En el nombre de Dios y la patria, se inicia la sesión.
Muy buenas tardes, senador Alfonso Urresti, senador Matías Walker, invitados, representantes del Ejecutivo. Partimos entonces la comisión con la cuenta, por favor, secretaria. Gracias, presidenta.
Hemos recibido diversas excusas de autoridades que estaban invitadas a la sesión del día de hoy. La ministra de Desarrollo Social y Familia señala que, por temas de agenda, le impiden estar presente en esta sesión. Ella estaba invitada para el segundo punto de la tabla, relacionado con la construcción del Hospital de La Unión, y solicita si es posible que se vuelva a invitar, puesto que es de su interés asistir a este debate.
Tampoco puede asistir la subsecretaria de Servicios Sociales ni la encargada de la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas, ya que se encuentran en cometido funcionario fuera del país. La subsecretaria de Patrimonio Cultural tampoco puede asistir, por encontrarse en comisión de servicios fuera del país, y la va a subrogar su jefa de gabinete, que actúa como subsecretaria subrogante, la señora Valentina La Torre, quien estará presente vía remota, debido a que a las 15 horas de hoy se sesiona el consejo.
Monumentos nacionales para revisar la materia por la cual se extendió esta invitación. Y finalmente, la Directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, quien se encuentra en cometido funcionario, y la comunicación señala que es relevante mencionar que el Secretario Técnico del Consejo de Monumentos Nacionales tendrá sesión esta tarde, lo mismo por asuntos relacionados con las autorizaciones referidas al Hospital de La Unión. Además, se indica que este proceso de Consulta Indígena estuvo radicado en la autoridad regional y, por lo tanto, participará en esta instancia de forma remota la Directora Regional de Los Ríos, señora Karin Bail.
Muchas gracias. ¿Algún punto vario antes de partir con lo indicado en la tabla, senadores?
No.
Ya. Partimos entonces con la tabla.
El primer punto corresponde a escuchar a representantes del Ministerio de Obras Públicas acerca de las indicaciones presentadas al proyecto de ley en segundo trámite constitucional, que modifica la legislación aplicable a los servicios públicos sanitarios, en materia de servicios no regulados, de fijación tarifaria y de cumplimiento de planes de desarrollo por parte de los prestadores, correspondiente al Boletín número 10.795-33. En este punto, los invitados son del Ministerio de Obras Públicas: el subsecretario, el señor Danilo Núñez; el superintendente de Servicios Sanitarios, el señor Jorge Rivas; el fiscal de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, el señor Federico Állez; el asesor ministerial de Materias Hídricas, el señor Carlos Tevez; y el coordinador legislativo, el señor Tomás Mendoza.
La idea de este primer punto, como se indicó en la tabla de la Comisión anterior (aunque no se pudo visualizar completamente debido a que nos extendimos en el punto uno), es poder escuchar una breve presentación de parte de ustedes, para que también los senadores que forman parte este año de la Comisión de Obras Públicas estén al tanto y, en la próxima comisión, puedan profundizar respecto a las dudas y empezar a votar. ¿Están de acuerdo, senadores?
Sí, estamos de acuerdo.
Avanzamos y les agradecería presentarse antes de cada intervención.
Muchas gracias, presidenta, y gracias también por su intermedio a los honorables senadores. Nosotros estamos presentes acá, en este espacio de Obras Públicas, junto a nuestro superintendente de Servicios Sanitarios, para conversar primero respecto a la indicación en el proyecto de ley que modifica la legislación aplicable a los servicios públicos sanitarios. Con este contexto, y como introducción a mediados del año pasado, en la Comisión de Obras Públicas del Senado se reabrió el debate del proyecto de ley que modifica tres leyes específicamente aplicables al sector sanitario. En aquella oportunidad, la Comisión concordó con la propuesta de la Ministra de Obras Públicas de constituir una mesa técnica abocada directamente a formular propuestas de modificación a la ley de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (ley 18.902) y, de modo excepcional, abordar algunos puntos que regulan la ley, principalmente en la ampliación del territorio operacional. El acuerdo, que era la expectativa, se materializó con la presentación de la indicación el día 27 de marzo del presente año.
Dejo la palabra a nuestro superintendente para que exponga directamente las modificaciones planteadas a las tres leyes aplicables al sector sanitario.
Muy buenas tardes, presidenta y senadores de la Comisión. Soy Jorge Rivas, superintendente de Servicios Sanitarios. Les voy a contar, en resumen, de qué trata esta propuesta que hace el Ejecutivo, la cual, como bien señaló el subsecretario, se acordó acotar respecto del Boletín original. En dicho boletín se abordaban los tres cuerpos legales de nuestro sector sanitario, temas bastante amplios, y acordamos limitar el análisis únicamente al cuerpo legal que crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la ley 18.902, concentrándonos en un punto muy esencial.
Que está en otro cuerpo legal que tiene que ver con las ampliaciones de territorio operacional. Así que, me parece relevante destacar que lo vamos a acotar solamente a una de las leyes con un punto excepcional. Aquí ustedes pueden ver en el INE que hemos separado en cuatro grandes temas la presentación: primero, las atribuciones y competencias de la Superintendencia; segundo, el régimen de sanciones; tercero, un pequeño cambio respecto de la presentación que ustedes tienen impresa, siendo el título de este tercer punto “prescripción y régimen de reclamaciones”; y como cuarto, una excepción, dado que no está en la ley de la Superintendencia sino en otro cuerpo legal, pero que es un punto muy relevante que acordamos incorporar, ya que tiene que ver con la ampliación de los territorios operacionales.
Vámonos respecto de las atribuciones de la Superintendencia. Aquí se exponen dos grandes temas que hemos propuesto incorporar como modificación. En primer lugar, se plantea una gran atribución que hoy día no tenemos y que creemos que puede marcar la diferencia: la facultad de instruir la ejecución de obras. Es decir, la Superintendencia podrá instruir a una empresa sanitaria para que realice una obra en específico. Actualmente, esta atribución no existe y se discute en los planes de desarrollo, donde la empresa propone soluciones y se negocia de alguna manera. Creemos que esto avanzaría de una forma mucho más ágil. Obviamente, esta atribución no puede darse en cualquier circunstancia; debe cumplir ciertos requisitos, ya que uno podría pensar que, de tener esta facultad, la Superintendencia podría pedir cualquier cosa a las empresas sanitarias. No se trata de eso: tiene que darse en un contexto específico, en el cual exista un riesgo para el suministro o para la calidad de los servicios, o se evidencien fallas reiteradas en las que la empresa sanitaria no ha logrado solucionar el problema. Por ello, consideramos necesaria esta atribución para dar celeridad a la solución de los inconvenientes.
En segundo lugar, está la designación de un administrador temporal. Cabe destacar que la Superintendencia tiene la facultad de caducar una concesión. Si un concesionario, por ciertas razones, está desempeñándose de manera deficiente o incurre en incumplimiento financiero y no puede sustentar la concesión, se debe iniciar un proceso de caducidad, que resulta bastante lento. Únicamente cuando se consuma la caducidad se podrá designar un administrador provisional. Esta atribución permite que, durante el lapso en que se declara la caducidad, se acuerde con la empresa sanitaria la incorporación de un administrador provisional, garantizando así la calidad y continuidad del servicio mientras se completa el proceso correspondiente.
En lo que respecta al régimen de sanciones, este es un tema bastante amplio, y la lámina resume de manera integral lo que se propone. Se destaca que se está actualizando una legislación que ya tiene 30 años, incorporando conceptos que hoy día son muy habituales en superintendencias creadas posteriormente, lo que permite nivelarse a otros entes reguladores. Además, se están desarrollando programas de cumplimiento que se detallarán en forma posterior. En cuanto a las sanciones, la propuesta es ordenarlas de una manera más sencilla. En la actualidad existen diversos tipos de infracciones; se plantea reducirlas de seis a tres grupos: infracciones gravísimas, graves y leves, similar a lo que ocurre en otras superintendencias. Asimismo, se establecen rangos para cada tipo: para las infracciones gravísimas, de 1 UTA hasta 10.000 UTA; para las infracciones graves, de 1 a 5.000 UTA; y para las infracciones leves, de 1 a 1.000 UTA. Para nosotros es fundamental contar con estos pisos y techos, ya que en diversas ocasiones resulta determinante tener claridad en los límites aplicables.
Tenemos pisos que son demasiado altos y, como tenemos empresas sanitarias que son muy pequeñitas, esos pisos podían realmente crear un tremendo problema en esas sanitarias, al punto de que lo que se consideraba una multa chica, en realidad representaba una sanción muy grande y los ponía en serios aprietos. O, por el contrario, en algunos casos teníamos techos muy bajos y, para empresas muy grandes, ese techo bajo tampoco era una buena señal para modificar su conducta.
Así, estamos ordenando también los montos de las sanciones. Como tercer elemento, se establecen criterios para la determinación de los montos de multas, incorporando atenuantes y agravantes. Esto es algo bastante más moderno que lo que se tenía y requiere ciertas consideraciones respecto de esos criterios, que más adelante podemos ver en detalle si es de su interés.
El cuarto punto, ya mencionado, es lo que consideramos un tremendo avance: la creación de una instancia de plan de cumplimiento, que ya han implementado otras superintendencias. Con ello, la empresa sanitaria podría evitar una sanción de multa si propone un plan de cumplimiento que satisfaga a la superintendencia y ofrezca una solución definitiva al problema que ocasiona la infracción. Por supuesto, dicho plan tiene ciertos requisitos, ya que, por ejemplo, para las infracciones gravísimas no existiría posibilidad de plan de cumplimiento, pero sí para las infracciones graves o leves. Esto ayudaría a que las empresas sean más diligentes y rápidas en solucionar los problemas, al tener el incentivo de evitar una multa y, al mismo tiempo, restablecer de inmediato la calidad y continuidad del servicio.
Finalmente, se aborda el tema de la prescripción, reduciendo los plazos de cuatro a tres años, lo cual es relevante porque las sanciones deben responder de manera oportuna según nuestro marco normativo.
En cuanto a las infracciones gravísimas bajo la normativa vigente, se mantienen los incumplimientos del plan de desarrollo, considerándolos las más graves. Sin embargo, se agregan dos aspectos importantes: uno, cuando existe una grave afectación a la salud de la población; y otro, cuando hay una interrupción de los servicios sanitarios por más de 36 horas que afecte a un tercio o más de cada sistema o localidad de usuarios.
Las infracciones graves se detallan en la presentación, donde se incluyen todas las notificaciones correspondientes, y aquellas que no alcanzan a ser gravísimas ni graves se clasifican como leves. Además, se han determinado atenuantes y agravantes. Entre las atenuantes se encuentran, por ejemplo, las acciones de reparación y mitigación inmediata, la colaboración sustancial en el proceso administrativo, el tamaño reducido de la empresa, la ausencia de sanciones previas y la autodenuncia. Por el contrario, pueden existir agravantes, como la reincidencia en un plazo de 36 meses o cuando la infracción tiene un carácter continuado. También se consideran otros criterios relativos a la gravedad de la conducta y a si hubo beneficio económico para el infractor.
En síntesis, se vuelve a destacar el detalle del plan de cumplimiento, que si bien no se profundiza en exceso, representa una excelente vía para agilizar la solución de los problemas. El objetivo es que las personas tengan acceso a servicios de buena calidad y continuidad, y que, en caso de interrupciones, estos se restablezcan a la mayor brevedad posible.
Finalmente, reitero que se está acortando el plazo de prescripción y se ha realizado un pequeño ajuste, en línea con las prácticas de la superintendencia, respecto de la posibilidad de utilizar el instrumento de recuento.
Curso de reclamación ante la Corte de Apelaciones. Esto va a permitir agilizar los procesos de sanción, ya que hoy día, con la situación actual, toman bastante más tiempo y, con esta medida, los procesos se harían mucho más rápidos.
El último punto que yo hacía mención, que no está en el 18.902 pero que acordamos con los senadores como muy relevante, tiene que ver con la ampliación de los territorios operacionales. Esto es algo muy sentido en todas las comunidades. Cuando hay que ampliar el territorio operacional de las empresas sanitarias, es un proceso que toma mucho tiempo; la verdad es que al menos demora un año y puede tardar fácilmente un año y medio. Lo que estamos proponiendo es que esta ampliación sea automática, pero debe cumplir ciertos requisitos para no poner en riesgo el suministro. Entonces, dentro del quinquenio—ya que el sector sanitario opera en quinquenios para el plan de desarrollo y las tarifas—la empresa sanitaria deberá ampliarse automáticamente en un radio de 200 metros. Es decir, por ejemplo, si esta mesa está situada dentro del territorio operacional, a 200 metros fuera de la mesa la empresa sanitaria tiene que entregar factibilidades de manera inmediata. Con esto se permite la ampliación inmediata del territorio operacional, aunque se establecen restricciones y resguardos; por ejemplo, la solicitud de agua para esta ampliación no debe superar el 5% del caudal que abastece a toda la localidad. La razón es que, si el porcentaje fuera mayor—10, 15 o 20%—se podría poner en riesgo el suministro de la propia localidad.
Asimismo, existen otras restricciones relacionadas con el tipo de empresa o la localidad. Se establece que, en una localidad muy pequeña, con menos de mil clientes, la ampliación podría tener un impacto significativo, ocasionando incluso falta de agua. En esos casos excepcionales o de restricción, no se aplicaría esta regla automática, y se seguiría el proceso normado de la legislación vigente, el cual puede demorar un año o un año y medio. Creemos que este es un gran avance para factibilizar terrenos que se encuentran en la inmediación de la ciudad y del territorio operacional, especialmente considerando que muchas personas se quejan cuando dicen: "Oiga, pero mi vecino cruzando la calle tiene agua, ¿por qué yo no tengo?" Es precisamente porque se encuentran fuera del territorio operacional, y su ampliación requiere un proceso largo y tedioso. Con esta medida, se automatiza en gran medida dicho procedimiento.
Para terminar, se deben abordar algunos aspectos transitorios, como la elaboración de un reglamento para regular los planes de cumplimiento, que incluye los planes de prevención y atención de emergencia, entre otros. Esa sería la presentación, Presidenta. Quedo, por supuesto, atento a cualquier consulta y espero haberme ajustado al plazo.
En resumen, nosotros trabajamos en varias sesiones internas y en cinco reuniones con el equipo de asesores de senadores. Los cuatro puntos señalados por nuestro superintendente—la atribución y competencia de la CIS, las sanciones, el procedimiento (que originalmente era de fiscalización y que renombramos como prescripción y régimen de reclamación de relaciones y multas), y la ampliación del territorio operacional—fueron tratados.
Muchas gracias. De parte del Ejecutivo, esas serían todas las intervenciones, ¿cierto?
No, pasa por ahora. Saludamos al senador Coloma, quien se acaba de sumar, al diputado que coincide con la comisión y al diputado Gastón Fonmilenbro, que también nos acompaña.
Presidenta, quiero agradecer al subsecretario de Obras Públicas, al superintendente y a todo el equipo de asesores, porque creo que este proyecto es fundamental y particularmente relevante para las regiones, como la que represento, la Región de Coquimbo, que se encuentran sujetas a zona de catástrofe.
Trofeo zona de emergencia agrícola y zona de escasez hídrica decretada por el Ministerio de Obras Públicas. Particularmente, quiero destacar dos cosas: la posibilidad de obligar a certificar la factibilidad en áreas adyacentes al territorio operacional. Muchas veces, los comités de vivienda –en los que soy el presidente y usted tiene una relación particular–, al igual que el senador de Urresti, gestionan con dificultad la obtención de la factibilidad sanitaria. Debemos, de alguna manera, rendir cuentas ante la empresa sanitaria en el caso de nuestra región Aguas del Valle para lograr dicha factibilidad, estando sujetos, claro, a esa discrecionalidad.
De lo que significa estar o no dentro del territorio operacional de la empresa sanitaria, también quiero valorar la gradualidad en la aplicación de sanciones, porque muchas veces se solicita la caducidad de la concesión. Hemos tratado este tema en diversas ocasiones con el Superintendente, ante una serie de problemas con la empresa sanitaria, y considero que es bueno establecer una gradualidad. Además, el administrador provisional es muy importante para que la operación del servicio no quede en el limbo mientras se inicia el proceso de caducidad. Entonces, presidente, esto parece muy bien, sobre todo con la indicación del Ejecutivo y con toda mi voluntad de tramitar rápidamente estas normas. Gracias.
Muchas gracias. Tengo solo una duda respecto a la ampliación del radio operacional, cierto, pasando este periodo de cinco años: ¿el costo de esta ampliación lo asumiría de acuerdo a lo establecido en el proyecto?
La verdad es que, respecto del costo, no estamos agregando nada; por lo tanto, se mantiene la lógica de la ley vigente y lo normado. Hay costos que se pueden tarificar, dependiendo de la situación. Por ejemplo, algunos costos los asume directamente quien urbaniza el sector, es decir, el urbanizador. Pero si se requieren obras de capacidad –como ampliar una planta de tratamiento de agua potable o un estanque– esas inversiones son responsabilidad de la empresa sanitaria, la cual debe realizarlas para ampliar la capacidad del sistema. Luego viene la discusión tarifaria, que se aborda cada cinco años, y por supuesto, si hay mayor demanda y los estanques deben ser un poco más grandes, se reflejará en las tarifas. La verdad es que estos impactos por ampliación del territorio operacional, en la inmensa mayoría de los casos, no se perciben, porque son aspectos muy pequeños. Se pagan en tarifa, pero son incidencias menores; en algunos sistemas la incidencia puede ser un poco mayor, pero, en general, la inversión la asume la empresa sanitaria, y luego se discute en tarifa cómo reconocer esa inversión. Me anticipo diciendo que, en términos generales, son impactos muy menores que la ciudadanía no llega a notar.
Ok, muchas gracias. Si no hay ninguna otra consulta respecto a este tema, procedemos a tomar el acuerdo con la senadora Alfonso Dur – perdón a los invitados – pues, después de un largo tiempo y con estas indicaciones, ya podamos pronunciar sobre un texto. Sólo desde el punto de vista práctico, la Superintendencia en las regiones no es muy activa; tiene, por así decirlo, una condescendencia con las empresas sanitarias.
¿Cómo va a cambiar eso? Porque nosotros vamos a tener, obviamente, una ley mayor, pero esto es una actitud, esto es una situación que, si no se cambia la relación y el entendimiento de que la Superintendencia no es colaborador, socio ni administrador de esta norma, no está determinada, o sea, no va bien encaminada.
Uno, principalmente en la ampliación de los territorios operacionales —la situación clásica que nos toca vivir, ya sea semanal o semestralmente— se adquiere un terreno, el comité lo obtiene, pero la empresa sanitaria no quiere ampliar el radio de operación. No lo hace o, si lo hace, es a cambio de otros beneficios, otras condiciones, lo que muchas veces lleva a que la Superintendencia adopte, de manera casi genuflexional, una actitud que, en términos elegantes, termina mediando en la gestión. Entonces, yo lo que no he escuchado de parte del Superintendente es cómo va a cambiar eso, porque aquí, al tener una concesión, se asume un conjunto de obligaciones que esa propia concesión determina.
El Comité de Vivienda se instala ahí, no porque quiera hacer un negocio y sumar plusvalía, sino porque es el único terreno que se pudo comprar. Con las senadoras, somos senadores por la región de Los Ríos, Valdivia; existe un terreno, un lugar que incluso fue comprado por CERN en su momento, formando una reserva de terreno en la parte sur, y generalmente enfrentamos problemas con este radio operacional. No logro ver en la argumentación señalada dónde está ese cambio de actitud ni la capacidad efectiva de anticipar la necesidad, sin esperar que la autoridad de turno —sea parlamentario, alcalde, comité o similar— intervenga.
Yo creo que esta legislación fue pensada para que acorte distancias, simplifique y mejore los procesos, siempre con la responsabilidad correspondiente. El agua es cada vez más compleja, tiene un costo y requiere elementos técnicos que en ocasiones sometemos a un marco legal, pero no en esa actitud casi dadivosa que nos otorga la empresa sanitaria de otorgar el agua, condicionada a que se firmen ciertos convenios, entre otros acuerdos. Además, la ley establece que es una atribución que tenemos como empresa sanitaria. Cuando no llegamos a acuerdo —y muchas veces no lo hacemos— contamos con la facultad de forzar la ampliación, obligando a la empresa sanitaria a expandirse de forma forzosa.
Sin embargo, senador, ese ejercicio que hemos desempeñado en varias ocasiones toma mucho tiempo; puede demorar un año y medio, dos años o incluso más si la empresa sanitaria se opone en tribunales. ¿Por qué digo que ahora esto es concreto? Porque, tal como usted lo señala como un cambio de actitud, creo que se logrará un cambio significativo y evidente: esa persona que estaba adyacente al territorio operacional ya no tendrá que ir a pedir por favor a la empresa sanitaria que firme un convenio, ni necesitaremos que alguien diga “Oiga, Superintendencia, ya conversé con la empresa sanitaria y fue de buena voluntad ampliar el territorio”. Ahora será un mandato legal: se tiene que ampliar, se debe entregar la factibilidad y no se consulta, sino que se ordena. El cambio es brutal y muy positivo, ya que se elimina la dinámica de discusión en torno a la ampliación; será inmediato y obligatorio por ley, sin posibilidad de oposición, salvo que no se cumplan los requisitos generales que, de lo contrario, podrían poner en riesgo el suministro.
Así que, senador, considero que esta ley producirá el cambio que usted ha estado señalando que falta o que debemos mejorar, pues se implementará de manera automática y sin excusas.
Reafirmando lo planteado por el Superintendente, cuando abordemos la particularidad de los artículos, veremos que la indicación al artículo 48 del texto establece nuevos incisos. En el inciso tercero —anteriormente se señalaba que, en el caso de la ampliación voluntaria, se establecía un plazo acotado y fatal— en este caso se dispone lo siguiente (voy a leerlo para que quede claro): “La prestadora en explotación estará obligada a certificar la solicitud de factibilidad de los inmuebles urbanos que se ubiquen dentro de la franja de 200 metros que rodea el territorio operacional respectivo”. Dicha obligación tiene dos límites. El primero es que no se supere el 5% de la demanda máxima diaria; una vez que se alcanza ese límite, la obligación se suspende, salvo que transcurran nuevamente cinco años. El segundo límite se orienta a proteger a las unidades más pequeñas, estableciéndose una excepción en que esta norma no será aplicable.
Para las empresas que tengan 10.000 o menos arranques. Entonces, de esta manera se busca ese equilibrio. Ya lo discutiremos en su oportunidad y, naturalmente, ustedes nos entregarán su opinión. Pero, tal como dice el subconsejero, en esa dirección, para ayudar a forzar una situación de quienes están muy cerca del límite del territorio operacional y no tienen este beneficio. Gracias. ¿Alguna otra consulta? No, no. Ya, pero este proyecto es la próxima comisión que tengamos acá, a la vuelta de la semana. Muchas gracias a los invitados.
Avanzamos entonces con el punto 2 de la tabla, que corresponde a conocer el efecto de la consulta indígena en el proyecto de construcción del Hospital de La Unión. Punto 2. Del Ministerio de Desarrollo Social se excusó, como señaló la secretaria, tanto la Ministra de Desarrollo Social y Familia como la encargada de la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas, señora Valentina López, del Ministerio de Obras Públicas. Se encuentran también: el subsecretario, el señor Danilo Núñez; el Director General de Concesiones, señor Juan Manuel Sánchez; el coordinador de infraestructura hospitalaria de EGC, señor Ricardo Faúndez; la jefa de la Unidad de Control de Gestión, Seguimiento y Monitoreo Estratégico Ministerial, señora Leticia Rivas; y, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, vía Zoom, aparece la Subsecretaria de Patrimonio Cultural, la señora Carolina Pérez, quien se excusó, en el extranjero, creo, está el senador. Igualmente interviene la subsecretaria del Patrimonio Cultural, subrogante, la señora Valentina Latorre, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural; la Directora Regional de Los Ríos, señora Karin Weill; y el Secretario Técnico del Consejo de Monumentos Nacionales, señor Ervin Brevis.
Antes de partir, yo solamente manifiesto al Ejecutivo que este punto – que ya vimos la semana pasada – establece el acuerdo para sentar a las partes pertinentes del Gobierno en esta mesa y escuchar cuáles serán los compromisos a tomar, entendiendo que ya hubo el cierre de la consulta indígena, realizado el día 12 de abril del presente año. Además, se actualizó que el día domingo hubo una manifestación del movimiento ciudadano, que apoya la construcción del nuevo hospital de La Unión y que, con justa razón, hoy se manifiestan, pues ya han pasado tres años desde que fue adjudicada esta obra y todavía no se ha iniciado su construcción. Hoy se reúne el Consejo de Monumentos Nacionales, por lo que esperamos tener buenas noticias respecto al resultado del procedimiento de rescate de los hallazgos arqueológicos.
Existen dudas también con respecto al terreno en donde se emplaza hoy el rehue. De acuerdo a conversaciones que tuve hace unas horas con el subsecretario de Interior, se indicó que delegó esa responsabilidad directa al delegado regional para conversar con las comunidades y lograr un acuerdo que permita avanzar con la construcción de este proyecto. Así que espero, más que nada, estimado subsecretario y representantes de la Subsecretaría de Patrimonio –lamentablemente, la subsecretaria no pudo estar presente– que lo único que necesitamos hoy son plazos y saber cuándo partirá la construcción de este hospital, entendiendo que los procesos ya se han finalizado. He conversado con la ministra de Cultura, con la subsecretaria de Patrimonio, con la ministra de Desarrollo Social, con el subsecretario de Interior y con la ministra de Obras Públicas el día de ayer, y todos indican que existe voluntad política para avanzar y construir el hospital en este terreno específicamente. Pero ahora, ya no necesitamos palabras y compromisos; necesitamos fechas y poder iniciar la obra, porque es lo que piden los vecinos de la comuna.
Doy la palabra; no sé si el senador Alfonso Durresti quiere intervenir antes de que podamos avanzar. En primer lugar, presidenta, saludar a los invitados, colegas y autoridades presentes. Me parece muy paradójico que nosotros necesitemos hace más de una semana a la institucionalidad de patrimonio y no señale…
Una comisión de servicio en China. Entonces, las prioridades, claramente, hay que ver dónde están: o están en China o están en sacar adelante este hospital, que es uno de los más grandes, un hospital de mediano tamaño, y que ha arrastrado durante meses o años una tardanza en abordar, de manera paralela, lo que fueron los hallazgos y la consulta indígena. A mí me parece —y lo digo de manera franca y clara— que no puede ser que el municipio y la comunidad tengan que movilizarse para algo que está determinado por la ley de presupuesto y que, incluso, exige la intervención del Ministerio de Obras Públicas, el primero en querer construirlo a través de concesiones, empujando esto junto con el Ministerio de Salud. El día jueves estuve reunido con la mesa de salud de La Unión; detrás de este asunto se sitúa la institucionalidad patrimonial en China, lo cual demuestra la desconexión existente entre dicha institucionalidad y las distintas obras.
Ya lo he señalado; hemos solicitado —y le voy a pedir, Presidenta— que eso se haga tanto en esta comisión como en la Comisión de Cultura, de la cual formo parte, donde se analizará el proyecto de reforma del Consejo de Monumentos. Se revisará la cantidad de millones que se gastan, no solo el tiempo perdido y las situaciones que enfrentan las comunidades, tensionando a las organizaciones, sino también los millones de dólares invertidos. Será muy revelador cuando llegue el informe de los setenta y tantos millones de dólares que se han tenido que gastar en la Línea 7 del metro por excavaciones, y aún más cuando se conozcan las empresas y quiénes son sus integrantes, que se adjudicaron esos proyectos.
Quiero señalar, y es crucial en la historia de estas discusiones, que presentamos un proyecto de ley, ya que el Ejecutivo no lo patrocinó ni movió un dedo, para que se constituya la comisión del Consejo de Monumentos, la cual se llevará a cabo a las tres. Nosotros debemos hacer un proyecto de ley para ello, pues la situación es tan opaca que no se conoce si los integrantes de estas comisiones han realizado las declaraciones de interés y patrimonio. No sabemos lo que opinan ni cómo deliberan, y esa es, precisamente, la gente que mantiene en tensión a una comunidad como la de La Unión. Y, dicho sea de paso, no se trata solo de este hospital que complica la situación; los otros tres —Río Bueno, Los Lagos y Puerto Var— están avanzando, por lo que, en caso de no ejecutarse este hospital, podría desencadenarse una cadena de inconvenientes.
No me gusta la levedad con que se aborda este tema y cómo el Consejo de Monumentos Nacionales evidencia una marcada desconexión con la función pública, siendo que construir un hospital debería ser el anhelo más soñado por una comunidad. Hoy tenemos meses de retraso respecto a los otros, simplemente porque se llega tarde; en lugar de estar aquí, se está en China cumpliendo funciones. Y quiero, ya que está presente el subsecretario, quien es la autoridad política —porque a mí no me interesan las representaciones administrativas— recalcar que no puede ser que nuestro gobierno —ni ningún gobierno, porque esto no es bueno para nadie— muestre este nivel de desaprensión en su atención.
Asimismo, ministra, Presidenta, considero importante analizar lo que ocurrirá hoy a las tres; sin embargo, todavía está pendiente la reubicación del REGUI, que es lo que necesitamos construir, descartando la situación en que, en algún momento, algunas autoridades señalaron irresponsablemente que se podría trasladar el hospital a otro lado. Eso es imposible, son diez años más, y deja claro que existe un servicio, fundamentalmente patrimonial, que está totalmente desconectado de la realidad y no protege el patrimonio que nos interesa a todos, pues actúa en su dinámica sin tener en cuenta de manera crucial la necesidad de salud de los habitantes de la Provincia del Banco.
Con esto concluyo, Presidenta, esperando que, sin perjuicio de la decisión que tome el Consejo de Monumentos a partir de las tres, se transmita adecuadamente, sin caídas de señal, y que todos los integrantes de esas comisiones cuenten con la correspondiente declaración de interés y patrimonio, para que podamos formular una siguiente pregunta.
de reunión para que colaboremos acá en que esto se concrete, porque yo creo que claramente hay gente que, ya sea por negligencia o simplemente por desidia, no está interesada en sacar adelante este hospital. Si no hay ninguna otra intervención de quienes forman parte de esta mesa, agradezco que el Ejecutivo pueda tomar la palabra. Presidenta, nuevamente, por su intermedio a los honorables senadores: nosotros, como gobierno, lo conversamos la semana pasada y se acordó que el gobierno es uno en ese sentido.
El objetivo de la reunión de la semana pasada fue conversar, unificar la información y socializar el estado de trabajo ya concluido el 12 de abril en el proceso de consulta indígena. Nosotros, el día de hoy, después de las tres de la tarde, conoceremos la resolución final y estamos ansiosos por conocerla para iniciar el proceso, como dijimos en la sesión anterior, de iniciar las obras en aproximadamente un mes. Sabemos que ya hay indicios de una potencial respuesta a partir de la entrega, del Departamento de Arqueología –si no me equivoco– de la Comisión de Arqueología al Consejo de Monumentos Nacionales con una propuesta. Creemos que, frente al planteamiento de responder respecto a los restos arqueológicos encontrados, estamos a la espera de esa resolución, de esa redacción, para poder operar y funcionar.
Asimismo, y en relación a lo señalado por el senador Durresti respecto al fondo del tema –por un lado, lo resuelto por el Consejo de Unidades Internacionales y, por otro, lo que ocurre con el REGUI instalado en el interior del área de construcción del hospital–, hemos coordinado con el Ministerio del Interior, tal como usted indicó inicialmente y como entiendo que lo señaló nuestro subsecretario del Interior en conversaciones, para dar respuesta en el corto plazo y llegar a acuerdos con contrapartes que finalmente habiliten ese lugar y espacio para reiniciar las obras.
En cuanto al tema de los plazos, nosotros, como Estado, entendemos que esto se realizará en un plazo corto, pero necesitamos conocer la resolución final del Consejo de Monumentos Nacionales para generar una planificación y un cronograma más firme con nuestra Dirección General de Concesiones.
Le doy la palabra a Juan Manuel Sánchez, nuestro Director General de Concesiones.
Muchas gracias y, por su intermedio, Presidenta, saludo a todos los senadores presentes. Simplemente, quisiera aclarar y agregar a lo que ha dicho el subsecretario: la aprobación de hoy es lo que se pondrá en discusión en el Consejo dentro de un rato, y respecto a dicha aprobación –para lo cual quizás los colegas del Consejo y de la Secretaría Ejecutiva puedan precisar mejor los alcances que ésta implica–, nosotros nos vemos en la obligación de hacer llegar al Consejo una propuesta de manejo, es decir, cómo vamos a hacer posible o llevar a cabo lo que la consulta ya acordó, que es realizar un reentierro de los restos. No se precisa en este caso el acta o el acuerdo en cuanto al cómo, y eso es lo que debemos presentar. Contamos con unas propuestas ya elaboradas y, a partir de ellas, tendremos 30 días desde la aprobación de ese plan de manejo –el cual esperamos ingresar en el menor plazo posible–. Solicitaremos ayuda, incluso pediremos una sesión extraordinaria al Consejo, de manera que, a partir de esa segunda aprobación –que es la más relevante–, en 30 días la empresa deba ingresar al terreno. Esto es independiente de lo que ha mencionado el subsecretario, Presidenta, respecto al REGUI, sobre el cual la consulta no aborda.
Valentina Latorre, por favor, preséntese antes de intervenir.