Cámara de Diputados - Seguridad Ciudadana - 5 de mayo de 2025

En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Señor Secretario, por favor, le pido la lectura de la cuenta. Gracias, Presidenta. Hemos recibido un oficio de Su Excelencia, Presidenta de la República, por el cual se presenta la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho del proyecto de ley que crea el subsistema de inteligencia económica. Asimismo, se ha recibido un oficio del Presidente de la República, mediante el cual se presenta en urgencia suma para el despacho del proyecto que establece normas generales para el uso de la fuerza, tanto para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública como para el personal de las Fuerzas Armadas, en las circunstancias que se señalan. Se ha recibido, además, un oficio del Secretario General de la Cámara de Diputados, informando que los comités parlamentarios acordaron remitir a esta comisión para su análisis, los días lunes 5 y martes 6 de mayo del año en curso, el proyecto de ley que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de la Fuerza Armada, junto con un informe sobre el alcance de las modificaciones introducidas por el Senado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 120 del reglamento. Se agrega también que las enmiendas del Senado a este proyecto serán consideradas por la Sala de la Cámara de Diputados en las sesiones de miércoles 7 y lunes 12 de mayo del corriente. Se ha recibido un oficio del Ministro de Seguridad Pública, mediante el cual se informa sobre la situación relativa a una obra de especial interés para don Andrés Lonton, concerniente a la reposición de la Cuarta Comisaría de Quillota, proceso a cargo de la Dirección de Arquitectura del MOP. Asimismo, se ha recibido un oficio del Ministro del Interior y Seguridad Pública, en el que se informa sobre el incumplimiento por parte del gobierno de un compromiso asumido en relación con la bonificación por la labor realizada por los funcionarios policiales de Carabineros de Chile, respecto al cambio de vestimenta y la incorporación de las denominadas “bolas Grapp” en relación con las pistolas Taser. Un oficio del Director Nacional de Gendarmería remite el informe correspondiente al primer trimestre del año 25, informando las denuncias existentes por amenazas o afectaciones a la vida, integridad física y psíquica de los funcionarios de la institución, denuncias relativas a delitos asociados a la corrupción o falta de prohibidad, y un informe mensual sobre las huelgas de hambre, según lo estipulado en la Ley de Presupuestos. También se ha recibido un oficio del Director Nacional de Gendarmería, informando respecto a las personas privadas de libertad, de acuerdo con la Cláusula 25 del Programa 01. Se ha recibido un oficio del Gabinete del Ministro de Seguridad Pública, confirmando su asistencia a las sesiones de hoy y mañana, y un e-mail del Gabinete de la Ministra de Defensa Nacional, mediante el cual se excusa a la Ministra Adriana Delpiano Puelma, quien no podrá concurrir a esta sesión por compromisos previamente inscritos con la Armada de Chile. Sin perjuicio de ello, y si la Honorable Comisión lo tiene bien, en su representación participará el Subsecretario de Defensa, don Ricardo Montero Allende, quien asistirá acompañado de la Asesora Legislativa, señora Leslie Sánchez. Se ha recibido también un oficio del Defensor de la Niñez, mediante el cual se remiten observaciones y recomendaciones sobre el proyecto de ley que establece normas generales para el uso de la fuerza; oficios de la Directora Ejecutiva Nacional del Ministerio Público, uno en relación con la glosa 8 y otro referido a la glosa 16, así como otro concerniente a la glosa 13; y, finalmente, una nota de la Organización a la Sociedad Civil, en la que participan la Organización Humana, el Centro Regional de Derecho Humano y Justicia de Género, LEASUR-ONG, entre otros, solicitando la revisión y el perfeccionamiento del proyecto de ley que establece normas generales para el uso de la fuerza. Esa es toda la cuenta, señora Presidenta. Muchas gracias, señor Secretario. ¿Ofrezco la palabra sobre la cuenta? Sí, por supuesto. ¿Alguna otra palabra sobre la cuenta? No hay más palabras sobre la cuenta. Vamos a hacer un pequeño cambio en la sesión de hoy y dejaremos los primeros diez minutos para puntos varios. Señor Secretario, por favor, tome el tiempo para puntos varios. La diputada Santibáñez me ha solicitado la palabra para puntos varios. Señora Santibáñez, tiene la palabra. Muchas gracias.

Me cuesta lo de, señora. ¿Cómo le va, Presidenta, y a toda esta comisión? Lamentablemente, no vengo con un tema agradable, pero es algo que se suscitó en una sesión el día 7 del presente mes —no, del mes pasado ya—, donde hubo, no sé si a algún otro diputado le habrá llegado una carta respecto del señor Marcos Cárter de Fenabus, que habría tenido alguna discusión con usted, Presidenta, al terminar la sesión. Yo tengo harto contacto producto de todos los temas de conectividad que hay en el distrito 14, que son bastante complicados, bastante complejos, y el proyecto que se está discutiendo acá: efectivamente, ellos ingresaron a este Congreso gracias a mi invitación, o digamos, siendo patrocinados por mí. Por lo tanto, quisiera poner esto sobre la mesa, porque si hay una confusión —no sé si era Turbus o Fenabus, algún tema con el señor Marcos Cárter— me gustaría que, al menos, se responda a una carta. Sé que fue enviada tanto al presidente de la Cámara como a algunos diputados y, en este caso, por haber sido patrocinante de su ingreso, es algo que uno debe atender. Más allá de las buenas intenciones que tengamos usted como Presidenta, yo como diputada, y la buena relación que tenemos entre nosotras —ya que venimos a parlamentar y no a discutir todas nuestras diferencias, sino a destacar aquello que nos une— pongo esto sobre la mesa para que, si fuese necesario, se le ofrezca una disculpa al señor Marcos Cárter. No es necesario que la comisión actúe, sino también hay que escuchar su versión, Presidenta. Muchas gracias. Por supuesto, y muchas gracias por plantear el tema, diputada Santibáñez. A mí no me gusta que me presionen. El señor Cárter ha tenido la mala idea de venir, no una, sino varias veces, mientras hemos estado tramitando el proyecto al cual usted se refiere, pidiendo la palabra. Le he otorgado la posibilidad de hablar en esta comisión, incluso cuando ya estaba fuera de plazo, y fui suficientemente gentil con ello. Pero, cuando después de eso empezó a venir a cada sesión, a sentarse y tratar de presionarme, terminando la sesión de comisión respecto de los intereses que particularmente Fenabus tiene en este proyecto, yo no lo voy a aceptar de nadie. Por lo tanto, no le voy a pedir disculpas al señor Cárter y, si es necesario dar una explicación pública, la voy a dar. No voy a aceptar presiones de nadie en esta comisión, pues soy Presidenta y las reglas establecen que nadie, ya sea que pertenezca o no a la Cámara, puede estar presionando o tratando de influir para que un proyecto se vote de determinada manera. No lo voy a aceptar, absolutamente, de nadie. Muchas gracias por la respuesta, Presidenta. Quisiera, en ese sentido, estar totalmente de acuerdo con lo que usted puede aceptar y no aceptar, sobre todo cuando se trata de presiones o actitudes que no guardan relación con el proceso regular de discusión. Ahora, el cómo y el qué se le dice a una persona para que no participe es también mi tema. Cómo nos referimos a una persona, en este caso al presidente de Fenabus, que representa a muchos trabajadores, genera una opinión, y pido que los diputados guarden silencio, ya que a ustedes también les ha llegado la carta, a través suyo, Presidenta. Una cosa es cómo disparamos la discusión o frenamos a alguien que está interrumpiendo y, en eso, estamos de acuerdo; otra es qué palabras utilizamos. En ese sentido, he escuchado ambas partes y, además de haber sido patrocinante para que ingresaran, debe considerarse lo que sintió el caballero, lo que sintió este presidente, y, pese a los gritos y comentarios, es necesario conservar los límites. Lamentablemente, yo no estuve presente en cierto episodio, pero le agradezco, Presidenta, su aclaración. Muchas gracias. Diputada Santibáñez, ya he tomado nota. Efectivamente, cuando me sentí presionada después de la tercera vez que el señor Cárter aparecía aquí y, tras cada comisión, se me acercaba para seguirme presionando, —probablemente producto de mi carácter, que no es de los más suaves— le dije claramente que no lo quería volver a ver en esta comisión y tengo el derecho a pedirle a alguien que no se asome si no está invitado a participar. Lo de la buena forma es relativo, pues depende de quién lo recibe. Respecto a otros temas, y considerando que ya estamos dentro de los 10 minutos, debo agregar que no es mi intención alargar esta discusión, pero sí fui testigo de uno de estos episodios. Creo que, independientemente de las diferencias que uno pueda tener con cualquier invitado —me tocó, en el caso de la diputada Fríes, tener al móvil— ...

Toda la discusión de un proyecto de ley, con los tratos menos agradables, junto al diputado recibido, siendo parte de un listado en el que fuimos vilipendiados y tratados como homofóbicos, en las peores condiciones. En ningún momento voy a decir que no voy a estar en la sala, salvo cuando ya se produzcan ofensas, pues eso no corresponde. Y lo segundo es que, sea cual fuere, cualquier chileno tiene el derecho a poder levantar su punto. Entonces, en ese sentido, señor presidente, creo que usted incurrió en un error, porque hubo un maltrato; más allá de cualquier otra razón, hubo maltrato. Hay formas que debemos mantener y, habiendo sido testigo de la situación –la misma que generó la reacción del diputado Janet y de otros diputados que la presenciaron–, creo que no es la forma de proceder. Creo que amerita que usted, de forma privada, converse con ellos para zanjar el punto, pero no es la forma adecuada para que esta comisión –ni ninguna otra instancia de representación y participación– cuente con alguien que legítimamente tiene una posición a favor o en contra de un proyecto de ley o de determinada acción. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado Araya. Como ya he mencionado, el punto está hecho. La verdad es que no me gusta que me presionen para hacer mi trabajo, menos aún que se pretenda que un proyecto de ley se vote de una u otra manera, de acuerdo a las conveniencias de una agrupación determinada. Eso no lo debe aceptar ningún diputado, porque para ello está la ley de lobby, la cual este señor pudo utilizar. Le di la posibilidad de hablar en esta comisión en un tiempo que no correspondía; fui bastante diverso con él en ese sentido, pero seguir insistiendo en que las cosas se voten como ellos quieren, discúlpenme, se pasa un poco. Quizás algunos están acostumbrados a recibir presiones y lobby, pero yo no lo acepto. Diputada Santibáñez: No, simplemente agradecerle, a través suyo, al diputado Araya, porque creo que esa es la forma de tener los pantalones bien puestos cuando se toca un punto sobre el que podemos llegar a acuerdos. La verdad es que a nadie se le puede negar algo, más allá de lo que usted menciona en cuanto a presiones; la ley de lobby es algo que debemos respetar. Muchas gracias. Pero usted dijo que nunca se pidió lobby. No, no; pudo haberse pedido y no se pidió. Pero, perdón, presidenta, estamos hablando del presidente de FENABUS. A mí me han dicho mil veces que, en este espacio, los ciudadanos pueden estar presentes de manera democrática en una discusión. Y si yo, como diputada, le estoy dando el patrocinio para que ingrese, me parece lógico, así como el punto que hago respecto de los diputados que estuvieron presentes en la situación. Gracias, diputada. Ahora, nuevamente, en relación con su vicepresidenta y con los diputados testigos de aquello: lamentablemente, yo no lo fui. Es una persona a quien considero representante de tantos trabajadores con una larga trayectoria –no digo buena o mala, simplemente una trayectoria de años–; sobre todo de aquellos del Distrito 14, que sabemos de quién se trata, más allá de que le caiga bien o mal a algunos o se le ejerza presión. Él puede estar en la discusión completa, según se ha referido. Muchas gracias. Gracias, diputada Santibáñez. Esto no se trata de que alguien esté presente o no en la discusión, pero me parece que, cuando el presidente de FENABUS envía una minuta de votación a distintos diputados, incurre en algo que no corresponde. A mí me enviaron una minuta de votación, al igual que a varios otros diputados, y eso no lo puedo aceptar. Por supuesto, diputado Leyva, adelante. Mire, señor presidente, quisiera plantear dos cosas. Primero, yo no fui testigo de esa situación, pues entiendo que no se dio durante el desarrollo de la sesión ordinaria. Sin embargo, no niego que usted tiene facultades y que, como diputado, se debe aceptar o no cierta presión. Creo que todos tenemos conflictos de interés y lo importante es cómo los solucionamos, cómo les damos vuelta. Lo que sí, presidenta, me parece es que el trato que nosotros, como diputados, debemos tener respecto de quienes nos visitan –participen o no en la sesión– debe estar a la altura de lo que exige el propio rol de diputado. Usted tiene las facultades, presidenta, y en eso no tengo ningún problema en apoyarla al 100%. Si usted siente que estuvo presionada de manera indebida, existen canales formales para denunciarlo. Sin embargo, por lo que entiendo –puesto que no estuve presente, presidenta, apoyándola en su trabajo dentro de la comisión– no me parece que hayamos incurrido en un trato inadecuado. Nosotros nos dirigimos a personas con quienes tal vez no tenemos mayor vínculo o relación, pero no corresponde un trato no solo diferente, sino que se torna grosero.

Yo no estuve presente, por eso lo planteo, Presidenta. Y en eso, todas y todos tenemos que tener especial cuidado, porque, en definitiva, cuando lo hace un diputado o una diputada, al final nos englobamos todos. Y ese es el problema, Presidenta. Ahora, si usted siente o ha sentido que tiene una presión indebida, nosotros, como integrantes de la Comisión, la debemos apoyar. Usted planteará sus temas, pero es un asunto que nosotros no conocíamos; yo tampoco, no me llegó ninguna carta, pero lo que sí es el respeto. Sobre todo, como autoridades, debemos tenerlo siempre presente, aunque a veces nos dé mucha rabia, Presidenta. Sin duda, diputado Leiva, manifesté esto con respeto en varias ocasiones, no solo una, pero cuando ya recibí una minuta de votación de parte de FENABUS respecto del proyecto de ley, me pareció que francamente ya se estaba pasando una línea que no correspondía. Por lo tanto, le dije claramente a este señor, fuera de la sala, que no lo quería ver dentro de la Comisión. Diputado Alessandri. —Gracias, Presidenta. (Van 11 minutos) Sí, está claro, y un microbusero sabe mejor que nadie: cuando se cruza una línea, le sacan un parte y se tiene que responder por ello. Al final, también hay que entender que la pega de los gremios, FENABUS y demás, es interactuar con la autoridad. La pega de ellos es representar a sus asociados y venir al Congreso, a la moneda, a los municipios. Entonces, yo tomaría el llamado de la diputada Santibáñez y, quizás, mandaría una nota desde la Secretaría diciendo: “Usted siempre es bienvenido”. No es una disculpa, sino una reiteración de que las reglas para venir a la Comisión son estas, y que siempre está la ley del lobby para pedir audiencia, recomponiendo sutilmente las relaciones, cerrando el tema y señalando que los puentes están abiertos. Seguimos respetándolos y queriéndolos. Me consta que Marcos Carter no tiene nada que ver con los otros Carter. No, con Don Carter es vecino. Es vecino de Don Carter. Ese es el chiste de ley, el humor distinto de Talagante. Está bien, es su presidente. Así que, ¡arriba los corazones y grandes los microbuseros! Parece muy bien, diputado Alessandri, su propuesta. Pido el acuerdo de la Comisión para enviar una nota desde la Secretaría en los términos planteados por el diputado Alessandri. ¿Hay acuerdo? Ok, hay acuerdo. Muchas gracias. Hemos cumplido el tiempo de varios y, por lo tanto, le damos la bienvenida al ministro de Seguridad, quien ha tenido a bien poder asistir a esta Comisión, dado que la ministra de Defensa manifestó sus excusas para presentarse hoy. Es una pena, porque la verdad es que este proyecto de ley de la RUF toca tanto al Ministerio de Defensa como al Ministerio de Seguridad, afectando a miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad. Pero, en fin, nos quedaremos con la versión del Ministerio de Seguridad. Estamos reunidos hoy, y si los diputados me escuchan, también mañana. Por favor, los desordenados del curso, pongan atención para poder escuchar la opinión del Ministerio de Seguridad respecto a lo emanado desde el Senado. Mañana procederemos a leer el proyecto para, después, poder votar el informe, con tres minutos de intervención de cada diputado. Diputado, disculpe, ministro, diputado Chalper. Ánimo. Sin intención de condicionar la exposición del ministro, saludarle a usted, al ministro y al subsecretario: este es un proyecto que tramitamos largamente en la Comisión Unida de Defensa y Seguridad. Tengo la impresión de que todos tenemos una opinión bastante formada. Entonces, quisiera pedirle, por su intermedio, al ministro que, además de referirse al proyecto, nos anticipe cuál va a ser la actitud del gobierno. Si, una vez más, la Cámara de Diputados vota en contra de las cosas que se impulsaron de manera sistemática y reiterada en la Comisión, pasa que no sacamos nada con que se intente persuadir algo que ya fue rechazado en la sala de la Cámara y en la sala del Senado, y que ha trascendido en la prensa, insistiendo con lo mismo. Entonces, nosotros quisiéramos saber –y lo conversamos con algunos– si, en la eventualidad de que esto nuevamente salga rechazado, el gobierno lo va a vetar. Creo que es una información relevante en la interacción que debe darse entre el Ejecutivo y el Legislativo para saber cuál será nuestra actitud, especialmente porque hay algunos partidos de gobierno que han llamado a vetar este proyecto. Nos interesa saber la posición del gobierno en esa materia, que evidentemente es de interés para el resto de los diputados. Gracias, Presidente. Muchas gracias, diputado Chalper. Diputado Kaiser, muchas gracias, señora Presidenta.

Yo solamente quiero manifestar que, desde un principio, lamenté —y me disculpo por decirlo siendo ministro— que este proyecto lo haya visto esencialmente, en su momento, el Ministerio del Interior y no el Ministerio de Defensa. ¿Por qué, en mi opinión, se ubicó en el Ministerio del Interior? Porque fue una respuesta a la Ley 9-Retamal, para impedir que dicha ley tuviera todo el efecto que podía haber tenido. Por ello, lo estamos viendo también en esta composición en este momento. El Ministerio de Defensa, en su momento, se mostró dispuesto y, de hecho, trabajó con nosotros en un proyecto de ley de reglas de uso de la fuerza, que incluso contó con el respaldo del Partido por la Democracia, y que se encaminaba exclusivamente hacia las necesidades de defensa de aquellos para quienes se había solicitado la regla de uso de la fuerza en el marco de la Ley de Infraestructura Crítica, la cual debía ir vinculada a una legislación que permitiera a los soldados cumplir con dicha norma de protección de infraestructura crítica. Además, el alcance se amplió para incluir a las fuerzas de seguridad. Lamento, por tanto, que no esté presente el Ministerio de Defensa, ya que, de alguna manera, también se ve perjudicado, y lamento que en este proyecto de ley se hayan mezclado conceptos que nunca debieron haberse combinado, lo que generará ruido en la discusión que se avecina. Muchas gracias. Presidente: Señalo que, de manera excepcional, comparece a la comisión, dado que estamos en tercer trámite constitucional, y luego se podrá debatir en comisión mixta. Claramente, el objeto de las reglas de uso de la fuerza se refiere, especialmente, al control del orden público y a la seguridad pública interior. Cuando las Fuerzas Armadas asuman el rol de orden público, ello es muy distinto a los cometidos de la Defensa Nacional, en virtud de su propia ley orgánica y de los mandatos que rigen su desarrollo. Por ello, me parece importante escuchar al Ejecutivo respecto a estas materias; pero, como ya se ha señalado, considero fundamental que conceptos como la proporcionalidad y la gradualidad se entiendan correctamente. Hago un llamado a mis colegas: gradualidad y proporcionalidad no implican, en ningún caso, una equivalencia entre la agresión y el rechazo. Tanto Carabineros como las Fuerzas Armadas, en el ámbito del control del orden público, deben actuar bajo una situación de prevalencia, tal como establece la norma original. Muchas veces se desvirtúa esta noción; no se trata de equiparar una piedra con otra, sino de establecer niveles precisos de gradualidad. Esto es necesario para, en caso de regular mediante una ley o una norma más robusta que un simple decreto, determinar, por ejemplo, cuál será la reacción de un policía que, en situaciones como el incumplimiento de una detención o un hurto, se enfrente a una agresión que no implique colaboración, resistencia pasiva o activa, o que ponga en riesgo, como establece actualmente el reglamento, la vida del agente policial. Es fundamental mantener estos conceptos con la rigurosidad que la materia requiere. Me parece importante escuchar al ministro. Muchas gracias, diputado Leiva. Diputado Longton: Quiero ser muy breve, ya que debemos escuchar al ministro y al subsecretario, y no entraremos al fondo del proyecto. Cabe recordar que, pese a la intervención del subsecretario, el tema de la proporcionalidad ya fue resuelto en ambas cámaras: en la Cámara se optó por la racionalidad y se rechazó la proporcionalidad, decisión que fue ratificada por el Senado. Por lo tanto, se trata de una discusión ya zanjada. Diputado Joanet: Estoy en la misma línea, presidenta. Dado que el diputado Leiva ya incursionó en el fondo del asunto, ratifico lo expuesto: dejar abierto el tema de la proporcionalidad y la gradualidad, que seguramente será objeto de discusión, es algo que debemos abordar en su momento.

Absolutamente, la interpretación, el día de mañana, del juez puede dejar la indefensión justamente a los militares o, en definitiva, a los actuales. Y que después no lleguen, no lleguen tarde, como ocurrió en el molino Grolmus, que a dos kilómetros, perdón, dos kilómetros y medio del molino Grolmus hubo un enfrentamiento de una hora. A dos kilómetros y medio estaban los carabineros y no llegaron. Cuando había un incendio, se estaba quemando, se veía a 10–15 kilómetros y no llegaron. En definitiva, mientras no estén claros estos puntos, al final las víctimas son las que quedan en la indefensión. Dos kilómetros y medio está la comisaría, o la unidad policial, o la tenencia de gracia de Contulmo. Dos kilómetros y medio, y hubo un enfrentamiento de civiles con “terroristas” durante una hora. Muchas gracias, diputado Joanet. Diputado Alessandri. Muchas gracias, Presidenta. Muy esperanzado con la exposición del Ministro, pero es muy importante, porque al final es una Cámara política. Por un lado, lo plantea el diputado Schalper: preguntar si el Gobierno va a insistir en reponer aquellas indicaciones ya rechazadas en ambas Cámaras, como la proporcionalidad, los grupos de especial protección y la discusión sobre pueblo originario, adultos mayores, minorías, entre otros. Y, también, es muy importante lo que plantea el diputado Kaiser, quien solicita al Ministro que aclare si estas leyes, estas reglas de uso de la fuerza, borran con el codo lo que escribió la ley Naím Retamal, pues ésta ya presume el uso racional del medio empleado y entrega una serie de presunciones. Al no haber tiempo para leer nuevamente todo el proyecto, estas dos preguntas políticas van a insistir con lo rechazado. Creo que es clave para la discusión política en esta Cámara, en este día y en este horario, ya que el resto ya no está trabajando. Muchas gracias, diputado Lezandi. Diputado Jaime Araya. Gracias, Presidenta. En primer lugar, hago presente que no estoy de acuerdo con la tramitación legislativa propuesta, y solamente quería señalar ese punto. En segundo lugar, por su intermedio, al diputado Kaiser: tiene toda lógica que se haya tramitado en la Comisión de Seguridad, porque este proyecto apunta a las Fuerzas Armadas cuando cumplen labores de cooperación en materia de orden público y seguridad, y no está pensado para la actualidad de las Fuerzas Armadas en el contexto de la guerra. Por lo tanto, era del todo lógico, en su oportunidad, y ahora resulta acertado que se radique en la Comisión de Seguridad Ciudadana y no en la Comisión de Defensa, ya que no todo lo relacionado con las Fuerzas Armadas se tramita en Defensa. Por ello, discrepo de la opinión expresada por el diputado Geiser y considero que es perfectamente lógico, razonable y coherente la tramitación que se ha visto en las Comisiones de Seguridad. Y, en tercer lugar, por su intermedio, al diputado Charper, quien acaba de suscribir el diputado Alessandri, pediría al Gobierno que reserve para la oportunidad procesal adecuada pronunciarse respecto de lo que hará con la tramitación legislativa. No corresponde, en modo alguno, adelantar ese tipo de decisiones, ya que ni siquiera se ha votado la ley. Además, una decisión 100% política—imagino que intervendrán otros ministros—debería esperar. Les agradecería que tuviéramos la paciencia de debatirlo de forma correcta, y que el Gobierno, una vez aprobada la normativa, se pronuncie al respecto. Muchas gracias, diputado Araya. Diputada Fríes. Gracias, Presidenta. En el mismo sentido del diputado Araya, me parece adecuado empezar por el final y pedirle al Ejecutivo que se pronuncie sobre cuáles serán las estrategias a adoptar, dependiendo de la discusión o de cómo se dé la votación en sala. Recién ni siquiera ha hablado el Ministro, y, en lugar de presionar para que se definan de antemano los puntos de prensa que irán en contra de lo que eventualmente pueda decir el Ministro—en caso de que se defina el veto—, conviene dejar que hable y, luego, analizar las estrategias para mejorar el proyecto. Muchas gracias, diputado Fríes. Entonces, señor Ministro, nuevamente le doy la bienvenida. Procedemos al punto único de esta sesión, el cual tiene por objeto analizar las modificaciones del Senado al proyecto de ley originado en el mensaje de Su Excelencia, el Presidente de la República, que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas en las circunstancias que se señalan, según el boletín N°15.805-07. Le agradecería que nos hiciera la exposición que ha preparado para que, posteriormente, podamos recibir las preguntas de los señores diputados. Señor Ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, señora Presidenta, por su intermedio. Saludos a las diputadas y a los diputados presentes.

Voy a hacer algunas referencias sobre la tramitación legislativa y, especialmente, sobre el debate ocurrido durante el Senado y cómo se llegaron a algunas de las votaciones, pero sin que me sienta interpelado por lo señalado previamente, ya que algunas de las cuestiones planteadas como interrogantes serán aclaradas por el Ejecutivo en el contexto de su exposición. Quiero advertir que, para el Ejecutivo, se trata de una Cámara política; entiéndase que estas son reglas jurídicas, y que, de conformidad con el texto que se apruebe, la forma y el modo en que se interpretan las reglas se someten a las normas del derecho y no a la política. En el derecho, los conceptos no son arbitrarios, tienen un contenido y una definición sobre los cuales se fundamentan las decisiones de los jueces. Por ello, entiendo las interpelaciones políticas, pero dadas las características y el contexto señalado, explico por qué el Ejecutivo ha decidido exponer y describir jurídicamente el debate ocurrido en el Senado, adoptando para ello una aplicación jurídica relevante para efectos de su contenido. Por lo mismo, he procedido a definir –como ustedes bien saben, su señoría– que esto forma parte de los dos fast track en materia de seguridad. Esto ya había sido despachado por la Cámara, pero fue revisado en comisiones unidas de defensa y seguridad del Senado. Quiero señalar, sus señorías, que en varias ocasiones el proyecto tuvo votaciones, ya sea por unanimidad o por mayoría, en las comisiones unidas del Senado. Durante la sala se solicitaron votaciones por separado, lo que implicó algunas de las modificaciones que, a continuación, voy a señalar. Lo primero es no perder de vista que las reglas de uso de la fuerza están pensadas para las fuerzas de orden y seguridad pública en el contexto del desempeño de sus labores y, excepcionalmente, para las Fuerzas Armadas cuando cumplen dichas funciones. Esta distinción no solo la plantea este proyecto; es importante recordar que el Código de Justicia Militar también establece dicha diferenciación respecto a la aplicación de las reglas a las Fuerzas Armadas en el marco de su funcionamiento regular, especialmente para aquellas vinculadas al resguardo excepcional del orden público. Por ello, la forma y el modo en que se establece el propósito y se redacta el artículo primero del proyecto resulta fundamental. En la estructura del proyecto se incluyen las disposiciones generales, una sección específica para las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, normas para las Fuerzas Armadas, disposiciones comunes desde el punto de vista disciplinario y de extensión de responsabilidad, y una regla muy relevante que se refiere a la normativa institucionalmente vigente. Con esto, paso a responder una de las inquietudes planteadas inicialmente. Una de las razones que explica el proyecto de ley de reglas de uso de la fuerza es que el sistema institucional requiere reglas legales para el ejercicio de la fuerza. Esto se debe, en términos simples, a que la existencia de normas infralegales a nivel reglamentario permite que los jueces tiendan a prescindir de ellas. Contrariamente a lo que se podría suponer, las reglas de uso de la fuerza garantizan la actuación de las fuerzas de orden y seguridad pública y de las Fuerzas Armadas que las utilicen. Por ello, en esta norma se reivindica la vigencia reglamentaria de las normas actualmente vigentes, mientras no se dicten los reglamentos complementarios correspondientes. Este último aspecto es muy relevante, vuestras señorías, ya que uno de los problemas centrales de las reglas de uso de la fuerza ha sido su existencia simplemente infralegal, lo que deja a la discreción judicial su consideración, en contraposición a contar con un mandato legal de actuación, lo cual es fundamental. No debe confundirse esto con las reglas de exención de responsabilidad penal, ya que lo que ocurre es que las reglas de uso de la fuerza establecen criterios de actuación legalmente regulados y, en parte, inciden explícitamente en las normas de exención penal. De lo contrario, podríamos confundir las categorías jurídicas que se emplean y la incidencia que tienen en la regla de legítima defensa, la cual este Congreso ya aprobó y que queda reenviada por el propio proyecto de ley en la forma señalada. Y creo conveniente hacer esa aclaración, porque ese es el corazón de la existencia de este proyecto de ley, que lo contrario sería…

En algún sentido innecesario. ¿Qué aspectos del proyecto de ley mantuvo el Senado, aunque uno podría decir que requieren algunas adecuaciones? Uno, la existencia de principios que uniforman la aplicación de este proyecto de ley. La segunda, la inclusión de deberes, que por cierto han variado. La tercera, la inclusión de definiciones, lo cual es importante, ya que hay que tener cuidado de definir con lo definido, algo que puede suceder en algunas de las definiciones actuales; además, se tienen reglas separadas para Orden y Seguridad Pública y para las Fuerzas Armadas, entendiendo que estas últimas se aplican cuando están asociadas al cumplimiento de labores de orden y seguridad, y específicamente en el caso bien militar del resguardo de los recintos militares. Se menciona también la prohibición de la tortura y la inclusión —o no inclusión— de ciertos aspectos debatidos en ambas cámaras, según se ha planteado. Uno tiene que ver con la ampliación de la competencia de los tribunales militares, que se rechazó tanto en esta Cámara como en el Senado. En segundo lugar, el principio de proporcionalidad como definición fue rechazado en ambas instancias, aunque es necesario transparentar el contexto en que se dio el debate en el Senado, lo cual resulta relevante en cuanto a la existencia o no de dicha definición y algunas reglas específicas que a continuación quiero explicitar. Si me permite, señora Presidenta, por su intermedio, realizar una descripción de algunas de las modificaciones que hizo el Senado en el contexto de las Comisiones Unidas y los niveles de votación que tuvo. La mayoría de las modificaciones incorporadas por el Senado tenían por finalidad dotar al texto de mayor precisión y clarificación. En las Comisiones Unidas del Senado se debatió la necesidad de dar certezas a las reglas, ordenar el texto aprobado por la Cámara y adecuar algunas definiciones. Por ejemplo, se buscó mayor precisión en definiciones generales en torno al uso de la fuerza en relación con la integridad física. Asimismo, se realizó la sustitución de conceptos —pasando de "objetivo legítimo" a "objetivo encomendado"—, en función de la forma y modo en que operan tanto la Orden y Seguridad Pública como las Fuerzas Armadas en este contexto. También se abordó el tema de la redacción por etapas o grados para las reglas de uso de la fuerza, destacando que estos grados no son secuenciales. Es decir, la reacción en materia de uso de la fuerza debe evaluarse en función de la fuerza resistiva o de la situación que enfrenta quien debe utilizarla, sin necesidad de transitar de manera obligatoria por cada una de sus etapas, aspecto clave en el debate realizado tanto en esta Cámara como en el Senado. Por ello, no deseo entrar en una discusión en este momento, aunque se haya sustraído el principio de proporcionalidad, al cual podré volver más adelante. El principio de proporcionalidad como relación de medio y fin es inherente al texto, pese a las modificaciones legales que este Congreso realizó en enero y febrero del año 2022 en el marco de la modernización de las policías, tanto de Carabineros como de la Policía de Investigaciones, pues la proporcionalidad como elemento para el uso de la fuerza ya figura en sus leyes orgánicas. En tercer lugar, se abordó la supresión de algunos principios, como el de rendición de cuentas. Una de las razones que tuvo el Senado, dentro de un contexto más amplio, fue eliminar este principio por considerarlo excesivamente reiterativo al ser inherente al ejercicio de la función. Además, se simplificó el tema de la prohibición de la tortura, no por el texto, sino fundamentalmente para evitar duplicidades con las reglas vigentes del Código Penal. Finalmente, se incorporaron deberes como el registro de episodios al momento de hacer uso de la fuerza, se precisó la afectación de bienes como forma de agresión activa, y se delimitaron las hipótesis para el uso de la fuerza letal, lo cual resultó de amplio consenso en el Senado para precisar el uso de una fuerza potencialmente letal, considerando la amenaza o agresión actual o inminente a la vida personal o de terceros. Además, se debatió la regulación para establecer infraestructura crítica y si las reglas relativas debían integrarse al proyecto de ley de infraestructura crítica.

De uso de la fuerza debían quedar en este proyecto de ley. Finalmente, se estableció que quedaran en este proyecto de ley, sin perjuicio de que, para su aplicación, se debe aprobar la ley del proyecto de ley de infraestructura crítica, la cual contiene dos incisos. Uno dispone que se aplica la regla del uso de la fuerza señalada con anterioridad, pero permite el uso de fuerza letal para daños graves inminentes a la infraestructura, en el entendido de que, igualmente, el uso de la fuerza letal ya se encuentra regulado previamente. Lo siguiente es la introducción de los reglamentos, con el envío expreso de referencia a los reglamentos de RUF, tanto para las Fuerzas Armadas como para las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Algunos de ustedes podrán considerar que estas remisiones son innecesarias, pero son relevantes para entender que forman parte de un solo bloque normativo, pues el reglamento existe por mandato de la ley y, por lo tanto, debe ser considerado conjuntamente con ésta al momento de su aplicación. En el caso de la especificación de los presupuestos del uso de la fuerza, que sirve como referencia de habilitación de la autoridad civil, este aspecto fue relevante durante la tramitación de la discusión en el Senado. Se estableció que las fuerzas, particularmente las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden, actúan bajo las instrucciones de la autoridad civil. En este sentido, fue especialmente relevante la opinión de un grupo de senadores sobre este punto, sobre el cual, si lo desean, más adelante puedo entrar en detalle. Asimismo, se consideraron otros casos actualmente regulados, tales como el estado de excepción, protección de infraestructura crítica, protección de fronteras y el caso de la ley de votaciones populares. Luego, en el caso de las reglas de uso de la fuerza, se sustituyeron las tres reglas previas por ocho, para las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, de modo que el contenido de las mismas sea mucho más específico. En lo que respecta a las disposiciones finales, se modificó, por un lado, la regla de eximente de responsabilidad penal, traduciendo en el fondo una regla clásica de peso de la prueba al Ministerio Público, y se suprimió la regla de exención de responsabilidad civil, ya que su redacción precedente podía prestar a equívocos al interpretar que el cumplimiento del deber implica, sin lugar a dudas, la exención de responsabilidad, dado que se cumple el derecho. Había una regla demasiado compleja en cuanto a la culpa, que dejaba margen a interpretaciones distintas, cuando, si el funcionario policial actúa conforme a la regla de uso de la fuerza, es evidente que está exento de responsabilidad civil. Además, se hizo explícita la aplicación de las reglas de uso de la fuerza a los funcionarios que se encuentren de franco. La razón de esta determinación, fruto del debate, radica en que en la actualidad sucede que, si un policía que está de franco utiliza su arma –ya sea la de cargo o su arma personal– para impedir un daño a él o a un tercero, se entiende que, pese a encontrarse de franco, actúa en el ejercicio de la función pública. Por ello, no solo se considera legítima su intervención en términos del uso de la fuerza, sino que, en caso de lesiones, está cubierto por la seguridad social; en otras palabras, se reconoce que es un acto vinculado al servicio público. Este tema fue explicado durante la tramitación legislativa, pero el Senado consideró necesario hacer explícita esta regla. En un principio, se extendió la discusión, pero en este punto es relevante precisar que no se trata de una innovación, sino de un reconocimiento explícito de lo que ocurre en la actualidad cuando los funcionarios hacen uso de su arma de fuego. Se introduce asimismo una regla de prueba pericial, que en el fondo podrá ser elaborada por los organismos de la Fuerza Armada o de la Policía. Esto es similar a lo que sucede actualmente, ya que se explica de forma equivalente. Adicionalmente, se contempla una regla transitoria muy relevante sobre la vigencia de las normas reglamentarias mientras se editan los reglamentos que se encuentran vigentes, para evitar que se interprete que se han suprimido las reglas que regulan actualmente el uso de la fuerza, tanto para las Fuerzas Armadas como para ambas policías. ¿Cuáles son las supresiones u omisiones efectuadas por el Senado? Primero, el principio de proporcionalidad, sobre el cual considero necesario ser transparente y explícito. Las Comisiones Unidas del Senado presentaron una propuesta de principio de proporcionalidad, haciendo referencia explícita a que este principio no estaba vinculado a la igualdad de medios.

Su señoría, simplemente para ilustrar el debate jurídico en este punto. Uno es el principio de proporcionalidad mirado desde la perspectiva de la intervención, y otra cosa distinta es el principio de proporcionalidad como elemento "de la legítima defensa", que son dos situaciones jurídicamente distintas. Esto lo digo por la cita de Claude Roxin en particular, ya que Roxin se refería a la legítima defensa, no a este punto. Ahora, ¿qué hay en relación a este punto? El Ejecutivo entiende que, aunque se suprima esa definición de la forma y modo en que se encuentra redactado el proyecto de ley –en el cual se hace referencia al grado, hasta los deberes de planificación– el principio de proporcionalidad es inherente. Entonces, en este punto, de manera aún más inherente –además, en texto preso en el caso de Carabineros y de la Policía de Investigación en sus leyes orgánicas–, lo que quiero decir, para ser completamente franco por su intermedio, señora Presidenta, es que el debate sobre proporcionalidad y racionalidad es jurídicamente interesante. Sin embargo, desde el punto de vista de la manera en que está planteado el proyecto, se trata de una discusión que no debe perder valor, sino que la racionalidad apunta a que exista el presupuesto para la actuación. La proporcionalidad es, además, una relación medio-afín, y por eso los grados están regulados. En mi opinión, allí hay una discusión completamente legítima que el Ejecutivo debe aclarar para entender por qué la forma y modo en que está redactado el resto del texto supone la aplicación de proporcionalidad. En cuanto a las reglas operativas, en el caso de provisión de uso de fuerza contra personas reducidas, se mantiene la regla de las personas detenidas y el deber de apuntar con armamento no letal a la cabeza o a la parte superior del torso, según lo vigente en norma infralegal. Estas disposiciones fueron suprimidas durante la tramitación en el Senado. Por otro lado, el uso de la fuerza letal para la protección de infraestructura crítica suprime la exigencia del peligro a la integridad física o a la vida de las personas; sin embargo, esta norma puede resultar equívoca, ya que, en estricto rigor, para el uso de la fuerza letal se requiere que exista peligro para la integridad física o la vida de las personas. Por último, en el contenido de los reglamentos se suprime la regla de situaciones operativas y de procedimientos para grupos de especial protección, tema que ha sido objeto de debate y que también se discutió en esta sala. Una de las aspiraciones de este proyecto de ley era que fuera autocontenido; sin embargo, existen otras reglas complementarias que igualmente hacen exigible este punto. Eso es, en resumen, señora Presidenta, el contexto en el cual se dio el debate durante la tramitación legislativa en el Senado. Vuelvo a insistir: si ustedes miran las votaciones, estas fueron por abrumadora mayoría –y una buena cantidad de ellas unánime–, sin perjuicio del debate que luego existió en las votaciones separadas en la sala. Nada más, señora Presidenta. Muchísimas gracias, señor Ministro. Diputado Kaiser me está pidiendo la palabra. Les pido que me vayan indicando para poder anotarlos. Una consulta para empezar, señora Presidenta, por su intermedio, señor Ministro: se plantea que el objeto de la presente ley tiene por objeto normal el uso de la fuerza por parte del personal de la Fuerza de Orden y Seguridad Pública como primer objeto, y solamente de manera indirecta el de las Fuerzas Armadas cuando estén obligadas a participar en el control del orden público. Una consulta que le había realizado el diputado Alessandri era cuál iba a ser el impacto que tendría esto en la ley Naim Retamal, ya que, evidentemente, la normativa Naim Retamal, por lo menos parcialmente, se ve afectada por las reglas de uso descritas aquí. Muchas gracias. Solamente ese es un punto. El segundo punto son cuestiones de detalle, la verdad. Me encantaría consultarle a fondo, pero me extendería; así que le haré la siguiente pregunta: desde su perspectiva, si estas reglas de uso de la fuerza se transforman en ley, ¿permitirán, por ejemplo, la protección de la propiedad haciendo uso de la fuerza? Porque aquí tenemos un artículo en el que se descarta –por lo menos en lo que respecta al uso de munición no letal, como escopetadas antidisturbios– la protección de la propiedad. Es decir, ¿se podrá, por ejemplo, proteger la iglesia de Carabineros con escopetadas antidisturbios? Según lo que tengo entendido, ¿no? ¿Y qué sucede cuando un carabinero le dice algo feo a un delincuente? ¿Se considerará entonces violencia psíquica?