Buenas tardes, colegas invitados. Ya nos vamos a presentar el acta de la sesión número 159, se da por aprobada, y la sesión número 160 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor Secretario dará lectura de la cuenta. Gracias, señor presidente.
Se han recibido los siguientes documentos:
– Un proyecto de ley iniciado por los diputados señores Maya, Bernales y Videla, y la diputada señora Delgado, que modifica el Código del Trabajo para promover la inclusión laboral de personas mayores de 50 años de edad.
– Un oficio de la directora de Presupuestos, por medio del cual se remite respuesta a oficio de la Comisión, respecto a la implementación del aumento de presupuesto de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
– Un oficio del jefe de Gabinete de la Subsecretaria de Obras Públicas, por medio del cual se remite respuesta a oficio de la Comisión, acerca de eventual fiscalización especial sobre las condiciones de seguridad y mantenimiento de las maquinarias utilizadas por la empresa contratista en las obras del puente sobre el canal del Chacao.
– Por último, un oficio del director del Trabajo, mediante el cual se remite respuesta a oficio de la Comisión e informa acerca de las fiscalizaciones a las empresas Colegio Green School de Copiapó y al Colegio Ambrosio Higgin de Vallenar.
Esa es toda la cuenta, señor presidente.
Perfecto, gracias, señor Secretario.
Se ofrece la palabra sobre la cuenta.
¿Puntos varios? ¿Alguien tiene un punto varios?
Diputado Andurraga:
Gracias, presidente, por su intermedio. Primero, saludar y darle la bienvenida al ministro, felicitarlo por su nuevo rol, también al nuevo subsecretario y, por supuesto, a todo el elenco que ha estado varias veces acá con nosotros, así que agradecerles a todos. Mire, la cuenta es algo muy puntual. Hoy día se reunió conmigo dirigentes de la Asociación de Funcionarios de la Superintendencia de Pensiones. Entiendo que le están pidiendo a los distintos integrantes de la Comisión, básicamente para agradecer las gestiones que hicimos para el cambio que se produjo en el Estatuto de Personal de la Superintendencia de Pensiones. Recordemos que esto era algo muy antiguo, 100% de confianza, y lo que ellos planteaban era que transitáramos a lo que es hoy día la norma general, Estatuto Administrativo y Alta Dirección Pública. Eso finalmente se aprobó durante la reforma: el artículo 74 cambia al artículo 7 del decreto ley, etc. Yo quise traerlo a esta comisión porque es un agradecimiento; por supuesto, me imagino que harán lo mismo con el Ejecutivo, pero esto parte en una reunión de esta comisión donde se planteó el problema. Nosotros planteamos la alternativa de que, si no era por la vía de la reforma de pensiones, fuera por la vía de una ley miscelánea; finalmente se optó por la reforma de pensiones. Este es el tipo de cosas que pueden parecer menos vistosas, pero ayudan a darle un estatus laboral similar al de las demás reparticiones públicas a los funcionarios y funcionarias de la Superintendencia de Pensiones. Así que lo transmito como un agradecimiento a esta comisión de parte de la Asociación de Funcionarios de la Superintendencia. Aprovecho para hacer llegar ese agradecimiento también al expresidente diputado Cuello, que fue parte de esa gestión.
Diputado:
Bueno, gracias, presidente. Es un gusto saludar a los colegas y también al Ejecutivo. Desearle éxito al nuevo ministro, que ojalá podamos tener un diálogo permanente.
Presidente, aprovechando que está acá el Ministerio del Trabajo en pleno, quiero reiterar una solicitud que hicimos tiempo atrás a través de un oficio que esta mesa me apoyó, y que tiene que ver con el reconocimiento al mundo de los trabajadores y las trabajadoras de la salmónicultura en nuestro país. Es un oficio que se despachó ya hace un tiempo y del cual no hemos tenido respuesta por parte del Ministerio del Trabajo. Hoy lo estuve conversando con el Ministerio de Economía; hay voluntad de dialogar y conversar el tema, pero es fundamental contar con la mirada del Ministerio del Trabajo. Por ello le pido, a través del nuevo ministro, que podamos tener una conversación, que nos pueda recibir al menos junto a los trabajadores, para plantear la importancia de reconocer a los trabajadores de la salmónicultura de nuestro país.
Gracias, presidente. Gracias, diputado González. Diputado Santana, y luego diputado…
Gracias, presidente. Un tema de carácter local. Tomé contacto con trabajadores de la salud municipal de la comuna de Caldera, quienes me señalaron que, desde el 13 de marzo, están sufriendo intoxicaciones por emanación de gases en su lugar de trabajo, lo que ha significado que, en promedio, entre 25 y 37 trabajadores por jornada estén siendo derivados a la Asociación Chilena de Seguridad. Esto me resulta sumamente preocupante, toda vez que se trata de funcionarios de salud cuya labor ha sido crucial durante la pandemia y el periodo postpandemia. Por ello, considero que las solicitudes realizadas a autoridades y organismos –como el Ministerio de Salud, a través de la Ceremia y el Servicio de Salud– han resultado completamente insuficientes.
En consecuencia, solicito, señor presidente, que se oficie a la Inspección del Trabajo y al Ministerio de Salud para pedir información sobre los resultados de los procesos de fiscalización realizados en este lugar, los cuales han generado este problema ambiental en los trabajadores de salud de la Municipalidad de Caldera. Cabe destacar que la alcaldesa Brunilda González ha tomado la iniciativa de este asunto, habiéndose convocado una reunión para el día de mañana. Sin embargo, es fundamental que algunas instituciones fiscalicen el correcto cumplimiento de la normativa ambiental en los lugares de trabajo. Por ello, solicito el oficio dirigido tanto al Ministerio de Salud como a la Inspección del Trabajo de la Región de Atacama. ¿Habría acuerdo?
Sí, presidente. Quisiera pedirle a la comisión que remita, en la vía formal, una solicitud al Ejecutivo, a través de la Ministra de Salud y también al Ministro del Trabajo. Recordemos que, en el año 2008, la Presidenta Michelle Bachelet, mediante la resolución exenta 354, estableció el Día de la Atención Primaria de Salud, permitiendo realizar actividades recreativas que conmemoraban y reconocían la labor de los funcionarios y funcionarias municipales a través del ítem gasto de representación, protocolo y ceremonial.
Sin embargo, en el año 2024, mediante un dictamen de la Contraloría, se determinó que no se podía continuar con esta lógica, es decir, dejar de hacer uso de dichos recursos. Yo siento, presidente, que se ha desmedrado un derecho conquistado en 2008; probablemente se requiere de un dictamen, ya que es lo que hoy esperan los trabajadores y trabajadoras. Por ello, la solicitud va en esa línea: ¿cómo es posible retomar esto por la vía formal y administrativa para continuar con lo que se venía realizando durante tantos años, a pesar de la determinación tomada por la Contraloría? Evidentemente, hay aspectos que tienen que ver con el ajuste a la normativa y recursos fiscales.
Pero volviendo a lo central, creo que los funcionarios y funcionarias del sector público se merecen un día especial para reconocer la atención primaria de salud, generando las condiciones de reconocimiento adecuadas. Por eso, solicito al Ejecutivo que reconsidere esta situación e incluso, que se analice la posibilidad –por la vía legal– de mantener este día para tantos funcionarios y funcionarias de nuestro país.
Gracias, diputada. Nos está solicitando un oficio en esa materia, ¿no? Yo creo que es procedente mandar un oficio al Ministerio de Salud y al Ministerio del Trabajo. ¿Ahora hay acuerdo? ¿Alguna otra palabra?
Estamos sobre puntos varios, diputados. Vamos para que avancemos. Gracias, presidente. Sí, respecto, bueno, saludar al ministro, que no lo habíamos tenido en la comisión desde que asumió, así que desearle éxito y suerte a su equipo también, y comentar respecto de una nota de prensa que salió hoy día, la cual ha sido parte de la preocupación que he expresado en la comisión y que le mencioné ese día que conversamos. La verdad es que la nota dice que la mitad de las mujeres de 60 o más años que trabajan lo hacen en la informalidad laboral. Precisamente, es lo que le comenté hace unos días: hay dos temas que nos preocupan fundamentalmente. Primero, los aproximadamente 2.600.000 trabajadores que tenemos hoy en la informalidad laboral; y segundo, la productividad de los trabajadores, que ha tenido una baja muy contundente en las últimas décadas. No es algo reciente, sino que desde hace 15 años la productividad ha venido bajando, lo que implica menores salarios reales y un impacto importante en las empresas que, aunque quisieran, no pueden mejorar las condiciones laborales.
De ahí, planteo que uno de los temas prioritarios del ministro debe ser combatir la informalidad laboral, sobre todo en el caso de las mujeres. Se calcula que son alrededor de 600.000 las mujeres de más de 60 años, en edad de jubilar, que trabajan en la informalidad. Pero, adicionalmente, no solo se trata de mujeres, sino también de hombres, considerando que los últimos números indican que en Chile se están jubilando hombres, incluso mayores de 70 años. En esos años, muchos hombres regresan al mercado laboral con un alto nivel de informalidad, lo que los perjudica al no contar con servicios básicos como previsión, salud y otros derechos sociales. Planteo esto para que quede constancia y el ministro sepa que una preocupación importante de la Comisión es la informalidad laboral y la baja productividad de los trabajadores.
Perfecto, gracias diputado. Justamente, esa es una de las conversaciones centrales que tendremos hoy. Si no hay más puntos varios, pasamos a la orden del día. Primero, saludarlo, ministro, y desearle todo el éxito como nuevo ministro. Esta comisión está a su disposición para trabajar mano a mano, tanto en las diferencias que se puedan plantear legítimamente como en las coincidencias, y aquí siempre será bienvenido para conversar el detalle legislativo que nos corresponde trabajar. También queremos darle la bienvenida al nuevo subsecretario, Pablo Chacón. Muchas felicidades por su nuevo nombramiento; cuenta con la experiencia necesaria y es bienvenido a esta comisión cuando lo requiera. Asimismo, saludo a Claudio Reyes Barrientos, subsecretario de Previsión Social, a don Osvaldo Macías, superintendente de pensiones, y a don Juan José Cárcamos, director del Instituto de Previsión Social. Bienvenidos.
Esta sesión es la primera tanto del ministro como del subsecretario. Es, entre comillas, el inicio del último año del gobierno y nuestra motivación es conocer, primero, cuál será la agenda del nuevo ministro y del nuevo subsecretario, y cuáles serán la batería de proyectos legislativos a los que nos enfrentaremos para debatirlos. En una segunda etapa, abordaremos cómo se implementará la reforma de pensiones. Numerosos parlamentarios han planteado consultas en comisiones anteriores, y quisiéramos avanzar en esa exposición. Usted, ministro, dará la palabra a quien estime pertinente para cada tema, pero en principio deseamos conocer, de manera general, cuál será su agenda legislativa tanto como ministro y en coordinación con el subsecretario, para luego avanzar en el detalle de la implementación de la reforma de pensiones.
Sin más, ministro, le damos la palabra, le damos la bienvenida y estamos a su disposición.
Muy buenas tardes. Saludo a todos los integrantes de esta comisión, a todos los diputados y diputadas con quienes he tenido el gusto de trabajar en distintas instancias en mi rol de subsecretario. Como ya se presentó, nos acompaña el subsecretario.
El subsecretario Chacón, subsecretario del Trabajo, y el subsecretario Reyes, subsecretario de Previsión Social, y además nos acompaña el superintendente Osvaldo Macías y el director del IPS, Juan José Cárcamo.
El objetivo de la presentación es que hoy día podamos dar a conocer, primero, una visión panorámica de nuestro diagnóstico sobre la situación de empleo en el país, que también justifica en buena medida las prioridades que el presidente nos ha marcado en la agenda laboral, y para, posteriormente, hacer una exposición medianamente extensa sobre la implementación de la reforma de pensiones, que al menos ya en el Senado ha sido una preocupación relevante. Se entiende que es una implementación desafiante, pero que además trascenderá a este Gobierno, por lo que implica ir construyendo ciertos acuerdos de Estado; todos los actores que concurrieron deben velar por fiscalizar su buen cumplimiento y, al mismo tiempo, manifestar el interés de que la reforma se logre, considerando las expectativas ciudadanas asociadas.
Así que vamos a seguir el siguiente orden de presentación: de ahí las láminas, realizaremos un cambio, ya que teníamos inicialmente la implementación de la reforma y lo dejaremos para el final, entendiendo que se trata de un tema específico que requerirá algo de tiempo para explicar la complejidad de su implementación.
En primer lugar, nos gustaría presentar una pequeña panorámica del mercado laboral. Como saben, este es un tema de máxima preocupación ciudadana; lo discutimos regularmente en los distintos trabajos que realizamos a nivel regional. Existen diversas discusiones al respecto, pero nos gustaría, por un lado, mostrar la situación actual del empleo y, por otro, señalar dónde entendemos que está el foco de preocupación, lo que nos orienta en el tipo de propuestas de política pública que queremos proponer para abordar ese diagnóstico común.
Como saben, la situación de empleo que se presentó en enero, febrero y marzo del año 2022, producto de la pandemia, era bastante deteriorada. Durante estos últimos tres años, a diciembre, enero y febrero del año 2025, se han creado alrededor de 600.000 puestos de trabajo, puestos que, en función de la coyuntura económica, la coyuntura internacional y las acciones de un determinado Gobierno, revelan que el 92% son formales, el 57% de estos empleos son de mujeres y el 76% de los empleos de mujeres son formales. Cabe señalar también que el 75% de esos empleos corresponden a asalariados privados.
Nos interesa ir colocando algunos focos respecto a cómo la discusión pública toma efecto, no para minimizar las problemáticas de la informalidad o el desempleo, sino para plantear dónde creemos que hay que centrar el esfuerzo. Se ha observado un fuerte aumento de la fuerza de trabajo, lo que también ha provocado un incremento, aunque menor, en el número de desocupados. Durante estos tres años, la recuperación de la tasa de ocupación y de participación ha sido de 2,2 y 2,8 puntos, respectivamente.
Un par de datos importantes a relevar es que la principal fuente de creación de empleos en este último año ha sido el sector asalariado privado formal. Esto ha sido señalado también por distintos analistas, pero resulta fundamental destacarlo en el contexto de los debates sobre el empleo público y la informalidad. El Gobierno ha ofrecido diversas estadísticas e informes, y esta panorámica nos permite entender hacia dónde queremos apuntar con algunos proyectos de ley, en particular uno que queremos presentar a este Congreso.
Si ustedes lo observan en esta gráfica, desde el inicio del Gobierno se han creado cerca de 600.000 puestos de trabajo, creación impulsada principalmente por el empleo formal; e incluso, si se descuenta a los asalariados públicos —tema también presente en el debate—, se han generado alrededor de 495.000 puestos en ese período. El empleo femenino es el que más se ha recuperado, pese al retroceso significativo que se produjo durante la pandemia en la participación de las mujeres en el mercado laboral, y hoy ya alcanza signos de recuperación, salvo en el sector informal.
Nosotros lo hemos planteado en distintos espacios: a nosotros, como Gobierno —y creo que a nadie en esta sala le interesa que la recuperación de los puestos de trabajo se origine por la informalidad—, le corresponde poner el foco justamente en la creación de puestos de trabajo formales.
La siguiente.
Eso nos parece que también hay que entender algunas tendencias que están ocurriendo y que son más estructurales en el mercado laboral. Particularmente, el empleo joven: la tasa de participación de los jóvenes en el mercado laboral tiene prácticamente una década de reducción. Y, en el último tiempo, muchos jóvenes que en la pandemia salieron a buscar un empleo volvieron a estudiar en la educación superior, lo cual debe considerarse una buena noticia; o bien, en la medida en que el cambio demográfico se manifiesta, también hay menos jóvenes en la fuerza de trabajo. Por lo tanto, la reducción de la participación de los jóvenes, si bien a partir de ciertas políticas públicas puede revertirse, responde a tendencias estructurales que se han observado desde hace una década, manteniéndose salvo el periodo de la pandemia.
Un segundo elemento importante —como ha señalado el diputado Sauerman— es la preocupación por las personas mayores de 55 años, quienes están teniendo más dificultades para reinsertarse en el mercado laboral y constituyen el grupo que actualmente presenta el mayor desempleo de larga duración, con periodos de nueve a doce meses. Por ello, hay que prestar especial atención a este aspecto.
Y tercero, el principal crecimiento de la fuerza de trabajo en los últimos años se ha dado por la recuperación del empleo laboral femenino, que representa la tendencia positiva que, al menos en los últimos años, ha sido el motor principal en la creación de puestos de trabajo. A pesar del retroceso durante la pandemia, ya se observan avances en los distintos indicadores del mercado laboral. La siguiente, por favor.
Existen dos cuestiones adicionales. Respecto a la desocupación, la cifra que generalmente se comenta cada trimestre, en algunos casos mejora en un par de puntos decimales y en otros disminuye en valores similares. Además, el desempleo ha venido aumentando significativamente desde el año 2013. Se trata de una tendencia que no se atribuye únicamente al último gobierno ni a los dos anteriores, sino que lleva observándose desde hace aproximadamente una década, pese a que en el último año se ha logrado cierta reducción de la desocupación. Por lo tanto, se trata de una tendencia más estructural que requiere observación cuidadosa.
A diferencia de lo anterior, la tasa de informalidad laboral, si bien sigue siendo una preocupación del Gobierno, ha disminuido en el último año, lo cual es importante. No es que una tasa de 26,1 nos deje satisfechos, pero hay que recordar que, históricamente, las tasas de informalidad en el país han oscilado entre 27, 28 e incluso 30 puntos. Debemos estar de acuerdo en la importancia de combatir la informalidad, aunque es necesario afinar el diagnóstico para identificar los focos relevantes. Actualmente, la tasa de informalidad es la más baja de la serie registrada desde el año 2017; es relativamente alta en comparación con los países de la OCDE, pero baja frente a otros países latinoamericanos. Lo fundamental es comprender la composición de esa informalidad, ya que requiere políticas públicas diferenciadas según el grupo involucrado.
La siguiente, por favor.
Básicamente, existen dos grandes grupos dentro de los 2,5 millones de trabajadores informales. Por un lado, se encuentran los trabajadores informales por cuenta propia, independientes, que suelen ser los que primero vienen a la mente cuando se piensa en trabajo informal. Su solución pasa por la formalización a través de impuestos internos y de las políticas que impulsa el Ministerio de Economía para formalizar los emprendimientos, así como por el combate de las redes de crimen organizado que, en muchas ocasiones, están detrás de estos puestos informales. Pero, desde la perspectiva del Ministerio del Trabajo, la mayor preocupación se centra en los trabajadores asalariados informales, quienes deberían estar regulados por el Código del Trabajo, contar con contrato y cotizaciones que aseguren el pago de sus previsiones. Este dato resulta fundamental para que esta Comisión lo conozca: alrededor de 735.000 trabajadores informales se desempeñan en empresas formales, es decir, en empresas que tienen RUT y en las que los trabajadores cumplen un horario, tienen subordinación y cuentan con una jefatura, pero carecen de contrato o presentan el no pago de cotizaciones. Si de esos 735.000 se redujeran 125.000 informales, la tasa de informalidad bajaría en un punto y se alcanzaría la meta de 25 puntos establecida por el presidente. Esto es muy importante señalar, pues se trata de empresas que incumplen la normativa laboral y mantienen deudas.
Previsionales y de las cuales el 22% de esos 735.000 están en empresas de 50 o más trabajadores. Entonces, esto no es solo un fenómeno asociado a las pymes. Un 42% son mujeres, un 17% son jóvenes y, algo que también es bien relevante, el 84% de estos trabajadores informales asiste regularmente a su lugar de trabajo, cumple horario, cumple jornada y se encuentra en esta situación de informalidad.
De aquí que hayan dos políticas que estamos desplegando. La primera es una modernización muy significativa de los sistemas de fiscalización de la Dirección del Trabajo para detectar a estos trabajadores informales dentro de empresas formales. Y, en segundo lugar, el proyecto que vamos a presentar también en este Congreso, que es la reforma al sistema de subsidios laborales.
Pero vuelvo a insistir que este foco –que es prácticamente un 28% de la informalidad– es foco directo del Ministerio del Trabajo, y muchas veces queda invisibilizado en detrimento de otras formas de informalidad que requieren de otro tipo de políticas, las cuales están más asociadas a la formalización de los emprendimientos o proyectos como el monotributo, la monocotización u otras discusiones que hemos tenido en otro momento en la comisión. Además, no es un fenómeno exclusivo de las pequeñas empresas, ya que existen empresas de gran tamaño –un 12% de aquellas de más de 200 trabajadores– que también tienen trabajadores en la informalidad. Por lo tanto, esa fotografía nos permite ajustar de mucho mejor manera a dónde apuntar las políticas de resolución.
Un caso particular tiene que ver con un cambio administrativo en el caso de los trabajadores de plataforma, los riders, y los trabajadores conductores de pasajeros. Hay una ley, que fue aprobada hace varios años en el Congreso, y en ese entonces teníamos una enorme dificultad para formalizar a esos trabajadores. A partir de una gestión que hicimos con el Servicio de Impuestos Internos, logramos, en este año 2024, formalizar a 90.000 trabajadores de plataformas digitales. Solamente, por una gestión administrativa del Ministerio del Trabajo en coordinación con el Servicio de Impuestos Internos, a esos trabajadores se les emiten boletas, y durante el año 2025 ingresarán a la Ley de Seguros de Accidentes y de Enfermedades Laborales. Es un cambio bien significativo, porque estamos hablando de casi 100.000 trabajadores que se formalizaron gracias a esta gestión administrativa y coordinación entre distintos servicios del Ministerio, lo cual también está ayudando a la reducción que hemos visto en la informalidad laboral.
Le voy a pedir, si podemos ahora, después de esta primera panorámica que queríamos ofrecerles de nuestra lectura del mercado laboral, pasar al punto 3, que son las reformas laborales que estarán encabezadas por el Ministerio y, en algunos casos, también por el Subsecretario del Trabajo y el Subsecretario de Previsión Social, las cuales tienen que ver con la Agenda Legislativa Ministerial 2025. Ahí les pido que mantengamos en la retina esta lectura que teníamos del empleo, ya que nos parece relevante este tipo de políticas.
El primero, y eso lo planteó el Presidente, siendo la primera prioridad de nuestra gestión la buena y correcta implementación de la reforma de pensiones. La segunda prioridad que se ha puesto sobre la mesa es avanzar en el proyecto de ley que equipara el derecho a la sala cuna para los trabajadores y trabajadoras independientes, en las condiciones que se establecen en el Boletín 14782, y que, como ya saben, se encuentra en estado de tramitación. Nosotros presentamos una indicación sustitutiva al proyecto presentado por el Presidente Piñera, y hoy se encuentra en el Senado, en la Comisión de Trabajo y Previsión Social; esperamos que, con el retorno de la Semana Distrital, podamos iniciar su tramitación en el Senado.
Como gobierno, hemos presentado una indicación sustitutiva con el objetivo de eliminar la discriminación entre hombres y mujeres, ampliando el acceso al derecho a la sala cuna para padres y madres. Se propone la creación de un fondo de la sala cuna destinado a aportar al financiamiento del referido derecho, a través de un aporte del empleador y del Estado, eliminando barreras como, por ejemplo, el requisito mínimo de 20 mujeres para poder otorgar el derecho, de modo que este pueda ser ejercido tanto por papás como por mamás. Con este fondo esperamos cubrir el déficit que existe hoy en día, lo cual da dos claras ideas de lo relevante que es esta política pública y de la necesidad de construir un acuerdo transversal en el Congreso.
Algunos economistas han calculado que, solamente, esta brecha que genera la sala cuna tal como la conocemos puede generar diferencias de ingresos. Si las diferencias de ingresos entre hombres y mujeres están en torno al 20–22%, hay cerca de 6 a 8 puntos que se explican únicamente por este acceso desigual a la sala cuna y por el costo que, finalmente, deben asumir las mujeres.
Y otro dato que es muy relevante: prácticamente, un tercio de las mujeres que no salen ni siquiera a buscar trabajo –que están fuera del mercado laboral– no lo hacen por razones de cuidado, siendo el 31%. En cambio, cuando se les consulta a los hombres por qué no salen a buscar…
Pues, un trabajo solo el 2% lo realiza por razones de cuidado. Entonces, aquí hay una posibilidad efectiva de generar un cambio muy significativo en materia de participación laboral femenina, así como aumentos en la productividad, de modo que los empleadores puedan captar a los mejores talentos, independientemente de las barreras que muchas veces generan los cuidados. Además, el día de ayer en el Senado se aprobó otro proyecto de ley que moderniza el sistema de salas de jardines infantiles públicos, y se está avanzando en el fortalecimiento de la red pública, en atención a ciertas demandas existentes en ese sector. Este es un proyecto prioritario que, de momento, seguirá avanzando; esperamos su trámite en el Senado y, una vez aprobado allí, pasará a la comisión para continuar su tramitación en la Cámara.
Va a tener urgencia, y le pido a los diputados que no intervengan mientras el ministro está haciendo la exposición, dado que las preguntas se reservaron para el final. Ministro, usted tiene la palabra.
Bien, en segundo lugar vamos a proponer a este Congreso un proyecto que ingresará por la Cámara de Diputados y Diputadas: el rediseño del subsidio al empleo. Este proyecto busca abordar el diagnóstico que presenté respecto a las dificultades que tienen ciertos grupos en particular para insertarse en el mercado laboral. Actualmente, contamos con un sistema de subsidios basado en dos herramientas: el bono al trabajo mujer y el subsidio al empleo joven, pensadas para las características del mercado laboral de la primera década del 2000. Hoy en día, por distintas razones, este subsidio se concentra en muy pocas empresas; de hecho, alrededor de 800 empresas acceden a él. No se generan diferencias significativas que incentiven a un empleador a contratar a una nueva mujer o a un nuevo joven, sino que, en ocasiones, las empresas simplemente completan la planilla para acceder al beneficio dentro de los marcos normativos que la ley permite. Sin embargo, actualmente carecemos de una herramienta flexible para abordar las distintas coyunturas de empleo.
De hecho, durante la pandemia se tuvo que crear un IFE jóvenes y un IFE mujeres, con un subsidio al empleo joven y un bono al trabajo mujer, debido a que eran herramientas con montos muy pequeños y tiempos de duración que podían llegar hasta siete años, lo que generaba alta insatisfacción entre los usuarios debido a los montos, sin lograr cambios significativos en las decisiones de los empleadores para contratar a estos grupos. La propuesta que vamos a realizar eleva los montos y ajusta los tiempos, de modo que se convierta en una palanca para crear empleos; de esa forma, se ofrece un incentivo tanto al empleador como al trabajador, y es lo suficientemente flexible para que, en algunas coyunturas económicas o situaciones de emergencia, el Estado disponga de una herramienta que evite tener que acudir constantemente al Parlamento en busca de modificaciones. En ese sentido, creemos que esta herramienta dejará a la institucionalidad mejor preparada para enfrentar las coyunturas que vivimos, por ejemplo, debido a la guerra arancelaria. Este proyecto no tendrá efecto inmediato en los próximos meses, pues se espera que, en caso de aprobarse en este Congreso, entre en funcionamiento mediante una transición. Se enfocará en cuatro grupos: mujeres, jóvenes, personas mayores de 55 años y personas con discapacidad. A estos grupos se les asignarán herramientas flexibles que, en algunos casos, permitan potenciar más a aquel que requiera mayores apoyos, y se creará un Observatorio Laboral. El proyecto ingresará por la Cámara, y esperamos presentarlo durante el mes de mayo. Entendemos que generará una discusión importante, pero ya lo hemos presentado en el Consejo Superior Laboral y tanto empleadores como trabajadores han valorado positivamente sus principales directrices.
Tercero, el reajuste del salario mínimo 2025. Como gobierno ya iniciamos las conversaciones con la Central Unitaria de Trabajadores, y esperamos, durante las próximas semanas, presentar un proyecto de ley para someter a discusión en este Congreso. Es un tema en el que, como gobierno, ya estamos trabajando. Estos son los tres primeros proyectos; además, tenemos una agenda con una temporalidad ya más definida para el segundo semestre, que forma parte de los compromisos que seguimos manteniendo, entre ellos uno relacionado con la negociación multinivel, para el que ya se está trabajando un proyecto de ley en el interior del Ejecutivo.
De distintos procesos de diálogo social. Y si bien entendemos que este es un proyecto que ha generado discusión, esa discusión se debe dar también aquí en el Congreso en su momento, siendo los parlamentarios y las parlamentarias quienes podrán debatir las valoraciones a propósito de un proyecto que forma parte de nuestros compromisos programáticos y que, además, creemos permite proyectar una agenda de futuro.
En quinto lugar, tenemos algunos proyectos que, si bien son acotados a sectores, ya han sido discutidos en esta comisión y otros están en trámite en el Senado. Se encuentran el proyecto de ley que crea el contrato de buceo y el proyecto de ley que reconoce la función de recolectores de residuos domiciliarios; ambos ya comenzaron su tramitación en el Senado, fueron aprobados en forma general y esperamos que prontamente se transformen en ley.
Cabe recordar que hace pocos días en Aysén hubo otra muerte lamentable de un buzo, y entendemos que estos proyectos apuntan a mejorar las condiciones de seguridad y salud en dos grupos que enfrentan altos riesgos por las características de sus trabajos. Además, se discutió y aprobó en esta comisión, al menos en su primer trámite, el proyecto del contrato de trabajo de salvavidas.
Finalmente, el nuevo sistema de calificaciones de enfermedades profesionales es un proyecto de ley que ya ha generado una discusión importante en esta comisión. Se han realizado numerosas audiencias y estamos a la espera de la presentación de indicaciones. Este proyecto ha sido impulsado por el subsecretario Reyes y, en esta comisión, se ha destinado un tiempo importante al debate al respecto. Esperamos que, a medida que avanzamos en los proyectos definidos como prioritarios para el gobierno, podamos también progresar en estas otras agendas.
Recordar, además, que en esta sala se aprobó en la Cámara el proyecto de igualdad remuneracional, el cual actualmente se encuentra en el Senado. Asimismo, el convenio 81 de la OIT, que ya fue aprobado en su segundo trámite en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y el convenio 155, que fue aprobado, esperamos que sean parte de la memoria del Estado chileno en la próxima conferencia de la OIT que se realizará durante este año. También debemos presentar la primera memoria del convenio 190 de la OIT, teniendo en cuenta que ya estamos en el primer año de presentación de la memoria, aunque es el segundo año desde que este Congreso aprobó el convenio.
Bien, ahora le pediría que volvamos al punto 2, que corresponde a la reforma previsional. Presentaremos un par de láminas y, a continuación, dejaré la palabra al subsecretario, al superintendente y al director del IPS. Pero, en primer lugar, me gustaría transmitir que este es quizás uno de los desafíos de política pública más importantes que hemos enfrentado como país en la última década. Tanto por la profundización y los avances en materia de beneficios sociales, que implican la creación de una nueva institucionalidad y un modelo mixto que requerirá desarrollos normativos, institucionales y de gobernanza, como por el acuerdo construido en este Congreso, en el que tanto el oficialismo como la oposición concurrieron para plantear a la ciudadanía ciertos hitos, recorridos y beneficios establecidos en este proyecto de ley. Por lo tanto, es muy relevante que la reforma previsional se implemente de manera oportuna y adecuada, pues está en juego la confianza que la ciudadanía deposita en la política y el valor de los acuerdos alcanzados, los cuales deben reflejarse en una correcta implementación.
Dicho eso, el día de hoy estamos nosotros en un proceso ya de plena implementación. Hay tiempos legales que la propia reforma establece y, solamente para que tengan un botón de muestra, la siguiente, por favor. Se ha construido una gobernanza que está siendo liderada tanto por el Ministerio de Hacienda como por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, pero también, a nivel ejecutivo, se encuentra la Subsecretaría de Previsión Social, que cumple el rol de coordinación; la Dirección de Presupuestos; el Instituto de Previsión Social; la Superintendencia de Pensiones; y la Tesorería General de la República. Esto, además, sin contar con el papel que juegan las FPs, también lo que juegan, por ejemplo, el IPS, el Previred y otros actores.
Por lo tanto, el nivel de coordinación que tenemos que estructurar es de una importancia general, y de ahí la relevancia que le hemos dado y la prioridad que el presidente le ha puesto a esta implementación. En segundo lugar, se han definido al menos seis áreas, seis líneas prioritarias que incorporan alrededor de 19 proyectos que permitirán una buena ejecución para la implementación de la reforma de pensiones. Para cada una de ellas hay equipos, encargados y responsables: la implementación del Seguro de Cesantía, que está asociado al seguro de lagunas (hay que recordar que es el primer beneficio que empieza a operar ahora en el mes de mayo); el Seguro Social Previsional, relacionado con la constitución del fondo, el régimen de inversión, las licitaciones y la recaudación de cotizaciones, entre otras.
Asimismo, se requiere una serie de decisiones y proyectos de ley que enviaremos a este Congreso para su correcta implementación. La PGU, tanto en términos de pago como de metodología de suficiencia del pago, entender que ahora, en el mes de septiembre, se iniciará el primer alza de la PGU para los mayores de 82 años, a 250.000 pesos.
En cuarto lugar, están las normativas que regulan y hacen cambios en la industria de FPS; el papel del IPS como prestador de servicio; los nuevos sistemas de cobranza, licitaciones de afiliados, inversiones y fondos generacionales, entre otros.
En quinto lugar, el fortalecimiento institucional que requiere o que obliga esta ley. Y en sexto lugar, un sistema de información tanto para empleadores como para beneficiarios, que también supone el acceso a datos que tendrá la ciudadanía al respecto.
Son 19 planes, es decir, equipos de proyectos; solamente son tres proyectos de ley los que se enviarán.
Solo para finalizar esta parte y antes de darle la palabra al subsecretario, señalo que este es el principal objetivo en el que, como ministerio, estamos enfocados como gobierno. Para nosotros también va a ser importante, así como lo hicimos en el Senado, poder estar en esta comisión y reportar regularmente los estados de avance, porque entendemos que es de interés de este Congreso saber cómo avanza la implementación de la reforma. Sabemos que, en el último tiempo, se ha generado en algunos actores de la opinión pública cierta desconfianza sobre el papel que desempeñan estos actores; pero hay que señalar que tanto la Superintendencia, el propio IPS, la Tesorería General de la República, como la experiencia de equipos que ya han participado en otras reformas de este calado, cuentan con los mejores equipos funcionando. Al menos, para nosotros, el foco estará puesto en informar a la ciudadanía acerca de cómo operará todo el sistema de beneficios, pero también a los distintos actores del ecosistema de pensiones, sobre las decisiones que deben ir tomando y las modificaciones que la propia ley les irá mandatando a lo largo de estos 30 meses de implementación. De ahí la relevancia de involucrar en este seguimiento al Congreso, porque esta es una reforma cuya implementación trascenderá este gobierno y, por lo tanto, hay que asegurarnos de que se refleje de buena manera lo que aprobó la ley; además, entendemos que este es un esfuerzo de Estado y no solamente el esfuerzo de este gobierno.
En ese marco, vamos a entrar al detalle de la presentación y, por su intermedio, presidente, le doy la palabra al subsecretario Reyes.
Adelante, subsecretario. Tenga la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, quiero quedarme un poquito en la lámina anterior, aún no va a ser esta, para aclarar efectivamente que no estamos...
Estamos hablando de proyectos de ley, estamos hablando de 19 equipos de proyectos compuestos por representantes de las distintas instituciones, a saber: DIPRES, Tesorería General de la República, la Superintendencia de Pensiones, el IPS, la propia Subsecretaría, equipos del Ministerio del Trabajo y del Ministerio de Hacienda, que han nominado representantes en las áreas normativa, operacional, tecnológica y comunicacional. Cada uno de estos proyectos aborda distintos temas, y estos 19 proyectos están vinculados.
Ahora, podemos pasar a los hitos principales de esta reforma. La reforma fue publicada; el proyecto de ley ya se publicó el día 26 de marzo. No obstante, estos equipos han estado trabajando desde el 31 de enero en estas materias, no solo en reuniones entre las distintas instituciones involucradas, sino también en reuniones con terceros proveedores de servicios que se han involucrado, como es el caso de Preirred, administradores del Fondo de Cesantía, y otras instituciones vinculadas en esta materia.
Como se indicó, el día 26 de marzo se produjo el primer hito con la publicación de la Ley 21.735, y en ese momento se produjo un primer efecto que, aunque probablemente pase desapercibido para muchos, tiene gran importancia para las pymes: los costos de cobranza prejudicial ya no son de cargo de las empresas, incluidas las micro y pequeñas, sino que recaen en las administradoras de fondos de pensiones. Por lo tanto, este es un primer cambio en la gestión de estos fondos provisionales.
En este mes de abril se está preparando, y se dará a conocer la próxima semana, una propuesta del Presidente para los consejeros del Fondo Autónomo de Protección Previsional. Recordemos que este fondo tiene una estructura colegiada; hay cinco consejeros que deben ser nominados a más tardar y constituidos como administradores de este fondo en el mes de agosto próximo, y dicha propuesta deberá enviarse antes de que termine este mes, de acuerdo con el calendario previsto.
También se han publicado –y a ello hará referencia el Superintendente– las primeras normas de la Superintendencia de Pensiones, algunas ya definidas, como las del seguro de Laguna; otras se encuentran en consulta pública para hitos posteriores, y particularmente a partir del primero de mayo, cuando comience a operar el seguro de Laguna. Quiero hacer hincapié en esta medida de gran relevancia, pues en todos los diagnósticos sobre por qué las pensiones eran tan disminuidas, el factor Laguna –especialmente en el caso de las mujeres– siempre fue señalado como un factor estructural del sistema de pensiones, y aquí se ha encontrado una manera de solucionar esa situación.
En el mes de junio debe presentarse un proyecto de ley, que se está elaborando en un plazo de 90 días, sobre los ajustes operativos regulatorios necesarios para el seguro de invalidez o herencia, y también se presentará un proyecto de ley ante esta Cámara para el traspaso de ese seguro hacia el Seguro Social.
En agosto ya debe constituirse el administrador del fondo, ya que se inicia la primera recaudación del primer 1% de parte de los empleadores, de los cuales un 0,1% se destinará a las cuentas individuales y un 0,9% se asignará al Seguro Social que comenzará su operación. Durante el período transitorio, tendrá un rol la Tesorería General de la República, pues es la entidad que, mientras no se hayan generado las cuentas y establecida la administración completa del Fondo Autónomo de Protección Previsional, se encargará de la administración de recursos, cobranza e inversiones en un rol de carácter transitorio.
En el mes de septiembre de este año se aumentará la PGU para el primer grupo de beneficiarios, aquellos de 82 años o más, que comprenden cerca de 500.000 personas. Se elevarán los montos de los beneficios solidarios e invalidez, comenzará a regir el nuevo cálculo de intereses de las deudas provisionales mediante una nueva fórmula, y deberá presentarse también un proyecto de ley de reestructuración del Fondo de Reserva de Pensiones y del Fondo de Estabilidad Económica.
Finalmente, en el 2026, en enero comenzará el primer pago de beneficios, que incluirá el reconocimiento por años de cotización, el Seguro Social, el primer beneficio para los pensionados y la compensación para mujeres por expectativas de vida. Asimismo, en el mes de marzo se presentará otro proyecto de ley.