1.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que moderniza el Sistema Nacional de Servicios de la Salud; fortalece al Fondo Nacional de Salud; crea el Servicio Nacional de Salud Digital; otorga facultades al Instituto de Salud Pública de Chile y a la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, y modifica normas que indica (Boletín N° 17.375-11).
A esta sesión se invitará al Director Ejecutivo de la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (APIS A.G.), señor Eduardo del Solar; a la Vicepresidenta Ejecutiva de la Cámara de la Innovación Farmacéutica (CIF CHILE), señora Mariela Formas, y al Presidente de Clínicas de Chile A.G., señor Javier Fuenzalida.
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Recording in progress. Muy bien, muy buenas tardes, estimados colegas. Damos inicio a la sesión de hoy, lunes 5 de mayo. Saludamos a nuestras visitas y partimos. Señor Secretario, pido lectura a la cuenta, por favor.
Gracias, señor Presidente.
Se ha presentado urgencia suma al proyecto de ley que moderniza el Sistema Nacional de Servicios de la Salud, fortalece FONASA y crea el Servicio Nacional de Salud Digital. Además, ha llegado una minuta de la señora Ministra de Salud, doctora Jimena Aguilera, en la que da cuenta del análisis de ventajas y desventajas de los órganos colegiados del gobierno corporativo como insumo para el análisis de dicho proyecto.
Asimismo, se han recibido tres solicitudes de audiencia. Dos para exponer sobre el proyecto que moderniza el Sistema Nacional de Servicios de Salud, presentadas por el gerente general de la Caja de Compensación Luján, el señor Tomás Zavala, y por la vicepresidenta ejecutiva de la Cámara Nacional de Laboratorios, señora Claudia Pappich; se ha recibido también una solicitud para participar en una próxima sesión con el fin de exponer sobre la situación actual de la epilepsia refractaria en nuestro país, a cargo de la presidenta de la Red de Epilepsia Refractaria de Chile, señora Margarita Mosquera; y, por último, hay una invitación de la vicepresidenta ejecutiva de la Cámara de la Innovación Farmacéutica, señora Mariela Formas, para participar en el seminario “Hacia una política de acceso sostenible, acuerdos de riesgo compartido”, que se desarrollará el día jueves 8 de mayo, de 9 a 11 horas, en el Hotel Alma Cruz, San Antonio 65, Santiago.
Eso es todo, señor Presidente.
Muy bien, gracias, señor Secretario. Los dejamos a consideración de los colegas y, de acuerdo al calendario de audiencias que ya se ha establecido, veremos si tenemos tiempo, dada la urgencia del proyecto, de poder escuchar a los representantes de la Caja de Compensación Los Andes y a la vicepresidenta de la Cámara Nacional de Laboratorios. Entendemos que seguimos con suma urgencia. ¿Ofrezco la palabra sobre la cuenta? Puntos varios.
Senador Castro, senador Gaona:
Gracias, Presidente. Saludo a la Ministra de Salud, la doctora Jimena Aguilera, que nos acompaña; a María Laforma; al presidente de la clínica, Javier Fuenzalida; y al señor Eduardo Gordon, también de APIS.
Presidente, creo que es pertinente que la comisión tome iniciativa respecto de dos hechos ocurridos la última semana, que me parecen preocupantes y que con el Ejecutivo debiéramos abordar. En un caso, relativo al Ministerio del Interior o de Seguridad; y, en otro, al Ministerio de Salud.
Me refiero, en primer lugar, a los problemas de seguridad que están teniendo los funcionarios de la salud, como ocurrió tan lamentablemente hace pocos días en la comuna de Ercilla, en la región de la Araucanía. Aunque no es un hecho nuevo, se ha presentado con mayor gravedad que los conocidos. Hace dos años y medio se crearon mesas de seguridad desde el Ministerio del Interior, en aquella época, que ahora debiesen estar radicadas en el Ministerio de Seguridad; sin embargo, no sé si están operativas, pues hay diseños que no se ven claramente implementados. Este es un hecho extremadamente delicado, que en algunos casos responde a la insurgencia que hay en la zona de la Araucanía, en otros a bandas de crimen organizado, y en otros a reclamos de personas irritadas y molestas que agreden, ya sea de forma verbal o física, a mujeres—que constituyen el 80% de los trabajadores de la salud. Esto me parece muy serio, Presidente. Usted, que tiene experiencia en temas de seguridad y presidió la comisión, creo que es perentorio que se aborde este asunto, pues, salvo cuando hay situaciones excepcionales, el problema reaparece y luego se desvanece. En la práctica, el personal de salud se encuentra desamparado o se siente desamparado en aspectos relacionados al perímetro de acceso al establecimiento o dentro del establecimiento.
En segundo lugar, respecto a los hechos del Hospital El Pino, que sé que han generado especial preocupación en la ministra, el alcalde de la comuna de San Bernardo se comunicó conmigo hace horas en la mañana. El Hospital El Pino ha sufrido reiterados problemas, especialmente de seguridad, y en este caso se ha generado una infección intrahospitalaria muy lamentable y desgraciada, causada por Aspergillus, que reviste carácter de gravedad al tratarse de remodelaciones que se están...
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Terminando en ese recinto, y que a raíz de ello se levanten eventuales infecciones concomitantes, como por ejemplo que se produzca este hongo en las vías respiratorias, con la gravedad que ello ha tenido en dos pacientes, creo que esto amerita, ojalá con profundidad –no necesariamente hoy, pero en el momento que lo estime la ministra por su intermedio– un reporte a fondo respecto de ese hospital y de otros en relación a las infecciones intrahospitalarias, que en este caso son de menor prevalencia, como las pergilus, pero que, obviamente, generan gran conmoción respecto a las condiciones en que se encuentra el establecimiento. Ojalá nunca ocurra una muerte o algo similar. Hoy en día hay una persona que se encuentra muy crítica y otra menos grave, pero infectada con algo que no era el motivo por el cual ingresaron al hospital, digámoslo claramente, y que amerita una respuesta sanitaria muy contundente en relación a estas condiciones.
Por último, señor presidente, en tercer lugar, y también para la sesión próxima que usted estime, el alza de los virus respiratorios. Me parece clave que la Comisión reciba un reporte desde la Subsecretaría de Salud Pública respecto al proceso de vacunación y las coberturas, las cuales aún deben avanzar con mayor celeridad, teniendo en cuenta que nos encontramos en el mes del virus influenza y de otros virus acompañantes, como el rinovirus y el adenovirus. Este es un tema sensible, especialmente en embarazadas, niños menores de 5 años y adultos mayores, ya que en estos grupos la cobertura se sitúa en torno al 50% –mientras que el promedio es del 60%. Dado que en pocas semanas enfrentaremos picos de enfermedad respiratoria, es conveniente que esta situación se aclare y precise por parte de la autoridad sanitaria, en este caso de Salud Pública.
Muchas gracias.
Gracias, diputado Castro.
Diputado Castro, senador, perdón, nos costó harto llegar también. Para empatar, entonces, diputado Gávona, por favor.
Gracias, presidente.
Presidente, hace unos días se actualizó la información de las listas de espera: llevamos 3.150.000 o 3.200.000 casos, 421.000 cirugías –mayores y menores– y 2.728.000 consultas de especialidad médica y odontológica. Digo esto porque enfrentamos algunas dificultades; hemos recibido denuncias respecto de las autorizaciones sanitarias que debe entregar la Seremi de Salud Metropolitana para el funcionamiento de salas de procedimientos médicos y odontológicos, salas de procedimientos en Cefam, la resolución sanitaria para autorizar ambulancias, entre otros aspectos. Normalmente, estas visitas deberían agendarse en 30 días hábiles, pero actualmente el proceso se está demorando seis meses. Con todos los problemas que presenta el sistema y las listas de espera, habría esperado que este trámite fuese más rápido. Varias denuncias procedentes de municipios de la región metropolitana solicitan que el ministro responda al respecto. No ahora; pido un oficio para que se agilice este proceso.
Asimismo, el 11 de marzo se ofició al Ministerio de Salud solicitando información sobre los escasos avances de la norma técnica operativa que reconozca la subespecialidad de ginecología oncológica. También quisiera saber cuándo obtendremos una respuesta, ya que han pasado casi dos meses, especialmente considerando lo conversado la semana pasada acerca de esta especialidad, en la que se está requiriendo conocimiento respecto a la interrupción voluntaria para ser contratados y la interrupción voluntaria en casos de embarazo para ser contratados. Puedo proporcionar más detalles sobre dónde se está produciendo esta situación y quién solicita dichos requisitos, para que usted pueda administrar esa información, señora ministra.
Por otra parte, solicito también, señor presidente, respuestas por parte del Hospital San José en relación a los 17 puntos críticos observados por la Contraloría General de la República en el informe 29, cuyo plazo venció el 31 de diciembre de 2024, en lo que respecta al trato directo con la regularización de pagos a la empresa LIM Chile, empresa de aseo. Pareciera que existe un sobreprecio, según lo indicado por la Contraloría, y que posteriormente se gestionó un trato directo; nos gustaría saber qué ocurre y si la última regularización ha sido aprobada o no por la Contraloría General de la República.
También quisiera conocer la situación actual del doctor Marcelo Olivares, quien fue director subrogante del hospital, y del doctor Jorge Ramírez, quien estaba en comisión de servicio –enviado por el director del Servicio Metropolitano Norte–, sobre quienes aún falta información, especialmente considerando que el doctor Ramírez ha presentado denuncias relevantes ante el Ministerio Público en relación a irregulares y aparentes fraudes al fisco.
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En el Hospital San José, y también la situación de la persona denunciada, que entiendo que hoy está ejerciendo funciones de director subrogante del hospital, el señor Aldo Yáñez. Así que toda esa información, por oficio, solicitarla al Ministerio de Salud, señor presidente.
Muy bien. Bueno, en esta larga lista vamos a buscar el espacio para la sesión especial que pide el senador Castro. Debo recordar, y lo estábamos viendo con Secretaría hace un rato, que el acuerdo es institucionalizar permanentemente la sesión de los lunes, para que todos nos programemos para recibir las audiencias que acordemos, para tratar y legislar proyectos que sean de fácil despacho, proyectos que sean relativamente cortos, en donde la mesa técnica pueda trabajar rápidamente y despachar o tratar los temas de la coyuntura. Los lunes quedarían para eso y los martes para los proyectos de mayor alcance, sobre los que se están trabajando, para ordenarnos, digamos. Excepcionalmente, esta semana vamos a hacer el cambio, producto de que la ministra no podía estar hoy para recibir y entregar información sobre los problemas financieros de la red hospitalaria; lo haremos mañana. Pero en adelante, los martes serán para proyectos más complejos, proyectos legislativos, y los lunes para lo mencionado.
En ese contexto, vamos a buscar algún lunes para poder tener esta sesión especial. Tiene que ser oportuna, tiene que ser ahora, en la cercanía, antes de que tengamos los PIC tradicionales de enfermedades respiratorias. Lo demás ha tomado nota la Secretaría y, por lo tanto, todos los oficios que han sido solicitados serán enviados; y, de paso, aquellos sobre los que no se han recibido respuestas a lo que señalaba el senador Gaona, insistiremos en que se emita una respuesta, se respondan las preguntas. Y eso es, por la demora de la lista de espera, por la interrupción voluntaria del embarazo, por la investigación de sobreprecios y sobre los facultativos del Hospital San José. Todo eso. Lo demás, sí, lo tengo anotado.
Ya dijimos de la sesión especial, el reporte del Minsal sobre infecciones intrahospitalarias, particularmente el de Aspergillus, y podemos tomarlo en general, digamos, a partir del comportamiento y los indicadores que tenemos hasta la fecha, y luego, de algo que efectivamente cruza la tarea de varias comisiones, que tiene que ver con la violencia que vive el país, con el maltrato al que somos expuestos los ciudadanos; y esto es una falta de respeto a la autoridad en general y al mal comportamiento entre los ciudadanos. La violencia, la agresividad, la vorágine y el estrés que esto provoca hacen que tengamos una mala convivencia. Recuerdo dos segundos de anécdota conversando una vez con uno de los mejores urbanistas del mundo, Jordi Borja, en Barcelona, y supo que había un chileno en el grupo y dijo: “Ah, maravilloso país, lástima que esté lleno de ciudadanos histéricos y estresados”. Eso lo dijo hace nueve o diez años, y tenía toda la razón. Cuando la gente se demora dos horas en llegar a casa, de vuelta al trabajo, o dos horas para ir al trabajo, se encuentran con todo tipo de inconvenientes, evidentemente, y eso se refleja en el problema de comportamiento.
Pero me concentro en el problema, particularmente, en la Araucanía o en la macrozona sur, porque la violencia en la región de Los Ríos la hemos tenido de gente impaciente que finalmente termina agrediendo al funcionario por una falta de atención, independientemente de si el consultorio, o si el SECOF o si el hospital está lleno. Y yo creo que efectivamente ocurre en todo Chile. Entonces, hay que ver, porque hay proyectos, hay sendos proyectos que aumentan la sanción de aquella persona que agrede a un funcionario. Primero partió como un proyecto para los funcionarios de salud, y luego se agregó a todos los funcionarios fiscalizadores, que por cumplir su tarea finalmente se ven agredidos: fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos, fiscalizadores de salud, fiscalizadores de la CONAF, fiscalizadores del SAC y, en fin, incluso policías. La ciudadanía responde con agresividad muchas veces y, por esa razón, entiendo que se aumentaron las sanciones, incluso las penas. Bueno, tenemos que ver eso, pero también hay que ver…
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Con la tecnología para dar respuesta a los nuevos tiempos, se plantea un proyecto de cámaras de televigilancia instaladas no para que un tribunal reciba la grabación tres meses después cuando un juez la solicita en una causa en curso, sino para que operen en tiempo real, al estilo de otros países que ya llevan 15 años implementándolas. Se contempla, asimismo, la incorporación de un botón de denuncia para reacción inmediata. Este tipo de iniciativas se pueden desarrollar en conjunto con la Comisión de Seguridad.
Acabo de asistir a una reunión en la que se discutió, por ejemplo, la implementación de un reloj inteligente o un dispositivo que se coloca en el reloj y, en casos de violencia intrafamiliar, permite que, al apretar un botón, en 10 minutos la policía acuda ante un grave riesgo de vida o lesiones importantes. Todo está coordinado y funcionando. Además, se reconoce que los funcionarios de los equipos de salud son personas sensibles, dado que el sistema se encuentra saturado y sobrepasado, lo que en ocasiones conduce a situaciones de violencia. Otros países han enfrentado estos desafíos, y creemos que debemos avanzar en esa dirección: mediante el aumento de sanciones, la instalación de cámaras de vigilancia en tiempo real, el incremento de las frecuencias médicas y una mejor coordinación con Carabineros, inspectores municipales de seguridad y con las nuevas atribuciones de los vigilantes y guardias privados. Aunque el proyecto aún no ha sido despachado, avanza favorablemente.
Senador Gaona: Sí, presidente, y respecto a los temas de la Araucanía, considero que el Ministerio de Salud tiene un rol limitado en este asunto, ya que se trata de un tema que debe abordar directamente el ministro de Seguridad. No puedo pedirle al Ministerio de Salud que se ocupe de vigilar los recintos; podrán implementar algunas medidas internas para proteger a los pacientes, pero la seguridad del entorno es responsabilidad del Ministerio de Seguridad. A esta altura, ya se ha identificado y mapeado los recintos más sensibles. Por ello, solicito convocar una sesión especial para que se informe sobre lo que se está haciendo al respecto.
Presidente: Muy bien. Seguro que estamos todos de acuerdo. Convocaré al ministro de Seguridad para abordar este tema. Cabe destacar que, cuando se registraron baleos en dos centros de salud de la Región Metropolitana, la custodia implicaba la presencia permanente de entre 30 y 40 funcionarios de Carabineros –tres turnos diarios más un turno adicional los fines de semana– para apenas dos consultorios. Si se multiplica este esquema en todas las zonas de riesgo y en las comunas con mayores índices de violencia, se vería comprometida la seguridad en el resto de las comunas. Es un tema sumamente delicado que debe abordarse de forma integral. Propongo invitar al ministro de Seguridad para tratar el asunto, ya que ha sido planteado por diversos gremios de la salud, y no solo en comunas con mayor narcotráfico u organizaciones criminales, sino también en regiones como la Araucanía, en las zonas fuera de la macrozona (las cuatro regiones y la Región de Los Lagos) e incluso en el norte. Se requiere, en definitiva, un enfoque que combine tecnología, personal y modificaciones al Código Penal.
Ministra: Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Senadores, condenamos fuertemente todos estos ataques contra el personal de salud. Hace aproximadamente un año o año y medio acudí a un sector de la salud en la región norte cuando se produjo un ataque en el que un médico joven recibió esquirlas de un disparo. Además, he visitado ocho ferias que han sido evaluadas, y el incidente ocurrido el fin de semana tuvo connotaciones similares, presentando heridas de bala; afortunadamente, se trató de un proyectil que atravesó sin lesionar el hueso. Tuve, incluso, la oportunidad de conversar con uno de los afectados, y la conmoción que provoca el tema de
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El problema de la poca posibilidad de cubrir ciertos territorios por tema de inseguridad, es decir, que en el fondo se pone en riesgo la garantía de acceso a la atención, porque ciertamente para nosotros la prioridad es la seguridad de los funcionarios. Nosotros tenemos una mesa de trabajo con el Ministerio de Seguridad y, efectivamente, invertimos en el tema de los spam, destinando recursos a los municipios para medidas de seguridad; como indica el senador Gaona, se instalan botones de pánico, refuerzos de puertas, etc. En los servicios y establecimientos hospitalarios, nos hacemos cargo también de ese tipo de medidas a través de los recursos que se entregan año a año. Ciertamente, es un problema relevante, tanto en este contexto como en el de la sobrecarga asistencial y las agresiones. Creo que es un tema muy importante de seguir abordando.
Aprovecho para mencionar que debo retirarme antes, pues tengo una sesión con los gremios programada anteriormente; a las tres me retiro. Muchas gracias.
Senador Chaguán:
Si es posible que la propia declaración de la Comisión de Salud se plasme en un proyecto de resolución en la sala del Senado, rechazando la violencia respecto al personal sanitario, ya que no se trata de un hecho baladí, sino de uno que reviste importancia desde el punto de vista de la soberanía del país respecto de su territorio y, en particular, de la labor de los funcionarios de salud. Propongo que la Comisión de Salud sugiera a la sala un proyecto de resolución, pues este tema no puede quedar simplemente en notas de prensa, sino que debe haber una posición formal y oficial tanto de la Comisión como de la sala del Senado.
Aprovechando la presencia de la ministra y de la Cámara Nacional de Laboratorio, quisiera recordar que, en la sala del Senado, está también en agenda otro proyecto que voy a impulsar: el proyecto de ley que facilita la investigación científica para efectos farmacológicos de salud, el cual lleva dos años sin que el Ejecutivo le otorgue ninguna urgencia ni los comités dispongan ponerlo en tabla. Se trata de una moción parlamentaria fundamental y de una corrección a la ley de Cártez Soto, que, como se permitió provisoriamente y de forma excepcional durante el COVID-19, estableció que, en los ensayos clínicos que se realizan en nuestro país, la garantía de mantención del tratamiento para las personas que participan en dichos ensayos no se extienda por un tiempo extremadamente largo, sino que se limite a cinco años, permitiendo así ir generando un horizonte de costo respecto a estos ensayos en Chile.
Chile ha perdido espacio en ensayos clínicos, a pesar de que el Ejecutivo sostenga lo contrario; no lo ha afirmado la Ministra de Salud, sino el Ministro de Economía. Aunque se han realizado ensayos clínicos en otras materias, actualmente los ensayos específicos, por ejemplo en el ámbito del COVID y otros, se trasladan a Perú u otros países con menor regulación. Es importante señalar que los fármacos son el producto de exportación con mayor nivel agregado que tenemos en Chile, y que además los ensayos clínicos representan una oportunidad única para pacientes en condición terminal o en estado avanzado de enfermedad.
No señalo que el proyecto esté en su forma actual, sino que debemos tener la posibilidad de revisar el texto y hacer ajustes si es necesario, ya que no es posible que un proyecto de tal importancia permanezca tres años en tabla. ¿Recuerda el boletín? En este minuto.
De inmediato, tenemos dos solicitudes de sesiones especiales y tenemos…
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Una sugerencia de un proyecto de resolución: yo creo que hay que acoger; lo podemos tomar como comisión. Sugiero que los asesores comiencen a preparar la propuesta, lo suscribimos los cinco miembros de la comisión y lo llevamos a la sala como comisión. ¿Estaríamos de acuerdo con las tres cosas, las dos sesiones y el proyecto? Ha acordado.
Respecto de fármacos, mañana voy a hacer un comentario sobre algo que estamos realizando en la mixta de fármacos 2, que es un tema que hay que resolver para ir desacoplando —digamos— el tratamiento de la modernización de los servicios de salud versus algunos temas que ya fueron tratados y despachados. Entonces, veámoslo mañana para no atrasar las exposiciones. Tenemos sesión de fármacos 2, en la que esperamos tomar una decisión sobre el tema. Sí, hay sesión de sala. Yo voy a pedir nuevamente que podamos verlo mañana, porque… A ver, y aquí me desacoplo, digamos. Me corresponde integrar la mixta. Entiendo que la elección de la presidencia de esa mixta ya va por otro carril y se resuelve, entonces yo me desacoplo. Yo aquí represento a la Comisión de Salud. La mixta es la mixta; son dos cosas distintas que tienen que converger en el tratamiento de los temas. Por lo tanto, mañana quiero que, como Comisión de Salud, resolvamos junto con la mixta cómo vamos a proceder en ese caso para desacoplar dos o tres temas que hemos estado revisando.
Muy bien, terminamos con la cuenta y los puntos varios. Y usted me pide la palabra.
Solo acoto, por su intermedio, señor presidente, que respecto de ensayos clínicos —que no es un punto que se trata en Fármacos II, sino en un proyecto específico que lleva muchos años para poder levantar las barreras regulatorias y legislativas impuestas en una cápita especial por la legislación de Ricardo Soto—, nosotros tenemos, como Cámara, un grupo transversal en el que participan directores de hospitales, inclusive directores de comités de ética, académicos, investigadores y no solo la industria. Contamos con un documento que contiene sugerencias de mejoras, que podríamos aportar en el momento en que se trate el tema. Gracias.
Muy bien.
Entramos entonces a la orden del día. Contamos, además, con la presencia de la Ministra de Salud, Jimena Aguilera, y se ha integrado el subsecretario de RED, don Bernardo Martorell. También tenemos al director ejecutivo de la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (APIS A.G.), don Eduardo del Solar, y a la vicepresidenta ejecutiva de la Cámara de Innovación Farmacéutica, doña Mariela Formas, a quien acabo de dar la palabra. Además, está el presidente de Clínicas de Chile, don Javier Fuenzalida.
Están los tres expositores; entiendo que la Secretaría ha señalado que las exposiciones serán de 15 minutos (un minuto más o menos, según convenga) para dar tiempo a las preguntas y respuestas. Así que, si existe alguna exposición pendiente, se ubicará en el mismo orden. Continuemos: ¿ustedes se han organizado sobre quién va a exponer primero o seguimos el orden de la convocatoria? La subsecretaria de esta comisión ordena y nosotros cumplimos; entonces partimos con APIS. Le ofrezco la palabra a don Eduardo del Solar.
Gracias, presidente.
Por favor. Primero, agradecer la invitación a exponer en esta comisión. Quiero decir que APIS es la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud, no farmacéutica —lo digo dos veces, no farmacéutica—. Representamos a más de 60 socios que abastecen más del 50% de lo que consume la salud pública de este país y la salud privada, conformados por empresas grandes, medianas y pequeñas. Curiosamente, se da una ecuación bastante especial porque se reparten en tercios (33, 33 y 33 por ciento). No sé cómo se vio, pero se notó. Nosotros queremos expresar en esta comisión, con mucha satisfacción, que se vislumbra un camino para terminar con la regulación de los dispositivos médicos que están en la Ley de Fármacos 2, la cual nos preocupa, ya que si se aprueba por allá no va a ser lo mismo que está planteado acá, voy a…
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Y voy a comenzar por dar nuestra opinión con respecto a FONASA. De todas maneras, quiero señalar que, en virtud del tiempo que se nos otorgó (diez minutos), esta presentación es larga; yo la he hecho corta y a continuación voy a dar los puntos. Cada senador recibirá nuestro informe completo, que consta de trece páginas y en el que se detalla todo lo que voy a exponer.
Nosotros creemos que el fortalecimiento de FONASA en la Contraloría Médica, al centralizar el control de las licencias médicas sin posibilidad de recurso administrativo, podría generar inseguridad jurídica y falta de transparencia. La ausencia de mecanismos adecuados de revisión implica que proveedores y usuarios puedan enfrentar decisiones unilaterales sin posibilidad de recurso, lo que es preocupante. Por ello, es fundamental que FONASA implemente mecanismos efectivos de transparencia y rendición de cuentas para asegurar que las decisiones sobre licencias médicas sean justas y equilibradas.
En cuanto a las compras centralizadas, sostenemos que la centralización de las compras y prestaciones de salud de FONASA podría llevar a una concentración de poder, generando una situación de monopolio en la adquisición de servicios de salud por parte del Estado. Esto limitaría la competencia entre proveedores, obligándolos a vender a precios que FONASA determine, lo que probablemente perjudique a los pequeños proveedores.
Respecto a los acuerdos de gestión anual, observamos una incompatibilidad en dicho acuerdo. La posibilidad de que FONASA anticipe transferencias de recursos a aquellos servicios de salud que cumplan con los acuerdos puede verse como un incentivo positivo para mejorar la eficiencia y el cumplimiento de metas sanitarias. Sin embargo, ello también generará una presión indebida sobre los servicios para alcanzar objetivos que podrían no ser realistas en función de las necesidades locales. La asignación de recursos basada en el cumplimiento de estos acuerdos favorecerá a ciertos servicios sobre otros, creando desigualdad en la distribución de recursos y afectando especialmente a las empresas de menor tamaño, lo que incrementa el riesgo para la seguridad del paciente.
En lo que respecta a la designación de oficio del segundo prestador GES, sostenemos que la libre elección del usuario podría verse comprometida. La facultad de FONASA para designar de oficio a un segundo prestador en caso de incumplimiento haría que el prestador original limitara efectivamente la libre elección de los usuarios, un principio fundamental en un sistema de libre mercado. Además, si el nuevo prestador no garantiza los mismos estándares de calidad que el original, la rapidez en su designación podría priorizar la disponibilidad sobre la calidad del servicio, generando descontento entre los beneficiarios.
Por otro lado, en relación con las atribuciones de Senabas, nuestro informe detalla que, para que Senabas actúe como proveedor de dispositivos médicos de manera constitucional, es indispensable la aprobación de una ley de quórum calificado que autorice explícitamente dicha función.
Finalmente, en la regulación de dispositivos médicos y en el rol del ISP —parte que afecta especialmente a la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (APIS A.G.)— hemos evaluado favorablemente un documento (número 111) que fue entregado a la ministra en una reunión en abril de 2022. Todo lo relacionado con este tema se encuentra detallado en el mencionado informe.
Esta es nuestra exposición resumida; el documento completo que ustedes recibirán incluye todos estos puntos en profundidad.
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No tenemos nada que decir sobre el 111, pues está conforme a lo que esperábamos; sin embargo, tenemos algunos comentarios sobre la relación entre el ISP y las autoridades sanitarias.
La concentración de funciones regulatorias y de fiscalización del ISP podría generar conflictos de interés y afectar la eficiencia. Desde nuestro punto de vista, se produce un desequilibrio entre el ISP actual y la DIPOL (Dirección de Políticas Públicas), ya que al ser el mismo organismo el encargado de establecer las normas y supervisar su cumplimiento se corre el riesgo de que las decisiones regulatorias se vean influenciadas por la necesidad de facilitar la fiscalización o viceversa. Esta dualidad de roles puede llevar a ser menos riguroso en la fiscalización de las normas que el propio organismo ha establecido, lo que afecta tanto la eficiencia como la efectividad regulatoria.
Además, la carga administrativa de asumir ambas funciones podría generar una sobrecarga de trabajo, traduciéndose en una fiscalización menos efectiva y en demoras en la implementación de diversas regulaciones.
La amplitud de las funciones del ISP, que abarcan desde la importación hasta la publicidad de dispositivos médicos, crea un sistema regulatorio excesivamente complejo y burocrático. Esto podría dificultar la innovación y el acceso a nuevos mercados, considerando que los dispositivos médicos cuentan con un ciclo de vida de 18 meses.
Asimismo, la falta de una entidad independiente que fiscalice el cumplimiento de las regulaciones debilitará la confianza pública en el sistema de control de los dispositivos médicos; es crucial que la supervisión se realice de forma justa y efectiva.
Por otro lado, la concentración de poder en el ISP, al tener la facultad para determinar una amplia gama de documentos e instrumentos necesarios para la regulación de dispositivos médicos, puede ocasionar un desequilibrio en las decisiones que no siempre reflejen las necesidades del sector de los consumidores.
Finalmente, en cuanto a la fiscalización y la garantía de la calidad y seguridad del desempeño, la vigilancia continua implica que los proveedores deben mantener altos estándares de control de calidad y estar preparados para auditorías e inspecciones. La inscripción y control de los importadores, en el contexto de la regulación impartida por la DIPOL versus el ISP, exigen coordinación y colaboración que impacten en la implementación de las políticas de dispositivos médicos. En este sentido, para reducir el riesgo sanitario y poder distribuir y utilizar profesionalmente dispositivos médicos, es necesario que estos se encuentren inscritos en el registro y se notifique al instituto, de acuerdo a la clasificación de riesgos y a los requisitos específicos para otorgar el registro sanitario. Cabe señalar que, en el registro sanitario, el artículo 8.25 obliga que los productos de alto riesgo sean sometidos a una revisión en SESMEC, entidad monopólica en Chile.
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