Senado - Familia, Infancia y Adolescencia - 6 de mayo de 2025

Algunas preguntas que se hicieron la vez pasada y quedamos en eso, en acuerdo. Así que adelante, ministra, por favor. Gracias, gracias presidenta. Yo les aviso el tiro: estamos en paralelo en la Comisión de Hacienda, donde se está viendo adopción; así que, si me tengo que ir en algún momento, se queda la Subsecretaria durante toda la sesión. La idea es partir haciéndonos cargo de las preocupaciones que surgieron durante la semana pasada para que podamos ir despejándolas y, de esa manera, la Comisión tenga en cuenta lo que ya se ha trabajado en la Cámara, donde muchos de estos temas también aparecen. Primero, uno de los temas que apareció durante la sesión pasada tenía que ver con que se señala la propuesta de un sistema centralizado que ignora la necesaria interoperabilidad local y la creación de capacidades locales para la implementación del sistema. Ahí, yo quisiera decir que este es un tema que estuvo muy en el centro, tanto de la formulación del proyecto de ley como de la discusión en la Comisión de Desarrollo Social. Cuando hicimos aquí la primera presentación, señalamos que uno de los elementos surgidos de los diálogos sociales tenía que ver con la experiencia de los usuarios y las usuarias al enfrentarse a un sistema fragmentado, un sistema que nos obliga a ir de ventanilla en ventanilla, en un Estado en el que es difícil acceder a las prestaciones, además de los temas de cobertura y otros elementos que forman parte del diagnóstico. Por eso, justamente, lo que hace el proyecto de ley no es crear una institucionalidad completamente nueva —lo que en otro momento podría haber implicado crear un nuevo servicio público—, sino que decimos: vamos a utilizar las capacidades que ya están instaladas en el Estado, en particular en los gobiernos locales, y vamos a fortalecerla. Esto se reforzó luego del trámite en la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara, donde se observó que, si bien el rol de los gobiernos locales estaba reconocido en el proyecto de ley original, se planteaba que no tenía la fuerza suficiente; se trabajaron indicaciones que fortalecen la gobernanza a nivel regional y local, incorporando a los municipios. En términos de costos del sistema, se ha planteado que este agrega una institucionalidad muy pesada. La verdad es que hubo la opción de utilizar las capacidades instaladas y, de hecho, el grueso del informe financiero está orientado a la oferta pública a las personas y no a lo institucional. El costo de la Secretaría de Apoyos y Cuidados, que tiene que ver con la gestión y la planificación del sistema, es menos de un 1% de lo considerado en el informe financiero, y el rol de los municipios y de los gobiernos locales se reforzó. Respecto del rol del Ministerio de Salud, ya lo señalé anteriormente: cuando hablamos de este proyecto de cuidado, se trata de un proyecto que es más amplio que los cuidados sanitarios. En ese sentido, los cuidados son competencia del Ministerio de Desarrollo Social; pero, sin duda, lo sanitario y la atención primaria tienen un rol importante y, por ello, un papel fundamental en el sistema. Existen obligaciones establecidas en la ley para el Ministerio de Salud. Se trabajará con el Ministerio de Salud en la creación de un instrumento único de evaluación de la dependencia. Se incorpora la atención primaria de salud a una ventanilla única que garantiza la interoperabilidad entre salud y el resto de los servicios de cuidado a nivel local.

Hemos hecho, por ejemplo, con el Plan Nacional de Apoyos y Cuidados que este gobierno formuló, presentó, pero que nosotros esperamos que se convierta en el fondo en una obligación legal. Respecto del Ministerio de la Mujer, se justifica y tiene todo el sentido que asuma un papel central y transversal en el sistema de cuidado. Por supuesto, el rol de rector está en el Ministerio de Desarrollo Social, pero el Ministerio de la Mujer ha cumplido además el rol de vicepresidencia del Comité Asesor Presidencial, siendo fundamental tanto en nuestro proyecto como en proyectos comparados en otros países, dado que los cuidados son una de las principales fuentes de desigualdad entre hombres y mujeres. Cuando hablamos de perspectiva de género, algunos dicen que es ideológico, pero aquí se evidencia que cerca del 90% de las personas que cuidan son mujeres y, de no considerarse esta realidad, no se estaría respondiendo adecuadamente a la situación social. Respecto de la ubicación de la Secretaría de Apoyos y Cuidados en la Subsecretaría de Evaluación Social, la observación y consulta realizada sobre la institucionalidad responde a la necesidad de una visión estratégica que permita la planificación de lo que viene en materia de cuidados. El Ministerio de Desarrollo Social, originalmente un ministerio de planificación, tiene un rol muy importante en esa dimensión y creemos que, en materia de cuidado, si no queremos solo responder a necesidades contingentes sino planificar el futuro —por ejemplo, la profundización del envejecimiento poblacional o la disminución de las tasas de natalidad— es fundamental contar con la visión de una subsecretaría que originalmente poseía esa perspectiva y que hoy cumple un rol relevante en la evaluación de programas. Esto no quita lo importante que es, efectivamente, la Subsecretaría de Servicios Sociales, la cual ha estado presente a lo largo de toda la tramitación del proyecto, teniendo bajo su responsabilidad el principal programa del sistema, que es la red local de apoyos y cuidados, junto con los servicios relacionados. Se combina, así, el fortalecimiento de la oferta con la potenciación de las capacidades institucionales y estratégicas del sistema y de la planificación, fortaleciendo la ejecución a través de los ministerios y servicios, además del rol rector del Ministerio de Desarrollo Social. Asimismo, se ha señalado una falta de diagnóstico y articulación de los programas existentes. Se ha decidido fortalecer tanto los programas como las instituciones existentes, basándose en un diagnóstico que ha sido muy claro. Existió un informe de la Secretaría Técnica —que en su momento fue la Subsecretaría de Servicios Sociales y la Secretaría Técnica del Consejo Asesor Presidencial Interministerial— que elaboró un informe sobre la oferta de cuidados, complementado por un informe de cuidados desarrollado por la Subsecretaría de Evaluación Social y el resultado de los diálogos en materia de cuidados, en los que usuarios y usuarias permitieron construir un diagnóstico de la oferta. En función de ese diagnóstico se enmarca todo lo que se realiza en materia de interoperabilidad y la definición de poner en el centro del proyecto de ley la red local de apoyos y cuidados, con un enfoque integral y una adecuada valoración social, ya que las evaluaciones existentes señalan que los problemas del programa radican en una escasa cobertura, lo que hace necesario ampliarlo. En cuanto a la incorporación de futuros programas, el proyecto de ley establece directrices generales y normas sobre cómo se integrarán nuevos programas al sistema. Esta lógica ya existe en otras leyes vigentes, pero además contempla un período transitorio para que, desde la publicación y entrada en vigencia de la ley, se incorporen al sistema todos los programas que hoy forman parte del programa presupuestario de cuidados del Ministerio, así como el programa de 4 a 7 del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Respecto de la colaboración público-privada, se ha establecido un pacto en la cobertura.

Y quiero señalar muy categóricamente que el proyecto de ley contempla esta colaboración. Parte de la lógica del sistema es tener una articulación y un rol, una corresponsabilidad entre las familias, las comunidades, el Estado y los privados. Aquí no hay solo un Estado que se vaya a hacer cargo de una tarea que hoy día cumplen las familias, sino cómo podemos articularlo. Y eso está reconocido, que la ley señale que los ejecutores privados no pueden tener fines de lucro; es justamente una medida que busca no excluir a los privados, sino fortalecer su rol en materia cuando ejecutan programas sociales. Se habló de que el caso de los convenios, por ejemplo, generó mucho cuestionamiento porque recursos que tenían que ir a programas sociales no terminaban destinándose a dichos programas. Sin duda, tenemos que hacernos cargo de que cosas como esas no sucedan; pero, si estuviésemos reconociendo que pueden tener fines de lucro las instituciones que ejecutan programas de cuidado, estaríamos reconociendo eso a nivel legal y no solo como una irregularidad que debe ser perseguida cuando se presente. Por lo tanto, señalar que son solo instituciones privadas sin fines de lucro implica que todos los recursos destinados al sistema lleguen finalmente a las personas y que los privados puedan colaborar en ello con ese ánimo. Así sucede ya con instituciones muy relevantes que colaboran con el Ministerio de Desarrollo Social, en programas de calle, por ejemplo, en los programas de SENAMA, donde instituciones como Fundación Las Rosas son ejecutores importantes, pero sin fines de lucro, y es natural que en materia de cuidado así sea. Y, por último, respecto de quiénes son los titulares del derecho al cuidado, esto sí lo expliqué con mayor detalle en la oportunidad anterior, pero se ha señalado que la inclusión de niños, niñas y adolescentes como titulares del derecho al cuidado impide priorizar la dependencia funcional. Aquí tenemos esta visión, aunque pudo haber otra distinta y se discutió, siendo también la visión de la Cámara, quedarse con esta definición; obviamente, el Senado lo tiene que evaluar. No obstante, los cuidados atraviesan todo el curso de la vida y, por lo tanto, desconocer que el cuidado infantil es parte del cuidado –donde se producen importantes desigualdades entre hombres y mujeres y existe un impacto muy importante en la participación laboral de las mujeres, parte de la realidad que tenemos en el país– sería muy restringido. Por ello, los cuidados son contemplados de manera tan amplia en el proyecto, incorporando programas como el de 4 a 7 del Ministerio de la Mujer, que es un programa de cuidado infantil, lo cual nos parece positivo. Entonces, el proyecto tiene una titularidad amplia, con apertura para que nuevos programas se incorporen en ese ámbito, y también aspectos más específicos que establecen claramente quiénes son los titulares, como la red local de apoyos y cuidados, cuyos titulares son las personas con dependencia y sus cuidadores. Esto no genera ninguna confusión. Puede haber opiniones distintas, pero la opinión del Ejecutivo es muy clara y recoge también lo que han planteado las organizaciones. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, señora Ministra, por haber respondido preguntas y aclararnos. La señora Patricia Roda de la OIT, hoy por Zoom, tiene diez minutos, así que, señora Patricia, adelante, por favor. Muchísimas gracias, señora Presidenta, y por su intermedio, saludo a la señora Ministra, a la Subsecretaria y, por supuesto, a los senadores y senadoras. Como bien dice, estoy desde Montevideo, en uno de los países en que la OIT trabaja en el Cono Sur, y agradezco la gentileza de la conexión. Voy a compartir una presentación, muy breve. ¿Desde dónde es que la OIT señala sus recomendaciones en materia de cuidado? En primer lugar, como saben, somos una organización normativa y adoptamos, de manera tripartita, convenios internacionales que, una vez ratificados en el Congreso Nacional, forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Así, por ejemplo, el Convenio sobre la Protección de la Maternidad del año 2000, el Convenio 183, el Convenio sobre Trabajo

Con responsabilidades familiares, las recomendaciones 191 y 165 sobre licencias, servicios de cuidado para avanzar hacia la igualdad de género en el trabajo remunerado y, muy importantemente, creo para este debate, es una resolución adoptada recientemente en la Conferencia Internacional del Trabajo de 2024 y que representa el primer acuerdo tripartito internacional sobre el tema. Cuando digo tripartito, me refiero a los empleadores, trabajadores y gobiernos de 187 países que integran la OIT para subrayar la urgencia de actuar garantizando el trabajo decente y promoviendo el acceso a cuidados y apoyos de calidad. Creo que esta resolución proporciona una concepción muy interesante a considerar en el análisis de este proyecto. En la siguiente lámina podremos ver –y lo han mencionado en la anterior sesión, y lo indicó también mi colega de ONU Mujeres– que el trabajo de cuidado: todas las personas, en algún momento de la vida, lo necesitarán, y muy probablemente nosotros también lo vamos a necesitar, por lo tanto, constituye una responsabilidad social. A nivel mundial, la economía de cuidado involucra más del 11% de la fuerza de trabajo, o casi 400 millones de trabajadores y trabajadoras, para tener esto en perspectiva. Lamentablemente, la mayoría del trabajo de cuidado se realiza en el ámbito privado, de manera informal y no remunerada, y en su mayoría es realizado por mujeres que no reciben una remuneración, se mantienen fuera de la fuerza laboral y, por lo tanto, no cotizan a la Seguridad Social, lo que significa una fuente de iniquidad de género tanto para el presente como para el futuro. En esta recomendación se recogen, lo que ya se ha señalado en otras presentaciones, las cinco R del cuidado que están en esta resolución de 2024: • Reconocer la importancia del valor del trabajo de cuidados no remunerados. • Reducir la carga del cuidado no remunerado a través de la prevención de la dependencia, la promoción de la autonomía y la provisión de servicios –resultando muy importante que los países inviertan en programas de esta reducción. • Redistribuir de manera más equitativa la responsabilidad social del cuidado entre el Estado, la familia y los actores privados, y por supuesto, entre todos los adultos que conforman esa familia, que libremente decidieron constituirla y remunerar este trabajo. • Promover el trabajo de cuidado bajo los principios de igual remuneración por trabajo de igual valor y condiciones de trabajo decente, aspirando a que la mayor cantidad del trabajo de cuidado sea realizado de manera remunerada. • Representar a los trabajadores de cuidado a través de la libertad de asociación y la promoción del diálogo social, lo cual es muy importante para la OIT, dada su naturaleza tripartita. A continuación, se muestra de manera muy detallada –solo para que lo tengan en consideración– que, a nivel global, existe un conjunto de políticas de cuidado. Si observan en este gráfico, se aprecia una especie de rompecabezas: hay cuatro dimensiones que están al centro de este conjunto y, a continuación, un listado extenso que podrán revisar con atención, en relación al uso del tiempo, a la seguridad de los ingresos, a los derechos y a los servicios que se prestan. Al costado derecho se encuentran todos los tipos de protecciones que existen en nuestra legislación nacional, pero también en la de otros países, con variados instrumentos y dispositivos de protección y promoción del cuidado. El proyecto de ley, para ir al texto en particular, incorpora las 5R, y he señalado en cada uno de sus artículos –en rojo– cómo estos cinco principios están de manifiesto en el proyecto. Claramente, en opinión técnica de la OIT, para el debate democrático que se realizará en esta comisión, en el Senado y en el Congreso Nacional en su conjunto, se promueven adecuadamente las 5R propuestas de manera tripartita. El proyecto reconoce que el cuidado es una responsabilidad social (artículos 2, 3, 4, 23 y 25) y que se trata de un trabajo que abarca una diversidad de tareas y disciplinas, realizándose de manera remunerada o no remunerada (artículos 2, 3, 7, 9 y 26). Asimismo, reconoce que el trabajo de cuidados ha sido ejecutado de forma desigual por las mujeres, con consecuencias presentes y futuras para avanzar en la equidad de género en la sociedad (artículos 5 y 24), y también establece un programa para el acompañamiento y la atención de las personas con dependencia y de sus cuidadores (artículo 20), que redistribuya el cuidado de las personas con dependencia severa y, en una instancia futura, entienda que esto requiere…

De recursos sostenibles en el tiempo que financian este artículo con otros niveles de dependencia, además promueve la reducción de la carga del cuidado a través de la prevención de la dependencia (artículos 1, 4 y 27) y la coordinación de la provisión de servicios de cuidado (artículos 5 y 6). Además, promueve la redistribución de la responsabilidad social del cuidado, hasta establecer el derecho del cuidado, hacer cuidado y que este cuidado sea de calidad, así como la corresponsabilidad social del cuidado, entendiendo que la familia debe contar con todos los dispositivos a su disposición (dispositivo-disposición, una combinación virtuosa), reconociendo el rol del Estado para la provisión de sus servicios y la centralidad de la familia en sus decisiones. Por supuesto, el sector privado y su contribución deben conformar siempre una colaboración público-privada, al igual que los profesionales y la comunidad en general, para satisfacer este derecho al cuidado. El proyecto de ley también reconoce el trabajo remunerado de cuidado, el que se rige por el Código del Trabajo, cuestión central para que muchas personas trabajadoras se incorporen a la denominada economía del cuidado y para que muchas familias y personas puedan acceder a un cuidado de calidad proporcionado por una persona trabajadora remunerada y con garantía de trabajo decente. Finalmente, promueve la representación, otro asunto capital para la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce la libertad de asociarse de los empleadores, pero también el derecho de sindicalizarse de las personas trabajadoras, al prever la participación de representantes de organizaciones o asociaciones de personas cuidadoras no remuneradas, de personas cuidadoras remuneradas, y de actores público-privados que ejecuten programas relativos en este llamado Consejo Regional de la Sociedad Civil para Apoyos y Cuidados (artículo 14), en el Consejo de Sociedad Civil para los Apoyos y Cuidados en general (artículo 16), y promueve el derecho de las personas trabajadoras no remuneradas a ser oídas y participar en mecanismos de consulta y participación (artículo 9), tal como ha sido el ejercicio democrático en esta comisión, presidenta, que usted preside. Hay, además, una dimensión muy importante relativa al aspecto laboral de las trabajadoras y trabajadores del cuidado remunerado, que llama a fortalecer el rol del Ministerio de Trabajo y Previsión Social en este sistema. En el artículo 26, el proyecto especifica cuáles son estas responsabilidades y se plantea como central generar mecanismos para impulsar el trabajo decente de las personas cuidadoras, que ingresen y se mantengan en el mercado de trabajo con empleos formales, así como el acceso a capacitación, ya que cuidar no es solo un acto de amor, sino que requiere especialidad, capacitación, certificación y competencias. Ya se han definido, afortunadamente, tres perfiles en Chile: cuidador primario, cuidador para la infancia y cuidador para personas mayores, lo que implica el mejoramiento de sus condiciones laborales y, por supuesto, la promoción de la socialización del cuidado. El artículo 9, respecto a los derechos de las personas cuidadoras no remuneradas, incluye también el derecho a acceder a instancias de formación. Se plantea que estas personas tienen una práctica que, con muy poco entrenamiento, puede llegar a certificarse; es fundamental poder formarse, capacitarse y certificarse, con el consiguiente apoyo de los programas de política pública. En este sentido, se sugiere que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social propenda a la expansión de la oferta disponible para asegurar cobertura en todos los territorios, en línea con el principio consignado en el artículo 4 de territorialidad. Finalmente, en el artículo 18, sobre monitoreo y evaluación de esta política nacional de cuidado y de su plan, se considera el rol de la Subsecretaría de Evaluación Social para monitorear y evaluar la política. Esto resulta fundamental, ya que se trata de una política en construcción; no es lo mismo tener un sistema de cuidado con menos niños y más personas mayores, incluso con una gran cantidad de longevos, y se sugiere considerar también un monitoreo de la oferta y la demanda de cuidado, así como de las condiciones de trabajo de dicha economía. El Ministerio del Trabajo cuenta con una unidad de prospección que tiene un consejo tripartito y creemos que es muy importante que ese consejo también monitoree para ir avanzando en el…

la oferta pública para alcanzar trabajo decente. Este monitoreo de las condiciones de trabajo y cuidado podría seguir los lineamientos de la conferencia de estadísticos que ya está preparando su trabajo y que tendrá recomendaciones en 2028, cuando este sistema, entendemos, ya estaría en funcionamiento. Con eso, Presidenta, cumplo los diez minutos y estoy a su disposición y a lo que usted considere, junto con los honorables senadores y senadoras, que pueda ser útil la Organización Internacional del Trabajo. Muchas gracias, señora Patricia. Quisiera hacerle una consulta: ¿usted podría tener alguna recomendación o idea para poder mejorar aún más el proyecto en esta comisión? Sí. Creo, Presidenta, que desde nuestra competencia, que es el mundo del trabajo, nos parece muy importante reforzar el componente laboral, el de las personas remuneradas. Creemos firmemente que hay muchas personas trabajadoras que hoy día tienen condición para certificar su competencia e incorporarse formalmente al mercado del trabajo. Hemos visto en otros países, de los cuales podemos aprender de la experiencia —países que ya envejecieron antes que nosotros, en Europa, por ejemplo— donde existe una verdadera economía del cuidado. Muchas personas que anteriormente tenían un trabajo precario hoy se están desempeñando en un empleo formal con un buen salario en la provisión de cuidados para las personas que aquí lo necesitan. Entonces, nos parece importante proteger a la persona cuidadora no remunerada, pero sin perder de vista que es responsabilidad de las políticas públicas avanzar hacia ese trabajo formal. Se ha hablado de que esto es el trabajo del futuro y creemos firmemente que Chile puede avanzar decididamente en esta dirección. Muchas gracias, señora Patricia. Bueno, en nombre de Dios y la patria, se abre la comisión. A continuación, tiene la palabra por 10 minutos el jefe jurídico de incidencia y desarrollo, señor Basilio del Mar, de la Fundación Ronda. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludo a los honorables senadores y senadoras de esta comisión, así como a las autoridades presentes, la ministra, la subsecretaria y las demás organizaciones que se encuentran acá. Me presento, soy Basilio del Mar, jefe jurídico de la Fundación Ronda, y quiero contarles un poco sobre nuestra organización. Fundación Ronda nace en 2014 como una organización sin fines de lucro y tiene la misión, principalmente, de interactuar con el Estado, la sociedad civil y organizaciones públicas y privadas para incidir en la inclusión de ciertos grupos prioritarios, principalmente personas con discapacidad, cuidadoras y mujeres. Es importante mencionar que, desde 2019, tenemos carácter consultivo ante el ECOSOC de Naciones Unidas y, desde este año, formamos parte también del ECOSOC de ONU Chile. Es importante también señalar algo respecto de nuestro trabajo, ya que en la sesión anterior se relevó que los senadores y las senadoras querían conocer más sobre nuestra labor. En ese sentido, es importante mencionar que tenemos impacto en al menos tres áreas. Primero, en las organizaciones: contamos con alianzas y, durante este año, hemos establecido convenios con más de 300 organizaciones públicas y privadas para asesorarlas y acompañarlas en la integración de la inclusión en su ADN. Esto implica, por ejemplo, realizar diagnósticos de los puestos de trabajo y acompañarlas en temas de accesibilidad y en todo tipo de adecuaciones que se requieren para que puedan trabajar con personas con discapacidad. Luego, tenemos un impacto en los territorios, pues trabajamos a lo largo de todo Chile y contamos con sedes en distintas regiones, por ejemplo, en la Región Metropolitana, Los Lagos, Valparaíso, Antofagasta, Ojiquins y Coquimbo, donde ejecutamos distintos proyectos.

Programas. Ahí tenemos, por ejemplo, el programa que se denomina Deformación e Inclusión Sociolaboral de Personas con Discapacidad y, en la siguiente lámina, se muestra un testimonio de una de nuestras participantes que señala: “Fue una experiencia bonita conocer a gente con discapacidad y tener el apoyo y el compromiso de una corporación que te ayuda a buscar un puesto de trabajo acorde a las dificultades y necesidades de cada una de las personas con discapacidad. Ronda apoya, acompaña y está en el proceso en todo momento, otorgando oportunidades de trabajo. Personalmente me sentí acompañada y apoyada.” Pero también desarrollamos otros programas, como Protagonistas, que nació durante la pandemia en el año 2020 y, precisamente a raíz de esta crisis de cuidado que se agudizó durante la pandemia, se desarrolló pensando en mujeres entre 18 y 65 años que ejercen labores de cuidado no remunerado. Este programa tiene como finalidad desarrollar habilidades de psicoeducación, autocuidado y empoderamiento en ellas. En la siguiente lámina pueden verse algunas de nuestras participantes que están siendo, en ese momento, graduadas. Ya tenemos más de 320 mujeres que han sido intervenidas y que hoy viven como protagonistas de sus vidas, lo que significa que han podido continuar con sus estudios, han postulado y obtenido sus casas propias, y les ha permitido salir de aquellas labores de cuidado a las que se dedicaban al 100% de sus días para poder dedicarse a otros temas. Voy a avanzar entonces. Ahí se señalaba nuestra residencia en Puerto Montt. Y lo siguiente era que también ejercemos y nos ubicamos como ejecutores del programa Cuidando a Quienes Cuidan. Esto es importante mencionarlo, ya que pudimos contratar a 120 personas cuidadoras que se dedican a entregar a 600 hogares un respiro en materia de cuidados, y conseguimos 200 becas con Chile Valora para poder certificar a ellas como cuidadoras primarias, algunas de las cuales participan también de nuestro programa Protagonistas, y además al personal de la residencia que tenemos en Puerto Montt. Luego venía una parte donde se señalaban pequeños impactos en políticas públicas y algunos proyectos de ley en los que habíamos participado. Algo importante de señalar, antes de entrar al proyecto, es que hace dos semanas lanzamos en la Cámara de Diputadas y Diputados, de manera transversal, una bancada de cuidados con responsabilidad social y conciliación, precisamente para impulsar todas estas temáticas. Ahora, respecto a los impactos positivos del proyecto, es importante señalar que, como organizaciones de la sociedad civil, no estamos solos, sino que nos unimos en un comienzo con distintas organizaciones que representaban entre el 80 y el 90% de las plazas de residencias de personas con discapacidad de Senadis. Eso llevó a que se conformara la Red Nacional de Cuidados, que, junto a varias otras organizaciones, aborda estas temáticas. Junto a la Red Nacional de Cuidado, acompañamos durante los más de ocho meses de la administración en la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto y consideramos que cumple con nuestra visión de ser un marco regulatorio en materia de apoyos y cuidados. Ahora, la pregunta es: ¿para qué queremos un sistema legal? Precisamente, consideramos que es necesaria una red integral de servicios y prestaciones de apoyo y cuidado que no solamente respalde a las personas con dependencia, sino que también asista a quienes no han alcanzado su plena autonomía y, específicamente, a las personas cuidadoras. Hay que entender que las personas cuidadoras, que en su mayoría son mujeres dedicadas casi en su totalidad a las labores de cuidado, requieren que estos servicios y beneficios se integren como una estrategia del Estado que, por un lado, ayude a prevenir la dependencia y, por otro, promueva la autonomía y la corresponsabilidad, entendiendo que la sociedad en su conjunto debe hacerse cargo de las labores de cuidado. Luego se mencionaban algunas brechas de cuidado en cifras, pero, tal como dijo la ministra, por lo menos el 85% de quienes se dedican a las labores de cuidado son mujeres. ¿Cuáles son los elementos importantes del proyecto de ley que visualizamos? Primero, que garantiza el derecho al cuidado y lo reconoce como tal y entiende también que el derecho al cuidado es un derecho que se puede garantizar…