Ah, primero de yo, muy bien. Sí, me ha interesado. Ya, está muy bien, no se preocupe. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. El acta de la sesión de la quinta sesión ordinaria se ha por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sexta sesión ordinaria se pone a disposición de las y los señores diputados y diputadas.
Señor secretario, ahora lectura la cuenta.
Buenas tardes, gracias, presidente.
Se han recibido los siguientes documentos:
1. Un oficio del Ministro de Bienes Nacionales en respuesta a una solicitud de esta comisión, en orden de informar sobre todas las reasignaciones presupuestarias realizadas dentro de esa cartera, al subtítulo que se indica, que permite la compra de inmuebles, y también acerca de las reasignaciones efectuadas dentro de otros ministerios de Bienes Nacionales.
2. Otro oficio, también del Ministro de Bienes Nacionales, en respuesta a una solicitud de esta comisión, mediante el cual se remite una copia del oficio 422 del 12 de noviembre de 2024, donde se manifiesta, a través de un oficio del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, la intención de que sea esta cartera la que adquiera los inmuebles pertenecientes a los expresidentes de la República, Salvador Allende y Patricio Huelo.
3. Un oficio de la Contraloría General de la República, mediante el cual se remiten, para reconocimiento de la comisión, los decretos ingresados a esa entidad de control desde el año 2005 a la fecha, que autorizan la adquisición para el FISCO de Chile, Ministerio de Bienes Nacionales, de los diversos inmuebles que en ellos se indican, y de la misma forma, los decretos que aprueban sus contratos de compraventa, celebrados mediante las escrituras públicas que en dichos actos administrativos se señalan.
4. Un correo electrónico de las arquitectas de la firma B-Arquitectos, mediante el cual excusan su inasistencia a esta sesión por motivo de fuerza mayor.
5. Un correo electrónico de la señora Macarena Díez, quien fue invitada a esta sesión, pero hace saber a la comisión que actualmente continúa con licencia de aprendizaje.
Ya que han surgido algunas complicaciones en su embarazo. No obstante lo anterior y con el ánimo de participar en esta instancia, colaborar con su cometido, se solicita agendar una nueva fecha y hora para participar en esta comisión, idealmente en formato online. En caso de que no fuere posible, se enviará un cuestionario.
En sexto lugar, se recibió un correo electrónico del jefe de gabinete de la Secretaría de Bienes Nacionales, mediante el cual se hace saber que, en cumplimiento del artículo 54 de la Ley 18.9.18 de la Constitución Nacional, se certifica que, por instrucción del subsecretario Sebastián Vergara, la funcionaria Macarena Diez se encuentra con licencia médica.
En séptimo lugar, se recibió un correo electrónico de Tasadores Hermes y Compañía Limitada, mediante el cual se expone la inasistencia a esta sesión, a la que habían sido invitados, en razón de compromisos agendados con antelación.
En octavo lugar, se recibió un correo electrónico de la ex senadora Isabel Allende, en el que agradece la invitación cursada para participar en esta comisión, pero hace saber que, por concurrir con la tramitación de una acción penal en el mismo sentido, decidió no asistir.
En noveno lugar, se recibió un oficio de la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en respuesta a una solicitud de esta comisión, cuyo objeto es complementar la información sobre si se han iniciado sumarios administrativos para determinar eventuales responsabilidades vinculadas con la intervención de ese ministerio en el procedimiento de adquisición de la residencia del expresidente Salvador Allende, ubicada en la calle Guardia Vieja, comuna de Providencia, Metropolitana.
Asimismo, se recibe un oficio adicional de la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, respondiendo a un oficio de esta comisión, en el que se ordena remitir a la brevedad todos los antecedentes relacionados con la participación de ese ministerio en el proceso de adquisición, por parte del Chileno y del TIPO de Chile, de la propiedad antes mencionada.
Gracias.
Gracias, señor secretario.
Sobre la cuenta, diputado Sánchez.
Muchas gracias, presidente.
A ver, dos cosas. Primero que nada, creo que son muy entendibles las excusas presentadas por la señora Macarena Diez. Obviamente, debe ser complejo el trasfondo de las situaciones que la tienen en cama por el prenatal. Por ello, tendría la consideración de dejar esa posición pendiente. Es una situación muy importante, ya que ha trascendido en la prensa, pues ella ha tenido la valentía de sincerar algunos hechos tal como ocurrieron. Entonces, trataríamos de ajustarnos en futuras sesiones para que, cuando se sienta bien y su salud se lo permita, pueda asistir. En un primer momento se intentaría su presencia y, si al final la situación se volviera imposible, quizá se recurra al envío de un cuestionario, pero se haría lo posible por adaptarnos a su circunstancia, de manera que en la medida de lo posible pueda comparecer. Esto representaría un aporte muy relevante al trabajo de esta comisión investigadora.
En segundo lugar, señor presidente, me pareció muy interesante la excusa remitida por la ex senadora Isabel Allende, quien manifestó que no iba a asistir porque estaba preparando una acción penal. No entiendo muy bien en qué convienen ambas situaciones. Quizás entendí mal, pero fue lo que escuché: que no asistiría a la comisión investigadora por estar ocupada preparando una acción penal. En primer lugar, ella ha sido muy transparente al indicar que ya no ejerce la abogacía y, por lo tanto, deben ser sus abogados quienes preparen dicha acción, no ella personalmente la que consuma todas sus horas en ello. No termino de comprender cómo es una excusa pertinente en este caso. Ella no estaba obligada a asistir, eso lo sabemos, pero se trata de una persona electa, que ostenta un cargo de responsabilidad muy relevante, con una historia familiar y una trayectoria político-personal que, a mi juicio, amerita una respuesta sincera ante esta comisión sobre por qué no desea comparecer. Por último, si su intención es venir a explicar contra quién se pretende querellar, que lo haga; pero considero que la ex senadora amerita comparecer para explicar, al menos, los últimos hechos que han trascendido en la prensa y que, en el fondo, se derivan de un supuesto pinchazo de interceptación telefónica.
Tenemos que, al parecer, esto de que ella, la compra de la casa, le había caído en las faldas y no había tenido nada que ver, resulta, al menos, dudoso en cuanto a su veracidad. Entonces, yo creo que, al menos por responsabilidad con Chile y, por último, con el Partido Socialista —en el que entiendo que ella sigue militando—, tiene que venir a sincerar y aclarar todas estas cuestiones que, a mi juicio, son bastante impresentables.
Muchas gracias. Gracias, diputado Sánchez.
Solamente una aclaración. Lamentamos y me sumo a los lamentos porque no está presente hoy día la ex senadora Isabel Allende, cuyo testimonio creo que es muy relevante para poder esclarecer lo ocurrido con esta fallida operación; es la segunda vez que no asiste, a pesar de las invitaciones. La excusa que ella señala —para clarificar, diputado Sánchez, lo que usted comentó— es que, pese a agradecer la invitación y haber pulsado para participar en esta comisión, dada la naturaleza de esta instancia y su vinculación a la tramitación de una acción penal en este mismo sentido, ha comunicado su voluntad de no asistir.
Puede tratarse de la acción penal que se está desarrollando en estos momentos; sí, puede interpretarse en uno u otro sentido. Igualmente, podría tratarse de la acción penal; no obstante, yo imagino que lo que quiso decir —sin querer ponerme en su posición— es que, al haber una acción penal en curso, recomendada por su abogado, decidió no asistir, como ocurrió en su momento con el señor Moreno. Obviamente, son excusas que a mí no me parecen válidas, y además no señala expresamente que esté tramitando una acción penal que vaya a presentar, por si esa era la duda en esta comisión. Dicho eso, dejo la palabra al diputado Leiva.
Muchas gracias, presidente.
Creo yo que la interpretación que usted señala es natural y obvia, y se desprende de la propia carta de excusa de la ex senadora Isabel Allende, lo que también he planteado en esta instancia. La materia que se está viendo muchas veces, a mi juicio, de una manera inadecuada en esta comisión es exactamente la misma que se desarrolla en un reproche penal ante el Ministerio Público, y, en mi opinión, la ex senadora, que no tiene ninguna obligación de asistir ni siquiera de excusarse, lo hace porque respeta mucho las instancias y, particularmente, esta corporación. Ella plantea que, dado que la materia que versa en muchos casos de manera inadecuada, insisto, esta comisión es exactamente la misma de materia penal por recomendación de su abogado, decide no asistir. ¿Y por qué lo digo, presidente? Con esto termino, pues hemos reiterado de manera insistente, de una u otra forma, para contrarrestar argumentos falaces que buscan denostar a otras personas.
Esta Comisión Especial Investigadora tiene como mandato el investigar, analizar y estudiar los actos de gobierno. Y vuelvo a insistir: este acto de gobierno, que es el decreto 432 —si mal no recuerdo, efectivamente fue tomado de razón por la Contraloría, que, conforme a los artículos 98 y 99 de la Constitución y al artículo 9º de la Ley Orgánica Constitucional de Contraloría, tomó razón sin realizar observaciones, salvo algunas relativas a acompañar formalmente ciertas tasaciones—, además, la propia Contralora lo reiteró en el mismo sentido desde el punto de vista estrictamente jurídico, están absolutamente apegadas a derechos. Solo eso, presidente; insisto en que comparto con usted las excusas de doña Isabel Allende, ya que tiene justamente esa interpretación. No creo que haya lugar a malos entendidos. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado Leiva.
Por favor, le solicitaría a cada uno de los diputados que van a intervenir —pues imagino que es sobre el mismo punto— que sean lo más breves posible, porque contamos con dos invitados de quienes todos tenemos ansia no solo de escuchar su testimonio, sino también de formularles preguntas. Dicho eso, dejo la palabra a la diputada Navellán, a la diputada Marlene Pérez y, posteriormente, al diputado Benavente. Y cerramos, por favor, este punto. Gracias, presidente.
Mire, presidente, la verdad es que que venga o no venga la ex senadora Allende a mí no me asombra para nada; era claro que no iba a venir. A mí lo que realmente me interesa es llegar a una conclusión respecto de las actuaciones del gobierno. Tenemos hoy acá al señor Carlos Durán, y espero que esta vez pueda dar una opinión realmente sustanciosa, a diferencia de lo ocurrido en otras comisiones investigadoras. También contamos con la presencia del señor Demetrio Benito Olas, cazador, quien creo nos brindará una iluminación bastante importante respecto del tema. Pero yo creo que, en este punto, lo esencial es…
No es que la senadora Isabel Allende se expusiera o no, sino que, claramente, ella no iba a venir. Acá lo importante son las conclusiones a las que nosotros vamos a llegar, tomando en consideración quiénes han venido y quiénes no, porque el que no venga es una opinión. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputada Navellán. Diputada Marlene Pérez.
Muy breve: lo primero, mencionar que considero que sería positivo que la sigamos invitando, presidente; no sé si lo tiene en la comisión. El diputado Leiva, por su intermedio, mencionaba que la ex senadora respetaba mucho la institucionalidad. Bueno, la verdad es que yo no pienso lo mismo, pero sí considero que es muy necesario y muy bueno que ella pueda estar acá y entregar información que creo que es valiosa para esta comisión investigadora. Así que, solo eso; y también comparto que debemos escuchar a los invitados para poder avanzar y no hacer una defensa corporativa de lo que se diga, porque, si no, no avanzamos nada en las comisiones. Muchas gracias.
Diputado Benavente, Gustavo: Gracias, presidente. Perdón, solo para clarificar: es cierto que esta comisión, obviamente, tiene por objeto investigar los actos de gobierno involucrados en esta operación. Pero investigar los actos de gobierno no solo implica invitar, citar o que vengan personas que necesariamente estén en el gobierno; acá también los demás involucrados en la operación, claro, nos pueden ayudar a llegar a certezas, que es lo que nosotros necesitamos. Y en tal sentido, aquí yo discrepo del diputado Leiva en que prácticamente a la senadora Isabel Allende no se le puede invitar, porque ella parece que está en el Olimpo y, mientras algo estaba pasando en la tierra, envió a alguien cercano a ella, a un mandatario, para que viera lo que sucedía, y ella es intocable. Entonces, la verdad, presidente, es que aquí estamos perdiendo el foco. Si la senadora Isabel Allende quiere o no quiere venir, si quiere o no quiere excusarse, es irrelevante. Obviamente, ella no está obligada a venir, pero aquí, nuevamente, volvemos a lo que vimos al inicio de esta comisión, en la primera sesión: esta especie de blindaje para algunas figuras, como aquellas con apellidos sacrosantos en Chile, a quienes no se les puede tocar ni con el pétalo de una rosa. A mí me parece, presidente, del todo, o al menos, improcedente, y yo no voy a aceptar que aquí, al citar a una persona, se la someta casi a un tribunal de la Inquisición. Ella también estuvo involucrada en estos actos, directa o indirectamente, personalmente o a través de un mandatario, y a mí no me vengan con argumentos de que ella no sabía lo que estaba pasando, porque la realidad nos está demostrando lo contrario. Gracias, presidente.
La presencia de la ex senadora era relevante, particularmente por las escuchas de la conversación que tuvo el señor Crispi con su madre y las eventuales presiones que habría ejercido la ex senadora Isabel Allende. Por eso era importante que estuviera acá para efectos de aclarar o, bien, hacer los descargos respecto a esta situación, pero bueno, no vino, y lo más probable es que no venga, debido a que se encuentra abocada a la acción penal que se está desarrollando. Si esa fuera la interpretación, claramente, al igual que el señor Moreno, no tiene intención de venir a esta comisión, pese a la participación que tuvo en esta fallida operación.
Dicho eso, señor secretario, quiero insistir respecto a dos puntos concernientes a los oficios. Para esta comisión es muy relevante contar con las dos minutas que, al menos, públicamente se conocen: la del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, en la que el señor José Cortés indicó que la habían acompañado, y que, revisando dichos documentos –que estaban en carácter de reservado–, no encontramos dicha minuta. Por lo tanto, le insisto en la importancia de obtener ese documento, sin perjuicio de lo ya hecho en la sesión anterior, ya que es muy relevante; al igual que la minuta que realizó Macarena Diez, ex jefa jurídica de Bienes Nacionales, en la que se señaló que había consecuencias políticas, jurídicas y morales, y que habría sido entregada a los asesores de Presidencia. Esa minuta tampoco aparece en el expediente de Bienes Nacionales, según lo que se ha manifestado.
Que hemos podido revisar y es muy relevante para esta comisión contar con ello, así que le pido, por favor, señor secretario, que pueda insistir en aquello. Diputado Leiva. Y también me gustaría que reiteráramos el oficio número 029 del año 25, fechado por nuestra secretaría el 22 de abril del 2025, en donde se solicita al Ministerio de Hacienda informe respecto de los gastos efectivamente realizados en función de esta fallida compra-venta, presidente. Si usted lo tuviera bien, insistir también en ese oficio. Gracias, presidente.
Reiteramos el oficio, señor secretario. Pasamos a la orden del día. La presente sesión tiene por objeto tratar las materias que aluden a los mandatos conferidos sobre la cuenta, doctora Ana.
Presidente, entiendo que hoy día estaba citada también o invitada doña Macarena Díez. ¿Y ella sigue siendo parte del gobierno? Macarena Díez sigue siendo parte del gobierno, está con licencia médica, es funcionaria; lo que ocurre es que ya no ejerce las funciones que tenía previamente, siendo jefa jurídica. Sin embargo, le daremos el espacio, pues, al estar con licencia, podremos reagendar y, en caso de no poder asistir, le enviaremos un cuestionario con preguntas, según ella nos indicó a través de la excusa. Buscaremos reagendar en las sesiones que quedan. ¿Tomamos el acuerdo por los oficios? Acordamos.
Ya, la presente sesión tiene por objeto tratar las materias resultantes de los mandatos conferidos en la sala. Han sido citados el señor Carlos Durán, que está con nosotros, jefe de gabinete de la Presidencia de la República. No mencionaré a otros invitados porque no han asistido. Está también el señor Demetrio Benito Olas, perito tasador judicial, a quien agradecemos asimismo por su presencia en la comisión.
Procedemos a iniciar con el señor Carlos Durán. No sé si tiene una presentación. Le dejo el uso de la palabra, señor Carlos Durán. Varios de nosotros manifestaremos algunas observaciones al final de la comisión.
Muy buenas tardes, presidente, y por su intermedio, buenas tardes a los honorables parlamentarios y parlamentarias presentes en esta sala. Concurro a esta comisión, a la que he sido citado, con la intención de colaborar en los objetivos que ésta se ha propuesto y con la disposición a responder preguntas en torno al interrumpido proceso de adquisición de la casa de Guardia Vieja, en donde habitó el expresidente de la República, Salvador Ayala.
Tal como ha sido señalado por distintas autoridades de gobierno y, particularmente, por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, frente a esta misma comisión, la iniciativa de esta adquisición por parte del Estado formaba parte de un interés mayor, consistente en la puesta en valor y reivindicación de la memoria y del patrimonio respecto a nuestra historia reciente; un interés, por cierto, trascendente al de esta iniciativa en específico, que se expresa de diversas formas y que, por supuesto, se encuentra abierto a las legítimas diferencias y apreciaciones propias del debate democrático.
Esta iniciativa de adquisición, cuyo fin era ofrecer a la ciudadanía una casa-museo que rescatara la memoria tangible de una parte importante de la historia política del siglo XX, estuvo radicada en un primer momento en el Ministerio de las Culturas, específicamente en el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, para luego, durante el año 2024, y tal como es de público conocimiento, ser derivada al Ministerio de Bienes Nacionales a partir del mes de junio de 2024, pasando por una serie de procesos, tal como fue explicado en esta misma sala por funcionarios directivos del Ministerio de las Culturas y por el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa.
De ahí en adelante, y mediado decreto autorizatorio dictado a razón por la Contraloría General de la República y, por consecuencia, por medio de un decreto apegado a la norma, fue el Ministerio de Bienes Nacionales la entidad encargada de llevar a cabo el proceso de compra, interrumpido el 3 de enero de este año. Dicho proceso, objeto de seguimiento por parte del equipo de políticas públicas de la Presidencia – que, cada cierto tiempo, reportaba a esta jefatura de gabinete y a la jefatura de asesores junto a muchos otros temas propios de nuestro quehacer diario, respecto de su estado de avance – constituye un procedimiento que forma parte del trabajo cotidiano de los equipos de Presidencia. Este proceso es ejecutado por un equipo de asesores que, como es sabido, no cuenta con potestad administrativa, sino que se encuentra mandatado para recibir información relevante y prestar asesoría respecto del cumplimiento del programa y de los compromisos del gobierno.
En el ejercicio de esta función...
Es que el equipo de Políticas Públicas de Presidencia dio seguimiento al proceso de compra que nos ocupa. El objetivo era dar cumplimiento, en tiempo y forma, a lo autorizado por la ley de presupuesto del año 2024 en cuanto a la adquisición de la vivienda de Guardia Vieja, para lo cual participó en diversas instancias de coordinación propias del trabajo de estos equipos y en las que, en mi calidad de jefe de gabinete, no me tocó participar dada la naturaleza altamente específica y técnica de la materia en cuestión.
Respecto a los reportes recibidos, debo decir que estos referían a hitos generales, tales como el traspaso del proceso al Ministerio de Bienes Nacionales, la necesidad de la dotación de un decreto presidencial para utilizar la compra y la existencia de un proceso de control de legalidad externo por parte de la Contraloría General de la República. Los detalles del proceso de compra, expuestos por diversas autoridades y fuentes de información disponibles a partir del 3 de enero y presentados en esta misma comisión, eran desconocidos dada su naturaleza sectorial.
Durante este tiempo debo señalar tajantemente que en ningún momento recibí información relativa a las inhabilidades o consecuencias constitucionales que este proceso podía generar, ni por parte de los equipos de Presidencia, ni de otros funcionarios de gobierno, ni de terceras personas.
Como es sabido, la comunicación pública respecto al proceso que acá nos ocupa fue realizada el día 30 de diciembre del año 2024 mediante comunicado emitido desde el Ministerio de Bienes Nacionales, el cual, en días posteriores, respondió a los requerimientos de prensa relativos a los detalles del proceso de compraventa. Hasta que, en horas de la tarde-noche del día 2 de enero, fuimos informados acerca de la existencia de consecuencias constitucionales que podía tener la finalización del proceso de compra en ese momento en curso.
A partir de ese momento, la instrucción del Presidente de la República, quien se encontraba junto a diversas autoridades de Estado en el polo puro, fue examinar a fondo la situación para, luego, con los antecedentes en vista, proceder a la detención del proceso de compraventa, tal como fue informado a la opinión pública el mismo día 3 de enero del 2025. Junto a ello, el abogado de la familia Allende manifestó posteriormente por escrito su intención de no perseverar en la venta del inmueble, tal como lo especificó ante esta misma comisión el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa.
En este punto, quisiera detenerme brevemente en una consideración. Un aspecto que considero importante señalar es el que refiere al rol que le corresponde a la Contraloría General de la República en este tipo de procesos, rol que fue detallado en esta misma comisión por la señora Contralora Dorote Pérez. Específicamente, y para lo que respecta a los procesos de adquisición de bienes inmuebles que requieren decreto presidencial, la Contraloría General de la República realiza un doble control de legalidad, que fue explicado en esta misma sala, y que permite garantizar el ajuste normativo de este tipo de adquisiciones: un primer control referido a la autorización de la compra y un segundo de aprobación del contrato de compraventa, con independencia de los controles de legalidad internos que se llevan a cabo por parte de los organismos de gobierno respectivos.
En el caso específico de la adquisición de la Casa de Guardia Vieja, este control de legalidad se realizó recibiendo toma de razón por parte de la Contraloría General de la República para la primera de las dos etapas contempladas, quedando no ejecutado el proceso definitivo que involucraba la presentación de un segundo decreto, el cual no fue redactado dadas las razones arriba señaladas y, por consecuencia, no sometido al segundo control de legalidad de la Contraloría General de la República, ni generador del efecto jurídico de la compraventa, ni constituyente de algún tipo de gasto público.
Esta consideración es, a mi juicio, relevante, toda vez que da cuenta de dos hechos. Primero, que seguramente la finalización del proceso de compraventa no hubiera sido posible en las condiciones en que se estaba realizando, pues tanto la revisión externa del eventual segundo decreto —que no existió— como el control externo correspondiente a la Contraloría hubieran observado las consecuencias constitucionales a las que ya se ha hecho referencia. Segundo, porque tanto la presentación del primer decreto como la presentación de un eventual segundo decreto dan clara cuenta de la naturaleza pública de un proceso sometido a procedimientos que involucran, necesariamente, la toma de razón por parte de un organismo autónomo del gobierno, como lo es la Contraloría General de la República. Con esto quiero señalar que, independientemente de las interpretaciones propias del debate público y del interés público que ha generado este proceso de compraventa, se trató de un trámite sometido a los procedimientos regulares para actos de esta naturaleza, los que incluyen la participación de una entidad externa al gobierno, como lo es la Contraloría General de la República.
Un hecho que considero personalmente de alta valía, pues permite garantizar la existencia de mecanismos diversos de control por medio de los cuales los distintos organismos de gobierno rinden cuenta de sus decisiones, restringiendo la potencial arbitrariedad y discrecionalidad de sus actos. Una realidad que, en mi opinión, debemos valorar como uno de los activos institucionales de nuestro país. Muchas gracias, diputado. Perdón.
Pues bien, y tal como lo señalé anteriormente, en los días posteriores al 3 de enero, fecha en que se comunicó la detención del proceso de compraventa, se materializó la renuncia de la ex ministra de Bienes Nacionales y el inicio, por instrucción del actual ministro Francisco Figueroa, de un sumario administrativo, el que entiendo fue informado mediante oficio a esta comisión, y cuyo propósito es determinar eventuales responsabilidades administrativas que pudieran observarse, por independencia de las responsabilidades políticas que, de distintas maneras, se han hecho efectivas. Junto a ello, y tal como fue expuesto en esta misma comisión, el ministro Figueroa ha instruido un conjunto de acciones para que la situación que nos ocupa no vuelva a ocurrir.
Paralelo a esto, se encuentra en proceso una investigación penal en la que han declarado diversas autoridades y funcionarios públicos, entre los que me incluyo en calidad de testigo. Y, junto a esto, esta Comisión Especial Investigadora, en uso de sus atribuciones, de la Honorable Cámara de Diputadas y Diputados, ha decidido ponerse en funcionamiento.
Espero que mi aporte a esta comisión sea de interés para los objetivos que ésta se ha propuesto, y quedo atento a sus consultas. Muchas gracias, Presidenta.
Gracias, señor Durán, por su testimonio y disposición. Voy a dejar abierto el uso de la palabra; tiene que ser solicitado en el nuevo sistema. Les agradecería, por favor: Señor Secretario, ¿me ayuda? ¿Quién está primero? Aquí está: diputada Ana Villán, después diputado Sánchez. Ah, no, ahora cambió el orden. Después, diputado Sánchez; después, diputada Marlene Pérez. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias por asistir, señor Durán, a esta comisión investigadora y por habernos relatado, en forma de su visión del asunto, lo acontecido. Yo tengo un par de preguntas que me gustaría hacerle. En primer lugar, usted mismo acaba de decir que estuvo citado para la parte penal del tema, en calidad de testigo, lo que me ratifica que, efectivamente, usted, por tener una cercanía muy grande con el Presidente de la República en virtud de su rol como jefe de gabinete, conoce de primera mano lo que sucede en la Presidencia.
Dentro de todo este proceso, que conllevó la decisión de sacar este decreto antes de fin de año, el primer decreto, usted debió haber tenido probablemente la posibilidad de leerlo. Yo sé que usted no es abogado, pero ¿no le llamó la atención, dada la experiencia que posee, el hecho de que se planteara celebrar un contrato con dos personas que, en ese momento, eran autoridades —tanto una de Gobierno como otra del Senado—, lo cual está expresamente prohibido por la Constitución? Esa es mi primera pregunta.
La segunda pregunta se basa en lo que usted nos ha relatado. Mencionó claramente que en Presidencia fueron advertidos de las consecuencias de la finalización del proceso, lo cual sucedió con posterioridad al primer decreto. Sin embargo, ¿es coincidencia que el Tribunal Constitucional, en la decisión que tomó para destituir a la senadora Allende, se basara no en la eventual finalización del proceso, sino en la celebración del contrato? Quisiera saber si nadie en la Presidencia, incluido usted, se dio cuenta de que un contrato de estas condiciones no podía ser celebrado, dado que dos de las partes involucradas estaban prohibidas por la Constitución para ello. Es decir, me gustaría saber quién leyó este primer decreto, quién tuvo acceso a él y no fue capaz de detectar este problema. Muchas gracias.
Muchas gracias, presidente.
Nuestro invitado ya lo señaló, pero quiero que por favor pueda reiterarlo para que quede muy claro, para el registro de esta comisión, cuál es la afirmación de don Carlos. O sea, él afirma que no le llegó en ningún momento uno de los informes que ya sabemos que estaban circulando sobre la legalidad y constitucionalidad de este contrato.
Entonces, me gustaría reiterarlo: que efectivamente le llegó ese informe, pero no solo eso. Me gustaría saber también si, de haberlo recibido, le habría comunicado esto al Presidente de la República; y, en caso de no haberlo recibido, quisiera saber quién, en el organigrama del gobierno, debió haberle informado. Además, me gustaría saber si, dentro del equipo de Presidencia, cuentan con algún abogado contratado que se encargue de revisar la legalidad de los documentos que firma el Presidente de la República, porque me parecería tremendamente extraño que en cualquier equipo de gobierno no haya, al menos, un abogado dedicado a esta tarea. Si yo fuera Presidente, mi primera preocupación sería tener a alguien que me asesorara en revisar todos los documentos que debo firmar, para asegurarme de que sean correctos y legales, no solo en su redacción, sino en cuanto a las obligaciones de fondo que comprometen al Estado y al Presidente.
Gracias. Gracias, diputado Sánchez. Diputada Marlene Pérez. Y después, diputada Labra.
Gracias, presidente. Quiero ser muy concreta en la pregunta. Quiero saber si realmente se hizo el contrato de resiliación. Recuerdo que, en enero, el ministro de Bienes Nacionales, en calidad de subrogante, solicitó que se hiciera dicho contrato, dando la orden, por así decirlo; sin embargo, tengo la duda de si finalmente se realizó, y me gustaría obtener una respuesta concreta. Todos sabemos que en este caso se actuó fuera de lo permitido constitucionalmente y que el Presidente de la República fue uno de los mayores impulsores, llegando incluso a manifestar, mediante un canal abierto, su interés en que la Casa Allende fuera convertida en museo. Cuando se presenta una situación tan grave –incluso habiéndose involucrado a una senadora de la República– y habiéndose cometido diversas irregularidades, como lo indicó el diputado Sánchez, y considerando que en su momento una jefa de división se percató de ello pero decidió no advertir al Presidente por no corresponderle, me parecería que, al menos desde el ámbito ejecutivo, se debiera anular inmediatamente este contrato para dar una señal clara de transparencia. Por lo tanto, la pregunta es: ¿se realizó o no el contrato de resiliación? Y, en caso de no haberse efectuado, ¿por qué aún no se ha realizado?
Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputada Pérez. Diputada Labra.
Hola, Presidente, tengo varias preguntas que son bien precisas y concretas. La primera consulta es que nos puedan informar si existe algún sumario a Francisca Moya, quien declaró en esta misma sala que conoce una situación de inconstitucionalidad en curso, a pesar de seguir en su cargo, lo que no debería ocurrir. Me gustaría saber si se ha iniciado algún sumario al respecto.
Pregunta número 2: el Ordinario 429 del 5 de septiembre del año 2020.
4 de Nelly Aposo, directora del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, indica textual, conforme a lo instruido desde Presidencia de la República respecto al interés de comprar las casas presidenciales de Salvador Allende y Patricia Ollivar. ¿Quién dio esa instrucción presidencial? ¿Usted?
En tercer lugar, me gustaría saber si usted tuvo conversaciones con la SECOM, con la Secretaría de Comunicaciones, para ver el mejor manejo comunicacional de esta situación.
En cuarto lugar, y en su rol como jefe de gabinete del presidente Boric – ya que dicho cargo representa el brazo derecho del primer mandatario de la República – me gustaría conocer desde cuándo estuvo en conversaciones con el presidente en razón del proceso de compra de la casa de Allende.
Y la última pregunta: ¿considera usted que fue un error la intención de compra de la casa de Allende? Gracias, Presidenta. Diputada Labra, Diputada Pizarro. Ah, perdón, me pidió la ciencia.
A ver, lo primero que quisiera señalar en esta nueva sesión es saludar la presencia de los invitados y agradecer que hayan venido, pues considero importante su asistencia. Sin embargo, quiero decir varias cosas.
Fíjense: a mí me parece muy cuestionable todo lo que ha pasado, de lo cual no tengo duda. El problema es que, parece, desde hace rato ya no se le da la importancia debida, ya que no es la primera compra que se intentó realizar; y ello evidencia que, como Estado, hemos fallado de manera garrafal.
Esto no se llevó a cabo, entiendo, y me complica juzgar en base a la presunción cuando, hasta cierto punto, se cumplieron todas las normas expuestas por la Contralora. No me quepa duda de que, si la Contralora hubiese manifestado otra cosa, respaldaría esa posición, ya que es en la Comisión Especial Investigadora donde debemos concentrarnos. Entonces, quiero leer que es algo que esta comisión debiese incorporar también en su resolución.
El senador Juan Castro, del Partido Social Cristiano, ha participado en una red de sociedades familiares que ya ha realizado negocios con el Estado por 3.000 millones en traspasos desde distintos organismos públicos; lo mismo ha ocurrido con el diputado Fidel Espinosa. No voy a salvar a nadie que no deba ser salvado. De igual modo, la diputada Jimena Osandón, entre otros, está involucrada en cifras bastante millonarias, sin olvidar al senador Cruzcoque. Por lo tanto, es algo que también deberíamos abordar aquí como un tema del Estado que está fallando en estos aspectos, porque, aunque esta operación no se materializó, otros casos se han concretado a lo largo de los años, lo cual resulta impresentable.
Quisiera, además, preguntar al jefe de gabinete – a través del presidente –: Usted señala que, hasta donde ustedes revisaron, se avanzó en función de lo que entregaban las distintas asesorías y el órgano contralor que emitió una opinión. Quisiera que me aclare si, al saberse que este proceso transitaba por un camino inconstitucional, se detuvo, tal como entendí, la determinación de proceder en este negocio.
Permítanme decir algo que considero fundamental: comparto plenamente la determinación de avanzar. Algunos hablan de rescate patrimonial; yo también hablo de construir memoria, porque cuando esta se fragiliza, se abren las puertas a que vuelvan a ocurrir horrores y crímenes, como los que vivimos bajo la dictadura civil y militar. Por ello, entiendo la decisión política adoptada, en particular, por estos dos expresidentes, quienes simbolizaron en su momento la ruptura con un golpe de Estado de corte autoritario y la transición hacia una democracia que nos ha costado consolidar.
Por lo tanto, lo señaló el jefe de gabinete del Presidente.
Y me parece que es importante, para mí al menos, destacar aquello, porque estamos hablando de dos expresidentes que jugaron un rol fundamental en lo que es, primero, el horror de un golpe de Estado y el retorno a la democracia. Y solo decirle, por su intermedio, presidente, al diputado Benavente, que el tema no es el apellido de la familia; el tema es que el presidente Salvador Allende fue víctima de un golpe de Estado ilegítimo que trajo consigo crímenes brutales.
Entonces, algunos vamos a separar esto y defender siempre la figura de Salvador Allende. No lo mezclemos para que no se desvíe la discusión, pues no se trata de una sesión de preguntas y respuestas en la que se debata otros asuntos. Por ello, pido el mismo respeto en las intervenciones; es necesario que nos circunstriamos al mandato de la comisión.
El reglamento, diputada Navellán, por favor, brevemente. Muchas gracias, presidente.
Yo pido, por favor, que usted, como presidente, llame al orden para que nos aboquemos al mandato de la comisión. No corresponde que nadie se refiera a temas ajenos al objeto de la Comisión de Acción. Reitero lo expuesto en la sesión anterior, cuando otro parlamentario hizo la misma aseveración respecto a un colega que se salió del objeto de la comisión. Exijo la misma ecuanimidad en las intervenciones, tanto de derecha, izquierda o centro; circunstriámonos al tema, pues pueden derivarse asuntos del mismo objeto de la comisión y es válido que así sea. Si alguien desea iniciar otra comisión investigadora por otro tema, está en su derecho, pero, por favor, aboquémonos a lo que nos convoca, especialmente considerando que tenemos dos invitados que hay que aprovechar en razón del tiempo.
Dicho eso, diputado Leiva. Muchas gracias, presidente.
Primero que todo, agradezco el testimonio y la participación del señor Durán, jefe de gabinete, cuya intervención fue bastante clara y constituye un insumo importante para el desarrollo de esta Comisión Especial de Investigadores. Dicho esto, presidente, me gustaría precisar, antes de formular preguntas al señor Durán, algo que lamentablemente ha sido reiterado insistentemente por los diputados que me antecedieron en la palabra, y que considero importante plantear, dado el rol de esta comisión y la función que desempeñamos en el seno del Poder Legislativo.
Aquí no ha habido ni existe ningún acto o contrato ilegal o inconstitucional, en caso alguno. La ley en materia sancionatoria se debe interpretar conforme a la legislación vigente, aplicándose un principio de especialidad muy estricto. En este contexto, lo que existe es el artículo 60, inciso segundo, de nuestra Constitución, que establece como única sanción la inhabilidad del parlamentario que celebre o participe en un contrato con el Estado; no implica la nulidad eventual de dicho contrato. Por algo, la sanción es de derecho estricto y, en particular, la Constitución prevé la inhabilidad.
Se refuerza esta idea cada vez que intervienen mis colegas, pues se afirma que lo ocurrido fue ilegal o inconstitucional. No, no es ilegal ni inconstitucional, ya que la propia Carta Magna establece la única sanción de inhabilidad para el parlamentario que incurra en ello. Tal fue lo planteado por la diputada Pizarro por su intermedio, presidente. Si hay otro parlamentario, será lo mismo: se presentará un requerimiento al Tribunal Constitucional y, efectivamente, el tribunal fallará en derecho, pero…