Senado - Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento - 22 de abril de 2025

Muy buenos días, en nombre de Dios y la patria, sin interés. Ok, voy a… hicimos todo lo… pero todavía no ha llegado, ¿ah? Bueno, muy buenos días, sí. Fue ahí, llegó el WhatsApp a tiempo. Quiero partir saludando a la senadora, al senador presente, al Fiscal Nacional, a su equipo, a los subsecretarios que se encuentran presentes también de Justicia y Seguridad Pública, a la Secretaría y a cada uno de los asesores y asesoras que están en la sala y que nos pueden estar viendo también. No hay cuenta, así que le voy a dar de inmediato la palabra al señor secretario para que nos pueda actualizar en la discusión y en la votación. Hay una solicitud del senador Durresti que viene en camino, pero ahí viene, parece, sí; oye, le conozco ya. El paso, lo vi sin verle la cara y dice que se fue. Senador, ¿cómo está? Muy buenos días. Porque vamos a seguir en orden, pero como tenemos pendiente una solicitud de él –que es una presentación que iba a hacer ayer al momento de que estaba finalizando la comisión–, tengamos, señor secretario, eso a la vista para ver con cuál de las dos cosas podemos partir. Gracias, Presidenta. Señorías, muy buenos días. Subsecretario, muy buenos días. Fiscal, muy buenos días. Señorías, para el día de hoy corresponde continuar el estudio en particular de nuestro proyecto de ley en segundo trámite que incorpora la Fiscalía Supraterritorial en la ley número 19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público, y modifica otros cuerpos legales que regulan actuaciones de los fiscales y de las fiscalías regionales. Señora Presidenta… Como usted recordaba, el día de ayer quedó pendiente, ya casi al final de la sesión, la intervención del subsecretario de Seguridad Pública, que se iba a referir a algunas inquietudes y consultas que tenía el senador Durresti sobre el funcionamiento del Ministerio Público. Le vamos a dar la palabra al subsecretario y, a petición del senador Durresti, vamos a recibir esta información primero y, después, seguiremos con la votación. Subsecretario, así que le doy la palabra. Muchas gracias, Presidenta. El día de ayer, efectivamente, venía con alguna información que, para suerte de la comisión y de todos los presentes, avanzó entre ellos y, hoy, además, nosotros, como Ministerio de Seguridad Pública y, particularmente, como Subsecretaría de Seguridad Pública, llevamos adelante el Plan Calle Sin Violencia. El Plan Calle Sin Violencia consta de distintos tipos de estrategias. Una de ellas tiene que ver con el fortalecimiento de la estrategia de persecución penal. Dentro de ese eje, nosotros hemos firmado un convenio con el Ministerio Público en relación con la posibilidad de crear –y eso ya se creó– los conocidos equipos ECO. Ese convenio hemos tenido…

Ha tenido varias versiones, varios ajustes. El último de ellos dice relación con una propuesta para el año 2025 que fue recibida por el Ministerio de Seguridad Pública el día 14 de abril del 2025, en el oficio 390 de la Fiscalía. La verdad es que lo que contiene es una serie de conversaciones previas que habíamos tenido y, una vez ratificadas en este documento, respecto de algunas adecuaciones planificadas con el Ministerio Público en relación con los equipos ECO. En relación a eso, se propone hacer una redistribución de algunos equipos que estaban ya operativos, lo que nosotros denominamos como BIDARMAS, vinculado a la forma de financiamiento, para reorganizar algunos equipos ECO. De manera, por ejemplo, de crear el equipo ECO Los Ríos y también para redestinar equipos en Arica, en Antofagasta, en la Región Metropolitana, en Bío Bío y en Araucanía. A partir de esta redistribución podríamos generar, de acuerdo con lo propuesto por la Fiscalía, una serie de mejoras en la forma de trabajo de los equipos ECO, en particular un aumento en la región de Tarapacá – con ajustes de personal – y, en el caso de Los Ríos, la creación de un equipo ECO con una dotación inicial de 10 personas, que es básicamente el objetivo de esta modificación. Con fecha de hoy, el equipo técnico de la División de Seguridad Pública ha dado el ok a esta propuesta y se ha encomendado al equipo de la División Jurídica la creación de la modificación del convenio para ser remitida a la Fiscalía. Esto significa que ya dentro de las próximas semanas tendremos el convenio modificado y, de acuerdo con lo comentado por la Fiscalía – a quien puedo pasarle la palabra en ese punto – podríamos, en septiembre, contar con el funcionamiento pleno del equipo de Los Ríos, sin perjuicio de que ya estén en curso otros trabajos operativos al respecto. En el plan de compras no solamente se contempla la contratación de personas, sino también la contratación de equipos, gastos de operación y gastos de habilitación, financiados con el plan Calles sin Violencia. Eso es básicamente lo que se quería informar sobre este convenio, que en realidad es una modificación de un convenio que ya llevamos un tiempo con la Fiscalía, con los ajustes y plazos planificados. Gracias, subsecretario. Le doy la palabra al senador Durresti. Si me permiten, tengo a la vista el oficio despachado por el Ministerio Público al Ministerio de Seguridad. Me sorprende que, en esta hora, recién se esté habilitando esta situación. Hace dos años se prometió lo mismo y, lo peor, se señalaba—perdonen que haga referencia a Los Ríos—que en esa región, la que se estudia con mayor detalle para conocer el estado de situaciones, no era necesario instalar un ECO porque no había una cantidad suficiente de homicidios. Hoy tenemos una cifra disparada. Quiero ser preciso: la cifra del 2020 implica un incremento de la tasa de víctimas de homicidios de un 31,8 por cada 100.000 habitantes. Me parece vergonzoso que el gobierno reaccione cuando tengamos literalmente muertos en las calles. Lo he dicho en esta comisión, lo he dicho en la sala, y se lo he dicho al actual subsecretario en su condición de asesor del Ministerio del Interior. Me parece tremendamente irresponsable. No les creo, no les creo, y ustedes tendrán que responder por todos estos homicidios que se han provocado por la negligencia de hace dos años, que en su momento se negó, y ahora vienen con este oficio diciendo que se atenderá la situación. ¿Y cómo le explico yo a la gente que represento en mi región que nuestro gobierno, mi gobierno, hace dos años aseguraba que esto no ocurría y hoy tenemos tal cantidad de muertos?

Y recién ahora, para septiembre, comenzar a tener el eco y poder implementarlo, cosa que hace dos años lo pedimos. No era un tema de presupuesto, era un tema de voluntad. Es un tema de levedad para enfrentar las situaciones y de falta de decisión política de su secretario. Se lo digo por su intermedio, Presidenta. Y eso me parece irresponsable, me parece ruin, porque se está abordando la vida de gente. Como nuestras poblaciones se llenaron de muertos, 31%. Lo dijimos, no soy experto en criminología, pero ustedes se llenaron de esta situación y argumentaron una decisión política simplemente porque no quisieron hacerlo y faltaron a la verdad, y eso es lo que me molesta. Encuentro que es inadmisible lo que ustedes hacen. Esto no le hace bien al país. No voy a hablar por el país porque no conozco todas las regiones, pero he seguido en mi región este comportamiento. Me parece tardío, me parece muy penoso que tengan que estar los muertos en la calle, con familias, con heridos y con todo un estrés, porque para perseguir estos homicidios se han tenido que desatender otros tipos de homicidios. Comenzó a aumentar el abigiato, se estableció el robo en el lugar habitado y se dictaron una serie de otras normas, simplemente por la negligencia de usted, y hoy día usted es subsecretario, y lo mismo que usted hoy está diciendo es lo que negó hace dos años: que las cifras no eran las adecuadas. Y ahora aparece aquí que se va a crear, 14 de abril del 2025 –o sea, hace una semana– el equipo de eco en la Región de Los Ríos. Tardío. ¿Qué ocurre esto en otras regiones? Me imagino que las cifras estarán mucho más disparadas. Entonces, yo lo que quiero es entender por qué no se hizo antes. ¿Había presupuesto? ¿Había decisiones? Estos muertos ocurrieron durante todo el 24, o sea, la cifra del año 24 implica un incremento pasando a 31,8. ¿Por qué tenemos que tener los muertos literalmente en la calle para que la subsecretaría tome esta decisión? Y usted es el mismo que en esta comisión y en otras reuniones sostuvo a rajatabla que no era necesario. ¿Qué cambió? ¿Qué pasó? ¿O es oportunismo? Muchas gracias, senador. Le doy la palabra al senador Araya y después a usted, obviamente, a su subsecretario. Gracias, presidente. Por su interés en preguntarle al subsecretario, él señaló que había una redistribución en Antofagasta. Me gustaría que fuera más específico en qué consiste: ¿es aumento de personal o va a sacar personal de la región? Gracias, presidente. Gracias, senador, subsecretario. Esa presentación que tiene, la hizo llegar a la Secretaría; ¿la podría compartir o es una presentación para usted, la que tiene en la mano impresa? No sé si la tiene también. ¿Es la misma? ¿Le podría hacer copia para que lo pudiéramos tener todos los senadores? Gracias. Sí, para partir con la consulta del senador Araya, se trata de un refuerzo de tres profesionales. En relación a las consultas que hace el presidente del Senado, no voy a, en el fondo, decir que no empatizo con su frustración, ya que muchas personas también han expresado lo mismo cuando tenemos cifras como las que efectivamente ocurren en algunos lugares del país. El Plan Calle Sin Violencia ha sido modificado varias veces producto de esas necesidades. La decisión de aumentar en la Región de Los Ríos la tomé yo, que tengo 22 días de asumido como subsecretario, y en ese período fue que revisé esto, lo revisé con el equipo y tomé esta decisión. Las decisiones previas, efectivamente, yo era asesor, como dijo el senador Durresti, en el sentido de que entiendo que fueron otras autoridades las que tomaron las decisiones, pero entiendo la lógica del Plan Calle Sin Violencia, que se relaciona con una forma de atajar algún problema específico de acuerdo con una métrica para asignar los recursos, y lamentablemente, la Región de Los Ríos y otras regiones han mostrado...

Variaciones que hacen necesario que el plan se actualice y se modifique para ajustar también las dotaciones y la gente que se encuentra radicada en otros lugares para otros temas y enfocarlos en este tema eco. Yo creo que el trabajo que se ha realizado en el Plan Calle Sin Violencia ha dado resultados y, en atención a las cifras y a los datos objetivos que recogimos, tomamos la definición que consideramos. En ese sentido, el porcentaje medio para contestar al Senador Durresti ha sido la decisión de, al menos este subsecretario, de ceñirse a los datos y tomar decisiones rápidas. Es el foco del Ministerio. Yo comprendo la frustración que tiene, empatizo con ella y, si hay trabajo conjunto en Los Ríos que hay que realizar, estoy disponible para ello. Sé que, como él manifiesta, el senador por allá está dispuesto a hacer ese trabajo conjunto. Pero, como les digo, el Plan Calle Sin Violencia es un plan que efectivamente viene en el 2022 y que ha sido ajustado varias veces. Este plan tiene un aspecto analítico y, fundamentalmente, es de apoyo a la persecución penal; cuenta con cuatro énfasis distintos, siendo este uno de ellos. Hay otros asuntos que también han permitido, por ejemplo, la mejora del patrullaje de Carabineros, aspecto que igualmente ha tenido resultados positivos. Hemos enfocado los recursos en las zonas dentro de las comunas del país donde se han notado mayores niveles de criminalidad, adoptando así una forma de trabajo que implica una decisión política respecto al manejo de recursos escasos, los cuales deben concentrarse en las zonas con mayor dificultad. En Los Ríos se tomó esta decisión, dado lo ocurrido en Tarapacama, en el Paraíso, en la Regla de Medio Ambiente y en Bío Bío, o sea, no es solo en esa zona. Eso es lo que puedo decir por ahora. Gracias, Subsecretario. A ver, yo comparto las palabras del Senador Durresti, y también la pregunta que formuló el Senador Araya, porque al final del día estamos hablando de que, si no se toman las decisiones correctas en el momento oportuno, son vidas de personas las que pagan las consecuencias. Creo que en un tema tan delicado, y a propósito del proyecto que estamos discutiendo —que es una fiscalía supraterritorial para poder fortalecer la labor del Ministerio Público y abordar de manera especializada la investigación de estos delitos— esto cobra sentido. Hay que entender que cuando se solicita esta información es precisamente para dejar en claro que debemos tomar decisiones ahora y no mañana, ya que la situación seguirá ocurriendo. No solo desde el punto de vista legislativo, fortaleciendo las distintas instituciones, sino también, por ejemplo, al discutir la ley de presupuesto, en cuanto a dónde se destinan los recursos, puesto que no tiene sentido lo que se deje escrito en un papel de buena o de la mejor manera. Esa es la importancia de pedir esta información y, por supuesto, someter a votación la entrega de la misma, compartiendo lo que en ella consta. La dotación del reforzamiento, cuando los recursos están disponibles, no puede depender de la decisión del que está de turno. Y lo digo de esta manera, subsecretario, porque tenemos claro que acá hay un ministerio distinto, que usted asumió hace unos días; pero, dado que esta competencia se traslada de otro ministerio, también es importante saber lo que ocurrió y lo que no ocurrió, al menos en los días recientes. Nadie va a pedir cuentas de lo que ocurrió hace 10 años, pero sí, al menos desde el mismo gobierno en el que asumo este cargo hoy, me hago cargo de lo que se hizo o no se hizo, en aras de mantener la institucionalidad y la continuidad en el ex Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Dicho eso, Senador, si quiere la palabra nuevamente y después la Senadora Jens Berger. Además, el Presidente, por su intermedio, no puede estar conforme con lo señalado por el subsecretario, ya que considero que no se ajusta a la verdad. Le voy a pedir que nos haga llegar formalmente –y que lo solicite la Comisión– todos los requerimientos que hubo en relación al eco de Los Ríos, los cuales están radicados en la Subsecretaría de Interior y que sirvieron como continuidad legal para todos los efectos, para evidenciar que desde el año 2020 –o, mejor, desde el 2022– se comenzaron a pedir. Es más, también consta –y le voy a pedir a la Secretaría que lo tenga a la vista– cuando se realizó la exposición por parte de los candidatos al Ministerio Público, particularmente de los dos candidatos y candidatas que fueron rechazados.

Y el candidato, hoy día fiscal nacional, señor Valencia, se hizo referencia a eso: no con el ánimo de señalar únicamente a Los Ríos, sino de evidenciar que el fenómeno delictual, en la medida en que se aprieta una región, se desplaza hacia la otra. Esto es algo público y notorio, ya que la delincuencia sabe que, desde Los Ríos, se cruza hacia el norte en Loncoche, mientras que desde el sur, en la comuna de Lanco, no se estaba apretando la labor de la Fiscalía. Esta es una situación que se sabía y que hicimos ver, la hicimos presente. Asimismo, se evidenció que el problema estaba aumentando y le pido a los colegas que lean el oficio que tenemos a la vista. En el inciso tercero, cuando se menciona la creación del equipo de la región de Los Ríos, se indica que se ha generado un desplazamiento de este fenómeno hacia la zona centro y sur del país y que el uso de arma de fuego ha venido al alza desde el año 2018, siendo la cifra del año 2024 la más alta de todo el periodo. En definitiva, el alza no se produce en 2024 sino en 2023, acumulándose para reflejarse en 2024. No es que “llegaron las armas” ese mes, sino que hubo una decisión tomada sabiendo las alzas que teníamos y lo que se estaba provocando. Para mí, eso es negligencia, o una operación política, o una decisión ex profeso de no colaborar. No le creo, por su intermedio, que usted tomó la decisión recién llegado. Permítame decirle que no estoy de acuerdo: esa decisión debió haberse tomado mucho antes, hace uno o dos años, y con ello nos habríamos ahorrado varias muertes, no solo la de la persona fallecida, sino también el daño al entorno que se produce en estos delitos. Usted no tomó esta decisión en los 20 días que lleva; usted lo firmó, pero la situación se venía acumulando. Por ello, le pido formalmente que se remitan los antecedentes desde que se asumió el gobierno en marzo del 2022, ya que esta situación data de cuando el Presidente de la República visitó la región en dos ocasiones. Personalmente se lo planteé en audiencia pública, junto a la alcaldesa y a las autoridades locales, porque era evidente que la situación empeoraba y no se tomó la decisión oportuna. Creo firmemente que hay que hacerse cargo; no basta con explicar las cosas, hay que asumir la responsabilidad. No se puede decir que este es un cargo nuevo, pues usted viene de la administración anterior y fue un actor importante en evitar que esto ocurriera, negando en público y en privado la necesidad de la medida. No me venga ahora con que llegó y firmó este acuerdo, pues a mí esto no remedia ni las muertes ocurridas, ni la instalación de la violencia con niveles que no conocemos en la región de Valdivia y en los barrios populares, ni el hecho de tener que consolar a quienes han perdido a un familiar o han quedado atrapados en una balacera. Aquí hubo negligencia y una decisión premeditada en la que usted tuvo una participación determinante. Por ello, le pido formalmente, presidenta, que se remitan todas las peticiones y actuaciones realizadas por la Subsecretaría de Seguridad en torno al aumento de dotación y la creación del equipo ECO, desde el 11 de marzo del 2022. ¿Y cuáles son las argumentaciones para no haberlo hecho antes? No es un tema presupuestario, sino una decisión política ex profeso. Además, el subsecretario que está aquí era actor y partícipe de esa actuación. Antes de dar la palabra a la senadora, voy a tomar el acuerdo para solicitar la información que el senador requiere. Obviamente, dirigiré la solicitud a la Secretaría; pero para usted, subsecretario, gracias. Una cosa, presidenta, que me agrega mi asesora: en la ley de presupuestos hicimos varias indicaciones de que la Subsecretaría del Interior debía informar sobre el programa “Calle Sin Violencia”. Con cargo a estos recursos, no podrán financiar gastos asociados a las unidades especiales de domicilio en el marco del referido programa, y se deberá informar semestralmente sobre esta situación, información que aún no ha llegado. Por ello, solicito que se realice un barrido, desde el 11 de marzo hasta la fecha, con las personas responsables de cada una de las decisiones, ya que seguramente se encontrarán sorpresas. Al menos, creo que es importante asumir la responsabilidad de estas situaciones. Se pidió disculpas o se dijo que hubo algo, pero no me diga que en 20 días se tomó esta decisión; la medida debió haberse adoptado hace dos años.

Y no se tomó. ¿Qué cambió? Seguramente la alta cifra de muertos, pero eso no cambió en los 20 días en que usted asumió el cargo. Senadora, y después senadora Araya: gracias, Presidenta. Mire, yo comparto todo lo que ha dicho el senador Durresti; cada uno de nosotros acá, en términos generales, describe situaciones y solicita cosas en base a lo que uno conoce de sus regiones. Pero a mí me parece que, cuando hay un programa como Los Ecos, que ha funcionado bien, y tenemos en el país una grave crisis de inseguridad, de crimen organizado y de violencia, sería importante que políticas como esta se extendieran a todo Chile, sin tener que esperar a que un senador —porque nosotros estamos en la Comisión de Constitución y tenemos mayor posibilidad de hablar, exigir, pedir e incluso subeditar el voto en cierto proyecto— impulse su creación. Me parece que estamos mal como país, porque lo que hoy día está diciendo el senador Durresti respecto a la Región de Los Ríos, ¿y qué va a pasar, me imagino, con Aysén o Magallanes?, que a lo mejor también tienen bajos índices y pueden empezar a subir. Vuelvo a decir que, cuando hay programas que son un éxito, probablemente debieran extenderse a nivel nacional y no estar a la espera de que haya más muertos en este caso o de que un senador lo exija. Yo quisiera saber: ¿cuántas regiones aún están sin Los Ecos? Porque, si solo queda la región de Los Ríos, sería importante contar con un compromiso del Ministerio de crearlo en todas las regiones. Se dice, ¿no es cierto?, que en promedio las regiones más grandes cuentan con 20 personas; en mi región, que es una de alto crimen, tiene solamente 12, ahora le suman 3, y en Los Ríos se crea con 10. Yo creo que el primer paso es crearlo, a lo mejor no con 20 funcionarios, sino con una cantidad acorde al número de delitos que estos equipos persiguen, permitiendo que, en la medida en que los recursos lo permitan, se pueda ir contratando más gente. Pero creo que hoy día, frente a esta grave crisis de inseguridad y crimen organizado —repito— y considerando que el delito es móvil y que situar operativos en una región puede desviar esfuerzos hacia otra, debiéramos tener este programa en todas las regiones. Por eso, me gustaría saber: ¿cuántas regiones quedan aún sin el programa Los Ecos? Gracias, Presidenta. Gracias, Senadora. Le doy la palabra al Senador Ayy y, después, a usted, Subsecretario, para que tome nota de las dos intervenciones, que obviamente han generado consultas. Gracias, Presidenta. Aprovecho para hacer una consulta a los dos subsecretarios presentes. Estaba revisando el oficio que nos entregó la Fiscalía y, aunque aquí no se toca el presupuesto, sí se realiza una redistribución de los gastos. Por ejemplo, en la Región de Antofagasta se contemplaba la compra de unos escáneres 3D para su utilización en juicios orales, tanto en Antofagasta como en Tarapacá; sin embargo, estos dos escáneres desaparecen de la compra porque se priorizaron los gastos operacionales. Además, me acordé y revisé una nota de prensa que apareció hace un par de días en Radio Bio Bio, en la cual, al parecer, existe un instructivo del Ministerio de Hacienda que prohíbe el traspaso directo de recursos de los gobiernos regionales a la Fiscalía. Tenemos varias regiones donde los gobiernos regionales iban a financiar una serie de proyectos de la Fiscalía, dado que el presupuesto corriente del Ministerio Público no alcanza y el gobierno tampoco lo suplementa. Mi pregunta es: ¿qué va a pasar con esos proyectos? Por ejemplo, en la Región de Antofagasta se habían comprometido proyectos con alto impacto para el trabajo de la regional. Entiendo que, por ejemplo, el gobernador de Los Ríos anunció que tampoco transferirá los 600 millones que se habían comprometido al Ministerio Público. ¿Podrían, por intermedio del Ejecutivo, explicar la razón del instructivo de Hacienda, entendiendo que esos traspasos no se realizan como un acto personal de un gobernador, sino que corresponde a un gobierno regional que transfiere recursos a otra entidad fiscal? Y, además, ¿qué ocurrirá con esos proyectos? Es decir, ¿se financiará esa parte o no se llevarán a cabo? ¿El gobierno piensa suplementar esos traspasos prohibidos o permitirá que se realicen de alguna forma distinta? Dentro de estos cuestionamientos, imagino que el subsecretario tendrá que reconstruir algunos puntos.

Miren lo que le estamos pidiendo, tengo acá un oficio de 20 de febrero del 2024, o sea, estamos hablando de un año y tanto atrás en que se señala que finalmente resulta necesario ser presente, que para el año 2024 no se tiene contemplada la ampliación del proyecto de nuevas regiones, como el caso de la Región de Los Ríos, que funda su consulta. Esto fue una situación que fue negándose año a año y que aparece mágicamente en este mes de abril. Quiero complementar lo que dice; creo que apunta muy bien el Senador Araya, porque aquí uno se alegra, obviamente, del listado de traspaso de funcionarios: si son tres para la Metropolitana, Bio-Bio y Día de Los Ríos, se dará un mejor trabajo, pero hay que ver desde dónde se sacan esos recursos, por la contradicción y la falta de coordinación que tiene el Gobierno. Por un lado se anuncia un aumento de 28 funcionarios en la Fiscalía, lo que dará un combate mayor, pero nos quedamos con la falta de equipamiento en los gobiernos regionales, debido a un instructivo emitido por el propio Gobierno, lo cual resulta un poquito contradictorio. Creo, y al menos lo recordarán aquí los colegas, que votamos para que el Ministerio de Seguridad se coordinara en esto. Y esto ni siquiera le corresponde al fiscal, quien debería ser el más interesado en que cada fiscalía disponga de escáner, equipos, drones y todo el equipamiento necesario, todo ello armónicamente integrado. Conozco, al menos, la Región de Los Ríos, donde se pidió formalmente la suma de 600 millones; sin embargo, el gobierno regional, con el pretexto de una instrucción del propio Gobierno, dice: “no traspasamos estas plata”. Entonces, yo digo, esa es precisamente la labor del Ministerio de Seguridad de coordinar esa situación. No obstante, la autonomía de los gobiernos regionales –desde la elección democrática que han tenido– no se está respetando, ya que ni los gobiernos ni la oposición actúan de forma coordinada, debido a un instructivo general que excede la buena relación del gobernador; y creo que tampoco habrá gobernadores, de todos los colores políticos, que logren esa coordinación. Además, se traspasan fondos a fundaciones y a una serie de instituciones poco aceptables, o se realiza una distribución masiva en subsidios del 7%, del 8% y de otros montos, cuando es prioridad del Gobierno –y es prioridad del Parlamento, a través de esta ley, que salió con un alto consenso– evitar que quede una ley sin los recursos, sin la buena decisión, sin la oportunidad, y sin una distribución coordinada y coherente. Estamos viendo una contradicción brutal a un mes de instalado el Ministerio, pues el instructivo del propio Gobierno indica que no se deben traspasar fondos desde los gobiernos regionales y se debe complementar esta situación. ¿Cómo se explica? Es algo insostenible. Es un tema que cruza todos los gobiernos regionales y que va a afectar, porque estos funcionarios también están despojando un rol crucial. En definitiva, tendremos más funcionarios, pero menos equipamiento. Y no sé, Pedro, Presidenta, ustedes son de la región; seguramente la dotación que tienen está imposible de alcanzar, porque la aduana, tengo entendido, y como siempre señala la Senadora de la Nación, en el altiplano se inauguran fiscalías y fiscales, y si no hay fiscales, tampoco habrá material, equipos o drones. Vuelvo con el punto: Subsecretario, le voy a dar la palabra para las preguntas planteadas, pero nosotros tenemos dos grandes atribuciones: la legislativa, que es evidente, y la de representación. Por lo tanto, no podríamos avanzar en una cosa si no logramos, al menos, hacer ver a través de esta segunda lo que está ocurriendo. Entonces, creo que no es un asunto menor; al contrario, es muy importante lo que está pasando en esta discusión. Le vuelvo a dar la palabra al subsecretario. Subsecretario: Gracias, Presidenta. En relación a las consultas que se me realizaron, responderemos el oficio que solicitó el Senador Durresti, Presidenta, en relación al tema de Los Ríos. Daremos cuenta de las personas también.

Y las medidas que se tomaron y las personas que estaban a cargo de ellas. Solo aclaro, en relación a mis dichos previos, que mi rol hasta el 1 de abril siempre fue asesor del gabinete de la ministra Tohá y, posteriormente, fui jefe de la división jurídica del Ministerio de Seguridad Pública. En esos roles, efectivamente, yo no estuve en la División de Seguridad Pública, que es la que lleva el Plan Calle Sin Violencia. Quería dejar súper claro cuáles fueron mis roles. Ahora sí está dentro de mis competencias la División y, por lo tanto, cuando me refería a que yo tomé la decisión, es porque ahora me corresponde a mí hacerlo; antes no estaba dentro de mis competencias. Véiate mal, Esquilat, y que algunos de los que están acá me conocen, entre otros proyectos. Respecto de ECO, a ver, los equipos ECO y el Plan Calle Sin Violencia se construyen a partir del informe de homicidios. En respuesta, Presidenta, a la consulta que realizaba la senadora Ensberger, es a partir de los informes de omisión. Entonces, el documento que leyó el senador Durresti es un documento previo al informe de este año. Este año salió en abril el informe, del cual dimos cuenta, y venía evidenciando esta alza; se tomó esta decisión ya porque los equipos técnicos de antes ya habían observado dicho aumento. Es conforme a esa base de evidencia técnica que se decide cómo ir adecuando el Plan Calle Sin Violencia en este aspecto de persecución penal efectiva y, en el fondo, es a través de ese informe de homicidios –esa cifra única que logramos concretar como Estado– que se toma esta decisión. Es importante señalar un tema del Plan Calle Sin Violencia, que es el que se focaliza en homicidios de criminalidad compleja, lo que significa que es ahí donde va el equipo de respuesta ECO. Esto no significa que la Fiscalía no tenga ningún fiscal, ni que la BH no cuente con ningún PDI, o que Carabineros no disponga de ningún recurso del S9 para los otros homicidios. Se trata de una especie de focalización de los homicidios complejos. ¿Qué quiere decir esto? Que, antes de la existencia del equipo ECO, la Fiscalía, Carabineros y la PDI investigaban todos los homicidios; ahora se trata de enfocarse en una forma específica de homicidio, es decir, en la criminalidad compleja. Por ejemplo, los homicidios interpersonales siguen siendo investigados y seguimos trabajando en ello, pero es a partir de esa evidencia que el Plan Calle Sin Violencia comienza a trabajar. Estamos hablando, entonces, de un plan en el que, en el caso de los equipos ECO, a la fecha no se encuentran en Ñuble, Araucanía, Los Lagos, Aysén y Magallanes. (En el caso de Los Lagos, Aysén y Magallanes se agradece, pero en Los Ríos la decisión va a existir). En Araucanía, tenemos un equipo de armas BID y llevamos a cabo una serie de trabajos focalizados en la región, que serán objeto de una sesión reservada sobre lo que hacemos en la zona; de igual forma, con el Plan Calle Sin Violencia financiamos, por ejemplo, equipamiento a la PDI. En el fondo, el Plan Calle Sin Violencia no solo implica financiamiento para el Ministerio Público, sino que también tiene relación con el financiamiento para la Policía e Investigaciones. —¿Pero senadora? —Sí, solo interrumpo, pero ¿qué vamos a esperar para crear estos programas en Ñuble, Araucanía, Aysén, Los Lagos y Magallanes? ¿Que lleguemos a una cifra alta de muertos, como fue en Los Ríos? ¿Por qué no prevenir? ¿Por qué siempre tenemos que ser reactivos? Senadora, no se trata solamente del alza en los homicidios, sino de la contextualización en la que se producen, que incorpora una serie de variables. Las variables que hemos detectado a la fecha en esas regiones no hacen necesario ese foco en criminalidad compleja que implica el Plan Calle Sin Violencia. Esto no significa un aumento en la cantidad de homicidios, sino que son otros factores –por ejemplo, el aumento de otro tipo de criminalidad asociada o el desplazamiento de criminalidad– que se toman en cuenta para que el equipo ECO o el Plan Calle Sin Violencia empiece a funcionar. Este es un plan con un enfoque específico y no significa que no contemos con apoyo permanente, como el del plan contra el crimen organizado, que también está presente en todas las regiones del país. Contamos, además, con un Consejo Regional contra el Crimen Organizado en todas las regiones, que realiza trabajo operativo en cada una.