Mixta - Boletín Nº 14983-07 - 22 de abril de 2025

La señora senadora y también a los señores diputados y diputadas, vamos a partir en comité la Comisión Mixta que tiene como objeto continuar con el estudio de las divergencias surgidas con ocasión de la tramitación del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales en lo relativo a las sanciones de los delitos de robo, hurto y receptación de cables de telecomunicaciones. Este es el boletín número 14.983-07. Mientras se incorpora un senador para dar inicio oficial a esta sesión, le voy a pedir al asesor del Ministerio de Seguridad que nos pueda expresar, finalmente, que lamentablemente no se ha podido juntar el comité de asesores de los seis puntos que tenemos pendientes y, por lo tanto, quisiera que don José Tomás nos pudiese plantear el mecanismo que tiene fijado el Ejecutivo y, después, le voy a pedir también, en este caso, al asesor que trabaja conmigo, don César Quiroga, una postura en relación a este tema que tenemos que tratar de resolver. Ojalá se fije un criterio en esta comisión para no tardar más allá de la vuelta de la semana regional y, finalmente, votar este proyecto. Tiene la palabra don Tomás. Muchas gracias, presidente. Saludo por su intermedio a la Comisión Mixta. Sí, el Ejecutivo está de acuerdo con el proyecto en el sentido de la necesidad de actualizar la nomenclatura de los delitos que se están trabajando, que no incluyen en particular las telecomunicaciones, sino que se refieren a hurto, robo de redes telefónicas o suministros telefónicos, y también está de acuerdo en la idea de mejorar la persecución penal de estos delitos. Entiendo que ayer hubo una reunión de asesores parlamentarios de esta comisión y se discutió, principalmente, en torno a la pena que se va a asignar a estos nuevos delitos, porque existe una diferencia entre lo que propone el Senado y lo que propone la Cámara. El Ejecutivo es de la idea de que es mejor que las penas queden como están hoy día en la ley, es decir, que haya un rango amplio de penas para que el juez pueda evaluar el caso a caso, ya que no todo robo de cable necesariamente va a ser perpetrado por una organización criminal, y existen penas adicionales para las organizaciones criminales. Por lo que pude conversar con algunos asesores, esto es algo que debiera generar cierto consenso. Por ello, lo que se propondría a la Comisión es, con estos criterios, explorar nuevamente en la mesa técnica la posibilidad de generar un texto común que combine lo aprobado por ambas cámaras para resolver las diferencias. ¿Cuántas son las diferencias que tenemos? Porque la única propuesta es la que ingresó el diputado Lonton. Sí, es el rango de penas y también la posibilidad de que se apliquen medidas intrusivas a esta clase de delitos. Hoy día, las medidas intrusivas proceden únicamente respecto de organizaciones criminales, por lo que existe el riesgo de que se permitan medidas intrusivas para otros delitos que no necesariamente responden al crimen organizado. Al menos, las diferencias que detecta el Ejecutivo son esas dos, presidente. Le voy a pedir al encargado de Soles, pues, por lo menos, de la reunión que se sostuvo el día de ayer. Buenos días. Bueno, el día de ayer nos reunimos con la mayoría de los asesores que tuvieron la gentileza de asistir y, en realidad, la discusión fue acerca del tema de la pena, como bien señala Tomás, ya que existen dos posiciones: una, la asumida por el Senado en el sentido de agravar la pena y fijar una pena única; y la otra, la que mantiene la posición de la Cámara de Diputados, que establece un rango de penas. No hubo acuerdo y hay una…

Una solicitud de parte de todos los asesores respecto de que en este tema tiene que estar presente el Poder Ejecutivo, puesto que debe haber una armonización en la sanción penal establecida para este tipo de delitos con el resto del sistema del Código Penal, etc., y eso le corresponde, evidentemente, coordinarlo al Ejecutivo. Por lo tanto, si el Ejecutivo no participa de estas reuniones —como no participó ayer— es muy difícil poder llegar a un consenso. La mesa de asesores dispuso ayer suspender la reunión hasta que participe el Ejecutivo. Tomás, de acuerdo a los puntos y también César, ¿existe dentro de las seis diferencias algo en lo que pudiésemos avanzar en esta Comisión? Porque, si bien, los dos puntos que yo rescato que están en discusión —que es el agravamiento de venas como las medidas intrusivas—, ¿eso abarca los seis puntos en diferencia o existe alguna posibilidad de que pudiésemos concordar algún avance en otra materia? Sí, gracias, presidente. Entendemos que esos dos puntos abarcan la gran mayoría de lo que queda pendiente de votación, pues del comparado aparece ya aprobada de forma unánime la idea de sustituir el concepto de telefonía por telecomunicaciones, que fue una propuesta del diputado Lompton por su intermedio, presidente; pero, claro, el resto tiene que ver con estos dos puntos y con el resto de los artículos para votar. Se ofrece la palabra al señor parlamentario. Señor parlamentario Leyva: Muchas gracias, presidente. Es importante contextualizar, porque este artículo 443, que se pretende modificar aumentando la pena, yo desde ya planteo que, entiendo, esta no es una solución. Hace referencia al robo en lugar no habitado del artículo 442 del Código Penal. Entonces, la referencia al 443 —donde se aumenta la pena— señala originalmente que va a ser presidio menor en su grado medio a máximo, estableciendo un rango de pena. Lo que se propone en este caso, en el Senado, es aumentar a presidio mayor en su grado mínimo, de 5 a 10 años. En consecuencia, las conductas sancionadas en el 443 son muy amplias. Solo para ilustrar, por ejemplo, no se distingue el nivel de interrupción del servicio. Puede ocurrir que se efectúe un robo en el empalme domiciliario de un inmueble, afectando a un solo domicilio, y ya se imponga una pena de 5 a 10 años, sin considerar una globalidad. ¿Por qué lo planteo? Porque también hay que vincularlo con el artículo 36b de la Ley de Telecomunicaciones, ya que este 443 subsume todo tipo de interrupción de servicio domiciliario. Cabe recordar que esta norma de la Ley 18.168 sanciona, en su artículo 36b, al que maliciosamente interfiere, intercepta o interrumpe un servicio de telecomunicaciones, aplicándole la pena de presidio menor en su grado máximo y el comiso de la especie. Entonces, se podría entender que, por principio de especialidad, se podría aplicar justamente el 36b de la Ley de Telecomunicaciones y no el 442, que es mucho más amplio. Por consiguiente, había una colisión de sanciones o de normas. Y vuelvo a insistir: las conductas sancionadas en el artículo 443 son tan amplias, pues señalan la interrupción del funcionamiento del suministro de un servicio público domiciliario. Podría haber, por ejemplo, el robo de un medidor de agua —tan común en casos de robo de cobre—, y ya se contemplen 5 años de pena. Entonces, se entiende que la sanción original tiene un rango; pero, como bien planteaba Tomás, con la 21.577, que modifica el artículo 292 del Código Penal, se podrían aplicar, además, penas autónomas de adopción delictiva o de acción criminal, de manera independiente de los agravantes que se pudiesen tener. De modo que un robo de un elemento que afecte a un solo inmueble, a un solo domicilio, podría tener penas de 5 a 10 años, resultando excesivo porque no mantiene proporcionalidad. Yo sé que, y lo digo bien claro, también existe la intención legítima de la industria de cables y telecomunicaciones de sancionar.

Elevada a este tema, pero hay que mantener proporcionalidad, porque si el delito de homicidio —Tomás, me pudiera corregir— va a tener la misma pena que el delito de robo del cable de un domicilio, creo que no guarda ninguna proporcionalidad. Por el contrario, hay que mantener un rango de penas para que efectivamente la prognosis pueda jugar con los atenuantes, teniendo en cuenta la 21.567, que nombraba recién respecto de la opción delictiva o criminal. Sin embargo, considero que es una pena absolutamente desproporcionada. También planteo –y lo he señalado, esa es mi posición– que lo que realmente ha resultado –y que fíjese que costó sacarlo adelante– es justamente el tema del robo de madera, de la trazabilidad, de las actas de hallazgo y de la necesidad de la venta de estos cables, ya que se trata de mercados secundarios que deben ser efectivamente perseguidos. En mi opinión, existe un problema de fiscalización y de persecución, más que simplemente elevar una pena. Cabe reiterar que la 21.567 también estableció medidas intrusivas o técnicas especiales de investigación para asociaciones delictivas y asociaciones criminales, que es, en parte, lo que se pretende atacar: estas bandas organizadas que realizan robo de cables a gran escala, generando un perjuicio enorme a una cantidad importante de población, y no meramente a un solo domicilio, a una sola familia o incluso a una sola persona, con penas de 10 años, lo que considero demasiado elevado. Gracias, presidente. Senadora Pascual. Sí, gracias, presidente. Quisiera también comentar en relación a poder fijar criterios, más que determinar de forma exacta la votación del día, sí establecer parámetros. Comparto plenamente lo expresado tanto por el Ejecutivo como por el diputado Leiva en materia de diferenciar, además, los fenómenos que subyacen al robo de cables y lo que buscamos hoy: distinguir lo que es una banda organizada, un crimen organizado, de una persona individual que actúa, por ejemplo, como consecuencia del consumo de drogas para continuar consumiéndolas. ¿Por qué hago esta distinción? Porque si la establecemos, podemos generar una mejor perspectiva de un abanico de penas que permita a los jueces y a las juezas determinar, caso a caso, aplicar mayor preponderancia y severidad frente a quienes se artículan para causar daño de forma concertada y organizada, distinguiéndolos del individuo angustiado de una población que lo hace para conseguir, nuevamente, otro poco de droga; ya que ambas situaciones son igual de complejas para una familia afectada. No estoy soslayando esa complejidad, sino que lo que propongo es que imponer una pena tremendamente dura, como si operáramos con tribunales casi automatizados que aplican invariablemente la pena máxima, terminará llenando las cárceles con personas que, si bien deben ser sancionadas, también necesitan medidas que permitan reencauzamiento y que las distinga de quienes generan un daño mayor. Desde esta perspectiva, preferiría adoptar lo que plantea el Ejecutivo: un abanico más amplio de penas que permita distinguir, caso a caso, e incluso una integración con otras legislaciones. Asimismo, sugeriría excluir de forma automática la aplicación de medidas intrusivas en esta legislación; estas deberían decretarse únicamente cuando, al investigar, un juez, una jueza o el Ministerio Público constaten que se trata de crimen organizado, y no aplicarse meramente por el robo de cable o la afectación al agua. Por ejemplo, el diputado Leiva señaló de forma muy clara que solo la semana pasada, en La Florida, en Puente Alto, se registró el robo de medidores de agua.