Presidenta, se han recibido dos comunicaciones. La primera es de la Coordinadora de Finanzas y Asuntos Internacionales del Ministerio de Hacienda, mediante la cual se hace llegar el informe anual del Comité Financiero de los Fondos Soberanos correspondiente al año 2024, documento que fue enviado por correo electrónico a los miembros de la Comisión.
Asimismo, desde la Comisión para el Mercado Financiero y a nombre de su presidente se ofrece hacer una presentación ante la Comisión sobre la gestión realizada por dicho organismo durante 2024, en la fecha que la Comisión pudiera definir. ¿Se ofrece la palabra sobre el tema? ¿Podríamos fijar fecha entonces en la atribulada agenda?
En la misma línea, yo sé que el senador Insulza quiere hacer un planteamiento de agenda, pero tenemos varios temas que resolver, colegas. He estado en conversaciones con el Ministerio de Hacienda y con Express; no hemos logrado ordenar las prioridades del Ejecutivo, salvo para esta semana que nos pusimos de acuerdo en lo que íbamos a tratar. Además, conversamos sobre el oficio que nos mandó el presidente del Senado con el ministro de Hacienda, y tanto la ministra de la Secretaría General de la Presidencia como la subsecretaria Berner dijeron que lo que se venía ahí no era lo que ellos entendían, ya que habían conversado conmigo, quedando eso por lo menos despejado y sin ser un tema pendiente.
De hecho, venía en séptimo lugar un proyecto que para ellos era súper prioritario, el de permisología. Entonces, tenemos que ver cómo agregamos un día más a las sesiones de esta Comisión para poder definir la agenda. Habíamos tratado, con la Secretaría, de haberlo hecho ayer lunes, pero era imposible por la acumulación de compromisos de cada uno de nosotros.
La pregunta es: ¿qué espacio tienen ustedes los días lunes para tener una sesión en Santiago? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, de los proyectos que tenemos en trámite en esta Comisión, se refiere al cuadro que muestra el estado del trámite, en particular, el estado de urgencia. No sé si todos lo tienen; yo lo tengo marcado con los comentarios que me han hecho la subsecretaria, la ministra y otros colegas que se han acercado a conversar conmigo para ver qué pasa con eso. Se los puedo hacer llegar, a pesar de los rayones que tiene, ya que son comentarios de terceros.
Entonces, el tema es: ¿qué les parece que sesionemos el lunes? ¿Qué disponibilidad tienen ustedes ese día? ¿De 10 de la mañana, de 11 en adelante o durante toda la tarde? Yo, el lunes, lo único que tengo es la comisión de Futuro, Desafío de Futuro, que es de 3:30 a 5:00. Considerando que siempre uno se demora en partir para no perder la sesión, se podría acordar iniciar a las 11, por ejemplo, tomando el acuerdo de 11 a 12:30 los lunes, mientras sea necesario.
En otro orden de ideas, en relación al tema de permisología, lo que generalmente observo es que hay pedidos sobre proyectos de ley que están sepultados y no se han tratado, mientras hay mucha presión externa, pero que no están en la lista que se acuerda con la Secretaría General de la Presidencia, dado que en realidad ahí se encuentran los proyectos más gruesos. Así que, a lo mejor, podríamos aprovechar las sesiones de la mañana para tratar esos asuntos; por ejemplo, hay un proyecto de ley aprobado en todas partes, salvo en la Convención de…
...tienda, sobre artesanado. Artesanos y la verdad es que nadie sabe cómo hacerlo; es cosa de mirarlo, que alguien lo explique rápido y lo sacamos, porque han sido excluidos de otra serie de proyectos de ley que han cubierto gente muy parecida a ellos. Entonces, hay varios más que están así, y el riesgo es que nosotros, por prestar atención a esas cosas, tratemos los temas gruesos, por ejemplo, el de la permisología, en cambio, tratemos otras dos cosas que no tienen mucho que ver.
Entonces, yo estaría dedicando las sesiones de los lunes a sacar proyectos que no están en la tabla del gobierno y dejemos los miércoles para ver otros asuntos. Colegas, no hay oposición a aquello, en principio; se puede cambiar a cada rato. Entonces, acordamos así: segundo, lo que le he dicho al gobierno y se lo mandé a ustedes, cuando se suponía que iba a asumir esta comisión, es que el gobierno me había buscado y yo le había dicho que no íbamos a fijar ninguna agenda sin recabar la opinión y el acuerdo de la comisión. Por lo tanto, yo, querido José Miguel, no voy a fijar nada con el Ejecutivo que no fijemos nosotros, porque me parece que es lo que corresponde.
¿Ya? Y esta semana la despachamos porque, bueno, habían urgencias, como el tema de adopción, como el tema de vivienda, y, obviamente, el de permisología teníamos que partirlo en algún minuto. Pero, para que quede claro, yo al menos no voy a tomar acuerdos con el Ejecutivo que no hayamos conversado entre nosotros. ¿Les parece? OK, entonces, secretaria, los lunes vamos a ver los proyectos que a nosotros, como comisión, nos parezcan importantes de despachar.
¿Cuál es ese, José Miguel? Porque estaba viendo de Minagri, ¿no te acuerdas? Nos vemos. ¿Cuál es? Pensé que venía de cultura. Ya, hay solamente un tema, un tema... hay una discrepancia, pero creo que, a esta altura, es mejor sacarlo.
Y yo tengo dos peticiones que me hizo la senadora Sepúlveda, que son de agricultura: el de incendios forestales, que está en segundo trámite y fue aprobado —dijo ella por unanimidad en agricultura—; y el de sistemas de incentivos para la gestión sostenible de suelos agropecuarios, que fue aprobado también por unanimidad en la comisión de agricultura. No tengo opinión respecto de los dos, pero transmito.
Ayer, por lobby, me pidió audiencia la gente del mundo forestal. ¿Qué es lo que me dijeron a mí en esa reunión? Me dijeron: "pequeñas, grandes, privados". Y, ¿qué es lo que me dijeron ellos en esa reunión? Me dijeron que el proyecto estaba enfocado desde la perspectiva del dueño del predio y no del que causaba el incendio. En el fondo, se sancionaba al dueño por no hacer, y no pasaba nada con quien provocaba. Obviamente, eso se convirtió en un problema; entonces, yo les dije que me comprometí a que me mandaran todas las minutas que tuvieran.
Había ahí el asesor en el gobierno de ustedes en agricultura, un cabro que siempre estaba en el Ministerio de Agricultura, no Meneses, él. Entonces, si les parece, no lo pongamos en tabla; apenas me lleguen las minutas, las comparto. Me dijeron que eso está en segundo trámite, ambos, y están detenido en esta comisión.
Y después, dentro de los que el Gobierno puso como prioridad, se los voy a leer rápidamente: está el de subsidio inmobiliario, que era el primero y que lo vamos a abordar ahora; permisos sectoriales, apuestas en línea, turismo —todo esto está en segundo trámite—; Agencia de Calidad de las Políticas Públicas, AFIDE, Transparencia 2.0, hasta ahí en segundo trámite; y después, en primer trámite, Reforma de la Ley 19.300, Fast Track Económico, Beneficiarios Finales, Fast Track Económico.
Económico y transferencias del ISFL fast track económico. Turismo no ha llegado ya y está en Economía, toda la razón, y después de mixtas, una ya está citada, que es la que vamos a ver hoy: simplificación regulatoria, esta que fue condenada por el senador Durresti, y donde José Miguel y Ricardo –me llamó Macarena– querían que abriéramos la discusión a otros artículos. Yo le dije que tenía que verlo con ustedes; me mandó la minuta y le respondí que no entendía por qué teníamos que abrir otro tema, ya que Durresti, Núñez y Proboste así lo habían señalado y que iban a ir al Tribunal Constitucional.
Yo le dije: “No sé, tengo que verlo con los colegas, pero creo que tenemos que tratar la parte que fue rechazada y que es materia de la mixta”. Además, es tan tabla. No sé la opinión de ustedes. Me dijo, para evitar que todo se cayera sobre mí, que era para evitar que fueran al TC; claro, que en el Tribunal Constitucional se puede encontrar una razón. Ese es el problema. Le comenté que, si ustedes no son capaces de hablar con los colegas de gobierno, no me piden a mí que resuelva el problema, sino que me solicitan ayuda a mí, a José Miguel. Creo que ya los ha llamado todos, ¿o no? Entonces hablamos con ustedes para ver si se apiadan de nosotros más que del gobierno y, de esa forma, podamos sacar el proyecto. Eso es el tema, y serían, en el fondo, tres artículos: el controversial, que tendría que ver la mixta, y la apertura de dos que nos está pidiendo ella. Yo le dije que lo veía difícil, y lo expresé porque había conversado con alguno de ustedes; pero decidimos que lo trataríamos en comisión. En eso quedamos en una sesión, ya que el senador Durresti acusa de haber promovido todo esto. Además, efectivamente, este fue un acuerdo del Gobierno; yo no estuve en esa tramitación y, aunque no quiero eludir nada, no me puedo involucrar más si hay senadores o senadoras que tienen diferencias con el gobierno. Esto se salvaguarda del proyecto, que creo tiene un bien común superior. Entonces, si no se hace lo que se plantea como opción para evitar que se vaya a actuar en el Constitucional, tendremos ese problema.
En otro orden de ideas, no puedo hacerme cargo de la disposición; o sea, podría hablar de otros proyectos de ley o de otras comisiones (por ejemplo, de servicio de evaluación ambiental o de la superintendencia de medio ambiente), pero no se quiere ver a otras comisiones, porque hay una discusión de otro tipo y yo no quiero entrar en ese tema.
Respecto al otro asunto, el de auditoría interna del Gobierno, el de la Cámara de Diputados salió con que el Consejo de la Auditoría fuera don Orem, y a la mixta se fue porque cambió la dependencia y pasó de Interior a Express; esa fue la diferencia. Yo también creo que quieren ampliarlo, pero no me han planteado cuáles ni le han puesto urgencia. Entonces, podríamos hablar con el Gobierno para ver cuáles son los temas que les preocupan.
Bueno, lo comenté en la sala cuando coincidimos; usted que fue Interior, yo que fui Express. Quedan 25, después 25, y varios más. Eso es lo que tengo y, posteriormente, les mandaré la lista del resto, que están en primer trámite o en segundo trámite sin mucha urgencia.
Por último, tenemos un tema que me acaba de comentar la secretaria, relativo al informe de estabilidad financiera, que tiene fecha 19 de mayo, lunes, semana regional. Estoy escribiendo a Rosana –la del área regional– para hablar con ella y cambiar ese detalle. La secretaria me advirtió que Lagos, Ricardo, nunca había logrado hacer ese cambio. Queda, pues, que usted asume la presidencia, ya que yo no estaré en Santiago, sino en Punta Arena.
¿Quieren ir a Punta Arenas? Invitamos al Banco Central a allí. ¿A qué hora lo harían? Se acuerda que sería el lunes 19 a las 10:30. Asimismo, se plantea si presidirá el senador Galilea, pero se comenta: “No, yo voy a decirle a Matías que me reemplace.” Se pregunta: “¿Tú vas a estar el 19? ¿Vas a estar en la gloria?” Se confirma el acuerdo para el día 19, cuando se realizará la sesión del informe del Banco Central ante la Comisión; sin embargo, algunos colegas no podrán asistir por compromisos previos, ya que el señor Galilea fue reemplazado antes de asumir el cargo y el lunes 12 tendremos sesión con el proyecto de artesanía.
Se explica que el lunes 12, además, no contará con la participación de un integrante debido a la gira del Presidente en China, lo que genera la consulta: “¿No te importa que lo saquemos? ¿O que lo veamos?” Se discute también si habría otro proyecto a revisar, pues se considera que algunos temas, como el relacionado con las fintech, implican desafíos complejos.
Por otro lado, se comenta el tema de lo ocurrido ayer con el Servicio de Impuestos Internos. Se informó que se mandó un correo desde la plataforma del Servicio que permitía hackear el computador de los receptores. Tan pronto como lo recibió, Carlos Maldonado lo remitió al Secretario General, y se escribió de inmediato al director, Javier Echeverri. La respuesta de Javier fue: “Este tema está volando, está agarrando fuerza. Sí, lo estamos investigando.” Efectivamente, mandaron correos suplantando al Servicio de Impuestos Internos y, según se indica, se deshabilitó el servicio que habría permitido conseguir los correos electrónicos. No se tiene aún una evaluación de los posibles daños, pero según lo que comentan contadores y expertos, se habría accedido al servicio y alguien podría haber extraído la base de datos, incluso utilizando parte de la plataforma del servicio en la Tesorería.
A ello se añade que es sumamente grave que el Servicio de Impuestos Internos, considerando la Ley de Protección de Datos, haya sufrido una vulneración, ya que deja expuestos a los contribuyentes. Por ello, se plantea la necesidad de invitar a Javier para que nos exponga las medidas que se están tomando ante esta situación, aprovechando la oportunidad de conversar sobre este tema, pues la situación está tomando gran relevancia.
Sería bueno invitarlo para que nos cuente qué es lo que están haciendo, qué pasó y qué medidas se han adoptado, especialmente en materia de protección de datos. Con todo el tema del sicariato y del crimen organizado, no es un asunto menor; que se acceda a bases de datos con información financiera de la gente es sumamente complejo. ¿Qué pasó? Por eso decía el 12, porque en este contexto ese número resulta suficiente.
Estoy pensando en lo que hicimos cuando yo estaba en Economía. ¿Se acuerdan que se hackeó el Banco del Estado? Lo hicimos juntos e invitamos al Banco a venir a explicar lo sucedido; creo que es mínimo que para esa fecha ya se cuente con una versión clara.
Respecto a la Tesorería, pienso que conviene preguntarle a Javier a quién más debiéramos invitar. Yo lo consultaré, y en paralelo se debe abordar la cuestión de la declaración de impuestos y de contribuciones: ¿qué protección existe para esa gente? Porque, si bien a mí no me afecta tanto, hay muchas personas a las que, para evitar inconvenientes al momento de cumplir con sus obligaciones fiscales, quizás se les sustrae una cantidad importante de plata.
Además, está el evidente problema de la falla de la plataforma, que presentó múltiples dificultades. Aprovechando la ocasión, me llegó una consulta relacionada con el nombramiento recientemente creado del encargado de seguridad para el Fondo Monetario Internacional, identificado como Eduardo Vergara. Con el máximo respeto, entiendo que existen críticas respecto a este nombramiento, provenientes incluso de algunos extremos que aseguran que seguiremos destinando recursos a posiciones que, según ellos, benefician posturas antiglobalistas y otras cuestiones similares.
Resulta relevante, asimismo, entender que muchas áreas dependen del Ministerio de Hacienda, como es el caso del Banco Interamericano de Desarrollo y del Fondo Monetario Internacional. Desconozco cómo se maneja la relación con otras organizaciones, pero quisiera saber si existe algún protocolo o sistema de información en el que no solo accedan personas con vínculos gubernamentales, sino que la información sea pública. Por ejemplo, si este cargo se definió a través de un proceso de postulación transparente, es fundamental conocer cuáles son los protocolos y el seguimiento que realiza el Ministerio de Hacienda a las instituciones con las que Chile mantiene colaboración permanente y a las cuales presta financiamiento mediante el pago de cuotas.
No quiero, en ningún caso, que nombramientos —que pueden o no tener algún componente de vinculación política— sirvan de excusa para quienes cuestionan el multilateralismo y la participación de Chile en organismos internacionales. Desde la perspectiva del Ministerio de Hacienda, resulta relevante que, si existen nombramientos en curso o postulaciones a los que los ciudadanos puedan acceder de forma imparcial, se informe adecuadamente sobre ellos. Cabe asimismo recordar que el Banco Interamericano de Desarrollo es un organismo multilateral de carácter regional, ya financiado por todos los países de América Latina.
Para tomar decisiones y respecto al cargo en particular, y como se informó en varios medios de comunicación, es preciso averiguar: hay un comunicado oficial del presidente en el cual se indica que el señor Eduardo Vergara fue seleccionado de manera competitiva. Fue una postulación pública que requirió pasar por varias etapas. Esto confirma que no se trata de un cargo asignado a dedo. Tampoco es el representante de Chile en el BID, ya que el asiento en el BID corresponde a un representante designado por el gobierno. En el pasado, Chile ha tenido distintos representantes, incluso no necesariamente 100% políticos del gobierno de turno, puesto que han excedido el periodo de un mandato. En este caso, es un cargo 100% competitivo y compitió con personas del banco interno. No dispongo de más información. Quizás, como señaló el senador Lago, el ministerio disponga de mayores datos, pues es quien realiza el aporte, paga la cuota y, me imagino, recibe información que no se difunde a la opinión pública.
Reclutan a su personal a través de concursos, salvo en el caso de los organismos del sistema económico que dependen de Hacienda, como el BID, el Banco de Desarrollo, el Fondo Monetario y el Banco Mundial, los cuales dependen fundamentalmente del Ministerio de Hacienda. Del nombramiento de Eduardo Vergara me agradó enterarme, aunque aún no entiendo por qué fue removido de su secretaría, siendo el único que comprendía realmente los temas de prevención del delito. Entiendo que este es un cargo relativamente nuevo, por lo que podríamos solicitar que nos expliquen de qué se trata, cuándo se creó y cuál es el proceso de postulación.
Ahora, entramos en sesión. Se suponía que iniciaríamos con el proyecto de vivienda. ¿Y por qué no empezar con vivienda? La secretaria señala que, al estar el proyecto de vivienda en tabla, se debe despachar de inmediato, ya que es menos complejo, y luego se tratará el de adopción.
—Partamos entonces con el de vivienda, que es más corto, y después entramos con el de adopción.
—La gente de vivienda está. ¿Va a intervenir la secretaria?
—Vamos a despachar el tema, pues se trata del subsidio a la tasa de interés hipotecaria, o subsidio inmobiliario, para viviendas nuevas, tema que importaba mucho a Hacienda. Este proyecto fue solicitado por Heidi Lamaca.
—¿Alguien desea comentar o informarse sobre este asunto? La presidenta indica que, en este proyecto, la comisión debe pronunciarse en esta sesión.
Sobre la única indicación que se formuló al proyecto –la indicación del senador Macaya–, esa indicación incide en el artículo segundo del proyecto que modifica la Ley 21.543, la cual crea un fondo de garantías especiales. Una de las modificaciones consiste en agregar un artículo séptimo transitorio que crea el Programa de Garantías para la Recuperación Productiva Regional, el cual se regirá por las reglas que se señalan a continuación. La indicación, que se encuentra en la página 16, propone eliminar la frase que excluye a la Región Metropolitana.
El diagnóstico respecto a la crisis inmobiliaria que atraviesa Chile hoy es bastante claro, pues existen problemas de incentivo y una larga lista de razones por las cuales el sector enfrenta serios problemas. La idea de este proyecto –que nos parece aceptada y de hecho apoyamos– es establecer un subsidio a la tasa de interés hipotecaria. Sin embargo, al excluir a la Región Metropolitana se está dejando fuera la mitad del país, y resulta necesario comprender las razones de dicha exclusión, ya que no he tenido la oportunidad de preguntarle personalmente a la subsecretaria o al ministro.
Este es el proyecto del Ejecutivo, y lo que el senador hace es incorporar a todo el país eliminando la exclusión establecida. Se ha presentado una indicación para no excluir a la Región Metropolitana, quizá con algún argumento de fondo que se tuvo en cuenta al crear este fondo. Además, entiendo que la idea no es solamente evitar la exclusión de la Región Metropolitana, sino también concentrarse en una región en particular, que según las conversaciones con el Ministerio de Hacienda sería la Región del Bío-Bío.
Subsecretaria, por su intermedio, saludo a todos los senadores. A ver, el proyecto principalmente versa, ¿no es cierto?
Respecto del subsidio de tasa, donde se genera además un fondo de garantía, se complementa al que existe, que equivale al 10% del valor de la vivienda, por uno que alcanza el 60%. Junto con ello, se contempla en un artículo la creación de un fondo de garantía regional, que no está pensado únicamente para una región. Al presentar el proyecto de ley, se señaló que se partiría con la región del Biobío a propósito de la crisis derivada del cierre de Huachipato y otras materias. Sin embargo, en realidad, se trata de un fondo de garantía diseñado para ser operable en cualquier región del país, excepto en la Región Metropolitana.
La razón por la cual se exceptúa la Región Metropolitana es que, al revisar los datos del Fogaes Construcción, Fogaes Vivienda, etc., se observa una concentración muy importante en dicha región, que supera la merecida por la sola distribución poblacional. Hoy tengo una minuta que, por favor, ¿me la pueden mostrar?, para exponer algunos datos del Fogaes en lo que respecta únicamente a la construcción. Voy a buscar en el celular las estadísticas exactas para no equivocarme.
Por ejemplo, en el caso del fondo regional, según el Fogaes Construcción, la distribución se concentra en la Región Metropolitana en un 70% de las operaciones. En contraste, la región del Biobío representa aproximadamente un 7,4% de las operaciones. En lo que concierne a las empresas, se registra un 8% proveniente de otras regiones, frente a un 42% en la Región Metropolitana. De igual forma, se pueden observar diferencias en regiones como Valparaíso, con un 5,5% de las operaciones frente a un 9,5% de la presencia empresarial, y en la región de Arica y Parinacota, donde la representación empresarial es del 0,8% y las operaciones prácticamente nulas.
Este análisis tiene por objetivo canalizar la necesaria reactivación económica en aquellos lugares donde se producen eventos que trascienden la economía global del país, considerando, por ejemplo, el eventual impacto de una guerra comercial u otros factores, aunque ello dependa en gran medida de la industria y de la concentración sectorial. Cabe destacar que la creación de este fondo de garantía regional es distinta al subsidio de tasa, ya que este último está destinado a todo el país y no exceptúa a la Región Metropolitana. El subsidio de tasa es para cualquier persona natural que desee adquirir una vivienda de menos de 4.000 UF.
En definitiva, este programa de garantías para la reactivación económica regional representa una inyección directa de recursos a las empresas que cumplan con los requisitos establecidos en el proyecto.
Senador Insurcia:
Primero que nada, me agradece; es discutible la legalidad o la constitucionalidad de una norma que dice que no se aplica a determinadas regiones. En general, yo creo que el proyecto está claramente bastante dirigido de determinadas maneras –no lo voy a cuestionar porque ya viene con indicaciones– pero, por ejemplo, esto de que no se pueda aplicar a viviendas o a promesas celebradas con anterioridad al 31 de diciembre del 2024, de una cantidad de gente que está esperando algún alivio para su vivienda en Santiago o en cualquier otra parte, me genera dudas. Además, no se puede innovar: se trata de un crédito hipotecario, y si alguien quiere salirse de ese crédito para obtener uno nuevo con mejores condiciones, ahora no podrá hacerlo. Yo entiendo que así se diseñó, pero lo de la Región Metropolitana me parece discutible. Por lo menos, habría que matizarlo, estableciendo que no podrá ser empleado para más allá de un cierto porcentaje de viviendas en relación al número de las regiones, por ejemplo, fijando un tope que no exceda el 50% para las demás regiones y dejando un porcentaje preferente para la Metropolitana, ya que excluirla de esa manera es bastante cuestionable desde el punto de vista constitucional. Comparto el tema, Senador Macaya.
Senador Insurcia (continuando):
Quisiera plantear una duda: ¿qué tiene que ver con esto que el beneficio se aplique a empresas que tengan domicilio en las regiones? Porque, por ejemplo, una empresa que tiene domicilio en la Región Metropolitana, pero desarrolla proyectos en la Región del Bío Bío o en el resto de Chile, ¿podrá postular a este programa de garantías para la recuperación productiva? Le vuelvo a hacer la pregunta, no sé si me sigue, Subsecretaria. Es básicamente eso, el principio por el cual presenté la indicación, para tratar de que el incentivo sea aplicable a todo Chile.
Subsecretaria (por intermedio de la Presidenta):
En relación con la consulta del Senador Insurcia sobre el subsidio de tasa que se menciona en el artículo primero, parte de la discusión giró precisamente en torno a si el beneficio era o no aplicable a ciertos tipos de compraventas. En el proyecto original se debatió en la Cámara: inicialmente se planteó que no se podía otorgar el beneficio a los créditos, ni a las promesas celebradas previo al 31 de diciembre, pero también se consideró aplicable a aquellas que ocurrieran después. Este debate se realizó en la Comisión de Hacienda de la Cámara y, finalmente, se acordó que el beneficio no será aplicable a compraventas de promesas celebradas con anterioridad al 31 de diciembre del 2024, y tampoco a aquellas que hayan sido desistidas. La idea era mover la aguja respecto de aquellos que, debido a problemas de acceso a financiamiento –por ejemplo, porque la tasa era muy alta– decidieron no comprar, y así motivar nuevas adquisiciones a propósito del stock de 105.000 viviendas. Lo que se acordó en la Comisión se refleja en el texto aprobado en general en el Senado, aunque se mantiene la restricción para los créditos otorgados con fecha 2024, pues se entiende que en esos casos ya se tenía la capacidad y la decisión de comprar una vivienda y se busca incentivar nuevas compras.
Subsecretaria (continuando):
Tengo, además, otros temas que se dieron en la reunión que, si bien no pudimos presentar como indicación porque eran inadmisibles, nos interesaría abordar en el futuro. ¿Alguna otra pregunta sobre este mismo tema o sobre el tema de las regiones?
Senador Galilea:
No, es lo de las regiones.
(Subsecretaria concluye la intervención.)
Para efectivamente disminuir el stock. En relación a la pregunta del senador Macaya, eso tiene que ver con el programa de garantías para la recuperación productiva regional y el domicilio. En la práctica, lo que hoy día se establece respecto al domicilio es que el Ministerio de Hacienda, mediante un decreto, fijará los requisitos y las condiciones mínimas que debe cumplir la licitación del programa. En ese sentido, el término “domicilio” se refiere a la realización de actividades económicas en la región y no necesariamente al domicilio tributario de la empresa matriz, ya que muchas veces este último termina radicándose en la Región Metropolitana. Por lo mismo, lo que estamos diciendo es que se deben desarrollar actividades económicas en la región, refiriéndonos a la actividad en sí y no al domicilio de la empresa.
Ahora, con la minuta que usted nos entrega se anticipa que el reglamento viene enfocado en la región del Bío Bío, para que seamos transparentes al respecto.
—No, Presidenta, lo que yo señalé al inicio... ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? Gracias.
Presidente, por su intermedio, existen dos puntos: el primero da cuenta de cómo se usó el fondo de garantía, tal como yo estaba señalando, y la concentración que se observa en las regiones; el segundo es que, como se indica en la página 16 del comparado, se establece el habilitante legal para la creación de un programa de garantías de recuperación productiva regional.
Y, como mencioné previamente en nuestra exposición, dijimos que iniciaríamos este proceso, proponiéndolo inicialmente con la región del Bío Bío a raíz de la crisis de Huachipato. De hecho, lo mencioné. Pero este programa de garantías de recuperación productiva regional no está destinado únicamente a la región del Bío Bío, sino que contempla una serie de requisitos y tiene por premisa que la actividad económica se realice en la región, independientemente del domicilio de las empresas que, en el futuro, puedan acceder a este tipo de garantía.
Yo simpatizo mucho con la región del Bío Bío, pero la verdad es que también tengo mis inquietudes respecto a mi propia región. Por ejemplo, si el número de operaciones en la región de “el paraíso” es de 0,00%, ¿por qué no se beneficia de esa región de alguna manera? La verdad es que veo en la creación del fondo de garantía de apoyo al “vivo vivo” que se aborda la desaceleración relativa y el impacto del cierre de una empresa. Nosotros tenemos esos dos problemas: en la región de Arica y Parinacota ya se nos está ayudando, mientras que, por el contrario, se está cerrando la principal empresa del país, la principal empresa de la región y la de San Antonio. Esa situación resulta alarmante. Por ello, realmente quisiera que fuéramos un poco más ecuánimes en este asunto.
Sí, yo me voy a sumar. Quiero explicarle a los habitantes de mi región por qué estoy votando en contra, y me sumo a las palabras del senador Insulza. Uno tiene cierta debilidad por su región, cosas de la vida, son como curiosidades; sin embargo, creo que el subsecretario necesita profundizar en la explicación, ya que al observar los porcentajes de operación —la segunda región es el Bío Bío, y si sacamos a Santiago, que concentra todo, ésta resulta ser la primera— nos gustaría saber cuáles son los focos y miradas que pone el Ejecutivo para tomar estas decisiones.
El senador Galilea quería agregar lo mismo. Senador Lagos, luego le daré la palabra al senador Galilea y, después, continuaré. Yo sé que a usted también le importa lo de su región. En mi caso, después de 15 años representando al paraíso, le he comenzado a tomar cariño, ¡me he encariñado! No, hablando en serio, es que yo veo la cifra: cuando se comentan los porcentajes de operaciones, en “vivo vivo” alcanza un 7,4% y en “el paraíso” 5,5%, es decir, el número de operaciones es inferior. Y, además, explican que se comienza con la región del “vivo vivo” argumentando una aceleración relativa respecto de la inversión per cápita. Yo garantizo, sin siquiera revisar cifras, que “el paraíso” está más demandado que esto. Y claro, no debemos olvidar el impacto de la “cirugía” de Huachipato, ya que aquí se ha cerrado todo hace rato. En definitiva, considero que este asunto requiere un refinamiento.