El acta de la sesión número 198 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. Lo mismo el acta número 199, que queda a disposición de las señoras y señores diputados.
Nuestro secretario va a dar lectura a la cuenta. Gracias, presidente.
Hemos recibido un oficio de su excelencia, el Presidente de la República, mediante el cual se retira y se presenta una urgencia calificada de discusión inmediata para el proyecto de la tabla de hoy e inteligencia económica.
Un oficio de su excelencia, el Presidente de la República, mediante el cual se presenta una urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto que modifica el Código Aeronáutico para exigir a las empresas aéreas proporcionar información relativa a sus pasajeros a las autoridades que se señalen.
En los mismos términos, se califica con urgencia suma el despacho del proyecto que dispone la exigencia de exhibir un documento de identidad y la adopción de otras medidas de seguridad en el transporte terrestre interregional de pasajeros.
En la misma idea, se presenta urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica la Ley de Concesiones de Obras Públicas, estableciendo obligaciones para los concesionarios.
Oficio del secretario general de la Cámara de Diputados informando a la comisión que el diputado don Hugo Rey Martínez reemplazará en forma permanente al diputado don José Miguel Castro Vazcuñán C.
El otro oficio del secretario general comunica que la Cámara de Diputados solicitó al diputado Luis Sánchez remitir a esta comisión, para su discusión, votación e informe en carácter de comisión técnica, el proyecto de ley que regula el cultivo y uso personal adulto de cannabis, correspondiente al Boletín 17492-11, inicialmente asignado a la Comisión de Salud.
Una nota de la Coordinadora Conductora de Transporte Público de Chile, mediante la cual se solicita que, en un acto de la Comisión de Transporte, la Cámara de Diputados remita a esta comisión el proyecto de ley que establece medidas y nuevos mecanismos para enfrentar la evasión del pago de tarifas en los sistemas de transporte público, para ser escuchado.
Señor Presidente, hemos recibido reemplazo. Nos acompañará don Cristian Lave, en reemplazo de doña Gloria Navillán, don Cosme Mellea, a quien saludamos; en reemplazo, don Cristian también. ¿Cómo está? Buenas tardes. Don Cosme, en reemplazo de don Andrés. El justificativo...
Gloria Navellán, por licencia médica. Y doña Jimena, que nos acompaña en representación, en reemplazo de don Andrés London. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente.
Señor secretario, se ofrece la palabra sobre la cuenta. Hoy voy a tomarme una licencia en representación de la comisión, enviarle nuestro saludo y deseo de pronta mejoría a nuestra presidenta para que se lo haga llegar. Señor secretario: no hay problema.
A Gloria: Planteo que en las sesiones anteriores, por acuerdo unánime de esta comisión, antes de iniciar la orden del día, vamos a invitar a la alcaldesa del Monte, la señora Sandra Maulén, para que exponga una situación muy compleja respecto a la cual el propio ministro y subsecretario se pronunciaron en su oportunidad, y para esto dispondremos de 15 minutos. Estimada alcaldesa, si fuera tan amable.
Así que, sin más, le ofrezco la palabra al candidato. Diputado Leal.
Diputado Leal: Sí, le quiero, le quiero, no, prefiero, porque, para dejarlo en claro, solo un minuto. Yo no voy a dar unanimidad en ninguna reunión de aquí en adelante para que esté en la mesa un subsecretario si no está el ministro. Y lo hago bajo la convicción de que este gobierno ha tomado la decisión de atacar políticamente a una candidata presidencial. En virtud de ello, no daré la unanimidad. Si no hay un ministro, no habrá subsecretario en esta mesa, de acuerdo al reglamento. No daré ninguna unanimidad, y se transmite al gobierno que, al menos acá, varios diputados optaremos por no darla. Solo que lo tengan presente, si es que llega, y si no viene con el ministro, en esta mesa no puede estar ningún subsecretario.
Muchas gracias, diputado.
No estando de acuerdo con su posición, para poder participar aquellas personas que no estén invitadas –en el caso de los subsecretarios, se aplica necesariamente el reglamento conforme a la sala y deben estar junto con el señor ministro, a menos que, insisto, no sean invitados especialmente a una sesión–, recordamos lo estipulado en el artículo 94 del reglamento.
Estimada alcaldesa, la escuchamos.
Alcaldesa Sandra Maulén: Primero, muchísimas gracias a toda la Comisión de Seguridad por darme esta oportunidad. Me presento: soy Sandra Maulén, alcaldesa de la Comuna del Monte. Para los que no conocen, la Comuna del Monte tiene alrededor de 38.000 habitantes y se encuentra a 40 kilómetros de la ciudad de Santiago. Es una comuna rural.
Los hechos son los siguientes: el 9 de abril, producto del levantamiento con la delegación provincial, regional y la comisaría, se manifestaron puntos rojos de delincuencia, que corresponden a cuatro mausoleos. Así como ha ocurrido en otras ciudades, procedimos a la destrucción de dichos mausoleos, entendiendo que en su radio se registran delitos como venta de drogas, homicidios y otros.
Lamentablemente, durante la noche, alrededor de las 9, sufrimos un atentado en el municipio, en las dependencias de Asedio Ornato, con la pérdida de cinco buses –utilizados especialmente para el transporte escolar–, además de un camión tolva y un camión limpia fosa, de gran importancia para las comunas rurales.
Producto de las investigaciones de la Fiscalía se demostró que esto fue intencional: un atentado terrorista, vamos a decirlo así, con amenazas hacia los vecinos y hacia la autoridad de quien les habla. Es sumamente importante estar aquí, y la verdad es que he seguido subrayando esta preocupante situación, porque es gravísima. Puede ser o transformarse en un modus operandi de este tipo de organizaciones, que pueden ir escalando y replicándose no solo en nuestra comuna, sino en todo Chile.
Por ello, lo quiero que escuchen: se puede transformar en algo muy complicado y podríamos llegar incluso a convertirnos en un país de narcotraficantes. Perdone que lo diga así, pero puede ser el inicio de ello.
Entonces, planteo la siguiente pregunta: ¿por qué una comuna rural tan pequeña, considerando que ya se habían producido destrucciones de mausoleos en Santiago, en la ciudad de Santiago? Una comuna rural que muchas veces no se visibiliza –como se comentó anteriormente–, ¿por qué? Porque somos una comuna vulnerable y, además, ¿por qué? Porque somos más vulnerables: hay menos presencia del Estado, hay menos recursos, y por tanto este tipo de organizaciones pueden llegar con mucha facilidad.
Entonces, esta es una temática que tiene que ser...
Mirada en forma transversal con diferentes partidos políticos, porque es una temática muy grave. O sea, hay que mirarlo de esa manera, muy grave. Entonces, ¿qué le pido a ustedes? Primero, visibilizar esta situación, que es gravísima. Segundo, traspasar este Senado para darle rapidez también a la ley de seguridad municipal, que finalmente, los municipios estamos dando la primera guerra frente a este tipo de delincuencia. Tercero, que se integre un enfoque rural a la legislación en materia de seguridad, porque todo lo que ocurre en la ciudad es muy diferente a lo que ocurre en una comuna rural. Y, por supuesto, una mayor presencia del Estado. Me atrevo a decir que la presencia del Estado tiene que ver con recursos; me atrevo a decir que la disparidad en la distribución de los recursos en diferentes áreas es muy grande. No puede ser que, por ejemplo, en infraestructura, como una subcomisaría –la que tiene la Comuna del Monte, del año 1935, una de las tres más antiguas de Chile–, siga siendo la misma estructura de hace casi 90 años o más. Y a nivel de recursos, un bus quemado en la Comuna del Monte no es lo mismo que un bus quemado en cualquier comuna de la ciudad de Santiago, porque para nuestra comuna obtener nuevamente esos recursos es altísimo, y el daño que se hace a la comunidad es gigante.
Agradezco que, a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito –dado que somos una comuna vulnerable–, hayamos sido incorporados como una comuna que cuente con recursos, de modo que, a través de proyectos, podamos obtener insumos para seguridad, porque de lo contrario sería muy difícil.
Entonces, uno dice: claro, las comunas rurales muchas veces son poco visibilizadas, pero finalmente puede ser el inicio de mucho caos. Les pido a todos ustedes –y por eso lo expongo de manera rápida, pues es algo muy simple, no es necesario convencer a todos, sino sumar el apoyo de todos los poderes del Estado en su conjunto– que, frente a esta temática gravísima, se actúe con la urgencia requerida, ya que podría incluso marcar el inicio de la pérdida del control del territorio. Así de grave es, y la verdad es que, en un principio, no se ha tomado con la gravedad que merece. Agradezco el apoyo de diferentes estamentos –el gobernador, la Subsecretaría y la diputada, que también ha estado con nosotros en todo momento–, pero creo que hay que tratarlo a nivel gubernamental. Porque, como les digo, recuerden esto, por favor: puede ser el inicio de una pérdida del territorio. No queremos transformarnos en un país donde, finalmente, el narcotráfico nos gane y comiencen a deteriorarse los lugares más vulnerables, como las comunas rurales o las comunas pequeñas.
Eso es lo que quería señalar. Es simple, pero creo que es muy claro lo que quiero indicar. Muchas gracias, estimada alcaldesa. En representación de toda la comisión, nos comprometemos, cada uno desde su posición y en distintas comisiones, a abordar esta materia, ya vista acá. Y tal vez, una alternativa, estimada alcaldesa, para profundizar esta cuestión respecto a la ruralidad –algo que vimos ayer, según me recordaba su secretario en la subcomisión de crimen organizado de esta comisión, a la cual esperamos poder invitarla en la sesión del día 6, luego de la distrital–. Esa es la presidencia del diputado Diego Charper; le vamos a pedir al diputado que la invite para pormenorizar y analizar la problematización de la ruralidad en relación con el crimen organizado. ¿Le parece?
Saludo a la alcaldesa, presidente, señor presidente. En la Comisión de Agricultura se está llevando a cabo un trabajo que aborda la violencia, especialmente después de lo ocurrido en Granero, pues, por lo fácil que es el tema de la ruralidad, se ha presentado un proyecto muy interesante que también debe ser complementado, en la línea de lo que está señalando la alcaldesa. Ahí tenemos otra oportunidad, estimada diputada, para invitar a la alcaldesa a visibilizar esa materia en la Comisión de Agricultura. Para ello, puede coordinarse con la diputada Osandón, ya que la diputación, que siempre tiene buena voluntad, está dispuesta a colaborar.
Por último, le agradezco mucho, alcaldesa –perdón, diputada Muzante–. Muchas gracias, señor presidente. Muy breve: sé, presidente, que a esta comisión y al Ejecutivo les corresponde calificar estos actos, que, según lo relatado por la alcaldesa, y creo que todos podemos concluir, son de tipo terrorista. Sin embargo, sería pertinente que esta comisión oficie al Ejecutivo, en particular al Ministerio de Seguridad, para conocer qué criterios se aplican cuando se querellean, dado el compromiso que se tiene en este sentido.
De parte del gobierno se utilizará para aplicar efectivamente la Ley Antiterrorista, ya que, al final, el temor difundido por la alcaldesa –y, creo, compartido por la comisión– es que avancemos a un estado en el que las autoridades que combaten el crimen organizado se vean amenazadas o, peor aún, incluso muertas. Super, muchas gracias.
Vamos, se pide el acuerdo. Oficiamos. Esa es una calificación que responde de manera autónoma al Ministerio del Interior y que lo podrá hacer ver. Diputado: agradecer a la alcaldesa su presencia y expresar lástima y empatía con lo que está ocurriendo, lamentablemente, no solo en su comuna sino a nivel nacional.
Presidente: A raíz de lo que plantea la diputada que me antecedió, me gustaría también oficiar al Instituto Nacional de Derechos Humanos, a fin de que se haga presente o, en su defecto, se considere responsable con relación al atentado terrorista; puesto que hoy día el Instituto también se ha manifestado en otras ocasiones ante situaciones relacionadas con carabineros. Quizá sería prudente que se expliciten las acciones que dicho organismo tiene previsto o tiene presente adoptar respecto a lo que plantea la alcaldesa. Muchas gracias.
Muy bien, ¿habría acuerdo? Oficiamos, despachamos ambos oficios. Muchas gracias, estimada alcaldesa.
Esta sesión tiene por objeto continuar el estudio en general del proyecto de ley originado en mensaje de Su Excelencia, que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que tienen relación con el crimen organizado, Boletín N°15.975-25, con urgencia calificada como discusión inmediata. Entiendo, señor secretario, que vence el día de hoy, ya que la urgencia se declaró el lunes; por lo tanto, vence el sábado. Sin embargo, el Ejecutivo me ha manifestado que la va a renovar, de modo que no sería necesario votar en general hoy ni citar para mañana a votar en particular.
Ante la renovación, se procede según lo planteado, y este proyecto, que está en segundo trámite constitucional, cuenta con la presencia de los siguientes invitados: el ministro de Seguridad Pública, el ministro de Hacienda, el subsecretario de Seguridad Pública, la subsecretaria de Hacienda, la directora nacional del Servicio Nacional de Aduanas, señora Alejandra Arriaza Loeb, la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, señora Solange Berstein Jáuregui, la Superintendenta de Casinos de Juegos, señora Vivien Villagrán Acuña, y en representación del Servicio de Impuestos Internos, entre otros.
Nos acompañan además la señora María Rodríguez Calleja, subdirectora jurídica del Servicio Nacional de Aduanas; el señor José Gaspar Candia, director general jurídico de la Comisión para el Mercado Financiero; y el señor Manuel Zárate, jefe de la División Jurídica de la Superintendencia de Casinos de Juegos.
Señor Secretario, la propuesta tanto del Ejecutivo como del texto del proyecto es partir por Aduanas. Las normas explican que, a lo largo de la sesión, se evidenciará el orden: primero Aduanas, luego el Servicio de Impuestos Internos, seguido de la Comisión para el Mercado Financiero y, posteriormente, la Superintendencia de Casinos de Juegos. ¿Les parece?
Quisiera pedir a la comisión y a nuestros invitados que, pues ya conocemos en líneas generales el rol de cada institución –como se lo reiteré el otro día a los diputados con relación al artículo octavo (broma interna)– aclaren la vinculación o el efecto que cada servicio tiene respecto de sus respectivas competencias.
Antes de comenzar, preciso señalar que no vamos a votar en general hoy ni se cita para mañana; en cambio, se acordará la votación en general el lunes a la vuelta de la distrital, pues se ha renovado la discusión inmediata y, consecuentemente, continúa la discusión en general a la vuelta de la distrital el lunes.
Asimismo, aprovechando la instancia que nos plantea el diputado Araya, se hace necesario contar con la presencia de otros servicios. Nos faltaría la participación de Tesorería General, del Ministerio Público y de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras. Por lo tanto, invitamos tanto al Ministerio Público como a Tesorería General de la República, así como a la mencionada Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, a exponer sus puntos de vista.
En primer lugar, solicitamos la presencia de la señora Alejandra Arriaza, directora nacional del Servicio Nacional de Aduanas, junto con su subdirectora. Además, se ha coordinado la intervención de un diputado de Valparaíso, asunto que ya se ha dejado resuelto.
Presidente.
Dep.
Presidente, solamente aprovechar de saludar a las visitas y a quienes van a exponer, pero anteriormente a eso, me gustaría dejar en acta la ausencia del Ejecutivo. Está bien, pero hay subsecretarios que van a tirar la chuña. Entonces, creo—y sobre todo, señor presidente—dejar algo súper claro: esta es una comisión que tomó la categoría de cartera, o sea, básicamente, esto ya no es una comisión resorte de un ministerio con varias comisiones afines, sino que es una comisión que hoy día tiene un ministerio directamente relacionado. Da vergüenza, y le pido disculpas a todos los presentes, que el Ejecutivo no esté presente con un subsecretario, ya que se había entregado una larga lista de invitados por parte de la comisión al Ejecutivo y no hay nadie. De verdad, le pido disculpas a quienes están acá, porque estas leyes, si no son patrocinadas o no cuentan también con la opinión del Ejecutivo, básicamente son letras muertas. Muchas gracias, diputado; no lo comparto, pero está en su legítimo derecho.
Sin más, le vamos a ofrecer al Servicio Nacional de Aduanas, doña Alejandra, que nos comente. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludo a diputados y diputadas de la comisión. No sé si se puede exponer la presentación. Muchas gracias.
Bueno, efectivamente vamos a reducir en tiempo y a hablar sobre la participación del Servicio Nacional de Aduanas y su importancia en este proyecto de ley, principalmente para nuestro servicio y en cómo nos relacionamos con el resto de los servicios del subsistema que se crea a través de este proyecto. Es importante señalar que este proyecto crea el subsistema de inteligencia de análisis financiero y económico, siendo su pilar principal hoy la unidad de análisis financiero, que ya es una unidad de inteligencia por sí misma, el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Nacional de Aduanas, mediante la creación de sus respectivas unidades de inteligencia.
Este proyecto de ley recoge la necesidad de modernizar el Estado en el ámbito de la seguridad del país y de la hacienda pública, principalmente en lo que tiene que ver con la inteligencia económica y financiera. Aborda, además, el combate del crimen organizado, uno de los lineamientos relacionados con el Plan Nacional contra el Crimen Organizado, mediante la creación de unidades de inteligencia económica, estableciendo su coordinación por ley y el acceso a la información para desarrollar cada uno de los análisis que competen a estos servicios, a fin de proporcionar una colaboración más eficaz al Ministerio Público y, por supuesto, también al sistema de inteligencia del Estado.
La siguiente, por favor. ¿Cuál es la importancia principal para el Servicio Nacional de Aduanas, que permite el intercambio de información entre los servicios dependientes del Ministerio de Hacienda, sin que pierda su carácter de reservada, ya que lo mantiene como reserva bajo este subsistema de las unidades?
Es que se crean las unidades de inteligencia en cada uno de los servicios, y se establece un tipo penal para sancionar el mal uso de esta información; en otras palabras, la reserva tiene como finalidad sancionar su utilización indebida en el ejercicio de las funciones relacionadas. Además, se imponen ciertas obligaciones para funcionarios y funcionarias, entre las que se incluye la obligación de realizar una declaración de interés y patrimonio para quienes formen parte de estas unidades de análisis de inteligencia, así como someterse a un control de consumo de drogas.
La modificación que importa en el Servicio Nacional de Aduanas radica, principalmente, en que se modifica la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Aduanas, establecida en el DFL 329 del año 1979 del Ministerio de Hacienda, en el artículo 21 del proyecto de ley. Dicho artículo establece o sustituye el artículo 12A de la ley orgánica y fija las funciones del Departamento Nacional de Capacitación, hoy día también denominado departamento de formación aduanera. En esencia, se reemplaza el artículo que no se utilizaba y se crea el artículo 12A, el cual establece en el interior del Servicio Nacional de Aduanas la Unidad de Inteligencia de Análisis Económico, dependiente del director o directora nacional. Esta unidad tendrá la finalidad de buscar, obtener, recolectar, evaluar, integrar, producir, analizar, tratar, almacenar e intercambiar datos personales e información para la prevención y alerta de actividades económicas relacionadas con delitos que el propio proyecto de ley indica. Entre estos delitos se encuentran el contrabando aduanero, la declaración maliciosa en la exportación de mercancías y la receptación aduanera.
La importancia de este proyecto de ley radica en que otorga herramientas relevantes para el servicio y para el intercambio de información que antes no se contaba, levantando así la reserva existente en cada uno de los servicios pertenecientes a este subsistema. Permite coordinar de forma más eficiente el trabajo de las unidades de análisis existentes en aduana a lo largo del país, analizar los riesgos del comercio exterior y, fundamentalmente, establecer o detectar modos operandi en el comercio internacional que configuren hechos delictuales ejecutados por organizaciones criminales, más allá del análisis de cada una de las operaciones.
Las modificaciones también afectan al Código Aduanero, que es la ordenanza aduanera establecida en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 30 del año 2004 del Ministerio de Hacienda. En el inciso primero se agregan dos verbos rectores, "portar" y "transportar", además de los verbos actuales "adquieran", "reciban" o "escondan", ampliando así las conductas consideradas como receptación aduanera a otros modos de actuar. Asimismo, se elimina la presunción contenida en la norma, de modo que ahora se categorizan las acciones en sí mismas, lo cual es importante dado que la presunción en materia penal puede ser considerada inconstitucional y debilitar la persecución penal. Esto resulta relevante ya que la receptación involucra la persecución de mandas dentro de organizaciones criminales que utilizan bodegas u otros recintos relacionados con el comercio exterior para almacenar mercancías de contrabando, para luego distribuir los productos; los receptadores forman parte de esta cadena logística.
Adicionalmente, se establece el artículo 203 bis, que se relaciona específicamente con ciertas actuaciones de operadores de zona franca.
Primero, se establece que no se impedirá operar como usuario de zona franca a las personas que hayan sido condenadas por crimen o por simple delito; hoy día no existe esa restricción. Y para los usuarios de zona franca que son personas jurídicas, se extiende la prohibición a sus administradores, directores, beneficiarios finales o socios de la organización. Cuando se dicte, además, un auto de apertura de juicio oral por delito cometido en razón de sus funciones por administradores, directores o socios de un usuario de zona franca, quedarán suspendidos sus cargos, empleos o funciones por el solo ministerio de la ley. Por supuesto, esta resolución deberá ser remitida a un juez de garantía, que comunicará la decisión a la aduana y a la sociedad administradora de la zona franca.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, directora. Se ofrece la palabra.
Yo, directora, solo quería formular una pregunta desde el punto de vista penal. Se ha realizado un símil modificando el artículo 182, eliminando aquella presunción que, en materia penal, en mi opinión nunca tuvo aplicación, respecto a la receptación. ¿Está esta modificación dentro del marco de lo que establece el propio Código Penal en materia de receptación? ¿Sigue la misma línea?
Por su intermedio, señor presidente, le cedo la palabra a nuestra subdirectora jurídica para que exponga los términos técnicos del delito.
Buenas tardes, señor presidente. Respondiendo a su pregunta, efectivamente el artículo 182 contempla un tipo penal especial de receptación, conocido como receptación aduanera. Básicamente, antes de este proyecto de ley, consistía en que las personas tuvieran en su poder mercancías que hubiesen sido objeto del delito de contrabando, utilizándose frecuentemente en la figura del contrabando de cigarrillos. Sin embargo, hoy día, con la modificación propuesta, se agregan dos verbos muy importantes: "portar" y "transportar". Con ello, el Ministerio Público podrá perseguir también a los conductores de camiones y a todas aquellas personas que transporten la mercancía, abarcando toda la cadena logística y no solo al titular de la misma. Por eso decimos que se perfecciona y amplía el tipo penal, persiguiendo a la banda criminal en toda la comisión del delito.
Muchas gracias. Agradecemos mucho al Servicio Nacional de la Habana, a su directora y a su directora jurídica, así como al Ejecutivo que no está presente.
A continuación, se ofrece la palabra al Servicio de Impuestos Internos, y nos acompañan doña Carolina Sarabia y don Simón Ramírez, directores de Fiscalización y de Normativa, respectivamente.
Doña Carolina, le ofrecemos la palabra.
Muchas gracias por su intermedio, señor presidente. En primer lugar, quiero disculpar en nombre del director nacional, quien hoy día no se encontraba presente, por lo que nos encontramos nosotros. Este proyecto es muy relevante para nosotros. En ese sentido, antes de explicar cuáles son las nuevas facultades que tenemos, quisiera comentarles que, como servicio, hemos estado muy preocupados por el combate al crimen organizado y la trazabilidad del dinero. En octubre del año pasado creamos la Oficina de Tributación del Crimen Organizado, la cual se está encargando de realizar fiscalizaciones en tres ámbitos, aprendiendo también lo que implica la detección del lavado de activos; materia que, si bien no nos impactaba directamente, está utilizando las atribuciones y toda la información que tiene el Servicio de Impuestos Internos. Por lo mismo, este proyecto viene a fortalecer el trabajo que ya venimos realizando en varios ámbitos relacionados, por ejemplo, con el robo de salmones, el robo de vehículos o de partes de vehículos.
Y con el combate a quienes proveen a los vendedores ambulantes, en donde también podemos encontrar algunas mafias que ya hemos detectado, voy a dejar al subdirector normativo, Simón Ramírez, explicando los aspectos de la ley que fortalecen nuestra función. Muchas gracias, doña Carolina. Don Simón, le ofrezco la palabra.
Buenas tardes, muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. En términos generales, el proyecto de ley, en relación con el Servicio de Impuestos Internos, aborda dos grandes aspectos: uno orgánico-funcional, que introduce mejoras en ese ámbito, y otro en cuanto a las atribuciones propiamente tales del servicio.
En lo orgánico-funcional se modifica la Ley Orgánica del Servicio para incorporar una unidad de análisis económico y financiero dentro de este subsistema. Se crea una unidad especial dentro del servicio, como bien señaló la subdirectora de fiscalización; el servicio ya contaba con una unidad orientada al crimen organizado que actualmente opera, pero esta nueva estructura agrega acceso a información relevante de otros órganos del Estado que participan en el subsistema. De esta forma, el ámbito de información con que el servicio contará para efectuar sus fiscalizaciones y, eventualmente, detectar hipótesis sospechosas, mejora sustancialmente. Además, se modifica una norma que permite al servicio actuar coordinadamente con otros entes del Estado en el contexto de este subsistema de inteligencia.
En cuanto al segundo ámbito de modificaciones, relacionado con las atribuciones del servicio, el proyecto de ley refuerza un conjunto de atribuciones, algunas ya existentes, pero ahora bajo un enfoque de inteligencia más amplio. Se modifican el artículo octavo TER, el artículo 59 bis, el 84 TER, el 85 bis y el número 23 del artículo 97, todos del Código Tributario. El artículo octavo TER establece, básicamente, el derecho de los contribuyentes a obtener la documentación tributaria necesaria para sus actividades, pero en ciertos casos es preciso establecer restricciones a ese ejercicio. En este proyecto se incorpora que el Director Regional puede revocar, restringir o diferir la autorización de documentos tributarios cuando existan antecedentes de que su emisión pueda ser utilizada para la comisión de delitos tributarios, agregándose además la hipótesis de que, en base a información proporcionada por otros órganos del Estado, dicha emisión esté vinculada con el crimen organizado, permitiendo actuar de forma preventiva.
Asimismo, se modifica el artículo 59 bis del Código Tributario, que, en términos generales, permite establecer normas de fiscalización mediante las cuales el servicio no solo revisa la actuación de los contribuyentes y determina diferencias, sino que también asume un conjunto de atribuciones orientadas a asistir o prevenir el incumplimiento tributario, facultándose para requerir al contribuyente la colaboración necesaria en este ámbito.
Esencialmente, se plantea que el servicio puede requerir la presencia del contribuyente cuando, por ejemplo, las instalaciones que declara para sus actividades no cumplen con los estándares necesarios, no satisfacen las condiciones mínimas requeridas o cuando el contribuyente no posee la capacidad económica para desarrollar una actividad. Esto puede ocurrir en el contexto de la emisión de documentos tributarios, ya que, aunque el servicio ha migrado a un sistema telemático y la mayoría de los trámites se realizan en línea (como el inicio de actividades o la obtención de documentos tributarios), estos mismos mecanismos pueden ser utilizados de forma indebida. Una hipótesis es que el contribuyente realmente carezca de instalaciones para desarrollar la actividad económica y, en cambio, pretenda mantener una fachada de local o emprendimiento; en ese caso, el servicio podrá solicitar su presencia personal.
La segunda modificación, correspondiente a la letra B, consiste en actualizar el texto de la ley. Anteriormente, el servicio podía solicitar la presencia del contribuyente cuando este estuviera formalizado o acusado; sin embargo, se elimina esa diferencia e incorpora la situación de estar querellado. De esta forma, el servicio podrá actuar cuando el contribuyente se encuentre querellado, formalizado o acusado, considerando que suele transcurrir un plazo por cuestiones procesales entre la querella y la formalización, lo que permite adoptar medidas preventivas desde el inicio.
Asimismo, se modifica el artículo 84-TER, habilitando al servicio para solicitar al Servicio de Registro Civil la entrega de información contenida en sus bases de datos, relacionada con vehículos motorizados. Esto se debe a que, en ocasiones, personas vinculadas a la comisión de delitos utilizan vehículos; y gracias al sistema registral, es posible detectar, por ejemplo, a aquellos contribuyentes que figuran con cuatro o cinco vehículos sin que sus ingresos sean consistentes con tal cantidad.
Finalmente, se modifica el artículo 85 bis, añadiéndose un par de párrafos para contextualizar. Dicho artículo, vigente desde hace algunos años, establece la obligación por parte de las entidades financieras de reportar al Servicio de Impuestos Internos el caso en que un titular de una cuenta, definida en la propia ley, cumpla con determinadas condiciones.
Registre un promedio o un saldo superior a 1500 UF en un período determinado. Lo que se está agregando es un reporte anual, por lo tanto solo opera respecto del ejercicio comercial anterior. Si tengo una operación de esta naturaleza durante el ejercicio comercial 2025, el banco tendrá que reportarla para el período 2026.
En el contexto de la comisión de ilícitos, si el contribuyente registra un saldo superior a 1500 UF y, además, dentro de los últimos cinco años no tiene un promedio de saldo superior a 750 UF—es decir, se encuentra en estado, por así decirlo, de latencia (registra muy pocos movimientos y de repente salta)—el Servicio podrá solicitar un reporte de este contribuyente de los últimos cinco años para revisar su historial. Lo mismo ocurre en casos de recopilación de antecedentes, ampliándose retrospectivamente el plazo para revisión hasta cinco años.
La siguiente modificación, y la última, consiste en modificar el número 23 del artículo 97 del Código Tributario. Dicho artículo establece un catálogo bastante amplio de infracciones o delitos tributarios; el número 23 sanciona la entrega de información maliciosamente falsa, ya sea al inicio de actividades, al modificar la información que reporta el Servicio o al momento de emitir documentos tributarios. Esto se orienta a elevar las sanciones cuando se entrega información falsa con el propósito de obtener documentación tributaria para cometer otros ilícitos, estando vinculado no solo a delitos tributarios, sino también, eventualmente, a la comisión de otros ilícitos como organización delictiva y criminal, terrorismo e infracción a la Ley de Estupefacientes. En síntesis, se refuerzan las atribuciones del Servicio en el contexto de este proyecto de ley.
Tenía una pregunta, el diputado Labré. Gracias, presidente, aprovecharé para saludar a quienes exponen. Mire, sé que esto se viene tramitando hace tiempo y discutiendo en esta comisión; yo vengo en reemplazo, pero siempre he tenido una especie de curiosidad. Lo planteo de manera coloquial: a raíz de lo que usted presentó respecto al enlace entre el Servicio de Defensa Interna y el Registro Civil por el tema de vehículos, quisiera saber por qué se incluye este tema. Porque hoy en día una persona puede blindar su vehículo. Por ejemplo, podría comprar un vehículo y que me lo entreguen con distintos tipos de blindaje, uno más militar y otro menos militar, lo cual está relativamente regulado. Sin embargo, si adquiero dicho vehículo y me lo roban, realizo la denuncia, y quizá nunca se recupera, ¿qué sucede? Pues que un delincuente o un narcotraficante podría apropiarse del vehículo, alterando ciertos datos o información que permitirían localizarlo por parte de Carabineros, entre otros. Tengo casi certeza de que no existe un registro de vehículos blindados. Lo planteo porque en el momento en que se realiza el cruce de información, y aunque no sé si este es el momento presente en que se puede aplicar en este proyecto, uno de los problemas es precisamente que no existe un registro de vehículos blindados, lo cual implica que, en una compraventa, un vehículo blindado se comporta como si fuera un armamento.