Bueno, muy buenas tardes a nuestros invitados, a los colegas presentes. El acta de la sesión número 159 se da por aprobada y la sesión número 160 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Señor secretario, por favor, dé lectura de la cuenta.
Tenemos una cuenta más o menos larga, ¿no? Así es. Gracias, señor presidente.
Se han recibido los siguientes documentos:
• Oficios del Ministro del Trabajo y Previsión Social, de la directora del Instituto de Salud Pública y del director nacional del IPS, mediante los cuales se da cumplimiento a la Ley de Presupuestos del presente año.
• Un oficio del director nacional del IPS, en el que se remite el informe trimestral por concepto de Pilar Solidario de Pensiones y Pensión Garantizada Universal.
• Un oficio del Ministro de Economía, por medio del cual se remite lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley número 21.578.
• Oficio del abogado oficial mayor, subrogante de Secretaría de la Cámara de Diputadas y Diputados, en el que se comunica que la sala aprobó en general el proyecto de ley que modifica la Ley número 18.700 para otorgar un día de permiso laboral a quienes ejercen como vocales de mesa en elecciones y plebiscitos, correspondiente al boletín número 17.221-13, y que fue objeto de una indicación para que la comisión emita un segundo informe.
• Otro oficio, también del abogado oficial mayor de Secretaría, por medio del cual se comunica que la sala aprobó en general el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para incorporar el contrato de trabajo de salvavidas, correspondiente al boletín número 16.652-13; al haber sido objeto de una indicación, se remiten la totalidad de los antecedentes para que la comisión emita un segundo informe.
• Un oficio de la Biblioteca del Congreso Nacional, por medio del cual se anexan informes sobre contratos de trabajo para salvavidas, con casos de Argentina, España y Estados Unidos.
• Y, por último, un pareo acordado para la presente sesión por parte de los diputados Juan Santana y Mauro González.
Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario.
Si hay palabras sobre la cuenta, parlamentarios presentes, ¿no hay palabras sobre la cuenta?
Tenemos, en función de la cuenta, al parecer dos proyectos que vienen de sala, por efectos de la indicación: uno relativo a los vocales de mesa y otro a los salvavidas, para que los podamos despachar rápidamente y debatir esas indicaciones. Creo que en ambos hubo consenso y se debatió ampliamente, por lo que tomaremos en consideración lo acordado para la planificación próxima.
Bueno, puntos varios, no sé si alguien tiene puntos varios. Mañana es difícil porque estamos esperando el sueldo mínimo del gobierno, que viene con discusión inmediata. Ya, si no hay palabras sobre la cuenta, vamos a partir la orden del día.
Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla, que se divide en tres puntos principalmente:
1. Recibir en audiencia a los trabajadores del Sindicato de Trabajadores BAFONART, según la petición presentada en esta oportunidad.
2. Recibir al señor director del IPS, don Juan José Cárcamo. Bienvenido, director.
3. Continuar con la modificación en materia de trabajo nocturno para mujeres embarazadas y personas que tengan bajo cuidado a menores de dos años de edad, proyecto para el cual ya se encuentran presentes los invitados.
Vamos a partir, por tanto, con el IPS, en función de la exposición que realizó el Ejecutivo en la sesión pasada.
Previo a la distrital para dar cuenta de la implementación de la reforma de pensiones, se expondrán los aspectos que debemos fiscalizar para que esto se haga de buena manera. Llegamos a algunos acuerdos con el Ejecutivo y faltó la exposición directa. Le damos la palabra; tiene 10 minutitos para exponer y, a continuación, se realizará una ronda de consulta. Por favor, remítase al tiempo. Sea usted muy bienvenido. Adelante.
Muchas gracias, Presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Por su intermedio, saludo a todos los honorables parlamentarios y parlamentarias que conforman esta Comisión de Trabajo y Seguridad Social.
Como usted bien señalaba, en la reunión anterior de la Comisión acompañamos a la autoridad del Ministerio; estuvo presente el Ministro del Trabajo, el Subsecretario del Trabajo, el Subsecretario de Previsión Social y también asistió el Superintendente de Pensiones. En esa oportunidad, dado el tiempo, no alcanzamos a exponer; por ello, nos ponemos al día ahora y hemos traído una tabla para esta reunión, en la que le compartiremos, en primer lugar, los hitos relevantes desde la perspectiva de la implementación del ámbito del Instituto de Previsión Social y su red ChileAtiende. Luego, le contaremos brevemente cómo estamos estructurados para enfrentar este desafío, compartiendo los ámbitos de acción que nos corresponden de acuerdo con lo establecido en la ley. Por último, desde la perspectiva ciudadana, se explicará cómo las personas pueden informarse sobre los avances de la reforma o si les corresponde algún beneficio.
De ese punto de vista, partimos con los hitos más relevantes, relativos al rol del IPS. Puede que algunos no se encuentren aquí, como por ejemplo el Seguro Laguna, que ya partió en mayo, pero el IPS no tiene participación en ello. Por lo tanto, este roadmap está únicamente vinculado a las acciones propias de nuestro servicio. Esto parte con la promulgación de la ley en el mes de marzo, y el primer hito para nosotros será la recaudación por parte del empleador, que representa un 1% en el mes de agosto. En ese sentido, para agosto debemos tener todas las capacidades instaladas para realizar dicha recaudación, recibir la información del ente recaudador y efectuar las conciliaciones con el FAP (Fondo Autónomo de Protección Previsional).
Luego, en septiembre, tenemos el segundo hito, vinculado al inicio del pago del aumento de la PGU para el primer grupo de beneficiarios, es decir, para aquellas personas que a esa fecha tengan 82 años o más. Asimismo, la ley establece que en septiembre se debe pagar el incremento de la PGU a los beneficiarios de la Pensión Básica Solidaria e Invalidez, a quienes reciben el Aporte Previsional Solidario e Invalidez, y a las personas que perciben un subsidio de discapacidad. De igual forma, en septiembre ya debemos comenzar a gestionar las solicitudes de los nuevos beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal, que corresponden fundamentalmente a las personas que tienen algún beneficio por las leyes reparatorias exoneradas, Vales y Reti, que también tengan 82 años o más.
Posteriormente, pasamos al año 2026, en el que inicia el pago –una responsabilidad nuestra como administradores del Seguro Social Previsional– de los beneficios establecidos por la ley, tanto en lo relativo a los beneficios por años cotizados como a la compensación por diferencia de expectativa de vida para las mujeres. En agosto de 2026 también se inicia la recaudación con la rentabilidad protegida, en la cual tenemos un rol a cumplir. Finalmente, durante el 2026 se realizará el pago del segundo grupo que aumenta la PGU, referido a personas de 75 años o más, e incorporará a los nuevos beneficiarios que cumplan esa edad.
Finalmente, para el IPS, en el 2027, en el mes de septiembre se comienza a pagar el incremento de la PGU para todas las personas que tengan 65 años o más. También se incorpora el último grupo de beneficiarios de las leyes reparatorias que tengan esa edad y, finalmente, se incorporan alrededor de 4.300 montepiadas de las cajas de Dipreca y Cabrevena, que a partir de esa fecha tendrán derecho a la diferencia de la PGU.
El complemento, exactamente. Luego, ¿cómo estamos estructurados? Bueno, nosotros estamos trabajando en la reforma con la estructura que se estableció a nivel central, donde existen varias instancias. La primera, señalada por el ministro en la sesión anterior, consiste en un equipo liderado por los dos ministros de Hacienda y Trabajo. Dicho equipo se reúne una vez al mes o cada 15 días, y ahí nosotros, como servicio, somos convocados.
Luego, hay otro equipo implementador que está liderado por el subsecretario de Previsión Social, don Claudio Reyes, y en el que nos reunimos todos los jueves por la tarde. En esa reunión participan varias instituciones, tales como la Dirección de Presupuestos, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo, la Subsecretaría de Previsión Social, la Tesorería General de la República, la Superintendencia de Pensiones y el IPS; además, en carácter de invitados, asisten representantes de otras instituciones vinculadas a la reforma, como la FP, Compañía Seguro, DIPRECA, Capreena y otros.
Por lo tanto, internamente también estamos organizados. Tenemos una reunión los jueves en la mañana como preámbulo de la que se celebra en la tarde con el subsecretario, en la cual se conforma un comité de reforma encabezado por los directivos superiores del Instituto y un equipo de implementación liderado por Fernando Arias, quien se encuentra a mi derecha.
Asimismo, se han constituido mesas de trabajo en distintos ámbitos temáticos. Por ejemplo, en el tema normativo (recordando que la ley es solo una parte, aunque existen otras normas que revisar), en el área de operaciones, procesos y tecnología –en la que me acompaña el jefe de tecnología, Roy McKenna–, en la estrategia de atención al usuario con sus canales y en mesas de comunicaciones tanto internas como hacia la ciudadanía, y también en una mesa transversal de soporte correspondiente al back office para asegurar que todo funcione en tiempo y forma.
Nos corresponden, además, tres áreas: primero, hacernos cargo del incremento de la PGU y de los nuevos beneficiarios; segundo, administrar el Seguro Social previsional o prestar labores de soporte al FAP; y tercero, prestar servicios de administración de cuentas y labores de soporte, posibilidad que incorpora la ley para que, en caso de ingresar nuevos actores a las pensiones, puedan contratar al Instituto Previsión Social para desempeñar esta función. Para ello, está Robert Rivas, líder de ese proyecto, quien cuenta con amplia experiencia, sobre todo en la Superintendencia de Pensiones.
Posteriormente, debemos realizar un diagnóstico, evaluar y generar un diseño de servicio para cada una de estas responsabilidades. Esto implica llevar a cabo un seguimiento y trabajar activamente en el marco normativo, en el cual la Superintendencia de Pensiones desempeña un rol fundamental, sin dejar de aportar y hacer sugerencias sobre la materia. Se debe establecer, asimismo, un diseño de operación que incluya la implementación tecnológica requerida, la cual, en algunos casos, se puede afrontar con las capacidades propias del instituto y, en otros, en colaboración con instituciones privadas con experiencia en estas áreas.
Otro tema relevante es la capacitación y formación, tanto de los funcionarios de atención como del personal de back office, dado que la gestión del cambio es esencial en cualquier organización. Este instituto ha estado sujeto a numerosos cambios a lo largo de su desarrollo y existencia, habiéndose hecho cargo de la reforma del 2008, incorporado a Chile Atiende, etcétera. Por ello, la capacitación y la comunicación se convierten en focos prioritarios: es clave informar proactivamente a la ciudadanía sobre la disponibilidad de beneficios, los plazos y el modo de acceso, además de gestionar el despliegue y monitoreo, considerando la implementación gradual de la ley.
En materia de Seguro Social, corresponde al Instituto registrar la incorporación de afiliados al sistema previsional y administrar la información de cada cuenta. Se sabe que en Chile existen alrededor de 500.000 empleadores que cotizan mensualmente para un universo superior a 6 millones de trabajadores, y más de 11 millones de afiliados, por lo que la labor de registro, contabilidad y seguimiento es fundamental.
Individual por cada uno de esos aportes. Eso le corresponde al Instituto. Luego, una vez que las personas ya empiezan a recibir beneficios, como señalamos en enero –y parte del pago de los beneficios–, al Instituto le va a corresponder la labor de conceder y, en todos los casos, de pagar todas estas prestaciones vinculadas con el Seguro Social. Por otra parte, la ley también nos establece la necesidad de contactabilidad, de orientar e informar tanto a los empleadores, como a los ciudadanos y a los pensionados en general, respecto de los beneficios de esta reforma. Esas son las labores vinculadas al Seguro Social.
Los beneficios, ustedes ya lo conocen, fundamentalmente son dos: la compensación por expectativa de vida para las mujeres y el beneficio por años cotizados, que no voy a entrar en detalle porque ustedes fueron los gestores de la ley, así que lo discutieron suficientemente.
Respecto del Seguro Social Provisional, ¿en qué estamos? Estamos diseñando los procesos para la gestión del registro de recaudación. Estamos trabajando coordinadamente ya con el FAP; ustedes saben que se nombró una coordinadora que está iniciando todo este proceso. Además, ya está en marcha el proceso para la formalización de los directores del FAP, quienes ya tienen vida en el sentido de contar con un número root. Están ahora en proceso de crear las cuentas, pues se debe crear una cuenta por cada banco de recaudación (son 12 cuentas), además de las cuentas de pago y de inversión.
En la transición también tiene un rol importante la TGR, la Tesorería General de la República, con la cual tenemos un fluido contacto y una mesa de trabajo. Luego, estamos preparando toda la documentación contractual para el proveedor de recaudación. Ustedes saben que, en Chile, básicamente contamos con PreviRed, con quien ya tenemos una relación contractual; hasta ahora se mantendrán más o menos las mismas condiciones para este nuevo universo de usuarios, lo que está bastante avanzado.
Asimismo, estamos trabajando y apoyando la gestión de las aperturas de cuentas del FAP e identificando todos los flujos y registros de información necesarios para efectuar adecuadamente la concesión y, a partir de enero, los pagos de los beneficios del Seguro Social.
En términos gráficos, ¿cómo opera esto? Los empleadores y trabajadores aportan mensualmente para los fondos de pensiones. Hay un solo proveedor que hace la recaudación; ese proveedor, en la línea de arriba, –si ustedes se fijan– hace que todo recurso, todo dinero, vaya directamente al FAP. No pasa nada de dinero por el IPS; al IPS lo que le llega son datos de la recaudación: cuántos empleadores pagaron, cuáles lo hicieron y a qué trabajadores corresponden. Con esa información, tenemos que hacer las cuadraturas, crear las cuentas y acceder visualmente a las cuentas corrientes del FAP. Es decir, no vamos a intervenir en las cuentas, pero sí vamos a poder visualizar que los recursos que ingresaron correspondan a los datos informados por el ente recaudador.
En cuanto a los reclamos, el IPS es el organismo al que llegan, así como también el administrador de fondos de pensiones o las compañías de seguro, dependiendo de dónde esté afiliada la persona. Siempre el reclamo se canaliza a través del organismo que interactúa con el pensionado. Nosotros vamos a requerir, de acuerdo con los beneficios que debamos pagar, los fondos que el FAP tiene que aportar a través de su cuenta de pago, y procederemos a efectuar esos pagos y las cuadraturas correspondientes. Esos pagos se realizarán a través de los entes que tenemos, pues estamos pagando casi el 80 por ciento de todos los pagos mediante transferencia electrónica, lo que ha permitido bajar notoriamente el pago presencial. Actualmente, tenemos como proveedores de pago a Los Héroes, el Banco y el BancoEstado; por lo tanto, se utilizará ese mismo canal.
Lo importante es que el pago tenga que ser único, de manera que la persona –por ejemplo, pensionada de la FP Provida– reciba el día 8 su pago de subvención autofinanciada y, ese mismo día, si tiene derecho a la PGU, ésta debe estar indexada e incorporada, junto con los beneficios adicionales de su subvención. La transferencia debe estar reunida en un solo pago, y se realiza además una liquidación unificada en la que aparecen todos los abonos correspondientes, comprometiéndose a que sea en el mismo canal de pago y el mismo día, para que resulte lo más simple posible para las personas.
Luego, en segundo lugar, nos corresponde el incremento de la PGU. Para eso, tenemos que ordenar por temporalidad, en un primer momento, los mayores de 82 años, a quienes les daré los números después de la cantidad de beneficiarios. También se incorporan las personas de las leyes reparatorias, y además la ley establece que en el primer año, en septiembre, se paga inmediatamente el diferencial a las pensiones básicas de solidaridad e invalidez, el aporte previsional solidario de invalidez y el subsidio de discapacidad en el primer año. Y después, ya ustedes saben, 75 y 65 al final, más las montepiadas que también van en septiembre del 2027. Eso es lo que tenemos que hacer. Este es el impacto que tiene para septiembre de este año.
Nosotros vamos a incrementar, cumpliendo la ley, a 386.000 personas que tienen 82 años y más, quienes van a recibir este incremento. Hoy día, recordemos que la PGU está en 224.004 pesos y pasará a ser de 250.000. Pero, adicionalmente, 201.000 personas que tienen pensión básica de solidaridad e invalidez también verán incrementada la PGU a 250.000; lo mismo para el aporte previsional solidario de invalidez y 43.000, que pasarán a 125, ya que el subsidio de discapacidad es la mitad de la PGU. Se incorporarían, además, 16.000 personas de leyes especiales que tienen 82 años y más, quienes también recibirán este beneficio a partir de septiembre. Cabe señalar que la ley establece que en septiembre se habilita la posibilidad de solicitar el beneficio, y la interpretación que hizo el reglamento de la Subsecretaría no quedó tan clara respecto a si nos autorizaba o no a habilitar la solicitud uno o dos meses antes, de manera de poder empezar a pagar en septiembre. Estamos a la espera de esa interpretación, ya que es muy probable que, a lo mejor, desde julio ya podamos recibir solicitudes para efectuar los pagos a contar de septiembre.
Además, nos encontramos con un grupo de alrededor de un poco más de 4.000 personas que no tienen el Registro Social de Hogares, requisito fundamental para poder postular, y con las que también estamos trabajando. Esta es la realidad regional de la cantidad de beneficiarios: como ustedes pueden ver, se concentra más, obviamente, en la Región Metropolitana; en segundo lugar, en la Región de Valparaíso; y en tercer lugar, en el Biobío. También les traigo un dato interesante: aproximadamente el 67% de los beneficiarios son mujeres y, en torno al 32 o 33% son varones. La forma de pago definida es que el 80% se realizará a través de transferencia electrónica y solo el 20% de manera distinta. Esa es la distribución aproximada de los 386.000 beneficiarios, tanto en términos de sexo como en la clasificación de tipos de pensionados. Se observa un equilibrio, ya que un porcentaje elevado corresponde a pensiones del Decreto Ley 3500, FP y compañía de seguro –equivalente aproximadamente a lo que son beneficiarios del IPS– y también hay quienes únicamente tienen PGU, sin contar con ninguna otra pensión, lo cual representa un 27% aproximadamente; estos son los primeros que se beneficiarán.
Estamos internamente trabajando en modificar nuestra matriz de pago de la PGU, ya que ahora existen rangos etarios. Se está ajustando el sistema para incorporar las leyes reparatorias. Además, estamos haciendo esfuerzos para informar proactivamente a las personas: a través de la web del IPS, en la que al ingresar su RUT y su fecha de nacimiento pueden saber de inmediato si son beneficiarios y en qué momento se les incrementará la PGU, entre otros detalles. Eso ya está disponible. También contamos con atenciones asistidas y autoatendidas, y estamos generando una estrategia de atención diferente, que se los voy a contar brevemente. Asimismo, se está llevando a cabo una alta transferencia de conocimiento a todos nuestros funcionarios para que puedan atender y orientar a las personas de la mejor manera posible. Esto es lo que corresponde al canal presencial de temas de reforma a la fecha. Se los muestro porque...
Que nosotros pensamos que a lo mejor iba a haber como una gran inquietud y que la gente iba a ir masivamente a nuestros canales de atención, y no ha ocurrido así. Eso significa que probablemente los medios de comunicación y los mecanismos de difusión que se dan por distintos lados han sido bastante efectivos, porque nosotros, desde enero y tras el acuerdo por la reforma, hemos recibido atenciones asistidas preferentemente en sucursales o a través del call center: 7.000 y tantas atenciones, lo cual no es un gran volumen, considerando que el IPS, con su red Chile Atiende, atiende de 22.000 a 23.000 personas diarias. Por lo tanto, 7.000 en cuatro meses por este tema no es un volumen tan significativo. Si se suma lo correspondiente a la página web, hablamos de 28.000 o 30.000 consultas realizadas a través de Chile Atiende, pero tampoco es tanto si se piensa que dicha página recibe de 250 a 270 millones de consultas al año; en términos relativos, son volúmenes manejables. Hasta ahora, tocamos madera: no ha llegado tanta gente a consultar, pero se cree que cuando se acerque la fecha de los primeros beneficios, este número podría incrementarse.
En el ámbito interno hemos realizado mucha labor de difusión, información y capacitación a nuestros funcionarios. Estamos haciendo uso intensivo de la tecnología; los webinars son una buena herramienta, y trabajamos fuerte con las direcciones regionales y los jefes de sucursal, quienes entregan soporte técnico en sus respectivos territorios. Así se han impartido numerosos cursos y capacitaciones, con especial foco en los primeros beneficios, dado que son los que más consultas generan respecto de la PGU y de los beneficios que se pagarán en enero.
La estrategia de atención implementada responde a una lógica de embudo: se realiza una gran contención en los servicios autoatendidos, en especial en la página web, donde se han dispuesto la mayoría de los servicios de carácter transaccional. Se incentiva a que las personas consulten a través de la web y se cuenta con líneas telefónicas con los IBR, lo que facilita la respuesta. De esta forma, se deriva la atención asistida únicamente para aquellos casos que requieren una asesoría más especializada. Además, ya se han dispuesto diversas piezas informativas, que pueden consultarse tanto en el teléfono como en la página Chile Atiende, donde se puede verificar si a la persona le corresponde el incremento de la PGU. También se brinda orientación para quienes no tienen registro social de hogares, mediante atención directa en las sucursales.
El modelo que hemos implementado es proactivo: se envían numerosos mensajes SMS, se utilizan correos electrónicos y se realizan llamadas por voz desde el call center. Se notifica la liquidación de pagos, especialmente para aquellos que tienen leyes reparatorias y califican para la PGU, o para las personas de 82 años o más que tienen derecho a este beneficio. Asimismo, se informa a través de los proveedores de pago, de modo que cuando una persona llega a cobrar, al cajero le aparece una alerta para poder orientarla adecuadamente. Lo mismo ocurre con cada uno de los ejecutivos de atención en los distintos canales (call center, redes sociales, sucursales). Hasta la fecha, ya se han contactado e informado a más de 700.000 personas, lo que probablemente explica la baja cantidad de consultas, al haberse procedido de forma directa a informar a la población.
En cuanto a nuestra última responsabilidad, relativa a la prestación de servicios, administración de cuentas y labores de soporte, estamos preparados para, en un tiempo razonable, atender a aquellos que ingresen al mercado y deseen contratar nuestros servicios. Para ello, ya se ha conformado un equipo de trabajo y nos encontramos en la etapa inicial de apertura de este proyecto. Estamos analizando el marco regulatorio, generando las capacidades necesarias, dimensionando los macroprocesos implicados y desarrollando un modelo operacional para la eventualidad de que se requiera. La primera etapa demorará alrededor de dos meses, en los cuales definiremos una carta técnica al respecto, y se prevé que este proyecto pueda quedar instalado durante el presente año, a fines de año, considerando también la eventualidad de que se requiera su ingreso al mercado.
Los actores también requieren la autorización de la Superintendencia, etc. Por lo tanto, esto lleva su tiempo. ¿Dónde se pueden informar las personas? Con esto vamos terminando: fundamentalmente, las páginas. Nosotros tenemos la página corporativa, que es ips.gov.cl; la página Chile Atiende, que es la tercera página más visitada en Chile; y la página de la Subsecretaría, que se llama la reforma de pensiones.cl. Por lo tanto, ¿dónde consultar? Hay muchos canales también disponibles: no solo los web, sino también las 202 sucursales que tiene el Instituto; se puede preguntar por redes sociales; hay videollamadas, en las que uno se mete a la página Chile Atiende, coloca videollamada y en un par de segundos aparece un ejecutivo que lo atiende vía teléfono. Además, tenemos el call center y, en algunos casos, se realizan despliegues más territoriales y focalizados cuando así se necesita. Por lo tanto, nuestro foco es hacer una buena implementación, obviamente para beneficiar a todas las personas, que van a haber mejorado sus pensiones con esta reforma.
Eso es, presidente, por nuestra parte.
Perfecto, muchas gracias, don Juan José Cárcamo. Muchas gracias por la exposición detallada.
Bueno, tenemos esto para enviarlo al chat de ella.
Perfecto.
Consultas sobre la exposición.
Diputado, adelante.
Gracias, presidente. En primer lugar, lo habíamos conversado de alguna manera la semana pasada, cuando se hizo la presentación general del Ejecutivo. El soporte que va a cumplir el Instituto de Previsión Social es fundamental en esta materia y, por tanto, felicito, a través de su directora, a todos los funcionarios que hacen posible lo que se hace hoy día y lo que se va a hacer en el futuro, que no es menor, al involucrar nuevamente al IPS o Chile Atiende, que ya es el canal del Estado con los ciudadanos, en esta reforma, la cual me parece de una tarea gigantesca.
Por eso, lo que quería preguntar es: ¿cómo está el tema del recurso humano para enfrentar la reforma? Es decir, ¿cómo estamos en recurso humano para la implementación de la reforma? Porque, si bien podemos tener mucha información sobre los pasos y los hitos que se darán desde el 2025 al 2027, es importante saber cómo está el recurso humano para enfrentarlo.
En segundo lugar, más allá de los procesos internos –y de redes, fundamentalmente– que el IPS deba implementar para enfrentar en lo concreto la reforma, hay dos aspectos que yo separo: primero, cuáles son los beneficios que le interesan conocer al ciudadano, o eventual beneficiario; y segundo, lo referido al empleador, quien, por primera vez, debe efectuar un pago al que no estaba acostumbrado, ya que finalmente la contribución no era de él. ¿Cómo están gestionadas esas dos líneas? Porque es fundamental que el empleador, por un lado, sepa con exactitud la forma de pago, cuánto le corresponde pagar, cuál es la gradualidad, etc., y, por otro lado, el beneficiario.
Cabe señalar que no estamos hablando del seguro Laguna –que no corresponde al IPS, aunque representa otro gran hito a cumplirse en el mes de mayo–, sino de los hitos que le son propios al IPS. Hitos relevantes desde el punto de vista institucional son, por ejemplo, el pago del PGU en septiembre y en enero; el inicio, por primera vez, del aporte del empleador; en septiembre se registra el primer pago del PGU, un aumento del PGU, y, no menos importante, el pago por primera vez del beneficio de un seguro social –independientemente de cómo se le quiera llamar–, y el aporte bonotabla.
Entonces, mi pregunta es la siguiente en relación con este tema: lo que vi fue una pregunta que inquiría acerca de cuándo estarán disponibles los canales de atención, específicamente en lo que respecta al aporte PGU. Sin embargo, también existen otros beneficios de interés para la ciudadanía, como el pago de la tabla y el del seguro social, que se realiza en enero, es decir, en un plazo algo mayor. Además, debe existir una canalización de información al respecto.
Por otro lado, y no menos importante, a la luz del tema de Los Héroes y BancoEstado, dos de las entidades encargadas de pagar pensiones por parte del IPS, muchos pensionados acabarán cobrando el mismo día tanto en Los Héroes como en BancoEstado el PGU. Lo pregunto porque sería posible unificar estos canales para que un adulto mayor acuda a un único lugar, en vez de tener que desplazarse a dos bancos o establecimientos distintos para cobrar el PGU y el pago vinculado a BancoEstado.
Pensión del Decreto Ley 3500, esa es mi consulta; además, a veces no encontramos incentivos: ese pago en dos lugares para un adulto mayor. Gracias, presidente. Vamos a acumular todas las preguntas y después vamos a… Diputado Lave, adelante, pide la palabra. Gracias, presidente. Saludo también a todos los que expusieron.
Antes diré la pregunta, un poco más técnica. ¿Cuánta gente, en promedio –creo que eran unos 80 y tantas personas– es la que ustedes tendrán que incorporar para trabajar en el IPS? ¿Cuál será, o más o menos cuál va a ser el criterio para contratarlas? Porque en algún medio salió que están contratando, están buscando gente en la AFP. Me gustaría saber esa respuesta.
Segundo, usted no es nuevo, y no es mi intención ponerlo en contra, pero la cosa es que, si al IPS le costó pagar la primera PGU –dado que una cosa es lo que aparece en la diapositiva y otra cosa es la realidad de la práctica–, y aunque respeto a los funcionarios, esto es de marca mayor, ¿cuál es realmente la seguridad que nos pueden entregar de que no se producirán errores importantes?
Por otro lado, el artículo 55 bits establece que se recaudarán y cobrarán las cotizaciones de los empleadores, tal como dispone la ley para el seguro social previsional. Sin embargo, existe una norma técnica de la Superintendencia de Pensiones, la 510, en la que se entiende –o se da a entender– que se delegan ciertos roles a la AFP, roles que en teoría recaían sobre ustedes en este proyecto. Considerando que el mencionado artículo les asigna la facultad de recaudación, ¿de qué facultad estamos hablando en particular? Les pido, por tanto, que desarrollen este punto con mayor profundidad. Muchas gracias, presidente.
Gracias, diputado. Diputado Sandón, ¿alguna consulta? Gracias, presidente, y agradezco la exposición.
Cuando el señor Juan José Cárcamo habla, se menciona que se reúnen, aparentemente, de forma semanal para revisar las distintas instancias que están trabajando. Recuerdo, y me gustaría precisar, que en algún momento, cuando se incorporaron Capredena y DIPRECA, había algunos pensionados civiles de estas dos entidades –muy pocos y de los cuales no se contaba con suficiente información–. Se acordó ubicar a todas estas personas, que en su mayoría eran civiles (por ejemplo, recuerdo haber tenido algunas reuniones con ellos), y que supuestamente en esta reforma serían ingresados para igualar sus pensiones con la PGU. Mi pregunta es si se recuerda que se mencionó este tema, pues revisé chats con el subsecretario e incluso con el expresidente del Senado, donde se había llegado a un acuerdo, aunque el problema era identificar exactamente a estas personas. Sugiero, en caso de no haberse concretado, establecer los vínculos necesarios, ya que ellos mismos cuentan con asociaciones que podrían facilitar la tarea, para que, cuando se revalorice el sistema (me imagino que en 2027), también puedan integrarse a la PGU y regularizar sus pensiones. Me refiero a los pensionados civiles de DIPRECA y Capredena. Muchas gracias, presidente.
Ya tenemos varias consultas, así que, director, en honor al tiempo, vamos directo al grano. Las tengo anotadas: recurso humano. Sobre el recurso humano.
Diputado Ollual, están respondiendo ahora. Aprovecho para responder al diputado Alavés, pues la cuestión se relaciona. El informe financiero, que viene a la par con la ley, estableció en un inicio una dotación adicional para el Instituto para el primer año de 275 profesionales.
Una vez realizados análisis más detallados –como se evidenció en la diapositiva vinculada con la atención en los canales–, y de mutuo acuerdo con la Dirección de Presupuesto, se decidió reducir esa cantidad, ya que se consideró innecesario incorporar tantas personas. Al principio se preveía una fuerte demanda de atención en los canales, pero como esto no se materializó, el informe financiero determinó que, de los 275 profesionales inicialmente propuestos, solo se incorporen 175 en el primer año, de los cuales, además, se encuentra en proceso de revisión.
En la práctica, hoy día existe un decreto en trámite en la Contraloría General de la República que aprueba 83 cupos nuevos para el Instituto de Previsión Social. ¿83? Sí, exactamente, 83. De estos cupos, mayoritariamente –más del 80%– se contratarán a través de la página de empleo público del Servicio Civil. Estamos en proceso de generar los perfiles, es decir, aún no se ha contratado personal, pues el proceso se encuentra en construcción. Además, habrá un grupo de personas que se incorporará de manera más inmediata, dada la temporalidad y algunos hitos urgentes, mediante concursos acotados que incluyen evaluación psicolaboral y entrevistas laborales. Sin embargo, el grueso de estas 83 contrataciones se realizará mediante un proceso de selección público en el que cualquier interesado podrá postular.
Estas nuevas contrataciones tienen como objetivo principal apoyar a las áreas de proceso, concesión, pago, tecnológica y cobranza, todas ellas esenciales para dar un buen cumplimiento a las exigencias de la reforma. Una pequeña proporción se destinará a canales más especializados enfocados en lo digital, en lugar de lo presencial. Así, confirmamos que, desde el punto de vista del recurso humano, son 83 cupos en total.
Respecto a la articulación entre empleador y beneficiario para otros beneficios, más allá de la PGU, la estrategia de atención contempla a todos, pero parte inicialmente con los primeros beneficiarios. Estos incluyen, por ejemplo, los que recibirán los incrementos de la PGU en agosto y los nuevos beneficiarios de las leyes reparatorias. Se ha registrado que, en el contexto de la Ley especial –correspondiente a exonerados políticos y a informes como el de Vález y el Redig–, se tiene proyectado un primer año de 16.000 beneficiarios, sumándose a un total que podría acercarse a los 45.000 o casi 50.000 a lo largo del año. Cabe destacar que, anteriormente, estas personas solo tenían derecho a un complemento si su pensión era inferior a la PGU, recibiendo la diferencia; ahora, con la reforma, tendrán derecho a la PGU completa.
Adelante, director.
La estrategia es, de manera integral, brindar orientación a todos los actores de la reforma, tanto a empleadores como a beneficiarios, especialmente en lo que respecta al proceso de pago. Para ello, se ha establecido una modalidad consensuada, definida en gran parte por la Superintendencia de Pensiones, en la cual, mediante la misma planilla electrónica que cuenta con 105 campos, el empleador realizará el pago correspondiente.
El 1% correspondiente al Seguro Social, por tanto, será bastante simple y fácil de implementar, sin requerir acciones extraordinarias para que se produzca la recaudación.
Respecto a la ley reparatoria, se plantea la siguiente diferencia con respecto a lo que se estaba recibiendo hoy día: anteriormente, se otorgaba únicamente el diferencial. Es decir, si una persona, por ejemplo, tenía una pensión de exonerados políticos de 200.000 pesos, recibía 24.004 pesos, que correspondían al diferencial para la PGU. Con la nueva medida, ya no se paga solo ese complemento, sino que se suma la pensión base de 200.000 pesos y la PGU, configurándose dos beneficios distintos, dado que la naturaleza de la indemnización por delito de derechos humanos es completamente diferente a la del beneficio de seguridad social. La ley lo establece de esa manera.
En lo que respecta a cobrar ambos beneficios en un solo lugar, se ha establecido un mecanismo: si las personas reciben su pensión contributiva a través de la AFP o la compañía de seguros, la PGU es abonada por el IPS y debe adecuarse a las instrucciones de pago que, en este caso, emiten la AFP y las compañías de seguros. Mensualmente se entregan los datos indicando dónde se cobra, si de forma presencial o electrónica, incluyendo la información necesaria para realizar el depósito en la cuenta corriente. Se seguirá esta misma operatoria para los beneficios del Seguro Social, de modo que, en la mayoría de los casos, se consolide el cobro en un único lugar. Según ha señalado el director, entre el 75 y el 80% de los pagos se realizan de forma electrónica y se depositan en las mismas cuentas corrientes; y, en el caso de pagos presenciales, se utilizará el mismo proveedor de pago, ya sea Banco Estado o Caja Lobero. La única excepción se da cuando el pago se efectúa a través de proveedores menores, como es el caso de Sencillito, ya que IBS no tiene contrato con dicho proveedor.
Por otro lado, a modo de recomendación, se ha observado que existen adultos mayores, como en el caso de algunos en Puerto Montt, que deben desplazarse a distintos lugares para cobrar sus beneficios. Primero, acuden a un establecimiento para recibir su cheque de forma presencial y, posteriormente, se desplazan tres o cuatro cuadras a otra sucursal para cobrar la PGU. Se debería mejorar el proceso para que una persona que es adulto mayor no tenga que recorrer el centro en dos lugares diferentes, lo que sin duda redundaría en un beneficio de sentido común.
En lo que respecta a lo señalado por el diputado Ulloa, se comenta que, en general, se cuenta con dos proveedores de pago: uno para la pensión y otro para la PGU. Así, si la persona opta por cobrar en el banco, se le abona todo en ese mismo lugar, es decir, tanto su pensión como la PGU. No obstante, existen casos de personas que, acostumbradas al cobro presencial, prefieren dirigirse a la Caja Lobero para cobrar su dinero y, a continuación, trasladarse al banco para depositarlo en su cuenta. Para estos usuarios, el cobro presencial es casi un ritual, pues implica encuentros y el mantenimiento de vínculos sociales. Esto se evidencia en situaciones cotidianas, como por ejemplo, en el caso de quien comenta que su madre mantiene esta práctica.
Director, vamos avanzando. El botón, el de acá, ese.