Senado - Relaciones Exteriores - 22 de abril de 2025

Pero son destinados a preparar nuestra camisa. Recording in progress. En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Señor secretario, señor presidente, han llegado los siguientes documentos a la cuenta. Primero, una excusa al señor canciller para poder asistir a la reunión del día de hoy, puesto que se encuentra acompañando a su excelencia el presidente de la República en su visita de Estado a Brasil. Han llegado a sí mismos dos comunicaciones. Una del senador José Miguel Durán. Con respecto a esta comunicación que va a leer, pongámosle un poquito de atención porque tenemos que tomar una decisión. Sí, es un tema de Basilea. Del siguiente tenor: Por intermedio de la presente solicito a usted tenga bien someter a consideración de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado el envío de un oficio a la Secretaría del Convenio de Basilea, del cual nuestro país forma parte, a los efectos de que dicha secretaría manifieste su opinión técnica respecto de la compatibilidad de las disposiciones contenidas en el proyecto de ley relativo a la gestión de residuos sólidos, responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje en materia de exportación de residuos peligrosos por el citado Convenio de Basilea. Hago esta solicitud como senador de la región de Arica y Parinacota, la cual, como es de su conocimiento, recibió en el año 1984 residuos peligrosos provenientes de Suecia, los cuales no fueron tratados en nuestro país como correspondía, generando múltiples externalidades negativas a lo largo de los años para nuestra comunidad, su salud y el medio ambiente de nuestra ciudad de Arica. Asimismo, es fundamental contar con la opinión de la Secretaría del Convenio de Basilea, toda vez que las disposiciones contenidas en dicho proyecto de ley pueden afectar los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Chile y, en especial, las implicancias que dicho proyecto pueda tener en materias tan sensibles como el narcotráfico y los crímenes organizados. Sin otro particular, les saludo con la mayor atención. José Miguel Durán, Asimil, Senado, Región de Arica y Parinacota. La razón por la que hago un paréntesis es que, antes de tomar la decisión de oficiar como comisión, a mí me ha pedido hacer uso de la palabra y quiero hacerlo ahora, porque tiene después una intervención el senador Pedro Araya, y ahí lo conversamos entre todos. Senador Pedro Araya: Gracias, presidente. Este proyecto originalmente fue visto por la Comisión de Medio Ambiente. En la sala expuse que la aprobación que le dió Medio Ambiente, junto con algunas indicaciones realizadas por los integrantes de dicha comisión, eventualmente podría estar vulnerando el Convenio de Basilea que suscribió Chile, pudiendo ser motivo de reclamo ante el Tribunal Constitucional o inclusive dar lugar a alguna sanción internacional para el país por no cumplirse la norma marco del citado convenio. Por ello, pedí que la Comisión de Relaciones Exteriores se pronunciara antes de que el proyecto fuese sometido a votación en la sala. Y, claro, el senador Durán apunta acertadamente al solicitar que se emita una opinión técnica –el punto focal del Convenio de Basilea– para expresar si lo aprobado por la Comisión de Medio Ambiente está de acuerdo o no con el tratado; a partir de ello, la Comisión de Relaciones Exteriores podrá elaborar su informe y despacharlo a la sala para su discusión y votación. Entonces, le pediría que se ratificara lo que solicitó el senador Durán: que el punto focal del Convenio de Basilea informe sobre el tenor del proyecto, y, después de ello, la comisión tome una decisión antes de enviarlo a la sala. Eso es lo presente. ¿Se considerará su… su opinión, senador, lo que usted también está pidiendo? Y yo le he preguntado al secretario si, efectivamente, un proyecto de esta naturaleza debe ser votado en esta comisión, ya que le corresponde a Medio Ambiente.

Ya se realizó una votación. El tema es que dicha votación está de acuerdo al Convenio de Basilea. Por eso, quiero ofrecer la palabra al senador José Miguel Insumcio. Presidente, yo me permito sugerir que, para estos efectos, se le solicite al senador Durana que nos informe cuáles son las posibles discrepancias entre el proyecto que se está aprobando y el Convenio de Basilea. Yo quiero saberlo, ¿no? Porque existe una norma que permite la exportación de productos perjudiciales —digamos, prohibidos— para ser reprocesados en otro país cuando no pueden ser reprocesados en Chile. La idea es que los países están comprometidos a procesar sus propios materiales radioactivos o perjudiciales. Sin embargo, parece que el Convenio de Basilea prohíbe la exportación para cualquier fin, mientras que nuestro proyecto de ley permitiría la exportación para ser procesada en el exterior, cuando no pueda hacerse en el país. Entiendo que ese es el punto que se quiere plantear, pero tal vez sería mejor que el senador Durana lo explicara acá, ya que usted tiene mucha razón. Este no es un tema de esta comisión. Pero, más allá, senador Insulza, en cuanto a lo que usted está pidiendo —o sobre lo que se puede invitar también al senador—, ¿cuál sería el inconveniente de que nosotros oficiemos? Es decir, más allá de que él venga acá de manera paralela, ¿no podría la comisión oficiar, en el marco del Senado? Estamos haciendo preguntas, como se señala en el oficio al representante de la Secretaría del Convenio de Basilea en Chile, perdón, de la sede central. Se da el volumen. Sí. Senadores. El problema es que el Convenio permite la exportación, pero lo hace bajo ciertos requisitos; mientras que el proyecto aprobado liberaliza totalmente dichos requisitos. La preocupación radica en que, en la zona norte, probablemente existan muchos precursores para la fabricación de drogas —de uso lícito inicialmente— que, una vez finalizado el proceso, deben ser dispuestos conforme a la legislación chilena. Si se abre la puerta, se corre el riesgo de que muchos de estos precursores terminen en países que no cumplen con las normas del Convenio de Basilea. Además, existe una preocupación desde el ámbito de la seguridad pública. Probablemente, en la Región Metropolitana el efecto sea menor, pero en la macrozona norte podría derivar en la circulación de sustancias sin una legislación adecuada y sin medidas de protección. Por eso, en esencia, lo que he pedido es que la Comisión informe si lo aprobado se encuentra o no en conformidad con el Convenio. No se trata de prohibir la exportación, sino de estipular que, en caso de que ocurra, ésta debe realizarse conforme a lo establecido por el Convenio de Basilea, que impone un conjunto de restricciones —entre otras, que el país no tenga la capacidad de tratar estos residuos y que la exportación se efectúe únicamente a países que cumplan con ciertos estándares, y no a cualquier país. Senador Araya, gracias. Senador Edwards, si entiendo bien, quizá lo que podríamos hacer es enviar un oficio indicando que la próxima semana invitaremos al senador Durana para que, ojalá, llegue la respuesta técnica antes de la próxima sesión —o quizás la semana siguiente—. Lo que se busca con este asunto no es una votación, sino la elaboración de un informe; es decir, que recibamos la información y, a partir de ella, generemos un pequeño informe con nuestra opinión respecto a si se cumple o no lo establecido. Con ello, se daría curso a la petición del senador y a las preocupaciones manifestadas por el senador Insulza. Estoy completamente de acuerdo, y creo que, de forma paralela, es necesario oficiar. Se le están haciendo preguntas al ente encargado de lo aprobado en la Cámara, y evaluaremos la situación. Por ello, no sé si el jefe jurídico esté en condiciones de ofrecernos una opinión sobre este tema, para el cual no había sido invitado. Le ofrezco la palabra. El presidente ha mencionado que este mismo debate surgió en la Cámara de Diputados, donde fuimos objeto de un oficio y entregamos un pronunciamiento de alrededor de 15 páginas, muy fundamentado respecto a esta materia.

No lo puedo dar a conocer ahora, pero encantado más adelante poder darlo a conocer. Bueno, pero más allá de este informe, yo, senador Castro, ¿por qué no puede conocerse la opinión de este informe que vivió este proceso? No lo tengo en la mano. No, pero puede indicarse lo que contiene, lo conoce el informe, ¿no? O sea, que es lo que dice. Estamos conscientes, Claudio, de que la sesión no era para esto, sino para enviar un oficio preguntando; pero, si tiene alguna noción, es decir, un comentario –más bien un comentario– sobre la inquietud del senador Castro, yo preferiría poder referirme a todos los fundamentos, porque es un tema altamente técnico que tiene muchos elementos. Y sí, somos invitados y estamos encantados de poder dar ese pronunciamiento con todos los fundamentos, presidente. Si le parece a la comisión, ¿habría acuerdo para enviar el oficio? ¿Habría acuerdo para enviar el oficio en forma de consultas al secretario del convenio, digamos, Basilea, haciéndole preguntas? Si es necesario, leemos nuevamente lo que plantea el senador Durana. Yo, presidente, lo que quiero es que, si es que ya se hizo este procedimiento y la Cancillería dio un informe completo sobre el tema, lo más fácil es que ese informe, ojalá, nos sea hecho llegar al senador Durana, porque aquí lo importante es informar a la sala. Yo creo que lo relevante es que todos los senadores –y tal vez, lo que podríamos hacer es no solamente informar a los miembros de nuestra comisión, sino que a todos se les haga llegar efectivamente este informe–, de modo que, a la hora de votar o al ponerlo en tabla en los comités cuando se reúnan, probablemente el día lunes, tengan la información necesaria para decidir si se prioriza o no. Es que el tema está en que esto, en primer lugar, no está en tabla, ya que es el requerimiento de un oficio, y, en segundo, se tiene un beneficio de la duda: si efectivamente nosotros, como comisión, tenemos que votar este tema, debemos hacerlo aquí con todos los antecedentes a la mano. Entonces, lo que haré es esperar el informe y, una vez que nos llegue –ojalá no se pueda acelerar–, citar para este tema en la próxima sesión o en la que corresponda. Pero me apuraría en el sentido de enviar este oficio preguntándole al representante del convenio de Basilea para que nos indique la visión que tienen ellos como expertos del tratado. Independientemente de que nosotros invitemos al gobierno con ese informe, le pediré a la Secretaría que lo solicite y examine lo señalado y las preocupaciones existentes, para determinar si se ajusta o no, ya que, eventualmente, esto podría llegar al Tribunal Constitucional y trataríamos de evitar ese trámite, ajustándonos a la responsabilidad que tenemos como país en los acuerdos y convenios que firmamos. Entonces, ¿habría acuerdo para, en primera instancia, mandar el oficio? Senador Kass, ¿se ha acordado? Ha acordado el segundo lugar. Señor presidente, ha llegado también la nota del embajador de Turquía, mediante la cual se hace presente la posición de su país en relación a un proyecto de ley que se ha aprobado en la Cámara de Diputados sobre el Día Nacional de Conmemoración de las Víctimas del Conocido de Armenia. Se toma conocimiento. Presidente, corresponde tratar en la tabla de hoy el proyecto de acuerdo entre Chile y el Gobierno de Irlanda sobre ejercicio de trabajo remunerado por parte de familiares dependientes del personal destinado a misiones oficiales en el estado de la otra parte. Para este efecto, se encuentra el señor Director General de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, embajador, señor Claudio Troncos. Vamos a ofrecerle la palabra al Director General de Asuntos Jurídicos de la Cancillería. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, honorables senadores. Como es de conocimiento de esta comisión, este instrumento se suma a otros cuarenta y…

Nueve acuerdos ya vigentes sobre esta materia son instrumentos que se han convertido en tendencia en el mundo actual, ya que aumentan las posibilidades de desarrollo profesional de quienes acompañan a los funcionarios diplomáticos en sus destinaciones. Este acuerdo, entonces, tiene el mismo propósito que los anteriores, en el sentido de integrar a los familiares dependientes de ambos estados a la vida profesional en el país receptor, ampliando de este modo su inserción en la sociedad. El acuerdo autoriza, en su artículo primero, a los familiares dependientes, así como a los miembros de las misiones diplomáticas y oficinas consulares de ambos países, a ejercer actividades remuneradas en el Estado receptor sin limitaciones respecto a la naturaleza del trabajo. Estas actividades podrán desarrollarse en las mismas condiciones y con los mismos requisitos que los nacionales irlandeses y chilenos, respectivamente, sin perjuicio de las restricciones que impongan las respectivas leyes internas y, en todo caso, una vez que sean autorizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. El convenio precisa en su artículo segundo lo que ha de entenderse por “familiar dependiente”, “trabajo remunerado” y por “miembro de las misiones diplomáticas o de las oficinas consulares”. Así se establece que se entenderá por familiar dependiente cualquier integrante del grupo familiar de un funcionario que forme parte de una misión diplomática u oficina consular y que haya sido aceptado como tal por el Estado receptor. A su vez, la expresión trabajo remunerado incluye el trabajo de tiempo completo, de medio tiempo, incluido el trabajo dependiente. Finalmente, se consideran miembros de la misión diplomática y de las oficinas consulares a los agentes diplomáticos, a los integrantes del personal técnico y administrativo, y a los funcionarios y personal del servicio consular, conforme a las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares aplicables en la materia. En cuanto a la solicitud de autorización, el artículo tercero establece el procedimiento para obtener la autorización de ejercicio de una actividad remunerada, y el artículo cuarto lo complementa, señalando que dicha autorización expirará automáticamente en la fecha en que cese la función del funcionario del que dependen los familiares. En todo caso, el presente acuerdo no se interpretará como base para el reconocimiento de equivalencias de ninguna de las competencias que posean los familiares dependientes. El artículo quinto, denominado “Asuntos Relacionados con las Inmunidades”, establece que los beneficiarios de este acuerdo que desarrollen una actividad remunerada no gozarán de inmunidad por distinción civil o administrativa en el Estado receptor, conforme a las convenciones de Viena aplicables o a cualquier otro acuerdo vigente en el plano internacional en lo que respecta a los asuntos relacionados con el trabajo. Respecto a la inmunidad de jurisdicción penal, en el caso de que un familiar dependiente sea acusado de un delito penal cometido en relación con su trabajo, el Estado acreditante considerará seriamente la solicitud escrita que pueda ser enviada por el Estado receptor para suspender dicha inmunidad. En este caso, la suspensión no se interpretará como extensiva a la ejecución de cualquier sanción o sentencia que derive de ella, para lo cual se requerirá una medida de suspensión específica. En materia de impuestos y seguridad social, el artículo sexto dispone que los familiares dependientes serán responsables de pagar todos los impuestos y demás gravámenes legalmente deducibles de cualquier remuneración percibida como resultado del trabajo en el Estado receptor. En lo relativo a las controversias que pudieren presentarse entre las partes por la interpretación o aplicación del acuerdo, el artículo séptimo prevé que serán resueltas mediante consultas mutuas o negociaciones entre ellas. Por último, de conformidad con el artículo octavo, el acuerdo entrará en vigor 30 días después de que se reciba la última notificación de las partes, en la cual se informa recíprocamente el cumplimiento de sus requisitos legales internos a los efectos de la entrada en vigor del convenio. Estos son, señor presidente, los elementos centrales de este convenio que presentamos hoy a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Muchas gracias. — Gracias, don Claudio Troncoso. Yo solamente quisiera sostener brevemente que son decenas de aquellos acuerdos entre distintos gobiernos para que nuestro personal y, fundamentalmente, sus familiares puedan acceder a trabajos en los países donde han sido destinados. Entonces, en el fondo, esto no es nada nuevo; es una práctica habitual. Exactamente, no sé la cantidad, pero son decenas. Y yo quisiera ofrecer la palabra antes de votar este proyecto. Senador Edwards. — Gracias, presidente. — Senador Edwards: Yo quería hacer una... Bueno, primero, me imagino que los términos de este acuerdo son exactamente...