Cámara de Diputados - Recursos Hídricos - 6 de mayo de 2025

En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Secretario: dará lectura a la cuenta. Buenos días. Un oficio del Jefe del Departamento de Información de Recursos Hídricos de la Dirección General de Aguas, por medio del cual se informa sobre el avance en la inscripción de los derechos de aprovechamiento de aguas; se indica que la fecha de vencimiento de dicho trámite es el 6 de abril de 2027. En segundo lugar, un oficio de la Ministra de Obras Públicas, por medio del cual se informa sobre el estado en que se encuentran las pasarelas y los desagües en la comuna de Graneros, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, y se adjunta el oficio ordinario número 74 del Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas de la mencionada región. En tercer lugar, un oficio del Superintendente de Servicios Sanitarios, por medio del cual se informa sobre la auditoría, tarifas y fiscalización.

por falta de acceso al agua en parcelaciones del SSR Los Rojas, Comuna de La Cruz. En cuarto lugar, un oficio de la Subdirectora de Servicios Sanitarios Rurales, por medio del cual se informa respecto a la competencia de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales en la fiscalización de parcelaciones. En quinto lugar, un oficio de la Directora Nacional de Obras Hidráulicas, por medio del cual se informa sobre la instalación de un parque solar y una bodega de baterías de litio en el sector de La Estancilla, Comuna Ayayay, ubicado próximo a los pozos de la Dirección de Obras Hidráulicas y Desval. Asimismo, se adjunta un oficio ordinario número 162 de la Dirección de Obras Hidráulicas de la Región de Valparaíso, en el que se pronuncia sobre la agregación de impacto ambiental que indica. En sexto lugar, un oficio del subsecretario subrogante del Ministerio del Medio Ambiente, por medio del cual se informa sobre el cumplimiento de la Ley de Presupuestos número 21.722, a la glosa 11 del programa 01, planes de conservación y fiscalización para el resguardo de los humedales. Y finalmente, un reemplazo para esta sesión: don Luis Fernando Sánchez reemplaza a don Benjamín Moreno. Esa es toda la cuenta. Gracias, secretario. Se abre la palabra sobre la cuenta de un diputado, sobre varios. Dos temas: teníamos salida a terreno para una sesión especial en mayo el día 15 y, al informarnos que además tenemos sesión de Cámara ese mismo día, se suspende la comisión en terreno, lamentablemente, ya que todo estaba bien avanzado. Asimismo, y si le parece al resto de los parlamentarios, el día 21, que es la semana siguiente (aunque es feriado el 21 de mayo), luego pasamos a Territoriales y, posterior a éstos, la primera semana de junio. Se sugiere que, si a los parlamentarios les parece, se realice el encuentro el jueves 5 de junio. Así que, se toma el acuerdo para quedar el jueves 5. Yo quería poner un punto sobre la mesa: la última semana de trabajo distrital recorrí varias canchas de fútbol, tanto el sábado como el domingo, y constaté que, lamentablemente, especialmente en el fútbol rural, más del 50% de las canchas no cuenta con agua potable, según lo aproximado por lo recabado. Aunque en esta fecha, con un clima más frío, puede ser menos notorio, en verano, cuando las temperaturas superan los 30 grados y se desarrollan actividades físicas, esto resulta inaceptable. Por ello, me gustaría proponer que analicemos qué se puede hacer para la gente que desarrolla actividades deportivas en estas canchas. No me refiero necesariamente a la implementación de camarines —ya que contar con ellos es un lujo en muchos clubes, al menos en la región que represento—, sino a evaluar posibilidades para que los camiones aljibes o el agua de reparto sean incluidos también para quienes realizan actividades físicas. ¿Les parece? ¿Qué podríamos solicitar? Yo creo que podríamos solicitarle al encargado de emergencia del Ministerio del Interior, quien está a cargo de la repartición de agua, que analice la factibilidad de incluir las canchas de fútbol dentro del esquema de distribución. Diputada Bello, diputada Cordero: Yo pienso que lo más factible es que se utilicen bidones, esos mismos que tuvimos durante la pandemia. No me imagino que estén instalando llaves, ya que se podrían llegar a robar los medidores. Estamos en Chile, y podría existir la posibilidad de crear un cargo para alguien del equipo de fútbol que se encargue de esos bidones—tal vez designarlo como el “aguatero”, de forma que queden guardados con un candado. No me imagino, en cambio, que vayan a instalar un medidor de agua en la tarde, pues se lo podrían robar. Buenos días a todos y todas. Yo pediría que se revisen los reglamentos tanto de salud como de...

Que son quienes entregan los camiones al Jive y, dentro de ese reglamento, saber si están dentro de la categoría los espacios deportivos, como los clubes, y quizás también realizar un catastro entero a las municipalidades para saber qué clubes deportivos están sin agua y cuáles no. Gracias, presidente. Me parece muy bien lo que dice la diputada Bello: poder oficiar, si es posible, a las municipalidades y levantar el catastro de cuántos clubes o canchas de fútbol tienen en sus comunas. Ojo, que no se consideren aquellos que están en tuición municipal, porque hay algunos que sí lo están, sino los que participan en las asociaciones de dichas comunas y que no tienen agua potable en su recinto. Además, la diputada Bello solicita oficiar al Ministerio del Interior para que se determine cuál es el manual, el reglamento, el criterio para los camiones de alquiler. Diputado Pino: Sí, presidente, un alcance. Yo creo que hay que oficiar para que todos los clubes deportivos que tengan una cancha, ya sea que estén o no bajo la municipalidad, queden incluidos en el catastro. Porque, el hecho de que estén asociados a la municipalidad no garantiza que tengan agua. Probablemente muchas de estas canchas, aunque existan, no cuenten con agua potable ni siquiera con camarines, como les comenté al principio. Entonces, creo que es necesario involucrar a todos los clubes y canchas de la comuna. A eso me refiero: hay algunas canchas cuyos terrenos están en comodato de las municipalidades, otras pertenecen a los clubes y otras simplemente son arrendadas. Por ello, el catastro que se levante debe incluir todas las canchas que participan en la asociación de la comuna o que desarrollen actividad deportiva en ellas. ¿Les parece? Me gustaría levantar este tema porque quizás no lo hemos dimensionado; imagínense gente que practica deporte todos los fines de semana y no dispone de agua potable en sus instalaciones. Entonces, podríamos considerar, en una próxima sesión, invitar a algunos presidentes de asociaciones deportivas de fútbol para que nos expongan la realidad en primera persona y ver de qué forma colaborar en ello. Doctora: Yo lo felicito, que se haya realizado ese recorrido, ya que, en el fondo, ello se agrupa también desde la perspectiva médica. Chile es el país latinoamericano donde se toma menos agua, y por eso sufrimos de tantas nefropatías y contamos con largas listas de espera para trasplante renal. Esto, en mi opinión, tiene una tremenda significación. El hecho de haber ido hasta allá fue fantástico. Estamos hablando precisamente del tema de que en Chile no se consume suficiente agua. Se acuerda que se enviarán oficios al Ministerio del Interior y a la C de Municipalidades, quedando así tomado el acuerdo en relación a este punto. Diputada Castillo: Gracias, Presidente. Buenos días. Son dos temas importantes. El primero es uno de los varios que traigo y que quiero reiterar a la Comisión, en tanto ya se ha concretado la obra en cuestión. La idea de mi solicitud, realizada hace algunos meses, era que nuestro delegado de la Región de Coquimbo pudiera venir a explicar la implementación de una solución de agua potable en el sector de Alfalfares, en La Serena. A raíz de la escasez y la falta de nuevas fuentes hídricas, se instaló una infraestructura de abastecimiento que beneficiará a 41 familias de la parcela 33 de Alfalfares. Este es un sector del que siempre hemos conversado en la Región de Coquimbo y, quizás, en otras regiones también se les esté categorizar como periurbanos, es decir, se encuentran dentro de la urbanización, pero no están urbanizados en rigor, por tratarse de personas que se asientan por falta de vivienda, y que, además, no tienen acceso al agua. De hecho, un diputado Pino participó en algunas reuniones cuando conformamos la mesa hídrica social. Hace algunos meses señalé que esta experiencia piloto a nivel nacional se concretó durante esta semana distrital, entregándose agua potable a 41 familias. No es poca cosa. Además, la Contraloría estuvo involucrada en reiteradas oportunidades, ya que, al no estar regulado el territorio o el terreno, habitualmente no se puede realizar obra pública; sin embargo, en este caso se logró. Considero que esta experiencia es una excelente forma de que otros diputados y diputadas, y también desde Obras Públicas, se puedan replicar iniciativas en gobiernos regionales, además de apoyar a las dirigentes de la parcela 33 o de la mesa.

Hídrica social, presidente, yo lo solicité al menos hace seis meses atrás. Y dicho eso, y aprovechando que llegué a la discusión sobre el deporte y la falta de agua potable hace algunos meses, y aquí sí podemos oficiar como comisión; hace algunas semanas, mejor dicho, tuvimos grandes paros en el SLEP Puerto Cordillera en Coquimbo. Esto es en el Servicio Local de Educación Pública Andacoyo, Coquimbo. ¿Cuál es el punto? La ruralidad: las escuelas no tienen agua potable. Y eso es un drama, no solo por la escasez hídrica, sino también porque no existen fuentes ni sistemas que aseguren el abastecimiento, haciendo que la mayoría de los niños, niñas y escolares tengan que conformarse con raciones frías, lo que genera condiciones adversas de salud. Por ello, me gustaría que se oficiara al Ministerio de Educación y al Servicio de Educación Pública para que nos proporcionen el catastro de las escuelas que hoy no cuentan con agua potable. Asimismo, se debería solicitar al Ministerio del Interior o a la institución competente que garantice la provisión de agua potable en las escuelas, ya que todavía hay niños y niñas en esa situación. Esto es particularmente grave en el sector de Andacoyo. Yo sé que el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, está avanzando en este tema, pero sería bueno que lo pidiéramos formalmente como comisión. A propósito, si bien nos preocupamos por las canchas y los clubes –que también son importantes– los niños y niñas no pueden seguir en condiciones sanitarias deficientes ni consumiendo raciones frías. Reitero la invitación que lancé hace algunos meses atrás. Muy bien, si le parece, el resto del parlamentario se hace cargo. Hace tiempo que he pensado que quizás deberíamos premiar a los diputados que realizan tareas como estas; ellas dos se merecen una medalla del Congreso, porque, en contraste con quienes se autodenominan perezosos y parásitos, estos trabajan de verdad. Hay que valorar y reconocer el esfuerzo, ya que es injusto que se tenga una imagen tan negativa cuando en realidad se trabaja arduamente. Pasando al orden del día, la sesión tiene por objeto tratar los siguientes puntos de la tabla: 1. Iniciar el estudio de proyectos de ley originados en la moción de los diputados Miguel Ángel Calisto, Víctor Pino, de la diputada Joana Pérez y de los diputados Jorge Zafirio, que establece un mecanismo automático de compensación por cortes de suministro de servicios sanitarios, contemplado en el Decreto con Fuerza de Ley N° 382 de 1988 del Ministerio de Obras Públicas, Boletín N° 17.361-33. 2. Continuar con la discusión general de los proyectos refundidos, que ya hemos abordado en varias sesiones. En esta ocasión, asisten de forma presencial y telemática el profesor del Centro de Derecho y Gestión de Agua de la Universidad Católica, señora Daniela Rivera, y el profesor don Guillermo Donoso, especialista en economía de recursos naturales y parte del mismo centro. Cabe señalar que se ha excusado el presidente de la Junta de Vigilancia del Río Ñuble. Procedemos a partir con el diputado Pino, y posteriormente escucharemos a los invitados de forma telemática. Diputado Pino: "Presidente, la verdad es que exponer acerca de este proyecto resulta bastante satisfactorio, ya que se busca dar una respuesta a miles de personas que, cada vez que se presentan cortes de agua, deben enfrentar el problema de la compensación. Actualmente, en la legislación no existe una forma automática de compensar, y siempre se recurre a diferentes juicios para determinar cómo hacerlo. Por ello, lo que se propone es brindar tranquilidad a las personas, de modo que, ante un corte prolongado en el suministro de agua potable, se puedan considerar dos aspectos fundamentales: primero, la necesidad de agua de las personas; y segundo, la posibilidad de recibir un servicio de agua potable."

La realidad de las empresas es que reparan en los tiempos que corresponden, porque podemos querer que se compense y podemos dejar que en dos horas la empresa nos reponga, pero esa no es la realidad de las empresas sanitarias. Lamentablemente, cada empresa tiene una situación totalmente distinta. Existen empresas grandes, como Aguas Andinas en Santiago, por ejemplo, así como otras pequeñas —como la que conocemos por triste experiencia, San Isidro, en algunas regiones del país— que, a pesar de ser de menor escala en cuanto a cantidad de clientes, tampoco operan de manera óptima. Esto quedó ratificado en una comisión de investigadores que salió de esta misma Cámara de Diputados hace un año. En este sentido, como bien sabemos, el acceso al agua es un derecho humano esencial, reconocido tanto en la legislación internacional como en la nacional. Sin embargo, no siempre se refleja en la realidad cotidiana. Muchas familias chilenas han sido víctimas en los últimos años de diversas catástrofes naturales. En el período 2023‑2024, paradójicamente, el agua arrasó con todo en sectores del Maule, del Biobío y de la región de O’Higgins, y al restituirse, nos encontramos con que, curiosamente, no había agua potable cuando bajó el caudal de los ríos, debido a que el sedimento había obstruido las plantas de tratamiento ubicadas en las riberas. Esto provocó una situación de crisis en el acceso al agua, recurso esencial para la vida humana. Esta iniciativa la presenté en enero del 2025, y ya lleva cuatro o cinco meses en esta comisión. Observamos con preocupación las ineficiencias en las medidas existentes; es algo que también el SERNAC muchas veces releva en sus tramitaciones, aunque no siempre con buenos resultados. Dependemos en gran medida de las negociaciones con las empresas, como ocurre con el tema de la luz, que si bien está regulado, sigue siendo difícil. Entonces, imagínense la situación del agua potable, donde no existe una regulación adecuada y, además, es necesario litigar constantemente para obtener los resultados que la población necesita. Actualmente, cuando se produce un corte de agua, los consumidores deben recurrir a reclamos individuales o acciones legales para obtener algún tipo de compensación, lo que no solo resulta engorroso, sino que también genera una enorme sensación de desamparo. Por ello, el proyecto de ley propone incorporar al Decreto con Fuerza de Ley N° 382, de 1989, un nuevo artículo que establezca la obligación de compensar automáticamente a los usuarios por cada día de interrupción del servicio. El sistema propuesto se basa en una compensación equivalente a 10 veces el valor diario del servicio interrumpido, calculado según la tarifa vigente al momento del corte. Dado que la Superintendencia realiza periódicamente diferentes análisis y evaluaciones con cada empresa sanitaria, la tarifa correspondiente ya está establecida, por lo que no es necesario reabrir ese debate. Lo que se propone es que esta compensación se aplique directamente en la siguiente boleta del usuario, sin necesidad de gestiones adicionales, evitando que los consumidores queden atrapados en burocracias para hacer valer sus derechos. A lo largo del país se han registrado numerosos cortes prolongados que justifican una legislación de este tipo. Por ejemplo, en 2019 la ciudad de Osorno enfrentó una crisis sanitaria tras permanecer más de siete días sin agua potable, evidenciando la falta de protocolos eficaces y la lentitud de las empresas para reaccionar ante emergencias. En otras localidades, como Paraíso, El Tavo o Antofagasta, se han repetido situaciones similares, con cortes que superarían las 12 o incluso las 24 horas. Cabe recordar que, en diciembre de 2023, la ciudad de Antofagasta estuvo siete días sin agua debido a que se cortó la alimentación de la planta de sal por el impacto de una máquina retroexcavadora. En 2025 se implementaron medidas de contingencia para asegurar el suministro en caso de problemas con la energía. Tuve la oportunidad de participar en la inauguración de la ampliación de la planta hace un mes, donde se explicó detalladamente el proceso de respaldo que hoy garantiza que no se repitan los hechos de 2023. Es reconfortante saber que existen empresas que sí se preocupan por este tipo de situaciones, aunque otras lamentablemente lo dejan pasar. Finalmente, el proyecto establece que se considerará un día de interrupción cuando el corte se prolongue por más de 10 horas.

Continuas o más en un periodo de 24 horas. Por ejemplo, se corta el agua en un sector de 500, 1.000 clientes o lo que sea. En el proyecto se establece que existan 10 horas en las cuales, si la empresa repara en 6, se cobre proporcionalmente a esas 6 horas, ¿cierto? Sin embargo, si el corte excede las 10 horas –por ejemplo, si son 11 horas– ya se le cobrará el día completo. ¿Por qué 10 horas? Esa definición no es arbitraria, ya que es un criterio que busca equilibrar dos realidades: por un lado, el derecho de los usuarios a recibir un servicio continuo y confiable, y por otro, la capacidad técnica que tenga la empresa para reaccionar ante imprevistos. Las empresas nunca quieren que se les corte el agua; hay que considerar que ellas ganan por el agua que consumen, no por el agua que los usuarios no usan. Por ello, es necesario alcanzar un equilibrio entre una compensación justa y equilibrada y evitar una compensación desproporcionada. El CERNAC busca siempre compensar al cliente, independientemente de cómo se logre la reparación, aunque lo que verdaderamente importa a la gente, cuando hay un corte de agua, es contar con agua a la brevedad. La compensación se agradece y se tratará después, pero la prioridad es que el agua llegue rápido. En este sentido, se discute cuál debería ser el umbral de horas para determinar si se cobra un día completo o las horas de forma proporcional. ¿Alguien ha propuesto que este umbral sea de seis horas, buscando que la empresa reaccione con mayor rapidez? En este caso, el CERNAC junto a Hacienda han promovido esa alternativa, aunque esta posibilidad puede generar incentivos distorsionados. Por ejemplo, si se produce una rotura a las 6 de la tarde y se le indica a la empresa sanitaria que cuenta con 6 horas para reparar –hasta las 12 de la noche–, y la reparación realmente toma 8 horas, podría ocurrir que la empresa opte por postergar la reparación para el día siguiente y, de esa forma, evitar que se le cobre el día completo, afectando así la continuidad del servicio. En cambio, al fijar un límite de 10 horas, se establece un incentivo más saludable. Las empresas sabrán que, pasado ese tiempo, se les cobrará el día completo, por lo que actuarán con mayor rapidez para reparar la rotura y evitar que los usuarios se queden sin agua durante la noche o hasta el día siguiente. En la práctica, muchas empresas no logran restablecer el servicio en el corto plazo, lo que puede derivar en nuevas interrupciones. Además, cuando se corta el agua en un sector, es necesario reabrirla de forma proporcional y sectorizada, ya que la presión resultante puede ocasionar nuevas roturas. No se trata de abrir una llave de manera aislada, ya que eso puede provocar el golpe de ariete, es decir, la presión que empuja el aire de la tubería. Cabe asimismo señalar que, en muchas ocasiones, la infraestructura sanitaria es antigua o ha sufrido deterioros, por ejemplo, a causa de movimientos sísmicos, situación que no es infrecuente en nuestro país. Los efectos de la presión pueden provocar que se produzcan más de una rotura en el mismo sector, llevando a que se tengan que cortar el agua dos o tres veces en la misma zona. Al diseñar un incentivo, se busca generar una situación en la que la empresa cuente con un estímulo real para reparar de inmediato, evitando que, debido a un plazo demasiado corto –como seis horas– se opte por postergar la reparación para evitar costos adicionales, lo que comprometería el servicio. En cambio, establecer un límite de 10 horas impulsa a las empresas a mostrar eficiencia y compromiso con los usuarios, sin sustituir su responsabilidad, sino reforzándola mediante un estándar que exige mejoras estructurales. De esta forma, las empresas que inviertan en infraestructura robusta, en sistemas de alerta temprana y en personal preparado estarán mejor posicionadas para evitar cortes y, en consecuencia, compensaciones. Finalmente, es importante reiterar que lo esencial para todos los usuarios es tener agua en sus hogares. Las empresas sanitarias ganan únicamente por lo que el medidor factura; si en una casa no hay agua, la empresa no obtiene ingresos. Por ello, lo fundamental es que el agua llegue de manera oportuna y confiable.

Poder beber agua para lavar nuestra ropa, agua para nuestros animales, agua para nuestra vida en general. Mientras más rápido llegue el agua, es mejor. La compensación ni siquiera la vamos a ver porque va en la boleta, será un descuento automático, ya sean 6, 4, 8 o 10 horas. Entonces, en vez de estar pagando a lo mejor 30.000 pesos de agua, vamos a estar pagando 28, y la verdad es que no hay un mayor impacto cuando lo vemos de esa forma. Como conclusión, no podemos seguir permitiendo que los usuarios sean los únicos que carguen con las consecuencias de una interrupción en el servicio de agua potable. Estamos hablando de un recurso esencial para la salud, la higiene y la vida diaria. Cuando este servicio falta, la dignidad de las personas se ve afectada y eso no puede quedar sin respuesta. Por eso, esta ley busca establecer una forma clara, automática y proporcional de resarcir los perjuicios que sufren los usuarios; no solo se trata de hacer justicia en cada caso particular, sino también de fortalecer la confianza en el sistema, mejorar la relación entre consumidores y proveedores, y elevar los estándares del servicio sanitario en Chile. Invito, obviamente, a todos los sectores políticos de esta comisión –desde ciertos sectores de derecha y de izquierda– a apoyar esta iniciativa; no es una propuesta ideológica, sino una medida muy técnica, concreta, razonable y urgente, que responde a una necesidad real de la ciudadanía. Regular las compensaciones por cortes de agua es una deuda que tenemos con millones de personas en Chile, que a diario esperan que el Estado proteja sus derechos de manera más efectiva y oportuna. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Muy bien, señor Pino, ¿le gustaría que pusiéramos el proyecto en tabla para iniciar la discusión? Presidente: Yo creo que este proyecto podría salir bastante rápido en esta comisión. Podríamos invitar a algunas organizaciones. Cierto, obviamente, creo que Andes –la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios, que involucra a todas las sanitarias– es una de las entidades que deberíamos escuchar, junto con la Superintendencia de Servicios Sanitarios; de esa manera contaríamos con las dos principales contrapartes. Además, quizás podríamos invitar a alguna organización de usuarios de agua, o mejor dicho, de consumidores, como la Conadecus o Onadecus, o incluso ambas. Con eso, presidente, se podría posiblemente votar en general y, si no hay discusión en particular, sacarlo la próxima semana o en un par de semanas más. Yo creo que es algo que no amerita mayor discusión y análisis. Diputada Bello: Solo hacerle la consulta al diputado Pino, si esto es solo para sanitarias o incluye también sanitarias rurales, APR, cooperativas, etc. Diputado Pino: No, la verdad es que no están incluidos los servicios sanitarios rurales. Esa pregunta me la hicieron hace un tiempo atrás y está pensado para las empresas sanitarias que hoy día operan bajo el sistema de concesiones sanitarias. El secretario me ha indicado que tiene ahí el listado de los que usted está sugiriendo. Si algún parlamentario tiene algún otro invitado que quiera, que nos avise para poder incluirlos. No sé si, por el tiempo, la cantidad de invitados nos alcance para avanzar tan rápido, pero haremos lo posible. Además, tenemos otro proyecto paralelo, si les parece a los parlamentarios, para ser los invitados. Hay que programarlo dentro de la tabla. Continuando con el orden del día, nos acompañan de forma telemática la profesora del Centro de Derecho y Gestión de Agua de la Universidad Católica, la señora Daniela Rivera, y el profesor don Guillermo Donoso, especialista en economía de recursos naturales y también integrante del Centro de Derecho y Gestión de Agua de la Universidad Católica. ¿Quién comienza? ¿Daniela? Muy bien, Daniela, tienes la palabra. Daniela Rivera: Voy a compartir una presentación que preparamos. Por favor, confirmen si lo están viendo bien. Intervención desde la sala: Sí, se ve bien. Por favor, hable un poquito más fuerte. Daniela Rivera: Perfecto, gracias. No está en modo presentación, ¿no? Ahí, perfecto. Muchísimas gracias por la invitación. Nos excusamos por no poder estar presencialmente hoy con ustedes; desafortunadamente, el horario de clases en la universidad nos impidió asistir en persona. Junto con Guillermo, hemos preparado esta presentación.