Otra vez. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Ahí sí. Partimos. El acta de la sesión 88 se da por aprobada por no haber sido objeto de observación y el acta de la sesión 89 queda a disposición de la Comisión.
El secretario dará lectura a la cuenta.
Secretario: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, estimados diputados y diputadas.
Se han recibido los siguientes documentos: oficio del Secretario General de la Cámara, quien comunica que en la Comisión de Familia el diputado Tomás de Ramentería reemplazará en forma permanente a la diputada Ana María Bravo; oficio de la Defensoría de la Niñez, quien remite un diagnóstico.
Pero el diputado de Reventería acaba de asumir como senador.
2025, sobre la situación de los derechos de la niñez y adolescencia. En este diagnóstico se identifican desafíos persistentes en niños, niñas y adolescentes en Chile, especialmente en salud mental, discriminación, pobreza y vivienda. A partir de datos recolectados en el año pasado se detecta una percepción creciente de inseguridad, soledad y abandono entre adolescentes. El estudio también alerta sobre el aumento de listas de espera en salud, la baja cobertura en la educación sexual y las condiciones precarias de habitabilidad, sobre todo en regiones del norte. Se hace hincapié en la necesidad de políticas públicas preventivas con un enfoque intersectorial que responda estructuralmente a estos problemas.
También se recibió al presidente del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, quien, en respuesta a un oficio de esta comisión, informa que no tiene competencia ni información sobre el caso de seis jóvenes del Centro de Internación de Coronel que no pudieron rendir la PAES por un error administrativo. Indica que esos centros son responsabilidad del CENAME o del Nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, en conjunto con Gendarmería.
Se recibió un oficio de la Contraloría General de la República, la cual informa sobre el plazo otorgado al Servicio Nacional de Protección Especial de la Niñez para que responda a un oficio de esta comisión en un plazo de 20 días, respecto a un tema relacionado con el oficio enviado en relación con el Servicio de Paz y Justicia y el Estado, ente colaborador con dicho servicio.
También se recibió una nota de la diputada Sara Concha, quien expresa su preocupación por el caso de un menor de 13 años en Iquique que sufrió maltrato grave, situación que no fue detectada ni por el sistema educativo ni por el de salud. Resalta las fallas institucionales en la protección de la infancia y alerta sobre el ausentismo y la deserción escolar, con más de 47.500 estudiantes desvinculados entre los años 2023 y 2024. Solicita la intervención del ministro de Educación, de la Superintendencia de Educación y del Defensor de la INE para abordar estas materias.
Asimismo, se recibió una nota de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres Chile, que solicita a la Comisión de Familia una audiencia para exponer su postura sobre el proyecto de ley 17.337-07, que prohíbe la maternidad subrogada. Desde su perspectiva feminista crítica, rechazan dicha práctica por considerarla una forma de explotación y mercantilización del cuerpo de las mujeres, que atenta contra los derechos humanos, promueve el tráfico de personas y constituye violencia obstétrica. La organización desea participar activamente en el debate legislativo aportando evidencia tanto nacional como internacional en defensa de los derechos de las mujeres.
Finalmente, se recibió una nota de la bancada UDI en la que se informa que el diputado Marco Antonio Solantay reemplazará al diputado Felipe Donoso y, en el intertanto, el diputado Patricio Rosas reemplazará a la diputada Consuelo Veloso. Se da por concluida la cuenta, señor presidente.
Gracias, secretario. Ofrezco la palabra, solo la cuenta. Nadie. Entonces vamos a abrir puntos varios. No sé si algún diputado tiene algún tema para poner sobre la mesa.
Diputada Bravo, por favor, bienvenida. Bienvenida de nuevo.
Muchas gracias, señor presidente. Es un gusto saludar a todos los colegas, al señor secretario y a quienes están invitados el día de hoy. Solo quisiera señalar que, como se mencionó en la cuenta, me retiro de la Comisión de Familia y de la nueva organización dentro de la bancada. Todos sabemos que el diputado de Rementería acaba de jurar en el Senado y que se integrará un nuevo militante que asumirá el cargo de Tomás. Quería despedirme y señalar que fue un bonito trabajo el realizado desde la Comisión de Familia. Me quedaré con muy lindos recuerdos, especialmente de cuando presidí en mi primer desafío y primer período como diputada.
Y asumir inmediatamente una presidencia, así que también agradecer a Matías por su intermedio presidente, que fue un gran colaborador en ese aprendizaje. Así que eso, muchas gracias.
Sí, gracias, diputada Bravo, que es presidenta de esta comisión.
De hecho, hoy día yo iba a plantear la idea de que invitáramos, para la mesa de trabajo de la infancia que tenemos, a la vocera de los jueces de familia, la jueza Bimasal, ¿cierto? No sé hoy día si seguirá ejerciendo ese cargo, pero de todas maneras le agradecemos su aporte a esta comisión.
No sé qué diputado le va a reemplazar, que evidentemente el diputado de Reventegía no es, que es el que venía CEPO. Evidente. Claro. CEPO. Cosas que han pasado. Pero, de todas maneras, cuente con esta comisión siempre aquí, bien recibido por su aporte.
Bueno, vamos ahora a hacer el acto tradicional a la diputada Muñoz, que es la presidenta saliente, por su labor todo este tiempo, que de hecho nosotros estamos continuando, porque estamos con esta mesa de la infancia —yo no sé qué nombre tiene, le estoy poniendo así—, que partió ya y que tenemos nuevos invitados pensados para la próxima semana con tareas. Esa labor se la debemos a la diputada Muñoz, a quien le agradecemos en este instante. Secretario, ¿no sé si tiene? Aquí está. Gracias a usted, diputada.
No sé si con eso cerramos varios o alguien quiere mencionar algo en particular. Si no es así, yo igual voy a aprovechar: no somos muchos los miembros habituales de la comisión, pero tengo una idea para sacar adelante el deseo de muchos de nosotros de sesionar los lunes, que por una dificultad reglamentaria se ha complicado. Se las voy a plantear directamente, yo creo, en el grupo. No se puede cambiar, pero para facilitar a quienes necesitan sesionar los lunes y también a quienes eventualmente quieran hacerlo el martes, se los voy a explicar con más detalle personalmente en estos días, para que sepan que estamos trabajando en ese tema.
Y ya, de lleno en la orden del día, esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla 1: Iniciar el estudio y debate en general del proyecto de ley de origen en moción de las diputadas y diputados Juan Irarrázaval, Héctor Barría, Felipe Donoso, Helia Molina, Francesca Muñoz, Ximena Ossandón, Jorge Saffirio y Consuelo Veloso, que modifica diversos cuerpos legales para prohibir y sancionar la maternidad subrogada. Título que tiene este proyecto, que no es el que le dimos los emocionantes; ahí sí nos puede explicar el secretario por qué, digamos, en algún momento se le cambia el título al proyecto sin consultar a los emocionantes, sería bueno. Sí, nosotros lo… Mira, te digo al tiro cómo lo ingresamos en su momento, pero para eso…
El proyecto originalmente se llama el Proyecto de Ley que modifica diversas normas con el propósito de prohibir toda forma de utilización de la mujer como vientre de alquiler. Se le dio una connotación más negativa, no sé, secretario, si usted nos puede decir en base a qué se... Sí, claro, ocurre que una vez que los parlamentarios ejercen su facultad constitucional de presentar una moción parlamentaria, ésta ingresa a la Cámara, la cual realiza un estudio de admisibilidad. En ese estudio se adecuan los títulos para ajustarlos lo más posible a la idea matriz del proyecto. ¿Por qué ocurre esto? Porque una vez que pasa la admisibilidad –es decir, que es firmada por no menos de 10 diputados o por más de cinco senadores, que sean ideas homogéneas y que no tengan reformas constitucionales–, la Cámara se hace dueña del proyecto parlamentario, y es por esa razón que, al ser éste incorporado, puede alterar los títulos. Así, la Cámara dice: “ok, ahora este proyecto que hago mío, lo derivo para facilitar el estudio a una comisión, para que ésta informe y yo, como soberana, decida”. Esa es la razón por la cual se ajustan los nombres, de modo que efectivamente, como se ha hecho en esta comisión, podamos retomar eventualmente un...
(Pausa)
O bien, puedo dar algún contexto, ya que aquí se habla de lo emocionante y yo soy autor del proyecto, junto con la diputada Muñoz y los diputados que nombré. Este proyecto busca, en el fondo, combatir la mercantilización de mujeres y niños en un mercado global, hoy día un mercado de considerable movimiento de dinero. A pesar de que en Chile no está, digamos, industrializado, es importante, ya que nosotros, como país, eventualmente tenemos muchos –como se diría de manera suave– clientes o, de otra manera más dura, compradores o encargadores de guaguas. Y eso es un delito que, efectivamente, en algunos lugares se persigue de manera internacional, incluso hay varios organismos internacionales que han señalado esta situación, porque se trata de un mercado que, más allá del debate ético sobre la libertad de cada persona, está fuertemente vinculado a la trata, en cualquier modalidad en que se desarrolle, ya sea de forma comercial o no comercial.
(Pausa)
Entonces, para eso es que aquí está Bernardo García, director ejecutivo de la Declaración de Casablanca, institución internacional que firmaron muchos líderes mundiales en 2023, si no recuerdo mal, y que, hasta hace poco, trabajaba en el Líbano para esta causa. Las circunstancias de la vida –principalmente la guerra– lo han conducido de vuelta a Chile, su tierra natal; es chileno y ejerce como director ejecutivo de esta organización. No sé si le indique director o coordinador; en este caso, digamos coordinador y, por ello, denle nomás el micrófono, es todo suyo.
Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, honorables diputados. Nosotros, como Declaración de Casablanca, estamos muy agradecidos y contentos del trabajo que están realizando en Chile, porque esto es un problema global. Quizás, de repente, me imagino que ustedes, como parlamentarios, tienen muchos otros asuntos que gestionar a nivel nacional, y me parece que esa es su principal tarea; pero aquí también enfrentamos un problema de dimensión global. La maternidad subrogada es una industria, como lo decía el presidente.
Que, desde nuestro punto de vista, se utiliza a la mujer –como también lo afirmaba esa organización feminista citada al principio– como medio para obtener niños para clientes, sobre todo extranjeros. En Chile, esta industria aún no ha llegado con toda la fuerza que se observa en otros países, como Georgia, Ucrania o Estados Unidos, pero aquí la idea es llegar antes, anticiparse a un problema y dar el ejemplo. Chile, como se mencionó hace un ratito, enfrenta, al igual que muchos otros países, graves problemas en materia de niñez, evidenciados en centros de menores y en casos de adopción internacional irregular. Si bien esta problemática se presenta en muchos lugares, en este caso se trata de prohibir una industria en expansión a nivel mundial, especialmente en América Latina –como en Colombia y Argentina–, que podría llegar a Chile, sobre todo a través de la explotación de mujeres migrantes.
Han salido en la prensa chilena casos de mujeres, por ejemplo, de origen colombiano, que han llegado a nuestro país y, debido a su vulnerabilidad, han optado –o han sido coaccionadas– a participar en esta práctica, lo que las coloca en una situación precaria tanto en términos sociales como económicos. Se estima que este mercado alcanzará un valor de 129 mil millones de dólares en un par de años. En este contexto, operan clínicas, agencias y oficinas de abogados que lucran con este mercado, convenciendo a mujeres para que se presten a dicha práctica.
El marco fundamental para entenderlo es que personas de países desarrollados se dirigen hacia países menos desarrollados –o incluso dentro de un mismo país, entre diferencias de clases sociales– e incentivan a estas mujeres a tener hijos, prestándose a este servicio. Recuerdo una conversación en que se mencionó a la encargada de la mujer libanesa –hija del expresidente–, quien, en cierto modo, representaba a la ministra de la Mujer en ese contexto, y se discutía el esfuerzo realizado a nivel nacional e internacional para promover la educación y el desarrollo de las mujeres, permitiendo que, por ejemplo, niñas de áreas rurales pudieran casarse a una edad más avanzada y acceder al mundo laboral. Sin embargo, este mercado internacional amenaza directamente la promoción y la elevación social de estas mujeres, ya que en un contexto de crisis social y económica, si a una mujer se le proponen 20.000 dólares para tener el bebé de un cliente extranjero, tanto a nivel personal como social, la presión de su entorno puede hacer muy difícil oponerse a ello.
Como se ha repetido, está demostrado que la principal motivación detrás de esta práctica es económica. La industria, el mercado y sus portavoces recurren a argumentos que exaltan la libertad de la mujer, pero resulta contradictorio hablar de libertad cuando existe un fuerte condicionamiento económico y social. Hay que estar atentos, pues este mercado a menudo se disfraza y se presenta como una práctica altruista o solidaria, sin dejar de ser explotadora. No es argumentable que, si bien es un servicio, clínicas, agencias y abogados se benefician económicamente, lo que agrava aún más la situación de las mujeres involucradas.
Nuestra organización, la Declaración de Casablanca, con sede en París, es un grupo transversal, interdisciplinario e internacional conformado por expertos de más de 80 países. Solicitamos a la comunidad internacional, a través de un tratado en Naciones Unidas, que se declare la maternidad subrogada como una forma de violencia contra la mujer o de tráfico de personas, y especialmente de venta de niños, según lo establecido en el protocolo sobre venta de niños de la Convención de Derechos del Niño. Nuestro trabajo ha sido presentado en Naciones Unidas, en Ginebra, en Nueva York, en el Parlamento Europeo y en diversos parlamentos nacionales. Esto demuestra el carácter internacional y transversal de nuestra iniciativa y de nuestra preocupación. Lo único que nos preocupa es la protección de mujeres y niños en todo el mundo.
Y aquí en particular en Chile. Nuestra portavoz, Olivia Moguel, es una activista feminista francoamericana, de 32 años, que lidera este movimiento. Ella nació por maternidad subrogada en Estados Unidos y hoy ha escrito su historia; la ha contado en diversos medios, en parlamentos y en reuniones con muchísima gente, mostrando una voz para quienes no la tienen.
Muchas veces, esta práctica es, de hecho, adultocéntrica. Tanto el derecho internacional como el derecho chileno establecen que todas las decisiones referentes a un niño deben considerar su interés superior. En esta práctica se separa intencionalmente a un niño de su madre, de la mujer que lo gestó, y muchas veces es trasladado a miles de kilómetros de donde nació. El niño pierde su identidad, un derecho humano reconocido por la Convención de los Derechos del Niño, y también el derecho a conocer sus orígenes, es decir, quiénes son sus padres y, particularmente, quién es su madre, así como cómo fue concebido genéticamente.
La ley que presentamos —la que se discute hoy en este Parlamento— encuentra su origen en el testimonio que dio Olivia Moguel en el diario El Mercurio en septiembre, momento en el cual se generó un debate público que culminó con una carta firmada de manera transversal por muchos de ustedes y que originó esta proposición.
Lo repito: la maternidad subrogada es una práctica indigna del ser humano en todas sus formas. No es una práctica que, de ser reglamentada, pueda llegar a ser digna, como afirman algunas personas. Otorgarle un marco jurídico equivale a permitir que este mercado se instale en nuestro país, explotando a la mujer de forma objetiva. La mujer nunca puede ser utilizada como un medio; el ser humano es un fin en sí mismo, y ningún niño debe ser objeto de un contrato, ya sea de venta o de donación. Con esto se refuta el argumento de que se pueda aplicar de manera altruista o solidaria sin pago para la mujer.
Esta práctica viola principios jurídicos fundamentales, pues disocia la maternidad entre la mujer que gesta y la que aporta sus óvulos, y vulnera el derecho del niño a su identidad. ¿Cómo puede un niño construirse si se le ha separado voluntariamente de su madre?
Hace unos días, en una clase con enfermeras, me preguntaban cuál es la diferencia con la adopción. La adopción intenta reparar la herida de abandono que provoca la maternidad subrogada, al separar a un niño de su madre. Incluso, en el ámbito del derecho laboral, se podría analizar esta práctica. Me pregunto: ¿qué haría un juez del trabajo—encargado de velar por los derechos de los trabajadores—si encontrara un contrato en el que una mujer es sometida durante más de un año a la voluntad de sus clientes? ¿Dónde podría moverse? ¿Qué podría comer? ¿Se le permitiría mantener relaciones íntimas con su marido? Con frecuencia, se le exige abortar o no, en función de los deseos de los clientes. La venta de niños está prohibida a nivel internacional y no podemos ver en esta práctica otra cosa que una venta de niños.
También se han estudiado los problemas de salud psicológica y fisiológica que esta práctica genera para las madres. Se ha abordado, además, el tema de la violencia obstétrica, como lo ha desarrollado la doctora española Ivonne Olsa, quien esperamos pueda testimoniar en este Parlamento y es firmante de la Declaración de Casablanca. Está demostrado que la maternidad subrogada implica un embarazo de alto riesgo para las mujeres, quienes a menudo provienen de entornos vulnerables, y acarrea serias consecuencias en la salud psicológica del niño, al ser separado de su madre y privado de sus orígenes.
Finalmente, este mercado se está expandiendo en América Latina, donde, en ocasiones, el Estado tiene un control limitado, como ocurre en Argentina y Colombia. En Argentina, hace unos meses, la opinión pública se horrorizó por el caso de un niño abandonado en Córdoba: la madre gestante, al dar a luz, afirmó que no era la verdadera madre, y luego la madre francesa, que había encargado la maternidad subrogada, se negó a hacerse cargo, haciendo que el niño pasara a manos de los servicios sociales. Este caso no es aislado, sino la lógica misma de este mercado, que trata al niño como un objeto contractual, susceptible de ser rechazado o aceptado.
También tenemos expertos trabajando ahí que nos explican cómo mujeres de extractos extremadamente vulnerables no saben bien lo que firman, contratos de 50 páginas en inglés para clientes extranjeros, vulnerando todos sus derechos. En Chile, y con esto termino, fuimos pioneros en la abolición de la esclavitud. A nosotros nos parece que la maternidad subrogada es una nueva forma de esclavitud de mujeres y de venta de niños. Chile podría ser un líder en esta materia a nivel internacional. Es un tema de alta actualidad en Naciones Unidas. Este año, Rym Al-Salem, la relatora especial de Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer, va a dedicar su reporte anual sobre esta materia delante de la Asamblea General de Naciones Unidas. Le agradezco mucho poder escuchar nuestro trabajo y, obviamente, estoy muy dispuesto a responder preguntas y sugerencias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, director, por su exposición. ¿No sé si hay preguntas?
Diputada Muñoz:
Bueno, saludo a los colegas presentes, a la Secretaría y al invitado también. Muy buenas tardes; agradezco su exposición. Yo sé que este es un tema que apenas estamos iniciando a discutir, un tema bien complejo que afecta a muchos países a nivel mundial. En ese sentido, también hay muchas aristas en la terminología y muchos puntos que iremos viendo, junto a otros expositores, para ir entendiendo cómo se va dando. En este contexto, quisiera consultar, ya que desprendo de sus palabras que ustedes han ido también como organización a los organismos internacionales a dar a conocer lo que está ocurriendo en estos países, ¿cuál ha sido la respuesta de los organismos internacionales? Me gustaría saber hacia dónde apuntan, si serán quizás más proactivos en trabajar para que esto no avance, y cuál ha sido la disposición para que se concreten acciones a nivel internacional. Esa es una de mis consultas y, bueno, sé que más adelante avanzaremos en aterrizar más detalles de cómo se está dando esto en otros países, pues es muy fuerte y muy crudo lo que usted nos plantea. Entonces, también quería tocar ese punto, que creo es profundo, complejo y muy sensible, en el ámbito internacional, para conocer qué opinan los organismos internacionales. Gracias, Presidenta.
Muchas gracias por su intermedio, señor Presidente. Muchas gracias por su pregunta, diputada. Hoy día diría que a nivel internacional, incluso en la opinión pública, hay una preocupación sobre este tema, porque cuando uno ve lo que sale en la prensa generalmente se aprecian, entre comillas, dos extremos. Por un lado, está el caso en que se descubre, por ejemplo, una granja de mujeres con cien esclavas reproductivas y sexuales en Georgia, una noticia que la relatora especial de Naciones Unidas usó para anunciar que iba a dedicar este informe del 2025 a este tema. Se suman también casos como el abandono de niños en Argentina y todo lo sucedido en Ucrania, ya que Ucrania es el gran mercado mundial de esta industria, donde estos niños fueron abandonados o quedaron varados, ya sea durante la guerra o durante el COVID.
El otro extremo es proponer esto como una nueva forma de hacer familia, para parejas que son infértiles, para hombres solos, para mujeres solas o para todo tipo de personas. Se observa, entonces, una especie de dicotomía y falta de un discurso único respecto a este tema, lo cual se refleja también en las organizaciones internacionales.
Yo diría que ha habido una muy buena acogida. Nosotros, desde el primer congreso que hicimos, cuando nació nuestra ONG, la Declaración de Casablanca, contamos con dos expertos del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas como observadores independientes de nuestro trabajo; uno de ellos era latinoamericano, el miembro uruguayo, y posteriormente también estuvo un miembro de Togo, en África. En nuestro segundo congreso, realizado en la ciudad de Roma el año pasado, la relatora especial de Naciones Unidas, Rym Al-Salem, participó nuevamente como observadora independiente; además, se sumó otra miembro del Comité de Derechos del Niño, en esta ocasión la representante de Bulgaria. Existe, pues, un interés considerable, ya que se sabe que esto es una realidad, y las cifras proyectadas por estudios de mercado indican que se mueve alrededor de 129 mil millones de dólares en una industria que está creciendo con gran fuerza, según lo publicado en revistas de tipo The Economist, grandes revistas económicas.
Estudian tendencias a nivel global. Ahí fue entrevistada nuestra portavoz, quien, habiendo actuado antes como activista, representa una voz nueva en este mercado, el cual se ha generalizado desde los años 90. Nacida en el 91, hoy vemos a los primeros jóvenes –algunos ya en la treintena– que pueden abordar este tema. Además, sabemos que otros niños nacidos por maternidad subrogada han contactado a la redactora especial, lo que genera un conflicto de interés similar al que se presenta con los niños adoptados ilegalmente.
Recientemente, estuve en el Museo de la Memoria, en el congreso de Madres e Hijas del Silencio, donde se contó una historia muy parecida a la de los niños nacidos por maternidad subrogada. Desde nuestra experiencia, estos niños han sido extraídos de su entorno de identidad –su país, su lengua materna y sus padres– y, en muchas ocasiones, son llevados al exterior con buena intención, argumentando que se los saca de una situación vulnerable. No obstante, años después estos mismos niños expresan que, si bien están agradecidos con sus padres, objetivamente se vulneraron sus derechos, ya que un niño no debe ser transferido de un país a otro de manera ilegal; debe conocer sus orígenes.
Como organización, respondemos al trabajo que realiza la Conferencia de La Haya, institución intergubernamental que elabora derechos y tratados internacionales en los Países Bajos. Recientemente, nuestra portavoz fue recibida y audicionada en la sede de la conferencia, la cual cuenta con un grupo de trabajo que, desde hace 10 a 15 años, prepara un tratado internacional sobre este tema, orientado tanto a la regularización como a la creación de un marco normativo. Ellos mismos confiesan lo difícil que es ponerse de acuerdo, pues resulta complicado establecer las condiciones para quienes pueden acceder a este mercado y a esta técnica.
Por ejemplo, ¿qué ocurre si una madre o una cliente decide no recepcionar al niño? Se presenta de entonces una dicotomía. Estamos colaborando con el Comité de Derechos del Niño, en el que, si bien no existe una posición oficial hoy día, sí se percibe una preocupación. Hubo un informe en 2018 o 2019 en el que la relatora ya asimilaba la maternidad subrogada a una forma de venta de niños. Creemos que es necesario avanzar en este tema, pues el estatus quo favorece únicamente al mercado. En Chile, por ejemplo, existen sitios web que indican que la mujer que da a luz es la madre y recomiendan acudir a otros países.
Por ello, es fundamental que el trabajo que ustedes están realizando evite una prohibición tajante e imprecisa y que se alcance un consenso claro. Como expresó la ministra de la Mujer en Chile –la ministra Orellana, con quien me reuní– “no prestamos nuestro cuerpo”, subrayando la importancia de fijar límites claros. El mercado sigue avanzando, tal como lo demuestran las clínicas ucranianas, que se promocionan como el “Amazon de los niños”, ofreciendo entregar al menor en el lugar que el cliente desee, sin importar la legislación vigente en el país. En Chile, nada impide que, como sucede en Colombia o Argentina, este fenómeno se expanda; incluso se comenta que en Francia existen ferias y agencias que invitan a los ciudadanos, al estar prohibido en su país, a acudir a clínicas en Ucrania, Georgia o Estados Unidos.
Por ello, necesitamos también el apoyo de este Parlamento y de los líderes políticos. En la comunidad internacional, además de la sociedad civil –que ha organizado y colaborado en eventos en Naciones Unidas– es crucial contar con la intervención de estados, países y parlamentos que aborden este tema. Consideramos que existe, asimismo, una falta de voluntad, aunque de manera positiva, pues los estados podrían ser más proactivos en este ámbito. El riesgo que percibo en Chile, como ya se ha mencionado, es que quizá este problema no es evidente para la opinión pública, pero representa un peligro real para las mujeres y los niños, y de manera más amplia para el continente. No es casualidad que la Declaración de Casablanca de este año celebre su congreso en Lima, Perú, ya que nos preocupa especialmente lo que acontece en América Latina.
Muchas gracias, director. Yo le quería comentar que en algún momento vi que había, no sé si de la Comisión Europea, una declaración al respecto. Efectivamente, se me olvidó mencionar que el año pasado estuvimos muy activos también en la Unión Europea. El Parlamento Europeo ha adoptado al menos un par de resoluciones condenando la maternidad subrogada, sobre todo en el contexto de la guerra en Ucrania, ya que esas mujeres se encontraban doblemente vulnerables por razones sociales, económicas y debido al conflicto.
Incluso, algunas de ellas fueron trasladadas a otros países para dar a luz, como fue el caso en Francia, lo cual fue difundido por los medios. En 2023 se adoptó una directiva europea que, en esencia, es una ley que deben aplicar los 27 Estados miembros de la Unión Europea a través de su legislación interna, en el marco de la reforma de la directiva sobre tráfico de personas. Aquel día acudimos al Parlamento, realizamos una conferencia y se explicó que, para nosotros, la fórmula resultaba completamente convincente, ya que se reconocía que la explotación de la maternidad subrogada constituye una forma de tráfico de personas, al evidenciar la falta de consentimiento de la mujer y su estado de vulnerabilidad.
Básicamente, sostenemos que esa directiva europea debe interpretarse de la manera más amplia posible, ya que la mujer siempre se encuentra en una posición de vulnerabilidad al recurrir a esta práctica. La Unión Europea es, sin duda, una institución internacional integrada por Estados que han avanzado en este ámbito; sin embargo, existe un riesgo: actualmente se negocia lo que llaman el certificado de parentalidad, que vendría a ser una especie de carnet de identidad que reconoce la filiación en cualquier Estado miembro. Así, si en un país se reconoce la maternidad subrogada, en países como Francia, España o Italia —donde dicha práctica no se reconoce— se vería obligada a reconocer esa filiación.
Asimismo, el año pasado realizamos una conferencia en Roma, Italia, no por cuestiones políticas, sino porque consideramos que este es un tema transversal, de dignidad y de derechos humanos. El gobierno italiano, a través de su primera ministra, fue muy categórico y adoptó una ley —incluida posteriormente en la ley chilena que ustedes están estudiando— que condena la maternidad subrogada cuando los ciudadanos italianos recurren a ella en el extranjero. Este fue un punto fuerte, tanto simbólico como concreto, ya que es una de las pocas maneras de frenar este tráfico. En países como Francia y España, donde tampoco se reconoce la maternidad subrogada, el contrato se considera nulo. El problema reside en que los nacionales viajan al extranjero y luego traen a sus hijos, lo que complica al Estado, pues no sabe si reconocer o no la filiación, dado que a menudo los niños vienen con el estado civil que reconoce a la madre o a los padres de forma legal.
Aprovecho también para rendir homenaje, puesto que hace apenas un par de días falleció una figura emblemática. Recordando que el Papa Francisco, en una reunión del año pasado, acogió a nuestra portavoz —aun cuando ella es atea y feminista, manteniendo una postura distinta a la Iglesia Católica—; posteriormente, el Papa Francisco se manifestó, haciendo un llamado a la comunidad internacional y comprometiendo a la Santa Sede para promover este tratado a nivel internacional. De hecho, la Santa Sede organizó dos eventos en Naciones Unidas sobre este tema: uno enfocado en la pobreza de las mujeres y la maternidad subrogada, y otro titulado “Hacia la Abolición Universal”.
Diputada Romero:
Muchas gracias, presidente. Saludo al director. Estaba escuchándolo atentamente y tomando nota de algunos de los datos que usted señalaba. Imagino que debe existir una cifra pública, pero también una cifra negra respecto de esta práctica. Nuestra mayor solicitud, al menos para quienes integramos esta comisión, es que no se autorice bajo ninguna circunstancia. Le pregunto, entonces, si es que existe una cifra pública y una cifra negra de la cantidad de niños o de mujeres involucradas.
Que estarían autorizando o participando de esta práctica o de este sistema establecido. Y en lo segundo, saber si esto va hacia el alza o ha tenido algún tipo, o cuál es la curva, finalmente, desde que se empieza — yo me imagino, posterior al fenómeno; no sé cuánta distancia o cuánto tiempo transcurre entre que aparece el fenómeno, se hace visible y se empieza a generar una acción para llamar la conciencia — sería interesante saberlo.
No, yo lo pregunto en general, porque hoy día, o por lo menos en la exposición que señalaba el director, efectivamente, pareciera ser que este es un mercado global y, en la medida en que hay vacío en la legislación en algunos países, se va hincando el diente allí para poder practicarlo. Muchas gracias por su intermedio, señor presidente.
Efectivamente, es un gran tema lo que usted plantea, diputada, porque fue un poco en la línea de lo que yo traté de explicar antes: en el fondo este es un mercado que avanza porque la legislación, para nosotros, es clara, ya que en la mayoría de los países la que da a luz es la madre. Uno no puede disociar la maternidad, como diciendo “yo doy a luz, pero no soy la madre”, tal como se contó en el caso de una mujer argentina que llegó al hospital afirmando “yo no soy la madre, la madre es una francesa, no sabemos quién es” y que tampoco se hizo cargo del niño.
Entonces, por ejemplo, en Francia se ha solicitado administrativamente cuántos niños franceses están naciendo por esta vía y han sido inscritos en consulados extranjeros. En Chile es lo mismo: el niño chileno nacido en el extranjero se inscribe en el consulado y aún no nos han dado la respuesta. He visto cifras en la prensa de solamente 20.000 niños a nivel global nacidos cada año, pero yo no sé cómo se calculan, ya que, en el fondo, realmente no existe un registro riguroso.
Nosotros, por ejemplo, nos gustaría —aunque creo que no nos van a dar los datos— preguntarle a las clínicas, ya sea en Nevada (Estados Unidos), Ucrania, Colombia, entre otros países en que esto está creciendo mucho, cuántos niños están naciendo por maternidad subrogada. Y creo que no es fácil encontrar esa cifra o que se den, o que ellos mismos la conozcan, porque a mi parecer, no hay un rigor: si se trata de profesionales dispuestos a “borrar a la madre”, como mencionó el nombre de la asociación que citaron, quizá tampoco les interese tener cifras. Yo creo que una manera de calcularlo es —y tampoco sé bien cómo lo han hecho— a partir de este estudio de Global Market Insight, que dice que hacia el 2033 esto va a estar evaluado en 129.000 millones de dólares. Y eso responde a su segunda pregunta, respecto a que esto va claramente en alza por distintos motivos.
Aquí en Chile he observado el debate sobre la infertilidad, donde hay quienes lo perciben como una manera de remediar ese problema, lo que no es ni científica ni verdaderamente preciso, ya que esto no cura la infertilidad. Es decir, no se le está curando a una pareja o a una persona que no puede tener niños; se le está diciendo que, pagando a una mujer fértil, se le puede conseguir un hijo. Además, se suma el individualismo y un capitalismo mal interpretado: si uno tiene los medios, ¿por qué no puede pagar a una mujer que necesita ese dinero para tener un niño?
Otro punto interesante, del cual no alcancé a referir en mi exposición, es la diferenciación con la adopción. En el caso de la maternidad subrogada, lo único que cuenta es el dinero: si uno dispone de él, le van a entregar un hijo. Sabemos perfectamente que en la adopción existe una mirada objetiva —o lo más objetiva posible, imaginando en Chile un juez y los servicios de familia y de niñez— para determinar que un niño podría ser adoptado por cierta familia, considerando factores como la edad, entre otros, sin límites establecidos. Se han noticiado casos en los que personas condenadas por abusos sexuales a menores han procurado niños mediante procesos de maternidad subrogada. No afirmo que lo hagan con la intención de abusar, pero en el fondo, de ninguna manera esa persona podría siquiera trabajar con niños en un país de Estado de Derecho.
Mujeres u hombres de mucha edad —incluso de 70 años— que tienen hijos por maternidad subrogada, además de que, con esto, no quiero discriminar a nadie, me parece completamente injusto para el niño, al obligarlo a ser educado por personas que probablemente no tengan la energía para jugar con él o cuidarlo, y alguien me decía una vez, incluso...