Senado - Familia, Infancia y Adolescencia - 22 de abril de 2025

Muy buenos días. Vamos a iniciar en comité por respeto a las personas que hoy día van a exponer. En primer lugar, corresponde la palabra a la Fundación Mujer, Derechos y Cuidados (MUDECU), estando presente su presidenta, señora Carolina Lizama, y las asesoras, señoras Carolina Guzmán y María Paz Guajardo. Buenos días, Presidenta, por su intermedio. Saludo a los honorables senadores y senadoras que están presentes, a la ministra y a los representantes de organizaciones sociales en general. Agradecemos profundamente esta invitación, ya que Fundación MUDECU es una organización nacional nacida de la experiencia directa de mujeres cuidadoras, que promueven una visión del cuidado como un derecho humano y no como un destino natural que deba ser ejercido por las mujeres. Desde MUDECU trabajamos por el reconocimiento social, político y económico de quienes ejercemos la labor de cuidado, especialmente en contextos de dependencia y discapacidad. Muchas veces estas tareas son invisibilizadas, no remuneradas y asumidas en completa soledad e ingratitud por mujeres, sin posibilidad de receso, descanso o apoyo alguno. Según los datos oficiales, el 92% de las personas cuidadoras en Chile somos mujeres y un 70,5% de ellas no reciben.

Recibe remuneración alguna por esta labor. Gracias. Valoramos profundamente los espacios de diálogo interinstitucional y creemos que, a pesar de las diferencias que podamos tener con otras organizaciones, podemos coincidir en algo esencial: el cuidado debe ser sostenido por toda la sociedad y no solo por las mujeres y las familias. Nosotras hablamos desde un enfoque de derecho feminista, comunitario y territorial. Creemos en una sociedad que cuide a quienes cuidamos, que no deje a ninguna atrás y que reconozca a las cuidadoras, a las personas que cuidamos, como sujetos de derecho y no meramente como agentes de crianza o soporte. Esto no solo es una cuestión ética; la labor de cuidado representa el 21,8% del PIB ampliado del país. Le sigue la minería con un 11,9%, luego la manufactura con el 10,5%, el comercio con un 9,8% y, finalmente, la agricultura, la pesca y la silvicultura con un 3,5%. O sea, de acuerdo a estos datos, respecto a la minería duplicamos el ingreso que entregamos al país. Por lo tanto, nos parece clave que cualquier política pública que se impulse en esta comisión tenga como base, primero, el cumplimiento de los tratados internacionales ratificados por Chile, como la CEDAP, la Convención de Derecho de las Personas con Discapacidad y la Convención Belén-Dopara; la inclusión de las cuidadoras en la co-creación de los sistemas de apoyo; y la equidad de género como principal principio transversal del proyecto de ley. Esperamos que este espacio siga siendo un lugar para construir desde la diversidad, sin diluir la urgencia que viven miles de cuidadoras en nuestro país, y que, desde ahí, contemos con todos ustedes para avanzar con firmeza hacia un verdadero Sistema Nacional de Apoyo y Cuidado, como fundamento y como parte del estudio que realizamos de estas políticas públicas. Tal como cita una de nuestras integrantes, María Paz Guajardo, asesora legal ad honorem, los principales aspectos del proyecto de ley sobre el cuidado, y que solicitamos a este honorable consejo tener en consideración, son los siguientes: Esta política nacional de cuidado está encomendada al Consejo Asesor Presidencial de carácter interministerial, instalado en marzo de 2023, presidido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, junto a la Vicepresidencia del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, con el fin de formular una política nacional de apoyo y cuidado. Este proyecto otorga el reconocimiento del derecho al cuidado y establece la necesidad de avanzar hacia una respuesta sistemática y coordinada de los cuidadores, basándose en la corresponsabilidad social y de género en el cuidado como principio rector que sume a esta normativa. En cuanto a los destinatarios de este proyecto, como ya se ha mencionado, se incluyen infantes, niños, niñas, adolescentes, personas en situación de dependencia y/o discapacidad, y personas mayores. Del mismo modo, se individualiza el derecho de las personas cuidadoras remuneradas y no remuneradas, destacando para nosotras, en último término, el principio de igualdad y dignidad para acceder a programas que reduzcan nuestra carga, participar en instancias de formación y capacitación y, lo primordial, ser escuchadas y poder participar en los mecanismos de consulta y participación del sistema. Este proyecto detalla los objetivos del Sistema Nacional de Apoyo y Cuidado.

Entre los que se encuentran planificar, coordinar la oferta programática, establecer gradual y progresivamente su provisión, supervisar y evaluar los programas y servicios públicos y privados, y fomentar la inversión pública y privada, fomentar la formación de las personas cuidadoras, informar y educar a la sociedad sobre la corresponsabilidad social de género y promover el reconocimiento social del trabajo no remunerado. De igual modo, es destacable que por primera vez se promueva de manera real la autonomía económica y la generación de condiciones para un trabajo decente de las personas cuidadoras, impactando la capacidad y oportunidades de ingreso y mantención en el mercado del trabajo con empleos formales, certificando las competencias del trabajo de cuidado y mejorando las condiciones de esta labor. ¿Y por qué no, durante nuestra exposición en la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, escuchamos con mucha atención al presidente de esa comisión señalar que podemos estar hacia una seguridad social para nosotras que cuidamos? Ver la posibilidad de tener una pensión para nosotras que ejercemos la labor de cuidado de personas con dependencia severa. Tenemos esa esperanza y también el desafío claro de buscar esa política pública de seguridad social que nos permita acceder a un sistema de estipendio digno y de pensiones que brinden una real calidad de vida, dejando de romantizar el cuidado. Como Fundación MUDECU, solicitamos a esta comisión y a ustedes, honorables, avanzar decididamente a la aprobación de la idea de legislar este proyecto sin mayor reparo y con celeridad. No podemos seguir postergando a las personas cuidadoras, a los sujetos de cuidado y a ellos también. El país ya tiene una deuda histórica con nosotros y esta es la oportunidad para empezar a salvarlos. Muchas gracias. — ¿Quiere hablar? — Bueno, al igual que el presidente de la Cámara de Diputados, o sea, de la Comisión de la Cámara de Diputados, yo concuerdo con que ustedes necesitan seguridad, pero que también requieren un reconocimiento. El trabajo que realizan es un trabajo con amor, porque lo hacen por voluntad propia, pero es un trabajo muy difícil, especialmente cuando se trata de cuidar a personas con algún tipo de discapacidad o dependencia, como los adultos mayores o las personas con discapacidad. Por ello, el reconocimiento es muy importante para ustedes. Muchas gracias. Señor Álvaro Carreño: Aquí estoy. Adelante, por favor. Muchas gracias, señora presidenta, ministra, miembros de la comisión. Agradezco la invitación para participar en esta discusión tan importante. Yo represento a Triple P Latinoamérica. Triple P es un programa de crianza positiva que lleva más de 10 años implementándose en Chile. Hemos estado trabajando apoyando a instituciones para implementar el programa como política pública y, desde esta vereda, queremos aportar a la discusión respondiendo un poco a la pregunta de por qué es importante apoyar la crianza y, quizás, también a cómo hacerlo. Triple P es un programa de crianza positiva que fue creado hace más de 40 años en la Universidad de Queensland en Australia y, desde entonces, se ha llevado a cabo una investigación continua. Actualmente, ya hay más de 300 instituciones y cientos de investigadores que actualizan la base de evidencia, realizan innovación en el programa y aportan a su desarrollo. Además, es relevante mencionar que el programa ha sido implementado en decenas de países, y algunos de ellos han escalado esta iniciativa a nivel de política pública, estableciéndola como una política de cuidado parental. Cuando decimos que Triple P es un programa basado en evidencia, queremos decir que por un…

ha demostrado su efectividad a través de pruebas científicas rigurosas, lo que significa que los resultados pueden ser replicados en distintos contextos y alcanzados por diversas familias para las cuales fueron diseñados. Por ejemplo, Triple P en Chile evaluó la aceptabilidad cultural del programa, obteniendo resultados muy promisorios, y además podemos afirmar que los logros que las familias alcanzan tras participar en el programa están alineados con los resultados obtenidos en otros países, incluso en naciones más desarrolladas. Por otra parte, un programa basado en evidencia cuenta con un sistema de apoyo técnico y de supervisión continua para los facilitadores que implementan la metodología con las familias. Asimismo, la implementación es acompañada con el fin de asegurar la calidad y fidelidad del programa, facilitando su escalabilidad. Es importante notar que, cuando los recursos son escasos, incorporar garantías basadas en evidencia en los sistemas públicos resulta una opción costo-efectiva y se puede considerar un gasto responsable, dado que aumenta la probabilidad de obtener los resultados socialmente deseables. Un poco más de contexto sobre Triple P en Chile: llevamos 10 años implementando el programa, apoyando a instituciones que respaldan a las familias con estas metodologías. Estamos presentes a nivel de política pública a través del programa LASOS, la Subsecretaría de Prevención del Delito, y se implementa también como el programa de apoyo a la crianza y competencias parentales dentro de Chile Crece Más, en la Subsecretaría de la Niñez. Desde esta experiencia acumulada, quisiera compartir algunos puntos respecto al contexto en el que se encuentran hoy las familias y las labores de cuidado ejercidas en Chile. La composición familiar ha sufrido transformaciones que han impactado directamente la forma de ejercer la crianza. Hogares monoparentales, familias pequeñas y la falta de redes de apoyo hacen que sea urgente ofrecer un respaldo universal a las familias. Además, la carencia de apoyo en la construcción de habilidades parentales afecta la salud mental de los cuidadores, sus interacciones en el hogar y su participación en la fuerza laboral. Apoyar la crianza es, por tanto, una medida a largo plazo. Esto se debe a que la crianza incide en todos los ámbitos del desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Se ha demostrado que los programas de crianza pueden ser eficaces para reducir prácticas parentales negativas, al dotar a los cuidadores de los conocimientos, habilidades y recursos necesarios para fomentar el desarrollo y el bienestar integral de los pequeños. Los cuidadores deben encontrar formas positivas de manejar sus relaciones, repartir las responsabilidades de manera equitativa y solicitar apoyo cuando sea preciso. Brindar ayuda a un cuidador para que atienda sus propias necesidades incrementa la probabilidad de que ejerza una parentalidad positiva, resultando en una mayor consistencia, paciencia y sensibilidad. Se ha observado que quienes reciben este apoyo pueden experimentar beneficios como un vínculo de mayor calidad con sus hijos, mayor confianza, ampliación de conocimientos y competencias para la crianza, índices menores de depresión, estrés y ansiedad, menos conflictos en la pareja y un mayor equilibrio entre las labores familiares y laborales. A largo plazo, esto contribuye a la disminución de los trastornos emocionales, conductuales o sociales en niñas, niños y adolescentes. En síntesis, sabemos que la crianza es fundamental; sin embargo, no todo contribuye a que el apoyo a la crianza genere cambios significativos en las comunidades. En este sentido, es importante destacar tres aspectos: En primer lugar, el apoyo a la crianza debe abordar distintos niveles, ya sea en el ámbito promocional, preventivo, selectivo y de reparación, adoptando un enfoque universal o poblacional que ofrezca a cada familia la medida justa de apoyo que requiera. En segundo lugar, para una política pública resulta esencial identificar cuáles son las soluciones que realmente funcionan, por lo que la implementación de programas basados en evidencia es tanto pertinente como necesaria en el contexto actual. Finalmente, un tercer punto: basta que un programa haya funcionado en otros lugares, que presente buenos resultados en proyectos anteriores o que cuente con la mejor evidencia; en realidad, esto no es suficiente. Lo que se precisa es apoyar de manera integral.

Para que pueda ser adaptado a la realidad local y se haga funcionar en distintos contextos. Por eso, el apoyo a la implementación es importante para que las organizaciones logren desarrollar sus procesos y sus estructuras de acuerdo a su propio contexto, que puedan planificar la entrega de servicios, monitorear y evaluar sus procesos y resultados, para adecuarse a los contextos cambiantes y sostener una iniciativa como ésta en el tiempo. ¿Qué recomendaciones hemos aprendido? ¿Qué lecciones hemos recogido en este tiempo? Por un lado, ofrecer programas a la medida de las necesidades de los cuidadores es importante. En segundo lugar, apoyar la implementación con aprendizajes informados por la ciencia de la implementación hace que podamos obtener los resultados que se esperan, extender el foco más allá del alcance y fomentar una cultura de medición de resultados de efectividad, lo que se alinea con un programa basado en evidencia y promueve la apropiación de dichos programas en todos los niveles de gobierno, desde el nivel central hasta el comunal, en los distintos territorios. Y, finalmente, invertir en iniciativas preventivas de cuidado de la salud mental y en el apoyo parental es, en realidad, un ahorro a largo plazo. Me gustaría terminar mostrándoles algunas cifras de la experiencia que hemos tenido acá. Cuando las familias reciben apoyo a la crianza, aproximadamente el 70% de ellas ha declarado una mejora en la percepción de apoyo hacia su rol; además, el 70% sostiene que experimenta mayor confianza para cumplir sus labores como padres, madres y cuidadores, y más del 80% mejora su percepción de parentalidad, lo que incluye mayor gratificación, mayor satisfacción y una disminución en la percepción de la experiencia de la crianza como algo estresante, demandante o deprimente. La experiencia de los participantes en estos programas revela la necesidad de otorgar a los cuidadores herramientas para ejercer su rol de acompañamiento y guía, promoviendo tanto el bienestar de niños, niñas y adolescentes como el suyo propio. Incorporar esta mirada en una ley de cuidados permite que quienes ejercen este rol puedan hacerlo con una ayuda oportuna y accesible. Muchas gracias por su atención; también estoy disponible para responder sus preguntas. Sí, ya, muchas gracias. Senador Walker, adelante, por favor. Senador Walker: Por acá, muchas gracias. La saludo a usted y a toda la comisión de invitados. Disculpe, y saludamos también a la senadora Carvajal, que se integra a la comisión. Presidente: Por supuesto, saludamos también a la senadora Carvajal. Senador Walker: No, presidenta, yo sé que vamos a hacer las preguntas después, pero una sugerencia a nuestros invitados: ellos pueden ordenar la presentación como estimen oportuno, pero, como somos Cámara Revisora —un proyecto que viene de la Cámara de Diputados—, yo sugiero que se refieran a los aspectos específicos del proyecto de ley y a cuáles son los temas controvertidos. Todos entendemos la importancia de tener un sistema de cuidado y el rol crucial de los cuidadores; sin embargo, dado que nos enfrentamos a un proyecto de ley sobre el que esta comisión, y otras posteriores, deberán pronunciarse, les recomiendo concentrarse en los aspectos más específicos y controvertidos del proyecto, ya que posteriormente tendremos que votar y lo que nos interesa es conocer la opinión de las organizaciones respecto a los contenidos específicos de este proyecto de ley. Presidente: Gracias, Senador Walker. Senadora Carvajal: Por favor, gracias, presidente. Saludo a todos. Le pido la excusa por el retraso; saludar también a la ministra, colega e integrante. Efectivamente, creo que hay un punto que plantea el Senador Walker en el sentido de que, al tratarse de una Cámara Revisora, muchas de las organizaciones no son conocidas por nosotros. Por ello, es necesario, al menos en la presentación, disponer de un breve espacio para conocer un poco su actividad y gestión, lo cual resulta muy relevante, sobre todo cuando es la primera vez que las tenemos acá en la comisión. Presidente: Se le ofrece la palabra a IdeaPaís, la directora; adelante, por favor. Emilia García (IdeaPaís): Gracias, señora presidenta, por su intermedio. Saludo a los integrantes de la comisión y a la ministra aquí presente. Soy Emilia García, directora de estudios de IdeaPaís.

Y un centro de estudio y de formación de jóvenes. Durante bastantes años llevamos defendiendo la creación de un sistema nacional de cuidados que apoye a las familias chilenas en una de las tareas más vitales y vulnerables: el cuidado de sus miembros, especialmente de aquellos en situación de dependencia funcional. A lo largo de este tiempo, hemos trabajado intensamente en la investigación sobre la dependencia funcional en Chile, sobre los sistemas de cuidados en otros países mediante un análisis comparado robusto y sobre la situación de los cuidadores informales que enfrentan este desafío diariamente, generalmente sin apoyo y de manera muy precarizada. El envejecimiento poblacional, el aumento en la esperanza de vida y la disminución en la natalidad han incrementado significativamente la demanda de cuidados, especialmente para las personas mayores y aquellas con discapacidad. Las enfermedades degenerativas se han vuelto predominantes y, con ello, las personas en situación de dependencia han aumentado de forma significativa. De hecho, se estima que en los próximos años casi un tercio de nuestra población será adulto mayor, lo que exige una respuesta adecuada y un sistema de cuidados robusto. Según el informe levantado por el Ministerio de Desarrollo Social el año pasado, los desafíos actuales en materia de cuidados están estrechamente relacionados con hogares que tienen personas en situación de dependencia funcional, alta vulnerabilidad socioeconómica, una sobrerepresentación de mujeres como cuidadoras y una alta informalidad en la provisión de cuidados. A esto se suma una baja cobertura en los programas existentes y la precarización de las labores de cuidado, pues un 92% de los cuidados se realizan de manera informal y no remunerada, siendo el 70% de esos cuidados ejercidos por mujeres. El proyecto de ley en discusión debería dar solución a estos problemas. Sin embargo, lo que se ha propuesto no solo no resuelve los problemas actuales, sino que, en muchos casos, los agrava. Hoy quiero exponer cuatro razones fundamentales por las cuales consideramos que este proyecto no es la solución que las personas cuidadoras y en situación de dependencia necesitan. En primer lugar, vemos un sistema centralizado que ignora la necesaria interoperabilidad local y la creación de capacidades locales. El Banco Interamericano de Desarrollo, en 2023, dijo que un sistema de cuidados debe pensarse desde las necesidades del usuario, no desde la institucionalidad. La institucionalidad debe estructurarse para dar una solución orgánica y coordinada a las necesidades del cuidado; sin embargo, este proyecto se concibe de manera centralizada, lo cual aumenta la burocracia y carece de las capacidades necesarias a nivel local. El proyecto introduce una nueva y compleja estructura burocrática, con una secretaría técnica en la Subsecretaría de Evaluación Social, un comité interministerial que será quien apruebe los programas, un Consejo de la Sociedad Civil para los Apoyos y los Cuidados, comités regionales de apoyos y cuidados y consejos regionales de la sociedad civil. Esta estructura no solo incrementa los costos administrativos, sino que también genera una desconexión total con las realidades locales y las necesidades de las comunidades. La falta de capacidades locales, especialmente en salud, es una de las principales barreras para mejorar la oferta de cuidados en todo el país. Si revisamos los diálogos –hablemos de cuidados convocados entre abril y junio de 2023 por el Ministerio de Desarrollo Social y ONU Mujeres, en los cuales en Idea País fuimos parte– vemos que una de las mayores preocupaciones es la baja cobertura disponible. Sin embargo, esa baja cobertura no es solucionable solo por vía de financiamiento, sino que requiere generar las capacidades en salud para tener disponibles servicios de salud mental, de rehabilitación, de cuidados y de prevención de la dependencia. Es decir, aunque el proyecto propone ampliar la oferta, esta no será efectiva si no se resuelven las carencias estructurales en los servicios de salud, como la salud mental y las terapias de rehabilitación. El proyecto no responde a la necesidad urgente de crear capacidades locales, ni establece cómo coordinará las redes de atención en cada comuna. Sobre este punto, quedan algunas dudas: ¿por qué la Secretaría Técnica depende de la Subsecretaría de Evaluación Social, si esta no tiene operatividad territorial? El proyecto establece que la vicepresidencia del Comité Regional corresponderá a la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, y que la presidencia corresponderá al gobernador. ¿Por qué el Ministerio de la Mujer tiene mayor protagonismo que el Ministerio de Salud, si sabemos que gran parte de los problemas se relacionan con la dependencia funcional?

Independientemente de que la mayoría de las cuidadoras sean mujeres, no se explica esta decisión cuando lo que tenemos es un problema de dependencia funcional que solucionar. ¿Cómo resolverá el Ministerio de la Mujer la falta de capacidades en salud? ¿Cuál será finalmente la institución responsable en esta labor? La falta de capacidad operativa local no se soluciona con más burocracia, sino con una acción directa y coordinación efectiva. Por eso es de Idea País. Hemos levantado la importancia de que este proyecto ponga énfasis en la creación de las capacidades locales, especialmente en salud, y que permita la colaboración público-privada que actualmente este proyecto prohíbe para suplir las carencias existentes en el sistema público. Por lo mismo, creemos fundamental que este proyecto de ley pase también por la Comisión de Salud de esta Cámara para que trate este tema y así pueda dar respuesta acorde a los desafíos presentes y futuros a los cuales nos enfrentamos actualmente. En segundo lugar, creemos grave la falta de diagnóstico y articulación de los programas ya existentes. El proyecto de ley se limita a ampliar la cobertura de dos de los tres componentes de la red local de apoyos y cuidados y no presenta una estrategia clara para articular el resto de programas relacionados a cuidados. Además, la falta de un diagnóstico actualizado sobre los programas actuales dificulta la creación de un sistema efectivo y no garantiza que se aprovechen los recursos y la experiencia ya existente. A los programas de cuidados en Chile les falta coordinación intersectorial e integración entre, por ejemplo, los de salud y los de cuidados domiciliarios, lo que impide una respuesta efectiva ante la creciente demanda. Para crear una nueva estructura se requiere un diagnóstico que la justifique. Actualmente no se entiende cómo se logrará esto sin conocer el estado de lo que ocurre a nivel local en materia de cuidados, y el hecho de que solo se asignen recursos para dos de los tres componentes de la red local confirma que no se conoce el futuro de los demás programas en esta materia. A pesar de tratarse de una ley marco, surgen dudas: ¿existe una hoja de ruta clara sobre cómo se articularán el resto de los programas existentes? ¿Qué problemas se priorizarán o cómo se implementarán los cambios de forma progresiva? ¿Qué mecanismos sectoriales se emplearán para facilitar la coordinación de los actores, especialmente en salud, pensando en el nivel de usuario y no en el central de las instituciones? ¿Hay algún plan para avanzar hacia una mayor interoperabilidad entre programas que atienden a una misma población objetivo? ¿Habrá algún tipo de trabajo conjunto entre los servicios de salud que ejecutan el programa de cuidados domiciliarios para personas dependientes y la red local? Creemos fundamental identificar y articular los programas existentes que complementan la red local de apoyos y cuidados, avanzando hacia una oferta programática coordinada y eficiente entre los distintos sectores. Cabe destacar que, además de la red local, existen dos programas fundamentales en la provisión de servicios de cuidados domiciliarios –el programa de cuidados domiciliarios y el programa de atención domiciliaria a personas con dependencia severa– que no son considerados como actores en el sistema propuesto. Identificar, en conjunto con los municipios, los nudos de interoperabilidad a nivel local entre los programas es esencial para enfrentar este gran desafío. En tercer lugar, creemos grave la exclusión de la colaboración público-privada, lo cual representa un problema para dar cobertura a los programas actuales. El artículo 21 del proyecto de ley prohíbe la celebración de convenios entre los gobiernos regionales e instituciones privadas que tengan fines de lucro. Esta decisión limita significativamente la capacidad del sistema para ampliar su cobertura y responder adecuadamente a la creciente demanda de cuidados, especialmente en contextos donde el Estado no cuenta con suficiente oferta ni capacidad operativa instalada. Un ejemplo de ello es la situación actual de los establecimientos de larga estadía para adultos mayores, o más conocidos como ILEAM. Según el Observatorio de Envejecimiento de la Universidad Católica, casi el 70% de la oferta actual corresponde a privados con fines de lucro, en su mayoría pymes. La exclusión de privados con fines de lucro generará una presión adicional sobre los servicios estatales.