En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión 157 queda reglamentariamente aprobada. La señora secretaria ahora dará lectura a la cuenta. Aquí le ofrezco la palabra. Gracias, presidenta.
Se han recibido los siguientes documentos:
1. Comunicación del jefe del comité de diputados de sede independiente, por la que se informa que el diputado Felipe Camaño será reemplazado en esta sesión por el diputado Héctor Barría.
2. Comunicación del jefe de bancada, diputado Judi, por la que se informa que el diputado Sergio Badía será reemplazado en esta sesión por la diputada Marta Bravo.
3. Comunicación de la diputada Elia Molina, a través de la cual justifica su inasistencia a esta sesión por haber sido invitada a participar en una actividad oficial con el Presidente de la República.
4. Oficio 7782 de la Ministra de Salud, mediante el cual se da respuesta al oficio 773 de esta comisión, por el que se hizo presente el malestar de la comisión por la inasistencia a la sesión especial celebrada el 18 de noviembre de 2024 para abordar los graves hechos ocurridos al interior del Internado Nacional Barros Aeral.
5. Ordinario 269 del Secretario General de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, mediante el cual se da respuesta al oficio 826 de esta comisión, en el que se solicitó informar acerca de las razones por las cuales, durante su administración, no se ha reconocido el pago efectivo del bono profesor jefe, beneficio que se otorga a los profesionales de la educación que ejercían ese cargo durante la administración anterior.
6. Ordinario 270 del Secretario General de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, mediante el cual se da respuesta al oficio 827 de esta comisión, en el que se comunicó al alcalde que se ha tomado conocimiento de las dificultades por las que atraviesa el Liceo 7 José Torigo Medina de Ñuñoa, debido a problemas de infraestructura y mantención, así como la reciente renuncia de su nuevo director, por lo que se solicitó informar acerca del plan de mejoramiento ofrecido por la corporación municipal y sobre el concurso para nuevo director del liceo y el equipo de convivencia de la DEM.
7. Ordinario 3.225 del subsecretario de Educación Superior, mediante el cual, según lo establecido en la Ley de Presupuestos para el año 2025, partida 09, capítulo 90, se remiten los archivos con información sobre las glosas presupuestarias que señala.
8. Oficio ordinario 559 de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta, en cumplimiento de la Ley de Presupuestos, sector público, año 2025, que adjunta informe respecto a la glosa 04, programa 01, subtítulo 24, correspondiente al período del 1 de enero al 31 de marzo de 2025.
9. Oficio ordinario 368 de la directora del Senda, por el que, de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Presupuestos, se informa sobre los arcos presupuestarios que indica el articulado 14 correspondiente al primer trimestre de 2025.
10. Oficio 409, del director ejecutivo de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional, por el que, conforme a la Ley de Presupuestos, se remite el compromiso presupuestario correspondiente al primer trimestre del glosa 04, programa 01.
Los 05, partida 06, correspondiente al Ministerio de Relaciones Exteriores. Comunicación de la Presidenta del Directorio del Colegio Nacional de Psicopedagogos de Chile, señora Carla Varia, a través de la cual declara que las expresiones emitidas por un grupo de psicopedagogas de la Región de Atacama, en audiencia con el diputado Santana, no representan a ese gremio ni a la gran mayoría de los psicopedagogos. Consideran que la imposición de estudiar educación diferencial no solo vulnera el derecho a ejercer la profesión en igualdad de condiciones que los demás profesionales, sino que también impone un gasto extra que afecta a la economía familiar. Señala que esta comisión y el Ministerio están en conocimiento de que, desde la entrada en vigor del DFL 170, se les ha marginado e invisibilizado su trabajo en los establecimientos educacionales, permitiendo a educadores diferenciales asumir su rol.
Correo electrónico del director de Poetic Education for the World y Educación Poética para Chile, Agustín Bernal, por medio del cual se da a conocer la existencia de un proyecto que se viene desarrollando desde el año 2017 en la Región del Bío Bío, con el objetivo primordial de enseñar una nueva pedagogía en el ramo de lenguaje y comunicación. Solicita audiencia con la comisión para mostrar el potencial de este proyecto.
Correo electrónico enviado al Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, por medio del cual se solicita audiencia para la directora ejecutiva. En este contexto, se elige educar a la señora Verónica Cabezas, con el fin de aportar a la discusión del proyecto de ley que modifica la ley 20.129, con el objeto de regular nuevas exigencias para ingresar a las carreras y programas de pedagogía.
Correo electrónico del profesional de apoyo extracurricular, área de desarrollo integral, del Servicio Local de Educación Pública de Yanquihue, señor Alejandro Boyarzo, quien solicita audiencia con la comisión en representación de los docentes traspasados desde DAEM y de corporaciones de 11 Servicios Locales de Educación Pública contratados bajo el Estatuto Docente o bajo el artículo 29, 39 transitorio de la Ley 21.040. Apunta que cada uno de los docentes de los ESLEP de Colchagua, Chinchorro, Andalien Sur, Atacama, Yanquihue, Iquique, Aysén, Magallanes, Maule, Costa, Valdivia y Chiloé se han encontrado, al momento del traspaso, con problemáticas complejas que les han ocasionado menoscabos profesionales y laborales, sumado a la imposibilidad de acceder a la carrera docente o de ser asimilados a grados dentro de la misma.
Esto a la cuenta, Presidenta.
Muchas gracias, Secretaria.
¿Alguien quiere tomar la palabra sobre la cuenta?
Sobre la cuenta, diputados Sáez tiene la palabra.
Gracias, Presidenta, y agradezco porque no soy parte de esta comisión. En relación al último punto que mencionaba la Secretaria, he tomado conocimiento recientemente, después de reunirme con el Colegio de Profesores de Ancud, en Chiloé, de la situación que usted también conoce, respecto a las dificultades que enfrentan profesores y profesoras que pasaron a retiro en diciembre de 2024. Existen situaciones inconclusas en cuanto a sus haberes correspondientes al mes de diciembre de ese año y, además, hay una disputa administrativa por potenciales haberes correspondientes a enero y febrero del presente año. Entonces, lo que han solicitado desde el Colegio de Profesores de Ancud es poder ser recibidos por esta comisión, situación que ya se ha presentado anteriormente, pero que adquiere particular interés en virtud del traspaso y la creación del Servicio Local de Chiloé, para revisar la situación de profesores y profesoras que ya están en retiro y que no fueron traspasados al nuevo servicio.
Se entiende, diputado.
Bueno, nosotros igualmente queremos ver, ya que nos han solicitado bastantes Servicios Locales, el poder venir a hablar a la comisión; por ello, evaluaremos la posibilidad de hacer una sesión especial para ello. Y, respecto a lo que solicita el diputado Sáez, ¿habría acuerdo de esta comisión?
Acordado.
¿Alguien más quiere tomar la palabra respecto de puntos varios?
(Pausa)
Sobre la cuenta, me equivoqué, sobre la cuenta. Es que ya tengo anotado… ¿Sobre la cuenta, nadie más?
Ya, sobre puntos varios, tengo varios señalados. Por el momento, le doy la palabra al diputado Araya.
Diputado Araya tiene la palabra.
Muchas gracias, Presidenta. He venido a la comisión a exponer la grave situación que está viviendo el ESLEP de Ancabur, en la cual, lamentablemente, se registra que hay profesores que llevan dos meses sin remuneración y asistentes de la educación a quienes se les ha pagado de forma fraccionada e inoportuna, sumado al no pago de las retenciones.
Ordenada judicialmente de menores que tienen TEA y está en una situación muy crítica. Además, Presidenta, quiero manifestar mi indignación porque el director de la SLEP gana más de 10 millones de pesos, y esos sueldos sí que están pagados. Por lo tanto, me parece que lo que está ocurriendo en el SLEP de Licancao, que tiene paralizada la educación en San Pedro de Atacama, ha causado graves problemas en el Liceo Licanantay. En Toconado también se presentan dificultades en el pago de remuneraciones; no es que, por tratarse de una comuna pequeña o de estar ubicada lejos, se deba interpretar como falta de preocupación por parte de este Congreso Nacional.
Por ello, Presidenta, solicito que se oficie al Director Nacional de Educación Pública para que inicie un sumario administrativo en contra del director de la SLEP Likankabur. Me parece que el nivel de negligencia, la falta de profesionalismo y compromiso son insoportables, y el daño que está causando a la educación pública de San Pedro de Atacama —aquella que precisamente queríamos proteger— es de exclusiva responsabilidad de él y su equipo directivo. Quisiera resaltar, además, la importancia de las denuncias por malos tratos y conflictos laborales que se han presentado dentro de la SLEP.
Tal como advertíamos en su momento, había que tener mucha prudencia en la puesta en marcha de los SLEP, y lamentablemente parece que no se ha dado la razón. Aprovecho también la presencia del señor Subsecretario de Educación Superior, parte del equipo del Ministro, para solicitar que se comunique formalmente al Ministro Cataldo la necesidad de evaluar lo que está ocurriendo en el SLEP de Antofagasta, el servicio local más grande de Chile que se creará. Si no han sido capaces de administrar ni Cancabur ni otros SLEP más pequeños, no quiero ni pensar en lo que sucedería en Antofagasta; yo no permitiré que se repita lo ocurrido en Atacama.
Esta situación es sumamente grave. Aunque algunos puedan considerar menor el hecho de no recibir remuneración —minimizándolo como un detalle—, es muy fácil declarar que es un mero detalle cuando se tiene asegurado el sueldo. Por ello, Presidenta, solicito que esta Comisión oficie al Director Nacional de Educación Pública para que inicie el sumario administrativo, en el cual se valore la responsabilidad de la actual gestión negligente y la inadecuada administración de los fondos públicos. Esto no es un problema de financiamiento, sino de gestión y de compromiso.
Adicionalmente, pido que se oficie al Servicio Electoral para conocer las militancias de quienes han ingresado a trabajar en el SLEP de Antofagasta, ya que existen denuncias de que dicho servicio se estaría transformando en prácticamente una filial de un partido político. Las conversaciones sostenidas con asistentes de la educación evidencian que, para el próximo año, lo que se vislumbra en Antofagasta podría ser francamente catastrófico, y lo que ocurre en Licancao deja en claro que los SLEP presentan serios problemas de diseño.
Quiero resumir mi intervención solicitando que se oficie al Director Nacional de Educación Pública para que inicie el sumario administrativo y, en el curso del mismo, se decida la remoción o suspensión del director de la SLEP Likankabur. Asimismo, solicito que se oficie al Ministro de Educación para convocar una sesión en la que se aborde el tema del SLEP de Antofagasta, y que se oficie al Servicio Electoral de esa región para investigar las militancias de las personas ingresadas, sobre todo considerando que se traslada personal desde otras regiones hacia Antofagasta, una zona caracterizada por una alta competencia subprofesional. Creo que se está configurando una verdadera política de personal en un servicio de educación que se tornará sumamente complejo y crítico.
Muchas gracias, Diputado Araya.
El Diputado Rey me ha solicitado la palabra respecto del punto. Quiero aprovechar para reforzar lo señalado por el Diputado Araya. Esto es algo que hemos venido mencionando en varias oportunidades en esta Comisión. Creemos que la municipalización o la dependencia de ciertas municipalidades, en su mayoría, perjudicó el sistema educativo, se utilizó políticamente y, lamentablemente, no funcionó, lo que nos obligó a transitar hacia este nuevo sistema de SLEP, que prometía algo muy distinto a lo expuesto. Considero que dicho sistema puede funcionar mejor, e incluso superar al modelo de administración municipal, pero es necesario realizar las correcciones, modificaciones y cambios pertinentes, tomándose el tiempo que corresponda.
Quiero compartir estas consideraciones para reafirmar nuestro compromiso en trabajar por una educación pública de calidad.
A lo mejor diferentes, distintas, nos preocupa algo que es común, que son nuestros estudiantes, nuestros funcionarios, la comunidad educativa. Y si se va a hacer algo, se tiene que hacer bien.
Por lo tanto, Presidenta, yo recojo también lo que usted ha señalado hace poco rato, que hagamos una sesión nuevamente respecto de este tema para ver cómo han ido avanzando, cuáles son las mejoras que se van a instalar, que se señaló el año pasado, que ya había ciertas mejoras en camino, que ya se había previsto que ciertas situaciones no volverían a ocurrir, y lo que estamos viendo son situaciones que vuelven a ocurrir, complejas y graves, que no queremos que se sigan repitiendo en los próximos servicios locales de educación. Entonces, yo me gustaría, Presidenta, que a propósito de lo que usted señaló, pudiéramos, ojalá, tener pronto una fecha para abordar esta temática; no se trate de media hora ni de una hora, sino de una sesión completa para poder hablar del tema, permitiendo la interacción, y no que venga alguien a exponer durante una hora y 45 minutos, dejando apenas 15 minutos para preguntas o consultas. Eso, gracias. Gracias, diputado Rey.
Sí, efectivamente lo estamos evaluando. Les vamos a informar con anticipación, para organizarnos.
Tengo una duda, diputado Araya, respecto del tema del CERVEL, ya que lo que me comentaba mi asesora es que podría existir algún conflicto en relación con la ley de datos personales. Quisiera preguntarle a la secretaria si tiene alguna opinión al respecto. Sí, Presidenta, se le pueden requerir los antecedentes y él nos indicará si efectivamente hay alguna violación en la ley de datos personales o alguna otra eventualidad.
Presidenta, si me permite, sobre el punto: es que la nómina debe ser anonimizada. Yo no me interesa saber los nombres de las personas, pero, mire, dichas personas representan un número X de militancia; no me interesa conocer los nombres, pues esa información no corresponde que sea pública. Me interesa saber si existe militancia y, eso creo, se puede informar de manera anónima. ¿Habría acuerdo, entonces, para las solicitudes del diputado Araya?
Diputado Sátana: Tengo dos preguntas que hacerle al diputado Araya, por su intermedio, relacionadas con las dos sugerencias presentadas. La primera es: ¿por qué se señaló que los asistentes de la educación tienen deudas? Así lo entendí, ¿cierto? Pero, al ser parte del territorio del Servicio Local de Educación al que usted hace mención, ¿de cuándo son esas deudas? Ah, ya, ese es el punto que quería despejar. Es un primer problema, ya que, revisando la prensa del año 2018, se observaba que los asistentes de la educación, junto con la administración municipal, ya percibían dificultades. Muchas veces pregunto a estos diputados por qué se hacen críticas a los servicios locales de educación por problemas que justamente provienen del sistema municipal, y ese no es el caso.
En segundo lugar, respecto del oficio del CERVEL, quisiera preguntar: ¿el objetivo final del oficio es determinar si existe militancia de partidos políticos en algunos funcionarios o si, por el contrario, los perfiles no son idóneos para el cargo? Porque considero que hay una cuestión, de derechos ciudadanos y civiles, respecto a poder militante en cualquier partido político. Es decir, si yo postulo a un cargo, por ejemplo en la ADP, entiendo que no debería ser impedido por haber militado en un partido político o por suscribir a una comunidad religiosa; si esto fuera así, alguien debería informarme. Pero a mí realmente me interesa saber si los perfiles que están ingresando a una nueva institucionalidad pública –en este caso, el Servicio Local de Educación Pública de un determinado territorio– cumplen o no con el perfil idóneo. De lo contrario, estaríamos ante una situación bastante delicada, pues se impediría que militantes de partidos políticos desempeñen funciones en determinados servicios públicos.
Habiendo sido interpelado por el diputado Santana, y para recabar el acuerdo, solo quiero agregar que, de ninguna manera, pretendo inhibir a alguien que tenga militancia política dentro del servicio público. Es por ello que he solicitado que la lista sea anónima, para no identificar a las personas, sino solo constatar la denuncia que tengo: que esto se ha transformado prácticamente en una pyme de un partido político. Con todo respeto, no nos hagamos los ciegos, que aquí no se trata de designaciones eminentemente políticas sino de reconocer que muchas designaciones políticas han sido verdaderos fracasos, y esto es una mala práctica transversal en la política.
Erradicar y la forma, creo que yo, respetuosamente, solicito que se informe de manera anonimizada, sin identificar a las personas, el número de militancias políticas, porque va a ser llamativo si existe cierta cantidad de personas pertenecientes a un partido determinado. Lo expreso en esos términos y, además, para ser cuidadoso, planteo ante usted, señor presidente, que se prevenga algo que es evidente que va a suceder y que, lamentablemente, no se quería escuchar por parte de la autoridad. Esto tiene un problema de diseño, pues fue ideado desde Santiago. Ese es el tema. Gracias, diputado.
¿Habría acuerdo para la solicitud del diputado Araya?
—Ambos, ambos.
El cuestionamiento que, a mi parecer, resulta legítimo es que el oficio debería apuntar más bien a la idoneidad de los perfiles que han ingresado a un servicio público. Porque, si se tratara de pedir información sobre la militancia, yo diría que estaríamos dando un retroceso importante en cuanto a los derechos civiles que tiene cada persona para postular, por ejemplo, a un espacio público. Por ello, propongo que el oficio, en caso de que se someta a votación, se pregunte directamente a la DEP, que es el sostenedor jerárquico por encima de los servicios locales de educación, si los perfiles ingresados en el servicio cumplen con la idoneidad técnica para el cargo…
—Diputado Schubert: A ver, creo que seamos claros, porque lo que se plantea no es determinar si son o no idóneos, sino si todos los idóneos coinciden en pertenecer al mismo partido. Eso sí sería sospechoso. Es legítimo que cada quien milite en algún partido, y eso no presenta inconveniente; pero si, coincidentemente, en un mismo servicio todos provienen de un solo partido político, surge la duda: ¿no habría alguien con idoneidad que provenga de otro partido? Son dos cuestiones distintas. Que exista idoneidad no es problema, pero que ésta se concentre en un solo partido resulta sospechoso. Y eso no es saludable para el sistema. Es importante que se dé transparencia, pues en alta dirección pública resulta fundamental no limitarse a un único partido. No seamos ciegos. Ese es el tema. Gracias.
Gracias, diputado Tubert.
¿Habría acuerdo para los oficios solicitados por el diputado Araya? ¿Lo puedo someter a votación?
Puede ser por parte.
El diputado Araya desea que se solicite el acuerdo de ambos oficios, ya sea de forma conjunta o por separado. ¿Habría acuerdo entonces para la solicitud de oficio a la DEP del diputado Araya?
—Acordado.
Solicito, entonces, al secretario, la votación para el segundo oficio del diputado Araya, que tiene que ver con información respecto al CERVEL, mediante votación a mano alzada. Diputados, por favor, indiquen:
¿Quiénes votan a favor del oficio del diputado Araya? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. En contra, uno, uno; y una abstención.
Cinco votos a favor, uno en contra y dos abstenciones. Aprobado. Queda aprobado el oficio al CERVEL solicitado por el diputado Araya.
Diputado Barriá: Sobre el punto, presidenta, confiando en el trabajo que realizan los equipos jurídicos y administrativos de este comité, quiero agregar, sin dejar de reconocer lo señalado por el diputado, que se tenga presente la legislación al respecto para no generar ningún grado de discriminación y que se responda como corresponde, pero reitero la importancia de hacerlo dentro de los márgenes que establece la Constitución y las leyes. Muchas gracias.
Gracias, diputado Barriá.
Voy a hacer mi punto vario ahora. También tengo un punto vario.
Respecto a las opiniones que se virtieron hace algunos días, una filtración, cierto, del rector del Internado Nacional Barros Arana, el señor Gonzalo Saavedra, quien indicó que realiza declaraciones despectivas hacia estudiantes diagnosticados con trastorno del espectro autista, lo cual es inaceptable y no es la primera vez que aparece en prensa, se constata que dichas expresiones vulneran gravemente el marco normativo vigente. En particular, la Constitución Política de la República de Chile, por ejemplo, en la Ley 20.422 establece normas sobre la igualdad de oportunidades e inclusión social; también la Ley 20.845 sobre la inclusión escolar; y la Ley 21.545, que promueve la inclusión, la atención integral y la protección de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista.
El Internado Nacional Barros Arana depende del Departamento de Educación de la Ilustre Municipalidad de Santiago. Sin embargo, hasta la fecha, el alcalde de esa comuna solo mencionó que iba a conversar con el director, sin haber manifestado la intención de pedirle la renuncia al rector, lo cual también contraviene los reclamos de varios apoderados, madres, padres y cuidadores del colegio.
Ante esta situación, solicito a esta comisión el acuerdo para oficiar a la Municipalidad de Santiago con el objeto de que se informe lo siguiente: el proceso de contratación del señor Gonzalo Saavedra, incluyendo sus antecedentes curriculares y la validación de los mismos; los procedimientos administrativos iniciados a raíz de esas declaraciones; las medidas de contención implementadas para estudiantes con TEA y sus familias; y el Plan Anual del Desarrollo Educativo Municipal, el PADEM 2025, con énfasis en la inclusión de estudiantes con TEA y la participación de sus madres, padres y apoderados.
Además, les quiero comentar que he estado reunida con la presidenta de la Comisión de Discapacidad y Personas Mayores, la diputada Ahumada, quien se encuentra en este momento en esta comisión, y también con la presidenta de la Comisión de Salud. En dichas reuniones, hemos instado a constituir una comisión conjunta que pueda abordar la temática, la implementación y las limitaciones de la ley TEA, al menos en el ámbito educativo. Cabe precisar que la ley TEA no fue trabajada en esta comisión, sino en la Comisión de Educación del Senado, mientras que en otras comisiones de la Cámara de Diputadas y Diputados sí se revisó.
Considero pertinente que se logre un acuerdo para tener esta comisión conjunta, en la que podamos invitar a los ministros respectivos de cada comisión y a las personas que hoy son parte de la noticia, como es el rector y, ojalá, el alcalde de la Comuna de Santiago.
Muchas gracias, presidenta.
Mi punto, que venía planteando, se relaciona con este tema. Yo soy diputada de Santiago, por la Comuna de Santiago, y me preocupa profundamente esta situación, ya que no es nuevo que la comunidad de Limba presente problemas de convivencia, carencias y abandono; lo que sí es nuevo es que esto se manifieste de forma tan flagrante por parte de la autoridad.
Quisiera hacer algunas precisiones respecto a lo señalado, presidenta. Primero, en cuanto al oficio respecto a la contratación del rector, es importante tener en cuenta que él es un rector interino, es decir, no ha pasado por los mismos procesos que tendría que pasar un rector permanente. Por ello, debemos considerarlo al momento de elaborar el oficio, con lo cual estoy de acuerdo.
También estoy de acuerdo, presidenta, en que debemos establecer una sesión conjunta para tratar este tema con las y los integrantes de las comisiones mencionadas. Me parece pertinente citar al alcalde Desbordes y, además, al rector del establecimiento, a fin de que brinden explicaciones junto con la persona a cargo de la Dirección de Educación Municipal, quien fue recientemente relevada de su cargo y de cuyo despido nos enteramos a través de la prensa sin haber contado con la oportunidad de pronunciarse.
…de dialogar ese tema, de tener un vínculo claro con las comunidades, y eso era algo que quería señalar. Yo creo que es muy importante que estén las autoridades de la comuna, porque es responsabilidad de las autoridades velar por la buena convivencia, recomponer las confianzas en el establecimiento y atender las legítimas demandas de la comunidad. Entonces, quería sumar eso, Presidenta, y con esto cierro, poniendo un punto sobre la mesa que considero que este problema tiene más que ver con la ley de inclusión que con la ley TEA. La ley TEA efectivamente viene a hacerse cargo de una serie de temas, pero, particularmente, la ley de inclusión es donde encontramos todas las disposiciones normativas que implican que existan distintas realidades, capacidades y necesidades educativas en el aula, de las cuales debemos hacernos cargo. Asimismo, considero que el problema de la ley de inclusión es que carece de los recursos suficientes para realizar acciones tan relevantes como las salas de regulación de los estudiantes, que se establecían, si no me equivoco, en esa ley para estudiantes TEA, por ejemplo. Por ello, creo que deberíamos tratarlo en esa línea.
Por cierto, Presidenta, estoy muy de acuerdo con lo que usted ha señalado. Solo quería hacer esas precisiones. Muchas gracias. Gracias, diputada Schneider. ¿Habría acuerdo, entonces, para ambas solicitudes que he señalado? Acordado. ¿Diputada Ahumada? Muchas gracias.
Presidenta, por su intermedio, agradezco lo que acaba de mencionar en esta sesión conjunta, que resulta pertinente y urgente. Quisiera tocar un punto que no debe quedar en el olvido: se vivió una situación grave en la Universidad Católica del Norte, en Antofagasta, que también he mencionado en la comisión, donde un joven realizó una amenaza de armas, es decir, de cometer un atentado, por el maltrato que ha sufrido durante largo tiempo. Él es una persona neurodivergente; sin embargo, después de todo el proceso, fue alejado de la comunidad educacional y quedó impedido de continuar sus estudios y avanzar.
Mi pregunta al ministro de Educación es: ¿cuáles serán las acciones que se tomarán? En el ámbito de la educación superior han existido varios vacíos en la implementación del apoyo a los niños neurodivergentes, lo que ha generado numerosos problemas. Hoy día, el menor se encuentra en una situación en la que se le reconoce tanto como víctima como, en cierta medida, victimario, dada la gravedad del asunto. Asimismo, ¿dónde está la fiscalización? ¿Dónde se encuentran los procesos administrativos respecto a quienes fueron responsables––o no––de esta situación, considerando además que muchos alumnos han denunciado falencias graves en la atención a estudiantes neurodivergentes en la educación superior? Esto es muy grave y no podemos dejarlo pasar, ya que prácticamente ocurrió hace tres o cuatro semanas y la única respuesta ha sido que el joven quedó fuera de la oportunidad de continuar sus estudios.
Punto número 2: se habló del SLEP-Li-Kankabur. Quiero dejar claro que los establecimientos, tanto profesores como apoderados del SLEP-Li-Kankabur, que han sido afectados y que hoy se encuentran, lamentablemente, con las clases suspendidas, hicieron llegar al ministro la información. Así, el ministro tiene todos los detalles: cuántos profesores y asistentes de aula se ven afectados, cuáles sueldos no se han pagado, los bonos ausentes y los recursos que no se han asignado para ciertos ítems. Esto implica que recursos públicos no se están utilizando correctamente.
Además, más allá de la situación de implementación del SLEP-Li-Kankabur, observamos lo que ocurre no solo en San Pedro de Atacama, sino también en Calama y en Tocopilla. Se trata de un sinfín de situaciones que, en vez de haber mejorado tras levantarse las alertas, se han agudizado. Así, de 80 problemas, hoy tenemos más de 100. En resumen, lo que se había levantado no sirvió de nada, ya que la situación empeoró, agravándose los pagos y no pagos de sueldos en abril. Por ello, considero que es necesario que el ministro rinda cuentas sobre cómo procederá con respecto a este tema. Hasta el día de hoy no se ha recibido respuesta, pero lo importante es que el ministro posee la información, ya que ese correo se encuentra en su casilla.
Grave es la situación que está ocurriendo en el colegio Nettland, que también leímos en una carta, donde hay recursos públicos involucrados. Tuve la oportunidad de conversar con el ministro en la sesión de la mañana y él instruyó una fiscalización porque se encontraron varias irregularidades. Lo que se entiende es que, además, hay una situación de acuerdos: se está negociando con el sostenedor y, por supuesto, no podemos intervenir respecto a los profesores, pero llevamos 30 días sin clase, con más de 2.500 niños que no asisten al colegio. Y lo más grave –y es a lo que le pedí al ministro y ojalá se pueda pronunciar y oficiar– es qué vamos a hacer con los cuartos medios. Son cuatro cuartos medios que hoy en día están en riesgo y pueden perder su año escolar. Entonces, nadie está dando respuesta y los papás siguen esperando. Necesitamos intervenir y dar una respuesta. Esos son los tres puntos.
Presidenta, muchas gracias. Diputada Ahumada, entiendo que su primer oficio, entonces, es hacia el Ministerio y la Subsecretaría de Educación Superior; el segundo sería a la DEP y el tercero al Ministerio. ¿Habría acuerdo para las solicitudes de la diputada Ahumada?
Acordado.
El Subsecretario me ha pedido la palabra sobre el punto. Gracias, Presidenta.
Sí, sobre el punto: naturalmente, en materias que no son relativas a la educación superior, transmitiremos al ministro los requerimientos que aquí se hagan. Y, en relación –por su intermedio, Presidenta– a la situación en la Universidad Católica del Norte que mencionaba la diputada Ahumada, nosotros hemos monitoreado esa situación; respecto a ese caso en particular, la instancia que tiene la facultad institucional para intervenir y supervisar el sistema es la Superintendencia de Educación Superior. No es el Ministerio; éste tiene facultades fiscalizadoras delegadas, por decirlo de alguna manera, que no le corresponden al Ministerio, sino que están en la Superintendencia, dado que este es un organismo independiente. Por lo tanto, en cuanto se nos lleguen antecedentes, los pondremos a disposición de la Superintendencia y los canalizaremos institucionalmente por esa vía.
Ahora sí, me gustaría hacer un comentario de política global: la adaptación de la educación superior a las neurodivergencias y a las características que presenta –por decirlo de alguna manera– o las dificultades y desafíos que afronta la formación en esta situación histórica son, efectivamente, enormemente complejos. Nosotros hicimos un trabajo durante más de un año con expertos, estudiantes, organizaciones e instituciones de educación superior, y constituimos un consejo para el tema de la salud mental. Nos pusimos a trabajar arduamente, elaboramos un documento de orientación y, luego, un conjunto de orientaciones para la aplicación de la ley TEA en educación superior. Podemos también poner a disposición esos antecedentes, pero se trata de dificultades de una dimensión histórica y cultural muy amplia.
El caso que usted, por su intermedio, Presidenta, da cuenta es uno que efectivamente debemos monitorear; sin embargo, quisiera plantear una perspectiva más global. Estamos tratando de abordarlo, pese a las dificultades, pero es un tema que nos importa mucho y que nos interesa. Si es de su interés, diputada, podemos reunirnos para comunicarle cómo lo hemos impulsado o qué estamos intentando impulsar al respecto, ya que se trata de un tema tremendamente sensible para nosotros y que, nos parece, lo será aún más en el futuro. Por supuesto, a través del oficio que corresponda, enviaremos los antecedentes a la Superintendencia y, si es necesario, facilitaremos la coordinación para una reunión o encuentro.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Subsecretario.
Diputado Santana, tiene la palabra.
Presidenta, yo quería hacer dos puntos, pero antes de ello quisiera hacer una observación respecto a los tiempos. Son las 15:48 y va a cumplirse casi una hora desde que comenzó la sesión; sin embargo, apenas hemos avanzado en varios puntos. Además, debo señalar, dado que usted dirige esta sesión y ha otorgado los puntos a miembros que, con el mayor de los respetos, no pertenecen a la Comisión de Educación, que debiéramos priorizar a quienes somos integrantes de dicha Comisión.
Lo expreso con el mayor respeto hacia el resto de los colegas y aprovecho para comentar acerca de la discusión sobre los servicios locales de educación, porque parece haberse hecho costumbre que los problemas de los servicios locales se equiparen a los problemas de la educación pública, como si esta última no tuviese su propia historia. Esto ya sucedió en Atacama, donde se intentó, intencionadamente, reducir un conflicto.
De una mala administración de los municipios en relación a la educación pública a una discusión o a un conflicto político, obviando absolutamente la mala administración municipal que hubo en una serie de municipios de Atacama, la cual generó deudas en el pago de asistentes de la educación, de profesores, en el salario, en las deudas previsionales y en el no mantenimiento de infraestructura educativa por parte de los municipios cuando eran administradores de la educación pública.
Entonces, o hay deshonestidad intelectual a la hora de hacer análisis respecto a los problemas de la educación pública o, derechamente, existen otros intereses cuando se intenta endosar –insisto– a una reducción meramente política de unos cargos más o unos cargos menos, cuando además el servicio local en cuestión está en funcionamiento desde el primero de enero. Yo no creo, Presidenta, que los problemas de la educación pública en la región de Antofagasta, como en muchas otras regiones, parten el primero de enero. Yo creo que esta nueva institucionalidad –entre otras cosas, la escuché, diputada, con harta atención y esperaría lo mismo por parte de usted–. Presidenta, si usted me permite continuar, por favor. Muchas gracias.
Entonces, yo creo que los problemas probablemente hayan surgido; no desconfío de lo que dicen los colegas, pero me molesta un poco cuando se empieza a atacar a la nueva educación pública, a su nueva institucionalidad, otorgándole los grandes orígenes de los problemas que tiene hoy día la educación pública, cuando yo creo que no es así. Solo quiero reiterar un aspecto técnico-pedagógico que he señalado las últimas dos semanas: cuando se publicaron los resultados del SIMCE, los mejores establecimientos en el sector público que obtuvieron los puntajes más altos no fueron los municipales, sino aquellos que hoy están administrados por los tan cuestionados Servicios Locales de Educación Pública. Entonces, ojo con la crítica que se hace respecto a eso.
Voy a mis puntos varios. En primer lugar, en un colegio diferencial, más del 60% son, leo, “hueones con TEA”. Estas fueron las palabras, tal como se ha señalado, del rector de Limba, Gonzalo Saavedra, quien, obviando los casi 48.000 estudiantes que tiene nuestro sistema educativo con trastorno del espectro autista, hizo una descalificación en afirmar que esto sería una limitante a la hora de que el establecimiento educacional tuviese excelencia académica.
Obviando, señora Presidenta, que desde el 10 de marzo del año 2023 existe la ley 21.545 –la ley de inclusión, como decía la diputada Schneider–, la cual obliga a que los establecimientos educacionales de nuestro país cuenten con las condiciones necesarias para atender necesidades especiales particulares de los estudiantes en todos los establecimientos, pues entendemos que la educación debe tener justamente esa noción, esa matriz. A mí me parece que lo que ha dicho el rector de Limba no solamente es una descalificación hacia estas miles de personas y sus familias, sino que también representa un retroceso en el debate educativo que se ha desarrollado en nuestro país en los últimos años, particularmente en la última década.
Naturalmente, lo que debe hacer la Comisión de Educación en su rol de fiscalización es citar al rector y también a quien es su sostenedor hoy día, que es el alcalde Mario Desbordes, alcalde de la comuna de Santiago, para que dé explicaciones respecto a este juicio completamente arbitrario que no solamente vulnera la condición de miles de estudiantes, sino también una ley de la República que fue largamente debatida y que tuvo una aprobación de forma transversal. Por lo tanto, quisiera hacer mención de esa solicitud.
En segundo lugar, en el plano local, la comunidad educativa del Colegio Arturo Pérez Canto de la comuna de Vallenar se movilizó durante esta semana a razón de la eventual salida de quien hoy es su director, un director que, por voluntad propia, participó en otros concursos –digamos para cargos directivos–, pero que, naturalmente, luego de tres meses abandona este establecimiento que ya venía de un largo período sin una conducción estable en la condición de director o directora.
Yo creo que, para cualquier establecimiento, para cualquier comunidad educativa y para cualquier servicio local de educación, es indispensable que exista un liderazgo que permita lograr los objetivos técnico-pedagógicos establecidos en una comunidad educativa. Naturalmente, los compromisos asumidos por el Servicio Local de Huasco para agilizar los concursos y contar con un director en este establecimiento educacional en particular no se han cumplido. Lo que espero y, a la vez, quiero hacer es un llamado, particularmente en este caso a la DEP –que jerárquicamente es superior al Servicio Local de Huasco–, a la posibilidad de agilizar un concurso para elegir director en este establecimiento, de manera que esta comunidad educativa, de una vez por todas, cuente con una conducción y un liderazgo en el proyecto educativo que llevan adelante, y finalmente, que no tenga que movilizarse para concretar esta cuestión tan indispensable en cualquier establecimiento educacional.
Estos son los dos puntos que quería exponer.
Gracias, diputado Santana. ¿Existe acuerdo para las solicitudes?
¿El diputado? Acordado. Diputado Santana, le quería comentar lo siguiente, porque usted en varias sesiones alude a cómo es el manejo de la presidencia, y no tan solo en esta presidencia sino también en las anteriores, respecto a los puntos varios y a muchos otros temas. Usted lleva cuatro intervenciones en esta sesión, que suman aproximadamente siete minutos de intervención, pues pide la palabra para tratar los puntos de otros diputados. Entonces, cuando usted señala o alega cómo se está administrando la sesión, también lo invito a la autorregulación, ya que en la medida en que quieran intervenir en todo o hablar de cada uno de los puntos varios, esto se extiende.
Por ello, respecto a la cantidad de palabras asignadas a los miembros o a quienes no son parte de esta comisión, señalo que tuve dos diputados que no eran integrantes de esta comisión a quienes otorgué la palabra y dos, Emilia Schneider y yo, que somos de esta comisión, y después le tocó a usted. Por lo tanto, la cuenta que usted hizo no es correcta; le pido, únicamente, ese respeto, diputado, pues yo a usted, al menos, no lo paute en su presidencia.
Presidenta, ¿cuál ha sido la falta de respeto al hacerle esa observación en su conducción? Mi pregunta es la siguiente: usted dice que es una falta de respeto cuestionar el modo en que se conduce una comisión. Diputado, no voy a entablar un diálogo con usted; le estoy respondiendo a quienes está instando en esta comisión, solicitando que termine ahora su alocución para poder darle la palabra al resto de los integrantes.
Voy a repetir: faltarme el respeto me parece, incluso, una vulneración a nuestro reglamento. Usted acaba de señalar que le falté el respeto, pero le pregunto, ¿en qué le he faltado? Lo único que cuestioné es que, llevamos una hora y, como presidenta de la comisión —aunque después de 47 minutos, presidenta, colega, por favor, no hagamos defensas corporativas—, se han destinado 50 minutos a puntos varios. No es razonable destinar tanto tiempo a ello, y eso no constituye una falta de respeto; se lo planteo acá, de frente y con palabras respetuosas.
Dije que le pedía respeto en el manejo de esta administración, porque yo a usted, al menos, no lo paute en su presidencia. En esta comisión todos tienen derecho a hablar; no tengo inconveniente en que cualquier diputado que desee intervenir sobre sus puntos varios sea bien recibido, tal como ocurre en otras comisiones en las que no somos integrantes permanentes. Además, para ello existen sesiones especiales en las que se puede avanzar tanto en proyectos de ley como en otras materias. Así que considero muy importante el tema de los puntos varios, que, si bien no está reglamentado, permite la intervención de todos quienes lo requieran, sobre todo en relación con los temas de su territorio.
Diputado Palma: Lo que sucede es que estaba siguiendo atentamente el orden de las palabras dispuesto por las presidentas, por lo que me estaba preparando justamente para ello. Bueno, primero, quería hacer una solicitud expresa a esta comisión, ya que en la mañana estuvimos citados a una sesión especial para votar el proyecto de ley de altas capacidades. Durante el día de hoy se me acercó un grupo de estudiantes del Liceo Bicentenario Marítimo de Valparaíso, que está formulando un proyecto para el torneo de Libera —que todos conocemos—, y que está integrado por estudiantes de altas capacidades diagnosticados, quienes tienen mucho interés en expresar su opinión sobre el proyecto de ley. De hecho, han manifestado algunos disensos y, por ello, les enviaré el video al grupo de WhatsApp que tenemos para que ustedes lo puedan revisar, pues considero importante que, si vamos a legislar sobre esta materia, se tomen en cuenta sus opiniones.