Cámara de Diputados - Seguridad Ciudadana - 6 de mayo de 2025

Muchas gracias en nombre de Dios y de la patria. Se abre la sesión. Señor secretario, por favor, de lectura a la cuenta. Gracias, gracias, señora presidenta. Hemos recibido oficio reservado de la Dirección General de la PDI, mediante el cual se informa sobre los recursos destinados a la persecución penal en la región de la Araucanía, primer trimestre; glosa 05 de la Ley de Presupuesto, término gasto en capacitación de derecho humano; glosa 05A de la Ley de Presupuesto, dotación y destino personal de la PDI; y glosa 2 de la Ley de Presupuesto 25, funcionarios que se acogen al retiro. Finalmente, se recibió correo electrónico del Gabinete de la Administración de Defensa Nacional, mediante el cual se confirma la asistencia de la señora Adriana Delpiano Puelma a la sesión de hoy, en compañía del subsecretario de Defensa. Eso es todo. Muchas gracias, señor secretario. ¿Ofrezco la palabra sobre la cuenta? ¿Alguna palabra sobre la cuenta? No. Les recuerdo que los oficios reservados están en poder del secretario para que puedan ponerse de acuerdo con él los que quieran revisarlos. Por supuesto, el acta de la sesión número 200 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones, y el acta de la sesión 201 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. Esta sesión tiene por objeto continuar analizando las modificaciones del Senado al proyecto de ley originado en mensaje de S. E., el presidente de la República, que establece normas generales sobre el uso de la fuerza. Para estos efectos, ayer quedamos con algunas palabras pendientes. Por lo tanto, en primer término, le doy la palabra a la diputada Orsini. Perdón, disculpe, es que, como ella lo había saludado, le doy la bienvenida al ministro de Seguridad. Es que lo había saludado como dos veces. Ya, diputada Orsini tiene la palabra. Gracias, presidenta. Saludo al ministro y, por su intermedio, presidenta, quisiera señalarle, ministro, que ayer esperé con mucha expectación la presentación que usted iba a hacer sobre el proyecto de ley que nos toca discutir ahora en tercer trámite. Para una diputada oficialista es primordial conocer de boca del ministro cuál es la estrategia legislativa y la opinión política que su ministerio va a defender en este tercer trámite. Tristemente, y se lo digo con mucho respeto, lo que vimos fue una exposición sobre cómo había sido la tramitación en el Senado, pero no se nos aclaró cuál es la posición del Ejecutivo en este proyecto de ley. Entonces, presidenta, yo quisiera preguntarle al Ejecutivo, derechamente: ¿qué es lo que piensa sobre, por ejemplo, la exclusión del principio de proporcionalidad; la exclusión de la prohibición de disparar en el rostro, la cabeza o el torso con arma menos letal; la incorporación de la posibilidad de usar fuerza potencialmente letal para proteger la infraestructura crítica; la eliminación del concepto de objetivo legítimo y su sustitución por el concepto de objetivo encomendado; la restricción de la responsabilidad del mando a casos específicamente contemplados en la ley; y la posibilidad de utilizar la fuerza contra personas que ya están detenidas? En particular, sobre esos puntos me gustaría conocer la opinión del Ejecutivo. Y mi pregunta, entonces, presidenta, es simple.

¿Qué piensa el gobierno sobre estos temas? ¿Qué vamos a defender hoy día en esta comisión, las diputadas oficialistas, y mañana en la sala, y en el futuro en una eventual comisión mixta? ¿Nos va a dar luces el Ejecutivo en esta sesión sobre cuál es el proyecto de ley que quiere publicar y despachar a ley finalmente? Eso, Presidenta, gracias. Muchas gracias, diputada Orsini. Me ha pedido la palabra el diputado Leiva. Muchas gracias, presidente. Saludo al ministro. Quisiera complementar lo que plantea la diputada Orsini, tanto para nosotros como diputados de gobierno como para mí en particular, respecto a este proyecto que tramitamos en comisiones unidas. Me tocó presidir la oportunidad de defensa en materia de seguridad, así como precisar cuál es la posición, porque, créame, desde la perspectiva interna de cada una de nuestras instancias es un tema complejo, y quien debe aunar y ordenar es el Ejecutivo en tanto colegislador. Nos gustaría reforzar y apoyar aquellas decisiones que el Ejecutivo tome en función de una eventual comisión mixta. Yo planteaba el tema de la proporcionalidad o gradualidad, el cual he conversado incluso con nuestros colegas de oposición, y tomo lo que usted planteaba ayer, ministro, por su intermedio, presidenta: que, independiente de la posición política que uno adopte, lo importante es que, jurídicamente, estas normas —que eventualmente lleguen a sede judicial— se interpreten de una manera adecuada. No tengo ningún problema en renunciar al nombre de “proporcionalidad” si, dentro de lo que se denomina racionalidad, queda bien establecida dicha proporcionalidad y, eventualmente, la gradualidad en el uso de la fuerza. En ese sentido, es súper importante y necesario que el Ejecutivo nos ilustre y oriente sobre cuál es la posición, ya que este es un proyecto de ley que se discute de manera excepcional en tercer trámite. La comisión debería pasar solo a sala, pero es algo que nosotros tenemos que sancionar mañana. Asimismo, me gustaría que, como fuerzas de gobierno y, a la vez, invitando a la oposición, adoptáramos posiciones comunes para que este tema, tan necesario, apremiante y urgente, tenga una definición clara por parte del colegiador, y así las fuerzas de gobierno podamos apoyarla con fuerza. Muchas gracias, Presidenta. La Diputada Plasencia me ha pedido la palabra. Gracias, Presidenta. Saludo al ministro presente y me acoplo a lo que han expresado mis colegas. Sin embargo, deseo agregar un punto para que no quede en el olvido. Ayer formulé varias preguntas y, justamente por la necesidad que tiene este proyecto, considero importante que quede bien definido y resulté aplicable. Mi pregunta central, más allá de todos los detalles que se plantearon ayer de mi parte, es si este proyecto, tal como está, cumple con los estándares: con estándares de legalidad —dentro del marco del derecho internacional al que adscribe Chile—, con estándares de derechos humanos, y si las ambigüedades detectadas en el proyecto finalmente no representarán un problema en su aplicabilidad futura. Considero que, tanto los planteamientos del oficialismo como los de la oposición, están bastante claros. Por ello, hoy necesitamos claridad respecto de la posición que tiene el Ejecutivo en este ámbito. No sería bueno, Presidenta, que un proyecto con estas características, por la relevancia y complejidad que implica, resulte en una legislación que, al poco tiempo, descubramos que no da el ancho ni cumple con los objetivos. Esa es una preocupación que tenemos, y nos gustaría contar con una posición clara en este sentido. Muchas gracias, diputada Plasencia. Diputado Jaime Araya, usted me había pedido la palabra. Perdón, diputada Frías. Gracias, Presidenta. Me sumo a lo que han expuesto mis colegas, pero quiero enfatizar que esta es una ley que, para muchos de nosotros y nosotras, es tremendamente importante. No solo marca las normas dentro de un Estado de Derecho, sino que también refuerza la legitimidad de las policías, en combinación con el respeto a las garantías y derechos de las personas. En ese sentido, necesito conocer la opinión del Gobierno respecto de algunos puntos que me parecen centrales. Uno ya lo planteó, a través de su intermedio, Presidenta, la diputada Orsini, en relación con la posibilidad de que el gobierno de la República de México …

La de uso de la fuerza, más allá del momento de la detención, que creo que sería casi un ejemplo, digamos, de las cuestiones que deben quedar explícitas en un proyecto de ley, so pena, digamos, de estar transgrediendo estándares internacionales. El segundo es el inciso segundo que se le agrega a la definición de armas, que le parece al gobierno, en términos de que a través de un reglamento –por lo menos en la redacción– se podría habilitar la inclusión de otro tipo de armamento que no estuviera en la Ley de Control de Armas. Y, en tercer lugar, en el deber de identificación, una de las cuestiones que podría inhibir la necesidad de identificación es que esto ocurriera en detrimento del agente policial. En ese sentido, ¿cuál es la opinión? ¿No resulta demasiado vago respecto de situaciones que muchos chilenos y chilenas han vivido en contextos, por ejemplo, de manifestaciones pacíficas? Muchas gracias, diputada Fríes. Diputado Jaime Araya. Muchas gracias, Presidenta, y por su intermedio al Ministro. Ministro, como usted podrá apreciar, no es coincidencia que quienes somos diputados del oficialismo en esta Comisión de Seguridad hayamos hablado de manera consecutiva aludiendo al mismo punto: que no sabemos la posición del gobierno. Y quiero decirlo, por su intermedio, Presidenta, de la manera más respetuosa. Nosotros sentimos que la falta de diálogo entre el gobierno y sus parlamentarios nos deja en el peor de los mundos para enfrentar, quizás, un problema que, como usted dijo ayer, requiere reglas jurídicas pero que es fruto de consensos sociales y políticos. Entonces nos parece que hemos quedado literalmente en el aire respecto a cuál es la posición del gobierno, sin ningún tipo de trabajo prelegislativo o diálogo mínimo, señor Ministro, por su intermedio, Presidenta. Es lo que hemos querido manifestar de la manera más respetuosa y constructiva posible. Nosotros de verdad estamos sumamente extrañados con un tema que ha sido complejo en su tramitación y que, además, cuando uno hace memoria de cómo nace esta tramitación, fue precisamente con ocasión del terrible asesinato de tres carabineros, que hizo que funcionara, en aquella oportunidad, de manera extraordinaria la Cámara de Diputados y el Parlamento en su conjunto. A pesar de la contingencia de aquel tiempo, tuvimos ciertas coordinaciones mínimas para arribar a algunos consensos que nos parecían esenciales y básicos. Por lo tanto, Presidenta, por su intermedio, señor Ministro, lo que nosotros queremos expresarle es nuestro desconcierto frente a esta situación, y por eso nos parece que, al no haberse dado ningún tipo de coordinación, hemos liberado la responsabilidad de votar respecto a lo que podrían ser las posiciones del gobierno y las proposiciones que éste hace a la Cámara de Diputados sobre una materia tan sensible. Muchas gracias. Le quiero decir, con todo el cariño y respeto que le tengo por su cargo, que efectivamente comprendo esta inquietud, la cual es compartida también por la oposición en términos de no tener claridad sobre cuál es la intención del gobierno con este proyecto. Obviamente, nuestras razones son radicalmente distintas a las necesidades o planteamientos que tiene el oficialismo al respecto; nuestras inquietudes son justamente al revés, y probablemente vayamos a votar de manera, en algunas cuestiones, bastante parecida en este proyecto. Entonces, yo creo –y esto se planteó ayer por varios diputados también de la oposición– que necesitamos una postura del gobierno respecto de este proyecto, la cual no nos queda clara. Usted, ayer, nos hizo una exposición respecto a lo que se vio en el Senado. Nosotros tramitamos acá, en primer trámite, el proyecto que viene del Senado con diferencias que no son menores, pero no nos queda claridad de la postura del gobierno. No ha habido, y no sé qué problemas puedan tener internamente en el oficialismo para dialogar o no con sus diputados –eso es un problema de ustedes, digamos–. Pero claramente, ayer hubiéramos esperado una postura más clara del gobierno respecto de este asunto. Y yo le pediría que, de alguna manera, si usted pudiera, hoy manifieste con mayor claridad cuál es la postura del gobierno respecto de este proyecto de ley. ¿Están ustedes conformes con cómo salió del Senado? ¿Quieren que este gobierno opte por una solución mixta, porque consideran que hay aspectos que hay que mejorar? Me encantaría saberlo, ministro. Le doy la palabra.

Gracias señora Presidenta, por su intermedio, entiendo que no hay más preguntas, porque de lo contrario yo he recopilado las preguntas de la sesión anterior y algunas que se han reiterado el día de hoy. En primer lugar, quisiera señalar que hay algunas respuestas formuladas por diputados el día de ayer que no se encuentran el día de hoy, pero que, por respeto al debate, me haré cargo de ellas. Esto es relevante por lo siguiente, su señoría: por su intermedio, la diputada y el diputado han hecho referencia a la posición del Ejecutivo, y yo creo que ésta ha sido clara sobre este punto. Ha sido clara en la forma en que se presentó el día de ayer, en segundo lugar, ha sido clara respecto a las preguntas que se formularon y seguirá siendo clara en relación a las preguntas que se han planteado acá. El Ejecutivo tiene una postura sobre este punto, la cual puede resultar aceptable o no según la manera en que se realicen los diálogos; ese es otro asunto. La discusión que propuso el Ejecutivo el día de ayer es que la manera de abordar este proyecto es mediante una discusión jurídica por las consecuencias que este tiene. El Ejecutivo no va a traer… y ese es el contexto en el que se dio el debate. Las razones por las cuales el Ejecutivo hizo un resumen de la tramitación legislativa durante la discusión en el Senado, para ser completamente transparente, es que hay una cantidad de normas aprobadas en el Senado en las cuales el Ejecutivo fue derrotado abiertamente. Esto se debió a dos razones: en primer lugar, se logró una mayoría que votó en contra de la posición del Ejecutivo, y en segundo lugar, se prefirió omitir algunas reglas para mantener un debate interpretativo sobre este punto. Dicho eso, me quiero hacer cargo directamente de algunas de las preguntas formuladas el día de ayer, las cuales, en cierto sentido, permiten entender cuál es la posición del Ejecutivo sobre determinadas discusiones. En primer lugar, hay algunas disposiciones de este proyecto de ley que podrían ser objeto de comisión mixta; sin embargo, lamentablemente, algunos de los temas que incomodan al Ejecutivo no fueron aprobados ni por la Cámara de Diputados ni por el Senado. Quiero dejar esto bien claro, para ser transparentes, y asimismo quiero serlo con vuestras diputadas. Porque si se plantea el tema de la proporcionalidad, debo explicar de forma transparente cuál es la discusión en torno a ello. No fue aprobado ni en la Cámara ni en el Senado; por lo tanto, no hay posibilidad de comisión mixta. El Ejecutivo tiene una opinión sobre cómo afrontar el tema de proporcionalidad, lo señaló el día de ayer y voy a insistir en ello el día de hoy. En segundo lugar, es conveniente destacar que aquella regla que se propuso durante la tramitación en el Senado, en torno al torso –era una referencia e indicación– fue una norma rechazada, pese a que el Ejecutivo la promovió. Respecto a esa norma, tampoco se contempla la posibilidad de comisión mixta. Sin embargo, esto no significa, su señoría, que las características de este proyecto de ley –por las cuales el Ejecutivo ha sido especialmente cuidadoso con las palabras utilizadas– impliquen, por ejemplo, que el hecho de no haberse aprobado esa disposición autorice disparos. Me parece que, en un contexto de debate legislativo, la forma y el modo en que se transcriben las opiniones de los participantes deben permitir que, en cualquier debate judicial posterior, se puedan citar correctamente como parte de una historia fidedigna. Pasando a las preguntas, el día de ayer se formularon interrogantes en relación a términos precisos. Se mencionaron conceptos tales como “seguridad pública interior”, que resulta un tanto extraño, pues proviene del artículo 101 de la Constitución. El proyecto de ley no ha hecho sino referirse expresamente a cómo la Constitución denomina a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública para el orden público y para la seguridad pública interior. Asimismo, la expresión “afectaciones de consideración” proviene de un debate surgido en el Senado para contrarrestar la discusión sobre lesiones leves y lesiones graves. En cuanto al “detrimento propio”, sobre ello volveré más adelante, ya que se trata de una calificación jurídica que, hasta ahora, ha existido. Por último, en relación a la referencia sobre la ampliación del reglamento, durante la discusión legislativa en el Senado se estableció que, en el sistema institucional chileno, existen dos maneras en que las reglas pueden referirse a ámbitos de regulación. Una de ellas consiste en que la ley nominalice cuáles son los medios; un ejemplo clásico de ello es el caso de los instrumentos financieros sometidos a regulación pública. En el caso de las armas se opera de forma similar; sin embargo, se consideró que algunos medios que no califican en la ley de armas pueden incorporarse por vía reglamentaria. Un ejemplo clásico de esto es el uso de la luma, lo que plantea la interrogante: ¿aplica o no la regla de uso de la fuerza?

Pensado en ese sentido, y en consecuencia, le da adaptabilidad a la regla, precisamente la lógica de resguardar las reglas de uso de la fuerza en la aplicación de dichos medios. Está pensado de modo distinto a como se ha formulado la pregunta, y ese es el correcto y recto sentido que el Ejecutivo ha entendido sobre este punto. Voy a ir haciéndome cargo de algunas de las preguntas adicionales. La primera que quiero insistir es sobre un punto: este proyecto de ley se refiere a reglas de uso de la fuerza para la seguridad pública interior y el orden público. Este no es un proyecto de ley concebido para la función regular de las Fuerzas Armadas, y por lo tanto, el poner excesivo énfasis en la discusión castrense de las reglas de uso de la fuerza distorsiona las reglas establecidas. Solo quiero ejemplificar: durante el año 2022, Carabineros de Chile participó en 10.092.000 procedimientos policiales; en 2023, en 10.588.000; y en 2024, en 11.666.000. Sólo considerando los datos del año 2024, se registran 972.000 procedimientos policiales mensuales, 31.000 diarios y 22,1 por minuto, para ese universo, principalmente en la forma en la cual están pensadas las reglas de uso de la fuerza. En consecuencia, exacerbar la discusión castrense sobre dichas reglas desatiende el elemento central sobre el cual se construye este proyecto de ley. Tal como lo expliqué ayer, las reglas sobre uso de la fuerza que son extensibles al caso de las Fuerzas Armadas se aplican cuando participan en labores de orden público, no cuando llevan a cabo sus labores regulares vinculadas al mandato constitucional. Ayer, y creo que esto también es útil para responder otra de las preguntas e inquietudes que se han planteado respecto al marco normativo general sobre el cual el Ejecutivo entiende que se desenvuelve este proyecto de ley. Este se desarrolla en el marco de la manera en que el sistema institucional chileno tiene reguladas diversas materias. El diputado Chalper, por su intermedio, señor Presidente, hizo una referencia crítica a la forma en que se encuentra redactado el principio de legalidad en este proyecto, cuestionando la referencia a tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Sin embargo, por su intermedio, señora Presidenta, y ya que intervino el diputado Chalper, respondo directamente a su pregunta: ¿es la regla sobre el principio de legalidad establecida en este proyecto una regla que resuelva un debate jurisprudencial sobre la jerarquía de los tratados? Señora Presidenta, con todo respeto, en esta Comisión estoy respondiendo preguntas. Muchas gracias, ministro. Si me permite, me parece que es una regla básica del reglamento. Es exactamente lo que voy a pedir. No, yo solo voy a pedir silencio para que escuchemos al ministro con el respeto que merece el cargo. Dele, señor ministro, tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, señora Presidenta. Lo que ha venido sucediendo en el derecho chileno es que los marcos de referencia, sin resolver los temas de jerarquía de los tratados, han venido siendo incorporados como parte del principio de legalidad. Así lo hizo la Ley 21.303, a propósito del tema de la regla de discapacidad, específicamente en el caso del lenguaje de señas; así lo hizo en la Ley de Migraciones del 2021, en la referencia del artículo 3º, incisos 4º y 5º; así lo hizo en la Ley 21.154, vinculada al mecanismo de prevención contra la tortura; así lo hicieron la Ley 21.430, la Ley 21.094 y podría seguir refiriéndome a ellas sucesivamente. En consecuencia, no forma parte de este proyecto resolver los problemas de jerarquía constitucional de los tratados, una discusión que además ya fue planteada hace mucho tiempo en el Tribunal Constitucional. Lo que sí es evidente es que los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes forman parte, aun cuando se suprimiera esa mención en este proyecto de ley, del bloque normativo aplicable. Señor Miguel M. M., su señoría, ayer se señaló que la expresión “peligro grave o inminente” establecida en este proyecto de ley pareciera ser una cláusula ambigua. Sin embargo...

Yo cumplo con señalar, señora Presidenta, por su intermedio, a la pregunta que fue formulada el día de ayer, que la expresión “peligro grave o inminente” es un elemento propio del derecho chileno. De hecho, forma parte de la regla de exención de responsabilidad penal en el artículo 10, número 7. La expresión que se utiliza con ese fin es la manera en que la reforma constitucional referida a infraestructura crítica estableció en la Ley 21.542. Es el criterio que utiliza la Ley Antiterrorista, la ley que regula el castigo de la pornografía infantil, la creación del servicio de biodiversidad a las protegidas, la Superintendencia de Medio Ambiente y la ley de responsabilidad penal adolescente. Es decir, la calificación de “peligro grave o inminente” para intervenciones jurídicas y para impactos penales se encuentra ampliamente documentada en la legislación chilena, y este proyecto de ley no amplía esa ambigüedad, sino que recoge precisamente el estándar que ahí se encuentra establecido. El día de ayer también se preguntó sobre, dado que el proyecto de ley había eliminado las menciones a grupos de especial protección, si esto suprimía, a juicio del Ejecutivo, las reglas de uso de la fuerza teniendo en consideración a los grupos de especial protección. El Ejecutivo va a argumentar en esta comisión lo mismo que hizo en el Senado. En el momento en que hubo votación separada, el Ejecutivo sostuvo que, dado que existía un principio —el propósito era un principio de autocontención normativa—, si se suprimía esa regla, no se suprimía la obligación general de atender el tratamiento hacia grupos vulnerables por una razón extremadamente simple: la legislación chilena así lo encuentra establecido. De hecho, en el caso de la Ley 21.150, a propósito del Ministerio de Desarrollo Social y de Familia, se cambió la denominación de grupos vulnerables para referirse a ellos en distintas etapas; y, en el caso de la Ley 21.331, respecto al derecho de las personas en materia de salud mental, la expresión está específicamente vinculada a ello. Este era un caso en particular, que, aunque el proyecto de ley de regla dujece, el marco normativo general aplicado a los grupos de especial protección igualmente es aplicable. Y para eso, simplemente, un último ejemplo: el que acaba de haber aprobado este Congreso en la Ley 21.675, respecto a la erradicación de la violencia contra las mujeres. Existen reglas expresas que están vinculadas, primero, a un criterio de interpretación que este proyecto utiliza, a los criterios específicos de violencia institucional, que es el 6.6, y, además, a reglas especiales en materia de seguridad pública. Desde la perspectiva de la prevención, el artículo 13 es un mandato a las policías y, en segundo lugar, desde el punto de vista de las medidas de protección obligatoria en materia de seguridad pública, el artículo 21. Dicho de otro modo, nuestras señorías, al igual que el día de ayer, el Ejecutivo ha sido claro en que, pese a que algunas normas fueron decididamente rechazadas por prestarse a ambigüedad normativa —esas fueron las tesis que se sostuvieron—, el Ejecutivo tiene sobre este punto una claridad diáfana sobre cada una de ellas, y, por su intermedio, señora Presidenta. Aunque el Ejecutivo ya lo ha reiterado en la sesión de ayer y en la sesión de hoy, voy a volver al orden de las preguntas planteadas por la diputada Orsini. El Ejecutivo no mantiene ninguna ambigüedad; tiene una opinión sobre este punto. En relación a la exclusión del principio de proporcionalidad, más allá de cómo se debatió en esta Cámara —y que fue rechazada— y más allá de cómo fue debatido en el Senado —y que también fue rechazada—, el Ejecutivo ha insistido que la persistencia en su rechazo afecta, más bien, el contenido del proyecto por un problema de claridad, simplemente: mantener la idea de racionalidad —la idea de racionalidad en términos de conceptos— es la reacción o acción en torno a un presupuesto fáctico que supone la legitimidad de intervención y la proporcionalidad a una relación de medios fin. Este proyecto de ley, aunque no se refiere explícitamente a proporcionalidad, es evidente que la regula, no solo a través de alguna de sus reglas —por ejemplo, si uno lee simplemente el deber de planificación, el deber de gradualidad o progresión, o si se refiere a los grados, a juicio del Ejecutivo, tal como lo manifestó en la Sala del Senado, lo vuelve a manifestar en esta comisión y lo va a volver a manifestar en la sala—. El hecho de que no se hubiese reconocido ni en la Cámara ni en el Senado el principio de proporcionalidad no implica que las reglas que se encuentran...

Lo encuentran establecido. Es de recordar, especialmente, a quienes provienen de la profesión legal y que se encuentran en esta comisión, por su intermedio, señora Presidenta, que los principios son o explícitos o inherentes. De hecho, la aplicación del principio de proporcionalidad, largamente utilizado en el sistema institucional chileno, ha sido pocas veces reconocida explícitamente por la Constitución. Hablamos de principio de proporcionalidad en la Constitución y, nominalmente, en principio de proporcionalidad, pero nadie regula que el artículo 19, número 26, se refiera a la proporcionalidad. En segundo lugar, sobre aquellas cuestiones vinculadas a la regla que se debatió en la Comisión y que había sido aprobada en Comisiones Unidas o, en el caso de armas no letales vinculadas al torso, que era una indicación y no un mandato explícito, el Ejecutivo lo señaló en la sala del Senado y lo vuelve a señalar acá. El hecho de que, finalmente, el argumento de quienes suprimieron esa regla —en el sentido de que podía establecer una prohibición—, cuando el Ejecutivo argumentó que era una regla de indicación, de buena praxis de uso, se hubiese suprimido, no significa que exista autorización para disparar altos. De hecho, en las reglas de uso de la fuerza vigentes para las policías existe una regla expresa. En el entorno de infraestructura crítica, el Ejecutivo se está refiriendo a la manera en que entiende la interpretación de las reglas. En segundo lugar, o en tercer lugar, en relación a infraestructura crítica, el Ejecutivo argumentó extensamente en el Senado –y creo haberlo planteado ayer, aunque posiblemente no con el énfasis que alguna de vuestras señorías esperaba– que las reglas de protección de infraestructura crítica, tal como están establecidas, pueden dar lugar a equívocos. En efecto, durante la discusión legislativa en el Senado, éste decidió incorporar las reglas de uso de la fuerza acá, en el entendido de que eran las reglas que debían aplicarse en este sentido. Después de un extenso debate en ambas comisiones, en el que se distinguieron dos grandes posiciones –la primera, en que acaso debían ser extensivas a las anteriores; y, en segundo lugar, que en el caso del uso de la fuerza potencialmente letal esta debía emplearse para proteger una infraestructura crítica cuando ésta se encontrase en una condición de riesgo inminente para la vida de las personas e impedir daños graves e inminentes–, a juicio del Ejecutivo, esos eran requisitos copulativos. Y, efectivamente, la definición que realiza este proyecto de ley para el uso de la fuerza potencialmente letal está vinculada al riesgo de vida. Por lo tanto, la exigencia copulativa era una consecuencia inevitable de hacer referencia a dichas reglas. De hecho, una cantidad importante de senadores eran partidarios de hacer referencia al inciso primero sin necesidad de establecerlo de forma adicional; sin embargo, en la sala del Senado se eliminó esa frase. El Ejecutivo sigue sosteniendo que el uso de la fuerza potencialmente letal para infraestructura crítica debe cumplir con los requisitos del uso de la fuerza potencialmente letal, por una razón extremadamente simple: lo que hace el inciso primero es hacer referencia a ese punto sobre el objetivo encomendado. El Ejecutivo fue partidario de mantener la definición que se encontraba en la Cámara de Diputados –creo haber sido bastante explícito el día de ayer sobre este punto– y se explicó el contexto en el que este fue debatido. Aunque el Ejecutivo es y sigue siendo partidario de la definición que entregó esta Cámara, en el caso de las reglas de la referencia reglamentaria a armas he podido explicar, desde el punto de vista de captar otras hipótesis, el propósito perseguido.