El nombre de la patria se abre la sesión. El acta de la sesión número 89, ordinaria, se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 90...
La ordenaria se pone a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta.
Se han recibido los siguientes documentos:
1. Un oficio de la Ministra de Salud Social por el cual se remite, para conocimiento de la Comisión, un informe anual de resultados del Sistema Red Integral de Protección Social de la Subsecretaría de Servicios Sociales, correspondiente al año 2024.
2. Un oficio de la Subsecretaría de la Niñez, mediante el cual se adjunta, para reconocimiento de la Comisión, la información contenida en las glosas que se especifican a la partida 21 del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, correspondiente al Sistema de Protección Integral de la Familia, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Presupuestos para el Sector Público del año en curso.
3. Un oficio de la Ministra de Salud, en respuesta a una solicitud de esta Comisión, en el que se informa sobre la aplicación del Instrumento de Valoración de Desempeño en Comunidad para la certificación de discapacidad, revisando la posibilidad de contar en cada uno de los ESFAM del país con un profesional debidamente capacitado para elaborarlo.
4. Un correo electrónico de UNICEF, mediante el cual se informa que, en representación de ese organismo, asistirán a esta sesión las señoras Francisca Morales, especialista en educación, y Amanda Tellias, oficial de Políticas Sociales de UNICEF.
5. Finalmente, un oficio de la Ministra Secretaria General de la Presidencia, en respuesta a un requerimiento de esta Comisión, en orden a dar urgencia al proyecto originado en moción, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley 20.730, la cual regula el lobby y la gestión de intereses particulares.
Esa es toda la cuenta. Gracias, secretario.
¿Alguien quiere referirse a la cuenta?
Yo: A ver, lo que pasa es que no me acuerdo en qué punto era, pero el cuarto (o el tercero) se refiere a la aplicación del IVADEC. Es un punto súper importante que hemos solicitado en muchas oportunidades. ¿Sería posible, secretario, que nos haga llegar por el chat de la Comisión el oficio de respuesta de la Ministra? Esto tiene que ver con la implementación de profesionales capacitados en los distintos ESFAM del país, para poder emitir este informe, que es fundamental para la tramitación de la credencial de discapacidad. Actualmente, dicha tramitación se demora entre ocho meses y un año, precisamente porque en la carpeta de los usuarios siempre falta el IVADEC, junto al informe social y el informe médico. Así lo hemos verificado también en terreno, por lo que resulta importante conocer en detalle, a través del oficio, desde cuándo se implementarán estos profesionales en los distintos CEPAM, considerando que en el presupuesto se aprobaron recursos para que los beneficiarios puedan recibir de una sola vez todos los documentos requeridos.
¿Alguien más? En todo caso, se encuentra en su correo y en la página web, pero veremos si es posible subirlo al chat. Muchas gracias; sería de muy buena utilidad.
¿Puntos varios?
Ningún punto varios.
Bueno, sin puntos varios... Ah, no, yo tengo un punto varios.
Hace aproximadamente un mes conocí, en Pudahuel, una organización conformada por un liceo que cuenta con una cooperativa llamada Cooperativa Verde, constituida por estudiantes del Liceo. La particularidad es que todos los estudiantes son autistas, lo que le confiere un importante componente de inclusión. Por ello, solicito a la Comisión la posibilidad de que puedan venir a exponer, no solo sobre el funcionamiento de esa cooperativa, sino también para presentar los productos que generan como emprendimiento. Principalmente, se busca evidenciar lo que ha significado, en términos de cohesión social, la creación de esta cooperativa, al amparo del liceo, en compañía de la educadora. Me comprometí a contarles en detalle de qué se trata e intentar que sean escuchados, esperando que, al término de la sesión, puedan incluso adquirir algunos de los productos, como aceite y otros artículos, elaborados por jóvenes de entre 15 y 17 años.
Así que quiero pedir, si es que hay alguna dificultad en poder invitarlos, tomamos la cuerda. Ahí vemos con el secretario una fecha posible. Ya que llegó la presidenta, le voy a dejar al mando el micrófono. Permiso.
Ya, bueno, primero disculparme porque, lamentablemente, tenemos algunos temas y reuniones, pero también relacionados con el asunto. Sí, tenemos el coro. Necesitamos los nueve, pero podríamos hacerlo al tiro. ¿Por qué no se queda o lo hacemos al tiro? No ha llegado todavía; miren en el pasillo, colega, no hay nadie, falta uno. En cualquier minuto le avisamos; no hay nadie a la vista. Voy a avisar por el chat.
Lo primero es saludar a la subsecretaria –me imagino que ya la habían saludado–, y también, por supuesto, al director y a todos los integrantes. La verdad es que quiero mencionar que, después de los antecedentes que se dieron a conocer respecto a la denuncia, en definitiva, sobre usted, director, que habría direccionado la licitación de la residencia –antecedentes que aparecieron en la prensa–, me imagino que todos los parlamentarios ya están al tanto de esto, aunque tal vez no tenían la información completa. Ya, perfecto, pero sí.
Bueno, acá lo importante: ahora sí llegó. ¿Le puede avisar por el chat para que logremos hacer el acuerdo? A ver si puede venir. Les pido, por favor, que llamen a los otros integrantes.
Dicho eso, nosotros como comisión hemos intentado levantar con mucha fuerza el tema de la infancia. Todos sabemos que está siendo gravemente vulnerada y que los esfuerzos que se han hecho por parte del Ministerio han sido insuficientes. Hoy tenemos la Ley de Garantía y la Ley de Protección Infantil; sin embargo, tenemos un problema grave, porque estas leyes, aun acompañadas de la ley de armonización, no tienen exigibilidad. Podemos tener muchas leyes, pero si no hay exigibilidad, no sacamos absolutamente nada. En materia de niñez no nos podemos dar ese gusto, porque la vulneración y los casos que hemos conocido, ya sea a través de la prensa o en nuestro rol fiscalizador –incluyendo situaciones en las regiones y a nivel nacional– son evidentes. Hemos visto residencias que no funcionan bien y numerosos problemas expuestos en comisiones investigadoras y en esta comisión, cuando hemos invitado a la subsecretaria o a la ministra, siempre el diagnóstico ha sido el mismo. Creo que todos estamos de acuerdo en que lo realizado hasta ahora no ha sido suficiente y se siguen vulnerando gravemente los derechos de los niños y niñas en nuestro país.
Es por eso que, ante el caso que apareció en la prensa y la denuncia contra el director, me pareció necesario que lo abordáramos en esta comisión. Así que invité a la subsecretaria para que ella nos explicara. Todos tenemos algunos antecedentes, pero lo importante es escucharla. Sí, sí.
El micrófono está tapado con mi teléfono. Gracias. Buenas tardes, presidenta, por su intermedio, a los demás parlamentarios y parlamentarias que están en la sala. Queremos, en primer lugar, agradecer...
Invitación, siempre pensamos que es una buena oportunidad. ¿Subtén? Sí, paramos hasta que ya están todos. Muy bien, lo primero: le agradezco a todos. Agradezco, colegas, de verdad, porque sé que hay comisiones en conjunto y paralelas, pero que estén acá demuestra que todos tenemos el mismo interés de esclarecer muchas cosas. Se debe tomar un acuerdo, con la participación de nueve parlamentarios, para que el Defensor de la Niñez pueda acudir a sesión secreta y entregar antecedentes sobre los casos de maltrato a dos menores, uno en Rengo y el otro en Iquique. Por favor, tome el acuerdo. Le agradezco mucho, diputado Ullo, diputada Mix y diputada Delgado, a todos. Y no, usted se queda, perfecto. No hay ningún interés de pasar por sobre ustedes, colegas.
Diputada Candelaria Acerero, por favor, cuente. Presidenta, yo voy a estar viniendo por acá al lado, porque estoy con los agricultores que invité de la comuna de Lolol. Estamos viendo el tema de las concesionarias y, justo ahora, les tocan unos cinco minutos más para exponer. No hay problema; luego tendremos la comisión, pero además se les entregará toda la información que obtengamos de los antecedentes que nos proporcionen la subsecretaria y el director, quien, debo decir, no fue invitado pero quiso estar presente. Así que, lo escucharemos con mucha atención.
Subsecretaria de la Niñez:
Gracias, Presidenta, por su intermedio a los parlamentarios y parlamentarias que conforman la Comisión en el día de hoy. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad de tener esta instancia. La situación que abordamos apareció, como todos saben, en un artículo de CIPER, a propósito de la colaboración y la participación de los organismos colaboradores del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia en el análisis de normas técnicas y orientaciones técnicas para un programa de residencias que se estaba licitando. El artículo señala varios aspectos, básicamente centrados en la conveniencia o inconveniencia, la corrección o incorrección, de que el Servicio de Protección Especializada consulte a los organismos colaboradores.
Ustedes hemos conversado en otras oportunidades sobre la calidad especial que tiene el Servicio, dado que sus normas especiales regulan la relación con estos organismos, que son entidades acreditadas y colaboran en la ejecución del servicio. En atención a la consulta e interés de la Comisión, el director puso a disposición de este cuerpo una presentación que se dejará acá. Si la Presidenta lo permite, procederemos rápidamente a revisar los tres o cuatro puntos que se destacan en dicho artículo para poder ver claramentamente cuál es la respuesta a este asunto.
Antes de avanzar, permítanme señalar que, según la información que tengo como Presidente de la Comisión, la información no se entregó a todos los organismos colaboradores, sino solo a aquellos que fueron beneficiados. No fue una difusión amplia para todos los colaboradores. Procedamos, pues, a revisar la presentación, que expone de manera exhaustiva los puntos mencionados en el artículo. Y, antes de ello, informo que hablé con la Ministra el día que se presentó esta situación.
Ella me explicó que se estaba haciendo una investigación, que ella había pedido, digamos, que se realizara una investigación dentro del Ministerio respecto al director, para ver si eso se estaba efectuando. El propio director, y así lo voy a explicar, puso, dada la presentación de CIPER, de manera proactiva a disposición de la Contraloría todos los antecedentes. En serio, la ministra me dijo que había solicitado investigar la situación, porque una cosa es lo que presenta el director —lo cual me parece muy bien— y otra es que ella había ordenado una investigación, habiendo solicitado a la Contraloría que se pusiera a investigar. No tengo antecedentes de los detalles de esa solicitud; no sé si Fernando puede decir algo al respecto.
Sí, a mí me gustaría comentar, porque ella me manifestó, "Fernando, por favor", que entendía mi preocupación. La verdad es que yo, inclusive el director, había solicitado, ya que nosotros, la Comisión Investigadora que se realizó hace algún tiempo, hablamos sobre lo que estaba ocurriendo con estas licitaciones direccionadas para que, finalmente, se cambiaran las bases y se empezara a actuar. Consideré que era bastante grave, entendiendo lo que se vive hoy en el servicio, y la ministra me mencionó que había ordenado realizar una investigación y que no lo iba a apartar del cargo, esperando que esta investigación fuera, digamos, lo más rápida posible. Esa es la pregunta.
Presidenta, saludarle. En efecto, lo que hizo la ministra, una vez que tomó conocimiento, fue reunirse con el director, pedirle antecedentes, ofició dicha solicitud y, a su vez, también ofició a la Contraloría General de la República para remitirle ante ella todos los antecedentes de la situación, a fin de detectar si existían o no irregularidades en el procedimiento actual. La palabra adecuada sería entonces "oficiar" a la Contraloría para que, remitiendo antecedentes, recabara información respecto de esta situación.
Perfecto, eso deseaba confirmar, porque me informaron que no había ninguna investigación, y por ello quería constatarlo. Es decir, fue un oficio que la ministra envió a la Contraloría, remitiendo los antecedentes que estaban disponibles, los que el servicio había puesto a disposición. Desde el Ministerio nos hicieron saber que no se inició ninguna investigación; entonces, ¿lo que usted me confirma es que se remitieron los antecedentes a la Contraloría General de la República después de haber sido solicitados? Sí, pero no se hizo una investigación, ya que al Ministerio no le corresponde iniciar una investigación en este tipo de casos, pues es un servicio descentralizado. En este caso, sería la Contraloría la que debiese iniciar o tomar ese curso.
Gracias, Fernando. Vamos a escuchar ahora, director.
Gracias, Presidenta. La presentación está organizada en torno a algunas preguntas que probablemente sean las que ustedes se formulen respecto de la información que apareció en este medio de comunicación. La primera es si efectivamente se entregó a la mesa de residencias las bases de la licitación, y la respuesta es que no. Lo que se compartió fue el borrador de orientaciones técnicas respecto de un tipo de residencia, el de 4 a 8 años, que constituye uno de los tres nuevos modelos. Se trataba de la versión de julio de 2024, la versión de administración directa; tampoco era la versión de colaboradores, que era la que se manejaba en ese momento, dado que no había habido un proceso participativo de consulta con colaboradores. Es importante distinguir que las bases de licitación contemplan otros antecedentes distintos a los de una mera orientación técnica.
La segunda cuestión es que todo esto surge a partir de una solicitud de una reunión debidamente registrada en la Ley de Lobby. Ustedes pueden ver en el registro, de fecha 8 de octubre, que consta todos los antecedentes de esa reunión. Se trata de la solicitud para abordar la situación de crisis de la línea de cuidado alternativo residencial, que afecta directamente a niños, niñas y adolescentes, y para exponer nuestras preocupaciones, reflexiones y propuestas que hemos elaborado y entregado a la Presidencia de la República. En nuestro carácter de colaboradores del servicio, es de nuestro máximo interés aportar con nuestros conocimientos, experiencias y propuestas. Esto significa, entonces, que en la reunión coordinada de acuerdo con la Ley de Lobby, debidamente registrada, esta mesa de residencias ofrecerá enviar sus propuestas respecto del modelo.
Lo técnico, no el modelo de bases de licitación. Los borradores se hacen llegar el día 18 de octubre por correo electrónico y la mesa de residencias los devuelve el día 29 de octubre.
¿Existe alguna norma que prohíba al servicio compartir borradores de modelos técnicos? La verdad es que no. Esto se debe a una razón bien relevante: el servicio no se rige por la ley de compras públicas. Nosotros nos regimos por la ley de subvenciones y por la Ley del Servicio, la cual establece tres artículos. El primero dispone que el servicio deberá —ni siquiera es que podrá, sino que debe— considerar la opinión de la sociedad civil; el segundo, que se debe propender a una labor de colaboración; y el tercero, que para el diseño y la ejecución de programas se debe tomar en cuenta la experiencia basada en la evidencia técnica y territorial. Cuando los colaboradores son quienes implementan el 97% de los programas del servicio, y en el caso de residencias el 85%, la evidencia territorial se fundamenta en las acciones de la red de colaboradores.
Luego, se plantea una pregunta bien relevante: ¿se discriminó a otros colaboradores acreditados al no solicitarles su opinión? La respuesta es que consideramos que no hubo discriminación, dado que en una audiencia solicitada por esta organización, ellos ofrecieron su colaboración de manera activa, sin que existiera impedimento alguno para que otro colaborador hiciera lo mismo. Es más, realicé 25 audiencias por ley de lobby con colaboradores, desde que asumí el 2 de septiembre hasta el 31 de diciembre. Por lo tanto, no se trató de que no se quisiera compartir, sino de haber solicitado la opinión técnica en base a la evidencia territorial de quienes ofrecieron voluntariamente su colaboración.
Sexto, respecto a si las audiencias por ley de lobby son el único mecanismo de participación, la respuesta es que no: existen varios mecanismos. Desde que llegué al servicio el 2 de septiembre se han utilizado las siguientes instancias:
• El Consejo de la Sociedad Civil, que ha sesionado en cuatro ocasiones, en las cuales he participado.
• Las 25 audiencias por ley de lobby realizadas entre el 8 de septiembre y el 31 de diciembre.
• Las visitas a terreno en cada región, durante las cuales visité residencias y me reuní con equipos técnicos y de implementación para preguntar sobre el modelo técnico.
• La convocatoria a dos grupos de expertos, cuyo funcionamiento y toda la información correspondiente se encuentra publicada en la página web.
• La consulta pública respecto del modelo de residencias de tránsito a la vida adulta, realizada en enero de 2025.
• Encuestas en línea dirigidas a todos los colaboradores sobre algunos temas particulares.
• Jornadas nacionales y talleres de trabajo con colaboradores.
Quiero destacar que en este periodo se han realizado dos jornadas para co-construir orientaciones técnicas. Lo que se busca transmitir es que ha existido un compromiso por cumplir lo que dispone la ley, consultando a los colaboradores, y al mismo tiempo, abriendo espacios para que el diseño de las nuevas orientaciones técnicas se base en la evidencia técnica y territorial, la cual poseen principalmente los colaboradores acreditados.
Por último, ¿cómo funcionan las licitaciones en el servicio? No estamos regulados por la ley de compras públicas, sino por la propia Ley del Servicio y la ley de subvenciones, la cual cuenta además con un reglamento que establece los montos a pagar. En un proceso de concurso público existen bases administrativas y una base técnica. Los aspectos financieros no se regulan dentro de la licitación o concurso, ya que están determinados por un reglamento especial que fija el monto a pagar. Esto permite realizar una convocatoria para que colaboradores acreditados, en una línea de acción y en una región específica, puedan postular su proyecto de funcionamiento. Dicho proyecto debe considerar la realidad territorial, las actividades de protección, el cuidado de los trabajadores y la forma de abordar los niveles de desprotección característicos de cada territorio. Se evalúan, entre otros aspectos, la composición del equipo de trabajo y la experiencia del director del proyecto. No se evalúan montos ni el modelo técnico en sí.
¿Qué señalaban las opiniones de la mesa de residencias? Porque esto es bien importante para decirles: habían seis puntos en lo que mandaron desde la mesa de residencias.
Primero, que el equipo de intervención se incorporara, dentro del equipo base, a los encargados de salud y de educación. Esto no fue modificado en el modelo definitivo de orientaciones técnicas.
Segundo, que no se distinguiera entre cuidadores diurnos y nocturnos, quedando en la base técnica la definición de cuidadores terapéuticos, que es el modelo que, además, nosotros en el servicio estamos implementando y que quisiéramos en el futuro que pueda ser adoptado a través de la ley de cuarto turno, apuntando en esa misma línea.
Tercero, tal como se mencionó en el reportaje, se solicitó que para comunas rurales o alejadas de las capitales se considerara a un profesional asimilado al terapeuta ocupacional cuando no fuese posible contratarlo. Quedó establecido en la orientación técnica que, en territorios donde se ejecute la presente modalidad y exista dificultad para la contratación de dicho profesional, se podrá contratar a otro profesional que posea las competencias necesarias para desarrollar las actividades exigidas en este rol. Esto busca evitar dejar sin atención las funciones propias de un terapeuta, pudiendo ser asumidas por un psicopedagogo u otro profesional especializado en aquellos territorios donde no es posible la contratación de un terapeuta ocupacional.
Cuarto, en lo que respecta al soporte administrativo, se dejó a cargo de los propios recursos.
Quinto, respecto a la flexibilidad en la modalidad de revinculación, no se introdujeron cambios en las orientaciones técnicas.
Sexto, la mesa de residencias planteó incluir a las familias y otras modalidades residenciales como parte de las alternativas de egreso, aspecto que debíamos considerar.
Voy cerrando. Solo quiero decir que hoy día existen 247 residencias en el país; 209 son de colaboradores acreditados y la mesa de residencias representa a 110 residencias, es decir, al 53% del total. En los últimos dos años se han registrado 24 cierres de residencia y, en los concursos públicos recientes, se han declarado desiertos entre el 51% y el 71% de las postulaciones.
Las bases se publicaron el 17 de diciembre y el 27 de diciembre inicia el periodo de licitación, por lo que se dispuso de 35 días hábiles. Dado que se trataba de un nuevo modelo, se otorgó un plazo más extendido: el 23 de diciembre se realizó una jornada con todos los colaboradores para brindar mayor tiempo de postulación, originalmente contemplados 20 días hábiles y en esta ocasión extendidos a 35. Se presentaron 26 preguntas técnicas, de las cuales 23 provinieron de organismos pertenecientes a la mesa de residencias.
En cuanto a la adjudicación de proyectos, de nueve proyectos se adjudican tres; en dos casos se trató de postulante único, es decir, sin competencia, y en el tercero se adjudica al que ya tenía la residencia, lo cual es lo más habitual. Por lo tanto, es importante destacar que no se trata de colaboradores compitiendo por obtener residencias, sino de convencer a los colaboradores para que continúen administrando residencias de protección. Así, la adjudicación corresponde a solo un 33% en esta línea y a un 32% en los proyectos totales en las cuatro regiones.
Cierro diciendo que, a partir de la experiencia de estos meses, hemos definido y está en vigencia la resolución que aprueba el Plan de Participación de Colaboradores, de fecha 28 de marzo, mediante el cual se conformarán Consejos Consultivos elegidos democráticamente y con representatividad, para que el servicio avance en una materia en la que antes no incursionaba. Para ello, se ha solicitado asesoría experta y hoy se realizó la primera reunión con la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y la Transparencia, de modo que se constituyan estos consejos consultivos y nadie pueda decir que no fue convocado, que no fue invitado o que no tuvo la oportunidad.
Por último, quiero dejar muy en claro que acá no se ha ocultado nada. Primero, la audiencia está registrada debidamente en la ley de lobby. Segundo, he definido un estándar de transparencia total, de modo que todas las actividades que realizo están publicadas en la página web del Servicio, lo cual no es el estándar habitual, pero todas las actividades se encuentran en el link compartido. Tercero, el documento...
Documentos se envió por correo electrónico y se recibieron las observaciones por correo electrónico, para que quedase trazabilidad; no para que esto fuese una conversación de pasillo o de café, sino que hubiese las observaciones por escrito, de manera que quedasen como un antecedente a considerar. Y, por último, no hubo audiencias mientras duró el concurso. Ahí aparece en la lámina un rechazo del día 23 de enero, y envié todos los antecedentes al día siguiente, cuando apareció este reportaje a la Contraloría General de la República, como bien dijo Fernando, por su intermedio, Presidenta de la Ministra, y se solicitó la asesoría experta de la Comisión Asesora Presidencial respecto de cómo podemos seguir trabajando hacia adelante. Gracias, Presidenta.
Director: Bueno, varias cosas, pero también quiero preguntarle a la subsecretaria, y quiero preguntarle a usted: después de un escándalo que ocurrió —no sé si ustedes se recuerdan— cuando se dejaron desiertas algunas licitaciones y finalmente se ganó Opción, que fue cuando estuve en la Comisión Investigadora, que fue cuestionado. Acá tengo información que me gustaría: sí, que se deshizo el proceso y finalmente favorecieron a la corporación Opción, entre otras, por nombrar alguna. ¿Usted no siente que se incurrió en una ilegalidad? O sea, ¿encuentra que es correcto todo lo que se ha ejecutado? Porque, a ver, usted menciona, por ejemplo, que me trae una presentación, y la verdad yo la puedo revisar con detenimiento, pero acá, para muchas personas que están vinculadas, esto no es una apreciación personal; son apreciaciones que me hacen llegar personas de los organismos colaboradores. No lo tome como algo personal, ni como algo emitido por esta Presidenta, ya que se menciona que, claramente, hay irregularidades. Y voy a ser precisa, para no colocar palabras, le voy a dar a conocer que, a mí me parece, organismos colaboradores hicieron observaciones para bajar los costos y luego las bases se modificaron. ¿Usted considera que eso es correcto?
Presidenta: Lo que pasa es que, primero, yo no he hablado ni de ilegalidad ni nada, porque entregué todos los antecedentes a la Contraloría para que sea un ente externo el que defina si efectivamente actué de manera correcta o incorrecta. Yo no vengo acá a plantear y decir que actué correctamente ni a hacer una defensa; vengo a exponer los hechos de cómo ocurrieron y que he entregado a la Contraloría todos los antecedentes para que se pronuncie. Quisiera plantear que, si ustedes se fijaron en las observaciones que hizo la mesa de residencias, ninguna tiene que ver con disminuir costos; incluso hay un par de comentarios que apuntan a aumentar costos.
Deme un segundo. Son preguntas que me han hecho y yo prefiero preguntarle a usted: Usted, aquí, dice que compartió borradores de las bases de los concursos públicos a las fundaciones que se lo ganaron, o sea, que se lo adjudicaron. No, diputada, eso no es correcto. Lo que se compartió fue un borrador de orientaciones técnicas, que es distinto. Las bases de licitación contemplan bases administrativas y bases técnicas; este era el borrador de las orientaciones técnicas, que es un documento distinto y muy importante. Pero, antes de que se subieran las licitaciones, usted compartió un borrador. Y, para dejarlo claro, esto es lo que frecuentemente hace el Servicio, porque trabaja con colaboradores. El 97% de la oferta la implementan los colaboradores, y por eso yo le planteaba la co-construcción de las orientaciones técnicas. Pero a quienes usted les compartió este borrador —que entiendo lo que me menciona—, fueron quienes finalmente se lo adjudicaron. Entonces, igual, usted debe entender que, para ser muy precisa, los colaboradores acreditados son los únicos que se podrían haber adjudicado los proyectos, dado que el requisito legal es ser un colaborador acreditado, que son los que tienen la experiencia. Pero lo que quiero transmitir es que se hace una comunicación abierta; se invita a todos los colaboradores y, en este caso, hay nueve proyectos. Se reciben ofertas en cuatro proyectos, es decir, en la mayoría no hubo interesados, y de esos quedan tres adjudicados, dos de los cuales son oferente único, sin que siquiera haya competencia.
Sí, pero, director, perdón, yo no quiero que esto se vea como un juicio. Yo le estoy preguntando para aclarar las cosas que a mí me mencionan los otros organismos colaboradores que acusan, porque usted comprende...
Verá que esto que apareció en la prensa no se difundió de forma aislada, sino porque existen denuncias y situaciones irregulares que las personas han puesto en evidencia, y este medio tomó el caso y lo sacó a la luz. Sin embargo, los organismos a los que usted presentó dicho borrador fueron los que se adjudicaron, pero dicho borrador no se presentó a los nueve integrantes que usted menciona.
Diputada, lo que ocurre es que, en primer lugar, la mesa de residencia representa a la mayor parte de los colaboradores que administran residencias en el país. Dicha mesa agrupa a más del 53% de las residencias, y el 55% de los niños en residencia se encuentran en instituciones de organismos colaboradores que, de manera voluntaria, forman parte de la mesa de residencia del año 2016. Usted plantea que se trataría de una asociación, lo cual no puedo confirmar, ya que en estas adjudicaciones no hubo competencia: fue oferente único, es decir, no se presentaron otros oferentes para ganar la licitación. Esto es importante para distinguir la situación.
Permítame aclarar que se le entregó un borrador el 18 de octubre; los organismos mandaron sus comentarios el 29 de octubre y luego continuamos trabajando en el tema. Las bases técnicas –en las que ya no se incluían orientaciones, sino parámetros definitivos– se publicaron el 17 de diciembre. Entre los comentarios enviados por la mesa de residencias y dichas bases técnicas, no se sostuvo una negociación, en el sentido de que los comentarios realizados fueron agradecidos y tomados como uno de los antecedentes a considerar. Es importante precisar que los correos electrónicos a los que se hace referencia son internos, ya que lo filtrado se relaciona con la interacción interna de los equipos técnicos del servicio y sus opiniones sobre ajustes al modelo, hasta alcanzar la aprobación final en diciembre. Durante ese intertanto, no se adelantaron ni se entregaron las bases de forma parcial.
Quisiera agregar que, de las 26 preguntas del proceso de concurso, 23 provinieron de representantes de organismos integrados en la mesa de residencias. Por lo tanto, no se trata de que el proceso haya estado "arreglado", puesto que fueron ellos mismos quienes interpelaron la mayor parte de las cuestiones, lo que explica la extensión del proceso durante dos meses, otorgando siete semanas para que los colaboradores presentaran sus proyectos de funcionamiento.
No me corresponde a mí emitir juicios sobre el trabajo personal de nadie, pero debo indicar que, ante los problemas presentados en el servicio Mezconiñez y los informes lapidarios de la Contraloría –considerando que, en ocasiones, ni siquiera se han rendido cuentas de los numerosos recursos que dicho servicio contó el año pasado en esta comisión –, y con los informes que entrega la Corte Suprema en medio de lo que ocurre a nivel país en un servicio tan importante como el de mejor niñez, resulta inaceptable que, antes de que se inicie una licitación, se envíe un borrador y posteriormente se suba la licitación. Esto claramente no es el camino, ya que debemos luchar por la transparencia en todas nuestras acciones, especialmente cuando se trata de nuestros niños, en un servicio tan cuestionado y con residencias que, en muchos casos, no cumplen con los requisitos básicos, existiendo irregularidades, violencia, consumo de droga y casos de explotación sexual infantil.
Presidenta, lo que sucede es que algo planteaba la subsecretaria sobre el modelo de protección…
Una especializada en Chile apunta que no es un pago contra servicios. Lo que hace es que el Estado realiza un aporte financiero estatal, que en el caso de las residencias es de aproximadamente el 70%. Es decir, el Estado aporta y el resto debe ser buscado por el colaborador, lo que implica que nos financiamos al 100%. Esto ha llevado a que se hayan cerrado 24 residencias en los últimos dos años; de las residencias que tenemos hoy, 97 presentan sobrecupo en las gestionadas por colaboradores, 127 están bajo una resolución de urgencia –no cuentan con un convenio vigente– y actualmente hay 258 niños en lista de espera.
El diseño técnico corresponde, por cierto, a un trabajo realizado por el servicio. Sin embargo, nuestra ley—según lo aprobado en el Congreso Nacional—establece que debemos consultar a los colaboradores acreditados respecto del diseño técnico de los programas. Comprendo que pueda parecer extraño, ya que el mercado se rige por la Ley de Compras Públicas, pero nuestro deber ético es preguntar a quienes ejecutan los programas cuáles son las características del modelo. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando se intenta contratar a un terapeuta ocupacional y no se encuentra uno? Esto implica que no habrá intervenciones que faciliten el tránsito hacia la vida independiente. Si en una comuna no se admite, por ejemplo, la presencia de un psicopedagogo o de un profesor, significa que nadie realizará esa intervención.
Por ello me parece fundamental escuchar los aportes de los colaboradores, las universidades, la sociedad civil y también de los propios niños, niñas y adolescentes. Estas bases se compartieron con la residencia, y no con las universidades. Así, y considerando que nuestra ley presidencial—tema que hemos llevado a la Comisión Asesora Presidencial en materia para que regule al menos el trabajo que realizamos—establece en su noveno transitorio que, para el diseño de la oferta, el servicio debe considerar la opinión de la sociedad civil, se plantea lo siguiente: es una cosa solicitar opiniones a las residencias, organismos y sociedad civil, y otra distinta enviar un borrador que posteriormente se utilice para adjudicar residencias. A lo menos, se debe reconocer el aporte de todas las personas que hoy cuestionan lo sucedido. No afirmo que se haya cometido alguna ilegalidad; seguramente, el servicio opera dentro de normas habituales, pero lo que observo es que esta práctica no se percibe de forma adecuada.
Asimismo, cabe destacar que quienes reclaman no han sido ni los parlamentarios ni la sociedad civil en general, sino los propios organismos y otras residencias, quienes han remitido correos que evidencian la dirección de esta licitación. Se cuestiona cómo es posible que, al enviar un borrador y recibirlo de vuelta, la misma residencia con la que se compartió información termine adjudicándose el proceso. Esto hace parecer que solo se adjudican residencias que forman parte de la mesa de residencias, cuando en realidad, las adjudicaciones abarcan tanto a instituciones pertenecientes a dicha mesa como a otras que no lo están.
Finalmente, quiero plantear que, con el aumento de derivaciones al Servicio de Protección, actualmente contamos con 705 guaguas entre 0 y 3 años en residencias, cifra que sigue creciendo mes a mes, y en marzo se recibieron 247 guaguas entre 0 y 2 años. Es imperativo ampliar la capacidad de respuesta; por ello, debemos escuchar a los colaboradores que implementan los programas y conocer sus opiniones, fundamentadas en la experiencia técnica. Mi argumento es que nuestra ley nos ordena hacer esto.
Lo único que deseo decir es que, si bien entiendo lo que usted me comenta, lo que se cuestiona hoy no es esa cuestión. Se trata de que no todos los organismos intercambiaron correos ni recibieron la información necesaria para postular a esta licitación, y eso es lo que quiero dejar claro.
Sí, directora, le agradezco de todas formas lo expuesto.