Senado - Adulto Mayor y Discapacidad - 22 de abril de 2025

Señora presidenta, hoy día la sesión está convocada para conocer la agenda legislativa del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y del Servicio Nacional de la Discapacidad, en relación con las materias de competencia de esta comisión. Se encuentra presente la ministra de Desarrollo Social y Familia, señora Javiera Toro, acompañada de la directora del Servicio Nacional de Discapacidad, doña Karen Astorga, y de la directora del Servicio Nacional del Adulto Mayor, doña Claudia Asmad. —Sí, aquí estoy yo. Si gusta, la señora ministra, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, senadores. Muchas gracias también por la convocatoria. Como ya se señalaba, nos encontramos aquí con las directoras de SENAMA y de SENADIS, dos servicios muy importantes en general y en particular para los temas que requiere esta comisión. Quisiera, en términos generales y a propósito de poder manifestar y trabajar con la comisión, expresar que los temas presentados son de gran relevancia y constituyen la centralidad de nuestra agenda legislativa. Hoy me permito comentarlos y, posteriormente, dar la palabra a las directoras, quienes profundizarán en los proyectos y en las prioridades legislativas en materia de discapacidad. Cabe destacar que existen distintos proyectos sobre los cuales ellas profundizarán, pero como iniciativas principales, hay dos grandes proyectos que para nosotros resultan especialmente relevantes este año. Sabemos que para esta comisión también es de interés el proyecto de Envejecimiento Digno, Activo y Saludable, el cual se discutió aquí en el Senado y que hoy se encuentra en la Cámara de Diputados, donde estuvo en sala. En breve, tendré que dirigirme allá, y a partir de ese momento, las directoras tomarán la palabra. En materia de discapacidad también se plantea un proyecto relevante relacionado con la capacidad jurídica. Por lo tanto, teniendo esto en consideración, le pido a las directoras que, en primer lugar, permita a la directora de SENADIS, doña Karen Astorga, comenzar con el detalle de los proyectos.

Gracias, Presidenta, por su intermedio. Agradezco también a la Ministra por su intervención y por su presencia. Primero, buenas tardes a los senadores presentes y a la Presidenta, a quien felicito por su nombramiento. Para nosotros, como Senadis y dependientes del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, es importante señalar cómo hemos trabajado desde el servicio. Recientemente hemos impulsado una agenda de cooperación internacional significativa en la temática de crear y diseñar, dentro del país, una tarjeta iberoamericana de certificación y calificación de discapacidad. Con ello, hemos colaborado con organismos internacionales y, de la mano, con las mesas de trabajo que hemos mantenido con distintos organismos nacionales e instituciones, para avanzar en el llamado stock – por así decirlo – de solicitudes del Registro Nacional de Discapacidad. Por tanto, hemos llevado a cabo un trabajo colaborativo con el Ministerio de Salud, con COMPIN y otras instituciones. Este trabajo intersectorial ha abordado nudos críticos en materia de salud y a nivel local, orientado a capacitar a gestores en certificación, calificación y aplicación del IVADEC. En materia de discapacidad, es fundamental avanzar en el estudio de costo per cápita, el cual está incorporado en las glosas presupuestarias de este año. Es relevante que tengan presente, senadores y Presidenta, que estamos a puertas de finalizar el estudio de costo per cápita en residencias. Cabe mencionar que una persona – ya sea niño, niña o adolescente – que se encuentra en una residencia con discapacidad, tiene un costo per cápita promedio de 1.902.000.000; y, al salir de una residencia de Senadis, el costo baja a 1.180.000.000, monto que hemos logrado aumentar este año. El estudio que estamos culminando formará parte de la formulación presupuestaria y permitirá clarificar cuánto es necesario aumentar o instalar para incrementar dicho monto, evitando la percepción de que al mayor de 18 años, una persona con discapacidad deba ver reducido su costo per cápita, ya que el estudio demuestra lo contrario. En el ámbito de lo que fuimos llamados, y para abordar temas relevantes, se encuentra, por ejemplo, el proyecto de ley en materia de capacidad jurídica que modifica el Código Civil, proyecto que abarca diversas áreas y normativas. Este proyecto, relacionado con personas con discapacidad visual y auditiva e identificado en el Boletín 16.516, tiene por autoras y autores a la senadora Isabel Allende, Paulina Núñez, Claudia Pascual y a los senadores Rafael Provence y Gustavo Sangüesa. Dicho proyecto, que ya fue ingresado y que surgió como moción de los senadores mencionados, está sin carácter de urgencia y suprime o deroga en el Código Civil y otros cuerpos legales toda referencia a “sordos” y “sordos mudos” y su limitación para el ejercicio de la capacidad jurídica. En opinión de Senadis, esta medida es favorable, ya que permite avanzar en el reconocimiento legal del derecho a la capacidad jurídica de las personas sordas, quienes han sido afectadas en el ejercicio de sus derechos por la actual legislación chilena, basada en la sustitución de la toma de decisiones, situación que vulnera los derechos de cualquier persona.

Que tenga o no tenga discapacidad, es un derecho de las personas el poder tomar sus propias decisiones. Además, es importante señalar que la capacidad jurídica es una de las observaciones que tenemos desde el año 2016 por Naciones Unidas y que, como país, no hemos abordado. Entonces, para nosotros, para el Ministerio, es importante abordar esta materia. Sabemos que es compleja porque es transversal a varias normativas y varias leyes, pero es importante poder ponerla sobre la mesa. Otra materia y temática tiene que ver con la accesibilidad, que aborda dos áreas en particular. Primero, la regulación del diseño y la accesibilidad universal en el mercado financiero. Esta es una moción de las autoras: la senadora Isabel Allende, la senadora y actual presidenta de esta comisión, Fabiola Campillay, y los senadores Sebastián Keitel, David Sandoval y Esteban Velázquez. Esto está en un primer trámite constitucional en la Comisión de Adulto Mayor y Discapacidad, no se presenta con urgencia y su contenido tiene que ver con la inclusión de las personas con discapacidad en el sistema financiero, en particular explicitar que las entidades bancarias y las sociedades de apoyo al giro deban tener un diseño y accesibilidad universal en los métodos de pago. Esto significa contar con cajeros automáticos, sucursales, sitios electrónicos y canales o aplicaciones de carácter electrónico e informático que permitan la autorización, captura, agregación y comunicación de operaciones de pago, entre otras medidas de inclusión. Se entiende por accesibilidad universal aquel acceso tanto para personas con discapacidad visual como para personas sordas, es decir, física, tecnológica e informática. Este proyecto ya es una moción incorporada y puede ponerse también sobre la mesa. En opinión de Senadis, la aplicación jurídica es favorable, pero deben efectuarse algunos ajustes en la redacción, según observaciones planteadas por la Comisión de Mercado Financiero de SENAMA, quienes también están de acuerdo con el proyecto sin perjuicio de los ajustes que se puedan realizar. También, en materia de accesibilidad, hay otro proyecto incorporado y con boletín que tiene que ver con fortalecer la accesibilidad universal en productos farmacéuticos y otros. Esta es una moción de las autoras: la senadora Isabel Allende, la senadora y actual presidenta Fabiola Campillay y el senador Gastón Saavedra Chandía. Esto está en primer trámite constitucional en la Comisión de Adulto Mayor y Discapacidad, con urgencia simple y vigente. El proyecto aborda dos artículos en particular: el primero modifica el actual artículo 32 de la Ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión de personas con discapacidad, y el segundo modifica los artículos 96 y 174 del Código Sanitario. En opinión de Senadis, es favorable, pero debe trabajarse en coordinación con el Ministerio de Salud, el Instituto de Salud Pública y CERNAC, lo cual es importante para que la temática se aborde oportunamente. Tiene que ver con incorporar en los productos farmacéuticos, por ejemplo, accesibilidad en Braille para personas ciegas. Hoy día el Braille ya poco se usa, pero contamos con otras herramientas e instrumentos más actualizados y tecnológicos, como un código QR que dirija a un video o a un audio, de modo que se puedan ir incorporando tecnologías que permitan hacer accesibles e inclusivos los productos farmacéuticos. Y, por último, se busca modificar también la Ley 20.422 para sancionar y aumentar las sanciones por vulneración de derechos en distintas temáticas. Este proyecto solo aborda el aumento de las sanciones de los montos con el objeto de…

A quienes atentan contra el derecho y con el ejercicio de los derechos que se consagran a favor de las personas con discapacidad. Y aquí vamos a tener distintos ámbitos. Como saben, la Ley 20.422 no especifica una fiscalización puntual en una entidad, sino que existen diversas fiscalizaciones. En materia de accesibilidad serán los municipios, a través de las direcciones de obra; en materia de inclusión laboral, si se trata de empresas o entidades privadas, fiscaliza la Dirección del Trabajo, y si es una institución pública, corresponde a la Contraloría y al Servicio Civil. La moción cuenta con un artículo único que tiene por objeto aumentar las sanciones por discriminación que se funden o motivan en la discapacidad de las personas, pasando de 10 a 120 UTM a 30 a 200 UTM, además de perfeccionar la regulación de la acción especial contenida en el artículo 57 de la Ley 20.422. En opinión de Senadis, esta propuesta es jurídicamente favorable, pero deben efectuarse algunos ajustes en su redacción. Esa sería la priorización de los proyectos de ley para nuestro servicio y en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Muchas gracias. Gracias, directora de Senadis. Karen, no sé cómo se llama, pero me falta la directora de... Claudia, Claudita, por favor, directora del SENAMA. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludo a todos los honorables senadores y, por supuesto, a mi ministra. Muchas gracias, ministra. Quiero partir, primero, sin perder esta oportunidad, diciendo que estamos en un punto de inflexión a propósito de los datos del censo, el que ha visibilizado que, hoy día, a partir de los 60 años tenemos alrededor de 3.665.000 personas mayores, de acuerdo al censo, lo que significa que un 19,9% de la población en Chile corresponde a personas mayores. Además, el índice demográfico, que se interpreta como el número de personas mayores por cada 100 personas menores de 15 años, indica que existen 111 personas mayores de 60 por cada 100 menores de 15 años. Es decir, en Chile hoy existen más personas mayores que niños, niñas y adolescentes menores de 15 años, y, sumada a la baja tasa de natalidad, la proporción de personas mayores en nuestro país es muy relevante. Esto sirve como antesala para una de nuestras priorizaciones, en la que agradezco especialmente a la ministra, ya que en la discusión de la Comisión de la Cámara de Diputadas y Diputados y la Comisión de Personas Mayores se examinó, indicación por indicación, el proyecto de ley de envejecimiento digno, activo y saludable, que ha sido nuestra prioridad. La ministra irá a la sala para contarles un poco sobre la importancia de este proyecto. Este proyecto de ley partió en el año 2020 con otro nombre y, en marzo de 2022, el gobierno del presidente Gabriel Boric presentó una serie de indicaciones al proyecto original, adecuando su contenido a los estándares internacionales de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada en Chile en 2017. En ese contexto se cambió su denominación a Proyecto de Ley Integral de las Personas Mayores y su Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable, puesto que, dentro de su definición, se contempla el curso de vida, pues envejecemos desde que nacemos. El proyecto actual intenta, en primer lugar, reafirmar el cambio de paradigma respecto a las personas mayores, reconociéndolas como verdaderos titulares de sus derechos y no como meros objetos de asistencia del Estado, de las comunidades o de sus familias, contribuyendo a reposicionarlas en el lugar que les corresponde como participantes activos de la sociedad. Muchas de las indicaciones que contiene este proyecto de ley están incluidas en la nómina de proyectos que tenía esta comisión, por ejemplo, concretamente…