Cámara de Diputados - Salud - 5 de mayo de 2025

Gracias por el sentado que les he pedido, a las que les interesa el saludo y a todos los que recibieron la disculpa de la ministra; por favor, discúlpenla y se la ofreceré. La idea de esta reunión es alinear este paso a la cuenta para justificar la discusión y votar, en general, el proyecto de ley que fortalece la Superintendencia de Salud y modifica las normas indicadas. Toda sesión nuestra es la primera prioridad que tiene la cuenta que hace nuestro secretario. Se ha recibido una excusa de Jorge Kirchner, por no ser posible su participación por compromisos laborales impostergables; no obstante, lo anterior remite sus comentarios y observaciones respecto al proyecto de ley. Un reemplazo del diputado Daniel Lilayú por el diputado Felipe Donoso y un pareo entre el diputado Hernán Palma y el diputado Felipe Donoso. Un proyecto iniciado por varios diputados que modifica el Código Sanitario para autorizar a los fonaudiólogos a practicar exámenes de audiometría sin necesidad de orden médica. Un oficio de la Corte Suprema por el cual se remite opinión respecto del proyecto iniciado en moción, referido a la Ley General de Servicios Eléctricos, para asegurar la continuidad del suministro de electricidad a personas con electrodependencia. Un oficio de la Ministra de Salud, mediante el cual responde e informa sobre el estado de los pagos de incentivo al retiro a los trabajadores de la salud y los plazos de cada uno de ellos. Un oficio, también de la ministra, que responde a una de las comisiones e informa sobre la pertinencia y legalidad de la carta dirigida al director del Fondo Nacional de Salud por parte de la Asociación de Clínicas Privadas de Chile, en relación con el funcionamiento de la modalidad de cobertura complementaria y el valor de los aranceles de las prestaciones. Una carta recibida del presidente Anfusi, quien reitera la solicitud de que se lea la carta de la semana pasada que ellos habían enviado. Un oficio del director de Senabas, mediante el cual responde a una de las comisiones e informa sobre la situación de stock de medicamentos garantizados por el GES para personas de fibrosis quística, especialmente en el Hospital del Tórax. Un oficio del ministro de Energía, mediante el cual responde a una de las comisiones e informa respecto a la forma en la cual se financia el coordinador eléctrico nacional y si ello implica un cargo en las boletas de los ciudadanos. Después del número 8 al número 94 de la cuenta, se reciben oficios de diversos organismos públicos que informan sus glosas presupuestarias en cumplimiento de la Ley de Presupuestos del año 2025; no los voy a leer porque son 90. Un oficio de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, mediante el cual se solicita recibir en audiencia a las siguientes organizaciones gremiales del sector salud: Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros de Chile.

Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud, Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud y Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud. Lo anterior, a propósito de la reciente ocupación pacífica de las dependencias del Ministerio de Salud por parte de esas entidades, se realizó como forma de protesta ante el incumplimiento que denuncian de compromisos asumidos por la autoridad en materias como carreras funcionarias y estabilidad laboral. Una carta de la Asociación de SAPRES de Chile, mediante la cual manifiestan su preocupación en relación al proyecto de, estamos viendo nosotros, sobre enfermedades y condiciones de preexistencia; señalan, entre otras cosas, que el modelo de reaseguro propuesto, lejos de aportar soluciones, incorpora complejidades de operación y mayores costos para los afiliados. Y finalmente, un correo de un particular, paciente crónico con múltiples condiciones médicas graves y madre de niña trans, menor de edad acogida legalmente a la ley 21.120 sobre identidad de género. Solicita apoyo en la visibilización, fiscalización y seguimiento de un caso de vulneración múltiple de derechos humanos sufrido por su hija y por ella en el sistema de salud. Muchas gracias. Gracias a él. Me dejo la palabra para referirse a la cuenta a los diputados presentes. Diputado Lagomarsino, ¿algún comentario sobre la cuenta? (El diputado Rosa está pidiendo.) Diputado Lagomarsino, adelante. Sí, presidente, en relación a la respuesta del director de la central de abastecimiento por los medicamentos de la fibrosis quística, los cuales han sufrido algún problema de abastecimiento, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de pacientes muy complejos, que habitualmente en invierno se complican y presentan complicaciones gravísimas, me parece que la respuesta es demasiado simple al solo decir que se trata de medicamentos de importación, por lo que no se planificó su compra, sino que se adquieren mediante licitación y que la licitación está en curso. Creo que tiene que haber una respuesta más rápida para disponer de los medicamentos antes de este invierno, porque tenemos que asegurarnos –y quisiera que la ministra de Salud deje antecedentes de que este es un problema que debe resolverse antes del invierno, que está a la puerta–, sobre todo porque son pacientes muy críticos. Gracias. Se habló por el número 97 de la cuenta... ah, ¿96? Ah, ya está bien, pero hay que asociarlo al hospital. No me quedó claro. Mi intención es señalar el hecho y pedir explicaciones sobre cuándo estarán disponibles, ya que la idea es que lo estén antes del PIC. Adelante, diputada Cordero. ¿A los fines del verano, no? No, no, no, no. Yo creo que es un poco más. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Adelante. A los miembros de esta comisión: estoy profundamente preocupada, en mi condición de psiquiatra, por lo ocurrido la semana pasada, cuando dos carabineros están presos por haber matado a un paciente. Llevo años, por no decir décadas, ofreciendo cursos gratuitos a carabineros, porque una vez, cuando vivía en La Reina, vi a un anciano que fue bajado de una cuca de carabineros con la frente sangrada. Me acerqué a preguntarle qué le había pasado y el carabinero me dijo que lo había golpeado con su luma, y era un anciano que estaba medio enlentecido, y yo en ese entonces menstruaba y andaba con toallitas en mi auto, y le tuve que...

Curación, ahí, con la cara sangrante, y la otra día vinieron por el tema de la ketamina que se hurtó en el Hospital de Carabineros. Me acerqué a conversar con los jefes y les dije: “No tienen formación para reconocer a enfermos mentales”. Lo mismo ocurrió con el individuo que atentó contra la hermana de un candidato presidencial; a pesar de su militancia, se observa una clara falta de preparación. Asimismo, una señora fue asaltada y, posteriormente, la jueza—muy suelta de cuerpo—declaró que era un alienado mental, lo que evidencia que la judicatura chilena carece de conocimientos sobre patología mental. Por ello, propongo que redactemos un oficio consultando qué formación tienen los Carabineros en el manejo de pacientes con patologías psiquiátricas, ya que me preocupa; en una ocasión ya tuve que atender a un anciano en situación similar. ¿Sugiere, doctora, que enviemos dicho oficio al Ministro de Seguridad o al General de Carabineros? Yo creo que debe ir dirigido al Ministro de Seguridad, quien me comentó—y recordé haber escuchado—que usted le indicó a los Carabineros, en el área de salud, que no se les debe colocar bototos en el cuello a los pacientes, pues eso podría dejarlos con tetraplejia. Sería adecuado remitirlo con copia al General de Carabineros. En suma, insto a que, como Comisión de Salud, consultemos y recopilemos antecedentes sobre la formación que poseen los Carabineros en temas de salud mental, pues es fundamental que cuenten con una capacitación adecuada, situación de la que actualmente carecemos información. Bueno, ¿alguien más quiere hablar sobre la cuenta? No. Entonces, seguimos. El siguiente punto era terminar la audiencia de la ley que fortalece la Superintendencia de Salud. Para ello, se ha invitado: el señor Jorge Hüttner (quien se excusó); la doctora Paula Daza, ex Subsecretaria de Salud Pública y directora ejecutiva de CIPS UDD (quien participará vía Zoom); la Alianza USS-PUC-UDP, representada por las señoras Carolina Velasco, Daniela (Sugg/Azul) y Paula Benavides; y el señor Juan Ignacio Gómez, en representación de Libertad y Desarrollo. Se comentó: “Ah, o sea que hay dos que no, hay dos personas, dos instituciones”. Perfecto. Muy buen arreglo, muchas gracias. Damos paso a la doctora Paula Daza, a quien recibimos con gran respeto. Es un honor contar con su presencia, aunque hubiera sido preferible que estuviera de forma presencial. Le haré llegar mi documento y mis reflexiones por mail. Muy buenas tardes. En mi calidad de directora del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo, valoro positivamente el propósito fundamental de este proyecto, orientado al fortalecimiento de la Superintendencia de Salud. Consideramos que era una atribución que debíamos avanzar, en especial como garante efectivo de los derechos de las personas en el ámbito sanitario. Esta iniciativa incorpora medidas relevantes destinadas a garantizar lo que más necesitamos: una atención oportuna, continua y de calidad, aspectos esenciales para la protección adecuada. Sin embargo, resulta motivo de preocupación que el proyecto no contemple mecanismos administrativos eficaces que aseguren una gestión oportuna y diligente en los reclamos ciudadanos. Si bien posee numerosos aspectos positivos, deseo aportar algunas consideraciones adicionales…

Con algunos puntos sé que han participado en estas propuestas otros actores; por lo tanto, me voy a referir a aquellos aspectos en los que no se han presentado ciertas iniciativas. En la práctica, los plazos de respuesta pueden extenderse incluso por periodos excesivos, llegando hasta un año, lo que implica una afectación directa al derecho de las personas a obtener una resolución pronta y eficaz en casos de vulneración de su derecho a salud. Actualmente, los usuarios del sistema deben enfrentar dilaciones, a veces injustificadas en el estado de los requerimientos, lo cual paradójicamente empuja a muchas personas a acudir a la justicia ordinaria, pese a los mayores costos y barreras procesales, lo que debilita la legitimidad y funcionalidad del canal administrativo previsto para garantizar una resolución especializada y ágil. Una institucionalidad sanitaria robusta no puede limitarse a ampliar sus facultades de fiscalización sin garantizar, de manera correlativa, una mejora en la eficiencia de su funcionamiento interno. La legitimidad de la Superintendencia depende tanto de su capacidad de control como de su aptitud para brindar respuestas oportunas y satisfactorias a la ciudadanía. En este sentido, quiero expresar que resulta indispensable que el proyecto incorpore de manera expresa plazos máximos perentorios para la tramitación de los reclamos, así como responsabilidades administrativas claras y sanciones efectivas en caso de incumplimiento por parte de las autoridades encargadas de resolverlos, conforme al principio de igualdad ante la ley. Si se establece un régimen sancionatorio estricto para prestadores y aseguradores, como lo contiene este proyecto de ley, me parece que, con mayor razón, debe exigirse responsabilidad institucional al órgano fiscalizador. En lo que respecta al principio de transparencia en la atención sanitaria, comparto plenamente su relevancia como pilar fundamental de un sistema moderno y confiable. No obstante, este principio debe armonizarse cuidadosamente con el deber de confidencialidad respecto de los datos personales sensibles de los pacientes, ya que una mayor fiscalización del sistema no puede traducirse en un menoscabo a la privacidad de las personas. Por ello, respecto al ejercicio de las facultades sancionatorias y fiscalizadoras de la Superintendencia, estimo fundamental que se ejerzan bajo criterios de objetividad, proporcionalidad y equidad, evitando toda forma de discrecionalidad arbitraria. Las normas deben aplicarse con igual rigor y claridad tanto a actores públicos como privados, puesto que la aplicación desigual del derecho no solo contraviene los principios constitucionales básicos, sino que además genera incentivos distorsionados y socava la confianza en el sistema de supervisión sanitaria. En cuanto a la propuesta de creación del Consejo Asesor, considero positivo que se configure como una instancia eminentemente técnica e independiente, desprovista de injerencias políticas coyunturales. Solo así podrá cumplir adecuadamente su función de velar por la imparcialidad, la estabilidad y la continuidad del sistema de supervisión, garantizando la orientación estratégica a largo plazo que exige la gobernanza sanitaria. Por último, creo que es imprescindible resguardar el uso eficiente de los recursos públicos. El fortalecimiento institucional no debe implicar necesariamente una expansión del aparato estatal, por lo que resulta necesario evitar la duplicidad de funciones entre la SEREMI de Salud, la intendencia de prestadores y otros actores. El desafío es avanzar hacia una institucionalidad más eficaz mediante una redistribución racional de competencias, apoyada en el uso de tecnologías, la interoperabilidad de sistemas y la innovación pública. El fortalecimiento del sistema de salud no se logra únicamente con buenas intenciones normativas, sino que requiere decisiones estratégicas coherentes con los principios de legalidad, eficiencia, transparencia y responsabilidad, que se traduzcan en la protección de los derechos y en resultados tangibles para las personas. Esas serían mis reflexiones con respecto a la propuesta. Quiero felicitar por la presentación de este centro que nosotros proponemos. Muchas gracias, Presidenta.

Muchas gracias. Vamos a hacer las presentaciones que queden y, después, vamos a darle la palabra al Ejecutivo y al Superintendente para que dé respuesta a los puntos que usted ha planteado y que le parecieron no estar lo suficientemente bien explícitos o a los que no está de acuerdo. Así que vamos a seguir con nuestra sesión, y al final quedarán solamente 20 minutos, en los que se aceptarán preguntas de los diputados y, por supuesto, de los panelistas. A continuación, la Alianza USS-PUC-UDP, representada por la señora Carolina Velasco, Daniel Azul y Paula Benavides, hablará durante 20 minutos entre las tres. Perfecto, ya, adelante. Muy buenas tardes, Presidenta. Muy buenas tardes, Presidenta. Por su intermedio, quisiera saludar también a las diputadas y diputados, al Superintendente, a los equipos del Ministerio y de la Superintendencia, y a todos quienes participan de la sesión. Muchas gracias por la invitación a comentar este importante proyecto de fortalecimiento de la Superintendencia de Salud. Quisiera compartirles que, junto con mis colegas Daniela Chubb y Carolina Velasco, hemos estado trabajando en un análisis de los desafíos que enfrenta el sistema de salud y de los distintos proyectos de ley que se están discutiendo en el Parlamento, y en ese contexto hemos hecho el análisis de esta iniciativa de fortalecimiento de la Superintendencia. El propósito es aportar un análisis técnico, una mirada más transversal, y contribuir a construir los acuerdos necesarios para avanzar en estas materias. En primer lugar, quisiéramos valorar la iniciativa que hoy se presenta. Hemos organizado esta presentación en torno a tres ejes fundamentales. Yo me referiré al primero y, a continuación, mis colegas abordarán los otros dos ejes. El primer eje es el fortalecimiento institucional para optimizar la estructura y el funcionamiento de la Superintendencia. Respecto a este fortalecimiento, se contemplan dos grandes materias. La primera es la creación de un Consejo Asesor, compuesto por cinco miembros de carácter técnico con experiencia en medicina, derecho, economía o salud pública, que serán elegidos por el Presidente de la República mediante el Sistema de Alta Dirección Pública. Este Consejo será presidido por el Superintendente, quien tendrá voto dirimente. El proyecto contempla las causales clásicas de cese en el cargo, incompatibilidades con cargos públicos y privados, y la prohibición para ejercer determinados cargos privados hasta seis meses posteriores a la cesación en el cargo. Las funciones del Consejo Asesor se resumen en: • Aprobar y monitorear el plan estratégico presentado por el Superintendente, el cual se vigila mediante un informe anual. • Gestionar los informes técnicos solicitados por el Superintendente, pudiendo proponerlos y emitir opinión sobre otros informes que éste requiera. • Aprobar la propuesta de cuenta pública. • Colaborar en el desarrollo de metodologías y herramientas para mejorar la fiscalización. • Revisar indicadores de gestión institucional. • Contribuir al diseño de planes de capacitación. El segundo eje institucional se refiere al fortalecimiento de la Intendencia de Prestadores de Salud. A esta Intendencia se le otorgan nuevas facultades y funciones, por ejemplo, la interpretación de normas de su competencia. En ese marco, mis colegas profundizarán en los detalles posteriormente.

Funciones y facultades se fortalecen ampliando la dotación en torno a 25 personas y destinando inversión en soporte, tecnología, etc. Estos son los aspectos más institucionales de este fortalecimiento. Como apreciación general, se comenta que, frente a los desafíos y complejidades que enfrenta el sector salud, es fundamental robustecer la institucionalidad de la Superintendencia como órgano regulador y fiscalizador del sistema en su conjunto, para garantizar la protección de los derechos de las personas en igualdad de condiciones, tanto en el sistema público como en el privado, y asegurar un cumplimiento efectivo y oportuno de la legislación. En cuanto a consideraciones específicas en esta materia, se distinguen dos temas. Primero, el modelo colegiado propuesto para la Superintendencia: su gobierno corporativo contribuirá a una toma de decisiones más informada, autónoma, con criterios sólidos y a una mayor legitimidad y eficacia en la regulación. Se reconoce, sin embargo, que existen aspectos susceptibles de mejora. Segundo, es fundamental dotar a la Superintendencia de mayores facultades y capacidades técnicas, y al mismo tiempo promover una mayor eficiencia en su organización. Respecto a una mirada más detallada del Consejo, se toma como marco de referencia las buenas prácticas sobre organismos reguladores que dispone la OCDE. Se suelen distinguir tres modelos para reguladores independientes. El primero es el modelo de un consejo, generalmente responsable de la supervisión, orientación estratégica y política operativa del regulador, aunque delega en gran medida la toma de decisiones regulatorias. El segundo es el modelo de una comisión, en el cual el propio consejo asume la mayoría de las decisiones regulatorias sustantivas y se cuenta con un regulador unipersonal, que es el caso actual de la Superintendencia. Por último, se encuentran variantes intermedias en las que algunas funciones regulatorias son asumidas por el consejo. En ese marco general, la literatura indica que los gobiernos corporativos colegiados son convenientes cuando las decisiones regulatorias adoptadas pueden tener un gran impacto en situaciones de riesgo, requieren de un juicio muy especializado, exigen una mirada de largo plazo, una orientación estratégica, demandan mantener coherencia y garantizan independencia frente a influencias externas. Así, adoptar un modelo de gobierno corporativo colegiado resulta muy importante, especialmente en el sector salud. En específico, respecto del diseño del Consejo y de la propuesta, se considera oportuno fortalecer este órgano dotándolo de más atribuciones y de mayor independencia respecto al gobierno de turno. Por ejemplo, su rol debería ser más vinculante en las definiciones estratégicas de la Superintendencia. Hasta ahora, se limitaba a la aprobación del plan estratégico, que resulta bastante general, y al monitoreo del mismo, junto con la aprobación de la propuesta de cuenta pública. Se propone que el Consejo tenga un rol determinante en el establecimiento de políticas de planificación, organización, dirección, supervisión, coordinación y control del funcionamiento de la entidad, así como en la dictación y aprobación de normas de carácter general y circulares, incluyendo los fundamentos de su dictación, de modo que se otorgue mayor estabilidad en el tiempo a la regulación. Asimismo, para fortalecer la independencia del modelo propuesto, se sugiere que el nombramiento del Consejo pueda incluir la ratificación por parte de otro poder del Estado, tal como ocurre en consejos de organismos como el Banco Central. Actualmente, la designación se efectúa mediante el presidente de la República a través del Sistema de Alta Dirección Pública, por lo que incorporar la ratificación de otro poder contribuiría a robustecer la independencia del organismo sin debilitar la Superintendencia, sino integrándola y otorgándole los beneficios de una mayor estabilidad a lo largo del tiempo. Finalmente, en lo que respecta al fortalecimiento de la Intendencia de Prestadores, la ampliación de sus facultades y funciones representa una oportunidad para reorganizar la Superintendencia por funciones. Actualmente, la Superintendencia se divide en una Intendencia de Fondos y Seguros y otra de Prestadores, siendo esta última la más pequeña y la que se está fortaleciendo. En la medida en que se adopta esta decisión, se plantea la pregunta de si ese es el formato adecuado de organización.

Por intendencias que tienen relación con la institución que es supervisada o vigilada y en función de las actividades que se desarrollan, paso a explicar por qué creemos que es el momento y la oportunidad para evaluar una reorganización que distinga, más bien, funciones regulatorias y de fiscalización de instituciones supervigiladas, aseguradoras y prestadoras. Aquí doy algunos ejemplos de los beneficios de esta organización por funciones. La CMF, actualmente la Comisión para el Mercado Financiero, está organizada con cuatro direcciones generales: regulación prudencial (el core de su funcionamiento), regulación de conducta de mercado, supervisión prudencial y supervisión de conducta de mercado; es decir, divide la función de dictar normas de regulación y la de fiscalizar. Esta es también la organización que tiene la Superintendencia de Pensiones, que cuenta con dos intendencias: una de regulación, que abarca materias como pensiones, seguro de cesantía y otras, y otra de fiscalización. ¿Y esto qué permite? Permite una mayor especialización técnica, estandarizar de mejor forma los procesos, generar economías de ámbito y lograr mayor eficiencia en la gestión. Por ello, es fundamental que, cuando se realizan estos cambios —que se hacen una vez cada muchos años— se aproveche la oportunidad para una reorganización, tal como lo ilustra el organigrama de la Superintendencia de Pensiones, que muestra la intendencia de fiscalización de prestadores públicos y privados, y por otro lado, la intendencia de regulación también para prestadores públicos y privados. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Para continuar, mi nombre es Daniela César, economista y académica de la Universidad Diego Portales y de la Universidad de Salud. La sección que relataré se trata del eje del resguardo de las deudas de las personas en materia de salud. Los contenidos centrales que destacamos son: se fortalece el rol de la FIS en la difusión de la normativa y la orientación ciudadana; se establece la creación de un registro público de prestadores de salud sancionados; y se faculta a la intendencia de prestadores a acceder a antecedentes clínicos necesarios para resolver reclamos y realizar auditorías clínicas externas a prestadores institucionales, frente al llamado de la autoridad sanitaria en determinados momentos. Asimismo, se faculta a la intendencia para resolver controversias como un árbitro-arbitrador entre pacientes y prestadores, se mejora el régimen de sanciones de la SID en términos de los órganos públicos y se regula el procedimiento sancionatorio común. En términos generales, estas modificaciones son extremadamente necesarias para el sistema de salud, ya que aportan mayor transparencia, rendición de cuentas y mejor gobernanza, impactando de forma positiva en la calidad de vida de los pacientes y de todos los usuarios del sistema. Además, esta es solo la base y existe la oportunidad de avanzar aún más, adaptando la institución no solo a los desafíos actuales, sino también al sistema de salud que se proyecta para dentro de 10 o 20 años. Es importante que, en la actualidad, el rol de las CIS garantice igualdad de condiciones para todos los pacientes, tanto en FONASA como en ISAPRE. En esencia, lo que se busca en esta discusión es empoderar a la ciudadanía para que tome decisiones más informadas, apoyándose en datos —por ejemplo, la Superintendencia indica que un 39% de los reclamos se deben a la falta de información— lo que refuerza la necesidad de que el proyecto de ley apunte hacia una mayor transparencia. Finalmente, la revisión que realizamos evidencia que los ámbitos actuales de acción de la CIS están definidos en lo que establece la ley de derechos y deberes, y en disposiciones puntuales en GES sobre la relación con las personas y los fondos interisapres en la ley de Cartes y Soda.

Se destaca que las ISAPRES tienen un rol mucho más profundo y general. En la página web de la Superintendencia se pueden apreciar los planes, así como toda la información relacionada con el registro de prestadores y actividades. Agradecemos a todos los que trabajan con estos datos. En cuanto a FONASA, sus ámbitos están bastante delimitados. La función de la CIS respecto a FONASA, el seguro público que cubre al 83% de la población, establece funciones muy particulares, especialmente en lo relacionado con los beneficios de la libre elección, el modelo de cobertura complementaria, la ley Ricardo Soto y GES, es decir, los sistemas garantizados. La ley propone ampliarlo hacia una perspectiva que favorezca la calidad y que sancione, o prevenga, la negligencia de los prestadores. Se evidencia la necesidad de contar con una visión global del beneficiario, es decir, de la persona del sistema de salud, que, independientemente de su seguro, debe disponer de información suficiente para tomar decisiones. Por lo tanto, este es el momento para que la CIS asuma mayores funciones de difusión y recopilación de información, informando a los pacientes sobre los prestaciones de los aseguradores, tanto de las ISAPRES como de FONASA, y ampliando el alcance de la Superintendencia sobre los beneficios que entrega el sistema público. Asimismo, se menciona que, en relación al régimen de prestaciones de salud —en particular, todo lo que comprende el Título 2 del DFL-1—, es probable que una nueva ley incorpore estas prestaciones, dotando a la CIS de la potestad para informar a la ciudadanía sobre sus derechos derivados del seguro público. Es también momento de homologar el rol de la CIS frente a las ISAPRES, ya que, si exigimos rigurosidad en el sistema privado, debemos ser igual de exigentes con el sistema público, sobre todo considerando que FONASA cubre al 83% de la población. Actualmente, el afiliado tiene dificultades para comparar entre opciones, pues la Superintendencia no cuenta con la misma información sobre FONASA que sobre los seguros privados. Ante el cambio de modelo, en el que se vinculan prestadores públicos y privados, cualquier tensión en esta cadena de relacionamientos repercute directamente en los pacientes. Por ello, es rol de la Superintendencia tener la información necesaria y velar por el correcto funcionamiento de ambos sistemas. Respecto al registro público de las entidades sancionadas, se considera lógico, como manifestó la propia Superintendencia, que su objetivo sea disuadir conductas irregulares, mejorar la competencia del mercado y generar información útil para la toma de decisiones. En este sentido, se plantea la implementación de un pool de indicadores de los prestadores, que permita a los ciudadanos tomar decisiones más informadas, considerando no solo si una entidad ha sido sancionada o no acreditada, sino también aspectos como la satisfacción de los usuarios, la rapidez en la atención y los costos de las prestaciones. Por otra parte, se sugiere que la CIS comience a indagar y desarrollar indicadores respecto al seguro público, de forma análoga a los indicadores financieros que ya se recogen en otros ámbitos, ampliando así su rol. Finalmente, se incluyen aspectos que apuntan en el camino correcto, tales como permitir que la CIS acceda a los antecedentes clínicos para resolver reclamos y realizar auditorías clínicas. Es fundamental, tal como indicó la doctora Paula Daza, resguardar la privacidad de los datos y atender todas las implicancias asociadas a dicho manejo de información.