Senado - Vivienda y Urbanismo - 6 de mayo de 2025

Bien, vamos a... Muy buenos días. En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Muy buenos días. Ya vamos a saludar y a presentar a nuestros invitados, pero antes la cuenta, secretaria. Gracias, Presidente. Se han recibido diversos oficios de reparticiones públicas dando cuenta de gastos asociados a la rienda de terrenos. Asimismo, el señor Ministro de Vivienda y Urbanismo ha remitido información sobre el programa de asentamientos precarios y el señor Ministro de Bienes Nacionales envió antecedentes sobre inmuebles fiscales que se encuentran afectados con ocupaciones ilegales e irregulares, todo lo anterior en cumplimiento de lo establecido en las glosas de la Ley de Presupuesto. Por su parte, la Asociación de Oficinas de Arquitectos de Chile ha hecho llegar una invitación para asistir el día de hoy a las 19 horas en Santiago, que se les envió oportunamente a sus correos, a la presentación del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de fortalecer y modernizar el sistema de planificación territorial del país. Eso es, señor Presidente. Bien, muchas gracias. Se ofrece la palabra –senador Espinosa, senador Durana–. Estoy preocupado por el proyecto de ley que queríamos preguntarle al señor Presidente, al secretario, de cuándo va a llegar este proyecto de ley a esta comisión, porque ha sido aprobado un proyecto de ley que está teniendo bastantes repercusiones en nuestras regiones, que tiene que ver con las direcciones de obras municipales. Nosotros entendemos que el proyecto de permisología lo que busca es agilizar la tramitación y todo lo que ello conlleva, pero de alguna manera está criminalizando el accionar de los directores de obra, y creemos que ese no era el objetivo central de la iniciativa. El objetivo central era buscar mecanismos para que haya un respiro, una situación que genere, desde todo punto de vista, condiciones para avanzar en un proyecto determinado. Pero el problema más grave que se tiene hoy día en una gran cantidad de alcaldías o municipios –tanto en los de gran magnitud como en los más pequeños, aquellos con menos de 20.000 habitantes– es que el director de obra tiene que encargarse de dirigir desde el cementerio hasta el cuidado de la infraestructura del estadio, además del tema de la obra. El problema más grave es el de los profesionales revisores, que no están contemplados en el proyecto. Esta es una decisión que depende directamente de cada alcalde, y en definitiva este proyecto que va a llegar a nosotros puede convertirse en una herramienta macabra de hostigamiento, ya que, si el alcalde no contrata personal para la DOM, no se podrán cumplir los plazos legales, que en algunos casos están siendo muy reducidos. Por ejemplo, ante la presentación de un proyecto se está estableciendo un plazo de tres días para la admisibilidad. Me decía la directora de obra de Portomón, una comuna que cuenta con casi más de 350.000 habitantes, que eso es imposible, pues con la cantidad de gente que tiene hoy día y las licencias médicas que muchas veces existen, no es factible cumplir esos plazos. ¿Y qué va a pasar si no se cumplen los plazos, senador Sandoval, Presidente? Si no se cumplen los plazos, la inmobiliaria o el particular podrá demandar al DOM, al director de obra o a la directora de obra. Esto es una situación de extrema delicadeza, porque algo así, en un servicio público, no se había visto nunca antes. Imagínese, señor Presidente, disculpe que le quite unos minutos en esto. Hoy estamos en una situación muy grave con el tema de la subdivisión de los precios rústicos. Están quebrando las empresas de manera violenta, ya que el SAC está colocando impedimentos de tal magnitud que un proyecto que antes se demoraba tres o cuatro meses en ser aprobado para su subdivisión, hoy está tardando dos o tres años. Obviamente, están quebrando. El Servicio de Impuestos Internos se está limpiando las manos, cobrando como loco y rematando los terrenos a la gente. Y resulta que, en mi región, han sorprendido funcionarios del SAC –lo digo con mucha responsabilidad– que solicitaban 700 mil pesos, un millón de pesos, para hacer más expedito el trámite. Eso es corrupción, ¿no es cierto? Y las sanciones que ha recibido el SAC, que han implicado una rebaja del 20% de su sueldo, deberían derivar en su destitución. ¿Por qué doy este ejemplo?

Porque aquí, en particular, a los dos en definitiva, tuvieron un problema determinado en la tramitación de un proyecto ingresado que afectará su patrimonio, ni siquiera el del mandante, que es el municipio, sino el patrimonio del DAM. Eso yo lo considero que no corresponde. Se trata de una situación en la que la penalización del cargo significará que mucha de esta gente, que nos puede gustar o no (porque a veces son también jodidos o complejos para las tramitaciones, pero son profesionales que cumplen una labor fundamental), terminará siendo sancionada sin importarle realmente. Me preocupa mucho, ya que en otros ámbitos de servicios públicos no se ha visto algo con estas características. No estoy hablando de que hayan cometido algún delito; cuando hablo de la penalización del cargo, me refiero a que, si usted no cumple con este proyecto o comete errores en lo que respecta a su admisibilidad, tendrá que asumir responsabilidad pecuniaria ante la justicia. Así que quisiera que, por favor, la Secretaría nos indagara, para que cuando este proyecto llegue acá podamos abrir los ojos, mejorarlo y ser responsables con nuestro país. ¿Tiene el boletín, señor? Viene de la Cámara; ya fue probado en la Cámara. No se ha notificado en la sala todavía, ni nos ha llegado la comisión. Bien. Estaré atento cuando llegue para ver el asunto. Bien, gracias, senador. Me había pedido la palabra el senador Durana, no sé si después, senador Sandoz, dependerá de lo que diga Durana. Senador Durana: Gracias, presidente. La verdad es que quiero exponer un problema que no sé si se da en todo Chile o solamente en la región de Arica y Parinacota, pero se refiere al conjunto habitacional Vista Hermosa. Quiero poner en valor la preocupante situación que afecta a las familias que viven en este conjunto, ya que, a pesar de haber recibido con acta de entrega sus viviendas hace seis años, a la fecha no se han escriturado sus departamentos, ni han sido inscritos en el Conservador de Bienes y Raíces, ni se ha obtenido el título de dominio vigente. Esta situación es lamentable, porque el artículo 60 del Decreto Supremo 49 establece limitaciones para las personas adjudicatarias de subsidios habitacionales otorgados por el Estado a través del Servio. En primer lugar, la persona y su núcleo familiar están obligados a habitar la vivienda durante cinco años, o diez años si se trata del subsidio de densificación, lo cual habría que determinar según el conjunto habitacional. Además, se prohíbe vender, arrendar, hipotecar o realizar cualquier acto durante esos cinco años. El problema surge, por ejemplo, en caso de fallecimiento del propietario, ya que únicamente podrán acceder al beneficio, mediante resolución fundada a través del Servio, las familias que estén inscritas en el subsidio social otorgado por el Estado. Ustedes comprenderán que se genera así una situación bastante grave por las excesivas demoras. El punto central, señor presidente, es que, en casos debidamente justificados y por resolución fundada a solicitud del beneficiario o de quien le suceda en sus derechos, el Servio puede autorizar la enajenación o transmisión del uso y goce de la vivienda antes del vencimiento del plazo, e incluso en caso de fallecimiento del propietario. Yo lo que quisiera, y por eso entrego este documento, presidente, es que aquellas familias que ya han vivido más de cinco años y aún no han visto escriturada su vivienda —por lo tanto, sin poder inscribirla en el Conservador de Bienes y Raíces— no vean contados desde la fecha del acto los plazos de cinco o diez años en los que están obligadas a vivir en ella, sin poder vender o disponer de su casa a voluntad. Yo creo que aquí hay una tremenda injusticia, se deja a las familias en una situación muy vulnerable, y no creo que esta problemática se presente únicamente en la región de Arica y Parinacota. Por ello, este es el primer acto en el que trato de visibilizarlo.

Ante la Comisión de Vivienda voy a presentar un proyecto de acuerdo. Voy a estudiar si es que el Decreto Supremo 49 puede ser más una decisión del Ejecutivo que alguna ley que nosotros tengamos que realizar. Pero el punto central es que la persona que ya cumplió todos los años de limitante que tiene sobre su vivienda no tenga que seguir viviendo este mismo calvario, más aún cuando se están generando, y así se ha dado a conocer por parte de la Contraloría General de la República, quien está haciendo una investigación especial, porque están quitando los departamentos. Hoy día en Serbia pueden haber casos fundados en que efectivamente la persona no esté viviendo, pero tengo conocimiento de casos en que, debido a que no se encuentra en el departamento por tener que trabajar, está sujeta a una demanda y puede perder el patrimonio de su vida. Así es que formalmente ingreso este documento a la Comisión de Vivienda, con el objetivo de que ustedes lo puedan analizar y evaluar; podrán enviar un oficio al Ministro de Vivienda, realizar alguna sesión y, asimismo, evaluar si este tema también está sucediendo, porque el proceso de escrituración se puede demorar un año, un año y medio o incluso seis años, sin que tengan fecha para escriturar sus viviendas. Creo que es demasiado. Gracias, presidente. Gracias, senador Durán, por levantar la alerta y por el documento. Si le parece a la Comisión, como un primer paso –no el último– podemos oficiar consultando, de hecho, lo que el mismo senador planteaba en términos de si existe una facultad exclusiva del Ejecutivo con el decreto o si se requiere alguna modificación normativa o reglamentaria. Eso habría que estudiarlo, pero podríamos comenzar con un oficio al Ejecutivo con los antecedentes que plantea el senador Durán. Además, me parece interesante la perspectiva de que, si bien él lo plantea desde la Región de Arica, esto podría estar también ocurriendo en otras regiones. Así, si le parece a la Comisión, este primer paso sería el oficio, y, después, lo podríamos acompañar en otras acciones, como proyectos de acuerdo o, incluso, eventualmente algún proyecto de ley. Sin ánimo de ser redundante, en esta Comisión hemos venido con un problema que ya está causando estragos. Yo, en definitiva, me pongo en el pantalón de la gente que está sufriendo los efectos de las medidas adoptadas por el ministro Valenzuela. Por ello, me gustaría que se coordinara una sesión para ver cuáles han sido los avances que ha tenido, en estos tres años y medio prácticamente, el gobierno en el proyecto de ley presentado en el tema –no es cierto– de lo que le decía hace un rato, respecto de la subdivisión de predios rústicos. La situación se ha ido agravando cada vez más. Esto, usted lo sabe a lo mejor, partió de una errada concepción y, de hecho, lo que es peor es que, en las fundamentaciones del propio Ejecutivo, se evidencia una confusa relación entre las deudas irregulares y las parcelaciones, dos temas que, a mi entender, son totalmente diferentes. En esta última semana he visto el sentir de personas que lo están perdiendo todo. El Servicio de Impuesto Interno está siendo implacable, pues, por un lado, ya se encuentran en situación de embargo aquellas propiedades que han sido paralizadas durante estos tres años para no poder parcelar. Entonces, creemos que tenemos que buscar un mecanismo que ya sea razonable. El Gobierno ha querido estructurar un sistema distinto, pero no podemos ser tan crueles, ni como gobierno ni como Ejecutivo, para permitir que la gente sufra demandas civiles y ponga en riesgo todo su patrimonio, porque son personas que compraron legítimamente sus terrenos y que hoy día no pueden vender ni una sola parcela, ya que el SAC les dice que no, no en función de una ley, sino en base a puros pasos administrativos. Se envían los documentos a CONAF y a distintos organismos, lo que hace que todo se vuelva aún más complejo. Como le decía, presidente, en algunos servicios –no digo en todo el país– se ha comprobado que funcionarios públicos están cobrando 700.000 pesos para sacar estas tramitaciones.

Es un millón de pesos. Tenemos los casos, no solamente los parceleros, sino también gente que legítimamente ha vivido toda una vida en el campo, me refiero a pequeños agricultores que, al querer subdividir, dicen: “No, señor, yo quiero vender dos o tres parcelas porque quiero vivir mejor; estoy enfermo, amo mi campo, pero no me produce ni puede”. Entonces, yo quisiera que tuviéramos una sesión, ya a esta altura del año, para que se nos explique cómo podemos ayudar a esa gente. Si este gobierno ya no permitió que se pudieran realizar los trámites de parcelación, al menos debemos buscar, a través de una ley rápida —una ley corta—, algún mecanismo que les dé una extensión de plazo para que, de una u otra manera, no pierdan sus patrimonios. Es como si, señor presidente, voy a contar un tema familiar. Nosotros heredamos un campo en Puerto Montt con mi hermano; mi mamá falleció hace poco. Se trata de 60 hectáreas heredadas de los años 73 o 72. Mi madre pagó toda su vida 500.000 pesos de contribución, hasta que falleció en septiembre del 2023. A nosotros nos subieron las contribuciones a 120 millones cada tres meses. ¿Quién podría pagar eso? Nos sobresaturaron el terreno con un servicio impuesto de manera brutal. Cuento esto porque fui objeto, ¿no es cierto?, de un daño reputacional en la prensa a causa de este tema. Solicitamos una tasación y los abogados tributaristas nos cobraron el 1% de la rebaja, de manera que rebajaron el valor del campo de 30.000 millones a 10.000 millones. Ahora, con mi hermano discapacitado, mi otro hermano que trabaja y mi hermana, que tampoco labora en el sector público, las cuotas quedaron en 25 millones de pesos. ¿A quién nos empuja el Estado? ¿Qué tendríamos que hacer? Vender, y vender a precio de ganga, ya que el empresario se aprovechará. Esto lo están viviendo millones de chilenos. En nuestro caso, tuvimos que repactar – ¿saben lo que significa repactar con el Servicio de Impuestos Internos? Diez cuotas de 30 millones de pesos. Lo hicimos porque, al ser político, yo le ocasiono daño a mi hermano. Me da mucha rabia y mucha pena; por eso lo cuento en esta comisión. Como político, no puedo tener ni un contrato con el Estado, no le puedo vender ni un metro cuadrado sin perjudicarlo. Y aunque podría ceder mis derechos hereditarios, jamás lo haría, porque sería un subterfugio sucio. ¿Por qué cuento esto? Porque ese mismo dolor que mis hermanos están viviendo – y más que yo, lo está viviendo la gente de las parcelas – merece ser atendido. Señor presidente, se lo digo con mucho respeto. Sé que hemos tenido diferencias, pero espero que logremos tocar el corazón de esa gente; recuerden a la señora que el otro día lloraba en mi oficina y me decía: “Mi marido me metió en esto y no quedó bien”. Hoy tiene todo embargado porque la casa está a su nombre, mientras el empresario se aprovecha. Estamos hablando de parcelaciones normales, con 8 o 12 metros de camino, con factibilidad de acceso a agua potable y fibra óptica, ya que hoy se requiere la parcela para vivir. Entiendo que hay que limitar el derecho a vivir en el campo y establecer nuevas restricciones, pero a esta gente hay que hacer algo, porque ellos tenían todo asegurado antes de que salieran estas normas. Ni siquiera son leyes las que implementó Valenzuela, sino normas, un paso a lo administrativo. Tenemos que actuar en favor de quienes en todo Chile atraviesan esta situación. Estoy seguro de que, si el presidente supiera esto, también pondría la mano en el corazón y diría: “No, si ellos han pagado un campo, no podemos permitir que el propio Estado se lo esté quitando”. Disculpe que haya quitado tiempo a la comisión, pero creo que es un tema que debemos abordar en algún momento. Propongo invitar a los dos ministros para ponernos de acuerdo. Si ustedes desean continuar con este tema, sigamos, pero también hagamos algo para darle oxígeno a esa gente. —Gracias, senador, por plantearlo. —Lo tomo. Me tocó asumir hace poco la presidencia. De hecho, estamos tramitando un proyecto que la comisión ya había puesto en tabla y mi compromiso es continuarlo. Además, se han planteado otros elementos como el último catastro de campamentos de techo y también el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial.

Quería hacer una presentación; entonces, hay algunos elementos que ya han salido en estas últimas semanas, desde que me tocó asumir la presidencia. Sinceramente, senador, le agradezco el testimonio. Usted fue emplazado en buenos términos para que pueda también invitarnos a considerar antecedentes que, a mi juicio, esta comisión debe conocer. Dije que iba a hablar con ustedes para decirles que, en algún momento, en relación al tema del Paraíso Marafé –porque mostró hechos que no se condicen en absoluto con lo que nuestro gobierno dice acá– quedamos mal todos, tanto como comisión como gobierno. Por ello, es importante que, con el Ejecutivo, podamos, sin pelear, contrastar esos elementos para lograr la transparencia en el proceso de reconstrucción, que ha sido muy exigente, y sobre todo, usted lo conoce mejor que nadie. Expreso mi total disposición a escuchar todas las voces, con el respeto que requiere esta comisión, recibiendo toda información que ayude a mejorar los procesos, particularmente en materia de reconstrucción. Tomamos esto como parte de la agenda, senador. Estamos todavía en puntos varios; tenemos a nuestra invitada ahí esperando. Contamos, por ejemplo, con la senadora Gatica, y siendo muy atinados a lo que acaba de plantear el senador Espinosa, solicito –y, como llegué tarde, no sé si lo habrá expresado de esa manera– que la Comisión acuerde invitar al ministro Valenzuela en la próxima sesión, específicamente para conocer los avances del proyecto de ley relacionado con las parcelaciones agrícolas. La Región de Los Ríos tampoco queda ajena a esta problemática; en algunas comunas o en provincias específicas, la tramitación de las parcelaciones se ha frenado por la normativa impuesta desde el Ministerio de Agricultura, y no por un tema legislativo. Es fundamental que, más allá de que sabemos que a esta administración le queda poco tiempo, entreguemos certezas a la ciudadanía. Los agricultores no pueden quedar de brazos atados sin la libertad de decidir qué hacer con su predio. Me interesa saber el avance real del proyecto de ley; para ello, necesitamos también que esté presente el ministro de Agricultura, estableciéndolo como acuerdo para la próxima sesión de esta Comisión. Muchas gracias, ministro. Ah, le estoy subiendo ahí el... Claro. Gracias, presidente. A ver, si les parece, yo no tengo inconveniente en citar a una sesión especial con el ministro, pero me interesa que se saquee la planificación que habíamos comprometido para este proyecto. Así, si hay acuerdo, terminamos de escuchar a nuestras invitadas y procedemos a votar en general, abriendo un plazo de indicaciones. De esta forma, sacamos el proyecto de la tabla, nos damos un tiempo y aprovechamos estas sesiones temáticas –que no tienen la finalidad exclusiva de tramitar– para cumplir con los compromisos adquiridos y avanzar en la discusión, la cual, a mi parecer, ya se está agotando. Escuchemos a las personas académicas, pero debemos votar y abrir un plazo de indicaciones que nos otorgue el margen necesario. Senador Sandoval me comentó lo mismo para la próxima sesión. Muy bien; agradecemos a nuestras invitadas, a quienes presentamos de inmediato. Inmediatamente, le ofrecemos la palabra a la profesora Isabel Zapata, del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica de Chile. Ella expondrá en primer lugar y luego iremos presentando a las demás invitadas; asimismo, saludamos a Janet Tapia, conectada, asesora legislativa del Ministerio de Vivienda. Entonces, profesora Isabel Zapata, en primer lugar: continuamos el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para exigir que la planificación urbana contemple espacios públicos seguros y accesibles para las mujeres, título del proyecto de ley. Adelante, profesora. Muchas gracias. Saludos a todos.

Todos y todas, ¿me escuchan bien? Les pido disculpas ya que me encuentro a punto de iniciar una jornada académica, por lo que estoy en un lugar medio público. Se me escucha bien, perfecto. Mi intención es transmitirles una opinión que se me ha solicitado, en mi calidad de profesora adjunta en el Instituto de Urbanismo, especialmente a partir de mi experiencia en materia de planificación urbana. Iré al grano: en relación con los antecedentes entregados respecto a la opinión solicitada —que se refiere a esta modificación puntual en materia de planificación— presento un resumen sobre su alcance. Primero, a nivel general, en cuanto al valor de la planificación urbana como función pública: la entendemos como un proceso político, definido así en la literatura. No obstante, es instrumental y procedimental; además, numerosas investigaciones, tanto en teoría como en la práctica y en la implementación del proceso de planificación, demuestran que se trata de una tremenda función pública que nos permite avanzar hacia una ciudad justa y equitativa, en consonancia con los objetivos actuales de la política pública. ¿Por qué lo menciono? Porque, en cierta medida, el artículo 27 bis que se propone señala, aun cuando se aborda en términos propios de la planificación, el espíritu que debe caracterizar a la política pública general. Considero que existe un contexto de oportunidad en el marco de la modificación que se está efectuando en la Política Nacional de Desarrollo Urbano, lo que permitiría incorporar propósitos de política pública en materia de justicia y equidad, incluyendo además la consideración de género en los espacios públicos, buscando así un acceso equitativo y una mayor visibilidad. En segundo lugar, la propuesta relativa a las normas de diseño apunta, de manera muy acertada, al alcance de la reglamentación, especialmente respecto a los aspectos de diseño en obras de urbanización y edificación, y a las características que se quieren atribuir a los espacios públicos. Esto es fundamental para generar justicia en términos de protección a las personas y garantizar el acceso a bienes públicos, particularmente para aquellas mujeres que se encuentran en condiciones de desigualdad o desventaja. Finalmente, me gustaría reseñar esta opinión en tres niveles: 1. Nivel de la política: La planificación urbana, como función pública específica, debe contribuir a la consecución de una ciudad más justa. 2. Nivel de los planes: La planificación, entendida como el conjunto de normativas y disposiciones generales para actuaciones públicas y privadas en la ciudad y el territorio, es esencial para alcanzar la justicia espacial y la equidad social, en la reducción de la desigualdad socioespacial. 3. Nivel práctico: Es recomendable orientar las modificaciones introducidas, por ejemplo, en la Ley 20.958 respecto a los aportes, de manera que ustedes, legisladores, puedan traducir estas indicaciones en la adecuada configuración de los espacios públicos urbanos, impactando de forma directa la vida cotidiana de las personas, especialmente de las mujeres. Muchas gracias.

Espacio público, ¿cierto? Cuando se le introdujo, se le dio, digamos, una nueva atribución, un alcance regulatorio en materia normativa, la generación de incentivos. Creo que en la práctica nosotros, los planificadores, hemos ido generando, yo creo, un avance bastante significativo al incorporar incentivos normativos en materias relativas a la cohesión social, a la sustentabilidad urbana, materias de integración social, accesibilidad a la vivienda y a la generación de vivienda de interés público. Y, por cierto, también es posible incorporar esta materia de acceso o prevención situacional en términos de seguridad y visibilidad de las mujeres en el espacio público. Por eso lo comento, con la posibilidad de que, en el fondo, mediante, por ejemplo, la definición de planes de inversión en infraestructura, en movilidad y espacios públicos, a partir de lo que está señalado en el artículo 176 —que hoy día es parte de las disposiciones vigentes y están en plena aplicación— se ahonde y profundice en lo que respecta a la calidad de los espacios públicos; o, ya directamente, en relación a las atribuciones de los IPT, particularmente de los planes reguladores, en el artículo 184, donde se establece que se pueden incorporar incentivos en normas urbanísticas condicionadas a proyectos, a los cuales se les puede incorporar el diseño de obra en relación con el propósito y el espíritu de esta modificación en materia de prevención situacional para la construcción de espacios públicos seguros y accesibles para las mujeres, siendo además un requisito para la recepción de obra. Por lo tanto, es bastante efectivo desde el punto de vista de lo que se quiere lograr en materia —insisto— de la reconfiguración del espacio público para estos propósitos. Y, por cierto, en materia de proyectos, creo que la modificación está, de alguna manera, orientando bien respecto al artículo 105, porque ya ahí se refiere específicamente al diseño de las obras, urbanización y edificación. En definitiva, esta iniciativa legislativa debería reconocer de alguna manera estos tres niveles: a nivel de política, a nivel de planes y a nivel de proyectos. A nivel de política, se abarcarían todos los aspectos relacionados con los principios, objetivos y lineamientos en materia de reducción de desigualdades socioespaciales, para la consecución de la justicia espacial y la equidad social en la ciudad y el territorio, a favor, por cierto, de la generación de espacios públicos seguros y accesibles en la planificación y en el diseño de las obras de urbanización y edificación, y, particularmente, en la consideración de género. En planes, se debería explorar la ampliación de las facultades que hoy día se cuentan respecto a los aportes al espacio público y a la definición de incentivos normativos, lo cual es un alcance de la regulación específica a partir de la modificación que se le puede introducir en el Título Cuarto, en lo que respecta a las mitigaciones y el aporte al espacio público, en los dos capítulos señalados, tanto en términos de aporte como en términos de incentivo. Y, por cierto, la medida desde el punto de vista de los proyectos es la que está de alguna manera bien coherente y consistente con la definición de proyecto en materia de diseño de obras, ya que son directamente vinculantes también con el otorgamiento de permiso y el alcance del diseño. El espíritu que está detrás de esta iniciativa busca claramente incidir en el diseño de manera apropiada y apropiable, generando inclusividad, visibilización y la consideración de la seguridad situacional, particularmente para la mujer en el espacio público. Con eso termino mi intervención. Espero haber desarrollado alguna reflexión y aportado algo al respecto. Bien, muchas gracias, profesora. Isabel Zapata, le agradecemos que nos pueda hacer llegar la presentación para compartirla con la comisión. Y, asimismo, si durante esta etapa de audiencia y discusión se presentan propuestas de indicaciones, agradeceremos cualquier insumo que usted nos pueda hacer llegar por escrito. Sabemos que tiene un compromiso académico ahora, así que la liberamos. Agradecemos su presentación, profesora Isabel Zapata. Muy amable, que estén muy bien. Igualmente. Hasta luego. Venga, que tenga una buena jornada. Adiós. Gracias. Bien, a continuación le vamos a ofrecer la palabra a la directora del Centro Ciudad de la Universidad Andrés Bello, la profesora…

Beatriz Mella. Por la invitación, voy a partir. Ustedes ya tienen mi presentación, pero la voy a compartir de todos modos por acá para apoyar lo que comentaré. Señor Presidente de la Comisión y estimados senadores y senadoras, en primer lugar agradezco la invitación para participar en esta sesión y contribuir con una reflexión de carácter técnico en mi calidad de directora del Centro de Investigación Ciudad de la Universidad Andrés Bello, sobre este proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Mi intervención se refiere específicamente a la modificación del artículo 105 del Decreto Fuerza Ley, en lo relativo a los estándares de diseño de obras de urbanización y edificación, y particularmente al nuevo literal J que incorpora consideraciones de seguridad y accesibilidad en los espacios públicos. Me gustaría comenzar comentando la justificación de por qué es relevante considerar estos aspectos. Me parece no solamente pertinente mantener esta discusión y revisar la modificación del apartado, sino que es necesario incorporar estos nuevos estándares en la construcción del espacio público, velando por la protección de los sectores de la población que se ven más afectados por la inseguridad. Revisando la sesión pasada, observé dudas respecto a cómo definimos, de alguna manera, cuáles son los grupos que se encuentran en mayor desventaja en el uso del espacio público. Por ello, considero clave establecer una distinción entre la criminalidad objetiva, que se relaciona con la cantidad de asaltos, robos, homicidios, entre otros, y las percepciones subjetivas de inseguridad, es decir, la sensación de inseguridad en el espacio público que afecta a ciertos grupos en forma diferenciada. Ambas dimensiones, tanto la objetiva como la subjetiva, condicionan profundamente los patrones de uso del espacio público, sin que una tenga mayor relevancia que la otra a futuro. La planificación urbana debe ser capaz de atender ambas si realmente se busca construir entornos accesibles, inclusivos y seguros. Asimismo, revisando lo comentado respecto a la accesibilidad universal y la posibilidad de incorporar grupos con diferentes perfiles etarios, resulta pertinente ampliar el enfoque de la seguridad para incluir también las condiciones de accesibilidad universal para personas con movilidad reducida, así como para grupos definidos por la edad, como niños y personas mayores. Esta mirada es mucho más completa, pues permite reconocer identidades diversas y comprender los usos diferenciados que tienen estos distintos segmentos del espacio público. No se trata solamente de definir los perfiles de las personas, sino de comprender qué hacen o qué dejan de hacer, dado que las actividades cotidianas se ven influenciadas por el diseño urbano. Estas consideraciones justifican la incorporación de principios de equidad de género como un estándar transversal en la planificación. Además, se han señalado casos internacionales en los que ya se ha considerado esta perspectiva. La planificación urbana, tal como se entiende en la teoría, históricamente ha sido ciega al género. Diversos autores advierten que la forma en que mujeres y hombres experimentan la ciudad ha sido, durante mucho tiempo, invisibilizada, construyendo ciudades sobre una experiencia predominantemente masculina. Esta omisión de la presencia femenina en el espacio público no solamente es un problema técnico, sino que además resulta estructural.

Y distintos autores también refieren a que el espacio urbano reproduce estas relaciones de poder, materializando en su forma y funcionamiento las desigualdades de género presentes en la sociedad. Yo esto lo voy a compartir con ustedes porque, cuando digo “como estos autores”, en realidad se alude a las referencias de los estudios, lo cual se puede contextualizar y aportar un marco más sólido desde la fundamentación teórica. Entonces, la movilidad, cuando hablamos de este espacio público, no se refiere únicamente a que las personas se encuentren paradas en él, sino que también involucra el movimiento dentro del mismo, incluyendo la calle. Existen, asimismo, teorías que señalan que la construcción social del género influye no solo en los patrones de desplazamiento dentro de la ciudad, sino también en las formas en que nos movemos, reforzando estas ideas de género. Una parte sustantiva de la investigación actual se centra en documentar las barreras específicas que enfrentan las mujeres en el uso de la ciudad. Estos temas son, principalmente, la inseguridad, la sobrecarga de tareas de cuidado —mencionada en la sesión anterior— y la falta de acceso al automóvil, lo cual incide en que las mujeres caminen más y utilicen en mayor proporción el transporte público. Esto se fundamenta en estudios realizados en ciudades latinoamericanas, europeas y en algunas del sudeste asiático, evidenciando cómo estas barreras estructurales limitan el acceso a los recursos de una parte significativa de la población, es decir, de más de la mitad. En términos de la percepción de inseguridad, ésta se presenta como una de las restricciones más persistentes. Por ello, se ha marcado la diferencia entre la manera objetiva de medir la criminalidad y la visión subjetiva basada en la percepción de seguridad en el espacio. Diversos estudios demuestran que las mujeres modifican sus trayectos, llegando incluso a caminar distancias mayores o a permanecer más tiempo en sus recorridos para evitar ciertas situaciones en el espacio público. Asimismo, evitan circular por determinados lugares y, en horarios específicos, se ven más limitadas en comparación con los hombres, a pesar de que las tasas de criminalidad no sean necesariamente más altas. Es decir, aunque las mujeres conozcan que los índices de criminalidad no difieren significativamente entre sectores, toman decisiones distintas por la percepción de inseguridad que se instala en dichos espacios. Aprovecho para saludar a la senadora que se acaba de incorporar a la sesión. Un abrazo, Beatriz. Independientemente del origen exacto de esta percepción, lo cierto, y avalado por la evidencia, es que muchas mujeres restringen sus libertades cotidianas. Esto resulta fundamental para considerarlo como un punto de alerta en la modificación en discusión. El desfase entre el riesgo objetivo y la percepción subjetiva, que resulta igualmente limitante, debe ser reconocido como un criterio técnico legítimo en la planificación. La visibilidad, la iluminación, la multifuncionalidad —entendida como la posibilidad de realizar diversas tareas en un solo lugar— y la presencia de otras personas, es decir, contar con más ojos observando el mismo espacio, son factores que inciden directamente en la percepción de seguridad. A ello se suman estudios que refieren de manera específica estos aspectos. Con esto, me queda indicar que los viajes de las mujeres tienden a ser más sostenibles, caracterizándose por distancias más cortas, un mayor uso del transporte público y una mayor proporción de desplazamientos a pie. Por ello, promover estos patrones de movilidad y desarrollar espacios públicos como calles, plazas y parques que favorezcan dichos desplazamientos tiene un gran valor en términos de equidad de género y sostenibilidad. El problema de todo esto —y que también se abordó en la sesión anterior— se relaciona con la posibilidad de evaluar u objetivar estas percepciones de inseguridad, dado que las metodologías actuales para hacerlo resultan insuficientes.