El acta de la sesión número 105 queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión número 106 se pone a disposición de las diputadas integrantes de la Comisión. La señora Secretaria dará lectura a la cuenta.
Buenas tardes, se han recibido los siguientes documentos:
Un oficio del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, mediante el cual remite el informe de implementación de la ley 21.565 que establece un régimen de protección y reparación integral en favor de las víctimas de femicidio y suicidio, femicida y sus familias, que fue publicada el 9 de mayo de 2023.
Una comunicación de la bancada Frente Amplio Independiente, mediante la cual informa que el diputado Patricio Rosas Barrientos reemplazará a la diputada Claudia Mix Jiménez durante esta sesión.
Un oficio de la Subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, mediante el cual se da respuesta a un oficio de esta Comisión en relación con la situación de la ciudadana afgana y estudiante de Medicina de la Universidad de Chile, doña Sara Abibi, quien requería apoyo para avanzar en la obtención de la nacionalidad chilena con el objeto de recibir su título profesional.
Un oficio del Secretario General de la Corporación, mediante el cual se comunica que la diputada May Torsini reemplazará en forma permanente a la diputada Carolina Tello.
Un correo electrónico al Ministerio de la Mujer, mediante el cual se informa que, por compromisos anteriores, la ministra Orellana no podrá asistir a esta sesión de la Comisión. Sin embargo, en su reemplazo asistirá la abogada del Departamento de Reformas Legales, doña Valentina Cataldo, a fin de exponer sobre los aspectos técnicos del proyecto en tabla.
Un oficio del Ministerio de Salud, mediante el cual se excusa la inasistencia de la ministra de Salud, debido a que debe asistir en el mismo horario a una sesión de la Comisión Mixta del Senado. Por lo tanto, informa que en su reemplazo asiste la Subsecretaria de la Salud Pública del Ministerio, doña Andrea Albagli.
Un correo electrónico de doña Francis Parra Morales, periodista, quien se desempeñó hasta el 31 de diciembre de 2024 como jefa de comunicaciones del Servicio de Salud Concepción, en el que se solicita nuevamente, en representación de más de 10 trabajadoras del mencionado servicio, una audiencia a esta Comisión para informar de la vulneración de derechos fundamentales que afecta a funcionarios y funcionarias, junto a otra serie de irregularidades que los gremios han denunciado desde marzo de 2024 y que se han difundido en diversos medios; se adjunta un resumen de denuncias realizadas por los gremios, antecedentes de contexto y una carta enviada al presidente Gabriel Boric Font.
Un correo electrónico del señor Ricardo Mena de IDEA Internacional Chile, mediante el cual hace llegar una invitación a la presidenta de esta Comisión al seminario Ecosistemas de Integridad Electoral, claves para proteger la democracia en América Latina, que organiza IDEA Internacional con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional. La actividad se realizará el próximo martes 29 de abril, entre las 9 y las 11:30 horas, en el Centro de Extensión de la Pontificia Universidad Católica, ubicado en Avenida Libertador Bernardo Higgins, 390, Salón 203, piso 2, Santiago. Además, hace extensiva esta invitación a todas las integrantes de la Comisión.
Eso es todo. Muchas gracias, Secretaria.
Bueno, palabras sobre la cuenta. Yo voy a tomar la palabra respecto de los comunicados en que se excusaron la ministra de la Mujer y la ministra de Salud. Respecto de lo de la ministra de la Mujer, como es un tema de un aspecto técnico, incluso lo vimos el día que acordamos las invitaciones de que estimara que personas del equipo pertinentes.
Te iban a exponer, y respecto de la Ministra de Salud, bueno, me hicieron llegar las excusas y, atendido a que la ministra está en una comisión mixta del Senado a la que se le tiene que dar preferencia a los temas legislativos, me preguntaron si podía venir la subsecretaria para ir avanzando en estos temas. Por lo tanto, solicito recabar el acuerdo para que exponga la subsecretaria de Salud.
Respecto del tema, la invitación está extensiva. Lamentablemente, preparo mis excusas, ya que, creo, en nuestros territorios —salvo en la ciudad de Santiago— lo más probable es que se requiera otra alternativa. Además, debemos definir si acordamos o no que venga la señora Francis Parra. La señora Francis Parra, según se ha indicado, parece ya no estar trabajando en el servicio, dado que se desempeñó y propone actuar en representación de 10 trabajadores. Esto resulta complejo, pues resulta difícil que actúe en representación de funcionarios que aún están en el servicio si ella misma ya no lo forma, habiendo sido jefa de comunicaciones del Servicio de Salud de Concepción.
Por ello, sugiero que se le responda señalándole que esa es nuestra posición, a ver si ellos proponen una solución respecto de este tema. Se trata de Francis Parra Morales, periodista, quien se desempeñó hasta el 31 de diciembre de 2024 como jefa de comunicación del Servicio de Salud de Concepción y que pide venir en representación de más de 10 trabajadoras del servicio. La conozco y tengo una buena opinión de ella; asimismo, aunque no sabía que ya no se encontraba en el servicio, es cierto que trabajó mucho tiempo allí y se han suscitado numerosas polémicas sobre contratos, desvinculaciones y otros temas laborales en la región del Bío Bío.
Por lo tanto, doy mi apoyo para que ella venga a manifestar lo que está ocurriendo, pues se han registrado muchas denuncias y un intenso debate comunicacional. No obstante, sugiero que, si alguna persona viene en representación de otras funcionarias, esta sea alguien que todavía esté trabajando en el servicio.
Interviene la diputada Medina:
"Saludo a todos los presentes. Presidenta, pudiera tratarse de alguien del gremio, de las personas que están trabajando, por ejemplo, algún representante gremial, ya que cuentan con fuero de tiempo y además fuero de gestión gremial. Considero que sería recomendable, pues nosotros también podemos acordar invitarlo. ¿Lo acordamos en esos términos?"
Se acuerda, entonces, que, además de ella, se incentive la presencia de un representante gremial del servicio.
Acordado. Ya. Ahora, respecto de puntos varios, pasamos inmediatamente a la orden del día. En puntos varios, que nos quedó pendiente, recabar el acuerdo de acoger la solicitud de las trabajadoras de la Corporación de Asistencia Judicial de O'Higgins, a lo que se refirió la diputada Marta González, para que ellas puedan concurrir desde Valparaíso a la comisión. Acordado. También, les había expresado la situación, pero no recabamos el acuerdo para invitar a la encargada de la Unidad de Género del Ministerio Público y a la Fiscal Regional de Los Ríos, en la que ya se ha implementado esta unidad, para que nos expongan respecto del funcionamiento de la misma y los efectos que se han producido al aplicar normativas que nosotros ya hemos aprobado en la Cámara, como por ejemplo la Ley Antonio y la Ley Integral contra la Violencia. ¿Habría acuerdo? Acordado.
Ahora sí, pasamos a la orden del día. En primer lugar, recibir a la subsecretaria de Salud Pública, doña Andrea Albagli, con el objeto de analizar las siguientes materias:
Primero, la entrega de inmunoterapia para pacientes de cáncer en el sector público;
segundo, el estado actual del compromiso contraído para el acuerdo de riesgo compartido que permitiría a las pacientes de cáncer de mama triple negativo mayor acceso a terapia; y
tercero, el diagnóstico y las brechas en el acceso a medidas preventivas y tratamientos para el cáncer cérvico uterino.
Por favor, subsecretaria, muy bienvenida. También su asesor, don Fernando, a quien le doy inmediatamente la palabra para comenzar.
Bien, buenas tardes, Presidenta. Un gusto saludarle. Agradezco la invitación para estar aquí presente en la comisión y comentar sobre temas importantes de la cartera del Ministerio de Salud. Por su intermedio, también quiero presentar a todos los venerables integrantes de esta comisión, que nos acompañan de manera presencial y remota. Aunque hoy no tengo una presentación formal, voy a comentar sobre todos los puntos señalados, y posteriormente, con gusto, podemos formalizar una minuta que detalle cada aspecto para que todos los integrantes de esta comisión, y a quien más le sea de interés, puedan analizarlo en mayor profundidad.
Voy a comenzar entonces comentando sobre el acceso a inmunoterapia para el tratamiento del cáncer en el sector público. La inmunoterapia es un tipo de tratamiento sistémico del cáncer que actúa modulando la inmunidad inespecífica o dirigida, y se considera así el quinto pilar del tratamiento oncológico, en consideración con otros tratamientos como la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia y las terapias biológicas.
En general, los tratamientos del cáncer se han ido incorporando de forma progresiva, a medida que avanza la ciencia, la medicina y las tecnologías sanitarias, y también conforme al incremento de la capacidad del sistema para entregar cobertura y acceso a esos avances terapéuticos. El tratamiento del cáncer cuenta con distintos mecanismos de cobertura para brindar garantías financieras y, en el caso del GES, garantías de acceso, oportunidad y calidad. De esa manera, el tratamiento está cubierto por las garantías explícitas en salud; además, existen algunos tratamientos incluidos bajo la Ley Ricarte Soto (Ley 20.850) y el programa de drogas oncológicas de alto costo, que incorpora ciertos tratamientos para el cáncer. Estos constituyen tres grandes esquemas de cobertura para prestaciones dirigidas al cáncer y otras patologías.
En específico, en términos de inmunoterapia, también hay medicamentos incorporados en cada uno de estos sistemas. En el caso de las coberturas a través de la Ley Ricarte Soto está presente y se incorporó…
De manera reciente, con intención curativa y también paliativa para el cáncer de mama, se ha implementado la terapia con Trastuzumab, que es una forma de inmunoterapia. Dentro de las drogas de alto costo también hay otros medicamentos incorporados, como por ejemplo el Pertuzumab para cáncer de mama; el Pembrolizumab y el Nivolumab para cáncer de pulmón, cabeza y cuello, así como para cáncer de piel; y el Avelumab, también para cáncer de piel. Existen otros medicamentos de inmunoterapia dentro de esas drogas de alto costo y les puedo entregar el listado completo, tal como lo hice en una minuta más extensa para su análisis detallado.
Dentro del GES está incorporado el Rituximab, que también es una inmunoterapia. En específico, el tratamiento para el cáncer de mama triple negativo fue incorporado en las garantías del GES en el año 2005 y, desde su inicio, cuenta con garantías de acceso, de oportunidad, de protección financiera y de calidad para intervenciones sanitarias, de diagnóstico, de tratamiento y de seguimiento. El GES proporciona protección financiera y copago cero a los beneficiarios de FONASA en tratamientos localizados, como el quirúrgico y la radioterapia, y en tratamientos sistémicos, como la quimioterapia y la hormonoterapia. Esto corresponde a las coberturas que tiene el cáncer de mama dentro del GES.
Como avances en la materia, informo que todo nuevo decreto GES incluye una serie de pasos habilitantes previos estipulados por normativa. Uno de estos pasos es el estudio de verificación de costos, que analiza el impacto presupuestario y la factibilidad de implementación, tanto de problemas de salud nuevos como de la incorporación de nuevas canastas a problemas de salud ya existentes en el GES, como es el caso del cáncer de mama. Para el nuevo decreto GES del 2025 se realizó, durante el 2024, el estudio de verificación de costos, el cual finalizó en febrero de este año y estará listo para su publicación, espero que a fines de abril o dentro de mayo se presenten los resultados.
Posterior a este estudio, y dependiendo del marco presupuestario definido por DIPRES para el nuevo decreto, se podrá priorizar cuáles de los tratamientos pueden incorporarse en el nuevo decreto. Es decir, no todo lo estudiado en el EBC se incorpora en el GES, sino aquello que está priorizado en función del marco presupuestario informado al Ministerio de Salud.
Dentro de este estudio se analizaron dos drogas para evaluar su factibilidad de incorporación a la canasta de tratamiento del cáncer de mama: Pembrolizumab y Atezolizumab (también conocidos como Atezol y Sumav). Como menciono, esto no indica que serán incorporados al GES, sino que fueron estudiados para habilitarlos en caso de que el marco presupuestario así lo permita.
Disculpe, subsecretaria, disculpen, colegas, como yo no puedo escribir, entonces después se me van a olvidar las preguntas.
Respecto de los medicamentos señalados, de acuerdo a los estudios, potencialmente pueden ingresar al GES; no se trata de quimioterapia, sino de un tipo de inmunoterapia.
Por último, en cuanto a la incorporación de estos medicamentos al GES, los criterios generales para la incorporación de nuevas tecnologías, nuevas prestaciones o nuevos problemas de salud son los siguientes:
Primero, la priorización según la necesidad, tomando en consideración indicadores de impacto sanitario.
Segundo, la existencia de una evaluación de la efectividad de todos los tratamientos que se pretenden incorporar; es decir, si no hay evidencia suficiente que confirme que el medicamento es efectivo para el problema de salud analizado, no puede incorporarse a la canasta GES, al igual que ningún otro medicamento de cobertura.
Tercero, la factibilidad de implementación en la red, pues si no se cuenta con la capacidad instalada para garantizar la oportunidad, el tratamiento no sería viable dentro del GES.
Cuarto, se deben considerar las prioridades sociales, identificando cuáles tratamientos deben incorporarse al GES como un elemento adicional de priorización, no limitándose solo a los criterios cuantitativos de impacto sanitario.
Estos son, en términos generales, los criterios establecidos.
Y dentro de eso hay todo un procedimiento normado que incorpora –esto yo lo mencioné como un paso específico– el estudio de edificación de costos. Uno de los factores que considero bastante importante es justamente el problema de salud pública, considerando que el cáncer de mama es la primera causa de muerte de las mujeres en Chile. Esto es de alto impacto. Justamente por esta razón estuve incorporado en el estudio de verificación de costo. Para realizarlo se establece una priorización previa que define qué problemas de salud acaban en este estudio, ya que no todos los problemas de salud actualmente incorporados en el GES –ni todos los posibles nuevos problemas que se desearía incorporar al GES– se pueden incluir en un estudio tan especializado, pues no es factible hacerlo para una gama tan amplia de problemáticas y canastas. Este proceso cuenta con un esquema de priorización particular, una metodología específica y un consejo consultivo. El hecho de que se hayan incorporado estos dos medicamentos para el cáncer de mama se debe a que superaron un primer criterio de priorización para ser considerados en el IAS en el EBC. Quiero dejar muy claro que ello no implica que sean incorporados de inmediato en el nuevo decreto; es un paso habilitante, pero aparte se requiere la disponibilidad presupuestaria para acoger estos medicamentos, por lo que la etapa final incluye una priorización en función del marco presupuestario.
Un avance importante es que se incorporaron en el EBC –el estudio de verificación de costo que será publicado en el corto plazo– y, como se mencionó, también se ha avanzado en el acuerdo de riesgo compartido. Quiero comentar los avances del Ministerio de Salud respecto a este nuevo mecanismo innovador para la adquisición de tecnologías sanitarias, el cual facilita el acceso mediante la distribución del riesgo financiero derivado de la incertidumbre en los resultados clínicos y en el impacto financiero de los nuevos tratamientos. Existen dos modalidades: una de acuerdos financieros —que incluyen descuentos, reembolsos y establecimiento de techos máximos de gasto ante la incertidumbre de la incidencia de ciertas patologades— y otra de acuerdos basados en resultados, que vinculan los pagos a resultados específicos que evidencien la efectividad clínica del medicamento. Desde enero de 2023, el Ministerio de Salud ha estado trabajando en la implementación de estos acuerdos, coordinando con diversas unidades internas y estableciendo colaboraciones técnicas con la Universidad Católica, el Banco Mundial, el Ministerio de Salud de Argentina y el de España. Además, en el marco de la reformulación presupuestaria, se aprobó una expansión presupuestaria para fortalecer este área, lo que permitió la incorporación de dos nuevos cargos para conformar la Secretaría Técnica encargada de los acuerdos de riesgo compartido. Como mencionaba, para implementar dichos acuerdos es indispensable contar con un grado de incertidumbre en la tecnología evaluada.
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Que se basó mucho en los documentos y comentarios de los actores interesados en este proyecto, se simplificó bastante y quedó en una propuesta mejor que el original. En la última modificación se realizaron algunas precisiones respecto al procedimiento de habilitación normativa, en particular el rol de un decreto al calificar y no de una resolución del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para lograr que el procedimiento sea más consistente. Este es el resumen de las indicaciones al Ejecutivo, que se suman a las ya discutidas en este trámite.
Partimos con el numeral 11 del artículo primero, que fue una indicación presentada por la Comisión tras acuerdo de la Mesa Técnica. Dado que quedó pendiente, se reabrió el debate para votar el numeral 11 del artículo 1. Según esta indicación, se modifica el artículo 92 bis mediante un decreto, y en los diputados se presentaron indicaciones. En el numeral 11 del artículo único se agrega un inciso final: “La capacitación al Consejo Municipal en planificación urbana y materias afines será llevada a cabo por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo directamente o a través de terceros. Los miembros del Consejo Municipal podrán cursar el programa de formación y capacitación elaborado para estos efectos; el Ministerio informará, en la sesión de instalación del Consejo Municipal, del referido programa y certificará la asistencia a los cursos ofertados”. Se aprobó la indicación por unanimidad, rechazándose la norma que fue reabierta, y se aprobó la indicación para que quede constancia.
A continuación, se pasó al numeral 1 del artículo 2. Este numeral, que había sido rechazado, ahora se somete nuevamente al debate. Para reabrir el debate se requieren dos condiciones: unanimidad y necesidad.
Respecto a los resultados clínicos o a la estimación de la demanda, además debe existir el interés del proveedor por establecer un acuerdo de riesgo compartido que implica compartir el riesgo financiero y contar con financiamiento adicional. Aunque dicho acuerdo puede facilitar el acceso, al disminuir los costos financieros de una tecnología de alto costo, igualmente se requieren recursos adicionales. Por ende, no es que se pueda implementar sin contar con ellos, sino que se requerirían menos recursos que sin este mecanismo específico para la adquisición de tecnologías sanitarias.
En el Ministerio de Salud se constituyó un grupo de trabajo integrado por miembros de distintos gabinetes y divisiones. El primer avance concreto es que el 9 de abril, es decir, recientemente este año, se materializó mediante resolución exenta la aprobación de los lineamientos técnicos para la implementación y estrategia de acuerdos de riesgo compartido como mecanismo innovador de adquisición. Esto se sustenta en cuatro pilares para sostener dichos acuerdos:
• El pilar regulatorio o legal, que se refiere al estudio y diseño de los aspectos normativos para asegurar la viabilidad legal.
• El pilar institucional y organizacional, que alude a la estructura interna de la institución involucrada en cada parte del proceso, garantizando su viabilidad y proporcionando los elementos de decisión necesarios.
• El pilar de procesos, que detalla todas las etapas del macroproceso para concretar un acuerdo de riesgo compartido. Esto incluye la elaboración de un repositorio de acuerdos, la priorización para definir cuál será sometido a análisis y negociación, la formulación presupuestaria, la evaluación técnica, el diálogo con los proveedores, la elaboración de bases técnicas y otros aspectos contractuales necesarios para la formalización de los contratos.
• El pilar técnico, que abarca todos los aspectos relacionados con la evaluación de tecnologías sanitarias, identificando las dos dimensiones críticas: el riesgo financiero y el valor en términos de salud. Se están desarrollando capacidades técnicas de alto nivel entre los funcionarios del Ministerio de Salud en este sentido.
Este es el avance a la fecha. De acuerdo al plan compartido, se ha establecido un cronograma de actividades para avanzar de manera robusta hasta el año 2027; dicho plan de trabajo puede ser compartido. A la fecha, se ha avanzado de forma muy concreta en la incorporación de mecanismos para adquirir ciertas tecnologías sanitarias mediante acuerdos de riesgo compartido. En este contexto, uno de los elementos que se está analizando es el pembrolizumab como tecnología sanitaria para el cáncer de mama triple negativo, estando ya en un estado avanzado y en conversaciones para establecer un contrato aplicable a dicha patología.
Por lo tanto, con respecto a inmunoterapia y acuerdos de riesgo compartido, se hace una pausa y a continuación se avanzará en lo referente al cáncer cérvico uterino.
Se abre la palabra, colegas. Consultas, diputado Rosas.
Gracias, presidenta. Estoy reemplazando a la diputada Claudia Mix. Agradezco que este tema se aborde en la Comisión de Mujeres, ya que no se ha tratado en la Comisión de Salud. Es un agrado que hoy la Subsecretaría venga a presentar algo tan importante para las mujeres que sufren un cáncer tan complejo como el triple negativo, que no presenta receptores de progesterona ni de estrógeno y, por ende, resulta de difícil manejo. Las terapias inmunitarias –por ejemplo, con rituximab o sus derivados– ofrecen una esperanza en el tratamiento, aun cuando se reconozca que el concepto resulta complejo de explicar en medios de comunicación como la televisión del canal de la Cámara. Esta inmunoterapia proporciona una herramienta fundamental en casos con una sobrevida muy baja, alrededor del 60%.
Meses en general. Entonces, es tan importante que se tome una decisión técnica adecuada al momento de elegir la inmunoterapia, y también es importante que se transparente el porqué se utiliza una y no la otra. Por ello, resulta relevante que este tema se remita a una comisión que no existía hasta hace poco. El vértigo del avance en quimioterapias, inmunoterapias y en drogas paliativas o quimioterapéuticas exige que existan estas tecnologías, ya que, como país, ahora podemos tratar a pacientes que antes no contaban con alternativas. Hace diez años estos pacientes concluían su tratamiento con quimioterapias y únicamente podían optar por cuidados paliativos. Esto constituye un avance para el país que seguirá en desarrollo. Por ello, resulta fundamental contar con comités especializados en definir qué inmunoterapia es útil.
Por esa razón, mi pregunta va en el sentido de que, cuando se dispone de una inmunoterapia que podría resultar más útil en cuanto a costo (al ahorrar, por ejemplo, en quimioterapia mediante la reducción de ciclos y el uso de una inmunoterapia específica, o al mejorar la sobrevida o abordar condicionantes de la paciente que a veces no se consideran), ¿este equipo decidirá y recomendará basándose en esos tres aspectos –clínico, efectividad en pacientes y sobrevida–? Especialmente considerando que hablamos de drogas innovadoras que no han sido probadas durante mucho tiempo para verificar una mejora en la sobrevida o para ejemplificarla en un paciente. Esto podría inducir a error en la familia, haciéndoles creer que se trata de la solución, sin que el Ministerio explique específicamente que esa solución fue probada en tres, cuatro o cinco casos durante un período muy corto por parte del laboratorio. No sé si esa información se transparentará o forma parte del modo en que trabajará esta comisión para este tipo de fármacos.
(Diputado Rosa:) Comentarle, entre paréntesis, que nosotros estamos realizando un trabajo sistemático en la Comisión de Mujeres y, prácticamente en todas las sesiones, abordamos distintos aspectos con organizaciones de mujeres que siguen las comisiones a través del streaming. Ana María Araya, quien es presidenta de una de las agrupaciones de pacientes triple negativos, estuvo con nosotros la semana pasada, lo que motivó justamente la invitación a la ministra, representada por la subsecretaria, para que viniera a responder estas consultas. Queda cordialmente invitado, diputado, a manifestar mayor interés en el tema.
(Diputada Olivera:) No es lo mismo tener un médico, ya que los temas de inmunoterapia y radioterapia son muy complejos y presentan muchas diferencias. El otro día se explicaba cuál era la diferencia entre ambas. Pero, presidenta, quiero preguntarle a la subsecretaria, pues según se mencionó, existe una mesa de trabajo –se indicó incluso que el 14 de abril comenzaría dicha mesa–. El tema es que hemos escuchado a las organizaciones y una de las quejas o problemáticas es que, en el sistema de salud pública, las inmunoterapias no se están entregando actualmente. Esto se dijo, en parte, porque recuerdo que asistieron varias mujeres; una de ellas, que se atendía en el sistema privado, pidió la palabra, pero no alcanzamos a otorgársela porque ya debíamos pasar al siguiente punto.
Lo que quería expresar, porque me lo dijo después afuera, en el fondo, era que ella incluso se sentía culpable de atenderse en el sistema privado. Porque, al contar con los recursos y al tener un sistema que en el fondo le cubre la inmunoterapia, ella hoy día podía estar partiendo con su familia y estando todavía viva, versus una mujer que se trata en el sistema público, que sabe que las expectativas de vida son prácticamente inferiores. Entonces, un poco, la pregunta es esa, porque la vez pasada nosotros —no recuerdo de qué institución era la doctora que vino— se acordó que habló de que era un veneno, que mencionó que atacaba células, que arrastraba células buenas y malas. Y que, desde ahí, nació la molestia también de las organizaciones, ya que, sobre todo en las casos de cáncer triple negativo, donde las pacientes tienen menos acceso a los tratamientos, quedó esa duda en el fondo. O sea, por un lado se dice: “Miren, en realidad sí existe, pero no lo podemos entregar porque sabemos que, finalmente, no hay muchas posibilidades”. Pero la diferencia entre el sistema público y el privado es lo que hoy día también preocupa. Por ello, se plantea la siguiente pregunta: después de esta mesa de trabajo, ¿cuánto tiempo va a durar y qué esperan sacar de ella? ¿Se espera en algún momento entregar los tratamientos de inmunoterapia a las mujeres del sistema público o van a tener que seguir simplemente esperando a morir, sumándose así a la lista de mujeres que, lamentablemente, no cuentan con todos los tratamientos?
Ahí sí, disculpe. Gracias, Presidenta. Bien, me voy a referir primero a la pregunta del diputado Rosas. Lo que él menciona es muy cierto, en el sentido de que toda decisión del sistema de salud tiene que basarse en lo que indica la evidencia con respecto a la efectividad terapéutica, así como en criterios de seguridad y de costo-efectividad, los cuales deben estar presentes en todas las decisiones. Así es como efectivamente se toman las decisiones en el Ministerio de Salud, siendo esta una función ya instalada en el Ministerio, dentro de la División de Planificación Sanitaria, en un departamento específico: el Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETSA). La función de este departamento es transversal para todo el Ministerio de Salud. Dentro de ese marco se toman decisiones sobre coberturas en ciertos sistemas de garantías a través de otro departamento específico, el Departamento de Garantías, que también se encuentra en la División de Planificación Sanitaria.
Es decir, la labor de evaluar la evidencia es una función ya establecida y es distinta a la especificidad de esta nueva Secretaría Técnica que se ha instalado en la misma división de planificación sanitaria, denominada Secretaría Técnica para los Acuerdos de Riesgo Compartido. Esta secretaria, al igual que otras decisiones y procesos en cuanto a los sistemas de garantía y cobertura en salud, trabajará en conjunto con el Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, de modo que lo que se evalúe para ser incorporado dentro de estos acuerdos y sistemas innovadores de adquisición cuente con evidencia que demuestre su efectividad terapéutica y justifique, tanto técnica como financieramente, ese esfuerzo. Esto, sin duda, es considerado uno de los pilares del macroproceso de los acuerdos de riesgo compartido.
Además, este trabajo se establece de todas maneras con otras unidades del Ministerio de Salud, entre ellas, la División de Prevención y Control de Enfermedades y la Subsecretaría de Redes Asistenciales, en particular en Igera, donde está instalado el Departamento de Redes Complejas, en relación con las garantías explicitadas en salud.
Para responder, por su intermedio, a la diputada Olivera, creo que se toca un punto clave, en el sentido de que se apunta al propósito basal de los sistemas de salud, que es avanzar hacia la equidad. Lo que se busca es avanzar hacia la cobertura universal en salud, lo que implica que todas las personas que tengan alguna necesidad puedan acceder a los tratamientos requeridos y lograr los resultados deseados.
Que buscan sin incurrir en gastos catastróficos en salud –entendidos estos como un cierto porcentaje del ingreso del hogar destinado a terapias– para que, a medida que avancemos en la cobertura universal en salud, todos reciban el tratamiento que requieran sin que la capacidad financiera privada sea determinante. Para ello, el sistema de salud trabaja de manera sostenida en robustecer sus estructuras, en mejorar los sistemas de atención directa a las personas y en ampliar la cobertura, de forma que el acceso a los cuidados de salud resulte cada vez más equitativo en nuestro país.
Esto quiere decir que, cuando surge la interrogante de por qué ciertos tratamientos se entregan o no, en realidad se debate cuáles están cubiertos dentro del sector público y cuáles no, de acuerdo con la cobertura financiera. En ese sentido, se han establecido marcos específicos de cobertura, como la Ley de Garantía Explícita en Salud, la ley de Cartesoto y el programa de drogas de alto costo. Se trata de un avance progresivo, en el que se deben priorizar siempre los tratamientos cubiertos en función de la evidencia y de la capacidad de financiamiento del sistema. Por ello, este grupo de trabajo se formaliza como una Secretaría Técnica permanente, establecida de manera sólida dentro de la institucionalidad, cuyo objetivo es definir mecanismos que faciliten el acceso a tecnologías sanitarias de alto costo mediante acuerdos de riesgo compartido, permitiendo así compartir el riesgo financiero asociado a una droga específica.
"Gracias, subsecretaria y diputada González. Gracias, presidenta."
Como bien mencionaba la presidenta, hemos dedicado varias sesiones a este tema y seguiremos trabajando en él dada su importancia y urgencia. Son, después de todo, algunas de las principales causas de muerte de las mujeres en la actualidad, y aún se llega tarde con la prevención y la realización de exámenes preventivos. La doctora que visitó la semana pasada puntualizó que Chile podría, por ejemplo, erradicar el cáncer cervicouterino mediante medidas de prevención adecuadas y la puesta en marcha sistemática de exámenes.
En ese sentido, resulta imprescindible un trabajo mancomunado con esta comisión y continuar implementando medidas que permitan comprender por qué las mujeres no se chequean y, a la vez, revertir esa situación. Existen diversas iniciativas posibles: por ejemplo, hacer que en los programas en que se inscriben las mujeres –como los programas 4-7 o los destinados a jefas de hogar– se incluya como requisito la actualización de sus exámenes y chequeos. Además, tal como se ha conversado con la diputada Mix, la legislación vigente establece que los empleadores deben otorgar permisos para que los trabajadores se realicen exámenes preventivos; sin embargo, no disponemos de registros que evidencien cuántas empresas hacen efectivo ese derecho. Por ello, sería oportuno desarrollar un programa en conjunto con el Ministerio del Trabajo, que permita recabar estadísticas y fomente la adhesión de los empleadores a estas campañas.
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En otro orden de ideas, se expusieron modificaciones en el marco del proyecto de ley que altera la Ley N° 18.290, de Tránsito, en lo referente a la obtención y cancelación de licencias de conducir para personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Se señaló que “eso es, digamos, el corazón de las modificaciones que se han acordado con la Comisión.”
En primer lugar, se sometió a votación el numeral tres del artículo 5, relativo a la indicación sustitutiva del Ejecutivo del artículo 27 bis; cabe señalar que esta votación ya había sido aprobada previamente. Posteriormente, se avanzó hacia el numeral 8 del mismo artículo 5, que corresponde a la indicación del Ejecutivo respecto al artículo 28 “Optix” en lo que concierne a la imagen. Se discutieron también indicaciones pendientes en el artículo 28 cuatr y se propuso reemplazar el literal por el siguiente enunciado: que se incorpore una trama vial con circulaciones destinadas al uso público, cuyas intersecciones permitan garantizar la continuidad del espacio público y la conectividad en función de la viabilidad del sector, aspecto que deberá quedar detalladamente abordado en la memoria explicativa y en los estudios técnicos respectivos.
Asimismo, el diputado Fuensalida propuso agregar, en el literal e –después del punto final–, que la Ordenanza General fije estándares de densidad mínima de habitantes por hectárea; estos estándares deberán ser contemplados por los instrumentos de planificación en las zonas aledañas a bienes públicos urbanos relevantes, tales como ejes estructurales de movilidad, estaciones de acceso a servicios de transporte público, áreas verdes o equipamientos de interés público, según se expresa en los literales A y B, considerando la totalidad de ocupantes o habitantes que la comuna pudiera alcanzar en virtud de las modificaciones.
Por otro lado, se abordó el numeral cinco del proyecto, que reemplaza la letra D del artículo 28 cuatr. En él se retoma la idea de incorporar una trama vial con circulaciones destinadas al uso público, de modo que las intersecciones destaquen la continuidad del espacio público y garanticen la conectividad con la viabilidad del sector –aspecto que quedará reflejado en la memoria y en los estudios técnicos. La letra D original fue sometida a votación y aprobada por unanimidad, retirándose dos indicaciones anteriores. Acto seguido, se volvió a tratar el numeral 8 del artículo quinto, correspondiente a la indicación del Ejecutivo al artículo 28 “Optix” sobre la imagen objetivo, en la que se incorporaron las propuestas de los actores invitados a la discusión y se acomodaron en consonancia con lo expuesto por don Vicente en la norma aprobada antes de retirar las indicaciones. Dicha propuesta fue ratificada en la votación anterior.
Finalmente, se indicó que, en esta propuesta, se agregan mejoras procedimentales al fondo, eliminándose aprobaciones redundantes en el proceso de determinación de la imagen objetivo, permitiendo así definir una región más precisa en relación con los aspectos reguladores. Se ratificó el numeral 8 del artículo 5, concluyéndose, con un comentario final del orador: “Lo he probado. Y me tengo un cafecito.”
Esta es la transcripción combinada y refinada de las intervenciones en la sesión del Grupo de la Cámara de Diputados, Subgrupo: Mujeres y Equidad de Género.
de los exámenes preventivos y básicamente poder hacer una campaña de que se multiplique por todas las regiones, por todas las instancias, por todos los colegios, por todas las universidades, etc., de cómo vamos a llegar a que las mujeres se queden a tiempo, se realicen los exámenes preventivos, porque hoy día estamos hablando del tratamiento del cáncer y tenemos que, por todos los medios posibles, evitar que las mujeres desarrollen el cáncer. Y en eso, subsecretaria, por su intermedio, la invitamos a poder seguir este trabajo mancomunado y a desplegar acciones concretas para llegar a tiempo.
Y una segunda consulta, en el sentido de que hoy día, para que me pueda corregir, subsecretaria, ¿desde qué edades las mujeres ya se pueden chequear con las mamografías? ¿Y si existe la posibilidad de bajar esas edades? Porque, además, lo hemos visto hoy que entiendo que el chequeo empieza a los 40, pero las mujeres ya a los 25 años están presentando algún tipo de cáncer, incluso a los 30 años.
Muchas gracias, diputada González. Le quería solicitar a la diputada más antigua de la Comisión, la diputada Olivera, o a Maite, si me puede reemplazar unos minutitos, ya que voy a ir al Senado un tema y vuelvo a seguir. Tiene la palabra su secretario.
Buenas tardes, diputada presidenta. Concuerdo en que ciertos incentivos pueden ser medidas que aumenten la cobertura de acciones de salud, como, por ejemplo, instalar ciertos requerimientos para formar parte de programas, u otros mecanismos que se utilizan en otros contextos y que efectivamente se observa que aumentan la cobertura, facilitando el acceso a medidas de autocuidado. Una de las cuestiones clave para las personas, efectivamente, como usted menciona, diputada, es la disponibilidad de tiempo.
Para ello, existe hoy día la Ley 21.382, que instaura un medio día de permiso administrativo para que todos los trabajadores puedan, en ese tiempo, acceder a diferentes tratamientos, sobre todo exámenes preventivos de prevención secundaria para la detección precoz y, por ende, el tratamiento oportuno. Esto es para que dispongan de ese tiempo sin tener que utilizar sus vacaciones ni otro tiempo personal.
Asimismo, quiero recordar que, dado que estamos en invierno, existe también una ley que otorga medio día administrativo a todos los trabajadores para que puedan cumplir con los esquemas de vacunación en estrategias de inmunización universales, como la vacunación contra la influenza y contra el COVID, para todas las personas que sean parte del grupo objetivo.
La mamografía se recomienda desde los 40 años, ya que es cuando aumenta, mayormente, el riesgo de cáncer de mama, sin que ello impida que se realicen otros exámenes preventivos previos; es simplemente la edad recomendada en función del riesgo.
Gracias, diputada.
Gracias, subsecretaria. Sí, tiene la palabra. Concuerdo en que estamos conscientes de que la ley existe para facilitar el permiso de los exámenes, pero lo que no sabemos es si las empresas efectivamente están promoviendo este beneficio. No dispongo de ninguna estadística que, por ejemplo, indique en la empresa X o en Walmart, que cuenta con miles de trabajadores (por decir, 5.000), cuántos de ellos han hecho uso de ese permiso para realizarse los exámenes.
Entonces, creo que debemos aprovechar esa herramienta y promoverla de manera que cumpla su objetivo, porque si no, terminamos teniendo una ley que existe en el papel, pero que en la práctica no cumple con su cometido. Esto nos indica que, según las estadísticas actuales, las mujeres no se están chequeando; y asimismo, los cánceres en hombres han aumentado. Por ello, se necesita un trabajo mucho más fortalecido entre el Ministerio del Trabajo y ustedes, como Ministerio de Salud, de que efectivamente poder…