicio Nacional del Adulto Mayor, doña Claudia Azmar, junto a su jefe de gabinete, señor Juan Cristóbal Cantuari, y la asesora legislativa, Tania Mora. Como expositores, se encuentran: • Don Mario Germán Rivero Monsalve, secretario general. • Gregorio Enríquez Airo Lagana, director de personas de la Fundación Las Rosas. • Don Mario Cristian Melín, presidente de ANAEL. • Enrique Sebastián Maquia Quíder, coordinador de operaciones de hogares. • Marina Alejandra Rados Gallardo, directora del departamento de personas mayores. • Francisca Loreto Rojas, encargada de transparencia y directora del departamento de intermediación laboral. • Don Cristian Gonzalo Espinoza, representante legal. • El director de ONG Paster Nostrum. • Don Edgardo Fuenzalía, gerente general de la Fundación Las Rosas. • Doña María Soledad, alcaldesa y directora ejecutiva de la Fundación de Red, ELEAM. Asimismo, se ha recibido en la Secretaría un oficio de la señora Yamilet Granizo Román, integrante del Comité para la Prevención de la Tortura, que hace presentes sus observaciones respecto al trabajo del personal de los ELEAM. Senador Keiter: "Gracias, señora Presidenta. Dos puntos específicos me llaman mucho la atención. En primer lugar, a modo de crítica, el proyecto para promover el envejecimiento positivo y el cuidado integral de los adultos mayores, que se encuentra en segundo trámite en la Cámara de Diputados. Este proyecto estaba con urgencia suma y, lamentablemente —y no lo entiendo— ahora está con urgencia simple; se tenía que haber visto ayer en la Cámara, pero finalmente no se revisó. Sigo pensando que lo que ocurre, como ha señalado el senador Sandoval, es muy relevante e importante: al cambiar la urgencia o al situarlo al final de la tabla del día, se genera una dificultad mayor para que finalmente se pueda concretar su avance a un tercer trámite en este Senado, en un proyecto de ley tan importante y vital. Entonces, si el Ejecutivo no maneja con rigor las urgencias —si no cuenta el apoyo del CISPRES o de los jefes de comité—, difícilmente avanzaremos. Como segundo punto, y que fue ampliamente difundido mediáticamente esta semana, se alude a la carta al director, escrita por Mario Kreuzberg, en la que expone un problema que viene observando desde hace mucho tiempo. Se menciona que ya se había referenciado en varias ocasiones y que muchos usuarios habían escrito cartas al director, pero cuando la escribió don Francisco, tuvo una repercusión mucho mayor en relación a la atención de temas de sillas de ruedas para adultos mayores y personas con discapacidad, tanto a la salida como a la entrada de los aviones. Se evidencia una tremenda descoordinación y, para mí, una falta de respeto hacia los usuarios, considerando que son más de 25 millones de personas al año las que utilizan el Aeropuerto Nacional de Santiago. Creo que esto debe mejorar."

En lo personal, ya oficié al respecto, pero me gustaría proponerle, Presidenta, que podamos oficiar como comisión a quienes corresponda. Yo oficié al Ministerio de Transporte, a la Ministra de Obras Públicas, a la Ministra de Desarrollo Social, a la Ministra de Salud, y a la Asociación de Transporte de Aero Internacional. ¿Podrán cortar el audio del Zoom? No sé dónde. También oficié al Director General de Aeronáutica Civil. Yo creo que nos tenemos que pronunciar al respecto como comisión y, de alguna u otra manera, tienen que mejorar y cambiar las condiciones. Donde, justamente, ahora parte de esa mala discusión –que no se practica en ninguna parte del mundo– es que este trámite de llevar a las personas con silla de ruedas se está convirtiendo en que las dejen prácticamente en la puerta de embarque; y desde allí hasta el avión, la línea aérea debe asumir la responsabilidad, y lo más probable es que, dentro del avión, los propios sobrecargos tengan que realizar todo el trámite. Entonces, ya esto se está transformando en una falta de respeto aún mayor mientras no nos pongamos de acuerdo e insisto, poniendo reglamentos que no son practicados ni practicables en ningún país del mundo. Propongo que oficiemos entre todos, ya sea a través del oficio que envío o de otro modo, pues sumamos más fuerza como comisión. Senador Keiter, la verdad es que estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. Podríamos oficiar como comisión, eso no hay ningún problema, pero también podríamos trabajar en una comisión unida con el transporte público, y buscar un horario adecuado. Senador Sandoval, por favor. Muchas gracias, Presidenta. No puedo menos que acercarme respecto de la situación inicial de la falta de tramitación de este proyecto de envejecimiento. Entiendo que está en segundo lugar de la tabla, pero se optó por tramitar la ley de expediente, la cual no tengo nada que cuestionar sobre el particular, aunque es una ley que efectivamente llega a un punto crítico en su tramitación legislativa. Yo, junto con su mano, no sé si —porque hemos pedido ya varias veces este mismo requerimiento para que el Ejecutivo acelere esta tramitación— habría que oficiar al presidente de la Cámara de Diputados para que ponga el asunto en el lugar pertinente nuevamente, durante varias sesiones. Además, entiendo que también están las organizaciones, a veces citadas e invitadas a participar de esta actividad; muchos vienen de lejos y se encuentran con esta realidad. Son más de 6,5 millones en un país que está envejeciendo solidariamente y que necesita este marco regulatorio, el cual fija un rayado de cancha distinto en relación al tratamiento que el Estado brinda a los mayores. Por lo tanto, junto con requerir, evidentemente, el oficio pertinente, no sé qué más podríamos hacer. Yo creo que, además, una consulta o una reunión directa con el presidente de la Cámara pudiera ser también un canal para tratar de resolver esta situación. Y lo segundo, Presidenta, Secretario, aquí se planteó —y me entiendo— este tema del aeropuerto hace ya bastante tiempo, y de repente uno queda con muchas ideas respecto a que alguien lo terminará por resolver, pero es un tema que cada cierto tiempo sigue alargando. Lo que usamos en el aeropuerto con regularidad nos muestra el nefasto sistema de organización que tienen para las personas con discapacidad o mayores que tienen algunas dificultades. Son, pero, cientos de metros los que hay que recorrer desde la zona de embarque hacia las respectivas zonas de acceso a los aviones, y, evidentemente, hemos visto con mucha preocupación las precarias condiciones que existen. No es justo que una instancia del Estado, como un aeropuerto —que pareciera ser que nunca termina su fase de construcción—, adopte una conducta con personas que realmente da pena ver, por la forma en que transitan y deben transitar con sus dificultades. Esto no se justifica, ya que existe una ley hoy día que se supone debe cumplir el acceso universal; y, evidentemente, aquí hay una falta absolutamente cuestionable que deberíamos abordar con la mayor rigurosidad posible para que se resuelva. Yo creo que nada justifica lo que está pasando en el aeropuerto, una situación que es probablemente solo la punta del iceberg, pues existen muchas otras circunstancias de inclusiones efectivas donde las personas con discapacidad o los adultos mayores se ven permanentemente afectados en sus condiciones.

Presidente, lo primero, yo trataría de hablar directamente con el presidente de la Cámara de Diputados para resguardar este tema y que el Ejecutivo ponga todas las discusiones con la mayor prontitud, puesto que realmente es casi un aspecto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Sandoval. La verdad es que el tema del acceso universal hoy día es un tema bien grande y que es muy difícil de solucionar. Hay muchos edificios que aún ni siquiera tienen un ascensor, y edificios, por ejemplo, como el Servel. Cuando a mí me tocó ir a inscribir mi campaña, créame que subí cuatro pisos, los cuales después uno de mis colaboradores, trabajadores hoy, no los pudo bajar. Así es que es súper difícil el tema de los accesos, empezando por las rampas. Así que, podríamos oficiar al presidente de la Cámara de Diputados para poder avanzar con el proyecto. Yo le sugeriría que habláramos directamente con el presidente, junto con el oficio, porque a veces son los comités también los que están detrás, fijando las tablas de las diferentes salas. Y a veces, por mucha voluntad que pueda tener el presidente, los comités se resuelven otras cosas. Por eso habría que echarle una mirada. A propósito del acceso universal, no hay que ir muy lejos. Es cosa de abrir lo que pasa aquí en el propio Senado, y vemos permanentemente en la sala las dificultades que tiene un senador para arribar a su lugar de desempeño, porque no tenemos la condición de accesibilidad. Estamos hablando de la misma casa en la que estamos legislando sobre este particular. Sí, por favor. Ah, disculpe. Sí, bueno, en el edificio donde nosotros mismos trabajamos, yo tenía que, tengo que subir a almorzar al piso 14. Hoy día, bueno, eso ha mejorado. Estamos a punto de recibir el comedor de acceso universal para las personas con discapacidad en este Senado. Así que yo encuentro súper importante que comencemos ya a mejorar los espacios para las personas con discapacidad, porque en este Senado también hay al menos tres senadores con discapacidad que hoy día trabajan acá. Gracias. Adelante. Sí, para recordar a la comisión que el boletín 15.160, raya 11, es sobre acceso. ¿Qué se está pensando en el aeropuerto? Está para segundo informe desde el 7 de marzo, está con indicaciones presentadas y está para segundo informe en esta comisión. 3.24. Exacto, y está para que lo pongan en tabla y se les vote. Un informe está con las indicaciones presentadas. Comenzamos con las exposiciones, ¿sí? ¿Quién nos toca? No sé si entre ustedes tienen algún acuerdo en el orden o no. No. Entonces, don Mario Germán Rivera Monsalve, secretario general de Agram. ¿Se encuentra presente? Sí, adelante, don Mario, por favor. A fin de que todos puedan exponer, le ruego tratar de sintetizar en cinco minutos sus presentaciones. Bueno, me presento, Presidenta, señor senador. Soy Mario Rivero y vengo con Gregorio, de la Fundación La Rosa. Yo soy de Agram, de un gremio de Eliam, y venimos también un montón de otras personas que, en conjunto, al final representamos algo así como el 54% de los Eliam en Chile.

Para nosotros es súper importante decir cuál es la representatividad que tenemos, porque es la primera vez que se unen tantos ELEAM por una sola causa. Esto ocurrió ayer, luego de un año de trabajo muy arduo, cuando la Dirección del Trabajo echó hacia atrás una norma que había eliminado las jornadas excepcionales para los ELEAM. Es decir, teníamos que trabajar en horario de oficina y no podíamos atender en horarios de atención médica. Ayer firmamos el acuerdo, y se adhirieron todos los tipos de ELEAM existentes: desde los privados con fines de lucro hasta las fundaciones sin fines de lucro, e incluso aquellos que operan los ELEAM públicos, que son del SENAMA. Por ello, este Congreso —y la Cámara de Diputados que nos ayudó a lograrlo— es un hecho histórico para nosotros. Luego de eso, lo que nos gustaría decir —y permítanme hacer un ajuste en la redacción— es que el sector de los ELEAM, además de ser muy atomizado, cuenta con normativas complejas y contradictorias. Estoy seguro de que ustedes lo saben, con fiscalizaciones no expertas y con un decreto 14, que es la norma que legisla nuestra actividad, y que será reemplazado prontamente por el decreto 20. Este decreto 20, que ya estaba listo en el gobierno anterior y que el presidente Boric promulgó, ha tenido que postergarse en dos ocasiones en su implementación, ya que algunos de sus contenidos podrían ser lesivos para nuestra actividad. El Gobierno ha escuchado, por lo que se ha prorrogado la entrada en vigencia. No obstante, pese a los cambios que aparentemente se han introducido, consideramos que el decreto 20 requiere aún más trabajo para ser realmente útil y permitir el desarrollo adecuado de nuestra actividad. El gran problema es que hoy no existen normativas que permitan o estimulen el crecimiento de la oferta de los ELEAM en Chile. Actualmente, existe una brecha del 72% de personas que deberían estar institucionalizadas y que no tienen un lugar donde recibir los cuidados y la atención que requieren las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Creemos que debería existir, al menos, alguna legislación o que la legislación vigente incentive la ampliación de la oferta. Por el contrario, según nuestras estimaciones, la oferta se ha reducido en un 30% en los últimos años, pese a que la capacidad instalada es mayor que la ocupación actual, lo que deja a muchas personas sin un lugar donde estar. Además, consideramos que el decreto 20 presenta varios problemas. Por ejemplo, en la legislación en trámite y en el decreto de interés específico falta claridad sobre cuáles son las funciones que debe desempeñar el SENAMA dentro del sector. Al ser expertos en este tema, el SENAMA debería jugar un rol más activo, en lugar de limitarse a fiscalizar. Hoy, los fiscalizadores provienen del Ministerio de Salud, que debe abarcar desde la fiscalización de restaurantes hasta otras actividades sanitarias, sin ser especialistas en los ELEAM. Esto genera una serie de inconvenientes, no solo económicos, debido a las multas, sino también operativos, ya que nos vemos obligados a dar interpretaciones distintas de nuestras actividades dependiendo del fiscalizador. Un ejemplo es el relacionado con el decreto 20. Si bien se acordó permitir turnos de 12 horas, tanto la Dirección del Trabajo como el Código del Trabajo no lo permiten. Durante todo este año hemos oscilado entre trabajar con turnos de 12 horas o de 8 horas, lo que ilustra las discrepancias en la aplicación de las normas. Creemos que el SENAMA podría desempeñar un rol mucho más intensivo en la armonización de la legislación para que esta actividad funcione adecuadamente. También existen otras normas que requieren una revisión integral.

Por ejemplo, estaban hablando de la norma de acceso universal. Los ELEAM, en general, son fiscalizados también cuando tienen más de un piso y carecen de ascensor. El gran problema es que muchos ELEAM, que son muy antiguos, no cuentan con ascensor, y su instalación cuesta aproximadamente 50 millones de pesos. Entonces, si tenemos un ELEAM de dos pisos con 20 camas, lo que han hecho es limitar su funcionamiento a 10 camas, como observé recientemente en un ELEAM de San Miguel; las otras 10 camas, que podrían estar ayudando a personas que requieren estar institucionalizadas, no pueden usarse por la falta de ascensor. ¿Se entiende? Esa armonización, o alguna política de incentivos que permita cumplir con la ley y, al mismo tiempo, ofrecer el cuidado que requieren muchas personas que realmente lo necesitan, sería sumamente importante. Lo estoy haciendo de forma resumida para poder ajustarme a los cinco minutos. Cuando hablamos de que deberíamos tener una legislación más enfocada en la operación real de los ELEAM y en el cuidado que deben entregar, me refiero también a que este sector debería ser impulsado e incentivado, como en gran parte del mundo—donde los niveles de envejecimiento son similares a los de Chile hoy—no solo por ser una industria de la economía, sino porque provee un servicio insustituible. Existen varios modelos, por ejemplo, el de Japón y el de España, en los que se observa que o bien el Estado compra plazas para asegurar un estándar mínimo y una oferta, o se articula un conjunto de dispositivos que permite atender a las personas mayores. Son dos sistemas distintos. Lo que pretendo decir es que las personas que se encuentran en instituciones en Chile son aquellas que no pueden ser atendidas en sus casas, no solo porque quienes conviven con ellas carecen de los conocimientos necesarios, sino también porque no disponen del tiempo, debiendo abandonar otras actividades. Esto es algo que ya sabemos. Por ello, estos dispositivos, aunque sean de última ratio, deberían ser incentivados para romper esa brecha del 72%, ya que no podemos tener a más de 200.000 personas que deberían ser cuidadas las 24 horas por profesionales capacitados en un entorno institucional. Además, es fundamental impulsar un modelo que permita ver esta industria de forma holística, evitando que las legislaciones se superpongan hasta el punto de hacer imposible cumplir con el servicio que queremos entregar. La brecha se evidencia al compararnos con otros países: mientras el estándar recomendado es de 5 camas institucionalizadas por cada 100 o 100.000 personas mayores, en Chile tenemos 0,65, es decir, apenas un décimo de ese estándar. Japón y España, que han impulsado la institucionalización con modelos muy distintos —uno que articula todo el ecosistema en torno a las personas mayores y otro que ofrece subsidios o compra de demanda para que inversionistas amplíen la oferta— alcanzan multiplicar su capacidad varias veces. Estamos muy lejos y debemos alcanzar ese objetivo rápidamente, pues el envejecimiento no se detiene en Chile. El problema se agrava al no contar con una armonización de las legislaciones; existen múltiples normativas que se solapan y, sumado a la ausencia de un organismo que coordine con la fuerza necesaria a todo el gobierno, el sector se ha visto afectado. Tras la pandemia, el alza de costos y el aumento de la morosidad en el ámbito privado han llevado al cierre de varios ELEAM. Por ejemplo, en el último año calendario vimos cómo el Hogar de Cristo decidió salir del modelo de institucionalización de personas mayores, y con APRAM se reducirán a dos (si no me equivoco), además de otros cierres. Insisto, esta es una industria muy atomizada, donde prácticamente la mitad de quienes brindan el servicio se encuentran en situaciones precarias.

Cupos de institucionalización están fuera de norma, por lo tanto no tenemos muchas cifras de ello. Sin embargo, el cálculo que hemos realizado es que al menos el 30% de la oferta ha desaparecido en los últimos años, y eso es muy serio, muy serio, y deberíamos revertirlo. Para terminar, y aunque imagino que tú puedes decir algo, nosotros creemos –y al final pedimos ayuda a ustedes– que hay muchas cosas que se pueden hacer y que son efectivamente posibles de implementar. Primero, es necesario modernizar y simplificar la normativa vigente, partiendo por el Decreto 20. Este decreto es muy importante para nosotros, ya que es la norma que nos rige, aunque se subordina al Código del Trabajo y a un montón de otras leyes. Aún así, el Decreto 20 se realizó desde el Gobierno y es una ley mejor que el Decreto 14, pero no es lo suficientemente buena para impulsar esta actividad. Requiere nuevos cambios y, a pesar de que nos convocaron a realizar siete modificaciones en esa norma –modificaciones que se nos presentaron en lista cerrada para votar, y que aprobamos unánimemente–, consideramos que se necesitan muchos más ajustes. Es preciso introducir cambios que tengan que ver con el tema de los ascensores, la accesibilidad, los aspectos sanitarios y el rol de las cuidadoras en el ámbito del EAM. Si ya hemos postergado este decreto dos veces para cambiarlo y mejorarlo, quizá una tercera vez para perfeccionarlo definitivamente podría ser una buena alternativa para que realmente nos sirva en la industria. Sería, asimismo, muy beneficioso incluir representación técnica del sector en las futuras regulaciones. Por ejemplo, nos ocurrió con la Dirección del Trabajo: se implementó una norma que, aunque cumplía con la ley, casi destrozó nuestra industria. Estuvimos un año pasándola muy mal, no porque quienes la dictaron fueran malas personas, sino porque, en su afán de hacer bien su trabajo, no consideraron los efectos sobre la industria regulada. Esto sucede a menudo, también en salud, en trabajo y en muchas otras áreas. De hecho, los ELEAM hoy en día no tienen un código que los identifique formalmente ante el Servicio de Impuestos Internos. Como resultado, un alto porcentaje de ELEAM está decidiendo si cobrar o no IVA, pues no está claro si deben tributar sus servicios. Los establecimientos más grandes lo hacen –algunos cobran solo por los servicios médicos que ofrecen o por aspectos de hotelería–, pero en general no existe una guía clara sobre cómo tributar este tipo de empresas. Y si queremos otorgar alguna ventaja tributaria a estas empresas para que existan en mayor cantidad, y para que podamos ampliar los cuidados que requieren muchas personas –en particular, aquellas que se encuentran en casa, recibiendo atención de alguien que a la vez debe cuidar a sus hijos, hacer el aseo y cocinar–, es fundamental aclarar esta situación. ¿Se entiende? Además, ustedes están discutiendo un proyecto llamado el Sistema Nacional de Cuidados, pero nosotros estamos completamente fuera de ese esquema, siendo parte integral de los cuidados. Por ello, es importante que se incluya la perspectiva de que esta área, que en Chile atiende a una pequeña parte de la población, debería estar asimismo contemplada en esa norma y ser impulsada. Creemos que establecer una política nacional que incluya y refuerce el Senama podría ser una buena alternativa. Sin embargo, lo que nos falta –como evidenció la experiencia de la Dirección del Trabajo – es que, a pesar de que todos vemos que se comete un error que afecta a mucha gente, nadie asume la responsabilidad de tomar la batuta. Por eso, quizá el Senama podría ser una opción al que se le otorgue la responsabilidad y el poder para actuar y hacer que las cosas sucedan, en lugar de tener que esperar un año completo dando vueltas para conseguir una solución que, sinceramente, podríamos haber cerrado en dos semanas, como ocurrió con la elección del trabajo. Creo que eso es, más o menos, lo que quería decir. Lo diré completamente en dos horas y media, pero lo resumí en cuatro minutos. Gracias a ustedes.

Personas y agentes de la Fundación La Rosa. ¿Está acá? Por favor. Don Edgardo, por favor. Vengo en representación de don Edgardo, presidente de la Fundación La Rosa. Además de lo que acaba de señalar mi colega, he de agregar: yo creo que un tema de fondo que no se ha abordado adecuadamente —incluso antes de la pandemia— es la falta de conocimiento sobre qué son los LEAM. Cada vez que ingresamos a alguna institución, debemos empezar explicando de qué se trata un LEAM. Por ello, nos parece tan importante y tan relevante que el SINAMA tenga la tuición completa y la articulación de los distintos organismos que actúan en los LEAM, ya que cada uno opera de manera diferente. Nos encontramos con cuestiones de movilización, de trabajo y con la dispersión de legislaciones que, en muchos casos, resultan absolutamente contradictorias, por ejemplo, lo que dispone el sector salud versus lo que señala la Dirección del Trabajo o el Ministerio de Obras Públicas. El segundo punto, también muy relevante, es fortalecer la institucionalidad. Aunque hoy día no contamos con cifras exactas, se estima que alrededor del 50% de los LEAM son informales, lo cual es muy peligroso, pues desconocemos cómo se cuida a los residentes. Es imperativo establecer una legislación razonable que brinde garantías efectivas para el cuidado de los adultos mayores, considerando que, de forma creciente, estimamos que más del 70% de ellos debieran estar institucionalizados. Quisiera complementar con algunos datos: en Chile existen legalmente alrededor de 900 LEAM, en los cuales residen aproximadamente 24 o 25 mil adultos mayores. Sin embargo, resulta sorprendente que, si son 25.000 los que se encuentran atendidos en establecimientos legales, hoy día hay 300.000 personas con dependencia severa, lo que representa prácticamente el 5% de la población de adultos mayores. Llama aún más la atención que, lamentablemente, el Estado chileno destine mayores recursos económicos para mantener a un preso que para atender a un adulto mayor. Mientras que el cuidado de un adulto mayor apenas alcanza, en promedio, los 750.000 pesos —y es brindado por personal que en muchos casos no cuenta con la capacitación necesaria para asegurar una vida digna—, se asigna casi un millón de pesos para mantener a un preso. Además, entiendo hoy día que la fiscalización depende a través del SINAMA y de las Ceremis respectivas de cada una de las regiones. Sin embargo, existe un vacío legal en las políticas públicas que establecen requisitos, normas y reglas, pasando por alto el riesgo que implica el 50% de los LEAM informales, los cuales, de cerrarse inmediatamente, dejarían desprotegidos a los adultos mayores. Se ha evidenciado, asimismo, que muchas familias, al no poder atender a sus parientes, terminan abandonándolos o dejándolos en la puerta de los establecimientos. Con todo ello, enfatizo la urgente necesidad de trabajar –tanto desde el ámbito legislativo como desde el Ejecutivo– en iniciativas que incorporen los recursos y las nuevas funciones requeridas, así como la contratación de personal especializado, para avanzar en proyectos tan importantes y necesarios para mejorar la atención y el cuidado de nuestros adultos mayores.

Lograr lo que estamos buscando y que es principalmente entregar dignidad, entregarle a ustedes también una mejor calidad de trabajo, lo que pueden hacer, y que esto no quede solamente en intenciones, sino que se materialice en hechos concretos por el avance y la dignidad de estos 300.000 adultos mayores que tienen dependencia severa, pero muchos otros más, como decía por su intermedio el senador Sandoval, de estos 4 millones casi de adultos mayores que tenemos en Chile. Eso es lo que os presento. Sí, senador Keiter, la verdad es que yo creo que todos estamos de acuerdo con usted. También vemos el tema de algún tipo de discapacidad, que tiene unas pensiones demasiado bajas, pensiones de miseria, al igual que los adultos mayores, y que al final tenemos que trabajar como cualquiera, considerando además que hay personas con discapacidad de dependencia total. Entonces, entiendo y, bueno, veamos qué es lo que se puede hacer con eso, porque de verdad es muy poco lo que está recibiendo un adulto mayor hoy. La ONG Paternostrum, creo que se llama. Bueno, gracias, Presidenta. Mi nombre es Cristian Espinosa, yo soy director de la Fundación Paternostrum. Me acompaña Francisca, que también trabaja con nosotros en el ámbito de transparencia. Nosotros, para poder extrapolar lo que estaban diciendo nuestros compañeros, creemos que el flagelo que se está viviendo —tal como decía el senador Keitel— es que hay 2.700.000 personas que hoy día están en situación de discapacidad, que son adultos y que no se toma explícitamente en consideración junto con los adultos mayores, a quienes ciertamente estamos atendiendo. Contamos con cuatro centros que trabajamos directamente con Senama, aparte de los 12 centros de la Fundación. ¿Qué es lo que pasa? Los adultos y los niños no fueron considerados en este cambio que está haciendo la Dirección del Trabajo. Entendemos que la comisión en la que participamos fue para las personas mayores, pero todos los cambios explícitos que se necesitaban también debían ser extrapolados para adultos y niños. ¿Por qué? Porque las residencias que tenemos poseen una característica sociosanitaria. No sé si alguno de ustedes conoce alguna residencia de persona mayor; pero cuando tenemos la fortuna de poder atender a estas personas, hay que hacer que la casa sea realmente un hogar y no un hospital. Lo dejo claro, ya que sucede con frecuencia: muchas veces vienen de camas clínicas desocupadas y llegan a otro hospital, cuando lo que se busca es que sea una casa. Por eso, la dinámica de las residencias debe ser sociosanitaria y, si bien el Seremi de Salud fiscaliza los ELEAM, tanto los hogares de niños como los hogares de adultos deben tener una característica residencial, es decir, asemejarse lo más posible a una casa. Se nos está pidiendo hoy, directamente desde la Dirección del Trabajo, que contemos con resolución sanitaria en todos los centros, lo cual no será posible. Lo expongo de manera práctica, ya que hay muchos centros que han trabajado durante años sin resolución sanitaria, no porque quieran, sino porque la norma así lo establece. Lo que hoy venimos a solicitar, en particular, es que nos apoyen desde la Dirección del Trabajo para que esa resolución sea extrapolada también a los hogares de niños y de adultos, los cuales, al igual que en la Fundación Paternostrum, son atendidos por muchas otras fundaciones. Para que ustedes tengan un dato contundente, hemos tenido fiscalizaciones constantes en regiones. Nuestros compañeros en la Región Metropolitana —que parece ser el centro de Chile— lo han mencionado; y ya estamos operando desde Copiapó hasta Natales. ¿Qué diferencia hay en Coyhaique o en regiones más extremas? Las fiscalizaciones son muchísimo más difíciles en esos casos. Hemos tenido multas, por ejemplo, de hasta 50 millones de pesos. ¿Piensan que 50 millones de pesos por una fundación es imposible de pagar? Esa suma, por ejemplo, equivale a comprar un furgón para trasladar a la gente. Lo que tenemos claro es que, hoy día, ya se ha resuelto la situación para las personas mayores, pero necesitamos apoyo explícito para los niños y los adultos que también se encuentran en situación de discapacidad. Y, como daba un dato particularmente el senador Keitel, muchos de ellos están abandonados: el 90% de la gente que atendemos, ¡nadie les visita!

Es decir, la gente que nosotros tenemos son personas literalmente abandonadas. Y si ustedes van a un tutor, que podría ser el tutor legal, normalmente se trata de personas que provienen de la municipalidad, del hospital o de alguien sin vinculación familiar. Se lo dejo claro, porque queremos ser transparentes en que, si bien la Comisión General habló de los adultos mayores, nosotros queremos extrapolar esto también tanto para los adultos como para los niños. Muy buenas tardes. Francisca Rojas, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. Solo quería agregar que estas residencias de personas con discapacidad, tanto para adultos como para niños (siendo la edad de los adultos de 18 a 59 años, ya que luego pasamos a lo ELEAM), requieren de una atención y un cuidado permanente, al igual que nuestros adultos mayores. Este cuidado permanente está siendo cuestionado por la Dirección del Trabajo y nos lleva a multas considerables, ya que, según dicha Dirección, no se califica la función que realizan nuestros asistentes de trato directo para el cuidado de estos niños y niñas, adolescentes y adultos con una discapacidad moderada o severa. Todas las personas con este tipo de discapacidad requieren atención y cuidado constantes. Por ello, pedimos que se ponga en la palestra –y es un gran avance– que los funcionarios y asistentes de trato directo de los ELEAM puedan aprobar, quedando así aprobada esta jornada extraordinaria. También se puede considerar a estas residencias de personas con discapacidad, para que cuenten con el cuidado permanente que requieren. Cabe agregar que hoy en día se cuestiona este cuidado, ya que trabajamos en un ámbito más rural en el que es imposible cumplir una jornada de 8 horas diarias para nuestros trabajadores. En zonas rurales donde no hay locomoción, cada vez se observa mayor deserción debido a las escasas condiciones laborales. Aprovechamos esta instancia para agradecer que este acuerdo, establecido para los ELEAM, se extrapole también a las residencias que trabajan junto al Servicio de Protección de la Niñez y al Servicio Nacional de Discapacidad. ¿Puedo hacer una pregunta chiquitita? Presidenta. Adelante. Una pregunta en base a los expositores: en temas de defensa sobre las multas, y considerando la asesoría y apoyo en la búsqueda de familiares –quizás aquellos que debieran hacerse cargo de su pariente, puesto que prácticamente lo trasladan a los ELEAM–, ¿reciben apoyo por parte del Estado o de quien deba hacerse cargo, en cuanto a abogados y personas que defiendan las causas en las que se pueden ver afectados, especialmente nuestros adultos mayores? Más allá de entregar ciertos recursos para la manutención, ¿reciben apoyo legal? ¿Cómo se defienden ante fiscalizaciones que consideran injustas? ¿Acaso se busca que los familiares se hagan cargo, al igual que el adulto mayor debe hacerse cargo de sus hijos? ¿Y qué ocurre con los hijos que tienen que hacerse cargo de sus padres? ¿Quién los apoya y, de ser así, quién financia ese apoyo? En el caso explícito, nosotros no contamos con financiamiento directo para la asesoría legal; ello es asumido directamente por la Fundación, la cual contrata habitualmente abogados para llevar a cabo este tipo de acciones con recursos propios. ¿Qué diferencia va pasando? La mayoría de las veces, si bien los fallos son favorables para nosotros, muchas instituciones en general no entienden que, para poder funcionar, por ejemplo, acá se establecía una cifra de 1.200.000 pesos, mientras que en regiones extremas estamos gastando entre 1.400.000 y 1.500.000 pesos por persona. Cuando se comprende que nuestra prioridad es contar con pañales para esas personas, les pongo un ejemplo muy simple: gastamos 16.000 pañales por centro, a 460 pesos cada uno, lo que pone de manifiesto el valor que tenemos que asumir.